La inflación ha beneficiado a los súper

Los precios se han moderado en febrero, bajando al 2,8%  anual. Con ello, parece cerrarse el ciclo de alta inflación, que ha durado 3 años, el peor 2022 (cuando los precios subieron +6% y hasta +10% en verano). Este ciclo ha beneficiado sobre todo a los supermercados, que ganan cuota de ventas (acaparan el 74,9%), en perjuicio de las tiendas tradicionales, logrando beneficios récord. Y las subidas, sobre todo en los alimentos (17 meses subiendo más del 10%), han cambiado nuestras tendencias de compra: ahora, los consumidores sólo buscan ofertas o marcas blancas y miran más el precio que la calidad o el origen, en perjuicio del campo español. Lo peor es que la inflación ha deteriorado las cuentas de los hogares y comemos peor: menos frutas, verduras, carnes y pescados, sobre todo las familias con menos ingresos. Y hay 550.000 niños que apenas comen carne y pescado. Todavía los alimentos están caros, por lo que seguirá la guerra de precios y ofertas en el súper todo el año 2024.  

                   Enrique Ortega

La inflación en febrero (+ 2,8% anual, la más baja desde agosto), anticipada hoy por el INE, parece confirmar una tendencia, tras los datos de enero (+3,4%), diciembre (+3,1%) y noviembre (+3,2%): la inflación se modera, en el entorno del 3%, donde no estaba desde agosto de 2021 (+3,3% anual). Y parece que se cierra un ciclo de alta inflación, que ha durado casi 3 años, con 13 meses de inflación por encima del 6% (todo 2022) e incluso por encima del 10% (junio, julio y agosto de 2022). Ahora, salvo “sustos” por la energía o los conflictos geopolíticos (Ucrania, Palestina y cierre del Mar Rojo), se espera una inflación moderada en 2024, subiendo entre el 3 y el 3,5%, en España (+3,3%) y en toda Europa (+3,2%).

Pero seguirán caros los alimentos: subieron un +7,4% anual en enero y se han "estabilizado en febrero", según el INE, tras 17 meses subiendo más del 10% anual (entre abril de 2022 y septiembre de 2023). Y eso, porque el cambio climático ha reducido drásticamente muchas cosechas, lo que mantiene precios altos, junto al aumento de costes a los agricultores y ganaderos y la recuperación de márgenes en la larga cadena alimentaria. De hecho, llenar el carrito de la compra subió un +30,8% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023, afectado a 9 de cada 10 productos que compramos, según un estudio de la OCU. Y estiman que, sólo en el último año, la cesta de la compra se encareció un +14,1%, afectando al 90% de los productos que compramos, en especial al azúcar (+66%), zanahorias (56%), cebollas (+40%), arroz (+36%) y aceite (+21%). Si la cesta media de una familia es de 502 euros al mes, estamos pagado 118 euros más al mes que hace dos años (384 euros).

Esta subida en la cesta de la compra no va al campo, a los agricultores y ganaderos, que se quejan de que sus precios no cubren costes en muchos productos y que sus márgenes apenas han subido, que las subidas de precios se quedan por el camino: intermediarios, almacenes de distribución, empresas de alimentación, transporte, grandes distribuidores, supermercados y puntos de venta. El sector y los expertos llevan años pidiendo que el Ministerio de Agricultura publique los datos de la cadena alimentaria, pero no se hace de forma transparente y apenas se han aplicado sanciones a los que compran por debajo de coste o disparan márgenes. Pero hay un Observatorio de Precios, el de la organización agraria COAG, que publica mensualmente la diferencia de precios agrícolas y ganaderos entre origen y destino.

En enero de 2024, el último Informe (IPOD) refleja que los productos agrícolas se venden en destino a una media de 4,17 veces más del precio que se paga en origen. Y en los productos ganaderos pagamos 3 veces el precio de origen. Esta enorme diferencia es casi la misma que hace un año (4,50 veces se pagaban los productos agrícolas y 2,93 veces los ganaderos). Hay ejemplos “sangrantes”: limón (se paga el agricultor a 0,20 kg y se cobra al consumidor a 1,96 euros, 9,8 veces más), patata (de 0,32 a 1,83 euros, 5,72 veces más), plátano (de 0,27 a 2,25, 8,33 veces más), naranja (de 0,39 a 2,05, 5,26 veces más), tomates ensalada (de 0,61 a 2,39, 3,92 veces más), ternera (de 5,45 euros a 21,03, 3,86 veces más), pollo (de 1,119 a 3,28, 2,76 veces más), cerdo (de 1,66 a 6,45, 3,89 veces más), huevos (de 1,67 a 2,46, 1,47 veces más) o leche (de 0,52 a 0,92 euros litro, 1,77 veces más).

Los supermercados se defienden diciendo que ellos no han disparado los precios de los alimentos, que su margen de venta es inferior al 5% y que sólo ganan dinero gracias a su volumen, a su aumento de ventas. Una facturación que se les ha disparado a cifras históricas estos años, gracias a la inflación, a esa subida del 30,8% en la cesta de la compra. Y ese tirón de la facturación se ha traducido en beneficios históricos para los supermercados (el sector de la alimentación, desde la agricultura a la industria y la distribución, es el que más ha aumentado sus beneficios con la inflación, según el Banco de España), mientras el campo se queja y los consumidores pagamos más. Pero, además, este ciclo de alta inflación (2021-2023) ha coincidido con una “guerra de precios”, en la que los grandes supermercados han ganado cuota de mercado, en perjuicio de las tiendas pequeñas de barrio.

El proceso de crecimiento y concentración de los supermercados lleva dos décadas, pero se ha acelerado en los últimos años y sobre todo a partir de 2021, con la inflación. Así, en 2002, los supermercados (e hiper) concentraban dos tercios de las ventas de alimentos y droguería y limpieza (62,1%). Saltaron al 69,4% en 2019 y cerraron 2023 con una cuota de mercado del 74,9%, según la consultora Kantar. Y precisamente, del 12,8% que los super han aumentado su cuota, casi la mitad ha sido desde 2019. La mayor ganancia de cuota la tuvieron el año de la pandemia (+2,2% en 2020) y los dos años con mayor inflación, 2022 (+1,7%) y 2023 (+1,3%). En paralelo, estos años han seguido cerrando tiendas tradicionales (fruterías, carnicerías, pescaderías, tiendas de barrio), que no han podido afrontar la mayor competencia y la guerra de precios desatada por los súper.

