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lunes, 5 de febrero de 2018

Paraísos fiscales: Europa no se atreve


El escándalo de los paraísos fiscales estalla periódicamente, desde los Papeles de Panamá a LuxLeaks o los Paradise Papers. En diciembre, la Comisión Europea aprobó una “lista negra” donde sólo incluyó 17 países. Pero en enero, han  sacado de esa “lista negra” a 8 países, entre ellos Panamá (por la presión de España), Barbados, Corea del Sur y Emiratos. Además, Bruselas no incluye entre los paraísos fiscales a 4 países europeos que utilizan las multinacionales para evadir impuestos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta. Mientras, las inversiones a paraísos fiscales se han cuadruplicado y son la vía de entrada del 54% de las inversiones que llegan a España y del 25% de las que salen. Y 34 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Son millones de euros que eluden impuestos, mientras 98 países han firmado el acuerdo OCDE para intercambiar datos fiscales. Pero no lo ha hecho EEUU, que releva a Suiza como paraíso fiscal. Urge una “cruzada” mundial contra la los paraísos fiscales, donde se esconde un dinero que nos hace mucha falta.


enrique ortega

Esta historia de la lucha contra los paraísos fiscales cumple casi 10 años. En noviembre de 2008, tras el estallido de la Gran Recesión, los principales países se reunieron en Washington, en la Cumbre del G-20, para “refundar el capitalismo”, con la idea de emprender reformas que evitaran otra gran crisis en el futuro. Y entre ellas, poner coto a la evasión fiscal internacional, apoyada en los paraísos fiscales, encargando a la OCDE que estudiara medidas de control para aplicarlas a nivel mundial. En junio de 2017, el G-20 se reunió en Hamburgo y se felicitó porque casi 100 países hubieran firmado el acuerdo de la OCDE (proyecto BEPS) para intercambiar información fiscal a nivel internacional. Y tras la firma de miles de convenios bilaterales, declaraban que sólo había un “paraíso fiscal”: Trinidad y Tobago, una pequeña república caribeña formada por 2 islas enfrente de Venezuela.

Pero, por desgracia, hay muchos más paraísos fiscales en el mundo, cada vez más activos. De hecho, la inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, según un documentado estudio de Intermón Oxfam, que estima en 170.000 millones de dólares el dinero que quitan sólo a los países en desarrollo. En general, los usan las empresas y multinacionales como “plataforma intermedia” de sus inversiones, creando allí empresas con las que invierten luego en terceros países o que utilizan para sacar sus beneficios de otros países sin pagar impuestos. Y para las grandes fortunas y muchos inversores, son la plataforma ideal para eludir también el pago de impuestos. Por ejemplo, en 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, según Intermón Oxfam. Y Holanda es el 2º país de origen de la inversión extranjera que llega a Latinoamérica y el primer país de origen de la inversión extranjera en Brasil. Son meros “portaviones” donde aterrizan las inversiones de camino entre un país y otro, para no dejar rastro fiscal.

El caso de España es también muy esclarecedor. Más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España (el 54%) lo hace a través de un paraíso fiscal, según el informe de Intermón Oxfam. Sobre todo llegan a través de Holanda, Luxemburgo, Barbados, Islas Caimán,  Bahamas, Panamá, Irlanda, Malta, Suiza, Singapur, Hong-Kong, Barbados o Delaware (USA), los paraísos fiscales  más agresivos. Y un 25% de la inversión española que se hace en el exterior se canaliza a través de paraísos fiscales, habiéndose cuadruplicado esta inversión en el último año, según el informe de Intermón Oxfam.  De hecho, la inversión española a través de paraísos fiscales es un 27% superior a la inversión española en Latinoamérica.

