Impuestos: las grandes empresas pagan poco

Este mes se acaba el plazo para presentar la declaración de la Renta, aunque a casi 10 millones de declarantes les sale a devolver, porque les retuvieron de más el año pasado. El IRPF recauda 43 de cada 100 euros y es el impuesto que más creció en los últimos 15 años, junto al IVA. Mientras, el impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda un 27% menos, aunque ganan un 50% más. Este “truco fiscal”, que paguemos más la mayoría y menos las empresas, se debe a multitud de exenciones, bonificaciones y créditos fiscales que disfrutan, sobre todo las grandes empresas con filiales en el extranjero (y en paraísos fiscales). Así, los grandes grupos pagan el 5,9% de sus beneficios, frente al 9,4% todas las empresas y el 14,1% los que declaramos Renta. Una injusticia fiscal que el Gobierno Sánchez ha intentado reducir, con medidas fiscales e impuestos sobre beneficios extraordinarios, y que ahora dependerá del futuro Gobierno. O pagan más o habrá que recortar gastos.

Enrique Ortega

España ha aumentado su recaudación fiscal en los últimos 15 años, para financiar y mejorar los servicios públicos, aprovechando el mayor crecimiento económico  y que hay más empleos y pensionistas, con más ingresos y que pagan más impuestos. Globalmente, se ha pasado de recaudar 200.676 millones en 2007 a 255.463 millones en 2022, un aumento del +27,3%, según la Agencia Tributaria. Pero el esfuerzo fiscal ha sido desigual. El Impuesto sobre la Renta (IRPF), que en su mayoría pagamos trabajadores y pensionistas,  ha pasado de recaudar 72.614 millones en 2007 a 109.485 millones en 2022, un aumento del +50,7%. Y el IVA, el impuesto que pagamos todos los días, también mayoritariamente trabajadores y pensionistas, ha saltado de ingresar 55.851 millones en 2007 a 82.595 millones en 2022, un aumento del +47,9%. Mientras, el Impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda mucho menos: de ingresar 44.823 millones en 2007 ha pasado a recaudar 32.176 millones en 2022 (-26,77%), aunque en 2019, cuando la izquierda llegó al Gobierno, aún recaudaba mucho menos (23.738 millones), la mitad que en 2007.

Como se ve, el esfuerzo fiscal de la mayoría (trabajadores y pensionistas), que no pueden “evadir impuestos” porque sus ingresos son fácilmente controlables, ha sido importante y ahora, que ingresan más, pagan un 50% más en Renta e IVA. Pero las empresas pagan una cuarta parte menos. Podría pensarse que eso se debe a que, con las crisis, ganan menos y por eso tributan menos. Pero no es así, según los datos de la Agencia Tributaria: los beneficios de las empresas españolas en 2022 han sido un 50,1% superiores a los de 2008 (ver gráfico). Incluso se han duplicado sobre 2005 (327.461 millones frente a 164.497). En resumen: las empresas ganan el doble y pagan una cuarta parte menos de impuestos.

¿Cuál es el truco? Que las empresas pagan ahora a Hacienda un menor porcentaje sobre sus beneficios. Y eso se debe a cambios en la política fiscal, a privilegios que han ido acumulando en las últimas décadas, amparados por distintos Gobiernos. En los años 90, los gobiernos de Aznar privatizaron 50 grandes empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera, Argentaria…) y les ayudaron a convertirse en importantes multinacionales, con el  apoyo posterior de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que, en 2007, les hizo una serie de “regalos fiscales”, con la excusa de fomentar la inversión y el empleo: bajada del tipo nominal de sociedades (del 35 al 30%) y la creación de un abanico de exenciones, deducciones y beneficios fiscales que rebajaban su tributación final. En 2012, al llegar Rajoy al Gobierno, se encontró con un “agujero fiscal” y llegó a decir en el Congreso: “Algunas empresas del IBEX no pagan impuestos”. Les recortó algunas deducciones y exenciones, pero también bajó (en 2016) el tipo de Sociedades del 30 al 25% actual. En unos años de subidas históricas de impuestos (y recortes), Rajoy subió la recaudación de sociedades, pero más nos subió el IRPF y el IVA. Y en 2017 y 2018, volvió a restablecer deducciones. A partir de 2020, el Gobierno Sánchez ha tratado de que las empresas paguen más impuestos, consiguiendo una subida de la recaudación en 2022.

Esta evolución de la política fiscal se puede ver en los impuestos que han pagado las empresas. Hasta los años 90, el resultado de las empresas y su base imponible (sobre la que se pagan impuestos) eran bastante equiparables. Así, en 1995, las empresas pagaban un 21,97% sobre su base imponible y un 19,10% sobre su beneficio final. Y en el año 2000, un 24,07% sobre la base imponible y un 21,42% sobre su beneficio. Pero luego, la autorización de nuevas deducciones y exenciones, rebajaron el impuesto final. Así en 2011 (tras la “ayuda de ZP), las empresas pagaron un 19,92% sobre la base imponible, pero tras las deducciones y exenciones, sólo pagaron un 9,04% sobre los beneficios. En 2014 (Rajoy lo necesitaba) pagaban algo más, un 10,02% sobre el beneficio contable, pero en 2019 (con Presupuesto PP  prorrogado)  sólo pagaron el 9,07%, casi lo mismo que en 2021. Y sólo pagaron algo más en 2022, un 20,55% sobre su base imponible (ingresos menos gastos), pero sólo un 9,40% sobre su beneficio contable. En resumen, que las empresas españolas pagaban el 21,42% de lo que  ganaban en el año 2000, el 16,7% en 2007 y ahora el 9,4%. Por eso Hacienda ahora recauda un -26,77% en Sociedades, frente a un +50,7% más con el IRPF.

Ese porcentaje que pagan sobre lo que ganan, el 9,4%, es muy inferior al tipo efectivo de todos los impuestos (15,3% en 2022) y al tipo efectivo que pagamos en Renta los que vivimos de un sueldo a de una pensión (el 14,1%). Pero además, es un tipo medio: hay empresas que pagan mucho menos, según los datos de la Agencia Tributaria. Así, los grandes grupos empresariales españoles tributaron el 5,9% de sus beneficios en 2021 (y un 5,1% en 2020), mientras las empresas no integradas en grupos pagaban un 13,4% de sus beneficios. Y todavía pagan menos las multinacionales españolas, las empresas que tienen filiales en el extranjero (muchas en paraísos fiscales): de las 126 mayores multinacionales españolas, 31 pagan menos del 5% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades (pagan el 1,75% de media). Otras 15 pagan del 5 al 10% (8,64% de tipo efectivo), 6 multinacionales pagan del 10 al 15% (11,46% de media) y 18 multinacionales pagan del 15 al 20% (16,31% de tipo efectivo), según un informe de la Agencia Tributaria. Globalmente, un tercio de las multinacionales españolas (el 37%) pagan de impuestos menos del 10% de sus beneficios.

