Colapso en la Justicia: faltan medios

El servidor central de los Juzgados de Sevilla se colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un reciente informe del CGPJ. Así pasa: toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y sentencias y macro causas por  corrupción y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de la falta de medios, personales y materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en los presupuestos de Justicia, donde España gasta la mitad que Europa. Faltan jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las empresas y toda la economía sufren una justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.

enrique ortega

El colapso de la Justicia es vox populi, pero ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir, según el último informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864 juzgados, casi la mitad del total (43,5%) soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están sobresaturados. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75% y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral (febrero 2012): en Sevilla hay juicios por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.

El colapso de los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3 asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados de la Justicia, un 20% son interinos, los que más sufren los recortes y la rotación.

El colapso judicial se debe en primer lugar al gran número de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas para limitar las apelaciones adoptadas en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en 2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933 asuntos (545.000 menos que en 2009), según la Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir que España tiene el doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes, frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).

Sea por lo que sea, hay muchos pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en España el 0,35% del PIB, frente al 0,50% en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12 tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco autonomías que gastan en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias (42,1€),  Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).

Falta Presupuesto y falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado plazas. Así hay 5.211 jueces (2013), 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo que somos el cuarto país europeo con menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso, la petición del sector es unánime: faltan jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció incluso el Fiscal General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales y personales.

Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción (hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000 causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.

Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la corrupción, el Gobierno Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más para la Audiencia Nacional (donde el “superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es insuficiente. Habría que crear 815 plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de fiscal y personal judicial. Y aumentar el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar los Juzgados, en el expediente electrónico, un fracaso desde 2003: hay hasta 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Pero no es sólo cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también por cambios en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, las demandas de muchos afectados, como las preferentes y las clausulas suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos”  les exigiría contar con jueces de apoyo que no tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos el coste de tener una justicia lenta (hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en lo Social,  7 meses en 1ª instancia y un año en el Supremo), cara (hasta 12.220 euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes, el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles creen que funciona mal o muy mal (el 48% de los encuestados, según el barómetro del CIS de 2011) y a la que suspenden, con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).

En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la justicia y los últimos datos confirman que el colapso de los juzgados es muy grave. No se puede esperar más. Hay que gastar más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner orden en la aplicación diaria de la Justicia, despolitizándola y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las tasas de Gallardón. Y darla medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos, cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Y así no podemos seguir.

Sin medios contra los delitos económicos

Las denuncias particulares, la prensa, fiscales y jueces siguen destapando numerosos delitos económicos y una imparable corrupción política, la tercera preocupación de los españoles (tras el paro y la crisis). Pero los juzgados y la policía no dan abasto y han pedido públicamente más medios. Un ejemplo: Pablo Ruz, uno de los seis jueces de la Audiencia Nacional, lleva más de 3.000 causas económicas, con millones de folios. Y los dos fiscales del caso Bankia se enfrentan casi solos a 33 bufetes de abogados. Hacen falta más jueces, más policías, más peritos y más medios en los Juzgados para luchar contra la corrupción y la delincuencia económica, muy compleja y poderosa. Y establecer controles eficaces en las empresas y en la Administración. No puede ser que, mientras la mayoría se sacrifica, los delincuentes de guante blanco se vayan de rositas. Control, transparencia y sentencias ejemplares ya.

enrique ortega

Los delitos económicos aumentaron en España un 38% entre 2009 y 2011 y crecerán otro tanto estos dos últimos años, según un estudio de la auditora PwC. Casi la mitad de las empresas españolas (un 47%) reconoce haber sufrido algún delito económico o informático en 2011 (34,5% en 2010), un porcentaje mayor que en Europa (30% empresas), según la encuesta mundial realizada por PwC. Los delitos económicos más frecuentes son apropiación indebida (47%), manipulación contable (29%: se ha duplicado con la crisis), fraude fiscal (9%) y delitos informáticos (3%), los que más crecen. En España, la mayoría de estos delitos se cometen dentro de las empresas (81%, frente al 50% en Europa), sobre todo por los altos ejecutivos (61% de los casos), mientras tiene poco peso la delincuencia externa a las empresas (17,5% en España y 45% en Europa).

El otro frente es la corrupción política, con más de 500 casos abiertos en los juzgados y 300 políticos electos imputados. La policía investiga actualmente 171 casos de corrupción (59 la Policía Nacional y 122 la Guardia Civil), según el ministro del Interior, con 1.110 personas investigadas y 311 detenciones (sólo la Policía). España es el país de Europa occidental con más corrupción en el sector público: ocupa el lugar 30 en el ranking de Transparencia Internacional, sólo por detrás de Portugal (puesto 33) e Italia (72). Y la corrupción y el fraude se han convertido, desde febrero, en la tercera preocupación de los españoles (30,7%), tras el paro y la crisis económica, según el Barómetro del CIS de mayo.

