Si hay un problema en España que “clama al Cielo” es que haya multitud de dependientes (mayores) que tienen reconocida legalmente una ayuda y no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Así , estaban en “lista de espera” 269.854 dependientes a finales de 2019, 19.817 más que un año antes. Y lo más grave: como muchos son ancianos, 85 de estos dependientes “en espera” se mueren cada día sin que les llegue la ayuda a la que tienen derecho. Una situación que se arrastra desde hace más de una década pero que se agravó en 2019, al no aprobarse un nuevo Presupuesto que incluía más fondos para la Dependencia. Ahora, el Gobierno estudia aumentar estos recursos en los Presupuestos 2020 y las autonomías buscan salir del paso con “trucos” para retrasar las ayudas y aumentar los servicios “low cost” (atender a más con menos). Urge acabar de una vez con estas “listas de espera” de la Dependencia, que son una vergüenza con nuestros mayores.
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| enrique ortega |
En enero, la Ley de Dependencia cumplió 13 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original, agravado después por los recortes del Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró en 2011), y de las autonomías gestionadas por el PP. Un problema continuado de falta de recursos y agravado en 2019, al no aprobarse el Presupuesto preparado por el Gobierno Sánchez, que incluía una partida extra de 830 millones para la Dependencia, perdidos al rechazarse las cuentas y caer el Gobierno. Ahora, la situación es insostenible, a la espera de que el nuevo Gobierno prepare un Presupuesto 2020 con más recursos y consiga aprobarlo.
La Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones y ayudas a los dependientes) ha sido un éxito si contamos los españoles que han solicitado una ayuda porque no pueden valerse por sí mismos: a finales de 2019 eran ya 1.894.744 solicitantes, el 4,03% de la población, según el IMSERSO. Y no paran de crecer año tras año, como corresponde a uno de los paises más envejecidos de Europa. La “presión” de los dependientes es desigual por autonomías, según su demografía. La que tiene más “tensión” es Castilla y León (6,09% de la población ha solicitado ayuda), precisamente la autonomía que mejor gestiona y atiende la Dependencia. Y la que tiene menos “tensión”, menos solicitudes, es Canarias (2,60% de la población solicita ayuda), precisamente la autonomía que peor gestiona y atiende la Dependencia, junto a Cataluña, la Rioja y Andalucía.
La gestión de estas solicitudes de ayuda a la dependencia la hacen las autonomías, que tienen un grave problema de falta de recursos, tras los múltiples recortes aprobados por Rajoy a partir de 2012. De hecho, el Estado central ha recortado su aportación al pago de la Dependencia en 5.000 millones de euros entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así que las autonomías han tenido que hacer frente a un fuerte aumento de las solicitudes con menos recursos del Estado y teniendo que poner ellas más dinero, que no les llegaba. El resultado es que han buscado cómo atender a muchos más dependientes sin tener recursos suficientes. Y lo han intentado con cuatro “trucos”, cuatro maniobras que han sufrido los dependientes y sus familias.
El primer “truco” para paliar la escasez de recursos ha sido retrasar la resolución de los expedientes, “embolsar” las solicitudes, tardar lo más posible en reconocer a los dependientes sus ayudas para retrasar así su pago. Si el plazo legal para resolver las solicitudes de Dependencia es de 180 días, el plazo medio que se tardaba en 2019 eran 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, la mayoría de autonomías tardan mucho más, como Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) o Cataluña (576 días). De hecho, sólo 5 autonomías cumplen el plazo legal: Ceuta (70 días), Melilla (170), País Vasco (137) Navarra (155) y Castilla y León (191 días).
Gracias a este “truco” de retrasar la resolución de los expedientes, cada año hay más expedientes pendientes de resolver, ayudas que se retrasan (y se “ahorran”). Así, los expedientes pendientes de valoración han pasado de 120.213 a finales de 2017 a 159.193 a finales de 2019, el 8,4% de los expedientes totales. Pero además, hay autonomías que lo hacen mucho peor, para “ahorrar” más. El dato más escandaloso es el de Canarias, que tenía un 28,69% de los expedientes pendientes de valoración (más del triple que la media española), seguida de la Comunidad Valenciana (15,81% expedientes pendientes), Murcia (13,58%), Asturias (13,51%), Extremadura (12,71%) y Andalucía (11,95%). Solo tienen menos del 1% de expedientes pendientes Galicia, Madrid, País Vasco y la Rioja, según las estadísticas de 2019 publicadas por el IMSERSO.