Las grandes empresas pagan poco “legalmente”, porque se aprovechan de tres mecanismos fiscales que les han ido “regalando” en las últimas décadas. El primero, las bonificaciones, deducciones y reducciones fiscales  (por donaciones, inversiones en I+D+I, o tipos reducidos a SICAV y SOCIMIs y otros múltiples conceptos como la deducción por gastos financieros), que les rebajan la cuota a pagar, sobre todo a las grandes empresas. El segundo, los “créditos fiscales” acumulados por pérdidas anteriores. Y el tercero, por las operaciones en el extranjero. Veámoslos.

Los créditos fiscales son “una gran “hucha” que tienen las empresas (sobre todo las grandes y los bancos) para tirar de ella y ahorrarse el pago de impuestos por pérdidas anteriores: superan los 500.000 millones de euros (575.334 millones, según el Comité de expertos fiscales) y se estima que permitió a las empresas ahorrarse 25.000 millones en impuestos en 2019 (por la crisis financiera de 2008). El sistema es justificar pérdidas o comprar empresas con pérdidas para eludir el pago de impuestos, algo que resta unos 5.000 millones de recaudación anual. Un caso llamativo es la banca, que acumula un colchón, una hucha de 65.000 millones de euros en créditos fiscales, por haber comprado Cajas de Ahorros y bancos en pérdidas (con 65.725 millones de ayudas públicas que no vamos a recuperar) y por las pérdidas de la pandemia. De hecho, en 2022, Santander se ahorró 642 millones en impuestos y BBVA otros 598 millones por los créditos fiscales que acumulan. Y así cada año.

El tercer mecanismo legal para pagar menos impuestos, junto a las bonificaciones y los créditos fiscales, son las operaciones en el extranjero, básicamente dos: la deducción fiscal por pérdidas (o endeudamiento) en filiales y la exención fiscal del 100% a los dividendos y plusvalías generados en el extranjero, que busca evitar la “doble imposición”. Se entiende que estos ingresos han tributado en otros paises y no deben volver a pagar en España, pero el problema es que en muchos paises (de baja imposición o paraísos fiscales) tributan poco o nada, con lo que muchos de estos ingresos realmente no pagan. Se estima que este dinero exento supone un ajuste de hasta 150.000 millones anuales, la mitad del beneficio contable de muchas multinacionales, lo que explica por qué tributan menos del 5%.

Sea por la vía que sea, la realidad es que una buena parte del beneficio de las grandes empresas no paga impuestos. Y más en el caso de las multinacionales españolas: 24 de las 35 compañías del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales (187 el Banco de Santander, 82 ACS y 65 Ferrovial), según este informe de Intermón Oxfam). Los datos son impactantes: si en 2010, las empresas españolas ganaron 164.164 millones y sólo tributaron por 77.658 millones (el 47,3% de su beneficio), en 2021 ganaron casi el doble (304.978 millones) y sólo tributaron por 114.605 millones, por el 37,58 de su beneficio. En definitiva, que 2 de cada 3 euros de beneficio de las empresas españolas no tributa.

Esta situación escandalosa, sobre todo para los que pagamos por todo lo que ganamos, es un tema preocupante, no sólo en España sino en todos los paises occidentales, donde los Gobiernos están muy preocupados, sobre todo por las multinacionales y su “elusión fiscal”: termino “fino” para indicar que no hacen “fraude fiscal” sino “ingeniería fiscal” para pagar menos impuestos “legalmente”, utilizando los agujeros de las leyes y los paraísos fiscales. En conjunto, se estima que las multinacionales dejan de pagar 125.000 millones de dólares al año. Sólo España pierde cada año 4.000 millones de euros (el 18% de los ingresos por Sociedades) por la “elusión fiscal” de las multinacionales, según estimaciones internacionales. Para evitarlo a medio plazo, la OCDE y el G-20 acordaron en la Cumbre de Roma, en octubre de 2021, establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, un acuerdo que generará 150.000 millones de ingresos fiscales adicionales en 140 paises (en España podría suponer 2.300 millones anuales de recaudación extra). En principio, el tipo mínimo iba a entrar en vigor este año 2023, pero la OCDE ha señalado que su implantación “va con retraso” y no se implantará hasta 2024.

Europa se puso en línea y el Consejo aprobó en diciembre de 2022 una Directiva (2022/2523) para que todos los paises europeos apliquen este tipo mínimo del 15% en Sociedades. En España, el 6 de marzo de 2023, el Gobierno ha sometido a consulta pública esta Directiva, que debía trasponer y aprobar el Congreso antes de fin de año, una tarea que queda en suspenso y pendiente del futuro Parlamento. Entre tanto, las empresas y multinacionales españolas tienen ya ese tope mínimo del 15% por su actividad en España, dado que lo aprobó el Gobierno Sánchez, en el Presupuesto 2021, para aplicarlo a partir de 2022.

El Gobierno Sánchez, desde enero de 2020, ha tenido entre sus prioridades que las grandes empresas pagaran más impuestos. Por un lado, ha limitado las bonificaciones y exenciones fiscales, reduciendo del 100 al 95% la exención fiscal por dividendos y plusvalías generados en el extranjero. Y la Agencia Tributaria estrecha el cerco a los grandes grupos empresariales que compran empresas con pérdidas para rebajar la factura fiscal, publicando en mayo una nota aclaratoria que delimita el alcance de este mecanismo, que permitió a las empresas ahorrarse 4.780 millones en impuestos en 2021. Además, el Gobierno aprobó en 2022 un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, energéticas y la banca, para recaudar 7.000  millones entre 2023 y 2024. Los bancos han empezado a pagarlo en febrero (pagarán 1.500 millones anuales, el 7,4% de sus beneficios anuales), pero antes lo tienen recurrido ante los Tribunales. Y si el 23-J gana el PP, lo suprimirá.

