Más pluriempleo (récord)

España tiene más gente que nunca trabajando (22,3 millones), pero también más gente pluriempleada, que trabaja en más de un sitio: son 611.600 personas, que trabajan unas 13 horas semanales en un 2º empleo, sobre todo en los servicios. Y la cifra real podría ser mayor, hasta 889.526 pluriempleados, según los datos de doble afiliación a la Seguridad Social. Es un dato récord, aunque la tasa de pluriempleo (el 2,5%) es de las más bajas de Europa (4,1% de media y hasta el 8,4% en Paises Bajos). Los sindicatos están preocupados por el aumento del pluriempleo, porque se concentra en sectores con contratos precarios y bajos sueldos, con jornadas a tiempo parcial, que buscan complementar sus ingresos para llegar a fin de mes: es el caso de limpiadoras, empleadas de hogar, cuidadoras y trabajadores de la hostelería y el comercio. Y está aumentando el pluriempleo de los asalariados que se hacen autónomos. Hay que diferenciar el pluriempleo voluntario y el forzado, ligado en muchos casos a la economía sumergida. Falta transparencia.

               Limpieza, empleadas hogar, cuidados, hostelería y comercio concentran mucho pluriempleo

En la EPA del primer trimestre de 2026 figura el dato de los trabajadores que reconocen trabajar en más de una empresa: son 611.600 trabajadores, el 2,7% de los ocupados, un récord histórico. El pluriempleo suele crecer cuando lo hace el empleo, por lo que alcanzó los 545.700 pluriempleados en 2007 (2,6%), en plena burbuja económica, para caer a partir de la crisis financiera y marcar un mínimo en 2012 (330.500 pluriempleados, el 2,1%). A partir de ahí, la cifra ha ido subiendo, hasta 442.400 en 2019 (2,5%) y 559.800 en 2025 (2,6%), hasta los 611.600 de marzo 2026 (el 2,7%), un 38% más que antes de la pandemia.

Los pluriempleados realizan una jornada media en su 2º trabajo (o en el 2º y 3º) de 13 horas semanales, siendo más en el sector de contenidos (20,2 horas), telecomunicaciones (17,2 horas) y hostelería (14,5 horas), según la EPA. La mayoría de los pluriempleados son hombres (316.500), aunque crecen más las mujeres (295.000 pluriempleadas). Y están más pluriempleados los jóvenes, sobre todo entre 16 y 24 años, aunque también entre 25 y 34 años. Por sectores, los que más tienen un 2º empleo son los trabajadores de los servicios (555.000 pluriempleados), destacando una serie de trabajos: limpieza, empleadas de hogar, cuidadoras, empleados de comercio, trabajadores de hostelería y turismo y transportes. Les siguen, de lejos, los pluriempleados en el campo (27.100), la industria (17.600) y la construcción (11.400).

Un dato llamativo es el repunte de pluriempleados que son asalariados y se hacen autónomos para realizar su segundo trabajo: la tasa de pluriempleo en actividades como autónomos (208.300, el 3,5%) ha crecido un 36% desde 2019, mientras el pluriempleo de los asalariados que realizan su 2º trabajo como asalariados (399.000, el 2,61%) ha crecido la mitad, un 16%. Todo indica que este aumento se debe a trabajadores con bajos sueldos (o jornadas parciales) que se hacen autónomos para realizar un 2º trabajo, sin dejar el primero.

Aunque el pluriempleo ha crecido en España tras la pandemia, todavía tenemos un porcentaje de pluriempleados mucho más bajo que en Europa, donde hay más tradición de pluriempleo, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio de Adecco, en Europa hay 8,8 millones de trabajadores pluriempleados, un 4,1% de los ocupados, según Eurostat. Los paises con más tasa de pluriempleo son Dinamarca (10,8%), Paises Bajos (8,4%) y Noruega (8,3%), seguidos de Finlandia (6,9%), Suecia (6,4%), Portugal (5,5%), Francia (5,4%, 1.326.000 pluriempleados), Alemania (5,3%, 2.055.000 pluriempleados), con sólo un 0,8% (178.300) en Italia. En general, el pluriempleo en Europa es mayor en los paises con los salarios más altos y el paro más bajo, aumentando más entre personas con más nivel educativo, características muy diferentes al pluriempleo en España (concentrado en los trabajadores más precarios).

Algunos expertos achacan esta menor tasa de pluriempleo en España a que muchos trabajadores no reconocen que tienen otro trabajo cuando les pregunta el INE para elaborar la EPA. Y creen que la cifra real de pluriempleados es mayor, porque algunos están “en la economía sumergida”, tienen otro trabajo no declarado. De hecho, los datos de afiliación a la Seguridad Social aportan una cifra mayor de pluriempleados, de trabajadores que cotizan por las horas que hacen en otra empresa. Así, los “afiliados en pluriactividad” eran 889.526 trabajadores en 2025, el 4,1% del total de afiliados, otro récord histórico, también con una fuerte subida desde 2008 (575.128 afiliados en pluriactividad”, el 2,8%) y desde 2019 (730.269 afiliados con pluriempleo, el 3,8%). En muchos casos, las empresas utilizan a trabajadores empleados en otros sitios para cubrir bajas laborales y otro tipo de ausencias. Precisamente, los sectores con más trabajadores “afiliados en pluriactividad” son la educación (12% del total de pluriempleados), las actividades sanitarias (10,8%), los servicios auxiliares (10,7%), la hostelería y el comercio (9,4% de los trabajadores pluriempleados), las 5 ramas que concentran más de la mitad de los “afiliados en pluriactividad”.

Aunque estos datos de afiliación a la Seguridad Social ya suben la cifra de pluriempleados (a 889.526 trabajadores, el 4,1% de los afiliados), otras encuestas elevan mucho más la cifra de pluriempleados. Un estudio de InfoJobs revela que el 85% de los trabajadores sólo trabaja en una empresa, pero que un 8% ha sido pluriempleado hace menos de un año aunque ahora no lo sea y otro 7% de los trabajadores sí es pluriempleado ahora. Y otros estudios revelan que el 40% de los que tienen 2 trabajos lo hacen porque ingresan entre 1.000 y 1500 euros al mes. Y en muchos casos (sobre todo mujeres) porque tienen trabajos a tiempo parcial (por horas o por días) que les deja tiempo para buscarse un 2º empleo, necesario para llegar a fin de mes.

