La pandemia ha dejado millones de contagiados y 75.000 muertos, pero también la mayor crisis económica de nuestra historia reciente y una pérdida de empleos e ingresos para muchas familias, aumentando la pobreza y las “colas del hambre”. Esta “epidemia social” es más preocupante en España porque ya éramos, antes de la pandemia, el 5º país con más pobreza de Europa. Y los 9,7 millones de españoles con bajos ingresos en 2019 podrían ser ahora 1,2 millones más, 10,9 millones. Frente a esta “pandemia social”, el Gobierno aprobó en mayo el ingreso mínimo vital (IMV), para asegurar la subsistencia de 850.000 familias. Pero no ha funcionado, por un exceso de requisitos y burocracia: hoy sólo cubre a 200.000 familias, mientras más de 3 millones son atendidas por Cáritas o Cruz Roja y abandonadas por el Estado. Urge reformar el ingreso mínimo vital y que llegue de verdad a los que lo necesiten. Y darles no sólo dinero sino formación, empleo, vivienda y un futuro. Asegurar que no se queden atrás.
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| Enrique Ortega |
En España, la pandemia nos pilló con demasiada pobreza, fruto todavía de la dura crisis de 2008 y su secuela de recortes y desigualdades. Concretamente, en 2019, España era el 5º país europeo con más pobreza, con un 20,7% de españoles (9.695.989 personas) que ingresaban menos del 60% de la media del país (menos de 9.009 euros los solteros y menos de 18.919 euros las familias con 2 hijos), mientras en Europa eran “pobres” el 16,5% de la población (65.6 millones de europeos), según Eurostat. Y sólo tenían más “pobres” que España cuatro paises del Este: Rumanía (23,8%), Letonia (22,9%), Bulgaria (22,6%) y Estonia (21,7%). Y lo peor era que de esos “españoles pobres”, casi la mitad, el 9,2% (4.300.000 personas) estaban en situación de “pobreza extrema”, ingresando menos del 40% de la media del país (ganaban menos de 6.006 euros al año los solteros y menos de 12.600 euros las familias con dos hijos). Y lo más sangrante: éramos el tercer país con más pobreza infantil de Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con 2,1 millones de niños “pobres”.
En este panorama de elevada pobreza, la pandemia ha sido un tsunami que ha destrozado las cuentas de muchas familias, atacando más a las personas que ya eran vulnerables (se han contagiado más y han perdido más empleos) y creando serios problemas de subsistencia a familias que tenían una economía saneada y han perdido ingresos, trabajos o negocios. Así que la pobreza se ha agravado doblemente, en los pobres de antes y con otros nuevos. A falta de publicarse los datos de 2020, Oxfam Intermón aumenta la cifra de pobres en 1,2 millones más (de 9,7 a 10,9 millones en 2020). Y apunta a que la mayoría son personas “en pobreza extrema” (ingresan menos de 16 euros al día los solteros y menos de 35 euros diarios las familias), que han aumentado en 800.000 (a 5,1 millones).
A falta de cifras oficiales, “la nueva pobreza” se aprecia en las “colas del hambre” que se ven en las grandes ciudades y el aluvión de personas que piden ayuda a las ONGs. Por un lado, el Banco de Alimentos está aportando comida a 1.630.000 personas, 600.000 más que hace un año. La Cruz Roja atiende ya a 3.600.000 personas y ha tenido que multiplicar por 5 sus entregas de comida y bienes básicos a familias españolas (80%) e inmigrantes (20%), que están en su mayoría en paro (el 52%) y sin ingresos (el 22% de los hogares que atienden). Y Cáritas atiende ya a más de 3 millones de personas, de las que 500.000 nunca habían ido antes a pedir ayuda y que necesitan comida y dinero urgente para recibos y alquileres, porque no tienen ingresos: más de 825.000 personas atendidas por Cáritas están en situación de pobreza extrema y 258.000 no tienen ningún ingreso.