Al final, lo que pase con la tributación de las grandes empresas y las multinacionales va a depender del futuro Gobierno. Pero el Comité de Expertos que, en marzo de 2022, presentó  su informe sobre una futura reforma fiscal, ya se mostró a favor de replantearse las bonificaciones, exenciones y deducciones del Impuesto de Sociedades, así como el cambio en la tributación de las multinacionales españolas, para que pagaran un mayor porcentaje sobre sus beneficios reales. Y lo mismo plantea el último informe de Intermón Oxfam, que pide limitar las bonificaciones y créditos fiscales, aumentar el tipo efectivo que pagan las empresas y revisar el listado español de paraísos fiscales (sólo 24 territorios: ver la lista) y también el europeo, que no considera paraísos fiscales a  Irlanda, Paises Bajos, Luxemburgo o Delaware (EEUU), los lugares donde más empresas españolas tienen filiales para “eludir” impuestos.

La mayoría de los españoles, según la última Encuesta del CIS, creen que los impuestos son injustos y no pagan más los que más tienen, sino los trabajadores y las clases medias, con el IRPF y el IVA. Ya hemos visto que los datos oficiales lo corroboran. Ahora, el debate es si el futuro Gobierno continúa aumentando los impuestos a las grandes empresas (y a los más ricos) o se los rebaja, como defiende la derecha. Entonces, en vez de avanzar en justicia fiscal, retrocederíamos. Y si encima hay que reducir más el déficit en 2024, por exigencia de Bruselas, sólo hay  2 caminos: ingresar más, consiguiendo que paguen más los que más ganan (y tienen) o recortar gastos, como hizo Rajoy y el PP de 2012 a 2016. Este es uno de los grandes temas que está en juego en las elecciones del 23 de julio. Piénselo antes de votar.

Renta 2022: el impuesto que más crece

Toca confesarse con Hacienda y presentar la declaración de la Renta, aunque la mayoría ya la ha entregado, para acelerar la devolución, que toca a 2 de cada 3 contribuyentes. El IRPF ingresará más de 100.000 millones este año y es el impuesto que más ha crecido (+38%), mientras el impuesto a las empresas recauda la mitad que en 2007. Pero el IRPF está lleno de exenciones y “agujeros”, con tipos máximos más bajos, por lo que somos el tercer país europeo que menos recauda. Pero es un impuesto que “se nota mucho”, más que el IVA o los impuestos especiales, por lo que nos parece muy elevado. El problema de fondo es que España recauda por todos los impuestos menos que Europa (-45.000 millones al año) y necesitamos más recursos para reforzar los servicios públicos, como se ha visto con la pandemia. Urge recaudar más, no subiendo impuestos a los que ya pagamos sino haciendo que paguen más grandes empresas, bancos y los más ricos. Es el gran debate. 

Enrique Ortega

El impuesto sobre la renta (IRPF) es el principal impuesto que pagamos: en 2021 recaudó 94.546 millones de euros, el 42,3% de todos los impuestos, muy por delante de lo que recaudó el IVA (72.498 millones), el impuesto de Sociedades que pagan las empresas (26.627 millones), los impuestos especiales (19.729 millones de los carburantes, tabaco y alcohol) y las tasas (1.989 millones). Y este año 2022, el Presupuesto prevé superar con la Renta los 100.000 millones de recaudación (100.132 millones), gracias a la mejora del empleo y la subida de la inflación (al no deflactarse los ingresos, pagamos realmente más). Con ello, el IRPF es el impuesto cuya recaudación ha subido más desde 2007, un +38%, más que el IVA (+35%) o los impuestos espaciales (+11,5%) y sobre todo, mucho más que el impuesto de Sociedades, donde las empresas pagan hoy la mitad que en 2007(44.823 millones).

En la declaración de la Renta que presentamos este año, por los ingresos de 2021, Hacienda espera recibir casi 22 millones de declaraciones (21.921.000), aunque dos tercios de ellas (14,35 millones) salen a devolver (11.122 millones), porque al contribuyente se le hicieron más retenciones de lo que tiene que pagar, debido sobre todo a múltiples deducciones. El tercio restante de contribuyentes (5,97 millones) tendrán que pagar (13.400 millones), aunque todos habrán pagado la mayor parte de este impuesto en 2021, con las retenciones que les han hecho sus empresas o ellos mismos por el IRPF.

Este año, la declaración del IRPF tiene pocos cambios. El más llamativo es que sube el tipo máximo (del 45 al 47%) a las rentas más altas, a los que en 2021 tuvieron ingresos por más de 300.000 euros, una minoría de contribuyentes  (unos 40.000, el 0,17% del total). Y también a los que tuvieron rendimientos de capital (intereses, dividendos, ventas Bolsa y Fondos) superiores a 200.000 euros (una minoría aún menor…). Además, se reduce la inversión desgravable en Planes de pensiones (máximo 2.000 euros), que beneficia sobre todo a las rentas más altas, y se incluye una deducción (del 20 al 60%) por obras para mejorar la eficiencia energética en los hogares.

¿Quién paga el IRPF? Este impuesto, el principal de nuestro sistema tributario, lo pagan básicamente los que viven de un sueldo (o pensión), que aportan el 85,5% de la recaudación, según los datos de la Agencia Tributaria, siendo el resto aportados básicamente por los ahorradores e inversores (4,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (7,2%). Ahondando en los niveles de ingresos, un tercio largo  del impuesto sobre la Renta (el 36,69%) lo paga la clase media, los contribuyentes que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros. Otro 24% lo pagan las familias con bajos ingresos (menos de 30.000 euros), básicamente los que ingresan entre 12.000 y 30.000 euros (23,29%). Otro 21,74% lo paga la clase media alta (ganan entre 60.000 y 150.000 euros). Y el 17,72% restante lo pagan los contribuyentes que ganan más de 150.000 euros (123.000 contribuyentes).

Este reparto del esfuerzo, según los datos de la Agencia Tributaria, indica que el IRPF es “medianamente progresivo”, aunque más de la mitad de la recaudación recae entre la clase media y media alta, menos entre los más ricos (que, en su mayoría, utilizan empresas y otros mecanismos para saltarse el IRPF). Pero la Renta tiene un problema estructural: es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (rendimientos del trabajo, tributación conjunta, familia, vivienda, planes de pensiones, donaciones, deducciones sociales, inversiones…), lo que acarrea dos inconvenientes: reducen mucho la recaudación final (-13.745 millones en 2018, el 16,5% de la recaudación final, según la AIReF) y son muy “regresivas”, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los contribuyentes con menos ingresos, según los expertos fiscales.