Los sindicatos muestran su preocupación por el ascenso del desempleo, porque creen que refleja la precariedad de una parte del mercado laboral, sobre todo mujeres y jóvenes que tienen jornadas reducidas y bajos salarios, lo que les obliga a buscar un 2º empleo (o incluso un 3º) para complementar sus ingresos y atender sus gastos. Una necesidad que se agrava ahora, por la fuerte subida de los alquileres y muchos precios.

Por esto, los sindicatos alertan que el pluriempleo en España no es signo de unos trabajadores que quieren  “flexibilizar” su trabajo o compatibilizarlo con estudios o hijos, como en la Europa más rica, sino una salida desesperada para los trabajadores más pobres. Así, en España, el pluriempleo está fuertemente asociado a la precariedad: el 30% de las personas en situación de pobreza laboral tienen más de un empleo, según Intermón Oxfam. Y además, el pluriempleo “forzado” daña la salud (física y mental) de los trabajadores y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar. Además, a los sindicatos les preocupa que una parte de este pluriempleo forzado sea “irregular”, forme parte de la economía sumergida, por lo que solicitan realizar Planes de vigilancia a la inspección de Trabajo.

En resumen, que vuelve a crecer el pluriempleo, no tanto como el que hacían nuestros padres en los años 60 y 70 pero más que en los buenos años de la burbuja inmobiliaria. Lo malo es que trabajar en más de un sitio no es para la mayoría una opción laboral sino una elección forzada porque con su trabajo habitual no llegan a fin de mes y necesitan trabajar en otro sitio para conseguir unos ingresos decentes. Por eso, los sindicatos reiteran que el pluriempleo es la otra cara de la precariedad laboral y los bajos salarios, del abuso de empresas que utilizan a pluriempleados para cubrir huecos y ausencias, muchas veces sin cotizar por ellos. Y piden que el crecimiento y la mejora de la economía (y de los beneficios empresariales) se traduzca en más empleos únicos de calidad. Ojo al pluriempleo.

Pactada una reforma laboral imprescindible

Mañana, 31 de diciembre, entra en vigor la nueva reforma laboral, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, algo sin precedentes en la historia reciente. No deroga la reforma laboral impuesta por Rajoy en 2012, pero incluye cambios de fondo en la contratación y la negociación colectiva, permitiendo nuevos ERTEs en futuras crisis. Es un acuerdo de mínimos, presionado por la Comisión Europea, pero también una reforma imprescindible, porque permite acabar con la dualidad del mercado laboral (26% temporales y 74% fijos) y abre el camino a que la mayoría de los futuros contratos sean fijos, lo que favorecerá a los jóvenes y las mujeres. Y da prioridad a los convenios sectoriales, que suelen incluir mejores salarios. Ahora, la reforma laboral debe ser convalidada en el Congreso, en un mes, y los partidos nacionalistas quieren incluir cambios, que no aceptaría la patronal. Así que la reforma está todavía en el aire. Y la necesitamos para que la recuperación económica se traduzca en empleos de calidad.

Enrique Ortega

La reforma laboral ha sido un parto difícil, tras 9 meses de negociaciones a tres bandas (Gobierno, sindicatos y patronal), primero mensuales, luego semanales y al final diarias. Los sindicatos y Podemos empezaron hablando de “derogar” la reforma laboral de Rajoy, luego se pasó a “suprimir los aspectos más lesivos” y finalmente se buscó cambiar lo más urgente, presionados por la Comisión Europea, a la que se había prometido una reforma laboral antes de fin de año. Se ha buscado “un acuerdo de mínimos”, que reformara lo imprescindible: la contratación y la negociación de los convenios. Y al final, todos han cedido en sus posiciones máximas de partida. Los sindicatos porque la reforma supone un avance y la patronal porque temían que si no pactaba, el Gobierno aprobaría una reforma peor para ellos (como ha pasado con la reforma de las pensiones).

Lo más importante de esta reforma laboral es que tiene el apoyo de sindicatos y patronal, lo que facilita su cumplimiento. Un pacto entre Gobierno y fuerzas sociales que nunca se había dado antes en las 52 reformas laborales hechas en la democracia. La primera gran reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores de 1980, fue aprobado por el Gobierno de UCD con el apoyo de la patronal CEOE y UGT, pero con el rechazo de CCOO. En octubre de 1984, el gobierno de Felipe González introdujo los contratos temporales y una mayor flexibilidad laboral, con el apoyo de la patronal y UGT. En 1992, el “decretazo” de Solchaga volvió a favorecer la temporalidad y recortó el desempleo, provocando una huelga general el 28 de mayo. En 1994, el ministro Griñán aprobó en solitario otra reforma laboral (facilitando el despido y las ETTs), que desató la huelga general del 27 de enero. En mayo de 1997, Aznar aprobó otra reforma, asumiendo parte de lo pactado por las fuerzas sociales, pero con un alcance mucho menor a los cambios de 1980, 1984 y 1994. En marzo de 2001, el Gobierno del PP impone por decreto otra reforma laboral (ampliando contratos de fomento del empleo), con oposición sindical. En 2006, el Gobierno Zapatero limita el encadenamiento de contratos por decreto ley, con participación limitada de las fuerzas sociales. Y su reforma laboral de junio de 2010 (impuesta por Europa), abaratando el despido, provoca una huelga general en otoño. Así hasta febrero de 2012, en que el Gobierno Rajoy aprueba en solitario una reforma laboral (ver blog de entonces)  que abarata el despido, facilita el recorte de plantillas y la devaluación de salarios, provocando, en marzo,  la 6ª huelga general de la democracia.

Como puede verse, España lleva más de 40 años buscando una normativa laboral que afronte nuestro mayor problema económico: tenemos menos gente trabajando que el resto de Europa (1.800.000 menos de la media UE-27) y más del doble de paro (14,5% frente al 6,7% en la UE-27). Y, sobre todo, tenemos un mercado de trabajo “dual”, con dos tipos de empleados: los que tienen un trabajo fijo (74%) y un trabajo temporal (el 26%), por meses, semanas o días (un tercio, contratos de menos de una semana). Un porcentaje de temporales que casi duplica la media europea (14,1% en la UE-27) y muy superior al de Portugal (17,3%), Italia (17,1%), Francia (15,8%) o Alemania (11,2%), según Eurostat. Es el fruto de décadas en que la mayoría del empleo creado ha sido  temporal: así fueron el 89% de los contratos hechos entre enero y noviembre de 2021. Esto implica una gran precariedad para los nuevos trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, y nos hace muy vulnerables como país: cuando llega una crisis, los primeros que pierden su empleo son los trabajadores temporales. Ha pasado ahora con la pandemia y pasó entre 2008 y 2014.

