El recibo de la luz, pendiente del clima

Ya casi nadie se fija en el recibo de la luz, que tantos “sustos” nos dio en 2021 y 2022. En 2023 moderó su subida y así sigue en 2024, a pesar del final de “la excepción ibérica”, la subida del IVA y los conflictos geopolíticos. Y España sigue con la luz más barata de Europa. La causa de estos precios “más controlados” está en las energías renovables (sol, aire y agua), que producen una electricidad más barata y limpia: llevan 12 meses consecutivos generando más del 50% de la electricidad. Y el objetivo es que generen el 81% de la luz en 2030. Es bueno, pero obliga a estar más pendientes del clima: más o menos aire, sol y lluvia explican los vaivenes del precio de la luz. En paralelo, se agrava la “guerra de precios” y las ofertas de las eléctricas para que contratemos la luz “en el mercado libre”, con tarifas planas (y “letra pequeña”) que ya tienen el 71,8% de consumidores.

                            Enrique Ortega

El recibo de la luz sigue sin darnos sustos en 2024. Ya en 2023 volvimos “casi a la normalidad” en las tarifas, tras los “sustos” sufridos en 2021 y 2022, por la crisis de la energía y la invasión de Ucrania. Así, el coste de la luz en el mercado mayorista (donde venden y compran la luz diariamente las compañías productoras y distribuidoras) cerró 2023 con un precio medio de 87,43 euros/MWh, menos de la mitad del precio medio de 2022 (209,69 euros/MWh) y por debajo del precio medio de 2021 (111,39 euros/MWh), aunque todavía duplicaba el precio medio de los 5 años anteriores (46,15 euros/MWh). Y ahora, en lo que llevamos de 2024 (enero-septiembre), el precio medio del mercado mayorista ha sido menor al de 2023, 45,5 euros/MWh, a pesar de ser mayor en verano (desde 56 euros en junio a 91,05 en agosto y 72,62 en septiembre), por las olas de calor y el turismo.

Con un precio de la luz en origen más moderado, los consumidores hemos pagado precios contenidos, tanto en el mercado regulado (8,6 millones de clientes, cuya tarifa se rige por el precio mayorista diario según las horas de consumo) como en el mercado “libre” (21,8 millones de clientes) , donde las tarifas (“planas”) se suelen fijar por un año o más (y se revisan después, con la evolución del mercado). Ya en 2023, el recibo medio de la luz (para un hogar que tenga contratada 4,6 kW de potencia y 292 kwh de consumo mensual) fue de 60,26 euros al mes (723 euros al año), una rebaja importante (-42,8%) sobre el recibo medio pagado en 2022 (105,48 euros al mes) y en 2021 (79,11 euros al mes de media), según los precios que publica la OCU. Y este año 2024, revelan que estamos pagando un recibo algo más bajo: 58 euros de media (enero a septiembre), con recibos inferiores a 55 euros en abril, mayo y junio y por encima de los 60 euros en enero, julio y agosto.

Así que este año 2024, el precio de la luz es más bajo incluso que en 2023, tanto en el mercado mayorista de origen como en el recibo final al consumidor. Y eso que hemos contado con dos factores en contra. Uno, que desde el 1 de enero de 2024 ya no tenemos la ayuda de “la excepción ibérica”, esa medida concedida por Bruselas a España y Portugal para poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad, para que no disparara el precio del mercado de origen. La medida entró en vigor el 15 de junio de 2022 y fue clave para rebajar la tarifa eléctrica en 2022 (el peor año) y en 2023 (aunque no se aplicaba desde febrero de 2023, porque el gas estaba por debajo del tope, entonces 65 euros/MWh). De hecho, “la excepción ibérica” (el “timo ibérico” para el PP) permitió a España un ahorro de 5.106 millones de euros en los recibos (4.000 millones en 2022 y 1.100 millones en 2023).

El otro factor que no ha ayudado a bajar el recibo han sido los 3 impuestos a la electricidad, que han subido en 2024. En enero, con los precios en origen más bajos, el Gobierno Sánchez decidió subir el IVA (tras bajarlo del 21 al 10% en 2021 y al 5% en junio de 2022): lo subió al 10%, siempre que el precio mayorista (en origen) estuviese por encima de los 45 euros/MWH. Pero en febrero bajó a 40euros y con ello, el IVA  subió al 21% hasta mayo. En junio, el precio mayorista se colocó en 56 euros/MWH y el IVA volvió al 10%, que ha estado vigente hasta septiembre. Además de un IVA más alto que en 2023, hemos pagado una subida del impuesto especial a la electricidad (del 0,5% al 2,5% en el primer trimestre, el 2,8% en el 2º y el 5,11% desde julio) y del impuesto a la generación de electricidad, que pagan las eléctricas pero “nos lo repercuten” a los clientes (se suprimió en 2021 y ha vuelto, al 3,5% en el primer trimestre, el 5,25% en el 2º y el 7% a partir de julio). En conjunto, se estima que pagaremos 7,50 euros extras mensuales en 2024 por esta triple subida de impuestos a la luz.