Los supermercados más grandes son los más beneficiados por la alta inflación de estos años y la consiguiente guerra de precios. Sobre todo, Mercadona, cada vez más líder: cerró 2023 con una cuota de mercado del 26,2%, según Kantar, +0,6% más que en 2022 y +3% más que en 2019. Su poder de mercado es tal que por sus 1.619 tiendas han pasado en 2023 el 95,2% de los compradores españoles… Le sigue, a mucha distancia, la cadena francesa Carrefour, con un 9,9% de cuota (+0,2% que en 2022 y +1,1% que en 2019), que visitan el 65,2% de los compradores. El 3º en el ranking es la cadena alemana Lidl, con un 6,4% de cuota (+0,5% que en 2020 y +0,1% que en 2019), seguida del Grupo Eroski, con 4,4% de cuota (+0,1% que en 2022 y -0,1% que en 2019) y del Grupo DIA, con 4,1% de cuota (la única que perdió cuota en 2023, -0,5%, por la venta de 233 tiendas a Alcampo). Estas 5 grandes cadenas de supermercados controlan más de la mitad del mercado (51%) de alimentación, droguería y limpieza en España, seguidas de Consum (3,4% cuota), la francesa Alcampo (3,1%) y la alemana Aldi (1,5%), aunque el 2º mayor grupo lo constituyen los supermercados regionales (17% del mercado cuota), que siguen ganando cuota.

En el último año, Mercadona ganó mercado a partir de abril, cuando estaba perdiendo cuota y decidió recortar el precio de 500 productos. Las otras dos cadenas con fuerte crecimiento han sido las alemanas Lidl y Aldi, que se dedican a abrir nuevas tiendas y gastan mucho en publicidad (sobre todo en TV). Y también crece más Carrefour, apoyada en sus promociones y su programa de fidelización, en tanto aguanta Eroski en la zona norte y se sostiene Alcampo, con más tiendas y promociones. Lo que más sorprende es el fuerte crecimiento de los súper regionales, asentados en marcas locales y una buena oferta de frescos, que en algunas zonas superan el 20% de cuota de mercado.

Para 2024, todas las cadenas de supermercados apuestan por seguir ganando cuota a costa de mayores ventas de productos frescos, que son la esencia de las tiendas tradicionales de barrio, que sólo tienen un 24,1% del mercado de alimentos y limpieza pero que todavía acaparan el 32,5% de las ventas de productos frescos, sobre todo frutas y verduras (40% ventas en tiendas tradicionales) y pescado fresco (34,1% cuota). Y también hay una pelea de los súper por los alimentos para mascotas (el 37,8% en tiendas especializadas) y por la venta de platos preparados (21% en tiendas especializadas).

La alta inflación de los tres últimos años ha provocado un cambio en muchos hábitos de compra de los consumidores, según refleja la consultora Kantar. El primero y fundamental, que cada vez compramos más por precio, no por calidad ni por origen. Es algo que se ha consolidado en 2023, el primer año en que las compras por precio (38%) han superado a las compras por calidad (29%), según la Encuesta de hábitos de consumo de MPAC.  Eso provoca que los consumidores hayamos aumentado las visitas para comprar, llenando la cesta entre distintos supermercados y tiendas, para aprovechar precios, ofertas y promociones: casi la cuarta parte de todo lo vendido en 2023 han sido productos en oferta, según la consultora Nielsen. Eso sí, en cada visita, la mayoría (un 74% de los consumidores) compra menos y con una lista escrita, para evitar “caprichos” y disparar el ticket.

Otra tendencia clara en la compra de estos años es el auge de las marcas blancas, las marcas de distribuidor, que ganan peso: en 2023 supusieron el 43,4% de la cesta de la compra, frente al 38,3% en 2021, según la consultora Kantar, con lo que los españoles somos los europeos que más compramos marcas blancas, mientras bajan las marcas de fabricantes. Y hay supermercados, los líderes, donde el peso de las marcas blancas (propias) en las ventas es abrumador, como es el caso de Mercadona (74,5% en 2023), Lidl (81,9%), Aldi (69,3%) o Día (56,3%), mientras también crece en otras cadenas donde tienen menos peso, como Carrefour (31,4%), Eroski (28,4%), Alcampo (24,3%) o incluso El Corte Inglés (un 15,2% de las ventas son ya marca blanca ECI). Sin embargo, el empuje de los supermercados regionales se hace con marcas de fabricantes (y frescos).

En las compras de alimentos, limpieza y droguería, la venta online ganó terreno en 2023, pero lentamente, aunque creció en el 23% de las categorías. Y se espera que este canal siga creciendo, sobre todo para ventas de productos no frescos y de mucho peso o volumen, aunque en Mercadona, por ejemplo, los clientes apuestan más por los pedidos a domicilio que las compras online, que prefieren solo algunos clientes más jóvenes.

Cara a 2024, aunque los precios suban menos, los expertos creen que seguirá la “guerra de precios”, en base a promociones, ofertas y formulas de “fidelización” (puntos canjeables). Y la otra batalla de los supermercados serán los frescos, conseguir que el cliente cargue en el carrito frutas, verduras, carnes y pescados no congelados. Es la gran asignatura pendiente que no acaba de aprobar Mercadona (tampoco Alcampo, Lidl, Dia y Aldi) y en la que triunfan muchas cadenas regionales. Pero, a pesar de ofertas, promociones y marcas blancas, la alimentación seguirá con precios altos en 2024 (la subida anual fue el +7,4% en enero, según el INE, más del doble que el IPC general, +3,4%), por las malas cosechas, las subidas de costes en el campo y los altos márgenes a lo largo de la cadena alimentaria (al menos hasta que haya información y multas ejemplares).

Otra consecuencia de los altos precios de los alimentos es el cambio en los hábitos alimenticios de los españoles: comemos menos frutas, verduras, carnes y pescados que antes, porque son los alimentos que más han subido estos años. Y, además, el 63% de las familias consume ahora alimentos de peor calidad, según un estudio de Facua. Se ha reducido la dieta de ternera (-15% en dos años) e incluso de pollo (el 60,7% lo consumen una vez por semana), de frutas y verduras (sólo el 62% de los encuestados las consume 4 de 7 días, frente al 77,7% que lo hacían antes) y de pescado (el 60,9% familias lo consume sólo 1 vez a la semana). Una peor alimentación, por la inflación, que es malo para la salud.