Por eso, acabar con la enorme temporalidad del empleo en España es el gran objetivo de esta reforma laboral y la gran asignatura pendiente que nos pide aprobar Bruselas, a cambio de los Fondos europeos. La primera pata de esta reforma laboral de 2021, la más importante, son todos los cambios pactados en la contratación. El gran acuerdo es que, a partir de ahora, los contratos normales serán los contratos fijos y los contratos temporales serán la excepción. Sólo se permiten 2 modalidades de contratos temporales: por circunstancias de la producción o formativos. El primer tipo de contrato temporal se permitirá cuando haya circunstancias “ocasionales e imprevisibles” en una empresa que exijan contratar temporalmente más trabajadores. Sólo se podrán hacer por 6 meses, ampliables por convenio hasta un año (ahora se podían concatenar hasta 4 años). Y también se permiten para sustituir a un trabajador de baja. Y hay un tercer supuesto: contratos temporales ocasionales por picos de producción, para campañas como Navidad o rebajas, pero sólo por un máximo de 90 días en el año natural para cada puesto. El segundo tipo de contrato temporal que se permite será para formación: a jóvenes de hasta 30 años, durante los 3 meses siguientes al fin de sus estudios, por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años.

La reforma aprobada incluye una serie de “cautelas” y medidas para evitar que estas “excepciones” se conviertan en habituales. La primera, que las personas que sean contratadas incumpliendo estos requisitos durante 18 meses. en dos años serán fijas. Que los contratos temporales ocasionales tendrán un recargo en la cotización de la Seguridad Social (+26 euros) si se da de baja al trabajador antes de un mes. Que las empresas tendrán que informar a los representantes de los trabajadores, en el último trimestre de cada año, del porcentaje de temporales a contratar previstos para el año siguiente. Y sobre todo, que se aumentan las multas de la inspección de Trabajo, hasta 10.000 euros por cada trabajador ilegalmente contratado como temporal (ahora la multa era hasta 8.000 euros por empresa).

Se cierra la puerta a los contratos temporales como norma y se apuesta por el contrato fijo discontinuo para las actividades que tienen naturaleza estacional, como el turismo, la hostelería, algunas actividades agrícolas o las conserveras. Aquí, las empresas harán cada año una estimación de fechas y contratos, que entregarán a los representantes de los trabajadores. Y así, un empleado de un hotel, un recogedor de fruta o una empleada en una conservera serán trabajadores fijos pero sólo tendrán trabajo unos meses al año, un trabajo fijo de temporada, cada año. Y mientras esperan para volver a trabajar, cobrarán el desempleo. Ahora, la mayoría tienen un trabajo temporal y luego son despedidos. A partir de esta reforma, se quiere generalizar el contrato de fijo discontinuo, que sólo tienen hoy 404.354 trabajadores. Se busca que sean más, con su contrato indefinido y su paro. Y una indemnización en caso de despido como la del resto de trabajadores con contrato indefinido (entre 20 y 33 días por año), muy superior a la que tenían como temporales (12 días por año).

Otra excepción se dará en la construcción, donde desaparece el contrato temporal por obra y servicio (muy habitual) y se sustituye por un nuevo contrato indefinido por obra: al terminar la obra, la empresa está obligada a recolocarle en otra obra y formarle si fuera necesario para ese puesto, permitiendo su despido sólo en caso de que el trabajador lo rechace o no resulte adecuado para otras obras o exista un exceso de personal cualificado. Y en estos casos, se sustituye la actual indemnización (12 días) por el 7% de los conceptos salariales.

Otro cambio importante acordado trata de las subcontratas, de las que han abusado estos años las empresas para reducir costes, para contar con empleados “de fuera” peor pagados (las “kellys” o camareras de piso en los hoteles). Ahora, con la reforma, las subcontratas tendrán que aplicar el convenio de la actividad realizada (si es de limpieza, el convenio sectorial de limpieza), no el de la empresa subcontratista.

La 2ª pata de esta reforma laboral se refiere a la negociación de los convenios colectivos. Por un lado, vuelve la ultractividad (el periodo que sigue vigente un convenio caducado mientras se negocia su renovación), ahora sin límite (la reforma de Rajoy permitía la vigencia de los convenios caducados sólo durante un año), con lo que los convenios caducados estarán en vigor (y con ellos, sus subidas salariales y las condiciones de trabajo) mientras no se negocie otro. El otro cambio es muy relevante: tendrán “prevalencia” (prioridad) los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa en cuestiones salariales, no en el resto de cuestiones laborales (horarios, fijación de jornada, organización del trabajo), donde tendrá prioridad el convenio de empresa.

En general, los convenios sectoriales incluyen mejores salarios que muchos de empresa y los sindicatos los negocian, mientras no pueden hacerlo en todas las empresas. Sin embargo, la patronal ha salvado en esta reforma la primacía de los convenios de empresa para todo lo que no sean salarios, con lo que los empresarios mantienen su poder en la fijación de las condiciones de trabajo. No se toca ni el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores  (que permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo a unos pocos trabajadores o a un colectivo acotado), ni el artículo 40 (que permite la movilidad geográfica) ni el artículo 83.2 (que permite la inaplicación del convenio en algunas circunstancias). Y no se tocan tampoco las indemnizaciones por despido (que la reforma de Rajoy bajó de 45 a 33 días o a 20 para el despido procedente) ni los salarios de tramitación.

La 3ª pata de esta reforma laboral se refiere al futuro, a mantener el mecanismo de los ERTEs (que han evitando millones de despidos durante la pandemia) con un nuevo sistema de ajuste laboral, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo, que permitirá tener “aparcados” trabajadores sin despedirlos y con ayudas públicas (cotizaciones y desempleo), como se ha hecho con los ERTEs. Existirán dos modalidades: la cíclica (por 1 año), cuando se aprecie una negativa coyuntura económica general (otra crisis) y la sectorial (1 año, con 2 posibles prórrogas de 6 meses cada una), para actividades y sectores donde se aprecien procesos de cambios permanentes que exijan recualificación de sus trabajadores. En ambos casos, la decisión de aprobar el Mecanismo RED es del Gobierno y las empresas deben solicitar su inclusión en el sistema, incluyendo la reducción de jornada que soliciten, la suspensión de contratos que planteen y los planes de recualificación.

