La luz dispara su precio porque pagamos de más

En enero, la electricidad duplicó su precio medio de 2016 y subió 18 euros (+29%) el recibo de la luz a 12 millones de consumidores (el resto sufrirán la subida cuando renueven sus contratos anuales “libres”), disparando el IPC al 3%. Se culpa al clima, a la falta de agua y viento (energías más baratas), pero el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado eléctrico, creado por Aznar en 1997, que permite a las eléctricas manipular precios y sacar más beneficio de sus centrales hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas). Además, en el recibo pagamos numerosos costes de más, que deberían no pagarse o cargarse al Presupuesto. Por todo ello, las familias pagan la tercera luz más cara de Europa (sin impuestos). Y las empresas pagan un 28% más que las alemanas. Rajoy pide que "esperemos a que llueva" y no toma medidas, para no enfrentarse a las eléctricas. Urge realizar una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que vale. Y reformar a fondo el sistema eléctrico, para que produzca luz más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de producir la electricidad (35% de la factura), los pagos regulados que aprueba el Gobierno cada año (los “peajes”, el 40% del recibo) y los impuestos que paga la luz (IVA e impuesto eléctrico, el 25% restante). Ahora, la fuerte subida del recibo en enero se debe al primer tramo, al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico, que ha duplicado con creces su precio: si en 2016, el precio medio del kilovatio fue de 38,74 euros, en enero 2017 ha llegado a máximos de 91,88 euros (25 enero), cotizando por encima de 100 euros el kilovatio varias noches. Y ha cerrado enero con un coste medio de 71,49 euros por kilovatio, un 17% más cara que la media de diciembre (61,03 euros kvh). Se trata de la mayor subida de la luz en el mercado eléctrico desde diciembre de 2013, cuando el récord de 93,11 euros por kilovatio (18 diciembre) obligó al Gobierno Rajoy a intervenir en el mercado y cambiar el sistema: en vez de fijar un precio trimestral por subasta, se fijaba el precio diario por horas (24 precios al día) y eso es lo que pagan ahora los consumidores con precio regulado.

Este cambio, de pagar un precio fijado trimestralmente a un precio distinto cada hora, provocó unos enormes altibajos (“volatilidad”) en los precios del mercado eléctrico, donde las eléctricas compran cada día la luz que ellas mismas nos venden al día siguiente. Ahora, en enero, el precio de la electricidad se ha disparado, de 51,09 euros que valía el 1 de enero a casi 100 el 25 de enero, por varias razones. Una, el clima: apenas llueve (los pantanos están al 39% de capacidad frente al 55% hace un año) y tampoco hace viento, con lo que se produce poca electricidad eólica e hidráulica, las más baratas. Y eso obliga a recurrir a las centrales de carbón y gas, dos energías cuyos precios internacionales se han disparado (y más en España el gas, por problemas en las terminales de Argelia y porque nuestro mercado es muy estrecho y los precios del gas duplican a los europeos). Además, Francia lleva desde octubre con 8 centrales nucleares paradas y está importando electricidad de España, haciendo subir los precios. Y para rematar, hemos sufrido una ola de frío en enero que ha aumentado el consumo de luz.

Todo ello explica parte de la subida, pero no el fondo del problema: que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde el 1 de enero de 1998, es un mercado estrecho (“un mercadillo”), donde muy pocas empresas (Iberdrola, Gas Natural y Endesa) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley Eléctrica de 1997. En esencia, cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, si hay poca agua y viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros kilovatio. Y eso es lo que se paga el kilovatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nuclear (22 euros). Un negocio redondo para esas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio del chuletón: los del pollo y cerdo se forraban. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas sólo entre 2005 y 2015 por este injustificable sistema de precios.

Además, este sistema de precios incentiva el fraude. En la anterior gran subida de precios (diciembre 2013), la Comisión de la Competencia (CNMC) detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios en el mercado eléctrico, actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la CNMC en noviembre de 2015. Ahora, en esta subida de enero 2017, varios expertos temen que las eléctricas hayan vuelto a “manipular” el mercado, retrasando la entrada en servicio de las centrales de gas, bien porque no tenían gas almacenado (ahorraban al no invertir en stocks) o porque el gas había duplicado precios. Y al final, las centrales de gas han entrado en funcionamiento, marcando como referencia su elevadísimo precio, lo que beneficia a las eléctricas con centrales hidroeléctricas y nucleares.


Si ha pasado esto (la CNMC y la Fiscalía del Estado están investigando, pero es difícil de probar), resulta doblemente fraudulento, porque las eléctricas cobran por tener sus centrales de gas y carbón disponibles (por si falla la lluvia o el viento). En los últimos tres años (2014-2016), los consumidores hemos pagado en nuestro recibo 2.880 millones de euros como “pagos por capacidad” a las eléctricas, por tener “disponibles” sus centrales de ciclo combinado (gas y carbón). Y parece que muchas no lo están ni tienen combustible, aunque las eléctricas cobran por ellas. Y lo peor: nadie lo controla.