Sin embargo, hay otros factores que sí han ayudado y explican por qué pagamos algo menos por la luz que en 2023 (y mucho menos que en 2021 y 2022). Uno de ellos, la reforma de la tarifa regulada, el PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), que entró en vigor el 1 de enero de 2024. El principal cambio es que la tarifa regulada ya no oscila sólo con el precio diario del mercado mayorista, sino que se obliga a las compañías distribuidoras que compren una parte de la luz que nos venden en el mercado a plazo: este año, un 25% deberá ser de contratos a plazo (a un mes, un trimestre, un año o más), un 40% en 2025 y un 55% en 2026. Con ello se buscan contratos más estables (evitando los “saltos” diarios de precios) y que deben ser más baratos, en beneficio de los consumidores.

Pero el factor clave de que el precio de la luz sea más bajo está en el creciente peso de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) en la generación de electricidad, porque son más baratas que el resto (gas, carbón o incluso algunas nucleares). Así, en 2024 (enero-septiembre), las energías renovables han aportado el 57,3% de la electricidad producida (22,4% la eólica, 20,3% la solar, 13,2% la hidráulica y 1,4% otras energías renovables), según Red Eléctrica (Redeia). Y lo más importante: son ya 12 meses consecutivos (de octubre de 2023 a septiembre de 2024) en que las energías renovables generan más del 50% de la electricidad en España. Ya en 2023, las renovables aportaron el 50,1% de la electricidad generada, un gran salto desde 2019, cuando aportaron el 39,2%. 

El tirón de las renovables es lo que explica que nuestro recibo de la luz no se dispare, junto a la moderación en el precio del gas natural, el culpable de disparar nuestro recibo en 2021 y 2022: sigue por debajo de los 40 euros/MWh, cuando en agosto de 2022 se disparó a 311 euros, aunque su precio podría repuntar por el conflicto en Oriente Próximo. En cualquier caso, la electricidad generada con gas (centrales combinadas) es ahora marginal (11,3% de enero a septiembre), con lo que podría aumentar algo el recibo si su precio se dispara, pero no lo notaríamos demasiado, porque casi dos tercios de la electricidad es renovable.

Este tirón de las renovables explica también otro hecho: España tiene la electricidad más barata de Europa. Con datos del 3 de octubre, en España costaba 58 euros/MWH, casi como en Francia (57,64 euros) y mucho más barata que en Portugal (67,45), Alemania (72,66), Paises Bajos (86,05), Grecia (101), Italia (115) o Finlandia (183 euros/MWh). Y eso ha sido así durante todo 2024 y también en 2022 y 2023. Concretamente, en los 18 meses que iban de junio de 2022 a diciembre de 2023, el precio mayorista de la electricidad fue de 102,64 euros por MWh en España, 161,48 euros en Alemania, 175,82 en Francia y 207,88 euros en Italia, según los datos publicados por el Grupo ASE. Y si miramos todo el año 2023, el precio mayorista en España (87,43 euros de media) fue un -14,2% inferior a la media de la electricidad mayorista en los 4 grandes paises UE (101,82 euros).

Eso se explica en parte por la “excepción ibérica” (hasta 2023) pero sobre todo porque España ha desarrollado más las energías renovables. En energía solar, somos líderes europeos en potencia instalada (29,5 GW de potencia, por delate de los 24,6 de Alemania, los 10,8 de Francia, los 9,8 de Reino Unido  y los 4,8 de Italia)  y también en potencia en construcción (7,8 GW, más que la prevista en Grecia, Reino Unido, Portugal y Alemania juntas. Y en energía eólica, España ocupa el 2º puesto en Europa en capacidad instalada (30,42 GW en 2023), tras Alemania y por delante de Reino Unido, Francia e Italia. Y por si no quedara claro, en 2023, España produjo casi el 40% de la electricidad (39,3%) con energía eólica y solar, frente al 13% en el mundo y algo por encima de Alemania (39%).

El objetivo es seguir aumentando el peso de las energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica y otras) en los próximos años  y conseguir que aporten el 81% de la electricidad en 2030, según el último Plan aprobado por el Gobierno en septiembre y enviado a Bruselas. La hoja de ruta de la energía solar (fotovoltaica y térmica) va bien, según lo previsto, pero la energía eólica va retrasada: ha superado  el listón de los 30 GWh (con 22.200 aerogeneradores), pero le queda mucho para llegar a los 62 GW previstos para 2030. Y avanza a un ritmo lento: en 2023 se instalaron 607,27 MWh, la octava parte de los 5,2 GWH anuales que hay que instalar hasta 2030. El sector se queja de un “exceso de rigidez normativa” por las distintas administraciones, con mucha “judicialización” de proyectos (sobre todo en Galicia). Problemas que urge agilizar y resolver, junto al desarrollo de la eólica marina (recién autorizada) porque la energía eólica es clave para cubrir la demanda en horas que no hay sol (si no hay molinos y energía suficiente, obliga a tirar de las centrales de gas…).