Esta inversión española a través de paraísos fiscales es posible porque las empresas y los bancos españoles tienen filiales en esos paraísos fiscales, a través de las que canalizan sus operaciones y las de sus clientes. En 2016, 34 grandes empresas y bancos (todas las empresas del IBEX, salvo Aena) tenían una o varias filiales en paraísos fiscales, 996 filiales en total, encabezando el ranking Banco Santander (225 filiales en paraísos fiscales), ACS (108), Repsol IPF (93), Arcelor Mittal (79), BBVA (64), Ferrovial (64) e Iberdrola (63), según datos de Intermón Oxfam a partir de sus Memorias anuales. Y la mayoría de estas filiales (438) se sitúan en Delaware (un “paraíso fiscal” en el noroeste de EEUU), seguida de Holanda (157), Irlanda (83) y Luxemburgo (80). Lo más preocupante es que estas filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales se han multiplicado por 4 entre 2009 y 2016.

Las empresas y bancos, españolas y multinacionales, aumentan su presencia en los paraísos fiscales como una forma de eludir” impuestos (palabra fina, “elusión fiscal”: significa que no defraudan impuestos sino que los “eluden” legalmente…). Y lo hacen porque pueden, porque ni Hacienda ni la normativa europea se lo prohíbe. Sobre todo, porque la mayoría de los países que utilizan como “portaviones” de sus inversiones no son oficialmente “paraísos fiscales”. Y aquí entramos en el tema clave: “la lista” de los paraísos fiscales.

España tiene una lista oficial de 48 paraísos fiscales, que se aprobó oficialmente en 1991 (ver países). Pero no es la que rige hoy, porque en estos años, sobre todo desde 2003, han salido de la lista 15 países: Andorra, Luxemburgo, Singapur, Chipre, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos, Jamaica, Malta, Trinidad Tobago, San Marino, Singapur, Omán y Panamá (salió de la “lista negra” de Hacienda en 2010, a raíz de que Sacyr ganara el mega contrato del Canal de Panamá). Sorprenden muchos de los países que ya no son paraísos fiscales para la Hacienda española, sobre todo cuando 7 de estos 15 países “indultados” forman parte de la lista de los 15 peores paraísos fiscales elaborada por Intermón Oxfam, por este orden de más a menos opacidad fiscal: Bermudas, islas Caimán, Holanda, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curaçao, Hong Kong, Malta, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes.

La Comisión Europea, a raíz del “escándalo LuxLeaks” (548 acuerdos fiscales favorables suscritos por el gobierno de Luxemburgo con numerosas multinacionales), destapado en noviembre de 2014, quiso ponerse a la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales. Y ha estado tres años preparando una “lista negra” de paraísos fiscales, que por fin aprobó el 5 de diciembre de 2017, con 19 países, en su mayoría pequeños estados del Caribe, Oriente Medio y Asia, una lista que defraudó a los expertos porque dejaba fuera a muchos de los países “evasores habituales. Pero la sorpresa saltó el 21 de enero de 2018, cuando la Comisión recortó esta lista, sólo 37 días después de aprobarla. Salieron de la lista de “paraísos fiscales” 8 países: Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, porque “se habían comprometido a ser fiscalmente transparentes”, según Bruselas. La lista se revisará a finales de 2018 y antes, la Comisión Europea establecerá sanciones para los 9 únicos países que, para Bruselas, son ahora “paraísos fiscales: Samoa, Bahréin, Guam, islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad Tobago.  Y quizás Hacienda “rehaga su lista” con esta nueva lista UE.

Los expertos consideran que la lista europea de paraísos fiscales es un fiasco, fruto de las presiones políticas y económicas de países y multinacionales. De hecho, España presionó en el Ecofín para que Panamá saliera de la lista europea, según ha reconocido Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional, a pesar de que 2.000 españoles aparecieron con cuentas en los "Papeles de Panamá" (2016). Mientras, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Panamá, Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón ha elaborado una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Precisamente, la mayor crítica que puede hacerse a las autoridades europeas es que la “lista negra” de la Comisión deja fuera a los paraísos fiscales que hay en Europa. Sobre todo cuando en los últimos años han estallado diversos escándalos que han demostrado que hay países europeos especializados en facilitar la evasión fiscal a empresas y multinacionales. El escándalo LuxLeaks destapó que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado (entre 2002 y 2010) acuerdos secretos, para pagar menos impuestos, con 340 multinacionales. Holanda también había firmado acuerdos similares en 2008 con la multinacional Starbucks. También el gobierno de Bélgica, en 2005, con 35 multinacionales. Y el gobierno de Irlanda firmó otro pacto secreto con Apple para que sólo pagara el 2,5% de impuestos.