Bueno, por acabar con esta primera parte del recibo (35%), lo que pagamos por el coste de la electricidad  generada, la fuerte subida de enero no afecta a todos los consumidores, sólo a las familias que tienen contratada una tarifa “regulada” (llamada PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor), que son 11,9 millones de españoles. A ellos es a quien les ha subido 18,32 euros extras (un 26%) el recibo de enero sobre el de enero de 2016, según el cálculo de la CNMC para una familia con 2 hijos y consumo medio (250 kW al mes). Y eso ha disparado el IPC de enero, que subió al 3% anual (1,6% en diciembre). En el resto de Europa, también ha subido mucho la luz en el mercado eléctrico, pero no ha provocado titulares ni les preocupa tanto porque estos precios no se trasladan automáticamente al recibo, algo que sólo pasa en España , gracias al nuevo sistema de precios regulados (PVPC) que el Gobierno Rajoy introdujo en abril de 2014, tras las fuertes subidas de diciembre de 2013.


Pero el resto de españoles, los 13,9 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” no se librarán de la subida: cuando renueven su contrato (son anuales), les van a subir el importe (“tarifa plana”), argumentándoles que la luz ha subido. En los dos últimos años, estos consumidores han dejado los contratos de precio regulado (PVPC) y se han pasado al mercado “libre” , presionados por las eléctricas, que les decían que así pagaban menos. Pero no es verdad: según la CNMC, las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las del mercado regulado, básicamente porque al ser un precio por todo un año, no se quieren “pillar” con precios bajos. Ahora, con la fuerte subida de enero, las eléctricas tratarán aún más de desviar clientes con precio regulado a clientes con precios "libres", argumentando que así se libran de los “saltos de precios”. Pero no es verdad: antes o después, las eléctricas tendrán que repercutir las subidas en sus clientes “libres”.

Vayamos a la segunda parte del recibo (el 40%), la que paga los costes regulados por el Gobierno cada año (los llamados “peajes”, congelados para 2017), algo inaudito en Europa: en los demás paises, estos "peajes" los fija un organismo independiente del Gobierno, tipo la Comisión de la Competencia española). Aquí, todos los consumidores (“regulados” y “libres”) pagamos los mismos conceptos, costes la mayoría no justificados y que encarecen otra vez nuestro recibo. Pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96 % del recibo, que se lo lleva un monopolio, la empresa pública Red Eléctrica) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables, pero por los que pagamos de más, según varios expertos. Otros 6.403 millones los pagamos para ayudar a las renovables (17,22% del recibo), ayudas que se han recortado mucho. Y 2.838 millones para amortizar la deuda acumulada con las eléctricas (30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo. Nos cobran 155 millones (0,41% del recibo) para compensar a las eléctricas del “parón” nuclear. Pagamos 740 millones por compensar a Endesa del mayor coste de producir luz para las islas (4,2% del recibo). Otros 725 millones (4,15% del recibo) son para que las eléctricas tengan “disponibles” sus centrales de carbón y gas (paradas la mayoría casi todo el año) y 525 millones más (3% del recibo) se los pagamos a grandes empresas (Arcelor Mittal, Alcoa, Asturiana de Zinc…, aunque el Gobierno no quiere dar la lista de beneficiadas) para “compensarles” porque las eléctricas puedan cambiarles o cortales el suministro de luz si hace falta (cosa que no ha pasado nunca). Estos dos pagos (por “capacidad” e “interrumpibilidad”) están bajo vigilancia de la Comisión Europea porque creen que son “subvenciones encubiertas” a eléctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, esta segunda parte del recibo (recordemos, el 40%) es un “cajón de sastre” donde los Gobiernos llevan años añadiendo costes, en vez de cargar algunos al Presupuesto y otros suprimirlos, porque no se justifican y sólo sirven para engordar los beneficios de las eléctricas (5.794 millones en 2016 las tres grandes). El último coste nuevo, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. También saldrá de nuestro bolsillo.


Como también pagaremos este año el bono social, ese descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables (2,4 millones entre parados, jubilados, familias numerosas y clientes con menos de 3 kilovatios contratados) que cuesta 250 millones anuales. Zapatero pactó en 2009 con las eléctricas que el coste del bono social lo pagaban ellas, pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó en 2012 a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló a su favor en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2014 y octubre de 2016 (503 millones que pagaremos con nuestros recibos). Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un decreto Ley (23 diciembre 2016), con apoyo del PSOE (ha pasado del “no es no” al “sí, claro que sí”), para reformar el bono social y que su coste lo paguen “las comercializadoras de energía”, ligadas a las eléctricas. Pero estas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea que lo pagaremos nosotros. Y si alguien pretende lo contrario, irán a los Tribunales, ganarán otra y vez y lo pagaremos antes o después.

Así que, con todos estos costes, no debe extrañarnos que la luz sea tan cara. Y más porque muchos tienen contratada más luz de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee.  Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente “potencia” del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), con lo que ahora pesa mucho en el recibo la potencia contratada (es una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas estos años de bajo consumo) y podemos pagar casi tanto por potencia como por consumo (o más algunos meses). Miren su recibo.