Para intentar paliar este tsunami de pobreza por la pandemia, el Gobierno aprobó el 29 de mayo el ingreso mínimo vital (IMV), con el objetivo de que 850.000 familias vulnerables recibieran una ayuda económica (entre 462 y 1015 euros, según el tipo de familia), a cobrar con efectos retroactivos desde el 1 de junio, además de ayudarles a encontrar empleo (debían registrarse en las oficinas del paro). Hoy, el último balance del ministro de Seguridad Social habla de que se ha concedido la ayuda a 200.000 familias, la cuarta parte del objetivo. Y lo peor es que se han presentado 1,2 millones de solicitudes, la mayoría denegadas sin explicación. De hecho, el dato que aportaba hace unos días Cáritas es muy revelador del fracaso del IMV: el 96,4% de las personas atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital tras haberlo solicitado. Y lo mismo denuncian otras ONGs: la mayoría de las familias vulnerables que han pedido el ingreso no lo han recibido y a muchas se les ha denegado, incluso sin explicarles el por qué.
El ingreso mínimo vital (IMV) nació con un decreto-Ley aprobado por el Gobierno (29 de mayo) y que ahora tiene que ser convalidado en el Congreso. Pero en estos meses, se han aprobado tres decretos más, para tratar de corregir el IMV, dos en septiembre de 2020 y el último el 2 de febrero de 2021, cuando se aprobó un decreto ley para que puedan recibir el ingreso mínimo algunos colectivos antes excluidos: aumentan las personas acogidas dentro de una unidad familiar (se permite núcleos familiares más extensos), personas sin domicilio (que viven en albergues o en la calle) y usuarios de residencias. A la vez, abre la puerta a que los servicios sociales y ONGs puedan certificar el domicilio y la residencia en España hace un año, lo que resulta positivo pero crea un problema adicional, porque los servicios sociales municipales están colapsados y las ONGs no tienen medios.
A pesar de estos cambios, los expertos en servicios sociales y ONGs critican que el Gobierno, sigue sin resolver los problemas de exceso de requisitos y burocracia con los que nació el ingreso mínimo vital. El principal, que se pide a los solicitantes que justifiquen su caída de ingresos en 2019, cuando “los nuevos pobres” perdieron sus ingresos en 2020 y eso no se aprecia en su última declaración de renta (de 2019). Además se quejan del exceso de requisitos y de la dificultad que existe en muchos casos para demostrar el empadronamiento y el domicilio (muchos tienen contratos de alquiler no registrados o viven en viviendas ocupadas), el número de miembros de la familia, su presencia en España desde hace un año… Y se deja fuera del IMV a los jóvenes de 18 a 23 años, a los refugiados, asilados y protegidos por razones humanitarias y a los extranjeros que llevan menos de 1 año en España. Y no se reconoce la prestación a familias con más de 3 menores (sólo hasta el tercer hijo).
Otra queja de fondo, de los expertos en servicios sociales y ONG, es la falta de transparencia de todo el proceso de solicitud y concesión del IMV. No es posible hacer un seguimiento telemático de las solicitudes. Y en muchos casos, no se explican las razones por las que se deniegan el 60% de las solicitudes, ya que en muchos casos terminan en “inadmisión”, lo que impide conocer los motivos por los que se rechaza. Y tampoco hay estadísticas periódicas sobre solicitudes, concesiones e importes de la ayuda (se están dado desde 14 euros a 50 y 100 euros junto a los 462 prometidos), de las que el Gobierno informa a cuentagotas. Además, algunas ONGs denuncian que el periodo de retroactividad del ingreso (desde el 1 de junio) ha finalizado y muchas familias siguen esperando la ayuda sin tener ningún ingreso.
Es hora de cambiar radicalmente los requisitos para que el IMV llegue a los que de verdad lo necesitan. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS) acaban de enviar al Gobierno unas propuestas de mejora muy concretas, que piden se incluyan en la Ley del IMV que está a debate en el Congreso. La primera y fundamental, que se cree una pasarela desde las rentas mínimas autonómicas, para que los 297.183 beneficiarios de estas ayudas autonómicas pasen a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, sin más papeleo adicional y con comprobaciones posteriores. La segunda propuesta, que las familias afectadas por la pandemia y cuyos ingresos han caído drásticamente en 2020 puedan hacer “una declaración responsable” de esta caída de ingresos y con ella recibir el IMV, a expensas de regularizarlo y confirmarlo cuando declaren a Hacienda esta primavera. Y el tercer cambio, que se tenga en cuenta la situación familiar al hacer la solicitud y no un año antes, dejando que sean los servicios sociales los que informen sólo en los casos de discordancia.