Resuelto el expediente, cada autonomía decide el grado de Dependencia del solicitante (Grado I los menos dependientes, Grado II, y Grado III los dependientes severos) o si no le otorgan grado ni por tanto derecho a una ayuda (350.514 solicitudes a finales de 2019). Y así, de los 1.894.744 solicitantes que teníamos en 2019 pasamos a 1.385.037 que legalmente eran beneficiarios de alguna ayuda, según su grado de dependencia. Pero no hay dinero para atender a todos y las autonomías aplican el segundo “truco” o filtro para ahorrar: las “listas de espera”, dejar a una parte de estos beneficiarios pendientes de recibir las ayudas sin un plazo prefijado.
Desde el principio, el sistema de la Dependencia ha tenido “listas de espera”: 213.896 en 2008 (2º año de la Ley), 305.941 esperando en 2011 (el primer “récord”), bajó a 148.002 en 2014, subió a 384.309 en 2015 (récord absoluto, al empezar a recibir ayuda ese año los dependientes de Grado I) y, a partir de ahí, los dependientes en espera bajaron año tras año, hasta 250.037 en 2018. Pero en 2019 aumentaron en 19.817 dependientes más, por primera vez desde 2015, hasta llegar a 269.854 dependientes en lista de espera, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho a ayudas (el 19,48%), según el IMSERSO, debido al aumento de solicitudes y beneficiarios mientras el Estado central estaba sin nuevos Presupuestos (prorrogados los de Montoro de 2018) y las autonomías estaban asfixiadas financieramente por el retraso en transferencias del Estado.
Pero aquí tampoco hay uniformidad entre autonomías, porque hay algunas que gastan más y gestionan mejor, con lo que apenas tienen lista de espera mientras en otras se ha disparado. Así, Castilla y León vuelve a ser la que mejor lo hace, con sólo un 1,50% de sus dependientes (1.593) en lista de espera, junto a Ceuta (1,72%). Le siguen Navarra (5,71% en lista de espera, 5.822 dependientes), Melilla (7,11%), Castilla la Mancha (8,66%, 5.895 dependientes) y Galicia (12,06%, 8.456 dependientes). Los líderes de la lista de espera son Cataluña (31,71% dependientes reconocidos no reciben ayuda: 76.253 dependientes), Canarias (27,88%, 9.040 dependientes), La Rioja (27,34%, 3.116 dependientes), Andalucía (25,11%, 73.871 dependientes), Asturias (21,56%, 5.794 dependientes) y Extremadura (20,3%, 7.206 dependientes), segúnlos datos del IMSERSO.
Pero los “ahorros” en la Dependencia no terminan aquí. Un tercer “truco” de las autonomías para rebajar su gasto es reducir más la lista de espera de los Dependientes moderados (Grado I), cuya atención es más barata, y reducir menos la lista de espera de los Dependientes medianos (Grado II) y graves (Grado III), más caros de atender. Al final, lo importante es “vender” al público que reducen las listas de espera globales. Los datos del IMSERSO son muy explícitos: entre 2015 y 2019, las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I) han caído un -43,2% (de 277.959 a 156.579 a finales 2019), mientras las listas de espera de los dependientes medianos y graves (Grado II y III) han crecido un +6,5% (de 106.323 a 113.275 a finales de 2019). Eso sí, publicitan que las listas de espera globales han bajado un -29.78% (de 384.326 a 269.854). Y los que sufren este “truco” son los dependientes en peor estado y sus familias, que ahora son incluso más esperando.