Visto quien paga y quien se beneficia de las deducciones, hay que decir que la cuota resultante y las deducciones dependen también mucho de la autonomía donde uno viva. Y eso porque hay un tipo aplicable a nivel estatal (9,50% mínimo y 24,5% máximo) y otro tipo autonómico que varía mucho, con lo que los tipos resultantes del IRPF (mínimo y máximo) varían mucho según las autonomías. Y también son diferentes las deducciones autonómicas, un galimatías que la mayoría desconoce (ver listado por autonomías). En el caso de los tipos, hay dos autonomías que tienen los tipos más bajos: Madrid  (18% mínimo y 45% máximo) y Andalucía (19 y 47%). Y son más elevados en la Comunidad Valenciana (19,50 y 54%), Navarra (13 y 52%), La Rioja (18,50 y 51,50%), Asturias (19,5 y 50%), Cataluña  (20 y 50%) y Baleares (19 y 49,50%), según el Consejo General de Economistas.

Podría parecer que se paga menos por el IRPF en Madrid o Andalucía y más en la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja o Cataluña. Pero no es así: depende del nivel de ingresos, según estos ejemplos elaborados por el Consejo de Economistas. Así, los que ganan 16.000 euros pagan menos en Madrid y el País Vasco. Y los que ganan 20.000 euros, pagan menos en Cataluña y el País Vasco. Para ingresos de 30.000 euros, se paga algo menos en Madrid y Cataluña. Y a partir de los 45.000 euros de ingresos, siempre se paga menos en Madrid. Sobre todo cuanto más se gana: un contribuyente con 110.000 euros paga de Renta en Madrid 35.175 euros, 2.807 euros menos que en la Comunidad Valenciana, la autonomía donde más pagan los más ricos. Y para los que ganan 300.000 euros, la Renta en Madrid les cuesta 117.415 euros y en la Comunidad Valenciana 135.140. Así que Madrid tiene el IRPF más bajo, pero sobre todo para los más ricos.

En resumen, el IRPF es un impuesto clave pero resulta poco progresivo, desigual entre autonomías y además recauda menos que en Europa (un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-27), no sólo por el “agujero” de las deducciones sino porque pagamos unos tipos menores que en la mayoría de paises de Europa, según este cuadro del Consejo de Economistas: el IRPF tiene un tipo máximo (medio) del 45,5% en España, frente al 47,2% en Italia, el 47,5% en Alemania, el 49,5% en Paises Bajos, el 50% en Austria, el 51,3% en Finlandia, el 52,1% en Suecia, el 53% en Portugal, el 53,1% en Bélgica o el 55,9% en Dinamarca. Así que sentimos que pagamos mucho al presentar cada año el IRPF, pero comparativamente menos que en Europa. Y, sobre todo, los que más ganan.

La Campaña de la Renta y las elecciones en Andalucía han vuelto a poner sobre la mesa el debate de los impuestos, con la derecha y su “receta mágica”: hay que bajar impuestos. Reiteran una y otra vez el tópico económico, inventado por Laffer y probado por Thatcher y Reagan: bajan los impuestos, hay más gasto, crece más la economía y se recauda más. Algo que se ha demostrado falso múltiples veces en la historia reciente, como demuestra el libro “Contra los zombis”, del Nobel Paul Krugman. Y tiene un riesgo que conocemos bien: la bajada de impuestos reduce finalmente los ingresos y fuerza a hacer recortes en los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones, Dependencia…).

El debate sobre los impuestos se plantea como un debate ideológico, cuando debería ser un debate sobre los datos. Y la realidad es incontestable: España recauda por todos los impuestos comparativamente menos que el resto de Europa. No es algo de ahora, sino que lleva pasando todo este siglo. En 2019, antes de la pandemia, la recaudación fiscal en España suponía el 43,7% del PIB, frente al 46,9% en la UE-27 y el 47,3% en la zona euro. Y el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia y el 52,8% en Francia. A lo claro: España recaudaba 83.394 millones menos al año que la media europea. Y  89.618 millones menos que Alemania o 124.471 millones menos que Francia.

Con la pandemia, la recaudación ha mejorado algo, pero seguimos recaudando menos que Europa: 43,7% del PIB en España en 2021, frente al 46,9% de media en la UE, el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia o el 52,8% en Francia. A lo claro otra vez: España recaudó 45.000 millones menos que la media de la UE-27 en 2021, 44.100 millones menos que Alemania, 57.250 millones menos que Italia y 113.260 millones menos que Francia.

¿Por qué recaudamos porcentualmente menos que otros paises? Básicamente, porque ingresamos comparativamente menos en todos los impuestos. En el IRPF, porque tenemos tipos más bajos y hay demasiadas deducciones. En el IVA, porque tenemos un exceso de tipos reducidos y mínimos, además de mucho fraude. En impuestos especiales, porque carburantes, alcohol y tabaco pagan menos impuestos. Y sobre todo, porque en Sociedades hay una bajísima recaudación, por el exceso de deducciones para grandes empresas y bancos. Dos datos: en 2020, las grandes empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 8,3% sobre sus beneficios. Y  los bancos pagaron de impuestos el 6,3% de las ganancias, frente al tipo medio del 12,9% que pagamos los contribuyentes en el IRPF. Y además, hay demasiadas deducciones en todos los impuestos (60.000 millones, según la AIReF) y mucho fraude, sobre todo en el IVA y entre los que no viven de un sueldo.

Visto el panorama, la cuestión es evidente: si queremos reforzar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, muy “debilitados” como se ha visto con la pandemia, sólo queda un camino: hay que recaudar más, no menos. Sobre todo porque además, gastamos también menos que la media europea: un 42,3% del PIB en 2019 frente al 46,5% de la UE-27, lo que supone 52.277 millones menos de gasto al año. Y aunque el gasto público ha subido, con la pandemia y la guerra, todavía fue más bajo en España en 2021: 50,6% del PIB frente al 51,6% de media en la UE-27. Aún gastamos 12.500 millones menos al año.

Recaudamos menos y gastamos menos, pero aún así, tenemos un agujero en las cuentas públicas, un déficit, que es el 4º más elevado de la zona euro (tras Malta, Italia y Bélgica): -6,9% de déficit sobre el PIB en 2021, frente al -4,7% de media en la UE. De momento, la Comisión Europea “hace la vista gorda”, por la necesidad de gastar más ante la pandemia y la guerra. Pero ya ha advertido a los paises que en 2023 tendrán que recortar sus déficits, buscando que no sobrepasen el tope del 3% impuesto a los paises del euro.

Para recortar el déficit público en el futuro, España solo tiene dos caminos: ingresar más o gastar menos. Gastar menos parece difícil, porque ya gastamos menos que la media europea y necesitamos gastar más en sanidad, educación, pensiones y Dependencia, donde se ve cada día una falta de medios y personal. Y además necesitamos más inversiones para modernizar el país y hacer frente a los retos del siglo XXI: el Cambio climático, la digitalización y la revolución tecnológica. Así que sólo queda avanzar por el otro camino: recaudar más para reforzar los servicios públicos y la modernización de la economía.

