Castigo político a autonomías y Ayuntamientos

El enfrentamiento político constante provoca que no se resuelvan los grandes problemas que preocupan a los españoles, desde la sanidad y la educación a la vivienda, la Dependencia, el agua o las ayudas a la familia. Un ejemplo reciente: el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto para 2024, paso previo a los Presupuestos (ahora prorrogados). Y así, ha privado a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría gestionados por el PP) de gastar 4.380 millones extras este año, que no podrán destinarse a servicios públicos. Ese dinero está perdido, aunque el Gobierno ha asegurado, con una enmienda a otra Ley, que autonomías y Ayuntamientos reciban este año más dinero que nunca, a cuenta de la recaudación prevista. Pero la mayoría de autonomías y Ayuntamientos (gestionadas por PP y Vox) han aprovechado para bajar impuestos (más a los más ricos), con lo que recaudarán menos y no podrán gastar más en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales y servicios públicos, faltos de medios y recursos. La política manda.  

                    Enrique Ortega

El primer trámite para que cualquier Gobierno elabore unos Presupuestos es aprobar “el techo de gasto”, un tope al gasto que se puede presupuestar para rebajar el déficit y la deuda. Es una exigencia impuesta por Bruselas en 2011, que obligó a reformar la Constitución española (artículo 135, en septiembre de 2011) y aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria (abril de 2012), que exige aprobar ese techo de gasto previo a cualquier Presupuesto (el primero, para el Presupuesto 2013). Esta vez, el Gobierno Sánchez aprobó el 12 de diciembre pasado ese techo de gasto para los Presupuestos de 2024 y lo envió al Congreso, que lo aprobó el 10 de enero. Luego tuvo que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazó, como ataque político al Gobierno y su amnistía.  El Gobierno volvió a aprobar (13 de febrero) ese mismo techo de gasto y lo envió, por 2ª vez, al Congreso (que lo volvió a aprobar el 29 de febrero)  y al Senado, que volvió a rechazarlo (6 marzo), alegando está vez la corrupción y el caso Koldo.

El Gobierno reaccionó a este doble veto manteniendo el anterior techo de gasto para 2024, que había enviado a Bruselas en abril y que aprobó la Comisión Europea. Pero ojo, este anterior techo de gasto, que podía aplicar este año, tiene una diferencia esencial: permite menos gastos a autonomías y Ayuntamientos. En el techo de gasto vetado por el PP en el Senado, se permitía a las autonomías tener un déficit del -0,1% de su PIB, mientras que en el anterior techo (el vigente ahora) no pueden tener déficit. Y se permitía a los Ayuntamientos tener un superávit del +0,2% de su PIB, mientras el anterior (el vigente ahora, tras el veto del Senado) les prohíbe tener superávit. Consecuencia: las autonomías podrán gastar 1.456 millones menos en 2024 y los Ayuntamientos otros 2.924 millones menos.

Así que el veto político del PP (y Vox) al nuevo techo de gasto (que permitía más gasto a Ayuntamientos y autonomías a cambio de menos gasto del Estado) suponía que autonomías y Ayuntamientos podrían gastar 4.380 millones menos. Un veto político que era “un tiró en el pie”, porque perjudicaba a instituciones gobernadas mayoritariamente por PP y Vox (11 autonomías y el 40% de Ayuntamientos).  De hecho, la Comunidad de Madrid va a poder gastar 284,2 millones menos este año, Andalucía -195,7 millones, la Comunidad Valenciana -137,3 millones, Galicia -75,8 millones, Castilla y León -69,7 millones y Canarias -53,2 millones, por ejemplo, mientras Cataluña pierde -277,1 millones, País Vasco otros -86,2 millones, Castilla la Mancha -50,7 millones, Aragón -45,4 millones, Murcia -38,9 millones, Baleares -38,5 millones, Asturias -28 millones, Navarra -24,5 millones, Extremadura -24 millones y Cantabria -17,6 millones, según cálculos de Hacienda, que recuerda que con ese mayor gasto autonómico (los 1.456 millones perdidos con el veto del Senado) se podrían crear 50.000 plazas de profesores o 28.000 de médicos.

El mayor recorte por el veto al nuevo techo de gasto lo sufrirán los Ayuntamientos, que no podrán gastar 2.924 millones más este 2024, unos recursos que les permitirían promover viviendas públicas, mejorar el transporte público o los servicios municipales, afrontar los problemas de agua o mejorar las ayudas a mayores y personas vulnerables. El Ayuntamiento que más pierde es el de Madrid (-202 millones), seguido de lejos por Barcelona (-101 millones), Sevilla (-42), Málaga (-36), Las Palmas (-23), Vigo (-18), A Coruña (-15), Fuenlabrada (-15), Alcorcón (-10) o Pontevedra (-5 millones), según datos del PSOE, que propondrá mociones en Ayuntamientos y autonomías para denunciar el perjuicio del veto del PP (y VOX) a sus propias instituciones. Y ,tanto Ayuntamientos como autonomías, tendrán que rehacer sus Presupuestos 2024, para incluir estos menores ingresos.

