Navidad 2025: más ocupados, más consumo

Estamos otra vez en Navidad, la fiesta por excelencia del consumo. Y este año, vuelve a crecer el gasto de las familias, en regalos, comida y viajes, un gasto que empezó con el Black Friday y seguirá hasta las rebajas de enero. En total, gastaremos un 6,2% más, porque hay más población, 600.000 personas más trabajando que las Navidades pasadas y los sueldos han subido algo más que los precios, aunque siguen disparados los alimentos, la vivienda, los hoteles y la hostelería. Pero recordemos que hay varias Navidades, según el nivel de vida de las familias: casi 10 millones de españoles (1 de cada 5) están en situación de “pobreza monetaria” (ganan  menos del 60% de la media) y les cuesta mucho llegar a fin de mes como para derrochar en Navidad. Por eso, Cáritas y otras ONGs piden que miremos alrededor estos días y ayudemos a los que lo necesitan. Celebremos estas fiestas con familia y amigos, pero sin olvidarles y apoyándoles. 

¡ Feliz Navidad ¡

            Gran Vía de Madrid: pobres junto a luces y compras de Navidad

El gasto de las familias españolas crece especialmente estos días, pero en realidad lleva creciendo desde el inicio del verano. Así, en el tercer trimestre, el consumo familiar creció un +1.2%, el mayor aumento en el último año (había crecido un +05% y un 0,7% en los dos trimestres anteriores), según el INE, lo que impulsó la economía, junto al turismo y la inversión, tras “pinchar” las exportaciones (por los aranceles y el estancamiento europeo). Y ahora, en este 4º trimestre, todo apunta a que el consumo habrá crecido algo más, empujado por el Black Friday (aprovechado para comprar anticipadamente los regalos de Navidad y Reyes) y por el mayor gasto previo a estas fiestas navideñas.

CaixaBank Research ha detectado que el 25% de todo el gasto anual con tarjeta (presencial y online) se concentra entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre. Y este año ha vuelto a repetirse, con un aumento del gasto del 24% sobre el resto del año y un +6,2% sobre el que hicimos en estas fechas de 2024. El mayor aumento de este gasto “prenavideño” se ha dado en electrodomésticos y tecnología (+76%), moda (+77%) y muebles (+48%), sobre todo entre los mayores de 65 años (+30%) y en Madrid, Canarias, Cataluña y Andalucía, donde el gasto ha crecido en esas dos semanas más de un 25% sobre el resto del año.

¿Por qué ha vuelto a subir el consumo antes de Navidad? Hay varias razones. La primera, porque ha aumentado la población que vive en España, sobre todo por la llegada de inmigrantes: éramos 49.442.844 habitantes a 1 de octubre, +345.967 habitantes más que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de población esperado para el 4º trimestre (128.500 el año pasado), podríamos acabar este año con 475.000 habitantes más que en 2024. Pero además de ser más a gastar, hay más personas con empleo, la 2ª razón que explica el aumento de gasto: a finales de septiembre había 22.387.100 personas ocupadas, +529.200 que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de empleo esperado para este 4º trimestre, cerraremos el año con 600.000 personas más trabajando que en 2024.

Además, estos trabajadores récord tienen contratos más estables (el 85% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido), que les permiten gastar con menos “miedo”, y su sueldo ha subido este año (+3,49% hasta noviembre, según los convenios) algo más que los precios (+3% ha subido la inflación anual hasta noviembre, según el INE), aunque la mayoría siguen preocupados por las mayores subidas de los alimentos sin elaborar (+6,6%), la vivienda (+5,7%) y los hoteles y restaurantes (+4,55). Y también ayuda a gastar algo más el ahorro en el pago de las hipotecas de 4 millones de familias, al haber bajado el tipo de interés oficial (el BCE lo bajó del 3% en las Navidades pasadas al 2% ahora) y con ello, el Euribor (que ha bajado del 2,43% en diciembre de 2024 al 2,21% en noviembre de 2025).

Todo esto explica que las familias españolas hayan gastado más este Black Friday y en el puente de diciembre y augura un mayor gasto en Navidad y Reyes, empujado por un crecimiento de la economía que duplica con creces el europeo (+2,9% esperado este año, frente al +1,3% la UE-27). De hecho, España será uno de los paises europeos donde más aumentará el gasto estas Navidades, un +4,8%, sólo superado por Hungría (+5,2%) y Polonia (+5%), por delante del gasto esperado en Paises Bajos y Reino Unido (+3,5%), la UE-27 (+3,1%), Alemania (+2,9%), Italia (+2,1%) y Francia (+1,7%), según la encuesta realizada por MasterCard en 9 paises europeos. Un gasto navideño europeo que se destinará a belleza y cosmética, ropa, “experiencias en vivo”, restaurantes y viajes.

Ya en España, la previsión de gasto navideño es de 795 euros por persona, según el sondeo de la OCU, con un 68% de españoles gastando igual que el año pasado, un 17% gastando más y otro 15% menos. Casi la mitad de este gasto navideño se destinará a comprar regalos (370 euros), otros 132 euros por persona a comidas y cenas, 117 euros a viajes o vacaciones, 73 euros a fiestas y cotillones, 73 euros a Lotería (la media de gasto este año ha sido de 76 euros, desde 121 en Castilla y León a 47 en Canarias) y los 31 euros restantes se gastarán en decoración. Otro estudio, de Cetelem, baja el gasto navideño a 580 euros por persona y refleja las 5 mayores compras: perfumes (47%), moda (43%, juguetes (35%), calzado y complementos (35%) y libros (32%).

Otro gasto típico de esta Navidad serán los viajes: 1 de cada 4 españoles piensan viajar, la mayoría dentro de España, especialmente a Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias: las reservas para estas fechas han crecido un +4% sobre el año pasado, según Destinia, con 10 millones de viajes esperados, la mejor cifra de la última década. Los que viajen gastarán una media de 803 euros por persona, según Jetcost, y la mayor parte viajará un máximo de 3 días (el 43%) o entre 3 y 5 días (otro 27%), básicamente en coche (48%), avión (24%) y  tren) (10), en su mayoría en familia (48%).

Este mayor gasto de las familias, desde finales de noviembre a mediados de enero, se ha traducido ya en un aumento de la contratación: la campaña navideña (desde Black Friday a las rebajas de enero) ha supuesto la firma de 452.950 contratos de trabajo temporales (+4,7% sobre el año pasado), según Randstad, concentrados en la hostelería (174.190, +12,1% sobre el año pasado), transporte y logística (160.000, -6,8%) y comercio (119.000 contratos, +12,1%). Y repartidos sobre todo en Andalucía (78.100 contratos,+6%) y Cataluña (69.670, +2,5%), aunque donde más aumenta la contratación es en Extremadura (+7,5%, 7.710 contratos) y Navarra (+6,9%, 6.040 contratos). Pero los empleados de la gran distribución se quejan porque la Navidad será un récord de ventas pero faltan trabajadores (han crecido sólo un 2% desde 2018, frente a un aumento de ventas del +23%), lo que les obliga a largas jornadas con sueldos bajos (17.285 euros, ligeramente por encima del salario mínimo).

Con todo, este gasto navideño será muy desigual, según la situación económica de las familias españolas. Porque hay muchas que tienen ahora más gente trabajando y pueden gastar algo más, pero muchas otras no pueden y hay demasiadas en una situación vulnerable, pensando en cómo sobrevivir y llegar a fin de mes, aunque sea Navidad. Así que no hay una Navidad, sino tres tipos de Navidades, según los ingresos de las familias.

Recordemos que casi la mitad de las familias españolas tienen un problema, que se les agrava en Navidad: les cuesta llegar a fin de mes. Les pasa al 47,4% de las familias (un 1% más que las Navidades pasadas), según el INE: un 9,1% llega a fin de mes “con mucha dificultad”, otro 12,7% “con dificultad” y un 25,6% más “con cierta dificultad”. Estas familias tienen dos opciones en Navidad: restringir gastos (en comidas, regalos y viajes) o endeudarse, “tirar de tarjeta” o pedir un crédito. Y a pesar de la bajada de tipos, esto tiene un alto coste. Los créditos personales apenas han bajado (al 6,79%, del 6,97% que costaban la Navidad pasada), según el Banco de España. Y si optan por la tarjeta de crédito, el último tipo era del 18,34% en octubre, similar al 18,54% que costaban en diciembre de 2024. Y si piden una tarjeta “revolving” (un crédito que se devuelve con una cuota fija mensual), el tipo supera el 20% (y en ocasiones tipos abusivos del 25 al 30%).