Al final, entre tanto “extracoste” a cargo del recibo, el precio de la luz se ha disparado y ha subido en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Los consumidores domésticos pagamos la 5ª luz más cara de Europa. Pero si descontamos los impuestos (más bajos en España, un 21% de media frente al 33% en Europa, el 52% en Alemania o el 69% de Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz (sin impuestos) más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Reino Unido (dos islas), según datos de Eurostat (2015). Y ahora (noviembre 2016), con datos del Ministerio de Energía, los consumidores españoles pagamos la luz (0,172 euros/kwh) un 30% más cara que la zona euro (0,132 €/kwh), un 23,7% más cara que los alemanes (0,139 €/kwh) y un 56,3% más cara que los franceses (0,110 €/kwh). Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kwh, un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kwh) y un 30,3% más que las francesas (0,066). Es un gran “hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan las empresas (muy inferior al europeo).

En definitiva: tenemos un sistema eléctrico “de locos” y un recibo al que todo el mundo carga costes, con permiso del Gobierno de turno. Rajoy pide que "esperemos a la lluvia" y el nuevo ministro de Energía afronta el problema con “ocurrencias”, como ampliar el mercado del gas, para que entren más operadores y bajen los precios. Vale, pero tardará tiempo en surtir efecto y será mínimo. La CNMC investiga, como la Fiscalía del Estado (sin medios ambos), pero sabe que es muy difícil probar los fraudes y que luego sus sanciones se las echan atrás los Tribunales (la Audiencia Nacional suspendió en marzo de 2016 la ejecución de la multa de 25 millones a Iberdrola por el supuesto fraude de 2013). Lo eficaz sería poner en marcha una auditoría de costes del sistema eléctrico (como acaba de pedir en el Congreso toda la oposición), para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta producirla, sin los “regalos” que hoy costeamos. Y después, modificar a fondo el sistema de generación eléctrica, para que sea más eficiente, más barato y más limpio (menos carbón y gas y más renovables, porque España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015). De las 10 instalaciones que más emiten CO2 en España, 9 son centrales térmicas de Endesa(2), Gas Natural Fenosa(2), Hidroeléctrica(2) y Viesgo (EON).

La reforma a fondo del sector eléctrico es una de las grandes tareas pendientes desde la transición. Aznar dio “prebendas” a las eléctricas a cambio de que ayudaran a bajar precios para entrar en el euro. Y luego, ni Zapatero ni Rajoy se han atrevido a desmontar el sistema, que asegura elevados beneficios y dividendos (+25% entre 2014 y 2017) a las eléctricas, un “oligopolio” con gran poder económico, mediático y político (32 ex-políticos del PP, PSOE, CiU y PNV están sentados en los Consejos de Administración de las eléctricas). Es hora de “desmontarles el sistema”, porque es ineficiente, muy costoso y lo pagan los españoles más vulnerables, con un recibo que no para de subir y que es más elevado que el de los demás europeos. Pero ojo, si mañana cambia el clima o abren las nucleares francesas y los precios ya no son noticia, no bajen la guardia, porque el problema sigue ahí: estamos pagando costes de más, una luz más cara de lo que debía costarnos. No lo permitan. Luz y taquígrafos.

Luz: tarifas más "libres" y más caras

En octubre subió la luz, por sexto mes consecutivo, y seguirá subiendo, cerrando 2016 con un aumento del 5 %, tras subir un 10% la pasada Legislatura. El nuevo Gobierno intentará congelar en 2017 la parte regulada (la mitad del recibo), pero lo tiene difícil porque hay muchos costes pendientes de cargar, como compensaciones a renovables o el bono social. La otra mitad del recibo (coste de la luz) subirá por la meteorología, las compras de Francia (tiene nucleares cerradas) y el aumento de márgenes a la distribución. Además, las eléctricas nos cargarán 2 euros extras de refacturación. Mientras, ya hay más usuarios del mercado “libre” (eléctricas fijan tarifas) que del "protegido". Y pagamos la tercera luz más cara de Europa sin impuestos. Y la más sucia: España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015. Esto pasa porque pagamos costes de más con el recibo. Urge hacer una auditoría de costes y poner orden en el mercado eléctrico, para que la luz sea más barata y más limpia.
 

enrique ortega

Este año 2016, el Gobierno Rajoy (en funciones) decidió no subir la parte regulada de la luz (los “peajes”, la mitad del recibo). Pero poco pudo hacer para impedir que subiera la otra mitad del recibo, la que tiene que ver con los precios que alcanza la electricidad en el mercado eléctrico diario y donde cuenta mucho la meteorología, el tiempo que hace. En los cuatro primeros meses, con mucha lluvia y viento, el precio de la electricidad bajó un 20,6%. Pero en mayo cambió el tiempo: más calor, sequía y poco viento, con lo que se ha generado menos electricidad en las centrales hidroeléctricas y los molinos eólicos, la más barata. Y con ello, la luz ha subido 6 meses consecutivos, un 21,2% entre mayo y octubre. Y los contratos de futuros apuntan a nuevas subidas en noviembre y quizás diciembre, con lo que el año 2016 se podría cerrar con una subida del recibo de la luz del 5%, para una familia con dos hijos que tenga una potencia instalada de 4,4 kW y consuma 3.900 kilovatios. En la pasada Legislatura (2012-2015), el recibo de la luz subió una media del 9,88%.