Cuando el Gobierno apruebe un Mecanismo RED, para toda la economía o para un sector, los trabajadores afectados cobrarán un subsidio (como ahora con los ERTEs) y las empresas beneficiadas disfrutarán de exenciones en las cotizaciones a la SS, del 20% (si la empresa da formación) al 90% si es “por fuerza mayor”. Y no podrán despedir a los trabajadores afectados por este mecanismo durante un tiempo (como ahora con los ERTEs). La financiación de este Mecanismo RED se hará con las cuotas del desempleo, aportaciones de los Presupuestos y fondos europeos. Este Mecanismo RED es para situaciones excepcionales, de toda la economía o de un sector. Para problemas coyunturales que tengan las empresas, se mantiene el mecanismo de los EREs, para ajustar horarios y plantillas.

Esta nueva reforma laboral entra en vigor mañana, 31 de diciembre, al publicarse hoy el Real Decreto en el BOE, aunque las empresas tienen 3 meses para adaptar sus actuales contratos a la nueva norma . Así que habrá que esperar a la primavera para ver los efectos de esta reforma laboral, que tiene la gran ventaja de que la apoya la patronal, con lo que en principio debería cumplirse.  Quizás tarde en notarse en las estadísticas de contratos, porque las empresas tienen 6 meses para acabar con el contrato temporal por obra y servicio, que supuso el 33% de los contratos temporales hechos en noviembre pasado. Cuando no se hagan, aumentarán un 33% los contratos fijos. Y otro 52% fueron contratos “por circunstancias de la producción”, que ahora habrá que hacer fijos en muchos casos. Los expertos calculan que dos tercios de los actuales contratos temporales tendrán que cambiarse de aquí al verano, reduciendo drásticamente la tasa de temporalidad. Y en pocos años, España podría acercarse a Europa en temporalidad (bajar del 26% actual al 14% o menos).

Eso exige no sólo una nueva normativa laboral, sino un gran cambio de mentalidad entre los empresarios, que llevan cuatro décadas apostando por los contratos temporales como la mejor opción para contratar. Tendrán que hacer contratos fijos de entrada, a la mayoría, con temporales como excepción. Algo por lo que deberían apostar, porque un empleado fijo se integra mejor, es más productivo, más “seguro” (hay más accidentes laborales y muertes entre los contratados temporales)  y lo invertido en su formación se queda en la empresa. Pero hecha la Ley, hecha la trampa, con lo que habrá muchas empresas que busquen vías para contratar  temporalmente de forma ahora ilegal, lo que obliga a potenciar la vigilancia y dotar de más medios a la inspección de Trabajo: hay sólo 1.852 inspectores y subinspectores, 1 profesional por cada 15.000 trabajadores, cuando en Europa, la media es de un funcionario por cada 7.300 trabajadores (y en Francia, 1 por cada 5.000).

Gobierno, sindicatos y patronal han alumbrado juntos una reforma que debería servir para crear empleo estable y decente, reduciendo la escandalosa temporalidad actual. Pero para conseguirlo, el Congreso de los Diputados debe convalidar en un mes (antes de finales de enero) el Real decreto ley que incluye esta reforma pactada. Y ya hay partidos políticos, desde los nacionalistas (ERC, PNV o Bildu) a partidos de izquierda (Más Madrid o Compromis) que han dicho en público que quieren modificar esta reforma: unos para incluir la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales (grupos nacionalistas) y otros para radicalizar la reforma y volver a los intentos de “derogar” la reforma laboral de Rajoy. Los sindicatos les piden que dejen la reforma como está y la patronal amenaza con retirarse “si tocan una coma”. Y en medio, el Gobierno, PSOE y Podemos tratan de buscar apoyos para sacarla adelante, sabiendo que el PP, Ciudadanos y Vox están en contra. Así que un acuerdo que ha costado 9 meses de duras negociaciones, está ahora en el alero.

Habría que pedir sensatez y sentido de Estado a nuestros políticos, porque es mejor una reforma pactada que cualquier reforma impuesta. Y porque la Comisión Europea ha estado detrás de toda la negociación y no aceptaría cambios extraños, con el riesgo de perder Fondos europeos. Pero sobre todo, porque millones de españoles (principalmente jóvenes y mujeres) tienen contratos precarios y esperan que eso cambie y puedan conseguir contratos y salarios decentes. Es su oportunidad. No la torpedeen.

Poco trabajo "decente" en media Europa

La pandemia y las elecciones en Madrid han eclipsado el 1º de mayo. Pero los sindicatos europeos (CES) nos lanzan una alerta preocupante: 13 de los 28 paises UE tienen una baja calidad en el empleo, en especial Rumanía, Bulgaria, Grecia, Italia y España, el 5º país por la cola . Y temen que la pandemia recorte aún más el trabajo “decente” en media Europa. Ante este panorama, España y Bélgica llevan a la Cumbre europea de Oporto (7 y 8 de mayo) una propuesta: que se apruebe un Pacto laboral y social europeo, para vigilar que los paises cumplen con objetivos sobre empleo, paro, salarios y bienestar económico, al estilo del Pacto de Estabilidad aprobado en 1997. Que Bruselas no sólo vigile si cumplimos con el déficit público y la deuda sino también si tenemos un paro excesivo y un empleo precario. Atajar los desequilibrios laborales y sociales como hacen con los desequilibrios económicos. Parece difícil, pero suena muy bien.

Enrique Ortega

 

 

El trabajo “decente” es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ha marcado la ONU para 2030. Concretamente, es el objetivo 8º: “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente”. Y la Unión Europea firmó este compromiso en 2015. Pero en la última década, Europa ha hecho pocos progresos para aumentar la calidad del empleo, a pesar de la recuperación, según el reciente estudio elaborado por la Alianza italiana para el desarrollo sostenible (ASVIS), por encargo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES): el índice de trabajo decente ha pasado de 100 en 2010 a 101,8 en 2019. Incluso, el índice ha retrocedido en Grecia y es peor que en 2015 en Luxemburgo y Reino Unido.