Pero hay más. La alta inflación y los elevados precios de los alimentos ha dañado más a las familias con menos ingresos, las más vulnerables, que han tenido que reducir otros gastos o no pagar recibos para poder comer. Y para poder comer peor. La alta inflación ha provocado que el 9,3% de los españoles llegara a fin de mes con mucha dificultad en 2023 (el 8,7% en 2022), según la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Y que un 6,4% de la población (más de 3 millones de españoles) no hayan podido comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Además, como la inflación ha aumentado la pobreza, hay un 6,9% de niños y adolescentes (556.000 menores de 18 años), que tienen problemas para comer cada 2 días carne, pollo o pescado, según la ONG Educo. No es sólo que los alimentos sean caros, es que muchos españoles se ven obligados a comer peor.

En resumen, parece que lo peor de la inflación ha pasado, pero todavía será cara la comida, en especial los productos frescos, los más necesarios para una dieta sana. Y como reacción, comprar será otro año más una dura tarea, que nos obligará a comparar precios y buscar ofertas y promociones. Y seguiremos comprando más por precio que por calidad o por origen, lo que perjudicará a nuestros agricultores y ganaderos, porque los distribuidores y supermercados buscarán lo más barato, venga de donde venga. Es lo que hay.

Los pisos subirán más en 2024

Si alquilar un piso es difícil y caro, comprarlo se ha vuelto casi imposible, por el alto coste de las hipotecas y porque las viviendas siguen subiendo: +4,7% en 2023, la mayor subida en 6 años. Y con ella, los pisos han subido un +44,5% en los últimos 10 años, más del doble que la inflación y los salarios. Y sus precios rondan los de 2008, antes de la crisis financiera. Los pisos seguirán subiendo en 2024, porque faltan viviendas y se promueven pocas viviendas nuevas, sobre todo en Madrid y Barcelona, por falta de suelo, financiación y demanda que consiga hipoteca. Porque hoy, comprar un piso se lleva el 40% de los ingresos de una familia y más de lo que gana un joven. El Gobierno ha aprobado “un parche”, unos avales para ayudar a 50.000 jóvenes a comprar piso, cuando la mayoría no puede ni comprar ni alquilar. La solución es construir más, entre 150.000 y 200.000 viviendas al año, la mayoría para alquilar.

                   Enrique Ortega

Comprar un piso es cada año más caro y no sólo porque las hipotecas llevan año y medio subiendo, por el alza de los tipos de interés. El precio de compraventa de las viviendas volvió a subir en 2023, un +4,7%, la mayor subida en los últimos 6 años, según la tasadora Gesvalt. La Sociedad de Tasación aumenta la subida hasta el +5,1% anual a finales de 2023, mientras el último dato del INE señala una subida anual de las viviendas del +4,5% en septiembre de 2023, con un aumento menor del precio de la vivienda usada (+3,2%) pero mucho mayor en la compraventa de viviendas nuevas (+11%, la mayor subida en 16 años).

Con esta subida de los pisos del +4,7% en 2023, se han encarecido ya un +44,5% en los últimos 10 años, entre 2014 (cuando empezaron a subir) y 2023 (el INE ya ratificó una subida del +39,8% entre 2014 y 2022). Una subida de los pisos que duplica con creces la inflación en esta década (+21,3%) y la subida de los salarios (+17,6%). Y con esta subida acumulada (+44,5%), los pisos nuevos han recuperado ya el precio que tenían en 2008, antes de la crisis financiera, que provocó un desplome de precios del -41,9% entre 2008 y 2014, según el INE, aunque la vivienda usada es todavía un 20% más barata que en 2008. Unos altos precios que suponen un coste medio de 2.871 euros por metro cuadrado de una vivienda nueva (287.100 euros una casa de 100m2), según la Sociedad de Tasación, aunque hay 3 capitales donde el precio de un piso supera los 4.000 euros/m2: Barcelona (5.156 euros/m2), Madrid (4.385 euros/m2) y San Sebastián (4.283 euros/m2), mientras comprar una vivienda nueva cuesta 1.301 euros/m2 en Ciudad Real o 1.311 en Cáceres.

Lo chocante es que los pisos sigan subiendo cuando la venta de viviendas cayó un -9,7% en 2023, según el INE. El año pasado se vendieron en España 586.913 viviendas, frente a las 650.265 vendidas en 2022, aunque se trató de un año excepcional, que recogió ventas retrasadas de 2021 (tras la pandemia). Por eso, los expertos creen que se trata de una alta cifra de ventas a pesar de la caída (el tercer mejor año de la historia, tras 2022 y el récord de 2007: 775.300 viviendas vendidas), que demuestra una demanda fuerte, a pesar de la subida de tipos de interés (del 0 al 4,5% en año y medio, desde julio de 2012), que ha provocado una caída de las hipotecas solicitadas: se constituyeron 381.560 hipotecas sobre viviendas, un -18% sobre las de 2022. Pero, a pesar de eso, las ventas cayeron menos, en parte porque hay una demanda de vivienda como inversión, que compra al contado, sin hipoteca: la mitad de las casas se compran al contado en España, según los registradores.

Pero la causa básica de que sigan subiendo los pisos (aunque caigan las ventas) es que falta oferta, que hay más demanda que pisos para vender (sobre todo en las ciudades donde más ha crecido la población y los inmigrantes, según CaixaBank Research). En toda España, la oferta de pisos para vender cayó un -8% en 2023, sobre todo porque se hacen pocas viviendas nuevas, según el portal Idealista. Pero el mayor problema se da en grandes ciudades, donde “faltan viviendas para vender”. Así la oferta se recortó en el último año en Palma y Valencia (-17%), Murcia (-15%), Barcelona (-14%), Alicante (-13%), Bilbao (-9%), Málaga (-8%) Madrid (-4%) y Sevilla (-2%). Pero también cayó la oferta en ciudades más pequeñas como Santander y Zamora (-28% oferta último año), Ávila (-26%), Toledo (-22%), Granada (-20%), Ciudad real (-18%) y Oviedo (-16%).

