La inflación cambia los hábitos de consumo

La guerra de Ucrania continúa y con ella los precios disparados, sobre todo de la energía (luz y carburantes) y los alimentos, que han subido un +11% el último año, el mayor alza en los últimos 28 años. Es doblemente preocupante, porque los alimentos son el 2º mayor gasto de las familias (tras la vivienda) y porque la subida afecta más a los hogares con menos recursos, que gastan porcentualmente más en alimentación. Por eso, está aumentando la pobreza alimentaria, que alcanza a 6 millones de españoles, con 2 millones recibiendo comida de los bancos de alimentos. Entre tanto, el campo se queja de que ellos no suben los precios, que aumentan por el camino, entre las industrias alimentarias, distribuidores y supermercados. Las familias han cambiado sus hábitos de consumo, recortando la cesta de la compra y buscando promociones y marcas blancas, que han aumentado su cuota. Urge controlar márgenes y precios de los alimentos, para frenar una especulación que aumenta la pobreza.

Enrique Ortega

La inflación en España sigue por las nubes, con una subida anual del +8,7% en mayo, la más alta desde 1986 (+9,3% en octubre). El IPC anual estuvo por debajo del 3% hasta el verano pasado, en que subió al 3,3% en agosto y al 5,4% en octubre, por la mayor demanda tras el paréntesis de la pandemia, los atascos en el comercio mundial y la subida de la energía, cerrando 2021 con una inflación anual del +6,5%. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y los precios se dispararon, hasta un máximo de +9,8% en marzo, que luego ha bajado algo en abril (+8,3%) y mayo (+8,7%). Los “culpables” de esta inflación disparada son, según el INE, los precios de la energía (el gasóleo ha subido un +33,9% el último año, la electricidad un +30,2% y la gasolina un 23,5%) y los alimentos (han subido un +11% el último año, la mayor subida conocida en España desde 1994, cuando empezó a publicarse el IPC).

La subida de los alimentos (+11%) es muy llamativa porque suben casi todos, pero sobre todo hay 14 alimentos básicos cuyo precio ha aumentado más del 10%: aceites y grasas (+44,7%: +36,5% el aceite de oliva y +95,4% otros aceites, sobre todo el de girasol), huevos (+25,3%), mantequilla (+17,6%), leche (+16,5%), cereales (+16,3%), yogures (+14,8%), pollo (+13,6%), pan (+12,6%), cordero (+12,6%), carne de vacuno (+12,3%), café (+11%), pescado fresco (+11,7%) y arroz (+10,2%), según el IPC de mayo.

La subida de estos alimentos es desigual por autonomías, según el INE: han subido más (del 11%) en algunas de las autonomías más pobres, como Melilla (14,5%), Extremadura (+12,9%), Murcia (+12,4%), Castilla y León (+11,9%), Canarias (+11,8%), Castilla la Mancha (+11,7%) y Andalucía (+11,6%), donde el peso de la alimentación es mayor en el gasto que en las autonomías más ricas (en el País Vasco, los alimentos han subido un 4,1%, en Cataluña un 9,3% y en Baleares un 9,5%). Y la subida ha sido también desigual por supermercados: los precios han subido más en las cadenas que eran más baratas y tenían algo más de margen para subirlos (+12,1% en Carrefour y +11,4% en Mercadona), subiendo algo menos en el resto (+9,5% en Eroski, +9,2% en Alcampo, +8,5% en Día, +8,4% en Caprabo y Condis y +7,7% en Hipercor), según un primer sondeo hecho en marzo por la OCU.

¿Por qué han subido tanto los alimentos? Ya estaban subiendo mucho a finales de 2021 (+5% en diciembre de 2021, frente a sólo un +1,1% un año antes), pero ahora su precio se ha duplicado por el impacto de la guerra de Ucrania, que ha recortado drásticamente la oferta de aceite (Ucrania y Rusia producen el 52% del aceite de girasol del mundo) y cereales (ambos paises exportan un tercio de los cereales mundiales), agravando la subida mundial de los alimentos, desatada por una mayor demanda y una menor producción por problemas climáticos y en el comercio mundial. Pero además, la subida de la energía y la guerra han agravado los costes de la energía y el transporte, aumentando los costes de la producción y distribución de alimentos. Y las empresas y supermercados han trasladado estos mayores costes a los precios al consumidor, aprovechando que los alimentos no pueden dejar de comprarse.