Recaudar más no significa subir los impuestos a todos sino reordenar el sistema fiscal. Hacer una reforma para reducir las deducciones (injustas e ineficaces), ajustar tipos (¿tiene sentido que una comida en un restaurante pague el 10% de IVA, lo mismo que las medicinas?), reducir el fraude y hacer que paguen más impuestos no todos sino los que ahora pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y rentas altas. Una propuesta que parece más razonable que bajar genéricamente impuestos: por ahí, nos arriesgamos a recaudar menos y a tener que hacer recortes pronto, obligados por Bruselas.

En marzo de 2022, un Comité de 17 expertos independientes entregó al Gobierno el Libro Blanco de la Reforma Fiscal sobre el que habían trabajado 10 meses, por encargo de Hacienda. Su presidente lo tiene claro: defiende “la necesidad de recaudar más para sostener los servicios públicos”. Y en las 800 páginas de su informe señalan los cambios que harían falta, en Renta (reformular deducciones), en el IVA (eliminar progresivamente los tipos reducidos y superreducidos: supondría +27.000 millones de recaudación), en Sociedades (revisar deducciones y exenciones), en los impuestos a los combustibles (subirlos, bajando impuestos a la luz), establecer cánones digitales, tasas en las autovías y fijar un mínimo en los impuestos del patrimonio, sucesiones y donaciones (donde hay una carrera autonómica a la baja). En paralelo, el Banco de España acaba de decir que considera “imprescindible una revisión integral del sistema tributario”, empezando por revisar el IVA y aumentar la fiscalidad medioambiental, que tiene un bajísimo peso en España, como ha reiterado la Comisión Europea.

Así que frente a recetas simplistas que buscan votos (“hay que bajar impuestos"), los expertos apuestan por una reforma integral de los impuestos, para recaudar más y repartir mejor el esfuerzo fiscal, que ahora cae en exceso sobre los trabajadores y el IRPF. El problema es que cualquier reforma fiscal exige un pacto político y social, algo que no se otea en el horizonte. Y menos para 2023, un año plagado de elecciones. Así que los impuestos no se van a reformar de momento, lo que impedirá mejorar la recaudación y aumentar el necesario gasto social. Hasta que Bruselas nos dé un toque con el déficit. O la derecha llegue a la Moncloa. Entonces, ya saben lo que pasará.

Empresas: el tamaño sí importa

España tiene un viejo problema de baja productividad: somos el país nº 18 en el ranking europeo de producción (PIB) por habitante y por eso tenemos menos nivel de vida. Y mucho tiene que ver el tamaño de nuestras empresas, donde la gran mayoría (93,58%) son muy pequeñas (menos de 10 trabajadores) y sólo tenemos un 1% de empresas medianas y grandes (un tercio menos que Alemania). El problema es que las empresas pequeñas son menos productivas, crean menos empleo, exportan menos y aportan menos crecimiento, como demuestra un estudio de su patronal, CEPYME. Por eso, proponen medidas para ayudar a las pymes a “dar el salto”, lo que permitiría crear 1.175.000 empleos más, subir salarios, crecer un 5,2% más y recaudar 20.000 millones extras en impuestos. Conseguir empresas más grandes, como pide la Comisión Europea, es uno de los objetivo del Plan de Recuperación y de una Ley (“Crea y Crece”) que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año. Aquí, el tamaño sí importa.

Enrique Ortega

Uno de los problemas más de fondo que tiene España, y del que apenas se habla, es nuestra baja productividad, que producimos mucho menos por habitante que la media europea y que los paises del norte, que por eso son mucho más ricos. El problema viene de lejos. En 1986, cuando España ingresó en la CEE, producíamos (PIB por habitante) el 76% de la media europea. La adhesión y los ajustes económicos mejoraron nuestra productividad, hasta conseguir superar la productividad media europea (también por la adhesión de paises del Este poco competitivos) en 2006, cuando alcanzamos un 105% de la productividad media de la UE-27. A partir de ahí, con la crisis de 2008, nuestra productividad cayó en picado, hasta ser un 90% de la europea en 2013. Y luego mejoró algo, hasta el 93% en 2017, para caer de nuevo al 91% en 2018 y 2019. Y con la pandemia, cayó de nuevo al 86% en 2020, según Eurostat.

Producimos menos por habitante por muchas razones, entre ellas por nuestro modelo económico (demasiados bares, hoteles y comercios pero pocas industrias), por la baja formación de los españoles (un 37,1% tienen “baja formación”, la ESO o menos, el doble que en  Europa), la escasa inversión en tecnología e innovación, el menor peso de la exportación y un problema del que se habla poco: tenemos demasiadas empresas pequeñas, menos competitivas y que crean menos empleo, más vulnerable y peor pagado.

El último Censo oficial, de octubre de 2021, indica que tenemos 2.929.722 empresas, de las que un 93,58% son muy pequeñas: 1.670.995 son empresas sin asalariados (38,60%) y 1.131.163 empresas (54,98%) que son “microempresas” (tienen de 1 a 9 trabajadores). Otras 157.103 empresas (5,36%) son también pequeñas. Así que sólo tenemos 25.499 empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores), un 0,87%, y 5.012 empresas grandes (más de 250 empresas grandes), el 0,17% restante. En definitiva, que sólo un 1,04% de todas las empresas españolas tienen más de 50 trabajadores, cuando en Europa son el 1,12% (pero tienen más medianas y sólo un 92,86% de microempresas). Y en Alemania, las microempresas son sólo un 87,23% del total de empresas y tienen el triple de medianas y grandes empresas.

España, en realidad, tiene dos problemas con sus empresas, según un reciente informe que acaba de publicar CEPYME, la patronal de las pymes. El primero, que se mueren antes que en el resto de Europa. Aquí “nacen más empresas”, en contra de lo que se piensa: se crean 35,3 empresas por cada 10.000 habitantes, con lo que somos el tercer país más emprendedor de Europa (tras Reino Unido y Portugal), por delante de la media europea (27 empresas/10.000 habitantes) y duplicamos la creación de empresas de Alemania (17,8), Holanda o Irlanda. Pero nuestras nuevas empresas “mueren antes”: la mitad de las nuevas empresas españolas no sobreviven a los 3 años (el 50,6%), frente al 54,6% en la UE-28 y el 56,6% en Alemania. Y sólo un tercio (el 38,5%) de las empresas españolas sobreviven a los 5 años, frente al 42,4% que sobreviven la UE-28 y el 45,9% en Alemania.