Pero el problema no son sólo los acuerdos secretos con multinacionales. Lo más grave es que muchas grandes compañías utilizan algunos países europeos, con su consentimiento, para aplicar una “ingeniería fiscal que les permita eludir (legalmente) el pago de impuestos, unos 70.000 millones de euros al año (8.250 millones en España). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello compras y ventas entre filiales. Una variante más sofisticada es lo que se llama el “sándwich holandés” y el “doble irlandés, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan su negocio en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere ese dinero a una filial en Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos y que transfiera los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de los beneficios, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de “elusión fiscal” son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de la marca. Es lo que hace Starbucks con el dinero del café que nos tomamos: una parte va a una filial en Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea hace lo mismo a través de una filial en Holanda. Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo donde desvía el 5% de su facturación en España y lo que se ha ahorrado de pagar aquí 68,5 millones en 5 años. El caso más llamativo es Inditex, que a través de dos filiales en Holanda y Suiza, factura al resto por la compra de ropa en Asia y por la gestión de marca y consultoría. Así ha “eludido” el pago  a la Hacienda española de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, según un informe de los verdes en el Parlamento europeo. Y todavía hay más vías de “elusión” fiscal: préstamos entre filiales de una multinacional, trasvase de dividendos o aprovechar las diferencias fiscales dentro de Europa.

Es un escándalo porque, en estos casos, los paraísos fiscales no están en el Caribe o en Asia, sino en el corazón de Europa. Los gobernantes europeos trataron de “salvar la cara” aprobando, en julio de 2016, una Directiva europea para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas y multinacionales. El problema es que se ha retrasado su entrada en vigor, dado que los países tienen hasta diciembre de 2018 para modificar sus normas fiscales y en algunos casos, se les da de plazo hasta el 1 de enero de 2020. Luego, habrá que ver cómo se aplican los cambios, porque ningún país se va a arriesgar a perder multinacionales, que ya estarán preparándose para burlar las nuevas normas fiscales aprobadas por Bruselas.

En paralelo, este año 2018, Hacienda y los responsables fiscales de todo el mundo van a disponer de más datos sobre dónde tienen el dinero sus empresas y sus ciudadanos, porque ha entrado en vigor el acuerdo de la OCDE (Proyecto BEPS) para intercambio mundial de información fiscal, acuerdo que han firmado ya 98 países (Panamá en enero 2018). El problema es que no es un acuerdo vinculante y cada país decidirá con qué países intercambia información fiscal. España ha aprobado intercambiarla con todos los países, pero ahora falta ver si Suiza o Panamá le mandarán a Hacienda los datos fiscales de españoles y empresas que tengan inversiones en su territorio. Unos países lo tenían que enviar antes de  septiembre de 2017 (con datos al 1 de enero 2016) y otros tienen hasta septiembre 2018 (Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas, Mónaco, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudí o Turquía entre ellos).

Quien no ha firmado este acuerdo internacional ha sido Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que se va a convertir en el mayor paraíso fiscal, si no lo es ya, porque cada día se registran más empresas y fortunas en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Miami, los estados que están atrayendo el dinero opaco que hasta ahora estaba en Suiza, Luxemburgo, Panamá o el Caribe. Así que la Hacienda española y del resto de Europa no pueden esperar colaboración de EEUU, mientras se da el contrasentido de que los bancos europeos están obligados a dar puntual información de las inversiones de empresas y ciudadanos estadounidenses, porque desde 2013 está en vigor la FATCA, una Ley que obliga a los demás países a darles los datos de los ciudadanos USA (sean residentes o no) pero que no les obliga a dar los datos fiscales de las empresas  extranjeras en USA, sólo de las personas físicas.