En el origen de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos se quejan de que ellos no son los culpables del aumento de precios, porque no han podido subirlos a pesar de que les han subido la energía, los piensos y los fertilizantes. Y los datos les dan la razón. En mayo, apenas cobraban un poco más por la mayoría de alimentos, mientras habían subido mucho más al consumidor, según el IPOD que publica mensualmente COAG. Vemos algunos ejemplos. El aceite de oliva, por el que les pagaban 3,38 euros/kilo (3,24 euros en enero) se cobraba al consumidor a 5,10 euros (+51%). La patata, por la que cobran 0,20 euros kilo (igual que en enero) se vende a 1,31 euros (+555%). La naranja, que ahora les pagan a 0,17 euros kilo (0,14 en enero) nos cuesta al consumidor 1,47 euros (+765%). La ternera la cobran a 4,91 euros el kilo (4,45 en enero) y nos cuesta 17,20 euros (+250%). El cerdo, de 1,57 euros que les pagan por kilo a 6,18 euros que nos cuesta (+294%).Y la leche, de 0,39 euros litro que cobran (0,35 en enero) a 0,80 que nos cuesta (+105%). En conjunto, el IPOD revela que pagamos los productos agrícolas 4,62 veces más caros de lo que cobran los agricultores y las carnes, leche y huevos, 2,79 veces más caros de lo que reciben los ganaderos.

A partir de ahí, los alimentos empiezan a sumar márgenes, desde el transporte, la industria agroalimentaria, la distribución y la venta final en tiendas y supermercados, eslabones que han aprovechado la coyuntura de la guerra de Ucrania y la subida de costes para aumentar los precios, cada uno los suyos. Y en otros casos, la industria agroalimentaria ha utilizado un truco: vender menos producto por el mismo precio (o por más). Lo llaman “reduflación”, una táctica comercial que ya denunció la OCU en abril, con una enorme cantidad de alimentos (ver ejemplos) a los que se ha quitado peso (desde yogures a pasta o botes de Cola-Cao) para venderlos al precio de antes o incluso un poco más caros. Es una manera “camuflada” (y legal) de subir los precios de los alimentos sin que lo notemos.

Esta subida generalizada de los alimentos ha forzado a los consumidores a “cambiar de hábitos” de consumo, según señalan los expertos. Por un lado, las familias han tratado de comprar menos, como revela el dato de que las compras de alimentos con tarjeta han caído un -2,4% entre enero y mayo, según los datos de BBVA Research. Lo que ha hecho la mayoría es ir más veces al Super y comprar menos cada vez, bajando el ticket medio. La otra tendencia ha sido dejar de comprar “caprichos” y centrarse más en los alimentos imprescindibles, buscando más promociones y descuentos: 4 de cada 10 hogares buscan ahora promociones en productos de gran consumo, según la consultora Kantar. Y el tercer cambio de hábitos es apostar más por las marcas blancas.

Precisamente, la inflación disparada ha conseguido que las marcas blancas consigan este año la mayor cuota de mercado de la historia: suponen ya el 43% de las ventas en el primer trimestre de 2022, frente al 38,4% hace un año, el 30,1% en 2010 y el 19,72% en 2002. Y las marcas de fabricantes, que se habían recuperado tras la pandemia (61,6% hace un año), bajan al 57% de las ventas. Eso también tiene que ver con la estrategia comercial: las marcas de fabricantes fueron las primeras en subir sus precios en marzo, mientras las marcas blancas aguantaron más y los subieron después, en abril y mayo, bastante más: un +18% de subida en las marcas blancas este año frente al +10% las marcas de fabricantes.