Lo más preocupante es que hay 13 paises de los 28 UE que tienen un índice de trabajo decente por debajo de la media europea (101,8). Y en el furgón de cola del empleo decente están Grecia (índice 89), Rumanía (90,8), Bulgaria (94,7), Italia (94,8), España (97,1) y Portugal (97,6), seguidos por Letonia (98,9), Chipre (99,3), Croacia (99,3), Polonia (99,8), Lituania (100,5), Eslovaquia (101,5) e Irlanda (101,7). Paises que tienen en común formar parte de la Europa del Este y no avanzar socialmente o paises que sufrieron especialmente la crisis de la deuda de 2010 y los duros ajustes posteriores (Grecia, Portugal,  Irlanda, España o Italia). En el otro extremo, hay un listado de paises con una buena calidad del empleo, con un índice de empleo decente superior a la media UE (101,8): Paises Bajos (109,6), Dinamarca (109,5), Finlandia (109,4), Suecia (109,2), Austria y Bélgica (108,5) o Eslovenia (108,1), seguidos de Francia (106,1), Alemania (105,9) o Luxemburgo (103,2), según el estudio de la CES. Otra vez las dos Europas: la del sur con peor empleo y la del norte con empleos más dignos.

¿Qué es el empleo decente? El estudio encargado por los sindicatos europeos (CES) tiene en cuenta 3 indicadores: bienestar económico, calidad del empleo y vulnerabilidad laboral. El primero, bienestar económico, mide el crecimiento de los paises y su reparto más o menos desigual. En este indicador, España es el 4º país por la cola (índice 96,5), sólo mejor que Rumanía (85,9), Bulgaria (89,4) y Letonia (95,6), habiendo 10 paises que están por debajo de la media UE-28 (100,2) en bienestar económico, un indicador que encabezan Francia (112), Bélgica (111,5), Holanda (110,8), Austria (109,6) e Irlanda (105,5).

España queda tan mal en este índice europeo de bienestar económico porque somos uno de los paises menos productivos, estamos en el puesto nº 15 de la UE-28 en renta por habitante (PIB per cápita), sólo por delante de Chipre, Portugal, Grecia y 10 paises del Este. Tenemos el 91% de la riqueza media de la UE-28, frente al 121% de Alemania, el 106% de Francia, el 105% de Reino Unido y el 95% de Italia, según Eurostat. Y encima de crear menos riqueza, la tenemos peor repartida: España es el 5º país con más desigualdad de ingresos en la UE, sólo mejor que Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía, con un índice de Gini (indicador desigualdad) de 33 frente a 30,7% de media UE, un 29,7 en Alemania o 27,5 en Dinamarca, según Eurostat.

El 2º indicador para evaluar el trabajo decente es la calidad del empleo: el estudio mide el empleo, el paro, los salarios y la negociación colectiva en los paises. Aquí España mejora algo, pero ocupa el puesto 11º por la cola en la UE-28, con un índice 100,5, inferior a la media europea  (102,1), junto a otros 12 paises (los peores, Grecia, Irlanda e Italia), mientras destacan por su calidad en el empleo Paises Bajos (índice 110,2), Suecia, Austria, Dinamarca y Finlandia, otra vez la Europa del norte.

En este apartado, los datos de España revelan que tenemos serios problemas. Primero, que tenemos un bajo nivel de empleo: trabajan o buscan trabajo un 65,7% de los adultos, frente al 73,9% de media en la UE-28, el 88,1% en Alemania, el 79,3% en Reino Unido, el 71,4% en Francia o el 62,6% en Italia. Esto significa que si fuéramos como los demás europeos, tendrían que trabajar en España 1,5 millones de personas más (y si fuéramos como los alemanes, 4 millones más). Segundo, que tenemos más del doble de paro que Europa (16,1% frente a 7,5%) y casi cuatro veces más que Alemania (4,5%), sin olvidar el 40% de paro juvenil (frente al 17,2% en la UE-28 y el 6,1% en Alemania). Y con este alto paro, los salarios en España son de los más bajos de Europa: 21,8 euros la hora frente a 27,7 de media en la UE-28, 36,6 euros en Francia, 35,6 euros en Alemania o 44,7 euros en Dinamarca, según Eurostat. Y al final, tenemos un 12,7% de trabajadores pobres (ganan menos del 60% de la media del país), frente al 9,4% de media en Europa, según la CES.

Y vamos al tercer indicador que mide si el trabajo es “decente”, la vulnerabilidad laboral. Aquí España vuelve a salir mal parada, ocupando el 5º puesto por la cola en la UE-28, con un índice 94,4, sólo por delante de Rumanía (90,2), Grecia (91,3), Italia (92,2) y Bulgaria (93,7), muy alejada de la media UE-28 (índice 108,1). Y los paises con menos vulnerabilidad laboral vuelven a ser Dinamarca (índice 110,5), Suecia (111), Luxemburgo (108,8) y Holanda (108), quedando relegada al puesto 12º Alemania (índice 105,7).

Aquí, España  destaca porque es el país líder en Europa de precariedad laboral, el talón de Aquiles de nuestro panorama laboral: un 21,9% de todos los empleos son temporales, frente al 11,9% de media en Europa. Y si nos fijamos sólo en los asalariados, un 25% tienen un trabajo temporal (la cuarta parte, por días y horas), frente al 13,2% en la UE-28. Y un 65,5% de los jóvenes españoles tienen un contrato temporal, según la EPA. Una alta temporalidad que explica por qué, cuando hay una crisis, España destruye más empleo que el resto.

Ante este panorama, 13 paises europeos (el sur y el este) con poco trabajo “decente”, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) pide a los gobiernos europeos que se replanteen las políticas económicas, porque la recuperación de 2014 a 2019 aumentó el crecimiento pero apenas mejoró el empleo decente. Y se temen que ahora, con una mayor recesión provocada por la pandemia, el trabajo sea todavía menos “decente”. Por ello, piden a la Comisión y a los gobiernos europeos que aprovechen los Planes de recuperación y los Fondos europeos para conseguir un empleo más “decente” en Europa, sobre todo en la Europa del sur y del Este, muy alejada de la calidad de empleo del resto.

