Otro cambio en el recibo de la luz

El  1 de enero de 2024 estrenarán nuevo recibo de la luz los 9 millones de españoles que tienen tarifa regulada (PVPC). El  cambio, exigido por Bruselas, pretende “amortiguar” las subidas y bajadas de la electricidad. Para ello, obliga a las eléctricas a suministrarnos más electricidad contratada a plazo (de 1 mes hasta un año) y que pese menos la comprada cada día, para evitar los altibajos de estos años. Lo normal es que la luz suba algo al principio, porque las eléctricas intentarán “no pillarse los dedos” en sus compras y porque pagaremos la prima de riesgo que contratarán. Pero a medio plazo, el recibo será más estable, salvo nueva debacle de la energía. Problema: el 1 de enero se termina “la excepción ibérica”, que nos ha ahorrado 5.106 millones de euros, y Europa no ha reformado todavía el mercado eléctrico. Y será difícil que lo haga, con las elecciones europeas en junio de 2024. Así que el nuevo recibo de la luz será una incógnita.

Enrique Ortega

Vuelve a cambiar el recibo de la luz, antes de que el actual cumpla 10 años. El anterior cambio del recibo eléctrico lo aprobó el Gobierno Rajoy el 28 de marzo de 2014 y se empezó a aplicar a los consumidores el 1 de julio. Antes, la subida de la luz estaba ligada al precio que se fijaba en el mercado eléctrico mayorista en una subasta trimestral (tarifa TUR, tarifa de último recurso). Pero se detectó que las eléctricas productoras elevaban artificialmente los precios antes de cada subasta, en perjuicio de los consumidores. El detonante fue la subasta de diciembre de 2013, cuando el precio mayorista de la electricidad subió un 10,5%, con lo que el Gobierno tenía que subir la tarifa (junto a los peajes) un +11,5% en el primer trimestre de 2014. Era políticamente impresentable, así que la Comisión de la Competencia (CNMC) “anuló” la subasta y el Gobierno cambió el sistema y aprobó un nuevo recibo, el que todavía tenemos ahora.

Este recibo (el actual) establecía una tarifa regulada con un nombre increíble, la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que podían disfrutar los particulares y empresas que contrataran menos de 10 kWh de potencia. Y la tarifa mensual se fijaba ya no sobre el precio de la subasta trimestral sino sobre el precio diario en el mercado mayorista de la electricidad, para evitar manipulaciones. Eso suponía el 42% del recibo, otro 37% eran los peajes que aprobaba el Gobierno (para financiar el transporte y la distribución de la electricidad, el parón nuclear, la deuda eléctrica, las ayudas a las renovables o el extracoste de la electricidad a las islas) y el 21% restante eran los impuestos. También se abrió el camino a que las eléctricas ofrecieran una tarifa libre, por un año y revisable después, que los consumidores y empresas podían contratar.

El nuevo sistema no dio problemas y el recibo de la tarifa regulada (PVPC) fue bastante estable, con un coste mensual en torno a los 50 euros por abonado entre 2014 y 2020. Pero en 2021, comenzó a dispararse el precio del gas natural (que era la energía que solía fijar el precio del resto, en el mercado eléctrico diario), sobre todo a partir de la primavera y el verano, cuando Putin utilizó el gas para presionar a Europa por el tema de Ucrania. Y en agosto de 2021, el recibo medio de la tarifa regulada ya subió a  105,94 euros, cerrando el año con un recibo medio de 239,17 euros en diciembre de 2021. Y tras la invasión rusa de Ucrania, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista pasó de 195,86 euros/MWh (23-F, el día antes de la invasión) a un máximo histórico de 544,52 euros/MWh el 9 de marzo de 2022, para mantenerse en torno a los 200 euros/MWh en mayo y junio.

La mayoría de esta subida disparatada de la electricidad en origen (mercado mayorista) se trasladaba a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y mucho menos a los que tenían una tarifa “libre” (que también subía, pero al renegociarla cada año). El resultado fue “una fuga de clientes” del mercado regulado al libre, apoyada por potentes campañas de marketing de las eléctricas (“Cámbiate a la tarifa libre y pagarás menos”) : si en 2014, al estrenarse el nuevo sistema, eran 26 millones los consumidores con tarifa regulada (PVPC), en 2021 eran ya sólo 18 millones y ahora son 9 millones, el 34% de todos los contratos de electricidad.