Y para terminar, el cuarto “truco” de las autonomías para frenar el gasto imparable en la Dependencia: atender a más con lo mismo, gastando menos con prestaciones “low cost”, para que “cunda” más un dinero escaso. Lo primero que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias para que cuiden a sus dependientes en casa (una prestación entre 625 y 833 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 suponían el 45,53% de todas las ayudas a la Dependencia que se daban en España, en 2019 eran sólo el 30,26% de las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (la ayuda más “cara”, ya que aporta el 60% del coste de una residencia pública, unos 600/700 euros mensuales): eran el 14,87% de todas las ayudas en 2011 y suponían el 12,10% en 2019. En cambio, ha subido el peso de las ayudas más baratas, de los servicios “low cost”, como la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,74% en 2019), aunque se han reducido las horas mensuales (a 54 horas para los dependientes Grado III), y la teleasistencia, la ayuda más barata (40 euros al mes) que tienen ya el 17,48% de los dependientes y muchos más en Andalucía (30,6% de las ayudas), Madrid (26,56%), País Vasco (20,93%) y Baleares (20,83%), según el IMSERSO.
Y falta hablar de la última moda en ayudas “low cost” a la dependencia, la “prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias (entre 300 y 833 euros en Madrid) para que financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que es una forma de “privatizar la dependencia”, supone ya el 10,73% de todas las prestaciones, pero hay autonomías donde es la ayuda más utilizada, como en Castilla y León (29,48% dependientes), Extremadura (al 43,98%), o la 2ª más usada, como en Canarias (20,16% dependientes), la Comunidad Valenciana (16,80%) y Aragón (16,36%) o la 3ª más usada, como en Galicia (12,66% dependientes), según los datos del IMSERSO.
Al final, la falta de recursos de las autonomías provoca una atención a la dependencia de baja calidad y con 269.854 dependientes, 1 de cada 5 dependientes reconocidos que no reciben ayuda. Y esto tiene dos consecuencias. La primera y más grave que 31.000 dependientes en lista de espera se murieron en 2019 sin recibir la ayuda, dado que el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años. Eso significa que cada día mueren 85 dependientes con derecho reconocido sin que les llegue la ayuda, según la estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otra manera brutal de “ahorrar”. Pero además, hay otra pésima consecuencia de las listas de espera: las familias tienen que afrontar en solitario el cuidado del dependiente, lo que implica que las mujeres (en un 75% de los casos) tengan que dejar su trabajo o compatibilizarlo con cuidar a su padre, marido o hijo dependiente hasta que reciba ayudas. Y a veces también después, con un pequeño “sueldo”, mientras su Seguridad Social (que dejó de pagar Rajoy en 2012) la paga ahora el Estado, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno Sánchez en marzo de 2019.
El panorama de la Dependencia no puede ser más desolador. Y lo peor es que, a este ritmo, se tardaría 4 años y medio en suprimir las listas de espera, un plazo en el que morirán sin recibir las ayudas otros 120.000 dependientes. Por eso, el sector pide al nuevo Gobierno un Plan de choque, para reducir en un año el 75% de las listas de espera (atender a 200.000 dependientes), lo que costaría 1.300 millones de euros, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para ello, el Gobierno deberá incluir esa cifra en los Presupuestos 2020 y pactarla con los demás partidos, para que salga adelante (difícil).
Pero no basta con acabar con las listas de espera. Hay que aprobar un sistema eficiente de financiación a la dependencia, tras 13 años de escaseces, con 2 cambios claves: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que se ha escaqueado desde los recortes de Rajoy en 2012. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado Central y las autonomías. Lo sucedido es que el Estado ha recortado año tras año su aportación (-5.000 millones entre 2012 y 2019) y así, en 2018, sólo aportó el 16,7% de la financiación (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% del gasto público en dependencia (su parte fueron 6.707 millones). La propuesta del sector (Directores de Servicios Sociales) es que se vuelva al 50%/50% (que el Estado ponga al menos 4.000 millones anuales) y además, aumentar la financiación total a la dependencia: si ahora nos gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que preveía el fallido Presupuesto 2019.Y eso, para reducir las listas de espera y afrontar el aumento de dependientes, que se van a duplicar de aquí a 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida.
Cada vez hay más familias con dependientes y muchas sin medios para atenderlos con dignidad. Tenemos una Ley que les asegura ayudas pero no se han buscado recursos para pagarlas, con lo que hay 85 ancianos dependientes que mueren cada día sin recibir esas ayudas a las que tienen derecho. Es escandaloso. Es urgente arreglarlo y cumplir con estos mayores que han trabajado toda su vida por el país. Tiene que ser una prioridad de todos, al margen de la política y del déficit. Se lo debemos.