Frente a esta preocupante realidad laboral  (avalada por decenas de estadísticas), dos paises han tomado nota de la alerta de la CES: España (con un gobierno de izquierdas) y Bélgica (con un gobierno liberal ), que van a presentar una propuesta a la Cumbre Europea de Oporto de esta semana (7 y 8 de mayo) para que Europa apruebe un Pacto de indicadores laborales y sociales, similar al Pacto de Estabilidad aprobado en 1997 para vigilar los desequilibrios económicos y fiscales (déficit y deuda sobre todo). El objetivo es claro: si Europa se preocupó de vigilar que los paises tuvieran un crecimiento económico y fiscal saneado, es hora de preocuparse de que el empleo de los europeos sea “decente”.

La propuesta que llevaran a la Cumbre europea España y Bélgica pretende que los 27 aprueben un marco de indicadores cuantitativos sobre cuestiones laborales y sociales: nivel de empleo y paro, calidad de los puestos de trabajo, brecha salarial entre hombres y mujeres, higiene y seguridad en el trabajo… Incluso quieren incluir objetivos de política social o educativa, como el número de personas sin techo, la tasa de abandono escolar o servicios a la infancia y a los ancianos. Lo que proponen es vigilar esos objetivos anualmente, como se hace con los objetivos del Pacto de estabilidad, y que la Comisión alerte a los paises que no cumplan con su situación socio-laboral, como hace cuando se dispara el déficit.

En realidad, esta propuesta es de gran calado, porque pretende que Europa se fije en  la dimensión laboral y social de su crecimiento, no sólo en la económica y fiscal. Y sobre todo ahora, cuando la pandemia ha agravado el empleo y las condiciones de vida de millones de europeos. Lo que pretenden España y Bélgica es que los Planes de recuperación ayuden a los paises a crecer con más empleo y de mejor calidad. Y para ello proponen mecanismos para mejorar la situación laboral de los europeos, como crear un seguro de paro europeo, una propuesta que beneficiaría a España y la Europa del Sur y Este.

La propuesta va a chocar seguro con los paises del centro y norte de Europa, con empleos de más calidad, que no van a querer gastar dinero (su dinero) en apoyar a la Europa del sur y del Este a que mejoren su mercado laboral y tengan más trabajo “decente”. Pero Europa debía aprovechar la pandemia y los Fondos de reconstrucción para sentar las bases de una Europa “más social”, con mejores empleos y protección social. No sólo por justicia, sino también por razones económicas y políticas. Económicas porque no se puede avanzar en un mercado interior más eficaz y competitivo si las condiciones de trabajo son tan dispares como las que existen hoy entre Grecia o Dinamarca, por ejemplo. O entre España y Alemania, con casi cuatro veces más de paro, el triple de precariedad y la mitad de salarios. Y políticas, porque si la pandemia reduce más el trabajo “decente”, aumentarán los europeos que no tengan ningún interés por la política y las instituciones y acaben en las redes de los extremistas.

Es hora de construir “otra Europa”, que se preocupe más por el paro, las condiciones de trabajo y los sueldos que por el déficit público, la deuda y la ortodoxia económica “neoliberal” de las últimas décadas. En esta 2ª crisis desatada por la pandemia, la receta de Europa (y España) no han sido los recortes y ajustes de 2010 a 2016, sino un mayor gasto y una mayor preocupación por el empleo y las necesidades de los europeos. 

Habría que aprovechar este cambio para consolidar otra política en Europa, que se obsesione más por el empleo, la igualdad y la pobreza que por la deuda y el déficit público. Y que utilice los Fondos europeos para recortar distancias entre la Europa rica del norte y la pobre del sur y del Este. La Cumbre europea de Oporto será sólo el primer asalto de una batalla que será difícil, porque la Europa rica del norte manda. Pero la pandemia ha abierto nuevas peleas y los ciudadanos están hartos de políticas europeas que no garantizan su trabajo ni el de sus hijos. Es hora de configurar otra Europa.

Los repartidores, falsos autónomos

En las próximas semanas, el Gobierno aprobará un Decreto-ley (pactado con sindicatos y patronal) para regularizar la situación laboral de 30.000 repartidores: en 3 meses, sus empresas les tendrán que hacer asalariados, porque son “falsos autónomos”. Y tendrán que informar a sus representantes del “algoritmo”, el sistema de organización y evaluación que rige su trabajo, muy precario y mal pagado, que emplea sobre todo a jóvenes e inmigrantes. Con ello, España se anticipa a una futura Directiva de la Comisión Europea, que ha pedido a los paises que legislen sobre los repartidores. Pero la norma española deja fuera al resto de trabajadores de plataformas digitales (de cuidados, limpieza, transporte, servicios, profesionales, empleo…), donde colaboran hasta 5 millones de españoles, y que suponen un subempleo precario y con escasa protección social, según la OIT. Parece que el trabajo digital es muy “moderno” y de futuro, pero en muchos casos esconde subcontratación, explotación, opacidad fiscal y competencia desleal. No podemos apoyar este “modelo de futuro”.

Enrique Ortega

En la última década, ha habido un “boom” de plataformas digitales, esas empresas en la Red que utilizan una aplicación para ofrecer trabajos y servicios por Internet: plataformas de servicios de venta y alquiler (turismo, viviendas, alquileres, venta de entradas, guías turísticos), plataformas de profesionales (cuidados, limpieza, reparaciones, clases, trabajos manuales) y plataformas de transporte y reparto a domicilio (paquetería y comida). Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en febrero, estas plataformas digitales se han multiplicado por 5 en la última década, pasando de 142 grandes plataformas en 2010 a 777 en 2020. Y mueven ya 52.000 millones de dólares (43.000 millones de euros), el 49% del negocio en Estados Unidos, un 22% en China y sólo el 11% en Europa. Y dan empleo parcial a millones de personas (no las cuantifican), sobre todo a los colectivos que tienen más dificultades de encontrar un empleo completo (jóvenes, inmigrantes y mujeres).

En Europa, estas plataformas digitales van más retrasadas que en EEUU y Asia, pero aún así  emplean parcialmente a millones de europeos: un 10,5% de los adultos han trabajado alguna vez en ellas, según el último informe “Digital Labour Platforms in Europa 2019”. Y lo curioso es que España es el país con más trabajadores digitales (un 12,5% ha trabajado en ellas alguna vez), seguido de Reino Unido (12%), Portugal (11,5%), Alemania (10,6%), Lituania (10,3%), Holanda (10,2%), Italia (9,5%) y Francia (7,6% adultos). Y de ellos, casi la cuarta parte (2,8% de los adultos europeos) utilizan estas plataformas como su principal actividad laboral. Aquí, el país líder es Reino Unido (ocupan al 3,6% de los adultos), seguida de Holanda (2,8%), España (2,7%), Alemania (2,6%), Lituania e Italia (2,4%) y Portugal (2,1%).