Se ha recortado el mercado de viviendas de 2ª mano, tras 10 años de ventas crecientes, pero sobre todo se hacen menos viviendas nuevas, lo que reduce la oferta disponible. En 2023 se cree que los visados de obra nueva llegaron a 110.000, según CaixaBank Research, lo que supone un mínimo aumento del 1,04% sobre las 108.895 nuevas viviendas “visadas” (autorizadas) en 2022. Son todavía menos que las nuevas viviendas visadas en 2019 (111.140), a pesar de la mayor demanda, y quedan muy lejos de los visados de obra nueva que se dieron en 2008 (264.795) y sobre todo en 2006 (865.561 viviendas nuevas). Pero lo peor es que los visados de nuevas viviendas están cayendo en las grandes capitales, donde hay más demanda de vivienda, según los últimos datos oficiales (enero-octubre 2023): han caído un -75,5% en Barcelona, un -57,6% en Málaga y un -32,1% en Madrid, subiendo un +32% en Zaragoza, un +5,3% en Sevilla, un +1,5% en Valencia y un +2,6% en toda España (con 91.666 viviendas nuevas visadas hasta octubre).

¿Por qué se inician tan pocas viviendas en España, menos de la mitad que en 2008? Hay varias razones que retraen las nuevas promociones: subida de tipos y mayores dificultades para conseguir financiación bancaria e inversores, aumento de los costes de construcción (se dispararon con la pandemia y siguen altos), encarecimiento y falta de suelo, junto a mayores exigencias normativas (en Barcelona, por ejemplo, hay una obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones a viviendas protegidas, lo que retrae y encarece los proyectos). Y en el caso de Madrid, Barcelona y grandes ciudades, no se han actualizado los módulos de precios de las viviendas de VPO, congelados desde 2008 (en Madrid acaban de subir hasta un 56%).Y, además, la nueva Ley de Vivienda, en vigor desde mayo 2023, se considera “intervencionista” por el sector y retrae nuevas promociones.

Todas estas causas que explican las subidas de precios de los últimos años se mantienen ahí (se esperan sólo 115.000 visados de nuevas viviendas en 2024), por lo que los expertos creen que los pisos seguirán subiendo en 2024, por 11º año consecutivo. Y en 2025. De hecho, la vivienda ya ha subido en enero en 38 capitales, un +0,4% según el portal Idealista, mientras la Sociedad de Tasación apuesta por una subida del +4,6% en el primer trimestre, con un precio medio de 2.900 euros/m2. Y otros expertos creen que la vivienda subirá entre un 2 y un 4% este año, subiendo más la vivienda nueva y estancándose (o incluso bajando) la vivienda usada. Y eso porque la demanda podría incluso subir, por la mejora del empleo y los salarios, y porque bajarán los tipos a partir del verano, lo que debería abaratar las hipotecas. De hecho, el Euribor mensual ha bajado del 4,16% máximo en octubre de 2023 al 3,609% en enero, aunque en febrero se ha frenado la bajada (3,649% hasta el viernes).

Otra razón para que sigan subiendo los pisos es que suben mucho los alquileres y eso hace más atractivo comprar que alquilar. Actualmente, comprar una casa de 250.000 euros exige pagar una hipoteca de 200.000 euros (los bancos sólo financian el 80% del precio), que supone hoy pagar una cuota mensual de 1.055 euros. Pero el alquiler medio está en 12,44 euros (enero 2024, según el portal Idealista), 1.116 euros para alquilar un piso de 90 m2 (ojo: 1.872 euros en Barcelona y 1.647 en Madrid). Así que hoy se paga menos cuota por comprar que por alquilar, aunque hay que tener dinero ahorrado (para pagar el 20% que no financia la hipoteca y los gastos e impuestos) y un trabajo e ingresos que permitan conseguir una hipoteca del banco. Pero si se logra, un propietario con hipoteca pagará en 25 años unos 43.000 euros menos del dinero que habría pagado esos años por un alquiler medio, según un estudio de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra .Y encima, los que compraron tienen un patrimonio, mientras los que alquilaron no tienen nada.

Pero, con estos precios de los pisos, el esfuerzo de comprar no está al alcance de la mayoría, porque pagar una hipoteca supone cada vez un mayor esfuerzo. En septiembre de 2023, con los tipos altos, pagar la cuota mensual de una hipoteca media suponía a las familias un 39,2% de sus ingresos, un 10% más que antes de la pandemia y la posterior subida de tipos (29,3% esfuerzo en diciembre 2023), según el Banco de España, quien estima que en 2024, el esfuerzo de pagar una hipoteca superará el 40% de los ingresos de una familia, cuando los expertos consideran que el tope recomendable no debería superar el 30% de los ingresos. Y en el caso de los jóvenes, cuyo salario medio es de 1.005 euros mensuales, el esfuerzo de pagar una hipoteca (de 200.000 euros) es imposible, porque la cuota mensual (1.055 euros) supera todos sus ingresos.

Por eso, la gran mayoría de los jóvenes, sin ahorros y con sueldos bajos, no puede pensar en comprar casa, aunque tampoco en alquilar, lo que les condena a vivir con sus padres (el 83,7% de los menores de 30 años no se emancipa, frente al 68,1% en Europa). Para ayudarles, el Gobierno aprobó el pasado 13 de febrero una linea de avales del ICO, de 2.500 millones, para complementar el 20% de las hipotecas que pidan. Con este aval público, el banco puede conceder una hipoteca por el 100% del valor del piso que se quieran comprar, porque el 20% que antes no financiaban lo avala el Estado. Podrán beneficiarse los jóvenes hasta 35 años y las familias con menores a su cargo, siempre que tengan unos ingresos brutos inferiores a 38.600 euros brutos (solteros), 64.000 euros (familias monoparentales) y 77.200 euros anuales si son 2 personas quienes firman la hipoteca. El Gobierno dice que los avales podrían beneficiar a 50.000 jóvenes y familias. Pero es “un parche”, porque la mayoría de los jóvenes (hay 7,8 millones entre 21 y 35 años) no pueden pagar una hipoteca y menos si la piden por el 100% del valor de la vivienda. Habría que ayudarles más a alquilar: hoy, los 250 euros de ayuda del bono joven de alquiler no funcionan, por la mala gestión de las autonomías.

En definitiva, comprar un piso es algo imposible para los jóvenes y la mayoría de las familias, máxime cuando han subido más del doble que los sueldos. Y los pisos y alquileres seguirán subiendo, a menos que se aplique la única medida que puede frenar las alzas: aumentar la oferta. En España hacen falta entre 150.000 y 200.000 nuevas viviendas cada año y se construyen poco más de 100.000.