El otro grupo de familias, las más vulnerables, lo tienen aún peor; su problema no es restringir gastos en Navidad o endeudarse sino simplemente “sobrevivir”. Y son muchos, En 2024, nada menos que 9.653.000 españoles estaban en situación de “pobreza monetaria”, según las estadísticas europeas, porque ingresaban menos del 60% de la media del país (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Eso significa que un 19,7% (1 de cada 5 personas) está en situación de pobreza en España, el 6º país con más pobreza de Europa, según Eurostat, sólo por detrás de Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Lituania (21,5%), Estonia (20,6%) y Croacia (20,3%) y por encima de Italia (18,9%), Alemania (15,5%) y Francia (15,5%).

Y dentro de este grupo de “españoles pobres”, casi la mitad (4,3 millones de personas) están  en una situación de “exclusión severa”, según un reciente estudio de Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos “españoles más pobres” son personas que trabajan en muchos casos o que estudian o buscan empleo, no son personas “tiradas en la calle” sino personas que pueden ser “vecinos nuestros”. Y que un 45% de ellos viven en alquiler, lo que en muchos casos los lleva a esa pobreza más extrema. Y no podemos olvidar que hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children, quien recuerda que somos el país europeo con más pobreza infantil (29,2%).

Para Cáritas y otras ONGs, el problema de la pobreza en España es que “se ha hecho estructural” y no sólo afecta a minorías marginadas sino a personas y familias que tienen un trabajo (2,5 millones de ocupados son “pobres”) y a españoles que antes tenían una situación saneada y ahora son especialmente vulnerables, sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y familias con hijos. Unos colectivos en los que las ONGs concentran sus ayudas estas Navidades, de comida, ropa y techo. Y unas personas a las que deberíamos tener presentes estas Navidades, ayudándoles en lo posible.

En resumen, que las luces y las fiestas nos llevan a gastar más en estos días, pero no deberíamos olvidar que a nuestro lado hay personas que tienen problemas (también estos días) para llegar a fin de mes y para simplemente sobrevivir, comer y pagar el alquiler. Así que celebremos estas fiestas con nuestra familia y amigos, pero sin gastar por gastar y teniendo presente que hay muchas personas que lo pasan mal y a los que podemos ayudar de muchas maneras. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad y todas: que sea también una fiesta de la solidaridad con los que tenemos alrededor, con ayudas, atención y cariño.

¡Feliz Navidad¡

2,5 millones son "pobres" a pesar de trabajar

Hay 2,5 millones de personas que van cada día a trabajar y son “pobres”: ganan menos del 60% que la media (menos de 916 euros mensuales) y no pueden atender gastos básicos. Son tanto hombres como mujeres, jóvenes y personas de 45 a 59 años, muchos inmigrantes, familias y mujeres solas con niños, personas con poca formación y contratos precarios en el campo, hostelería, construcción, limpieza y servicio doméstico, en el sur y Levante. España es el tercer país europeo con más “trabajadores pobres”, un porcentaje (11,9% de los que trabajan) similar al de 2008. Y Caritas alerta que la mitad de las personas que atienden tienen trabajo. Ahora, la subida de alquileres ha aumentado esta tasa de pobreza laboral, vinculada a empleos precarios y mal pagados, así como a tener hijos. Pero los expertos insisten en que no basta con mejorar empleos y sueldos: urgen políticas para aumentar las ayudas a los más pobres y a las familias con niños. Pobres con empleo.

                               Enrique Ortega

Hasta hace 2 décadas, tener un trabajo permitía a las personas vivir “medianamente bien”: emanciparse, formar una familia, tener una casa o un coche y mantener un ritmo de vida “digno”. Pero la crisis financiera de 2008 trastocó esta “vida tranquila” de la mayoría de trabajadores: muchos perdieron su empleo y otros vieron recortar sus sueldos y sus expectativas vitales, de la mano de los recortes presupuestarios. Y a partir de 2012, con la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy, muchas empresas “cambiaron a su personal”, sustituyendo personal mayor por jóvenes peor pagados y con contratos precarios. Y después, la pandemia y la inflación disparada se comieron parte de los sueldos, que apenas habían subido, deteriorando más la calidad de vida de las familias.

Con todo ello, la pobreza afecta a una parte importante de la sociedad, en Europa y en España. En la UE-27, había 72 millones de personas “pobres” en 2023, un 16,2% de la población que ingresaban menos del 60% de la media del continente, según Eurostat. Y España es el 6º país europeo con más porcentaje de población “pobre”, un 20,2% que ingresa menos del 60% de la media española (10.990 euros al año), 9.715.577 personas en 2023, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), sólo por detrás de Estonia (22,6% son “pobres”), Letonia (22,4%), Rumanía (21,1%), Bulgaria y Lituania (20,6%), según Eurostat, que refleja también un alto nivel de “pobreza monetaria” en Italia (18,9% de la población), Francia (15,4%) y Alemania (14,4%).

Lo que quizás se conoce menos es que muchos de estos “pobres” tienen un trabajo, son “pobres con empleo”. En España, los últimos datos del INE revelan que un 32% de los pobres tenían empleo, mientras otro 22% son parados, un 15% son jubilados y el 31% restantes son inactivos (personas que ni trabajan ni buscan trabajo, la mayoría mujeres y jóvenes). Si se aplica el criterio de “pobreza” a las personas que trabajan, que ingresen menos de 10.989 euros al año (916 euros al mes), que se amplía a 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para familias con dos progenitores y dos niños, según el INE, resulta que un 11,9% de los que tenían un empleo en 2023 eran “pobres”: casi 2,5 millones de trabajadores “pobres” (2.499.654), según los cálculos de la Red EAPN.

El problema de que hay muchos “trabajadores pobres” no es nuevo: lo arrastramos desde 2008, cuando ya eran “pobres” (ingresaban menos del 60% de la media) el 11,7% de los ocupados: eran 2.370.139 trabajadores “pobres”. Después, el porcentaje aumentó con la crisis, hasta un máximo del 14,8% en 2015, para bajar al 12% en 2020 y volver a subir al 14,3% en 2021, por la pandemia, bajando al 12,5% en 2022 y al 11,9% de 2023. Con este último dato, España se sitúa como el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Dentro de estos 2,5 millones de “trabajadores pobres” en España, el grupo más preocupante son los 890.000 trabajadores (el 4,2% de todos los que trabajan) que viven en “pobreza severa”, porque ingresan menos del 40% de la media (menos de 611 euros al mes los individuos y menos de 1.283 euros mensuales las parejas con 2 hijos). Son “los más pobres entre los trabajadores pobres”, un porcentaje que apenas ha mejorado desde 2008 (cuando los trabajadores en pobreza severa eran el 4,3% del total de ocupados). Y están muy lejos de salir de esta situación, según el estudio de la Red EAPN: ingresan de media 4.521 euros al año y tendrían que ingresar 2.805 euros más al año para salir de la pobreza severa. Y ganar 6.469 euros más al año (539 euros más al mes, vez y media lo que ganan) para salir de la pobreza. Algo imposible… En el caso del resto de “trabajadores pobres”, los que ingresan menos del 60% de la media del país, ganan de media 7.705 euros al año, así que necesitan ganar un 22% más (2.423 euros más al año) para dejar de ser pobres. Difícil…

¿Quiénes son estas personas “pobres” a pesar de trabajar? Son algo más hombres (12,4% de ocupados) que mujeres (11,3%), más jóvenes (12,9% de ocupados entre 16 y 29 años) que mayores (11,8% entre 45 y 64 años), aunque sube la pobreza entre los que tienen de 45 a 59 años, según un estudio de Intermón Oxfam, porque este grupo de trabajadores sufrió más la crisis de 2008 y encima tienen en casa a hijos que no pueden emanciparse. Hay más “pobreza laboral” entre los ocupados con baja formación (27,9% de los que sólo tienen primaria son “pobres”) y sobre todo entre los inmigrantes: un 32,3% de trabajadores de fuera de la UE son pobres (19% si vienen de la UE), frente al 9,9% de españoles ocupados “pobres”. Y lo sufren más zonas rurales (15,4%) que urbanas (11,4%).