La crisis financiera, y en especial la reconversión de las Cajas de Ahorros en 2011 y 2012, ha supuesto un salto en la delincuencia económica: unos 100 directivos, de 21 de las 45 antiguas Cajas, están imputados en distintos procesos, por los presuntos delitos de operaciones fraudulentas para beneficio propio, indemnizaciones y jubilaciones millonarias o fallidas salidas a Bolsa. La Audiencia Nacional lleva los grandes procesos: Bankia (33 imputados), Banca Cívica (15), CAM (han declarado 30 ex directivos), NovaCaixa Galicia (5 imputados), Caixa Penedés (3) y Banco de Valencia (10 imputados). Además, numerosos juzgados provinciales tienen causas abiertas sobre la CAN, CAM, NovaCaixa Galicia, Caixa Penedés, el crédito de Caja Madrid que ha llevado a la cárcel a Díaz Ferrán (Marsans) y el caso Blesa (ex presidente Caja Madrid), que ha vuelto a la cárcel.

Junto a estos procesos financieros, la Audiencia Nacional tiene abiertos otros viejos procesos económicos: Eurobank (quebró en 2004), Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico y Afinsa (los dos, con 500.000 ahorradores afectados). Y siguen entrando nuevos, el último Pescanova: están imputados su expresidente y tres ex directivos por falseamiento de cuentas, ocultación de deuda y manipulación de acciones. Precisamente, por intento de manipular acciones del Popular, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para el empresario Trinitario Casanova. La CNMV reconoce que cada año recibe más de 100 denuncias de manipulación de precios en Bolsa, la última con las acciones de Bankia en este mes de mayo tras la reciente ampliación.

Y luego están los delitos informáticos, el cibercrimen, que crece sin parar, no sólo en banca (phishing, robo de claves) sino con ataques a empresas. Y otros nuevos delitos, como el amaño de partidos (se investiga el partido Levante-Deportivo), un problema con tal entidad (por el auge del juego online) que la Interpol, FIFA y UEFA han creado brigadas especializadas en Europa para investigarlo (en febrero denunció el amaño de 380 partidos en 15 países).

La crisis y las nuevas tecnologías han disparado los delitos económicos, mientras se destapa la corrupción ligada al boom. El problema es que la Justicia está colapsada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en mayo refuerzos, nuevos Fiscales (tiene sólo unos 100, para miles de causas), pero Justicia no se los da  e incluso está despidiendo a los fiscales sustitutos (300 de los 2.400 Fiscales de toda España). Los jueces de la Audiencia Nacional (son 6) también pidieron refuerzos en enero. Baste decir que el juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, acumulaba en 2011 (según Memoria AN) unas 3.000 causas por delitos económicos, con 1,5 millones de folios. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un informe demoledor: los tribunales tienen abiertos 1.661 causas complejas por delitos económicos y corrupción, de los que 512 son macroprocesos muy complejos, sobre todo en la Audiencia Nacional (77), Andalucía (115), Cataluña (87) y Comunidad Valenciana (80). Y piden a Justicia más medios: 64 nuevos jueces, 18 secretarios judiciales, 150 funcionarios y más ayuda de Hacienda y la Policía.

Precisamente, otro problema es que también está colapsada la Agencia Tributaria y la Policía judicial, que no dan abasto para hacer los informes que les piden los jueces. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) de la Policía Judicial, unos 300 agentes en Madrid, ya ha denunciado que está superada y están desviando casos a policías provinciales no especializados. Y en el caso de Bankia y algunas Cajas, los jueces, el Gobierno y el Banco de España están recurriendo a peritos privados (más de 120 auditores) porque los juzgados no tienen apenas peritos especializados.

Consecuencias de la falta de medios: los procesos se retrasan (con riesgo de que prescriban) y aumentan las posibilidades de sumarios con errores o con investigaciones incompletas, en beneficio de los procesados. En el caso Bankia, los dos fiscales trabajan casi solos frente a una legión de abogados de los 33 imputados. Y en el caso Banca Cívica, un fiscal frente a 15 imputados. Y los 6 jueces de la Audiencia Nacional no pueden físicamente atender a 77 macroprocesos. Esto lo saben los delincuentes y mafias internacionales, que ven España como un paraíso para delinquir. Además, la escasez de fiscales impide que tengan iniciativa para abrir nuevos casos: la mayoría de los delitos se están investigando por denuncias particulares o populares (UPyD en el caso Bankia y Banca Cívica) o de medios de comunicación.

Hacen falta más medios contra la corrupción y la delincuencia económica, pero también más control de las empresas y el sector público. Habría que ser más riguroso con los auditores (las Cajas intervenidas estaban auditadas) y aplicar sanciones ejemplares (la primera auditora del mundo, Arthur Andersen, desapareció tras los engaños contables de Enron). Y exigir a las empresas más transparencia y unas cuentas más rigurosas, mejor vigiladas por la CNMV (caso Pescanova), que debe aplicar multas más rigurosas (son ridículas) por la manipulación en Bolsa. En la Administración, dar más autonomía a los interventores y más medios y poder al Tribunal de Cuentas, que no pinta casi nada, con ayuda de la Ley de Transparencia, que sin medios, no será efectiva.

En un país donde se piden tantos sacrificios a la mayoría, habría que ser especialmente beligerante con la corrupción y los delincuentes de guante blanco, con más normas, más controles y más medios para jueces y policías. Y con sentencias ejemplares: sólo hay un empresario(Díaz Ferrán) y un banquero (Blesa) provisionalmente en las cárcel (llena de delincuentes de poca monta). Quien la hace, a costa de llevarse dinero de Cajas, ahorradores, inversores, empresas o contribuyentes, la debe pagar especialmente. Es lo justo.