Sólo construyendo el doble se puede afrontar la demanda presente y futura. Y para conseguirlo, hace falta un Pacto por la vivienda, que implique al Gobierno central, autonomías, Ayuntamientos y promotores, para acordar entre todos una hoja de ruta que promueva viviendas suficientes para cubrir la demanda y bajar precios y alquileres. Las medidas a tomar están claras: conseguir suelo suficiente y asequible, asegurar financiación para las promociones y precios que cubran costes y beneficios, con una prioridad en construir para alquilar (dos tercios al menos de las nuevas viviendas). Y a partir de ahí, un Plan de ayudas realista para las familias y jóvenes que hoy no consiguen comprar ni alquilar. El problema de la vivienda y sus altos precios tiene enmienda: construir más.

Las exportaciones nos salvan otra vez

Las exportaciones fueron uno de los tres motores del crecimiento de la economía y el empleo en 2023, junto al turismo y al consumo: aportaron un tercio del total (0,8 del 2,5%), después aportar la mitad en 2022. Pero ojo, a pesar de esta ayuda, las exportaciones españolas “pincharon” en 2023: cayeron un -1,4%, después de 40 años creciendo (salvo en 2008, 2009 y 2020). La causa, el estancamiento de Europa, donde vendemos dos tercios de las exportaciones. A cambio, han caído más las importaciones (-7,2%), por las menores compras de gas, y el déficit comercial se redujo a la mitad. Además, como se dispararon las exportaciones de servicios y el turismo, España vuelve a tener superávit con el exterior, por 11º año consecutivo, solventando un problema endémico (déficit de divisas) que hemos padecido desde la postguerra hasta 2012. Ahora, los exportadores piden un Plan de choque, para reanimar las exportaciones y que sigan ayudando al crecimiento y al empleo (sostienen 5,3 millones de empleos). Apóyenlos.

                   Enrique Ortega

España lleva casi 40 años de “tirón exportador”: las ventas al extranjero llevan creciendo, año tras año, desde 1985, al amparo de la entrada de España en la Comunidad Europea (1986), con la excepción de tres años en que cayeron (2008, 2009 y 2020). A raíz de la crisis financiera (2008), las empresas españolas multiplicaron sus esfuerzos para exportar, a la vista de la crisis del mercado interno. Y han conseguido duplicar con creces las exportaciones de bienes, desde 159.859 millones en 2019 a 389.208 millones en 2022, según Comercio. Pero en 2023, las exportaciones han “pinchado” otra vez (como con la crisis financiera y la pandemia), cayendo ligeramente (-1,4%), hasta los 383.688 millones de euros, según los datos publicados esta semana.

La causa de esta ligera bajada es que se han frenado en 2023 las exportaciones españolas de energía (-20,6%), sobre todo de petróleo, carbón y gas, de materias primas (-15,5%), metales, papel y cerámica (-10,8%), productos químicos (-11,1%), electrodomésticos (-16,8%) y ropa (-8,9%), por el estancamiento económico en Europa y la crisis en los precios energéticos tras el tirón de 2021 y 2022. Sin embargo, han aumentado mucho las exportaciones españolas de automóviles (+20,6%), maquinaria y bienes de equipo (+10,1%), y alimentos (+4,6%), sobre todo carnes (+6,4%), frutas y hortalizas (+5,1%). Por zonas, cayeron nuestras exportaciones a Europa (-0,7%), donde van el 74,3% de todas las exportaciones, especialmente a la Unión Europea (-1,6%), y también a Asia (-6,6%) y Oriente Medio (-12,4%) y a África (-5,9%), aunque crecieron nuestras ventas a América (+3,3%) y a Australia (+9,9%).

Las exportaciones españolas han pinchado ligeramente en 2023, pero menos que las exportaciones europeas, que cayeron un -2,5% en 2023, sobre todo las alemanas (-2%), estancándose las italianas (+0%) y creciendo sólo las francesas (+1,7%). Las exportaciones de Reino Unido cayeron más en 2023 (-3,5%) y también las de EE. UU. (-2,2%), creciendo sólo las de Japón (+2,8%) y las de China (0,6%). Esta tendencia en 2023 sigue la de los años anteriores, donde las exportaciones españolas se han comportado mejor que las restantes europeas. Y así, España es el país grande de la UE que más ha aumentado sus exportaciones entre 2019 y 2023, un +32,3%, casi el doble que Alemania (+17,6%) y más que Francia (+20%), Italia (+30,4%), la UE-27 (+27,9%), Reino Unido (+16,4%), EE. UU. (+22,9%) y Japón (+31,1%). Sólo nos ha superado el aumento de las exportaciones de China (+39,7%). Y gracias a ello, España ha ganado cuota en las exportaciones europeas (el 5,9% del total). Y en 2023, han batido récords las exportaciones españolas a Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Marruecos y Turquía, según los datos de Comercio.

España pincha sus exportaciones en 2023, pero menos que la mayoría de Europa y del mundo gracias a una mejora de la competitividad de nuestros productos, sobre todo por dos factores: menos inflación y unos salarios más bajos, además de la mejora de los “engranajes” de la exportación fuera de Europa. Por un lado, la inflación española en 2023 acabó con una subida del +3,3%, inferior a la media de la UE-27 (+3,4%), Alemania (+3,8%) o Francia (+4,1%), siendo sólo menor en Italia (+0,5%), según Eurostat. Y los salarios crecieron menos y son más bajos que en la mayoría de Europa: 17,50 euros por hora en España, un 24% inferiores a la media UE-27 (22,9 euros/hora), un 42% menores que en Alemania (30,3 euros por hora) y por debajo de los sueldos de Francia (27,7), Paises Bajos (30,7%), Bélgica (33,4), Italia (21,2) y sobre todo Dinamarca (41 euros por hora), según Eurostat.

Si bajaron algo las exportaciones en 2023 (-1,4%), han caído más las importaciones (-7,2%), gracias al desplome en las compras de energía (-30,2%), por la caída de las compras y los precios del petróleo, el carbón y sobre todo el gas: nos hemos gastado 27.400 millones menos en importar energía que en 2022 (de ellos, 12.344 millones menos en comprar gas, por la caída de los precios), un ahorro que da para pagar 2 meses las pensiones. Gracias a esta mayor bajada de las importaciones, el déficit comercial se ha reducido drásticamente (-40,5%), de -68.122 millones en 2022 a -40.560 millones en 2023. Y además, España ha mejorado el superávit que tenía con Europa (donde vendemos bienes por 42.185 millones de euros más del valor de los que compramos) y Australia (+927 millones), mientras hemos bajado a la mitad el déficit con América (-12.806 millones), reduciendo también el déficit con Asia (-62.117 millones) y África (-14.418 millones).