Una semana después del veto en el Senado al techo de gasto, el Gobierno catalán se descolgó con un adelanto electoral, al no poder aprobar sus Presupuestos para 2024, por el veto de los comunes. Y unas horas después, el Gobierno Sánchez comunicaba que renuncia a presentar unos Presupuestos para 2024, como tenía previsto (en abril) , porque necesitaba pactar con los nacionalistas catalanes (y vascos), que estarían enfrascados en sus elecciones (21 de abril en Euskadi y 12 de mayo en Cataluña) y eso enturbiaría sus exigencias. Además de que sólo servirían para 6 meses (sería imposible aprobarlos antes de junio). Su decisión es mantener la prórroga de los Presupuestos 2023 para todo 2024, una prórroga que ya aprobó el Gobierno el 27 de diciembre de 2023. Y ponerse a trabajar para presentar en septiembre los Presupuestos de 2025.

Esta será la 9ª prórroga de Presupuestos de la democracia. La prórroga más duradera fue la de los últimos Presupuestos de Montoro, los de 2018, que sirvieron para 2018, 2019 y 2020, siendo los de 2021 los primeros aprobados por el Gobierno Sánchez. La prórroga de Presupuestos afecta negativamente a la economía, aunque se salvaguardan temas claves, como la subida de las pensiones (se cumplirá la Ley de subirlos con el IPC) y los funcionarios (subida pactada), así como las rebajas de impuestos a la electricidad y los alimentos (aprobadas ya). Tampoco afecta la prórroga de Presupuestos a las inversiones ligadas a los Fondos europeos, que seguirán su curso. Eso sí, no se podrán retocar impuestos ni realizar nuevos gastos, lo que impedirá aplicar reformas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, algunas mejoras a la dependencia, ayudas al campo y medidas ligadas a la nueva Ley de Familia y la de derechos de los consumidores. En definitiva, no poder aprobar un nuevo Presupuesto no ayuda a resolver problemas, paralizando algunos gastos e inversiones.

Cara a autonomías y Ayuntamientos, el Gobierno Sánchez ha encontrado “un truco” para que reciban en 2024 las “entregas a cuenta” de la recaudación prevista: las ha incluido a última hora como enmienda socialista al proyecto de Ley de ayudas anticrisis. Así, asegura que las autonomías recibirán este año 134.658 millones, un +8,3% que en 2023,  a cuenta de la recaudación prevista (les toca un 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRPF e IVA y un 58% de los impuestos especiales). Falta saber si les podrá abonar también (con un Presupuesto prorrogado) los otros 20.746 millones que les corresponden como liquidación definitiva de 2022 (se liquida 2 años después). En el caso de los Ayuntamientos, la misma enmienda les asegura este año 23.773 millones de euros, un +5,1% que en 2023, como entrega a cuenta de la recaudación prevista (municipios reciben el 2,13% de los ingresos por IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos especiales). Y queda por saber si podrán recibirán alguna cantidad adicional (como otros años)  por la liquidación final de 2022.

En cualquier caso, Hacienda reitera que autonomías y Ayuntamientos recibirán en 2024 las mayores transferencias del Estado de la historia, como ya pasó en 2023, gracias a que Hacienda consiguió una recaudación récord, por el crecimiento del PIB y del empleo, aumento de recaudación que será menor en 2024, aunque Hacienda estimaba (antes de prorrogar el Presupuesto) que iban a recibir 20.000 millones más que en 2023. Y destacan que las autonomías han recibido 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2013) que los recibidos en los 5 años de Gobiernos de Rajoy (2013-2017), según datos aportados por Hacienda como defensa ante las acusaciones de falta de recursos.

¿Qué han hecho las autonomías (y los Ayuntamientos) con estos mayores recursos recibidos del Estado central?  La mayoría los han destinado a mayores gastos e inversiones, aunque hay autonomías que también han aprovechado para gastar menos en algunas cosas. Dos ejemplos escandalosos. Uno, el gasto en Dependencia. En 2021, 11 autonomías aprovecharon que el Gobierno aprobaba un Plan de choque y aumentaba el gasto estatal en dependencia para gastar ellos menos (“ahorraron” 188,7 millones), según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y en 2022, volvieron a hacerlo: 9 autonomías gastaron 203 millones menos en Dependencia, mientras había 180.000 dependientes “en lista de espera”. El otro ejemplo, las rentas mínimas: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central ponía en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir el gasto (-241 millones, entre 2020 y 2022) y los beneficiarios (-128.448) de las rentas mínimas que financian las autonomías, según otra denuncia de los Directores de Servicios sociales.