El tirón de las renovables no sólo abarata el recibo de la luz sino que reduce drásticamente las emisiones de CO2 que provocan las centrales de carbón (solo ha generado el 1% de la electricidad este año), fuel y gas (11,5%) y los residuos de las centrales nucleares  (que generan todavía un 19,7% de la electricidad). Concretamente, en 2024 (enero-septiembre), la producción de electricidad ha generado 18,58 millones de toneladas de CO2 equivalente y podrían llegar a 25 millones de toneladas de CO2 en todo 2024. Eso supondría reducir a la mitad las emisiones por generar electricidad que se hicieron en 2019 (50 millones).

Así que el impulso a las renovables nos está permitiendo tener una luz más barata y limpia. Ahora, la clave es seguir promoviendo las energías eólica, solar y otras renovables, mejorando su eficiencia y desarrollando el almacenamiento, porque una parte de la energía renovable no se puede guardar (almacenar en baterías gigantes) y se pierde. En paralelo, urge modernizar la red de distribución, para evitar picos y cortes: hay horas y lugares donde se ha cortado la luz a grandes industrias para no cortarla al resto, por desajustes puntuales en la generación y distribución de electricidad. Con todo, lo esperado es que la luz sea cada año más barata, al ser más renovable. El Banco de España estima que las energías renovables pueden reducir los precios de la luz un 50% de aquí a 2030. Y con ello, España tendría unas tarifas eléctricas más competitivas, del 20 al 30% más bajas que en Europa.

Pero esto va a suponer un gran cambio: cada vez tendrá más peso el clima en nuestro recibo de la luz. Ya lo hemos visto este año: en primavera, con las lluvias, hemos tenido la luz más barata del año (marzo, abril y mayo). En verano, con las olas de calor (más demanda y menos rendimiento de los paneles solares), la falta de viento y de lluvias, hemos tenido la luz más cara (julio y agosto). Y en septiembre, con más viento y algunas lluvias, la electricidad ha bajado. También se espera que baje en octubre (salvo por “sustos” geopolíticos en el gas natural). Así que alegrémonos los días de viento, sol y lluvia  (más renovables) y poco calor y frío (menos demanda), porque eso rebajará nuestro recibo de la luz.

Visto el panorama, queda hablar de la “guerra de precios” que han vuelto a lanzar las eléctricas y sus distribuidoras (también las independientes y empresas como Repsol o el Corte Inglés) para “robarse clientes”. Ahora que los clientes de tarifa regulada (PCPV) han visto subir algo su recibo en verano (aunque les bajó más en primavera), las distribuidoras arrecian sus ofertas para que se cambien al “mercado libre”. Hasta ahora están teniendo éxito, porque han ganado clientes en los últimos años: en junio sólo había 8,6 millones de consumidores con tarifa regulada (el 28,2%) y 21,8 millones con “tarifa libre” (71,2%), clientes que contratan una “tarifa plana” (tanto al año), con el argumento de que así “no tendrán sustos”. Pero muchos no saben “los inconvenientes”: estos contratos suelen tener “permanencia”, no pagan según la hora de consumo, como la tarifa regulada (a veces tienen 3 franjas horarias) y no tienen derecho al bono social. Y a veces pagan potencia de más.

Cualquier consumidor puede meterse en el comparador de la CNMC, para ver las ofertas de luz disponibles y compararlas con su tarifa regulada (PVPC). Pero ojo, aquí pasa un poco como con las hipotecas: las eléctricas quieren convencernos de que nos pasemos al mercado “libre”, como los bancos nos intentan convencer de las hipotecas a tipo fijo. Y ahora que bajan los tipos, puede que no sean una buena opción. Lo mismo pasa con la luz: si la previsión es que siga bajando, compensará más estar en el mercado regulado (más ligado al mercado) que en el “libre” (donde habrá que pelear la rebaja en cada revisión, algo difícil). Por eso, a pesar del bombardeo de “ofertas”, yo sigo con la tarifa regulada.

Repunta la inflación

Los precios llevan 3 meses subiendo (julio, agosto y septiembre), tras bajar antes, desde febrero. La culpa la tienen las subidas de los carburantes (desde junio), la electricidad (desde septiembre) y los alimentos, sobre todo el aceite, azúcar, arroz, patatas, frutas y verduras, leche, y huevos. Ahora, con el conflicto en Israel, se teme que suban más el petróleo y el gas, encareciendo carburantes y electricidad. Y que la sequía y las malas cosechas mantengan caros los alimentos. Pero lo que más preocupa es que los precios sigan altos en 2024, incluso con más inflación (por encima del 4%) que este año, por los conflictos en Ucrania e Israel y la crisis climática. Un tema clave para el futuro de la inflación en España será ver si se forma un Gobierno en noviembre y prorroga las ayudas contra la inflación (costosas es un año donde tendrá que rebajarse el déficit público). Y si hay reforma del mercado eléctrico europeo o al menos, España mantiene “la excepción ibérica”, que nos ha abaratado la luz.