Un factor clave es el tipo de contrato que tengan: los trabajadores con contrato temporal tienen más tasa de pobreza (17,9%) que los fijos (7,8% son pobres) y lo mismo los que tienen contratos a tiempo parcial, por horas o días (22,5% son pobres) frente a los que trabajan a jornada completa (sólo 10,1% son pobres). Y como estos contratos precarios les suponen ganar menos, muchos son pluriempleados (el 13,4% son pobres). Otro factor decisivo que explica la pobreza laboral es el sector en que se trabaje. Los que salen peor parados son los autónomos, según el estudio de Intermón Oxfam: el 26,9% son pobres, básicamente porque son “falsos autónomos” o porque son actividades que hacen solos, sin empleados). Y entre los asalariados, los más “pobres” son los que trabajan en el campo (31,4% ocupados son pobres), las empleadas de hogar (29,4% pobres), en hostelería (21,1%) y construcción (19,6%), estando por encima del 15% de empleados pobres los que trabajan como monitores deportivos (15,7%) y en Call centers y limpieza de edificios (15,3%).

Por autonomías, las zonas con más porcentaje de “trabajadores pobres” son Andalucía (19,4% ocupados), Extremadura (17,2%), Ceuta (16,3%), Castilla la Mancha (15,4%), Murcia (14,3%), Canarias y Comunidad Valenciana (13,8%), todas por encima de la media. En resumen, el sur y Este de España. Y tienen poca “pobreza laboral” Navarra (6,3%), país Vasco (6,6%), Madrid (7%), Baleares (9,6%), Cantabria o Asturias (9,6%) y Aragón (10%).

Es importante añadir que la composición de los hogares también es decisiva para que un trabajador sea o no pobre, según el estudio de Intermón Oxfam. Así, esta “pobreza laboral” se concentra más en las familias numerosas (el 39% de los hogares con 3 o más hijos) y en los hogares monoparentales (el 75% de ellos con mujeres solas) con niños (el 29,5% de estos hogares donde la madre trabaja son pobres). Los expertos reiteran que la existencia de menores agrava el riesgo de pobreza, se trabaje o no. También es mayor la tasa de pobreza entre los trabajadores que viven solos (13,3%), ya sean jóvenes o mayores.

Un dato llamativo son los gastos de estos “trabajadores pobres”. El estudio de Intermón Oxfam revela que un tercio viven en alquiler (y el 24% pagan una hipoteca) y que pagarlo se lleva el 53,6% de sus ingresos mensuales  (cuando supone un 22,4% de los ingresos en los hogares sin pobreza). Y otro 25,6% se lo lleva el pago de suministros (luz, agua y gas). Así que entre alquiler (o hipoteca) y pagos del hogar, las familias pobres destinan hasta el 79,2% de sus ingresos (frente al 32% las familias que no son pobres), lo que apenas les deja margen para comida, enseñanza (transporte, comida, uniformes y libros) o sanidad (la mayoría de los hogares pobres no pueden pagar al dentista, las gafas o algunas medicinas). Y por eso, 1 de cada 4 familias pobres acuden a ONGs o a los servicios sociales: Caritas dice que la mitad de las personas a las que atendió en 2023 trabajan.

¿Por qué hay trabajadores que son pobres? La primera causa es que su trabajo es precario y por eso tienen un sueldo bajo, que les dificulta sobrevivir. En España, aunque la reforma laboral ha bajado el porcentaje de contratos temporales (16,4% de los asalariados en septiembre, según la EPA) y a tiempo parcial (12,8%), aún son más que en Europa. Y tenemos  un exceso de trabajos que exigen baja formación y en el sector servicios, que están peor pagados. En  consecuencia, el salario medio bruto en España era de 1.964 euros brutos en 2023, casi un 20% inferior al salario medio en la UE-27, que era de 2.351 euros brutos, según un estudio de Adecco con datos del INE y Eurostat. Y hay 11 paises europeos que cobran más que España: Luxemburgo (4.086 euros brutos mensuales), Holanda (3.771), Irlanda (3.596), Dinamarca (3.494), Austria (3.205), Alemania (3.174), Finlandia (3.040), Bélgica (2.967), Suecia (2.827), Francia (2017) e Italia (2017).

No se trata sólo de que los sueldos sean más bajos, sino que en España se cobra también menos por hora trabajada, según Eurostat: 18,2 euros en 2023, un -24,2% menos que en la UE-27 (24 euros por hora) y bastante menos que en Dinamarca (42 euros/hora), Bélgica (36,3), Irlanda (33,3), Paises Bajos (33), Alemania (31,6), Francia (28,7)o Italia (21,5). Y sólo ganan menos por hora en Portugal (13,7), Grecia (12,6) y los paises del Este.

El segundo problema que explica la pobreza laboral es la inflación, que se ha ido comiendo las subidas de salarios, sobre todo entre 2021 y 2023, pero también antes. Así, el salario medio bruto en España pasó de 1.774 euros en 2008 a 2.128 en 2022 (+20%),  según el INE. Pero como la inflación subió más (+29,9%), pues los salarios reales (descontando la inflación) han bajado, de 1.774 a 1.652 euros. Y esto afecta más a las familias más vulnerables, que son las que sufren más la inflación, por el tipo de gastos que tienen.

Un tercer factor que explica nuestra mayor pobreza laboral es que los salarios se han revalorizado menos en España los últimos años. Así, el salario por hora trabajada aumentó aquí un +27% entre 2008 y 2023,según Eurostat, mientras aumentó un +49% en la UE-27, un 44,95% en Alemania, un +37% en Francia y un +37% en Portugal.

Pero hay más causas que explican por qué tenemos más “trabajadores pobres”. Una es que hemos tenido un salario mínimo muy bajo, menor al del resto de Europa, aunque el Gobierno Sánchez lo haya subido de 736 euros (2018) a 1.134 euros en 2024 (+54%), lo que beneficia a 2,5 millones de trabajadores (muchos han dejado de ser “pobres”, otros no, porque trabajan menos de la jornada completa). Otra causa, clave, es que los trabajadores pobres en España tienen menos ayudas públicas: sólo llegan a un tercio de las familias pobres y su impacto es reducido (suponen el 22% de los ingresos totales), según el estudio de la Red EAPN.

Por eso, los expertos reiteran que no sólo hay que actuar sobre los contratos y los sueldos para reducir la pobreza laboral, sino que hay que aumentar las ayudas públicas a la pobreza, sobre todo a los hogares vulnerables con niños, dado que España destina sólo el 1,5% del PIB a la infancia y la familia, la mitad del gasto que hace la UE (2,4% del PIB). Para ello, habría que ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sólo llegaba en septiembre a 661.640 hogares (con 2 millones de beneficiarios). Además, es importante la reforma del seguro de desempleo, que entrará en vigor el 1 de noviembre y permitirá cobrar un subsidio y aceptar un trabajo (para animar a buscarlo), lo que aumentará los ingresos de algunos “trabajadores pobres”. Además, hay que seguir negociando mayores subidas en los convenios para los trabajadores peor pagados, mejorando en paralelo el salario mínimo.

Y será clave mejorar las ayudas a la infancia, porque los hogares con niños son más proclives a la pobreza. En este sentido, es indignante que la Ley de Familia siga estancada en el Congreso (desde febrero en que la envió el Gobierno), porque pretende asentar las ayudas por hijo (100 euros al mes para hijos menores de 3 años), que el Gobierno quiere ampliar a 200 euros en 2025 (ojo, va a tenerlo difícil si no consigue aprobar los Presupuestos) y generalizarla en el futuro para todos los menores hasta los 6 años.