Lo que han hecho la mayoría de las autonomías (y Ayuntamientos), sobre todo a partir de 2023, cuando ganaron las elecciones del 28-M el PP (y Vox), ha sido bajar los impuestos, aprovechar los mayores recursos recibidos para reducir los impuestos (más a los que más tienen). En 2023, ya bajaron el impuesto de la Renta (bajando la tarifa o aumentando las deducciones) la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Canarias. Y en 2024, son ya 11 las autonomías (básicamente las gobernadas por PP y Vox) que han vuelto a bajar la tarifa del IRPF (aumentando además deducciones), así como la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones (peleando por quien cobra menos por las herencias), transmisiones patrimoniales y sobre todo, aprobando cambios en el impuesto de patrimonio: 7 autonomías han legislado para recuperar lo que perdían al aprobar Hacienda el impuesto alternativo sobre grandes fortunas, según refleja este estudio del Consejo de Economistas, donde se ve “el guirigay fiscal” de las autonomías.

El problema de estas bajadas de impuestos autonómicos (y municipales), que políticamente “suenan bien”, es que reducen la recaudación de las autonomías (y Ayuntamientos), perjudicando a sus ciudadanos. Se estima que en la Comunidad de Madrid, las rebajas sólo en el IRPF van a recortar sus ingresos en 379 millones en 2024 (más otros 1.200 millones que pierde por bonificar el Impuesto de Patrimonio). En Murcia, las rebajas supondrán recaudar este año 400 millones menos y otros 366 en la Comunidad Valenciana, 240 millones menos en Canarias, 120 millones en Baleares, 90 millones menos en Cantabria, 67 en Extremadura, 51 en Aragón y 50 millones menos en Galicia…

En definitiva, las mismas autonomías (y partidos) que se quejan de que están “infra financiadas”, aprueban por ideología política unas rebajas fiscales (que favorecen más a los contribuyentes con más recursos) que les suponen recaudar menos y por tanto poder gastar menos en servicios públicos y sociales, que necesitan más los que menos tienen. Basta analizar las autonomías que menos gastan en educación, Sanidad, Dependencia o rentas mínimas para ver que son las que más bajan impuestos. Veámoslo.

En sanidad,  6 autonomías gastaron por debajo de la media (1.809 euros por habitante) en 2023: Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651 euros/habitante). En educación, gastaron por debajo de la media (en 2022) Madrid (816 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937). En Dependencia, los que menos gastan por habitante potencialmente dependiente (2023) son Asturias (744 euros), Galicia (812), Canarias (858), Navarra (971), Aragón (986), Murcia (1.020), Baleares (1.238), Cantabria (1.239) y Comunidad Valenciana (1.292), todas por debajo de la media (1.305 euros), mientras Madrid recortó este gasto un -57%. Y en rentas mínimas, hay gran distancia entre los 526,4 millones que gastó Cataluña (2022), los 379,6 millones del País Vasco, 97,11 de Canarias o 77,22 de Andalucía y los 25,18 millones que gastó Madrid, 23,2 de Extremadura, 7,7 de Murcia, 7,3 de Aragón y los 3,4 millones gastados por Castilla la Mancha.

Y no podemos olvidar las desigualdades en el gasto de los Ayuntamientos, que sostienen unos Presupuestos de 50.000 millones al año, destinados al pago de personal y a atender servicios básicos para sus vecinos (transportes, basuras, abastecimiento agua, policía, seguridad e inversiones en infraestructuras y servicios). Aquí, el gasto es muy desigual, porque lo son sus ingresos, relacionados con su población y economía: dos tercios de su recaudación procede de la vivienda (del IBI) y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias que reciben del Estado y de su autonomía. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (2023) son Barcelona (2.243 euros), Marbella (2.227), San Sebastián (2.095), Bilbao (1.915), Lleida (1.630), Madrid (1.622), Cádiz (1.451), Tarragona (1.383), Zaragoza (1.325), Valencia (1.320), Huelva (1.314), Toledo (1.290), Logroño (1.281) y Málaga (1.258 euros por habitante). El gran problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños (8.000), con bajos ingresos y unos gastos mínimos que han de afrontar.

En resumen, estamos ante un problema muy serio: la mayoría de los servicios públicos que nos importan dependen de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las autonomías (gestionan el 92% del gasto sanitario, el 85% del educativo y el 73% de la Dependencia). Y aunque reciben muchos más recursos del Estado, racanean con los gastos sociales y rebajan impuestos, recortando así su recaudación. Este año 2024, sin el gasto extra del techo de gasto vetado y sin Presupuestos, tendrán que ajustar sus Presupuestos y hacernos recortes. Pero lo tienen peor para 2025, porque recibirán menos transferencias del Estado (recaudará menos y tendrá que bajar más el déficit público) y ellos también recaudarán menos. Así que convendría alcanzar acuerdos (tras las elecciones europeas de junio) sobre financiación e impuestos (estatales, autonómicos y municipales), para costear un Estado del Bienestar que necesita más medios y recursos. Con tanta pelea política, no avanzamos en resolver los problemas que preocupan a la mayoría.