                   Enrique Ortega

El INE lo confirmó el viernes: la inflación anual volvió a subir en septiembre, hasta el 3,5%. Es el tercer mes consecutivo en que sube el IPC (tras las subidas de julio, al 2,3%, y agosto, al 2,6%), después de alcanzar un mínimo anual del 1,9% en junio, que contrastaba con la disparada inflación de un año antes (más del 10% en junio, julio y agosto de 2022). Ahora, el repunte de la inflación en España tiene 3 culpables: la subida de los carburantes (la gasolina y el gasóleo suben desde el verano, aunque bajan la última semana), la electricidad (que sube desde septiembre) y los alimentos (que llevan 18 meses consecutivos subiendo por encima del 10% anual, desde abril de 2022), más los hoteles y restaurantes. Veámoslo con más detalle.

El precio de los carburantes alcanzó su mínimo a finales de mayo (1,584 euros/litro la gasolina y 1,415 euros el gasóleo), para subir después 14 semanas seguidas, por la mayor demanda en verano y el repunte del petróleo. Y aunque bajaron la semana pasada, la gasolina cuesta ahora un 8,5% más (1,719 euros/litro) y el gasóleo un +18,8% (1,682 euros litro). Por un lado, el conflicto en Israel ha provocado un nuevo alza del petróleo (por encima de los 90 dólares), tras subir desde agosto por el recorte de la producción pactado por Arabia Saudí y Rusia, aunque todavía el alto precio del crudo ahora (90,86 dólares/barril el sábado) es más barato que antes de la invasión de Ucrania (97,89 dólares por barril de Brent). Y a favor de la bajada de los carburantes juega la decisión de Putin de volver a exportar gasóleo fuera de Rusia, lo que puede destensionar el mercado internacional y los precios, aunque en invierno aumenta la demanda.

La electricidad ha subido en los últimos meses, aunque menos que el año pasado, tras unos precios mínimos de enero a mayo, por la bajada del precio del gas y el aumento de la producción renovable. Tras subir en junio y julio, el precio mayorista de la electricidad volvió a bajar en agosto (hasta un mínimo de 52,31 euros/MWh el día 27), para subir ya en septiembre (110,04 euros/MWh el 23 de septiembre) y octubre (118,64 euros/MWh el viernes13), por un aumento excepcional de las temperaturas y un mayor uso del gas natural, que está subiendo de precio (+50% en una semana), por la mayor demanda internacional, la subida de los derechos de emisión de CO2, la sospecha de un sabotaje en el gasoducto de Finlandia a Letonia y, ahora, el conflicto en Israel. Con ello, el gas natural, clave para asegurar el suministro, ha subido de 40 euros/MWh en agosto a  55,2 euros el viernes. Y ahora, con la tensión de Ucrania e Israel más el invierno, el gas seguirá caro (y la electricidad y la calefacción). 

Y los alimentos no bajan, tras subir por encima del 10% anual desde abril de 2022. En septiembre han subido un +0,5% mensual y subían ya un +10,5% anual, según el INE, lo mismo que en agosto. Los alimentos que más suben son los aceites (+41,9% anual, tras subir un +1,2% en septiembre), por las malas cosechas,  el azúcar (+40,5% el último año), por el encarecimiento del mercado mundial tras malas cosechas en India, el arroz (+18,5% anual), las patatas (+15,2%), el pan (+14,9%), las carnes de pollo (+18,1%), vaca (+14,7), cordero (+11,5%), y cerdo (+11,2%), el agua, refrescos y zumos (+12,7%), la leche (+11,9%) y los huevos (+11,5%), las legumbres (+11,6%), cereales (+10,5%), frutas (+9,2%) y lácteos (+8,9%), según el IPC de septiembre (INE).

Además de los carburantes, la electricidad y los alimentos, suben muy por encima de la media los paquetes turísticos nacionales (+15,7% anual) e internacionales (+14,6%), los hoteles (+11% anual) y los restaurantes y cafés (+5,8%).  Sube poco la ropa y el calzado (+1,2% anual), el menaje del hogar (+3,9%), los gastos médicos (+2,1%), el transporte (+3,8% anual, por la menor subida de los carburantes que el año pasado y la bajada del transporte público), las comunicaciones (+4,4%), la enseñanza (+2,2% anual), el ocio y cultura (+5%). Y nos ayudan con sus bajadas anuales los gastos de vivienda (-13,1%), por la rebaja anual del gasto en calefacción luz y agua, según el INE. 