Nacen más empresas en España pero sobreviven menos por su pequeño tamaño: las pequeñas son más vulnerables a las crisis que las medianas y grandes. Se vio en la anterior crisis de 2008: se cerraron un 33% de las empresas de 10 a 49 trabajadores y sólo un 23% de las empresas de más de 500 empleados, según el informe de CEPYME. Y lo mismo ha vuelto a pasar con la pandemia: se han mantenido las empresas de más de 500 empleados y han caído un 4% de las empresas de 10 a 49 trabajadores.

El 2º problema de las empresas españolas, de esos dos tercios que sobreviven, es que son demasiado pequeñas y eso les resulta una desventaja para operar, según detalla el informe de CEPYME. Primero, venden menos, porque hay demasiadas micropymes. Las empresas españolas son las terceras de Europa que menos venden: 1,1 millones de euros por empresa, frente a 1,4 millones de media en la UE-28, 1,5 millones las francesas, 2,2 millones las británicas y 3 millones por empresa las alemanas (solo venden menos las italianas, 1 millón por empresa, y las portuguesas, 600.000 euros). Y eso se debe, sobre todo, al mayor peso de las microempresas (menos 10 empleados), que son las menos productivas: venden 122.000 euros por empleado en España frente a 135.600 en la UE-28, 131.700 en Alemania, 132.200 en Italia, 175.100 en Francia y 202.800 en Reino Unido. Eso fuerza a la baja la productividad de todas las empresas españolas, la 3ª más baja de Europa: venden 222.200 euros por empleado, frente a 230.900 en la UE-28, 232.500 en Reino Unido, 250.700 en Italia, 251.800 en Alemania y 271.600 euros por empleado en Francia.

Al ser menos productivas, por su menor tamaño, las empresas españolas también crean menos empleo: la empresa media española ocupa a 4,7 personas cuando el promedio en Europa son 6 personas por empresa, 4,1 en Italia, 5,7 en Francia, 9,3 en Reino Unido y 12 en Alemania (el triple que en España). Y eso se explica también por el gran peso de las microempresas, que concentran mucho más empleo en España (el 36,3% del total) que en la media europea (27,7%) y Alemania (sólo un 19% del empleo está en microempresas). Además, la menor productividad conlleva también peores salarios, sobre todo en las microempresas y pymes: en España, el salario medio era de 1.340 euros mensuales en las pequeñas empresas, un 22% inferior al sueldo  en las grandes (2.005 euros, 665 más al mes). Un empleo en las pymes peor pagado y más vulnerable: en la crisis de 2008, la mitad de todo el empleo perdido fue en las empresas españolas de 10 a 249 empleados.

Sigamos con otras desventajas de las pymes. Exportan menos (sólo venden fuera el 2,2% de las micropymes, el 13,7% de las empresas de 10 a 19 y el 24,5% de las que tienen de 20 a 49 empleados, frente al 59,5% de las empresas grandes que exportan), lo que les quita “una válvula de escape” esencial en las crisis. Se financian peor: las pymes tienen más problemas para conseguir un crédito y pagan tipos más altos. Innovan menos y apenas gastan en tecnología y en la formación de sus trabajadores. Y como también pagan menos y ofrecen peores contratos, tienen más problema para captar “talento”.

Parece claro que las microempresas y pymes tienen muchos motivos para ganar tamaño, algo que debería ser también un objetivo para el país. Pero no resulta fácil. El informe de CEPYME repasa algunos obstáculos que tienen las pymes para crecer: fiscales, laborales, contables, financieros, de seguros y competencia. Contabilizan hasta 100 regulaciones vinculadas al tamaño empresarial que desalientan el crecer, desde la obligación de auditorías, la posibilidad de crear comités de empresa a la pérdida de ayudas fiscales. El problema es lo que pierden y a lo que se les obliga cuando saltan el umbral de tamaño. Es lo que se llama “el síndrome del empleado nº 50”. Mejor no contratarlo por lo que se exige y se pierde.

La patronal CEPYME se queja de que faltan incentivos para ganar tamaño, para conseguir que una microempresa o una pequeña empresa se conviertan en mediana y una mediana en grande. Y también de que en España hay demasiados y costosos trámites para crear una empresa, un proceso que habría que facilitar para sustituir a las empresas que cierran. Según su informe, crear una empresa en España exige más trámites (7 frente a 5 en la UE, 5 en Francia, 4 en Reino Unido o 3 en Irlanda, aunque en Alemania son 9 y en Italia también 7), más tiempo (12,5 días frente a 11,9 en la UE-28, 11 en Italia,  8 en Alemania, 4,5 en Reino Unido y 4 en Francia), más coste (el 3,9% del ingreso per cápita en España frente al 3,1% de media en Europa, el 6,5% en Alemania, el 0,7% en Francia o el 0% en Reino Unido) y más exigencia de capital (11,6% del ingreso per cápita en España frente al 8,1% en la UE, el 29,8% en Alemania, el 0,02% en Francia y el 0% en Reino Unido y varios paises). Y además de los trámites estatales, hay entre 7 y 12 trámites más en las autonomías.

Al final, la patronal CEPYME propone un objetivo: favorecer la fusión de empresas y que las pymes ganen tamaño, para conseguir que haya 40.171 microempresas menos, que 20.051 den el salto a tener de 10 a 19 empleados y otras 9.665 salten a tener de 20 a 49 trabajadores. Y conseguir que 8.800 empresas pequeñas salten a medianas (50 a 249 trabajadores) y que haya 1.655 grandes empresas más. De conseguirlo y tener así la misma estructura de empresas por tamaño que la media de Europa, el informe resalta lo que España conseguiría: 1.175.200 empleos más (+440.000 en empresas medianas y +413.000 en empresas grandes), mayores ventas (+246.000 millones), mejores salarios (las empresas, con mayor tamaño, podrían pagar  29.000 millones más), exportar un 5% más, crecer el PIB un +5,2% y que Hacienda recaudase 20.000 millones más en impuestos.

El premio es como para plantearse intentar conseguir empresas de más tamaño. La Comisión Europea lleva décadas pidiéndoselo a España, informe tras informe. Y por eso, el Gobierno, para asegurar los Fondos europeos, ha incluido un apartado del Plan de Recuperación (el punto 13: “Impulso a la PYME”) con medidas e inversiones para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. Y el 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, que ahora está en proceso de consulta pública, para enviarse al Congreso antes de fin de año, otra promesa a Bruselas. La Ley (“Crea y Crece”) va a permitir crear una empresa con 1 euro, elimina el capital mínimo (3.000 euros), facilita la entrada de inversores (crowdfunding y mecenazgo) y tratará de reducir las trabas al crecimiento y fusión de empresas.