Además, los expertos piden que se refuercen los servicios sociales municipales, que ya estaban sobrecargados antes de la pandemia (recibían 10 millones de consultas al año) y que se ayude a las ONGs sin ánimo de lucro, que colaboran en la gestión del IMV sin medios ni contrapartidas. Además, las ONGs piden más transparencia en la gestión de las solicitudes y una mejora de la gestión telemática, para conocer el estado de los expedientes. Y se quejan de que no se incluyan, junto al IMV, ayudas a la vivienda y alquileres sociales, uno de los problemas más graves que tienen las familias vulnerables. Y que no se les forme ni se diseñe su reinserción laboral, aunque se les obligue a apuntarse al paro.
Otro problema importante es que el ingreso mínimo vital ha desactivado las rentas mínimas que daban las autonomías. El dato que acaba de dar Cáritas es muy explícito: 4 de cada 10 familias que recibían ayudas autonómicas han dejado de recibirlas, por solicitar o percibir el ingreso mínimo vital. Y es que las autonomías han reaccionado cada una a su aire ante la llegada del ingreso mínimo: unas (Madrid) han suspendido algunas rentas mínimas, otras (Castilla la Mancha) han archivado las peticiones pendientes de rentas mínimas y otras (Baleares) han subido sus rentas mínimas. Pero en general, las autonomías han visto el cielo abierto con el ingreso mínimo vital: una oportunidad de gastar en otras cosas esos 1.686 millones de euros que hasta ahora gastaban en rentas mínimas para familias desfavorecidas, a las que dan entre 667 euros (País Vasco) y 400 (Madrid).
Lo lógico sería que las rentas mínimas desaparecieran en el ingreso mínimo vital, pero que ese dinero no se perdiera: que las autonomías lo utilizaran para complementar el IMV, para reforzar los servicios sociales (autonómicos y sobre todo municipales), para financiar a las ONGs y, sobre todo, para financiar ayudas complementarias a las familias más vulnerables (alquileres, becas, ayudas de comedor) y para poner en marcha programas de formación y políticas de empleo para la reinserción laboral de las familias más pobres. No ahorrarse el gasto en rentas mínimas sino hacer más y mejor gasto social autonómico.
El ingreso mínimo vital tiene recursos (3.100 millones para 2021), aunque quizás necesite más, si la recuperación se retrasa. Pero lo que más necesita es flexibilidad y transparencia, para que las familias más afectadas por la pandemia tengan ayudas ya, sin retrasos. Hay que reducir burocracia y dejar de poner trabas a los pobres, como denuncian las ONG. Pero no basta con esta ayuda. No podemos dejar que la pobreza se enquiste, en determinados colectivos y familias (madres solas con hijos, trabajadores precarios, inmigrantes, jóvenes y mujeres). Hay que poner en marcha un Plan de choque para que vuelvan a trabajar y tener ingresos, apostando por su formación y tutelando su recolocación desde las oficinas de empleo (que hay que reformar y dotar de medios). Y en paralelo, aprobar un Plan de alquileres subvencionados y viviendas sociales. Y programas específicos de seguimiento educativo, para que los hijos de familias pobres no abandonen el colegio y tengan acceso a becas y educación online. Y una atención específica a las familias pobres con padres e hijos dependientes y con niños.
No vale con asegurar a los pobres una pequeña ayuda para sobrevivir, que hoy no llega a la mayoría. Hay que hacer una política social eficaz, no sólo por una cuestión de justicia sino por una mera cuestión económica: una pobreza y desigualdad excesivas son” un lastre para tener un crecimiento sostenible”, como dijo el gobernador del Banco de España en el Congreso. Así que luchar contra la pobreza y la desigualdad no es “de izquierdas” sino de puro sentido común: si 1 de cada 4 ciudadanos está en situación de pobreza, ni consumen, ni crean riqueza, ni pagan impuestos o pensiones, ni creceremos suficiente. Y además, esta tremenda pobreza alimenta los populismos y deteriora la democracia.
Por eso, un objetivo de la recuperación, de los Fondos europeos, debe ser reducir la pobreza y la desigualdad, crear más empleo y mejorar el nivel de vida de 10 millones de españoles vulnerables. Salir de la recesión sin que muchos se queden atrás. Un reto de todos, por la justicia, la economía y la democracia.