Del alcance de las plataformas digitales en España tenemos pocos más datos, salvo de las plataformas de reparto (“delivery”), que son las únicas sobre las que ahora se legisla. Se estima que hay unos 30.000 repartidores, que trabajan básicamente  para 64.500 restaurantes, Amazon y otras empresas de venta online, atendiendo a 36 millones de pedidos anuales para casi 5 millones de usuarios, según el estudio de la consultora AFI (2019) para ADigital. Y el sector mueve un negocio (restaurantes y comercios) de 700 millones de euros anuales, además de ayudar a mantener 15.300 empleos anuales en restauración, comercio y servicios.

El líder de este mercado de reparto es Amazon, que en 2019 facturó 7.567 millones de euros, un 15% de todas las ventas online, y que distribuye productos de 8.000 empresas. Y la otra gran actividad de las plataformas de reparto es la entrega de comida a domicilio, un negocio dominado en España por Just Eat (35%), Glovo y Telepizza (15%), Deliveroo y Domino (10%), Uber Eats (5%) y Stuart Foods (3%), según el estudio de Self Bank.  La empresa líder en la entrega de comida a domicilio, Just Eat, fue fundada en Dinamarca en 2001, tiene su sede en Reino Unido y llegó a España en 2020, donde atiende ya a un millón de usuarios. Sólo tiene 100 empleados y es la única que subcontrata las entregas con empresas de logística, aunque ha empezado a crear una red propia de repartidores. Glovo es una multinacional española, creada en Barcelona en 2015 y que está presente en 400 ciudades de 20 paises, donde atiende a 7,4 millones de clientes. Trabaja con repartidores “autónomos”, como Delivero (creada en Londres en 2013), Uber Eats (creada en San Francisco en 2014 y operativa en 24 paises, con 2.500 millones de euros de facturación) y Stuart Foods (fundada en 2015 en Reino Unido y operativa en 80 ciudades del mundo).

El principal problema de estas plataformas de reparto es que ofrecen un trabajo muy precario y mal pagado, aunque las empresas dicen que pagan una media de 8 euros la hora (1,4 veces el salario mínimo) y que dan empleo, con flexibilidad horaria, a quien no lo tiene: los repartidores son hombres, de 25 a 35 años, extranjeros (64% latinoamericanos y sólo un 28% españoles) y sin trabajo (25% estaban en paro), según el estudio de AFI. Pero UGT asegura en un estudio que las presuntas ventajas de los repartidores son “un mito”: que cobran mucho menos en realidad (salvo que trabajen muchas horas) y que no tienen “flexibilidad”, porque están sometidos a un “algoritmo” que hace un control exhaustivo del trabajo del repartidor y le penaliza si rechaza repartos en determinados días y horas, rebajando sus ingresos o incluso cerrándole la plataforma. En el caso de Amazon, que trabaja con unos 6.000 repartidores, UGT estima que el repartidor cobra realmente 5 euros la hora (descontando gastos y cotizaciones) y que su algoritmo discrimina y hasta expulsa a muchos. Además, en las plataformas se crea una “dura competencia” entre repartidores, que carecen de vacaciones y derechos, no comunicando accidentes para no perder trabajo.

Desde 2017, UGT y la plataforma RidersxDerechos llevan luchando en los tribunales contra las principales empresas de entrega de comida a domicilio y contra Amazon, argumentando que los repartidores son “falsos autónomos”. Y han conseguido 41 sentencias a favor y 2 en contra, según UGT. Un largo camino para llegar, en septiembre de 2020, a la sentencia del Tribunal Supremo que ha sido definitiva: los 11 magistrados de la Sala de lo Social acordaron que “la relación existente entre un repartidos y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral”, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

En paralelo, la Seguridad Social ha llevado a cabo otra larga batalla contra las empresas de reparto, abriéndoles 45 expedientes desde 2017, por cotizaciones impagadas de autónomos. En total, les ha exigido más de 25 millones de euros en cuotas impagadas, el 62% a Glovo (por 11.013 repartidores), el 23,7% a Amazon (por 4.066), el 10,7% a Deliveroo (por 1.450 trabajadores más) y el 3,1% a Uber (por 1.428 conductores). Y además, la Seguridad Social ha ganado dos macro juicios, uno en el verano de 2019 en Madrid (532 repartidores de Delivero) y otro en enero de 2021 en Barcelona (748 repartidores de Glovo).

Con toda esta batalla legal y la sentencia del Supremo, la ministra de Trabajo se lanzó en otoño a aprobar un cambio legal sobre los repartidores, que ha tardado 5 meses en pactar con sindicatos y patronal, la madrugada del 10 de marzo. Ha sido una dura negociación, para pactar un Decreto que tiene un solo artículo y dos disposiciones adicionales. Los dos temas a negociar  han sido aceptar que los repartidores son asalariados y no autónomos (trasladando la doctrina del Supremo) y, la cuestión más polémica, la obligación a las empresas de que informen a los representantes de los trabajadores sobre “los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial” que afecten a sus condiciones laborales, algo que han acabado aceptado la patronal CEOE y CEPYME, aunque las empresas y su patronal (ADigital) creen que va contra la economía digital y la libre empresa, “vulnerando el secreto comercial y la propiedad intelectual de las compañías”.

Ahora, falta que este pacto social sobre los repartidores se plasme, en los próximos días, en un Decreto ley (que modifica el Estatuto de los Trabajadores) y se publique en el BOE. A partir de ese momento, las empresas de reparto a domicilio (se incluye “el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio”) tienen 3 meses (hasta finales de junio) para hacer asalariados a los repartidores, que ya no pueden ser autónomos. Eso supondrá regularizarlos y UGT estima que supondrá a las empresas pagar unos 164 millones más, entre cotizaciones (+ 76 millones) y salarios (92 millones que se ahorraban). Lo normal es que ahora, las empresas de reparto subcontraten el servicio con empresas de logística, como hace ahora Just Eat, aunque el sector cree que eso restará empleo y quitará negocio a los restaurantes y comercios (estiman que hasta 250 millones al año).