Es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

Más impuestos: toca pagar la pandemia

En junio toca presentar la declaración de la renta, mientras los impuestos son protagonistas de la política internacional: los paises del G-7 han subido al 15% el impuesto mínimo que paguen empresas y multinacionales, que ahora se escaquean en paraísos fiscales. Tras décadas de carreras para bajar impuestos, los paises se unen ahora para subirlos y pagar la factura de la pandemia. Y en julio, la Comisión Europea aprobará nuevos impuestos verdes, sobre los carburantes y vuelos. Entre tanto, Europa exige a España una profunda reforma fiscal, que se pondrá en marcha en 2023, cuando se afiance la recuperación. Subirán impuestos y no por ideología, sino porque no salen las cuentas: España ingresa 92.000 millones menos cada año que la media europea. Y así no se pueden financiar los servicios públicos y la modernización del país. Recaudamos poco porque muchos pagan menos de lo que deben: grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Ellos tendrán que pagar más, no la mayoría de españoles, que saldremos ganando.

Para situarnos, empecemos por un poco de historia económica. En el siglo XX, el crecimiento y la mejora del Estado del Bienestar tras la 2ª Guerra Mundial fueron posibles gracias a los altos impuestos que pagaban las empresas y los más ricos, en Europa y EEUU (las empresas pagaban un 91% de impuesto de sociedades entre 1951 y 1961, con Eisenhower). En los años 80 triunfaron las posturas económicas neoliberales, que arrastraron a Thatcher y Reagan a un recorte del Estado y los impuestos (28% tipo sociedades en USA), con una carrera entre paises para bajar los tipos y atraer empresas e inversiones. Esta política fiscal multiplicó los déficits públicos y redujo el Estado del Bienestar en todo el mundo, provocando recortes y una tremenda desigualdad tras la crisis de 2008. Una política fiscal conservadora cuyo último aleteo lo dio Donald Trump, con su reforma fiscal de 2017, que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y, sobre todo, a las rentas más altas.

Han sido cuatro décadas donde la idea dominante ha sido bajar impuestos para relanzar la economía y fomentar la iniciativa privada frente al Estado. Pero llegó la pandemia y la crisis, la mayor del último siglo, ha obligado a multiplicar las ayudas públicas a ciudadanos y empresas, potenciando la sanidad y los servicios públicos. Sólo en Estados Unidos se han aprobado estímulos (ayudas a particulares y empresas) por valor de 4,8 billones de dólares en el último año (entre marzo de 2020 y marzo de 2021). Y en Europa, los estímulos concedidos ya (entre ayudas y créditos) superan los 1,5 billones de euros, especialmente en Alemania (750.000), Francia (400.000), Italia (150.000) y España (110.000). Y ahora empezarán a repartir los 750.000 millones de los Fondos Europeos “Next Generation”.

La pandemia ha provocado un cambio histórico: ahora todo el mundo mira a “papá Estado”, pidiendo ayudas y soluciones para salir de la emergencia sanitaria y económica. Y eso ha multiplicado el gasto público, disparando los déficits y la deuda de los paises. Y con ello, se ha empezado a pensar en “cómo pagar la factura de la pandemia”. Y, curiosamente, las mismas instituciones internacionales que defendían la bajada de impuestos y el recorte del Estado son las que hablan ahora de “subir impuestos”. Empezó en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI): propuso “subir (temporalmente) impuestos a las rentas altas y a las multinacionales para pagar la factura de la crisis”. Y en mayo, la OCDE se sumó a esta propuesta, pidiendo además a los paises subir el impuesto a las herencias y donaciones, dos impuestos que PP y Ciudadanos llevan años queriendo rebajar en España.

Pero la gran novedad llega con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, al proponer al resto de países, el 21 de mayo, una tasa mínima mundial del 15% en el impuesto de sociedades, propuesta que enseguida fue apoyada por Europa y los paises del G-7, que han aprobado la medida en la Cumbre del 11 de junio en Cornualles (Reino Unido). No es que Biden sea “un rojo peligroso” sino que trata de hacer de la necesidad virtud: necesita recaudar muchos billones de dólares para financiar sus estímulos y el Plan de reactivación de la economía (2,3 billones) y no puede arriesgarse a que si sube los impuestos, las multinacionales busquen pagar menos en otro país. Así que es mejor pactar con el resto del mundo un tipo mínimo realista del 15% (que se pague de verdad) para que todos ganen, recaudando más.

El tipo mínimo del 15% (que algunos paises, como Francia, quieren subir al 21%) es una revolución fiscal,  tras cuatro décadas de carrera por bajar el impuesto de Sociedades: la media mundial está en el 24% nominal, aunque con las exenciones, desgravaciones, “trucos legales” y paraísos fiscales, las multinacionales pagan un tipo real del 4% y menos. Ahora, cara a la próxima Cumbre del G-20, el 9 de julio en Venecia, los paises y la OCDE tienen que perfilar la propuesta. Y después, negociarla con 135 paises, para que tenga un alcance mundial y las multinacionales no encuentren vías de escape. Hay 2 temas claves. Uno, cómo se va a fijar ese 15%, sobre qué beneficios y cómo se miden. Y el otro, como conseguir que las multinacionales paguen parte de ese impuesto en los paises donde operan pero no tienen la sede. Cómo conseguir que Google o Amazon paguen en España una parte de ese impuesto de sociedades cuando ahora desvían su facturación a otros paises.

No va a ser un acuerdo fácil, tardará aún meses y habrá que ver la letra pequeña, los resquicios que puedan aprovechar los poderosos bufetes fiscales que asesoran a las multinacionales. Pero, por primera vez en 40 años, hay una amplia mayoría de paises que están de acuerdo en forzar a las grandes empresas y multinacionales a pagar más impuestos. Y eso, porque todos necesitan recaudar más y el impuesto de Sociedades es una gran fuente de fraude y “elusión fiscal” (no pagar impuestos “legalmente”). Según la OCDE, la “elusión fiscal” de las multinacionales resta a las arcas públicas de los paises 200.000 millones de euros cada año. Y el European Tax Observatory calcula que Europa recaudaría 48.000  millones de euros más al año con este tipo mínimo del 15%, 1.000 millones más España (y 175.000 millones más, 12.400 España, si el tipo mínimo subiera al 25%).