Esta ganancia de cuota de mercado de las marcas blancas ha permitido que ganen terreno este año los supermercados que se apoyan más en ellas, en especial Mercadona, el súper ganador de esta crisis: tiene ya un 26,3% de cuota de mercado (primer trimestre 2022), un +1,7% que a finales de 2021 (24,6%), gracias a que su marca blanca representa el 72% de sus ventas (68,3% en 2021), según la consultora Kantar. También gana cuota Carrefour (9,8%, un +0,5% que en diciembre), aunque su marca blanca solo supone el 28,4% de sus ventas. Se estancan Lidl (5,5% de cuota), Día (4,6%) y Consum (3,1%) y pierden cuota de mercado Eroski (baja del 4,5 al 4,2%) y Alcampo (baja del 3,2 al 3%).

La elevada subida de los alimentos (+11%) es doblemente preocupante, porque resulta un gasto clave en los hogares y les resulta muy difícil recortarlo. Así, en 2020 (último dato del INE), la alimentación supuso el 16,96% del gasto total de los hogares: 4.578,87 euros al año (381,54 euros al mes de media), sólo por detrás del gasto en vivienda (9.621 euros anuales, el 35,64% del total) y muy por encima de lo que gastan las familias en transportes (2.741 euros, el 10,16% del total) y en hostelería (1.752 euros, el 6,42%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Eso supone que si los alimentos suben un 10% este año, cada familia pagará 460 euros más, de media, al hacer la compra.

La otra razón de que la subida de los alimentos sea muy preocupante es que afecta más a las familias con menos recursos, porque porcentualmente gastan más en su alimentación. Así, los hogares con menos renta (hasta 12.000 euros anuales) gastan un 13% en alimentación, frente al 10% que gastan los que más ganan. Y gastan otro 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a sólo el 5% los que tienen ingresos altos. En total, los productos de primera necesidad, que son los que más suben ahora, suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

Eso está provocando un aumento de la pobreza alimentaria: en España hay 2,5 millones de hogares (el 13,3% del total), más de 6 millones de personas, que no tienen una dieta alimenticia adecuada, en cantidad y calidad,  según un estudio de la Universidad de Barcelona presentado en febrero, antes de la guerra de Ucrania. Y casi la mitad (975.000 hogares) sufren una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que han reducido el consumo de alimentos por falta de recursos. La mayoría son familias de rentas bajas y poco empleo, que han sufrido más la subida de los alimentos, pero el estudio revela que también se ven afectados hogares de clase media, sobre todo donde hay niños y discapacitados. Y el Banco de Alimentos alerta que si cerró 2021 ayudando a alimentarse a 1,5 millones de españoles, este año 2022 espera 450.000 peticiones más de ayuda alimentaria.

Además, la altísima inflación en general, al afectar más a las familias más desfavorecidas, está aumentando la desigualdad y la pobreza en España. Un estudio de la semana pasada, del IERMB, revelaba que la subida del coste de la vida, mayor en algunas regiones y grandes ciudades,  ha aumentado la pobreza un +37% en la Comunidad de Madrid (+434.000 pobres más) y un +35% en Cataluña (+150.000 pobres más). Y también ha subido la pobreza más de un 10% en  Bilbao, Cádiz, Girona, Santander, Sevilla y Vigo.

Ahora, si la guerra de Ucrania continúa, se espera una alta inflación durante todo el verano, por un alto consumo de energía (seguirán caros los carburantes, al aumentar la demanda por las vacaciones) y, sobre todo, por un alto consumo de alimentos, tanto por los españoles como por los extranjeros: si este verano se superan los turistas de 2019 (28,9 millones), será mucha más gente a comprar y consumir alimentos, lo que mantendrá muy altos sus precios (sobre todo, frutas y carnes). Y después, en otoño, los precios seguirán altos, tanto por la menor oferta de energía (Rusia) como por la esperada subida de los alimentos y materias primas: el Banco Mundial cree que subirán hasta 2024.