Hasta aquí he hablado de las exportaciones e importaciones de bienes. Pero España exporta (e importa) también servicios (no sólo mercancías), servicios de empresas y turísticos. Y en este renglón, las empresas españolas han vuelto a batir otro récord, con un superávit de +56.940 millones de euros (otro récord histórico), gracias a los crecientes ingresos por asesoría, consultoría y ventas en el extranjero de filiales de empresas españolas, más los ingresos por servicios turísticos. Estas dos importantes fuentes de ingresos exteriores, exportaciones de servicios e ingresos turísticos, permiten a España “tapar” con creces el déficit comercial (esos -40.560 millones) y tener superávit con el exterior. Hasta noviembre, era de +36.400 millones de euros, frente a +6.700 un año antes, según el Banco de España.

Este saldo positivo de divisas frente al exterior puede parecer algo técnico, pero es clave, porque nos permite invertir y endeudarnos fuera, además de poder reducir la deuda actual.  En definitiva, tenemos superávit con el exterior, ingresamos más divisas de las que gastamos y eso nos da una mayor autonomía económica como país. Y con 2023, son ya 11 años seguidos de superávit exterior, que conseguimos por primera vez en 2013. Un logro histórico, porque uno de los males endémicos de España ha sido su déficit exterior: lo sufrimos casi todos los años del siglo XX y al inicio del siglo XXI. Un dato concreto: entre 1961 y 2012, España tuvo déficit exterior 45 de esos 52 años… Y eso condicionó la política económica del franquismo y de la democracia: no teníamos divisas suficientes para importar y eso limitaba nuestro crecimiento económico y nos obligaba a endeudarnos fuera.

Lo importante del sector exterior en 2023 no es sólo que las exportaciones sigan fuertes (aunque bajen un 1,4%), que caigan las importaciones de energía, se reduzca el déficit comercial y este agujero lo “tapen” los servicios empresariales y el turismo, asegurando otro año de superávit con el exterior. Lo realmente importante es que las exportaciones y los servicios empresariales y turísticos, “el sector exterior” ha vuelto a salvar el crecimiento y el empleo en 2023: aportó un tercio del crecimiento total de España (0,8% del 2,5% que creció el PIB), tras habernos salvado también en 2022, cuando aportó la mitad del crecimiento (2,9% del 5,8% que creció el PIB). Y aunque restó crecimiento en 2021 (-0,2% del 6,4%), ayudó al crecimiento entre 2019 y 2014. Y antes, en la crisis financiera, la aportación del sector exterior evitó que la economía cayera más (entre 2009 y 2013). Por eso, las exportaciones son clave para la economía y el empleo: sostienen 5,3 millones de empleos (el 25% del total).

Ahora, cara a 2024, todo apunta a que será un año difícil para la exportación y su posible ayuda al crecimiento y al empleo. Por un lado, las empresas creen que mejorarán sus exportaciones a Europa, dado que se espera un mayor crecimiento en el continente (+1,3%, frente al 0,6% en 2023) y que los costes laborales y la inflación crecen moderadamente en España. Y la bajada de tipos mejorará la exportación de servicios empresariales y turísticos. Pero hay una gran incertidumbre, la geopolítica: los conflictos en Ucrania y Palestina pueden frenar el comercio mundial, sobre todo si se agudiza el corte del Canal de Suez, por el que se mueve el 30% del tráfico mundial de contenedores. Si se mantiene el colapso marítimo en el Mar Rojo, España sería el tercer país europeo más afectado, sólo por detrás de Grecia e Italia, según un estudio de UniCredit Research: estaría en riesgo el 10% del comercio exterior de España, sobre todo las exportaciones a Asia y Oriente Medio.

Ante esta incertidumbre y tras el “leve pinchazo” de 2023, el sector exportador pide al Gobierno un Plan de choque, para ayudarles y reanimar las exportaciones españolas en 2024 y 2025, años que serán difíciles. El Club de Exportadores acaba de señalar que les preocupa que las exportaciones “estén perdiendo dinamismo” y proponen acometer con el Gobierno una serie de políticas para afrontar los problemas estructurales que tiene la exportación española. Y citan tres. Uno, la insuficiente diversificación, por paises y productos. Dos, el reducido número de exportadores: sólo hay 44.000 empresas (de casi 3 millones) que exporten regularmente (en el año y durante tres años antes). Y tres, la excesiva concentración en pocas empresas: dos tercios de toda la exportación española la hacen 1.000 empresas.

En toda Europa preocupan las exportaciones, claves para el crecimiento y el empleo y sometidas a la competencia de EE. UU., China y paises emergentes. De hecho, Alemania ya aprobó en septiembre un Plan de choque (32.000 millones de ayudas en 4 años). Algo así piden en España los exportadores, un Plan centrado en abrir nuevos mercados, más gasto en promoción, ayudas fiscales y mayor financiación (pública y privada), tratando de implicar más en la tarea de exportar a las pymes. Pero en paralelo, habría que avanzar en medidas estructurales para corregir a medio plazo los “problemas de fondo” que tienen las exportaciones españolas: están demasiado concentradas en origen (sólo 25.000 empresas exportan más de 50.000 euros al año, las tres cuartas partes de ellas concentradas en Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía) y en destino (el 74,3% de las exportaciones van a Europa y sólo el 7,6% a EE. UU., China y Japón). Y dominan las exportaciones con poco valor: sólo el 6,8% de las exportaciones españolas tienen alta tecnología, frente al 17,7% de las exportaciones europeas, según reconoce el Club de Exportadores.