En resumen, que en pleno siglo XXI, hay 2,5 millones de españoles que se levantan cada día para trabajar sabiendo que su empleo no les impide ser pobres y malvivir. Somos un país que crece y crea mucho empleo, pero a muchos eso no les permite vivir dignamente y tienen graves problemas para subsistir. Habría que polarizar menos la política y pactar de una vez un Plan contra la pobreza, que es una vergüenza social y un cáncer para la economía. Contratos y salarios dignos, alquileres y precios asumibles y ayudas para los que se quedan atrás, esos casi 10 millones de españoles pobres, una cuarta parte trabajando.   

Alquileres disparados

Este jueves se cumplen 5 meses de aplicación de la nueva Ley de vivienda, aprobada en el Congreso con la oposición de la derecha, cuyas autonomías (11) amenazan con no aplicarla. Hasta fin de año no estarán listos los topes al alquiler, pero la Ley ha sido inútil y contraproducente: los alquileres siguen subiendo y se cobran ya precios récord en 27 capitales, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Valladolid. Y las familias destinan el 40% de sus ingresos (y más) al alquiler, agravando la pobreza y forzando a que dos tercios de los jóvenes vivan con sus padres. La causa de estos alquileres carísimos (más de 1.000 euros de media) está en la falta de viviendas, sobre todo en grandes ciudades: necesitamos 1,2 millones de pisos más para alquilar. Urge un Pacto entre el próximo Gobierno, autonomías y promotores para conseguir suelo y financiación para construir viviendas en alquiler a precio tasado. Y facilitar el alquiler de 1,9 millones de viviendas vacías. Más viviendas, no topes al alquiler.

                 Enrique Ortega

Los alquileres siguen subiendo este año 2023, trimestre a trimestre. En el tercer trimestre, han vuelto a subir un +0,3% (tras subir un +2,4% en el primero y un +4,5% en el 2º trimestre), con una subida anual del +9,3%, según el último dato del portal Idealista. Esta subida anual es mayor en Valencia (+22,1%), Alicante (+18,6%), Barcelona (+18,1%), Palma (+16,7%), Madrid (+10,7%), Ceuta y Las Palmas (+10%), mientras sólo bajan los alquileres en Palencia (-1,6% anual). Otra subida que se suma al +8,4% que subieron los alquileres en 2022, tras caer un -3,6% en 2021 (por la pandemia) y subir otro +4,6% en 2020. Así que los alquileres suben un +18,7% en los últimos 45 meses, tras aumentar un +50% entre 2014 y 2019, según Idealista. Resumiendo: han subido +68,7% en menos de una década.

Con estas fuertes subidas anuales, el precio medio de alquilar una vivienda en España alcanza hoy otro máximo histórico: 11,8 euros por metro cuadrado, superando los 1.000 euros (1.062 euros un piso de 90 m2), según el portal Idealista. Pero es mucho más caro en capitales como Barcelona (20 euros/m2), Madrid (17,7 euros), San Sebastián (16,9), Palma (14,6), Bilbao (13,2), Valencia (12,4), Las Palmas (11,6), Ceuta (11,5), Vitoria (11,1), Sevilla y Girona (11), Santa Cruz de Tenerife (10,9), Cádiz (10,6), Alicante (10,5) y Pamplona (10,4 euros/m2), las capitales donde es más caro alquiler. Y Zamora (6,1 euros/m2), Ciudad Real y Cáceres (6,2), Orense (6,4), Palencia o Lugo (6,6 euros) las más baratas.

Lo preocupante es que son ya 21 las ciudades donde los alquileres han alcanzado su máximo histórico en septiembre, según Idealista: Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Granada, Guadalajara, Logroño, Lugo, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

La subida de alquileres también se está produciendo en toda Europa (+21% entre 2010 y 2023), pero, desde 2022,  sube más el precio de los alquileres que la compraventa de vivienda, según Eurostat. Entre 2015 y 2022, el precio medio del alquiler en Madrid se ha encarecido un +39%, frente a un +26% de subida en otras capitales europeas, según este estudio de FUNCAS. Con ello, el alquiler en Madrid es el 9º más caro entre las grandes ciudades de Europa, con un índice 134 (el 100 sería Bruselas), superado por Londres (295), Dublín (232), Copenhague (198), Luxemburgo (189), Estocolmo (182), París (179), Múnich (156) y Helsinki (134). Y cuesta menos alquilar una vivienda en Berlín (índice 133), Lisboa (129), La Haya (126), Viena (113), Bruselas (100), Roma (98) o Atenas (96).

Con estos precios disparados en España, las familias tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para alquilar. Según un estudio de la inmobiliaria Culmen, en España hay 1,8 millones de hogares que viven en alquiler y el 75% de ellos (1,37 millones de hogares) tienen que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, el tope que se considera recomendable. Pero la mitad de ellos (750.000 hogares) tienen que destinar más del 50% de sus ingresos a alquilar, lo que hunde sus economías o les obliga a dejar su vivienda (y volver con sus padres o vivir “amontonados” con amigos o familiares).

Otro estudio de Funcas revela que el 40% de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, un esfuerzo que duplica al que hacen los inquilinos en Europa. Y eso es una media, porque hay ciudades donde el esfuerzo de los inquilinos es mayor, según otro estudio de Idealista: en Barcelona, el alquiler medio se lleva el 43,1% de los ingresos medios, en Palma el 42%, en Valencia el 39,1%, en Málaga el 36,8%, en Alicante el 35,3%, en Madrid el 34,7%, San Sebastián el 32,6% y en las Palmas el 30%. Y otro dato sorprendente: en 47 capitales, es mayor el esfuerzo para alquilar un piso que el coste de una hipoteca para comprarlo (si se tiene dinero para la entrada y los gastos y se consigue que un banco conceda esa hipoteca). Sólo es más barato alquilar que comprar un piso hoy en 5 capitales españolas: A Coruña, San Sebastián, Palma, Málaga y Granada.

Este panorama, unos alquileres que se llevan hasta el 40% (y más) de los ingresos de una familia, son la principal causa del aumento de la pobreza en España, según el último Informe sobre la pobreza en 2022 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), más decisiva incluso que tener o no tener trabajo. Y eso, porque las familias más vulnerables (hay 12,3 millones de españoles en riesgo de pobreza) alquilan más y el coste del alquiler se lleva casi el 40% de sus ingresos, el triple que en las familias con más recursos (donde el alquiler supone sólo el 12,5% de sus gastos). Y aportan un dato revelador: en 2022, 4 de cada 5 personas con un elevado gasto en pagar el alquiler eran pobres.

Esto puede provocar  que muchas de estas familias no puedan ahora pagar su alquiler, al haberse disparado. De momento, las medidas legales tomadas por el Gobierno tras la COVID han frenado los desahucios: de 36.467 por impago de alquiler en 2019 a 21.141 en 2020 y 27.533 en 2022 (y 10.166 en el primer semestre de 2023). Pero hay expertos que creen que la caída de desahucios este año (-37% sobre primera mitad de 2022) se debe no a la protección legal de las familias vulnerables, sino a dos huelgas en el personal de Justicia (primero secretarios y luego funcionarios judiciales). Y temen que los desahucios por impago de alquileres repunten en los próximos meses. Eso sería muy preocupante, porque un 70% de los 700.000 desalojos de viviendas que se han hecho en España desde 2008 (por impagos de alquileres e hipotecas) afectaron a familias con menores, según Save the Children.

Los alquileres disparados afectan también muy especialmente a los jóvenes, que ven más difícil emanciparse y formar un hogar. Si el salario medio de un joven era, en junio de 2022, de 1.089 euros (según el Consejo de la Juventud), pagar un alquiler le supondría de media el 83,9% de su sueldo. Y con el pago de los recibos obligatorios, “se comería” el 93,6% del sueldo. Por eso, la mayoría de los jóvenes españoles no pueden emanciparse: el 69,1% de los jóvenes (de 16 a 34 años) siguen viviendo con sus padres, un 10% más que hace una década. Y entre 25 y 34 años, el 46,3% de los jóvenes españoles viven con sus padres, frente a sólo el 30,3% de media en Europa, según este estudio de Funcas.