Con esta nueva legislación, España se ha adelantado a la futura normativa europea, que promueve la Comisión Europea y que están estudiando ahora Francia o Alemania, incluso  Italia (que aprobó un decreto en 2019, pero no ha funcionado, como demuestra que un Tribunal de Milán haya obligado en febrero a regularizar a 60.00O riders de cuatro plataformas digitales). De momento, el 24 de febrero, la Comisión Europea inició la fase de consultas con los interlocutores sociales afectados y ha apremiado a los paises para que legislen sobre las condiciones laborales de los repartidores, buscando una normativa homogénea. Ya hace un año, en marzo de 2020, la Comisión publicó un estudio donde mostraba su preocupación sobre la elevada precariedad de estas plataformas y planteaba posibles soluciones. Asimismo, el reciente informe de la OIT pide que los paises actúen para conseguir un trabajo digital “decente”, defendiendo que se de publicidad a los algoritmos y que se asegure la negociación colectiva y la protección social de los trabajadores de las plataformas.

A pesar de ser un gran avance, el Decreto pactado en España no cubre todo el trabajo en las plataformas digitales, como pedían los sindicatos, sólo las plataformas de reparto. Quedan fuera la mayoría de las plataformas digitales, donde han trabajado en algún momento hasta 5 millones de españoles (el 12,5% de los adultos): las plataformas de cuidados (como Cuideo y Joyners), plataformas de limpieza por horas (Wayook, Cleanzy, Domesting, MyPoppins), plataformas de reparaciones, trabajos manuales, clases particulares, de profesionales free lance, de guías turísticos y agencias de viajes, de servicios de empleo… Un mundo infinito de ofertas, dominado por la precariedad como las plataformas de reparto y que, de momento, queda fuera de la nueva normativa para los repartidores.

Internet ofrece una oferta casi infinita de posibilidades de negocio y de empleo, pero este tipo de actividad tiene que tener reglas laborales, además de transparencia y cumplir con normas, para que no sea un agujero negro de escapismo fiscal, competencia desleal y explotación laboral. De la misma manera que hemos empezado a comprender que comprar una camiseta a 5 euros tiene “truco” (la explotación de personas en Asia o China), tener a alguien que cuide de un mayor, arregle una chapuza o limpie nuestra casa a precios imbatibles también tiene una explicación: alguien trabaja a bajo coste y sin derechos. Y generalmente son jóvenes, mujeres o inmigrantes, que prefieren esa chapuza al paro. Pero no podemos consentirlo, no podemos sostener un modelo laboral basado en plataformas que no respetan los derechos laborales ni cotizan ni pagan impuestos. Esto no es “moderno”, es ilegal y hunde el futuro de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes. Trabajos digitales sí, pero decentes. Y eso obliga a imponer normas y asegurar derechos, regular la selva digital.  

El empleo no puede esperar

Hoy se ha conocido la EPA de junio, que aumenta el empleo y baja el paro, como es habitual en primavera. Pero la ocupación aumenta menos que los años anteriores. Y se crea más empleo temporal que en 2018, con parados que firman hasta 40 contratos al año para tener trabajo. Y los empleos “fijos” tampoco lo son: 1 de cada 3 acaban en despido antes de un año. Además, el paro sigue siendo el doble que antes de la crisis y que en Europa. Y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar y no cobran el paro. De hecho, hay 1,45 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza. Un panorama muy preocupante, tras 5 años de recuperación. Por eso, urge pactar un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad del futuro Gobierno. El empleo no puede esperar. 

enrique ortega

El segundo trimestre del año suele ser el mejor para el empleo, por las rebajas y las contrataciones previas al verano. Y en 2019, la EPA de junio lo ha confirmado, con un aumento del empleo y una bajada del paro. Pero, en ambos casos, la mejoría es menor que en 2018 y años anteriores, porque el empleo está perdiendo fuelle. Y si el paro baja, también menos, es en gran parte porque hay menos españoles que buscan trabajo, menos “activos”, sobre todo mujeres y mayores de 45 años, así como jóvenes que prolongan sus estudios. De hecho, hay 500.000 activos menos que en 2012, según la EPA.

Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea es muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,32% de los contratos firmados entre enero y junio de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018 y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que está pasando es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un reciente estudio de CCOO.

Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (14,1% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.7%) o Alemania (12,6%), según Eurostat (2018). Y además, España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.

También han subido este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 34,72% de los contratos firmados de enero a junio de 2019 (frente al 33,18% en el primer trimestre), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,2 millones de los 3 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 61,1% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 26,4% de media en Europa, según Eurostat.

Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,31% de los contratos firmados en 2019 (10.988.900 entre enero y junio) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% de contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero es que, además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.

Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento de los trabajadores pobres en España: 2.654.000 personas con empleo, el 14,1% de los asalariados, según la Red Europa de lucha contra la pobreza (EAPN), con lo que somos el país occidental con más porcentaje de trabajadores pobres (que ganan menos del 60% de la media del país), según la OCDE.

Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3 millones de españoles y sus familias. La bajada del paro es menor en 2019 que en los dos últimos años. Y aunque la tasa de paro esté ahora por debajo del 14% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (18,1% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,3% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (mayo 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (32% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (16,5% en paro frente al 12,5% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras tres no llegan al 10% (Navarra, País Vasco y Aragón).

No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,5 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva porque tienen más de 45 años.

Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En mayo, último dato de Trabajo, sólo 1.745.593 parados cobraban alguna ayuda, el 56% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 7 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla, Madrid, Canarias, Ceuta, Asturias, País Vasco y la Rioja. Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.048.500 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (697.094 parados), ahora de 817,50 euros al mes.

Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.850.000 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar más de 700.000 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos de interés, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).

Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 5 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 62,5%), según el Barómetro del CIS de junio. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales españoles y europeos.

Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un reciente estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, más de 2 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse de nuevo en un Congreso bloqueado, salvo que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.

Esta medida debería ser una prioridad del Congreso y de la mayoría de los partidos, aunque PP y Ciudadanos no la apoyan. Y el próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro y por el empleo estable, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto (se han regularizado 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso quiere decir que hay que evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.

Son retos muy importantes y que exigen tiempo, pero el empleo no puede esperar, porque es lo que preocupa a los españoles aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos este año. Al tajo.