Así que si la inflación es un grave problema hoy, lo seguirá siendo el resto del año, aunque el Banco de España cree que la inflación actual (8,7%) bajará un poco, al +7,2% de media en todo 2022. Pero como los salarios y las pensiones suben mucho menos, seguiremos perdiendo poder adquisitivo, sobre todo las familias con menos ingresos. Y lo más preocupante son los precios de los alimentos, que seguirán altos hasta el otoño, agobiando a muchas familias. Por eso, urge tomar medidas, en dos frentes. Por un lado, frenar la escalada de subidas, con controles en los márgenes desde el campo al súper: es algo que debía vigilar el Gobierno, a través de Agricultura, Comercio y la Comisión de la Competencia. Por otro lado, hay que volcarse en ayudar a las familias más desfavorecidas, apoyando a las organizaciones que distribuyen alimentos. Y, sobre todo, ampliando el ingreso mínimo vital, que sigue sin funcionar: lo reciben 461.788 hogares (1.176.000 beneficiados), la cuarta parte de los que lo han solicitado y la mitad de lo prometido (llegar a 2 millones de beneficiados).

En resumen, que a todos nos preocupa la inflación, pero no nos afecta a todos por igual. Y es muy preocupante la subida de los alimentos, porque está muy  generalizada y porque ha disparado la pobreza alimentaria, “las colas del hambre”, una vergüenza para todos que hay que atajar con controles en los precios y ayudas eficaces que lleguen a más familias. Porque en el río revuelto de la inflación, unos ganan mucho y otros pierden mucho.

Récord de desahucios (y más en 2013)

Una de cada tres familias tiene una hipoteca y cada mes les cuesta más pagarla: hay más desempleo, más parados que no cobran nada y los que trabajan ganan menos o la inflación se come sus ingresos. Hay ya 420.000 ejecuciones de hipotecas desde 2007 y 210.000 familias han perdido su casa. Este año, los desahucios han batido récords históricos, con más de 500 diarios. Y no parece que el Código de buenas prácticas los esté frenando, porque es muy restrictivo. Los desahucios aumentarán en 2013, porque va a caer el precio de la vivienda y habrá más hipotecados que deban más de lo que vale su casa. Hay que aprovechar la reforma financiera con dinero público para renegociar hipotecas y dar un respiro a las familias, asfixiadas por las deudas. Lo han pedido incluso los jueces, que denuncian los abusos del actual sistema de deshaucios.Si no se corrigen,ademas de ser injusto, no se reanimará el consumo ni la economía.

enrique ortega

La crisis no se frena, con su secuela de más paro y menos ingresos, que además se come la inflación. Con ello, los ingresos de las familias han caído un 7% con la crisis, según el INE, unos 158 euros menos al mes. Y en consecuencia, una de cada cuatro familias retrasa pagos, entre ellos las hipotecas, sobre todo desde mediados de 2011. Y bancos y Cajas les llevan al Juzgado, iniciando expedientes de ejecución: 420.000 entre 2007 y septiembre 2012. Y la mayoría acaba en desahucio: ya son 210.000 familias las que se han visto desalojadas de sus viviendas con la crisis, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y el dato podría ser mucho mayor, ya que este año se han empezado a publicar los desahucios ordenados por los Juzgados de primera instancia en las localidades donde no existen servicios comunes de notificaciones. Y son más que los desahucios de los servicios comunes. Con ello, en la primera mitad de 2012, los desahucios totales serían 94.502 (frente a 37.088 de los servicios comunes), más de 500 al día, lo que está colapsando los Juzgados (según denuncian los jueces).

El dato ha llamado la atención de la ONU, que alerta del daño social causado por las hipotecas. El récord de desahucios va a seguir, porque el proceso de embargo tarda unos dos años y ahora llegan los desalojos por impagos en 2010: faltan los de 2011, 2012 y 2013, ya que no habrá una mejora de la economía hasta 2014. El año que viene será especialmente duro porque al paro, la inflación y el recorte de ingresos se sumará un factor nuevo: la caída de los precios de la vivienda. Primero, porque en enero se quitan las ayudas fiscales a la compra y sube el IVA de la vivienda  del 4 al 10%, lo que hará bajar precios. Y segundo, porque el banco malo lanzará pisos rebajados, forzando a una baja de precios del 40 al 60% (con Bruselas se ha pactado un -52% ) .