Ahora, el nuevo Gobierno Rajoy trabaja ya en congelar de nuevo en 2017 la parte regulada del recibo de la luz (los “peajes”, la mitad de la factura). Pero lo tiene bastante difícil, porque hay una serie de costes que están esperando para ser cargados en el recibo del año que viene. El primero, la compensación a las renovables, por haberles pagado (entre 2013 y 2016) unos precios estimados más bajos de los que les correspondía (para intentar así bajar la luz). Eso supone que habrá que pagarles 525 millones en 20 años, unos 25 millones al año (empezando por 2017). Además, los peajes han de recoger también la compensación a las centrales de cogeneración que funcionan con “purines” (defecación de los cerdos), que ganaron un recurso al Supremo por el que hay que pagarles más por su electricidad: la nueva retribución supone pagarles 200 millones más en 2017, con nuestro recibo. Y el tercer concepto a pagar será el bono social, 200 millones anuales que antes pagaban las eléctricas y que ahora tendremos que pagar los consumidores en el recibo de la luz.

La “historia” de este bono social es como para enfadarse mucho. Lo pactó el ministro Sebastián (PSOE) con las eléctricas en 2009: a cambio de no exigirles 1.000 millones de euros que habían cobrado de más (por derechos de emisión de CO2 duplicados), acordaron que las eléctricas se harían cargo del bono social, un descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables. Pero fue un acuerdo “verbal” y a los pocos meses, Iberdrola se saltó el “pacto” y recurrió el pago del bono social al Supremo. En 2012, una primera sentencia estableció que el criterio de reparto (sólo entre las 5 grandes eléctricas) era “discriminatorio” y obligó a devolverles el dinero pagado por el bono entre 2009 y 2012 (dinero que cobraron a costa de cargárnoslo en el recibo). En noviembre de 2014, Industria reformó el pago del bono, repartiendo su pago entre todas las empresas que vendían electricidad (unas 20), pero siguió cargándoles el bono (a pesar de la sentencia), como una manera de “ganar tiempo” y evitar subir la luz a corto plazo (2015 era “año electoral”). Las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo ha vuelto a fallar a su favor (en octubre de 2016), con lo que hay que volver a indemnizar a las eléctricas y devolverles lo pagado en 2014, 2015 y diez primeros meses de 2016, más intereses. En total, 503,21 millones de euros, que saldrán ahora de nuestros recibos.

Y además, cara a 2017 y años siguientes, habrá que buscar una fórmula para pagar el bono social, que cuesta 200 millones al año y que saldrán de nuestro recibo, con cargo a los “peajes”, en lugar de pagarse con cargo a los Presupuestos, como una ayuda social más. Entre tanto, muchos expertos critican el bono social, porque lo consideran injusto. Hay 2.414.000 consumidores (mayo 2016) que se benefician de esta rebaja del 25%: son los jubilados con pensiones mínimas, familias con todos sus miembros en paro, los clientes con menos de 3kw de potencia y las familias numerosas, al margen de lo que ganen. Por eso, se estima que dos tercios de los beneficiarios de este bono social no debían disfrutarlo y sin embargo hay dos tercios de familias con problemas para pagar la luz que no tienen derecho al bono. Así que habría que reformarlo a fondo, además de ver cómo se paga.

Estos tres costes extras van a encarecer los peajes para 2017 (la mitad del recibo). Pero también hay motivos para que suba el año que viene la otra mitad del recibo, la que está ligada al precio de la electricidad en el mercado eléctrico. Por un lado, el Gobierno tiene que cumplir otra sentencia del Supremo y subir el margen que se paga a las eléctricas por comercializar la luz: se les estaba pagando 4 euros anuales por kW contratado y la Comisión de la Competencia (CNMC) lo ha fijado en 5,24 euros tras la sentencia. Eso supondrá una subida extra de la luz del 1 al 2% en 2017, además de una refacturación de todos los recibos desde abril de 2014. El Gobierno Rajoy en funciones la había parado, pero ahora tendrá que permitir que las eléctricas nos hagan una subida extra de unos 2 euros por cliente en 2017 para cumplir esa sentencia del Supremo (además de cobrarnos más por comercializar la luz en el futuro). Otro factor que hará subir el precio de la luz en el mercado eléctrico serán las compras de electricidad de Francia, que hasta ahora nos vendía (exportaba) luz: ahora ha empezado a comprárnosla, tirando hacia arriba de los precios, porque va a parar 21 de sus 58 centrales nucleares (ya desde octubre), para revisar un posible fallo en las vasijas de sus generadores de vapor. Un tercer motivo para que suba la luz es que está subiendo el precio del petróleo y con él el precio del fuel y el gas que utilizan las centrales térmicas para generar electricidad. Y luego, habrá que ver qué hace la meteorología: si en 2017 sigue “el tiempo loco” (hace calor, llueve poco y hay poco viento), la luz será más cara.