El gran reto exportador de España es conseguir exportar más de otros productos con más valor y tecnología, a más paises de fuera de Europa y que exporten muchas más empresas de todas las regiones de España. Casi nada. Pero de ello depende en gran medida que seamos un país con más riqueza y empleo, como Alemania, Holanda, Irlanda, Italia, Chequia o Bélgica, los grandes exportadores europeos. No basta con “tirar los sueldos”, intentar ser “la China de Europa”,  para competir en el mundo. Hay que modernizar la economía, mejorar la productividad de las empresas, incorporar la innovación, la tecnología y la calidad a los productos “made in Spain”. Sólo así venderemos más fuera, la clave para ser más ricos y tener más empleo dentro. Por eso hay que “mimar” a las exportaciones. Pero nadie habla de ello. Esto no “vende” noticias ni gana votos. Sigan con la amnistía…

Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

Menos muertos por trabajar (ojo: 2 diarios)

En 2023 se estancaron los accidentes de trabajo (aunque superaron el millón) y bajaron las muertes, en el trabajo y de camino: fueron 721, 105 muertos menos que en 2022 y los mismos que en 2019, con 1,2 millones de trabajadores más. Siguen siendo muchos muertos (2 diarios), más que en Europa. Y los accidentes aumentaron en la mayoría de sectores, aunque bajaron en sanidad y servicios sociales (al no haber casi COVID). Y aumentaron también las enfermedades profesionales, aunque no se contabilizan muchos canceres (1 de cada 3 tienen causa laboral). Por eso, se teme un repunte de la siniestralidad laboral en 2024. Para frenar accidentes y muertes, este lunes se han reunido sindicatos, patronal y Gobierno, que quieren reforzar la protección y los medios para inspeccionar la seguridad y aumentar las condenas en los juzgados por los accidentes mortales (264), algunas con 20 años de retraso. Urge un Plan de choque para frenar estas “muertes silenciosas”. Hay que evitar que el trabajo mate.

                  Enrique Ortega

Un trabajador de 58 años murió este martes en San Fernando de Henares (Madrid) al caerle encima una viga durante la demolición de una nave industrial. Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 721 fallecidos durante 2022, en el trabajo (581) o yendo y viniendo de trabajar (140 muertos “in itinere”), según los datos que acaba de publicar Trabajo. Una cifra que reduce sustancialmente los muertos laborales de 2022 (826), disparada por el repunte de la pandemia y los muertos (21) del naufragio del pequero gallego “Villa de Pitanxo" en Terranova. Y que es similar a la cifra de muertos por accidentes laborales en 2019 (721 también), aunque ahora trabajan 1,2 millones de personas más que antes de la pandemia. Aún así, son muchos más de los 558 muertos laborales de 2013, el mínimo desde antes de la crisis financiera (841 en 2007) y la mitad de las 1.580 muertes en el trabajo producidas en España el año 2.000.

Empecemos por los datos de los accidentes laborales, que prácticamente se estancaron en 2023: hubo 1.194.907 accidentes, un -0,12% que en 2022. Pero algo menos de la mitad (569.996, +0,9%) fueron accidentes sin baja, generalmente leves, por lo que muchos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen cada año). Algo más de la otra mitad fueron accidentes con baja, 624.911 en 2023, casi los mismos que en 2022 (-1,1%), muy lejos de los accidentes con baja que había en plena burbuja inmobiliaria (1.022.067 en 2007) pero similar a la cifra de accidentes con baja que había antes de la pandemia (650.602 en 2019).

El grueso de los accidentes laborales con baja se produjo en el trabajo (539.584, el 86,3% del total y -2,3% respecto a 2022) y el resto fueron accidentes “in itinere” (85.327), accidentes producidos al ir y venir de trabajar, que son los que crecieron en 2023 (+7,3%) y en años anteriores (básicamente por los accidentes de tráfico). La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (casi el 71%), pero curiosamente las mujeres son las que tienen más accidentes con baja “in itinere” (el 56% del total), quizás porque se desplazan más por conciliar el trabajo con los hijos y las tareas del hogar. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados (94,5%) y el resto autónomos (5,5%).

Del total de accidentes laborales con baja, 4.706 fueron accidentes graves, con muertos y heridos de importancia (similar a los 4.714 de 2022). De ellos, 721 fueron accidentes mortales (105 fallecidos menos que en 2022), la mayoría de los muertos hombres (658) y asalariados (649), según Trabajo. Estas muertes laborales se repartieron entre las producidas en el trabajo (581, 98 menos que en 2022) y las producidas “in itinere”, al ir o volver de trabajar (140 muertes, 7 menos que en 2022). Las principales causas de las muertes en el trabajo fueron los infartos y derrames cerebrales (245 de las 581 muertes en jornada), seguida de los accidentes de tráfico (91 muertes), las caídas (91 muertes) y el quedar aplastado o atrapado (87 muertes). En el caso de las muertes “in itinere”, la mayoría (125 de 140) fueron en accidentes de trafico al ir o volver de trabajar.

Las actividades más peligrosas, con más accidentes laborales con baja en 2023, fueron la industria (95.273 accidentes, +3,5%), construcción (83.968, +3%), comercio y la reparación de vehículos (70.726, +4,9%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (55.172, -1,6%), hostelería (53.397 accidentes, +7,6%) y transporte y almacenamiento (39.682, +2,7%), habiendo bajado casi a la mitad los accidentes en sanidad y servicios sociales (42.439 bajas en 2023, -39,4%), por haberse mitigado el COVID, que se consideró un accidente laboral en la sanidad y la atención y disparó los accidentes entre 2020 y 2022. Pero si miramos la siniestralidad relativa, respecto a las personas que trabajan, las actividades más peligrosas son la minería (6,11 accidentes por 100 trabajadores), la construcción (6,08%), el suministro de agua, saneamiento y residuos (5,67%), el campo (4,12%), la hostelería (3,77) y la Administración pública y Defensa (3,53%), frente al 2,17% de media. Y por autonomías, superan la media de accidentes con baja Baleares (4,17%), Navarra (3,75%), La Rioja y Castilla la Mancha (3,45%), Murcia (3,04%), País Vasco (2,94%) o Andalucía y Asturias (2,93%).

Centrándonos en las muertes laborales, la mayoría de los fallecidos son hombres (658 muertos, el 91,2% del total) y trabajadores mayores de 50 años (402 muertos, el 55,2%). Las actividades más letales son los servicios (282 muertos en 2023, -11,9%), especialmente el transporte y almacenamiento (129 muertos), el comercio y la reparación de automóviles (60), las actividades administrativas y servicios auxiliares (56 muertos) y la hostelería (31 muertos), seguidos de la construcción (141 muertos, -12,7%), la industria (96 muertos, -15,8%) y el campo (72 muertos, -11,9%). Y por autonomías, destaca la mortalidad laboral en Andalucía (116 muertes laborales en 2023), Cataluña (107), Comunidad Valenciana (72), Galicia (56) y Castilla y León (51).