Así está el panorama fiscal en el mundo: se multiplican por cuatro las inversiones en paraísos fiscales y aumenta la sofisticación de las multinacionales para eludir impuestos, pero Europa responde con una lista negra inútil y una Directiva complicada de implantar. El fraude fiscal se hace global y la vigilancia mundial es poco efectiva, con lo que muchos millones de euros se pierden por el camino, en beneficio de los más ricos, lo que aumenta la desigualdad (como se ha reflejado en la Cumbre de Davos) y penaliza las inversiones y servicios públicos y sociales, que pierden recursos por el aumento del fraude fiscal, con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, donde está nuestro dinero. “Saca a la luz un dinero que no ves”, nos pide Intermón Oxfam en esta campaña contra los paraísos fiscales. Están bien las firmas, pero lo que hace falta son Leyes y vigilancia para que se cumplan. En Europa y en España. 

lunes, 14 de octubre de 2013

Las grandes empresas apenas pagan impuestos


En 2014, el Gobierno Rajoy volverá a aplicar su receta: más impuestos y más recortes para bajar el déficit, a costa de estancar la economía y no crear empleo. Pero hay otra vía: ingresar más, que paguen impuestos los que apenas pagan. Las grandes empresas sólo pagan el 4% de sus beneficios y las multinacionales (Google, Apple, Amazon...) ni eso. Mientras, las pymes pagan el 15% y las familias un 12% de sus rentas. Si grandes empresas y multinacionales pagaran lo que deben, recaudaríamos hasta 15.000 millones más al año. Y habríamos evitado los duros recortes en Sanidad, Educación y Dependencia. Hace falta una reforma a fondo del impuesto de sociedades, para terminar con los “regalos fiscales” que hizo Zapatero en 2007 a las grandes empresas. Curiosamente, Rajoy les está haciendo pagar más, aunque menos que al resto. Ahora que recuperan beneficios, las grandes empresas deben pagar más impuestos. Y la mayoría menos.
                                
                                                                                                Enrique Ortega
Lo acaba de decir Hacienda: las grandes empresas siguen sin pagar apenas impuestos. Sólo han tributado un 4,13% de sus beneficios en 2012, según los Presupuestos 2014 enviados al Congreso. En 2011, según la Memoria Tributaria, las grandes empresas españolas (4.000 grupos y 32.000 empresas) habían pagado a Hacienda sólo el 3,5% de sus beneficios, mientras el total de empresas (algo más de 1 millón) habían pagado el 8,8% de sus beneficios. Algo que contrasta con el 15% pagado por las pymes y el 11,9% de su renta bruta pagado por las familias españolas.

Las grandes empresas pagaron en 2011 a las arcas públicas 3.012 millones de euros, la cuarta parte que en 2006 (12.673 millones). Y eso, no porque les hayan caído tanto los beneficios (bajaron un 31%, mientras sus impuestos cayeron un 76%), sino gracias a los “regalos fiscales” que les hizo el Gobierno Zapatero en 2007, con la excusa de fomentar la inversión y el empleo. Por un lado, les bajó el tipo nominal de sociedades del 35 al 30%. Pero, sobre todo, les creó un abanico de exenciones, deducciones y beneficios fiscales que reducían al mínimo la tributación. Y todo ello, con más ventajas para los grandes grupos que para el conjunto de empresas. Por un lado, las normas fiscales de los grupos consolidados permiten compensar los resultados entre las compañías del grupo: restar las pérdidas de unas de los beneficios de otras. Y por otro, son las grandes empresas las que mejor pueden aprovechar las deducciones y beneficios fiscales creados en 2007.

El resultado de estos beneficios fiscales, junto a la crisis, fue un agujero en los ingresos: la recaudación por sociedades pasó de 44.823 millones en 2007 a 16.611 millones en 2011, la tercera parte. Y con ello, España se convirtió en el país europeo donde las empresas pagan menos impuestos, sólo por delante de los países bálticos, Eslovenia y Hungría: la recaudación por sociedades (2011) suponía un 1,9% del PIB, frente al 2,5% de media europea (y el 2,3 % en Italia o Francia, el 2,6% en Alemania o el 3,1% en Reino Unido).