Mientras avanza esta batalla para las multinacionales paguen el 15% de sus beneficios, Europa prepara otra revolución fiscal, la de “los impuestos verdes”, para pagar el ambicioso Plan contra el cambio climático: recortar las emisiones UE un 55% para 2030. La Comisión Europea prevé aprobar el 14 de julio el paquete “Fit for 55”, una serie de subidas fiscales para financiar la ambiciosa reforma energética europea. Los principales cambios, que nos van a afectar a todos en los próximos años, serán subidas en los impuestos a los carburantes y la calefacción, así como la implantación de usa tasa sobre los vuelos europeos, que hasta ahora no pagan por el CO2 que emiten (como las industrias y las eléctricas). Y además, subirán las tasas al transporte (“euro viñeta”), buscando reducir las emisiones de camiones, furgonetas y turismos. Y podría subir también el impuesto de matriculación.

Mientras Europa aprueba unos mayores “impuestos verdes”, la Comisión Europea ya ha advertido a España que tiene que hacer una reforma fiscal en profundidad, como una de las tres reformas básicas (junto a la laboral y de pensiones) que nos exigen para recibir los 140.000 millones de Fondos europeos (72.000 a fondo perdido). Y además de la exigencia, nos han adelantado sus 5 prioridades fiscales: subir los impuestos verdes, reformar el impuesto de sociedades, poner orden en el IVA (exceso de productos y servicios con tipos reducidos y superreducidos), armonizar el impuesto de patrimonio y sucesiones y corregir el impuesto sobre la renta (quitando reducciones y aumentando su progresividad).

España tiene que hacer una reforma fiscal  y no solo porque nos lo exige Europa, aunque la derecha (PP y Ciudadanos) siga con la bandera de “bajar impuestos”. Hay que poner orden en los impuestos, subiendo algunos, no por ideología sino por realismo, por un hecho incontestable: España recauda mucho menos que el resto de Europa. Y no ahora, sino en las últimas dos décadas (incluso antes). Veamos el dato. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

¿Por qué España recauda menos que el resto de Europa? Porque ingresamos menos en todos los impuestos, como demuestran muchos estudios. En el impuesto de la Renta, somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. En IVA, recaudamos 23.400 millones que la media UE, según la Comisión. En Sociedades, recaudamos el 2,3% del PIB, frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 4.912 millones de beneficios fiscales en 2020 (según Hacienda). En los impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes, ingresamos el 2,5% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. En impuestos verdes, recaudamos 3.500 millones menos que la media europea. Y con las herencias, otros 3.250 millones menos.

España recauda menos porque tiene demasiadas deducciones y exenciones fiscales, demasiados productos y servicios con IVA reducido y superreducido y porque las multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos pagan menos de lo que debían. Así, las 10 grandes tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron sólo 29,52 millones de euros en 2018. Significa que estas multinacionales pagan un 2,23% de impuestos sobre su teórica facturación en España.  Las grandes empresas pagan un 8,3% sobre sus beneficios y en el caso de grandes grupos y bancos, un 4% (frente al 25% de impuestos que pagan las pymes). Los inversores pagan, por intereses y dividendos, de un 19 al 23%, menos que el tipo medio del IRPF. Y las grandes fortunas declaran a través de sociedades y SICAV (tributan el 1% de sus beneficios anuales). Además, España tiene todavía mucho fraude fiscal, por el enorme peso de la economía sumergida (17,2% del PIB, según el FMI) y a la falta de inspectores (hay 4 veces más en Francia o Alemania).

Ahora, el Gobierno Sánchez ha prometido a la Comisión Europea que aprobará una reforma fiscal en 2022, para aplicar los cambios impositivos en 2023, no antes, para no poner en peligro la esperada recuperación. Y los cambios se basarán en el informe que entregue al Gobierno, en febrero de 2022, un Comité de Expertos que ya trabaja en la reforma. El único cambio que podría aprobarse este año, para aplicarse con el Presupuesto 2022, sería el tipo mínimo del 15% en sociedades, si se aprueba en el mundo este año. Un cambio muy importante, porque con el impuesto actual se recaudó 15.858 millones en 2020, menos de la mitad que en 2007 (44.823 millones), aunque las empresas ganan ahora más que antes de la anterior crisis. Si el tipo medio que pagan las multinacionales (2,23%) y grandes empresas (8% y en algunos casos el 4%) sube al 15%, el aumento de recaudación podría ser superior a los 2.000 millones de euros en 2022, una cifra muy importante.

El resto de cambios fiscales quedarían para entrar en vigor en 2023, algo difícil (Sánchez tiene una débil minoría para aprobar estos cambios en el Congreso) al ser un “año electoral”. Se auguran 6 grandes cambios fiscales, además del de Sociedades. En el IVA, reduciendo los productos y servicios con el tipo reducido (10%) y superreducido. En los impuestos especiales (quizás ya para 2022, si Bruselas aprueba nuevos impuestos), subiendo los impuestos del gasóleo, para homologarlo al de la gasolina (ahora paga 59 céntimos por litro frente a 70). En los impuestos verdes, porque España es el 3º que menos recauda sobre el PIB, incluyendo el impuesto sobre matriculación (España es el país UE que menos ingresa por el coche: 1.068 euros por vehículo frente a 1.911 en Francia o 1.963 en Alemania). En el Impuesto sobre la Renta, revisando deducciones y subiendo tipos a los que ganan más de 150.000 euros. En el impuesto de patrimonio, homogeneizando tipos (no se paga nada en Madrid, poco en Rioja o País Vasco y mucho en Extremadura, Aragón Y Cataluña). Y en el Impuesto de Sucesiones (herencias y donaciones), donde hay una pelea entre autonomías a ver quien baja más los tipos (hay “dumping fiscal”, como en Patrimonio).

Al final, España arrastra desde hace décadas un “agujero fiscal”, por recaudar menos que Europa, que hay que tapar cuando antes, para financiar los enormes gastos de la pandemia (que nos dejan un elevado déficit público y una histórica deuda), el reto del cambio climático y la modernización y digitalización de la economía. Para poder gastar más (“nos hace falta de todo”), España tiene que recaudar más. Y eso obliga a aprobar cambios fiscales para que paguen más los que ahora pagan menos de lo que deben: multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos. El resto, la mayoría de españoles que vivimos de una nómina o una pensión, también pagaremos algo más (IVA, carburantes, energía, coche…), pero no mucho. Los paganos de las futuras subidas de impuestos será esa minoría que ahora paga poco. Y serán los que emprendan “la cruzada” contra la subida de impuestos. Que no nos arrastren. La mayoría tenemos más que ganar.