Pero no es sólo que los altos alquileres acrecienten la pobreza y dificulten la emancipación de los jóvenes, es que además, cada vez resulta más difícil alquilar, incluso a estos precios desorbitados, porque salen pocos pisos a alquiler cada día: la oferta de alquileres se ha reducido un -28% en esta Legislatura, entre principios de 2019 y principios de 2023, según el portal Idealista. Una caída de oferta que ha sido mucho mayor en las grandes ciudades, como Barcelona (-51% alquileres), Valencia (-45%), Madrid (-44%), San Sebastián (-35%), Alicante y Málaga (-33%), Sevilla (-28%) o Bilbao (-24%). Menos oferta de alquileres porque se hacen menos viviendas nuevas (80.000 en 2022) y, sobre todo, porque muchos propietarios prefieren vender y obtener una alta plusvalía con la subida de precios, sobre todo tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, que establece topes al alquiler.

Con esta poca oferta, alquilar un piso (carísimo) es cada día más complicado (“la jungla del alquiler”). La demanda de inquilinos es tan alta que los alquileres “vuelan”, se colocan en horas. Y los propietarios “eligen” cada vez más al inquilino, incluso convocando a varios a la vez para “hacer un casting”, donde se valora sus ingresos, su contrato, su estilo de vida y hasta su color de piel…Y ahora, aunque la nueva Ley de Vivienda prohíbe que el inquilino pague la comisión de la inmobiliaria (la tiene que pagar el propietario), se multiplican las denuncias de que las siguen cobrando, o bien ilegalmente (si no, no hay piso) o camuflada como un “servicio post- alquiler” al inquilino, que le imponen. Y además, cada vez se alquilan pisos de menor calidad (“infrapisos”) y hasta viviendas que no lo son.

El problema de fondo de los alquileres en España es la falta de oferta y la escasez de viviendas: desde 2015 se han iniciado una media de 75.000 nuevas viviendas al año frente a 120.000 nuevos hogares anuales que se han creado en ese periodo, según destaca Funcas. No sólo ha caído drásticamente la construcción de nuevas viviendas “libres” (desde el récord de 597.632 viviendas terminadas en 2006 a las 365.000 en 2009 y un mínimo de 35.382 viviendas en 2014 hasta 79.935 terminadas en 2022). También se ha desplomado la construcción de viviendas de protección oficial (VPO): de terminarse 85.028 en 1997 se bajó a 67.514 en 2007, sólo 17.059 VPO en 2013 (tras los recortes) y un mínimo de 9.221 VPO terminadas en 2022. Así que no se promueven nuevas viviendas, ni las empresas privadas ni la Administración Pública (Estado, autonomías y ayuntamientos), mientras cada año hay nuevas familias y jóvenes que necesitan una vivienda. Y encima, en España el parque público de viviendas sociales es ridículo: sólo 300.000 viviendas, el 2,5% del parque total, frente al 9,3% en Europa (el 30% en Paises Bajos, 17,5% en Reino Unido y el 5% en Alemania).

Por todo ello, la solución al grave problema de los alquileres pasa por construir más viviendas y destinar la mayoría al alquiler: más oferta para bajar los precios. España necesita construir 1,2 millones de viviendas de alquiler protegido en 10 años para rebajar la tensión del alquiler, según un reciente estudio de la inmobiliaria Culmia y GAD3. Proponen que 761.000 sean viviendas de alquiler asequible (un 20% más bajo que el de mercado) y otras 442.000 se construyan para alquiler social (un alquiler bajo, para las familias más vulnerables). Y además, creen que haría falta construir otras 166.000 viviendas en 10 años para alquiler “libre”. En total, proponen construir 1.369.000 viviendas para alquilar en los próximos 10 años, una media de 140.000 al año (casi el doble de las que se construyen ahora). Y para conseguirlo, proponen la colaboración público-privada: que las distintas Administraciones ofrezcan suelo a cambio de que se construyan viviendas con alquiler tasado durante 80 años, con ayudas financieras y fiscales a los promotores (privados y públicos).

Este es el camino para rebajar los impagables alquileres actuales. Pero el Gobierno Sánchez, forzado por Podemos, aprobó una Ley de la Vivienda que sólo en parte sigue esa vía (prevé construir 140.000 viviendas públicas en 5 años), pero que sobre todo defiende “un atajo populista”: poner controles al precio de los alquileres, topes a su subida en las zonas tensionadas. De momento, la Ley entró en vigor el 26 de mayo, pero los topes de precios no se han aprobado y se retrasarán hasta finales de año. El problema ya no es sólo que estos topes hayan retraído a muchos particulares (e inmobiliarias) a alquilar, recortando más la oferta, sino que no se van a aplicar, creando una gran incertidumbre en el mercado. Porque las autonomías gobernadas por el PP (11, 6 de ellas con VOX) ya han dicho que no aplicarán estos topes, que sí adoptará Cataluña (ha establecido ya 140 municipios con alquileres “tensionados” y reclama al Gobierno los topes ya). Así que tenemos una Ley contraproducente que no se va a aplicar y no se avanza en la vía eficaz: promover más viviendas. Y facilitar el alquiler (sin imposiciones, con incentivos) de los 1,9 millones de viviendas vacías.

Urge que el futuro Gobierno sea más realista y promueva un gran Pacto por la vivienda, sentando a las autonomías, Ayuntamientos y promotores para aprobar un ambicioso Plan de construcción de viviendas, al menos esas 140.000 al año que se proponen. Y eso pasa por sacar al mercado todo el suelo disponible y ofrecerlo gratis a los que promuevan viviendas de alquiler asequible, asegurándoles una financiación y una rentabilidad suficientes. No podemos seguir permitiendo que los alquileres sigan disparados, asfixien a las familias y frenen en seco la emancipación de los jóvenes. La vivienda tiene enmienda: construir más.

Menos pobreza pero más desigual por regiones

La crisis desatada por la pandemia y la alta inflación se saldó con una bajada de la pobreza en España en 2022, gracias a las ayudas públicas, al contrario que con la crisis financiera, que aumentó la pobreza (por los recortes). Pero ojo: España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza y afecta todavía a una cuarta parte de la población. Además, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, más que antes, por los bajos sueldos, la alta inflación y la vivienda. Y lo peor: hay 5 regiones donde sí aumentó la pobreza en 2022. Y 7 autonomías tienen ahora más pobreza que en 2019: Canarias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja. El problema es que el Estado (ingreso mínimo vital), las autonomías (rentas mínimas) y los Ayuntamientos (servicios sociales) “racanean” al ayudar a los más pobres, un problema olvidado para el 28-M. La pobreza es un cáncer social para la democracia.

Enrique Ortega

La evolución de la pobreza tiene mucho que ver con la política económica que se aplica en los paises. Así, en la anterior crisis financiera de 2008, los ajustes y recortes que se impusieron en todo el mundo, y especialmente en la Europa del sur, provocaron un aumento de la pobreza, sobre todo en España: la tasa AROPE, el porcentaje de españoles "en riesgo de pobreza o exclusión social" saltó del 23,8% en 2008 al 29,2% en 2014, según Eurostat. Después, la ligera recuperación de la economía rebajó las cifras de pobreza, hasta el 26,2% en 2019. Pero llegó otra crisis, con la pandemia y la inflación, y la tasa de pobreza volvió a subir en 2021 (27%) y 2021 (27,8%), aunque finalmente ha bajado en 2022 (al 26% de los españoles, una tasa de pobreza inferior a la de 2019), gracias a que en esta nueva crisis se ha optado (en Europa y en España) por ayudas públicas que han beneficiado a los más vulnerables.

¿Cómo se mide la pobreza? Europa utiliza un indicador, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”), que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y. Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Y según Eurostat, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población) en 2021. Y el INE acaba de publicar los datos de España para 2022, que señalan un 26% de españoles en situación de pobreza o exclusión social, 12.300.000 españoles, 840.000 menos que en 2021. Tras dos años subiendo (2020 y 2021), por la pandemia y la inflación disparada, la pobreza ha tenido en 2022 el mayor descenso (-1,8%) desde 2015.