Y  en esto, Rajoy llega al poder a finales de 2011. “Nos encontramos con que algunas empresas del IBEX no pagaban impuestos”, dijo este año el presidente en el debate del Estado de la Nación. Y agobiados por el déficit, el PP, que había acusado a Zapatero en 2007 de ser “poco ambicioso” en los beneficios fiscales a las empresas, inicia una contrarreforma fiscal, en 2012 y 2013,con la que fuerza a las empresas, sobre todo a las grandes a pagar más impuestos, recortando o suprimiendo beneficios fiscales: por  gastos financieros, por fondo de comercio, supresión de la libertad de amortización, límites a las deducciones por pérdidas de cartera, supresión deducciones por pérdidas participadas, no deducción pérdidas en el extranjero… Medidas que han permitido recaudar casi 3.000 millones más por sociedades en 2012 (19.581 millones), aunque las grandes pagan sólo el 4,13% de sus beneficios.

Otro gran problema son las multinacionales, que apenas pagan impuestos, ni en España ni en la mayoría de Europa. Basten tres ejemplos. Google declaró pérdidas en España en 2011, por segundo año consecutivo, gracias a que factura a través de Irlanda y deriva sus beneficios a Holanda y luego al paraíso fiscal de Bermudas. Apple también declaró pérdidas en España, a pesar de su éxito de ventas, y lo mismo Amazon. De hecho, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia tienen abiertas investigaciones a Google, Apple, Starbucks, Amazon, Facebook, Microsoft, HP, Yahoo y Samsung por evadir impuestos “legalmente”, a través de mecanismos similares: inflar precios de ventas entre filiales para encubrir beneficios, traspasar deudas a filiales de países donde deducen los gatos financieros (España) y ubicar las sedes y beneficios en paraísos fiscales. La diferencia  es que muchas de estas investigaciones europeas (y en EEUU) son públicas, incluso en el Parlamento (Gran Bretaña), mientras aquí Hacienda no informa de las inspecciones abiertas a Google o Apple, aunque es positivo que haya abierto en 2013 una Oficina de fiscalidad internacional para “vigilarlas”.

En uno y otro caso, grandes empresas y multinacionales, hacen falta cambios legales para obligarles a pagar más impuestos. En el caso de las multinacionales, la normativa fiscal ha de ser internacional y en ello está trabajando, aunque despacio, la OCDE y Bruselas, que tiene parada también la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, que no entrará en vigor en 2014, como aprobaron 11 países europeos, entre ellos España. En el caso del impuesto de sociedades, el Gobierno Rajoy ha prometido una reforma para 2015, en la que trabaja un Comité de expertos para aprobarla en marzo de 2014.

La reforma del impuesto de sociedades exige cambios en profundidad, tras los parches de estos años (70 cambios) para subir la recaudación. Y hay que vigilar más a las empresas españolas con filiales en paraísos fiscales: el 94% de las empresas del IBEX tienen presencia en paraísos como Delaware (USA), Holanda, Luxemburgo, Suiza, Hong Kong y Bermudas. Los expertos proponen varias medidas: bajar el tipo nominal (está en el 30%, de los más altos de Europa donde la media es el 25,7%), eliminar deducciones (en otros países no existe libertad de amortización ni por provisiones de cartera ni por gastos financieros sin límite), revisar y eliminar los regímenes especiales (más de una docena) y acercar la base imponible al resultado contable. En definitiva, tanto ganas tanto pagas, como las pymes o las familias. Sin “regalos” que acabamos pagando el resto de los contribuyentes.

Ahora es un buen momento para reformar sociedades, porque las empresas, sobre todo las grandes, han vuelto a aumentar sus beneficios: las empresas del IBEX ganaron 15.292 millones en el primer semestre, un 18,8% más, por primera vez desde 2011 (+1%). Y además, nos hace falta, para reducir el déficit público sin tener que hacer más recortes: los cambios en sociedades y multinacionales podrían suponer entre 10.000 y 15.000 millones más de ingresos al año, el equivalente a los recortes hechos en Sanidad, Educación y Dependencia.

Al final, las cuentas son muy sencillas: o las grandes empresas y multinacionales pagan impuestos como en otros países y como los demás (pymes y familias) o el Estado tendrá que recaudar más de los asalariados y del consumo, como ahora, y tapar el agujero de las cuentas públicas con más recortes. Las grandes empresas y multinacionales tienen que ganar dinero, para invertir y crear riqueza y empleo, pero también pagar los impuestos que deben. Lo que pasa ahora es un escándalo.