A pesar del repunte de la inflación en los últimos 3 meses, España sigue con una menor inflación que la mayoría de Europa. En septiembre, la inflación española (dato armonizado con Europa) era del 3,2%, bastante inferior a la media de inflación homologada en la zona euro (20 paises), que era del 4,3%. Y aunque la inflación bajó en septiembre en la eurozona (del 5,2 al 4,3%) y subió en España (del 2,4 al 3,2%), todavía tenemos la 4ª menor inflación de la zona euro, sólo superior a la de Bélgica (0,7%), Grecia (2,4%) y Finlandia (3%). Y nuestra inflación es muy inferior a la de Austria (+11% anual en septiembre), Alemania (+10,9%), Italia (+9,4%), Irlanda (+8,6%) o Francia (+8,6%), según Eurostat.

Ahora, se espera un repunte de la inflación en el 4º trimestre, en Europa y en España, por la esperada subida del petróleo y el gas (por los conflictos de Israel y Ucrania, más el aumento de la demanda ante el invierno), que van a encarecer los carburantes, la electricidad y la calefacción. Además, no se espera que bajen los alimentos, porque seguiremos sufriendo los efectos de la sequía y las malas cosechas. En España, la cosecha de aceite 2023-24 se espera algo mejor (+15%) que la desastrosa cosecha pasada (2022-23), pero seguirá estando un 34% por debajo de la cosecha media  (765.000 TM frente a más de 1 millón de TM en las cuatro campañas anteriores a la de 2022). Y además, hay la mitad de remanentes (stocks) que hace un año, lo que forzará a unos precios altos. Y lo mismo pasará con las naranjas (esperan la menor cosecha en 11 años) y los cereales (con pérdidas del 70 al 80% en los cereales de invierno), las frutas y hortalizas.

Los pronósticos son que la inflación siga alta hasta diciembre y se cierre el año con una inflación media del 3,6% (cerca del 4% anual en diciembre) según el Banco de España, mientras el FMI nos acaba de pronosticar un 3,5% de inflación media este año. Ojo, es una inflación alta, pero menos de la mitad de la inflación media que sufrimos en 2022: +8,3%. El problema es que en 2024 no mejorará la inflación, sino que va a empeorar (superando incluso el 4%). En ello coinciden tanto el FMI (augura un +3,9% de inflación media, frente al +3,5% este año) como el Banco de España (que prevé una inflación media del +4,3% en 2024, frente a +3,6% este año). En ambas previsiones, el temor a una mayor inflación en 2024 se debe a una posible subida del precio del petróleo y el gas (por los conflictos geopolíticos), a la esperada subida de la electricidad (ante la falta  de una reforma del mercado eléctrico en Europa) y a la sequía y la crisis climática, que afecta negativamente a las cosechas de alimentos en todo el mundo y en España.

Hay otro factor más que tira hacia arriba de la inflación: la subida de los márgenes empresariales en muchos sectores, donde las empresas están aprovechando para recomponer beneficios tras la crisis del COVID. Lo confirman los últimos datos disponibles del Observatorio de Márgenes, una herramienta conjunta elaborada por los Ministerios de Economía y Hacienda más el Banco de España: las grandes compañías, sobre todo del sector energético, el agroalimentario y la distribución han disparado sus márgenes sobre ventas en la primera mitad de 2023. Concretamente, las empresas eléctricas y gasistas aumentaron sus márgenes sobre ventas un +26,8%, las compañías petroleras y extractivas un +16,9%, las mayores empresas agrícolas y pesqueras un +19,9%, los supermercados y grandes grupos de distribución un +10,7%, las empresas de hostelería un +16,92%, las agencias de viaje un +41,2% y el sector inmobiliario un +39,7%. Estos son los datos oficiales sobre su aumento de márgenes, aunque los sectores y empresas insisten en que ellos no repercuten los aumentos de costes en sus precios y clientes…

Mientras, los 20.735.911 trabajadores afiliados a la Seguridad Social sufren la subida de precios sin que les compense la subida de sus sueldos. Hasta septiembre, la subida media en los pocos convenios firmados (945, que afecta a 2.687.188 trabajadores) fue del +3.41%, por debajo de la inflación anual (+3,5% a septiembre) y muy por debajo de lo que han subido este año los carburantes (+8% la gasolina y + 1,2% el gasóleo) , la luz (+194%)  o los alimentos (+5,9% de enero a septiembre). Y es el tercer año en que los trabajadores pierden poder adquisitivo, tras las mínimas subidas en los convenios de 2022 (+2,99%) y 2021 (+1,45%). Así que no son los salarios los culpables de que siga subiendo la inflación, sino el aumento de costes (sobre todo energéticos) y su repercusión en los márgenes empresariales.