Un  problema adicional es que la mayoría de los consumidores ya no disfruta de precios protegidos, los denominados PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor), que pagan por la electricidad el precio que se fija (cada día y cada hora) en el mercado eléctrico. Antes, la mayoría disfrutaba de estos precios “protegidos” y “transparentes”, pero en los dos últimos años, las eléctricas han hecho campañas para desviar estos clientes hacia el mercado “libre”, donde las tarifas las fijan las eléctricas “libremente”, estableciendo tarifas anuales o tarifas planas que normalmente incluyen otros costes (por mantenimiento) y cláusulas de revisión en caso de superar determinados consumos. El resultado es que en junio de 2016, 13.648.696 consumidores de electricidad están en el mercado “libre” (sometidos a las tarifas que les apliquen las eléctricas) y 12.076.194 clientes están en el mercado “protegido” (sometidos al precio que tenga la luz cada día en el mercado). Así que cuando decimos que la luz sube en los últimos 6 meses, la estadística sólo afecta al mercado “protegido”. El resto de usuarios, más de la mitad de los consumidores, no sabemos si pagan más o menos por la luz con tarifa "libre" (pero mucho nos tememos que si las eléctricas gastan millones en publicidad para que nos cambiemos a las tarifas "libres", no es precisamente para que ellos cobren menos...).

Pero los consumidores sí lo saben y por eso un 20,9% se declara poco o nada satisfecho con el servicio de la electricidad, según la última encuesta de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y el principal motivo que alegan es que la luz “es cara”. De hecho, la luz en España ha subido un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y actualmente, los consumidores domésticos pagan la 5ª luz más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia): 0,237 euros por kWh, un 12,3% más que la media de la UE (0,211 euros por kWh). Pero si descontamos los impuestos, que en España son de los más bajos de Europa (un 21% frente al 33% de media en la UE o el 52% en Alemania y el 69% en Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz más cara de Europa (0,184 euros por kWh), sólo por detrás de Reino Unido e Irlanda (dos islas, donde producir luz siempre es más caro) y un 30,5% más cara que Europa (0,141 euros por kWh la UE-28), según los últimos datos de Eurostat (2015). Y en el caso de las industrias, también pagan la tercera luz más cara sin impuestos (0,092 euros por kWh), un 16,4% más cara que la media UE-28 (0,079 euros por kWh), según Eurostat.

¿Por qué pagamos la luz más cara que en Europa?  Básicamente, porque pagamos costes de más, por tres caminos. El primero, contratando más potencia de luz de la que necesitamos: seguimos con el miedo a que “nos salte el automático” y un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan, según un estudio de Mirubee. Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho la parte de potencia del recibo (el +92% a los consumidores domésticos y el +145% a los industriales), con lo que ahora pagamos más por la potencia contratada que por la luz que consumimos (es una forma de "garantizarles ingresos" a las eléctricas, al margen de que suba o no el consumo de electricidad). Y si no, mire su recibo: en el último mío (septiembre 2016), pago 38,54 euros por potencia y 24,35 euros por  la energía consumida…

El segundo camino por el que pagamos costes de más es el sistema de precios que rige en el mercado eléctrico desde 1997 (Ley eléctrica de Aznar) y que afecta a casi la mitad del recibo (un 37,48% del precio de la luz, otro 41,14% son los “peajes” regulados por el Gobierno y el 21,38% restante del recibo son impuestos, según la CNMC). El sistema establece un precio medio para las distintas centrales que no cubre todos los costes de las renovables (más baratas pero con más gastos fijos) ni de las térmicas de fuel y gas, pero que paga en exceso los costes (fijos y variables) de las centrales hidroeléctricas y nucleares. O sea: pagamos de más el kilovatio hidráulico y nuclear y de menos el renovable y térmico. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de ternera: los del pollo y cerdo se forraban. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas entre 2005 y 2015 por este sistema de precios, que prima a las centrales hidráulicas y nucleares, ya amortizadas.

Pero hay más extracostes. El tercer camino para pagarlos es la parte regulada del recibo (el 41,14% de los “peajes”), esos costes que el Gobierno carga al recibo cada año. Una parte pueden estar “justificados”, como el pago al transporte de la luz (2,96% del recibo) o a la distribución (10,04%), pero no otros extra costes que nos cargan: compensaciones a las renovables (17,22% del recibo, para compensarles por no pagarles la luz por los costes que tienen), compensación a las eléctricas por el mayor coste luz en Baleares y Canarias (4,14% del recibo), amortización de la deuda eléctrica acumulada (más de 30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo), pago del bono social (0,41%), pago por interrumpibilidad (0,94% para grandes industrias, por “compensarles” ante posibles cortes de suministro que nunca han sufrido), moratoria nuclear (0,89% del recibo por el “parón nuclear” de Felipe González) y otros gastos (1,60%), como la compensación a las centrales térmicas por estar disponibles. Como se ve, un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido sumando costes que pagamos en el recibo en lugar de cargarlos al Presupuesto (la mayoría) o suprimirlos.