A pesar de este descenso de la pobreza en 2022, España es el 4º país europeo con la más alta tasa de pobreza (AROPE), según los últimos datos publicados por Eurostat, los de 2021: entonces teníamos una tasa de pobreza del 27,8%, muy por encima de la media UE-27 (21,7%) y de paises como Alemania (21% de pobreza AROPE), Francia (19,2%) o Italia (25,2%), siendo sólo superados por la pobreza en Rumanía (34,5%), Bulgaria (31,7%) y Grecia (28,3%). Y aunque haya bajado la tasa en 2022, todo apunta a que también habrá bajado en la mayoría de Europa, con lo que seguiremos entre los paises con más pobreza.

Vayamos a los tres componentes de esta pobreza, los 3 indicadores que integran la tasa AROPE. El primero y principal, la pobreza monetaria, las personas consideradas “pobres” porque ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). En 2022, eran el 20,4% de la población (frente al 21,7% en 2021 y el 20,7% en 2019), 9.676.000 españoles “pobres”, 609.000 menos que en 2021, según acaba de publicar el INE.

El perfil de estos “pobres” monetarios son principalmente mujeres (21,1% son pobres frente al 19,8% de los hombres) y superan la tasa media de pobreza los niños y adolescentes (27,8% de los menores viven en hogares “pobres”: 2,2 millones de niños y jóvenes con menos de 18 años), las mujeres solas con niños (43,2% son pobres), las personas que viven solas (25,7% son pobres, los extranjeros (el 52,6% de los inmigrantes de fuera de la UE y el 35,2% de inmigrantes europeos), las personas con poca formación (son pobres el 29,2% de los que sólo tienen primaria y el 24% de los que tienen sólo la 1ª etapa de secundaria, bajando al 10% entre los universitarios), los parados (el 41,7% son “pobres”) e incluso los que tienen un trabajo: el 12,5% de los ocupados son “pobres”, casi 2,5 millones de personas que trabajan. Y sólo son “pobres” el 15,1% de los jubilados, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).

Vayamos al 2º indicador de pobreza o exclusión social, el que incluye a los españoles que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que trababan menos del 20% de lo que podrían (subempleo), ganen lo que ganen. El INE estima que son el 8,6% de la población, 4.079.000 personas. Este indicador ha mejorado más que el de la pobreza monetaria, gracias a la importante creación de empleo: era del 11,6% en 2021 y han bajado los que viven en hogares con poco empleo en 1,1 millones de personas.

El tercer indicador de la pobreza mide las personas que tienen una carencia material severa en 7 de los 13 indicadores que se miden, al margen de lo que ganen: son el 7,7% de la población, 3.652.000 españoles, un porcentaje que lleva dos años bajando (era el 8,5% en 2020) y es ahora como en 2019. Pero ojo, han empeorado algunas carencias que son importantes. Así, han subido en 2022 las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar  (el 17,1% de la población, 8,1 millones), las personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días (el 5,4%, ojo: 2,5 millones de españoles), los que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (35,5%, 16,8 millones), los que no pueden permitirse tener una semana de vacaciones al año (33,5%, 15,9 millones de españoles) o los que no pueden tener coche (5%,2,3 millones de personas). Sólo ha bajado el porcentaje de los que se retrasan en el pago de recibos (todavía un 11,6%, 5,5 millones de españoles) y los que no pueden comprar un ordenador (el 5,8%, 2,75 millones).

Hay personas que cumplen las tres condiciones (pobreza monetaria, bajo nivel de empleo y carencias materiales: sólo el 1,5%, 711.470 personas), otras que cumplen dos (el 15%) y otras que cumplen una (la pobreza monetaria incluye al 20,4%, 9,67 millones de españoles), suficiente para ser considerados en situación de pobreza y exclusión social.

Aunque el indicador español de pobreza haya mejorado en 2022, hay que resaltar que persiste la desigualdad entre regiones. Y que en 5 zonas de España se ha agravado la pobreza “monetaria” (personas que ingresan menos del 60% de la media) en 2022: Melilla (34,5%,+4,4%), Ceuta (34,8%,+2,5%), la Rioja (34,8%, +2,5%), Navarra (10,9%, +1,1%) y  Canarias (29,4%, +1%). Y hay 7 autonomías donde en 2022 había más pobreza monetaria que en 2019, antes de la pandemia, la mayoría de ellas las autonomías más ricas: Baleares (+4,9%), Castilla y León (+4,9%), la Rioja (+4,3%), Navarra (+3,2%), País Vasco (+2,2%),  Canarias (+0,9%) y Cataluña (+0,6%), según el INE.

Al margen de estos cambios en la pobreza en los últimos años, la realidad es que persiste la desigualdad histórica en su reparto, las 3 Españas. Así, si tomamos el indicador AROPE global, el 26% de pobreza o exclusión social en 2022, hay 8 regiones españolas con mucha más pobreza que la media: Melilla (41,3% son “pobres”), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9% son “pobres”), Canarias (36,2%), Andalucía (35,8%), Castilla la Mancha (31,6%), Murcia (31%) y Comunidad Valenciana (31% “pobres”).  Y existe la otra España, 7 autonomías donde hay poca pobreza: Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%), Cantabria (19,5%), Aragón (19,1%), Madrid (20,3), Cataluña (20,4) y La Rioja (20,9%). Y una España intermedia, con una tasa de pobreza AROPE superior a la europea pero inferior a la España atrasada: Baleares (21,5%), Castilla y León (22,1%), Galicia (23,6%) y Asturias (25,3%). Un buen tema para debatir en esta campaña electoral del 28-M.

En paralelo a esta estadística sobre la pobreza, el INE informa también de otro indicador: las personas que llegan con dificultad a fin de mes, un dato muy revelador de la calidad de vida y la capacidad ante imprevistos de los españoles. Y un indicador que ha empeorado en 2022: han subido del 44,9% de la población (2021) al 47,8%, 22.672.923 españoles con problemas para llegar a fin de mes (1,39 millones más que en 2021). La estadística los reparte entre los que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” (el 25,7%, frente al 23,3% en 2021), los que llegan “con dificultad” (el 13,4%, frente al 12,8% en 2º21) y los que llegan a fin de mes “con mucha dificultad (4,1 millones de españoles, el 8,7%, frente al 8,8% en 2021). La alta inflación, el encarecimiento de los alquileres y las hipotecas más el estancamiento de los salarios explican que casi la mitad de españoles (47,8%) tengan problemas para llegar a fin de mes. Y aquí también hay grandes diferencias regionales: lo sufren más de la mitad de la población en Canarias (el 60,7%), Ceuta (60,3%), Murcia (58,3%), Extremadura (55,7%) y Andalucía (54,5%), mientras sólo afecta a un tercio en el País Vasco (31,59%), La Rioja (36%), Aragón (38,9%) y Navarra (39,5%), según la EAPN-ES.

Otro indicador clave que ha mejorado en 2022 es la desigualdad, una de las grandes secuelas de todas las crisis. Una primera forma de medirlo es el indicador S80/S20, la proporción de ingresos que tiene el 20% más rico de la población sobre el 20% más pobre: en 2008, antes de la crisis financiera, ingresaban 5,6 veces más y después, la desigualdad subió hasta ingresar 6,9 veces más en 2015. Con la recuperación, la desigualdad bajó a 5,9 veces en 2019, pero volvió a subir con la COVID, a 6,2 veces en 2021, bajando ahora a 5,6 veces en 2022, el mismo índice de desigualdad que antes de la crisis financiera, según la EAPN-ES. Otra forma de medirlo, el índice de Gini (cuanto más bajo, menos desigualdad) nos dice lo mismo: en 2008 estaba en 32,4, subió a 34,7 en 2014, bajó a 33 en 2019, se mantuvo así en 2021 y ha bajado a 32 en 2022, el valor más bajo de toda la serie del índice. A pesar de la mejoría, España ocupa el 4º lugar en el ranking europeo de más desigualdad (2021), tras Letonia (35,7), Lituania (35,4) y Rumanía (34,3), por encima de la media europea (30,1 índice Gini) y de Italia (32,9), Alemania (31,2) y Francia (29,3), según el último dato de Eurostat.