Ahora, además de la incertidumbre sobre el comportamiento de la energía y los alimentos, a la vista de las crisis de Israel y Ucrania y las tensiones geopolíticas internacionales (EEUU, China, Rusia, Europa y Oriente Medio), en España preocupa el futuro de las ayudas públicas aprobadas contra la inflación y que terminan el 31 de diciembre. Por un lado, la rebaja del IVA y otros impuestos, en la electricidad y la alimentación, más las ayudas al transporte profesional (5 céntimos por litro en el cuarto trimestre). Y por otro, el final de la excepción ibérica, prorrogada en marzo por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre. 

En cuanto a la prórroga en 2024 de las ayudas públicas contra la inflación, las tiene que aprobar un Gobierno y no es seguro que lo vayamos a tener antes de final de año. En caso de no poderse prorrogar a tiempo, los efectos serían muy perjudiciales para los consumidores, autónomos y empresas. Sólo la factura de la luz subiría un 26% en 2024 (16 euros más al mes ya en el recibo de enero) si no se prorrogan los recortes del IVA (del 21 al 5%) y del impuesto sobre la electricidad (del 5 al 0,5%) más la supresión del impuesto de generación eléctrica (7%), en vigor desde mediados de 2021 hasta diciembre de 2023. Y otro tanto pasaría con muchos alimentos y los costes de los transportistas. Pero si hay Gobierno a tiempo, tendrá un problema adicional: se ha comprometido con Bruselas a bajar el déficit al 3% en 2024 y eso puede obligar a recortar las actuales ayudas contra la inflación.

Respecto a “la excepción ibérica” en el mercado eléctrico (un tope al precio del gas en la generación de electricidad,  implantado en junio de 2022 y que ha permitido ahorrarnos 5.000 millones de euros en el recibo sólo en el primer año), no va a ser fácil que la Comisión Europea apruebe una nueva prórroga para 2024. Además, no avanza la reforma del mercado eléctrico europeo que pueda ayudar a reducir las subidas de la luz. Estaba previsto que se avanzara en este semestre de presidencia española, pero las posiciones están muy distantes. Si no hay reforma ni excepción ibérica”, veremos grandes subidas del recibo en 2024, aunque serían más “suaves” al haberse aprobado un nuevo recibo de la luz (entrará en vigor el 1 de enero), con más peso de las compras a plazo frente al mercado diario.

En definitiva, que la inflación sigue ahí, mejor que el año pasado y que en la mayoría de Europa pero peor que hace unos meses. Y con el temor de que repunte más este otoño y hasta el verano próximo, por culpa de la energía y los alimentos, muy sensibles a los conflictos geopolíticos y a la crisis climática. Así que habrá que seguir comprando con cuidado y recortando algunos gastos, ya que los salarios suben poco. Y esperar que haya nuevas medidas contra la inflación, que nos ayuden a llegar a fin de mes. Es lo que hay.

España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.

Europa se prepara para el invierno

El pasado viernes, los ministros de Energía de la UE aprobaron medidas extraordinarias para que los europeos afrontemos los recortes de gas y los precios disparados de la energía. El gran objetivo es evitar “apagones” este invierno y garantizar el suministro, para lo que habrá que ahorrar luz y energía. Además, aprobaron un impuesto extraordinario a las energéticas, que ingresará 140.000 millones extras para ayudas. España recortará un -6,4% el consumo eléctrico, con medidas para restringir el alumbrado y la calefacción en locales públicos, no en hogares. Pero todo dependerá de la guerra y los precios del gas. Los 27 están divididos sobre nuevas medidas (más drásticas) para frenar los precios de la energía. Si continúa la espiral, harán falta más recortes de consumo y más ayudas (impagables: Europa se ha gastado ya 500.000 millones, 35.500 España, el 4º país que más en la UE). Y tras el invierno, 2023 será un año muy difícil, con recesión en Alemania. Así que nos esperan meses duros, que agravarán las presiones políticas para parar la guerra en Ucrania.

Enrique Ortega

Tras más de 7 meses de guerra en Ucrania, la crisis económica desatada por la energía y los precios sigue ahí, muy preocupante. La inflación en Europa ha empeorado (del +9,1 al +10% en septiembre), aunque baja algo en España (la inflación ha bajado del +10,5 al +9% en septiembre, gracias a la luz y los carburantes). Y los precios de la energía, aunque mucho más altos que antes de la invasión de Ucrania, han bajado en el último mes, desde el petróleo (más barato hoy que el 23F) y los carburantes al gas y la electricidad. Pero la situación es muy inestable, con los atentados a los gasoductos NordStream 1 y 2 y los referéndums ilegales en Ucrania, que agravan los cortes de gas a Europa y sobre todo a los países del norte, muy dependientes del gas ruso. Y todo se complica más con la llegada del frío y del invierno, que hace temer por aumentos de consumo y cortes de suministros, sobre todo en industrias y hogares del centro y norte de Europa.