Ya sabemos los tres caminos por los que pagamos costes de más y las razones de que paguemos la tercera luz más cara de Europa. Ahora, lo que debería hacer el nuevo Gobierno es lo que los expertos llevan dos décadas pidiendo: una auditoría de costes, para saber lo que cuesta de verdad producir electricidad y pagar cada kilowatio por lo que vale. Y lo que sean costes “externos”, como compensar a las islas o el bono social, pagarlo con impuestos, no en el recibo. Claro que eso supone recortar los ingresos de las eléctricas, un sector muy poderoso, con gran poder político y mediático, que además utiliza al Supremo para aumentar sus ingresos. De hecho, ni González ni ZP se atrevieron a clarificar sus cuentas y menos Aznar y Rajoy, que han aumentado sus ingresos y beneficios (5.009 millones de euros en 2015 sólo las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Gas Natural y Endesa).

Es hora de clarificar las cuentas y afrontar la transición eléctrica pendiente. Urge imponer esta auditoría de costes y reducir la factura de la luz, además de hacerla más limpia. Porque crece la luz generada con carbón, fuel y gas, lo que ha provocado que España sea de los pocos paises donde han crecido las emisiones de CO2, un 0,5 % en 2014 y un 3,2% en 2015, mientras bajan en Europa (-4,1% en 2015). Hay que bajar el coste de la luz, porque pagamos de más y porque hay 5 millones de hogares con problemas para calentar sus hogares y pagar el recibo de la luz, según el estudio de ACA. Y porque nuestras empresas tienen más difícil competir y crear empleo al tener que pagar más caro el recibo de la luz. Y porque además de cara, la luz es sucia y destroza el medio ambiente. Gobierno y oposición deben poner orden en el mercado eléctrico, uno de nuestros grandes retos como país. Pacten soluciones, con luz y taquígrafos.

La luz ha bajado pero vuelve a subir

El clima (las lluvias y el viento) ha ayudado a que paguemos menos por la luz hasta mayo, en que subió, como también en junio. Este verano seguirá subiendo, porque con el calor habrá menos energía hidráulica y eólica, las más baratas. Además, el Supremo ha autorizado que las eléctricas carguen una subida extra de 2 euros por recibo, en agosto o septiembre, por revisión del margen de comercialización desde 2014. Con todo, la luz, que ha bajado un 9,8% en el primer semestre, podría acabar 2016 bajando sólo la mitad,  tras subir un 10% la pasada Legislatura. España es el 5º país con la electricidad más cara de Europa, duplicando el precio de los 28. Y eso porque pagamos costes de más a las eléctricas, que multiplican sus beneficios. Además, tenemos la luz más sucia del continente, mucha generada con carbón y gas. Urge que el futuro Parlamento apruebe una auditoría de costes para que paguemos la luz por lo que vale y que sea más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El precio de la luz cambia cada día (y cada hora) y tiene mucho que ver con el clima. Por eso, al haber llovido bastante y hecho mucho viento en los primeros meses de 2016, la electricidad bajó entre enero y abril, un 19,5%, ayudada también por la decisión electoralista de Rajoy de bajar la luz en enero (un -0,7% la parte regulada), tras haberla bajado (también por las anteriores elecciones del 20-D) en agosto (-2,2%).  En mayo, la luz volvió a subir un 0,7%, por el calor y porque las eléctricas pararon por recarga dos centrales nucleares (Trillo y Ascó II), sustituyendo su producción con centrales de carbón y gas, que producen luz más cara. Y en junio ha subido otro 9%, con lo que el recibo medio (4 kW de potencia y 210 kWh de consumo mensual) habrá bajado un 9,8% el primer semestre, según la Comisión de la Competencia (CNMC).

Ahora, en el segundo semestre, se espera que la luz siga subiendo, sobre todo durante el verano, por la menor producción hidroeléctrica (los embalses están llenos, pero no se puede soltar agua ante riesgos de sequía por un verano que se anuncia muy caluroso) y eólica (menos viento), lo que aumentará la generación de electricidad con carbón, gas y fuel, más caros. Y además, en agosto o septiembre, las eléctricas nos harán una subida extra, de unos 2 euros por recibo, que afectará a los 13 millones de usuarios con tarifa regulada (PVCP). Un recargo consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo, que dio la razón en 2015 a una demanda de las eléctricas porque el pago por comercialización de la luz (fijado en 2009) no cubría los costes (sólo el 60%) y había que subirlo. La CNMC hizo los estudios pertinentes y decidió que el nuevo margen debía subir de 4 a 5,24 euros anuales (mínimo). Y el Gobierno Rajoy ha aprobado este nuevo margen, con dos efectos, dos subidas. Una, que las eléctricas pueden refacturar la luz de todos los usuarios con tarifa regulada desde abril de 2014, lo que supone un recargo extra de 26 millones de euros a pagar por los usuarios. Y además, ya para el futuro, las eléctricas nos cargarán este nuevo margen anual de 5,24 euros por la comercialización de la luz.