Aunque tenemos más pobreza y más desigualdad que la mayoría de Europa, España ha mejorado en ambos problemas, gracias a la distinta política adoptada en Europa contra la pandemia y la inflación, aprobado un ambicioso Plan de Recuperación UE (750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000), al que se suman las ayudas aprobadas por el Gobierno contra la inflación (43.000 millones). Con ello, España ha dado un gran salto en el gasto en protección social, pasando de suponer el 16,9% de todo el gasto público en 2018 al 20,6% en 2021, un porcentaje de gasto social más cercano al de Alemania (20,9%) o Bélgica y todavía alejado del de Francia (24,8%), Finlandia (24,6%) o Italia (23,4%). Pero además de gastar más contra la pobreza y la desigualdad, el gran reto de España es gastar mejor, porque la OCDE y la Comisión Europea ya han alertado que la mayoría del gasto social en España beneficia más a las clases medias y altas que a los más vulnerables. Por eso critican ayudas como el descuento de la gasolina o la bajada del IVA a la electricidad y a los alimentos, porque benefician más a los que más tienen, no a los más pobres.

En paralelo a gastar más y mejor en ayudas sociales, hay tres frentes más en los que avanzar. El primero, el Estado central, en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se aprobó en mayo de 2020, con el objetivo de beneficiar a 850.000 hogares y, a finales de abril, sólo beneficia a 611.029 hogares (y 1.700.028 personas, frente a las 2,3 millones previstas), sólo ayuda a 1 de cada 5 "pobres". Urge flexibilizar requisitos y agilizar su concesión, para que este ingreso (565 euros) llegue a los más necesitados. Otro reto es para las autonomías, que gestionan las rentas mínimas de inserción, donde se ha producido un recorte escandaloso: aprovechando el IMV, las autonomías gastaron 247 millones menos en 2021 y la ayuda la reciben 150.000 personas menos que en 2020 (645.317 beneficiarios, que cobran entre 300 y 706 euros al mes, según autonomías. Y el tercer reto es para los Ayuntamientos: prestan ayudas sociales de urgencia a 1.576.052 personas, sólo el 42% de las que sufren graves dificultades materiales. Y las ayudas “urgentes” que prestan (para comida, ropa o vivienda) tardan hasta 2 meses, por el exceso de burocracia y lo complicado del papeleo, según los Directores y gerentes de Servicios Sociales, que llevan años pidiendo que se cambie la Ley para no tratar estas ayudas como subvenciones.

Así que todos (Gobierno, autonomías y Ayuntamientos)  tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza, que está ahí y se visualiza en las “colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en esta campaña electoral  del 28-M. No podemos mirar para otro lado: la pobreza y la desigualdad son una realidad cotidiana, no son “un invento de la izquierda” como defiende la neoliberal Ayuso en Madrid. Es más, la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por eso, habría que extirpar la pobreza y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

La pandemia dispara privaciones y pobreza

Como se temía, los últimos datos del INE revelan que la pobreza creció en España en 2020, por la pandemia y su profunda recesión económica. Hay 620.000 personas más en situación de pobreza y exclusión social, casi 12,5 millones de españoles, sobre todo mujeres solas con niños, jóvenes, parados e inmigrantes. Y lo más llamativo : casi se han duplicado los españoles en situación de privación material severa, 3.300.000 personas que tienen privaciones serias, problemas para comer carne o pescado, calentar su casa, pagar recibos o afrontar gastos imprevistos, sobre todo familias con niños. Un indicador de vulnerabilidad que vuelve a niveles de 2014, tras la anterior crisis. Urge tomar medidas para ayudar a estas familias a comer mejor, pagar sus recibos y el alquiler, con un Plan de choque para mejorar la atención social de niños, mujeres, jóvenes e inmigrantes. Y para mejorar sus ingresos, con un empleo. No podemos recuperar el país tras la pandemia dejando a uno de cada cuatro españoles atrás.

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, ya teníamos en España un serio problema de pobreza, con 1 de cada 4 españoles en situación de exclusión social, según las estadísticas europeas. Así, en 2019 había 11.870.012 personas, un 25,3% de españoles, en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador europeo AROPE que considera 3 factores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. Y con este indicador AROPE, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población). Y los 11,8 millones de España (el 25,3%) nos colocaban en 2019 (antes de la pandemia) como el 7º país europeo con más pobreza, sólo por detrás de Bulgaria (32,5%), Rumanía (31,2%), Grecia (30%), Letonia (28,4%) e Italia (27,3%) y Lituania (26,3%), según Eurostat.

La pandemia ha empeorado la situación de pobreza y privación material, al reducir los ingresos de muchas familias y llevar a otras al paro. Y eso se refleja en la reciente Encuesta de Presupuestos Familiares de 2020, publicada  por el INE, que aumenta en 620.000 personas los oficialmente “pobres”, las personas con bajos ingresos, privación material severa o bajo nivel de empleo. Son ya 12.495.000 personas (el 26,4% de la población) “en situación de pobreza o exclusión social”, lo que rompe una tendencia de cinco años seguidos en que bajó  en España la tasa de pobreza AROPE (del 29,2% máximo en 2014 al 25,3% en 2019). Este es el porcentaje medio de pobreza, pero hay familias que están peor: madres solas con niños (49,1% de esos hogares son pobres), familias con niños (37,4% pobres) y personas que viven solas (31,8% pobres). Y sobre todo los parados (54,7% en situación de pobreza), inmigrantes (43,4% de los europeos y el 58% del resto del mundo). Y sufren más la pobreza las personas que tienen sólo educación primaria (36% son pobres) y sólo la ESO (32,5%).

En 2020, con la pandemia, han empeorado dos de los tres indicadores que miden la pobreza AROPE: la pobreza monetaria y la carencia material severa, mientras ha mejorado el bajo nivel de empleo, porque la Encuesta del INE toma los datos de 2019, cuando aún no había caído por la pandemia. La pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, sí aumentó en 2020, aunque el dato es parcialmente revelador, porque toma como base la renta de 2019, que aún no había bajado por la pandemia. Aún así, hay 9.940.000 personas, un 21% de la población, que se le considera “pobre”, porque ingresó en 2020 menos del 60% de la renta media de 2019: menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con 2 hijos. Son 223.000 “pobres” más que en 2019, lo que rompe también 5 años de bajada de la pobreza monetaria (desde  el 22,2% máximo de 2014 al 20,7% de pobreza en 2019).

Este aumento de la pobreza monetaria en 2020 se ha concentrado en las mujeres (21,7% de pobreza, +0,6%) y no ha variado entre los hombres (20,2% de pobreza, igual que en 2019). Y ha aumentado sobre todo entre los niños (27,6% en los menores de 16 años, +0,5%) y entre los mayores de 65 años (18,8%, +4,3%), debido a que los ingresos de los jubilados crecieron menos que el umbral de la pobreza. Por autonomías, destaca el aumento de la pobreza monetaria en Cataluña (del 13,9 al 16,7%, un aumento del 20%) y su reducción en Ceuta, Aragón y Murcia. Pero la pobreza sigue concentrada en Extremadura (31,4% de la población), Ceuta (35,3%), Melilla (36,3%), Canarias (29,9%) y Andalucía (28,5%) y es muy reducida en Navarra (9,9% de la población), País Vasco (10%), La Rioja (15%), Castilla y León (15,1%) y Madrid (15,4%), según el INE.

Aunque ha aumentado la pobreza con la pandemia, lo más llamativo en 2020 ha sido que se ha disparado la privación material severa, las personas que no pueden hacer frente a 4 o más gastos de los 9 gastos que Europa considera básicos: no poder comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días (5,4% españoles no pueden, frente al 3,8% en 2019), no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada (10,9% no pueden frente al 7,6% en 2019), no poder afrontar gastos imprevistos (el 35,4%, frente al 33,9% en 2019), tener retraso en el último año en pagos de alquiler, hipoteca, gas o comunidad (el 12,2%, frente al 7,8% en 2019), no poder irse 1 semana de vacaciones al año (34,4% frente al 33,4% en 2019), no disponer de teléfono, TV, lavadora o coche (4,9% frente a 4,7%).