Para evitarlo y asegurar el suministro de energía, los ministros de Energía de la UE aprobaron el viernes 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que tendrán que corroborar los dirigentes europeos en la Cumbre de Praga de este jueves 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por países y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas, lo que nos permite disponer ya del 85% de las reservas de gas en los almacenes (frente al 80% exigido por Bruselas para el 1 de noviembre). Pero ahora queda concretar cómo se hace este recorte de consumo y conseguirlo, algo que no será fácil, dado que el consumo de electricidad solo ha bajado un -1,7% hasta julio, según REE, a pesar de que los precios se han disparado. De momento, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas de ahorro para conseguirlo: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

A pesar del acuerdo del viernes sobre el recorte del consumo eléctrico (-15%), los 27 países UE  siguen divididos ante tomar medidas más drásticas para frenar la subida de la energía (sobre todo el gas y la electricidad). Una de ellas, extender la “excepción ibérica” (tope al gas en España y Portugal) al resto de Europa, es defendida sobre todo por Francia e Italia. Y eso, porque han visto la efectividad de poner un tope  al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (primero 40 euros MWh y después hasta 70 euros, cuando ahora cuesta en el mercado 187 euros MWh). Así, el viernes 30 de septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España y Portugal costaba 118,39 euros y aun contando con la compensación por el tope que hay que pagar a las eléctricas, el coste mayorista de la luz en España era de 153,13 euros, la tercera parte del coste mayorista de la luz en Alemania (386 euros), Francia (392) e Italia (459 €)…

Otra medida más drástica, que han pedido España y otros 14 países europeos (entre ellos Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia) es poner un tope al precio del gas que compre Europa, venga de donde venga, porque se considera que el precio actual es desorbitado y fruto de la presión política de Putin. La Comisión Europea no apoya esta medida (tampoco Alemania), porque temen que produjera un desabastecimiento. Y plantean como alternativa hacer compras conjuntas de gas toda la UE (como con las vacunas) y aprovechar este enorme poder de compra para negociar precios más bajos (y  contratos a más plazo) con EEUU y los países árabes y africanos que nos venden gas.

La otra gran medida que se aprobó el viernes en Bruselas fue crear un nuevo impuesto a las energéticas (petroleras, gasistas y empresas de carbón y refino): un gravamen del 33% sobre cualquier ganancia superior al 20% del beneficio medio que han obtenido en los últimos 4 años. Sería un impuesto temporal, a pagar sólo en 2023 por los beneficios extraordinarios en 2022. Otra medida complementaria es la aprobación de un tope temporal a los “beneficios caídos del cielo” que obtienen algunas eléctricas por producir  luz con energías más baratas que el gas (renovables, nucleares, carbón) y sin embargo cobrarlas al precio del gas (se plantea ponerles un precio tope de 180 euros por MWh producido, con lo que dejarían de recibir más de la mitad de lo que cobran hoy).

Entre ambas medidas, la Comisión Europea espera ingresar 140.000 millones extras de las energéticas para financiar las ayudas a familias y empresas por la subida del coste de la energía. Ambas medidas ya las había tomado el Gobierno español. En el decreto del 31 de marzo, el gobierno Sánchez amplió los impuestos a pagar por estos beneficios caídos del cielo a la generación eléctrica hidráulica, nuclear y renovable. Y  a finales de junio, el presidente Sánchez anunció un nuevo impuesto a las energéticas (y bancos) para gravar sus beneficios extraordinarios. El objetivo es el mismo, pero el impuesto es diferente al que ahora quiere aprobar Europa: el español es un impuesto sobre las ventas (no sobre los beneficios) y quería aplicarlo en 2023 y 2024. Ahora, la ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno “adaptará su impuesto a lo que se apruebe en Bruselas”.

Ahora falta que cada país aplique los recortes de consumo aprobados por los 27 y que se consigan ingresar esos 140.000 millones extras en impuestos para financiar las ayudas, en las que Europa lleva gastados ya más de 500.000 millones de euros, según un reciente informe de Bruegel. España es el 4º país de la UE que más ayudas públicas ha gastado para afrontar la crisis energética (35.500 millones de euros, el 2,9% del PIB), sólo por detrás de Alemania (100.500 millones, el 2,8% de su PIB), Francia (71.600 millones, el 2,9% de su PIB) e Italia (59.200 millones, el 3,3% del PIB), aunque el país que lidera las ayudas es Reino Unido (con 178.400 millones, el 6,5% de su PIB: una cifra tan extraordinaria que los mercados dudan que puedan pagarla si baja drásticamente impuestos).

El problema de este ingente paquete de ayudas públicas europeas es doble: hay que financiarlas (con deuda o con déficit o con las dos cosas) y habrá que mantenerlas en el futuro, muchos meses más, si la guerra y la crisis energética siguen ahí. Por eso, la Comisión Europea y la mayoría de gobiernos europeos, aunque sean conservadores y liberales, apuestan por subir la recaudación fiscal, para que paguen más impuestos las empresas energéticas que se están beneficiando de la crisis. Y eso defiende también la OCDE, el FMI y el BCE, porque saben que afrontar la actual crisis exigirá más ingresos. Sólo la primera ministra británica, el PP español (y quizás la ultraderechista Meloni) defienden bajar impuestos.