Pero si ponemos estas muertes en relación con los que trabajan, las actividades más letales son el campo y la pesca (10,33 muertes por 100.000 trabajadores), la construcción (9,49) y la industria (4,07), muy por encima de la media española (2,92 muertes por cada 100.000 trabajadores). Y por autonomías, las más letales son La Rioja (9,89 muertes por 100.000 trabajadores), Melilla (8,34), Cantabria (4,96), Galicia (4,84, con 6,66 en Lugo), Aragón (4,43, con 9,21 muertes por 100.000 trabajadores en Teruel), Castilla la Mancha, 4,17, con 10,29 en Cuenca), Asturias (4,07) y Castilla y León (4,12, con 10,11 en Soria y 6,24 en León).

Los accidentes y muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja (4 días o más) y 2.982 muertes al año en el trabajo, según Eurostat. España es el tercer país en accidentes laborales con 4 días de baja o más (356.001 en 2021), detrás de Alemania (667.104) y Francia (447.161) y por delante de Italia (203.733), según Eurostat. Pero como tenemos menos trabajadores, ocupamos el 2º lugar europeo en incidencia (2.656 accidentes por 100.000 trabajadores, detrás de Francia (3.364) y por delante de Italia (1.244)  y Alemania(1.858). Y en muertes por accidente laboral, la tasa española (2,49 muertes por cada 100.000 trabajadores en 2021) es superior a la media europea (2,23), aunque nos superan Francia (4,45) e Italia (3,17), mientras Alemania tiene la mitad de tasa de mortalidad laboral (1,08 por 100.000), según Eurostat (2021).

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales, que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y en los últimos años crecen: en 2023 se contabilizaron 25.878 partes de enfermedades profesionales, un +15,5% que en 2022 (22.408), aunque todavía son menos que antes de la pandemia (27.392 en 2019), según Trabajo. Por autonomías, donde más crecieron los partes fue en Cataluña (+57,92%), Cantabria (+46,91%), Canarias (+35,71%) y Madrid (+24,48%). Las causas que provocaron estas enfermedades profesionales fueron los agentes físicos (20.842 partes), los agentes biológicos (1.850), las enfermedades de la piel (1.459), la inhalación de sustancias (945), agentes químicos (688) y sólo 94 partes de enfermedad profesional fueron por cáncer (107 en 2022). Las actividades con más bajas por enfermedad profesional (10.929 en 2023, +13,54%) son la industria (4.023, +7,45%), el comercio y la reparación de vehículos (1.467 bajas, +7,24%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (1.022, +8,49%), la construcción (937 bajas, +12,22%) y la hostelería (917 bajas, +29,15%).

Los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (94 casos en 2023), que en la mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador acaba en los Tribunales. UGT considera que 1 de cada 3 casos de cáncer que se detectan en España podrían estar relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Los trabajos con más riesgo, según detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos. Los sindicatos piden que se eviten muchos casos de cáncer controlando estos trabajos más expuestos y que se flexibilice la normativa, para reconocer muchos casos de cáncer como enfermedad profesional, facilitando luego la reinserción del trabajador curado.

Los sindicatos acaban de valorar positivamente la reducción de muertes por accidente laboral en 2023, pero creen que todavía hay datos preocupantes. Por un lado, el número de accidentes con baja se ha estancado y habría aumentado de no ser por las bajas por COVID, que se han desplomado a la mitad. Y señalan que en la reducción de muertes ha jugado que una parte de la subida de 2022 fue por el naufragio del pesquero gallego. Pero, sobre todo, alertan de que en casi todos los sectores han aumentado las bajas por accidente, sobre todo la industria, la construcción, el comercio, el transporte y la hostelería. Y por eso, temen que la siniestralidad laboral repunte en 2024, mientras recuerdan que es mayor que en el resto de Europa y que 2 muertos diarios es “un dato insoportable”.

Los sindicatos denuncian que muchas empresas no cumplen la Ley de prevención de riesgos laborales y que, con la COVID y la crisis posterior (más la inflación), muchas empresas “han bajado la guardia”, destinando menos recursos y formación a la prevención. Y sobre todo las pymes, las menos preparadas. Y aportan un dato clave: en un tercio de los accidentes laborales producidos en 2022 se detectó que no se había realizado una evaluación de riesgos, como exige la normativa. Además, los sindicatos se quejan de falta de control, porque la Inspección de Trabajo carece de medios para vigilar (tienen un funcionario por cada 15.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 de media en la UE). Y denuncian la falta de medios judiciales para acabar con la impunidad penal ante los accidentes laborales. Baste un dato: en 2022 sólo hubo 432 sentencias judiciales por siniestralidad laboral, 264 condenatorias. Y algunas incluso sobre accidentes de hace 20 años (19 relativas a 2004-2009).

El mayor motivo de esperanza es que España, forzada por la Comisión Europea, ha creado una Mesa tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal), dentro del diálogo social , para atajar los accidentes y muertes laborales, siguiendo el Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021. La primera reunión de la Mesa de prevención de riesgos laborales se celebró el lunes 12 de febrero, con año y medio de retraso, y tanto el Gobierno como las fuerzas sociales han trazado una hoja de ruta para aprobar medidas que reduzcan los accidentes y las muertes en el trabajo. Los sindicatos piden un Plan de choque, que mejore la prevención en las pymes y amplíe los riesgos psicosociales y la problemática ligada con la salud mental y las nuevas tecnologías, dotando de más medios a la Inspección de Trabajo y a los Juzgados, además de reforzar los organismos estatales y autonómicos ligados a la prevención y la salud laboral.

En definitiva, se trata de contar con más medios para vigilar el cumplimiento de las normas de riesgos laborales y castigar con más dureza (multas y penas) a los culpables, porque tanto los sindicatos como los expertos creen que no hacen falta más normas, sino que se cumplan. Y, sobre todo, que las empresas (y los trabajadores) apuesten por la seguridad en el trabajo, no sólo por sentido común sino porque “es rentable”: los accidentes laborales le cuestan cada año a Europa un 3,3% de su PIB, según la UE, entre bajas, gastos médicos e indemnizaciones, lo que supone un coste global de 480.000 millones de euros (a España le cuestan unos 40.000 millones anuales). Y se estima que, por cada euro invertido en seguridad, la empresa obtiene algo más del doble en productividad.

Hay que acabar con esta lacra de los accidentes y muertes por trabajar, 721 muertos “invisibles” de los que no se habla, al contrario que los muertos por tráfico (1.145) o por violencia de género (56). Una factura humana inadmisible y escandalosa, más en el siglo XXI. Hay que alcanzar un gran Pacto social, como país y empresa a empresa, con un solo objetivo: conseguir “muertes cero” en el trabajo. No podemos consentir que el trabajo mate.