En conjunto, 3.300.000 personas, el 7% de los españoles no pudieron afrontar 4 o más de estos gastos en 2020, casi el doble que en 2019 (4,75%), un porcentaje de privación material severa similar al de 2014 (7,1%), en lo peor de la anterior crisis. Las que más sufren estas penurias son otra vez las mujeres (7% frente al 6,9% los hombres) y las familias con niños (8,2% tienen carencia material severa), en especial las madres solas con niños (el 16,8% sufrieron estas penurias en 2020). Por autonomías, donde más han aumentado estas carencias materiales ha sido en Cantabria (las sufren el 10,7% de personas, frente al 3,9% en 2019) y la Comunidad Valenciana (han saltado del 4,8 al 11,5% de la población).  La carencia de carne o pescado es más alta en Galicia, Melilla y Murcia, no poder mantener la temperatura de la vivienda se sufre más en Baleares, Melilla y Canarias y el mayor retraso en el pago de los recibos de la casa ha crecido en Ceuta, Canarias y Melilla.

Además de estos tres indicadores de la pobreza (pobreza monetaria, carencia material severa y bajo nivel de empleo), la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE refleja otro indicador: los hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes, un dato importante porque revela qué personas están en el camino de ser pobres mañana si les surge algún imprevisto. Y aquí, los efectos de la pandemia son muy evidentes: las personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes han pasado del 7,8% en 2019 al 10% en 2020. Son ya 4.733.261 personas, 1 millón más que antes de la pandemia. Y lo peor: son muchos más que en la crisis anterior (7,1% en 2014). El mayor porcentaje de personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes se da en Melilla (17,6%), Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%), Extremadura (12,7%), Murcia (11,2%) y Comunidad Valenciana (10,7%), siendo muy bajo en Ceuta (2,7%), Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%). Otro 12,8% de españoles tienen “dificultad” para llegar a fin de mes y un 22,3% más llega “con cierta dificultad”. En total, un 45% de españoles tienen problemas para llegar a fin de mes con la pandemia.

Como se temía, los datos del INE revelan con claridad que la pandemia ha disparado la pobreza y, sobre todo, las penurias económicas de muchos españoles. Con ello, se ha agravado la situación de familias que ya tenían problemas y se les han sumado otras que han perdido trabajos e ingresos con la pandemia. En consecuencia, la pobreza y la penuria se ha generalizado más y alcanza ya “a personas que tenemos cerca”, a nuestros vecinos, como revelaba la Encuesta hecha por EAPN-ES a 7.000 pobres: la mayoría son españoles (el 78,3%), adultos (27,7% tienen entre 45 y 64 años), con nivel educativo medio y alto (el 38,5% de los pobres, un 16% universitarios), que trabajan (un 33% de los pobres tienen empleo) y que viven en grandes ciudades (45,4% de los pobres) y zonas rurales (otro 30,4%). Y la mayoría sobreviven gracias a la ayuda de familias o amigos (el 21,4%) y las ONGs (el 12,3%).

La ONG Save the Children alerta que la pandemia se ha cebado sobre los niños: hay 1.100.000 niños en situación de pobreza y de ellos, más de 740.000 niños (el 14,1% de los menores de 18 años) viven en situación de pobreza severa, en hogares que ingresan menos del 40% de la renta media. Y eso dificulta su alimentación, su educación, incluso su atención sanitaria, favoreciendo que sean también pobres cuando lleguen a adultos.

Todos estos datos urgen a tomar medidas en tres frentes. El primero y más básico, asegurar una comida decente a ese 5,4% de personas (2.565.000 españoles) que se alimentan con pocas proteínas. Eso requiere potenciar con ayudas públicas los Bancos de Alimentos y canalizar lotes de comida a través de ONGs, asociaciones de vecinos y colegios, con especial atención a la alimentación de los niños. El segundo frente, ayudar a pagar el recibo de la luz y el gas, mejorando el actual bono social eléctrico: la burocracia y el exceso de requisitos provoca que sólo lo reciban 1,1 millones de familias y que otras 3,5 millones de familias vulnerables se queden fuera. Y en tercer lugar, hay que mejorar y ampliar las ayudas para el alquiler de viviendas, que son escasas y llegan a pocas familias necesitadas.

Además de estas medidas de choque, la pobreza y penuria post pandemia exigen reforzar los ingresos de las familias más vulnerables, desde el Ingreso Mínimo Vital al salario mínimo o las subidas salariales anuales. El Ingreso Mínimo Vital, la principal herramienta contra la pobreza (aprobada en mayo de 2020) no funciona bien: llegaba a mediados de julio a 320.000 beneficiarios, poco más de la tercera parte del objetivo previsto, llegar a 850.000 beneficiarios. Siguen sin solventarse los problemas (se mira la renta de 2019, no la de 2020, y hay un exceso de burocracia), lo que provoca que se hayan denegado 700.000 solicitudes (la mitad de las presentadas), mientras muchas autonomías han suprimido las rentas mínimas que pagaban (un tercio de los acompañados por Cáritas las han perdido).

Subir el salario mínimo (SMI) es otra medida clave para paliar la pobreza y la penuria material de muchas familias vulnerables, las que más cobran ese ingreso mínimo. España sigue siendo uno de los paises europeos con el SMI más bajo (1.108 euros en 12 pagas frente a 1.555 en Francia o 1.614 en Alemania)  y un Comité de Expertos ha recomendado al Gobierno subirlo de los 950 euros actuales (14 pagas) a 1.047 en 2023. Pero la patronal y la vicepresidenta Calviño se oponen a subirlo este año, argumentando que puede dificultar la recuperación y la creación de empleo. Es una postura discutible, pero la mayoría de expertos reconocen que la subida del salario mínimo es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para ayudar a las familias más vulnerables.

En paralelo, urge mejorar los salarios más bajos y pactar unas subidas salariales más altas para 2022, que contrarresten el aumento de la inflación previsto este año: el IPC puede alcanzar el 2% para este otoño, cuando los salarios han subido el 1,56% este año, según la última estadística de convenios. Si no suben más los salarios y se dispara el precio de la luz, los carburantes y la alimentación, como está pasando, serán más los españoles que sufran carencias materiales severas. Y los que tengan problemas para llegar a fin de mes.

Además, necesitamos reforzar los servicios sociales, que están superados con el aumento de la pobreza y la penuria económica, lo mismo que las ONGs. España tiene que gastar más en servicios sociales (gastó en 2019 el 17,4% del PIB en protección social, lejos del 19,3% de media europea, el 23,9% de Francia, el 21,2% de Italia o el 19,7% de Alemania), gastarlo mejor (sólo Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España, según la OCDE) y con menos desigualdad entre autonomías (sólo País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras la mayoría tienen un nivel “medio” y 10 autonomías suspenden, de ellas Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid con servicios sociales “irrelevantes”, según el índice DEC 2020).

Junto a todas estas medidas contra la pobreza, la principal es que la economía se reanime y se pueda crear empleo estable y decente, porque el desempleo y los trabajos precarios están detrás de la mayoría de las familias vulnerables. Eso pasa por poner en marcha el Plan de recuperación y gastar bien las ayudas europeas, pero también por aprobar un Plan de choque para crear empleo urgente entre los colectivos más afectados por la pandemia: las mujeres, los jóvenes, los parados de larga duración y los inmigrantes. Un Plan que incluya formación e incentivos a la contratación, con un asesoramiento personalizado a los parados de las oficinas de empleo. Y muy dirigido a las regiones y colectivos más afectados, en sus ingresos y paro, por la pandemia.

Muchos no quieren oír hablar de la pobreza y creen que es algo que sólo afecta a unos pocos, que no es un problema para la mayoría. Pero sí lo es. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. Y también ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.