Pero ojo a las ayudas frente a la actual crisis energética y de inflación, porque tenemos un doble problema con ellas. El primero, que agravan el Cambio Climático. La OCDE acaba de criticar que se den “ayudas indiscriminadas a la energía”, porque las subvenciones se están dirigiendo al consumo de combustibles fósiles (ayudas de 20 céntimos al consumo de carburantes en España, bajada de impuestos al gas y a la electricidad), lo que alimenta el consumo y las emisiones. Y aportan una cifra impactante: los 35 países de la OCDE van a destinar 169.000 millones directamente a subvencionar combustibles fósiles, que agravarán el Cambio Climático. Por eso, piden que se acabe con las  “ayudas generalizadas”, que alimentan el consumo de combustibles fósiles, y se opte por ayudas directas a las familias vulnerables para pagar la energía al precio que valga (sin subvencionarla). Un dato revelador: en España, entre abril y agosto (cuando se ha subvencionado con 20 céntimos), el consumo de carburantes ha subido: un +8,28% la gasolina y un +2,72% el consumo de gasóleo, según las estadísticas de CORES.

El segundo problema de las ayudas públicas generalizadas es que “alimentan la inflación”, como acaba de denunciar el Banco Central Europeo (BCE). Por dos vías. Una, permiten que las familias gasten más (gracias a las ayudas), con lo que el consumo no cae lo suficiente ni tampoco los precios. La otra, que los países se ven obligados a subir su déficit y su deuda, y este mayor gasto público también alimenta la inflación. Por eso, el BCE también considera, como la OCDE y el FMI, que los países deben limitar sus ayudas y dirigirlas de manera muy selectiva a los más necesitados, no a la mayoría (aunque políticamente sea más vistoso). Y en paralelo, creen que los países deben aumentar su recaudación para financiarlas, no bajar impuestos. Incluso, el economista jefe del BCE, Philip Line, ha ido más allá: acaba de pedir a los países “que financien las ayudas con subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Nada de bajar impuestos con la que está cayendo…

Pero hay más. La política generalizada en Europa de multiplicar las ayudas públicas para afrontar la inflación obliga al BCE a subir los tipos de interés más de lo necesario, lo que puede provocar una recesión. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se quejaba hace unos días de que tiene que hacer “el papel de mala” (ya ha subido dos veces los tipos, al 1,25%, y los subirá al 2% a finales de octubre) porque los gobiernos europeos “hacen el papel de buenos” (más y más ayudas, realimentando la inflación). Y pide coherencia entre la política fiscal (menos ayudas y más selectivas, aunque no sea popular) y la política monetaria. Porque cuanto más suban las ayudas públicas, más tendrá que subir el BCE los tipos de interés. Y este "ricino monetario" será doloroso para las familias (hipotecas) y nos llevará a la recesión. De hecho, la OCDE ya ha rebajado el crecimiento de la UE al +0,3% en 2023, un +1,5% para España y que Alemania entre en recesión (su PIB caerá un -0,7%).

Así que el debate de fondo ya no es sólo como afrontar el invierno (lo más urgente) sino cómo afrontar la crisis de la energía y de la inflación sin que Europa caiga en recesión.  Urge un "cambio de timón" en la política europea contra la inflación: centrarse en medidas drásticas y eficaces para bajar los precios del gas, la luz y los alimentos, en lugar de poner "parches" y dedicarse a paliar los efectos de la inflación con ayudas millonarias que los países no pueden pagar (ni deben).Y además, según la OCDE, el FMI y el BCE, Europa debe concentrar esas ayudas  en las familias y empresas más vulnerables (nada de ayudas generalizadas, que además hunden más el clima) y financiarlas con subidas de impuestos a empresas y los más ricos (nada de bajadas generalizadas de impuestos). 

Y en paralelo, los Gobiernos europeos deben convencer a los ciudadanos que estamos en “una guerra económica”, que tiene costes para todos que debemos asumir (nos "empobrece"), aunque repartiéndolos de forma justa. Y que el coste de esta guerra en Ucrania (en defensa de la legalidad internacional y contra el imperialismo autocrático de Putin) no puede evitarse totalmente, sólo paliarse. Que tenemos que “aguantar el tirón” en los próximos meses, sacrificarnos, porque “papá Estado” no puede subvencionar el coste de la inflación a todos los ciudadanos y empresas. Tenemos que apretarnos  el cinturón y ajustar nuestro consumo de luz, gas y carburantes, hasta que las  medidas surtan efecto o la guerra se acabe. Y los Gobiernos tienen que decir claro a los ciudadanos que las ayudas no pueden llegar a todo. Aunque sea impopular.