Con todo ello, el recibo de la luz subirá en la segunda mitad de 2016, después de haber bajado un 9,8% en el primer semestre, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y podría cerrar el año 2016 con una bajada media del 5%, la primera desde 2013. En la pasada Legislatura de Rajoy (2012-2015), el recibo de la luz subió, para una familia media, un 9,88%: subió un 7,47% en 2012, bajó un 1,97% en 2013 y un 0,23% en 2013 y volvió a subir un 4,61% en 2014. La asociación de consumidores Facua ha hecho un muestreo de recibos y aumenta esta subida en la pasada Legislatura hasta el 16,2%, lo que supondría a las familias haber pagado 500 euros más de luz los pasados cuatro años.

Sea mayor o menor la subida, el hecho es que España tiene un precio de la luz que es el 5º más caro de Europa, sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia, según los últimos datos de Eurostat (2º semestre 2015): 23,7 euros por 100 kWh frente a 21,1 euros en la UE-28 (un 12,3% menos) y 22,1 euros en los paises euro (un 7,2% menos). Y mucho más cara la luz que en Francia (16,8 euros por 100 kWh) o Reino Unido (21,8 euros). Si se mide el precio en función del poder de compra en cada país, España sale perdiendo más en la comparativa: el precio real se convierte en 26,5 euros por 100 kWh, frente a 21,1 euros en la UE-28 y 21,6 euros en la zona euro. Y nos coloca como el 3º país con la luz más cara en poder de compra, empatados con Rumanía y sólo por detrás de Portugal y Alemania. Y eso porque aquí pagamos menos impuestos con la luz: un 21% del recibo frente al 33% de media en Europa y un 38% en la zona euro. Eso quiere decir que si los españoles pagáramos los mismos impuestos que el resto de europeos, la luz sería todavía un 12% más cara.

Estos mayores precios son frutos de años de subidas de la luz, sobre todo durante la crisis. Así, los precios de la electricidad en España han subido un 52% entre 2008 y 2014, 81 euros por Mwh, el doble de lo que subió en el resto de Europa (+ 42 euros/Mwh). Una factura que muchas familias españolas, en paro o con sueldos muy bajos, no pueden pagar, lo que ha elevado un 70% la pobreza energética desde 2011: ahora hay 5.155.901 españoles (el 11,1% de la población) con problemas para pagar el recibo de la luz, según el INE. Son 2,1 millones más de “pobres energéticos” de los que había cuando Rajoy llegó a la Moncloa en 2011. Y con ello, a más de medio millón de familias se les cortó la luz en 2015 por impago de los recibos (sólo con datos de Iberdrola y Endesa). Además, se ha recortado el bono social, el descuento del 25% en el recibo a jubilados, parados y familias numerosas, que ahora sólo disfrutan 2.445.000 familias cuando lo tenían más de 3 millones en 2010.

¿Por qué pagamos la luz más cara que en el resto de Europa? Básicamente, porque pagamos costes de más, por tres caminos. El primero, contratando más potencia de luz de la que necesitamos. Los españoles seguimos con el viejo temor a que “nos salte el automático”, a quedarnos sin luz, y preferimos contratar más potencia de la que necesitamos. Antes no era muy costoso, pero desde 2013, con la “reforma” eléctrica aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho, en 2013 y 2014, la parte de potencia contratada del recibo (el 92% a los consumidores domésticos y 145% a los industriales). Y así, ahora, pagamos más por la potencia contratada que por la luz que consumimos. Y si no, mire su último recibo de la luz: en el mío, he pagado 34,75 euros por potencia contratada y 32,74 euros por energía consumida. La cuestión es que un 20% de los españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan, según un estudio de Mirubee. Y eso supone que 3,6 millones de hogares tienen un contrato de luz inadecuado y están pagando potencia de más, una media de 52,82 euros extras por familia que engrosan los beneficios de las eléctricas.

Pero hay más. El mayor extracoste que pagamos con el recibo procede del sistema de precios que fijó en su día Aznar (Ley eléctrica 1997) y que no se han atrevido a desmantelar ni ZP ni Rajoy. En esencia, consiste en pagar un sobreprecio a los kilovatios que producen las centrales hidroeléctricas y nucleares (en buena parte amortizadas), así como otros recargos en el recibo para ayudar a las centrales de carbón y gas (cuando sobra potencia instalada) y a los grandes consumidores (empresas cementeras, aluminio, siderurgia…). También pagamos extracostes para ayudar a las renovables, al carbón nacional, al transporte y la distribución de electricidad, por el parón nuclear y para pagar la deuda eléctrica, extracostes que en parte debían pagar los Presupuestos. Según un estudio de Jorge Fabra, hemos pagado 28.000 millones de euros de más en los últimos 10 años. Y así seguimos.