Esta bajada de precios de la vivienda es una pésima noticia para los que tienen una hipoteca: su vivienda valdrá menos y su deuda real subirá, por la inflación. Son lo que en EEUU llaman “underwater” (“con el agua al cuello”): 11 millones de familias (el 25% de los hipotecados USA) que deben más al banco de lo que vale su vivienda. En España, se estima que hay 400.000 familias con este grave problema y a medida que bajen los pisos serán más. La mitad, unos 200.000, son los que tienen ahora más papeletas para los desahucios futuros.

En marzo, el Gobierno Rajoy aprobó un Decreto para dar un respiro a los hipotecados, con un Código de buenas prácticas que han firmado voluntariamente 101 bancos y Cajas. Pero, en la práctica, no ha frenado apenas los desahucios y ha fracasado, según un informe de los jueces (CGPJ), por ser muy restrictivo: sólo se pueden acoger a él las familias donde todos sus miembros estén en paro, las hipotecas sin avales y por debajo de 200.000 euros (120.000 en ciudades con menos de 100.000 habitantes) y donde el pago suponga más del 60% de los ingresos familiares. Además, el Código no tiene efectos retroactivos, con lo que no beneficia a los 200.000 expedientes de ejecución hipotecaria pendientes. Los que no cumplan estas condiciones (el 80 % de los hipotecados, según los expertos) no podrán renegociar su hipoteca ni optar a la dación en pago (que el banco se quede con el piso y cancele la deuda). Y se siguen denunciando abusos de bancos y Cajas, que se quedan con los pisos embargados en subasta por el 50% del valor y le exigen al hipotecado  sin casa que les pague el resto de la deuda.

Los propios jueces han denunciado los abusos del actual sistema de desahucios, creado en 1909 y que creen da "una importante ventaja" a la banca sobre el deudor. Una comisión de 7 magistrados del CGPJ propone una bateria de 18 medidas legales para proteger a las familias del desahucio en caso de desgracias familiares, paro, accidentes o enfermedad, facultando al juez para que pueda aplazar pagos, ampliar plazos, reducir tipos o fijar quitas de la deuda. Y defienden en algunas circunstancias la dación en pago (cancelación de la hipoteca con la entrega del piso, como se hace en EEUU y Reino Unido).

Con año y medio más de crisis por delante, los expertos señalan que un 25% de las hipotecas son vulnerables y pueden acabar en impagos (y en desahucios). Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha recogido más de 400.000 firmas para pedir en el Congreso la dación en pago  con efecto retroactivo y que se paralicen los desahucios cuando sea la vivienda habitual y se cambien por un alquiler por cinco años donde paguen el 30% de sus ingresos.

Pero habría que ir más allá: se debería aprovechar la reforma financiera aprobada, con dinero público y de los contribuyentes, para dar un respiro a los hipotecados, sobre todo a los que se han quedado sin trabajo y sin ingresos. Se trataría de renegociar tipos y plazos y hacer quitas de capital, para ayudarles a pagar la hipoteca. Y en vez de dedicar incentivos y recursos públicos al banco malo, para que vendan pisos a precio de saldo (con ganancia de especuladores y “fondos buitres”), se podría incentivar la creación con  los pisos embargados de un parque de viviendas en alquiler, retrasando la salida de estos pisos al mercado a una mejor coyuntura, en la que haya demanda y crédito (ahora, los pisos no se venden ni tirando precios y las hipotecas llevan 28 meses cayendo). El problema es Bruselas y su rescate, que acepten aliviar a los hipotecados. Y se teme que el FROB agilice la ejecución de hipotecas en los bancos nacionalizados (Bankia, NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia).


El mayor problema de la economía española no es el déficit público sino es el altísimo endeudamiento de familias y empresas, que sólo se ha reducido un 2% con la crisis. Dar un alivio de verdad a los hipotecados, suavizando sus pagos a bancos saneados con dinero público, supondría una mejora del consumo  de las familias y un alivio para los bancos, que no quieren ser inmobiliarias. Habría más crédito y más inversión, más crecimiento y más empleo. Asfixiando a los hipotecados no gana nadie. No podemos dejarles en la calle.