Pero hay una tercera vía de pagos “extras”: el fraude, las “trampas” que los expertos achacan a las eléctricas, aunque muchas no se pueden demostrar. Se trata de ir cerrando y abriendo centrales (nucleares, hidráulicas, de carbón, fuel o gas) según cambien los precios en el mercado, no buscando generar la luz más barata sino sus mayores beneficios (por menos costes). Un comportamiento que ya provocó, en noviembre de 2015, una multa de 25 millones de euros de la CNMC a Iberdrola, por “considerar probada la manipulación de precios en 2013”: Iberdrola “cerró el grifo” de sus centrales hidroeléctricas para subir artificialmente el precio de la energía hidroeléctrica y con ello forzar al suministro de electricidad nuclear, de carbón y gas, con las que obtuvo más margen, según considera probado el expediente de la CNMC. Y esto es algo que no sólo se hace en España: Iberdrola se enfrenta ahora en EEUU a una multa de 330 millones de euros por presunta manipulación del precio de la luz: el organismo regulador FERC acusa a la filial USA de Iberdrola de alterar la cotización de precios en el mercado mayorista de la electricidad  y provocar que los consumidores de California pagaran entre 2 y 3 veces más cara la luz de lo que debían.

Además de pagar la luz más cara de lo que realmente cuesta producirla, pagamos una luz más sucia. España es, con Malta, Chipre e Islandia, uno de los 4 únicos paises europeos que aumentó sus emisiones de CO2 en 2014, un 0,5%, cuando Europa las bajaba (-4,1% la UE-28). Y una parte de la “culpa” (junto a los coches, los transportes y las grandes empresas contaminantes) la tienen las eléctricas, que han aprovechado la caída internacional de precios para aumentar la producción de luz con carbón, fuel y gas natural, lo que más contamina. Así, en 2015, el consumo de carbón creció un 24% y el de gas natural para electricidad un 18,8%. Y el carbón , la energía que emite más CO2, se convirtió en la segunda fuente de producción de electricidad (20,3% del total), por detrás de la nuclear (21,8%) y por delante de la energía eólica (19%), la segunda fuente en 2014. Y las centrales de ciclo combinado (gas y fuel) generaban el 10,1% de la electricidad, casi tanto como las centrales hidroeléctricas (11%) y muy por delante de la luz de origen solar (5,1%). Este año 2016, ha bajado algo el peso del carbón, en beneficio de la energía eólica (19,7%), pero aún es la tercera fuente y generó el 17,2% de la electricidad en los últimos 12 meses, según Red Eléctrica.

Ante este panorama, es normal que un 26% de los usuarios de la luz se declaren poco o nada satisfechos, según el panel de hogares de la CNMC. Y eso que casi  la mitad de los usuarios (46,6%) reconocen que no entienden el recibo de la luz e incluso no saben qué tarifa tienen (el 45,4%). En los últimos años, las eléctricas nos han bombardeado con ofertas y "tarifas planas", para atraer a más usuarios al “mercado libre”, que se llama así porque las eléctricas fijan “libremente” las tarifas, mientras los demás usuarios tienen tarifas reguladas, que modifica el Gobierno una o varias veces al año. Actualmente, el “bombardeo publicitario” ha provocado que ya sean más los españoles con tarifas “libres” (12.900.000) que los que pagan un recibo con tarifas reguladas o PVCP (12.750.000 usuarios). En general, hay que pensarse mucho cambiar a una tarifa “libre”, porque muchas ofertas son engañosas, con letra pequeña, y “tarifas planas” que penalizan mucho luego los excesos de consumo.

En cualquier caso, seamos consumidores con tarifas libres o reguladas, lo que debemos tener claro es que pagamos una luz muy cara (un 12,3% más que en Europa los particulares y hasta un 20% más las empresas). Y que eso pasa, fundamentalmente, porque pagamos costes de más, que multiplican los beneficios de las eléctricas españolas, más rentables que las del resto de Europa. Y además, una luz “más sucia”, que contamina más. Por eso, el futuro Parlamento debería tener como prioridad ajustar el precio de la luz, encargando una auditoría de costes que refleje lo que debería costar la luz con un beneficio razonable. Y, en paralelo, apoyar las energías renovables, penalizadas con el Gobierno de Rajoy, porque no es de recibo que Alemania o Reino Unido tengan más energía solar que España.

Se puede y se debe bajar el recibo de la luz, para ponerla a un precio “europeo”. Basta con pagarla por lo que realmente cuesta y producirla de forma más eficiente, sin tantas centrales de carbón, fuel y gas, que sobran (hay exceso de capacidad)  y además contaminan. Pero eso exige que el Parlamento y el futuro Gobierno se enfrenten al  oligopolio eléctrico, con un enorme poder económico, político y mediático. Hay que hacer la transición energética, empezando por el sector eléctrico, que sigue con el poder que tenía en el franquismo. Y lo pagamos cada mes en el recibo. Y en el aire. Luz y taquígrafos.