Ante estos precios disparados de la luz (por culpa del gas: saltó de 78 euros MWh el 23-F a 339,20 en agosto de 2022), el Gobierno Sánchez negoció en Europa, con Portugal, la llamada “excepción ibérica” : se aceptaba poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad en la Península (primero 40 euros/MWh y hasta 70 euros en 2023) , para que no encareciera el resto de las energías (el sistema de precios establece que la hidráulica, nuclear y renovables, más baratas, se pagarán al coste del gas) y permitiera así bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio de 2022 y ha permitido bajar el precio mayorista de la electricidad: de los 200 euros/MWh en mayo y junio bajó a poco más de 100 euros/MWh en septiembre y hasta 16,19 euros/MWh el 29 de diciembre… El viernes pasado, 16 de junio, el precio mayorista estaba en 122,42 euros/MWh. Y aunque los consumidores con tarifa regulada pagan una compensación a las eléctricas por el tope al gas, su recibo medio ha caído estos meses: de 130,99 euros pagados en agosto de 2022 a 79,35 euros en diciembre y a 56,68 euros/MWh pagados de media por la tarifa regulada en mayo de 2023, según la OCU.

En este primer año de la excepción ibérica, los mayores beneficiados son los 9 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) que han visto abaratarse directamente su recibo al caer el precio del la luz en el mercado mayorista (incluso con precios de cero euros algunos días y horas). Los 20 millones restantes, con tarifa “libre”, no se han beneficiado tanto de la rebaja del recibo, ya que han tenido que esperar hasta la revisión de su contrato (1 año) para presionar a que les bajaran la tarifa. Globalmente, la excepción ibérica” (el tope al gas) ha supuesto un gran ahorro para los consumidores: 5.106 millones sólo entre el 15 de junio y el 26 de febrero, según los cálculos del Gobierno Sánchez, un 15% de la factura eléctrica. Y estiman que, en los primeros 8 meses, los españoles han ahorrado por la “excepción ibérica” (que el PP llamó "timo ibérico") 100 euros por hogar.

Como contrapartida a esta “excepción ibérica”, la Comisión Europea exigió a España que cambiara el recibo de la luz, la tarifa regulada (PVPC), para buscar un sistema que fuera más estable y con menos oscilaciones de precios. De hecho, otros paises europeos han tenido menos altibajos en el precio de la luz (a pesar de subirles a todos el gas), porque tienen recibos que no varían según el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sino en base a índices de precios que se revisan trimestral o anualmente, con lo que las oscilaciones y “sustos” al consumidor no son diarios y son más suaves. El Gobierno Sánchez se comprometió con Bruselas a tener el nuevo recibo antes del 1 de octubre de 2022, para aplicarlo en 2023, pero se ha retrasado, primero en el Gobierno y luego en el Consejo de Estado. Y finalmente, se aprobó en el pasado Consejo del 14 de mayo, para que entre en vigor en 2024.

El nuevo recibo de la luz en la tarifa regulada (PVPC) pretende ligar las subidas futuras no al mercado mayorista diario (con precios muy volátiles y grandes altibajos) sino a un mercado más a plazo, con contratos de suministro firmados a 1 mes, 3 meses y 1 año, para intentar “amortiguar” las subidas. Si ahora, el 100% de la electricidad con la que se calcula la factura es el mercado mayorista diario, en 2024 será solamente el 75% del total, el 60% en 2025 y el 45% del suministro en 2026. Y las eléctricas tendrán que suministrar electricidad con contratos a plazo ya en 2024 (un 25% del total), aumentarla en 2025 (40% del suministro total) y más en 2026, año en que la mayoría de la electricidad que nos vendan (el 55%) tendrá que proceder de contratos a plazo (a 1 mes, a 3 meses o a un año), para “suavizar” los altibajos de precios en el mercado y “evitar sustos” un día, una semana o un mes.

El nuevo sistema del recibo regulado no entrará en vigor para los usuarios hasta el 1 de enero de 2024, pero antes, el 1 de julio de este año, las comercializadoras eléctricas tendrán que empezar a hacer contratos a plazo, para poder vendernos ese 25% más estable desde enero próximo. En principio, el nuevo sistema podría subir algo los recibos en 2024, por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas se “curen en salud” al hacer las primeras compras, para “no pillarse los dedos”, pero la mayor demanda a plazo seguro que subirá los mercados de futuros, al menos al principio. Y la otra razón, porque el nuevo sistema incluye que contraten “una prima de riesgo”, para evitar la quiebra de comercializadoras, y todo apunta a que ese seguro lo considerarán otro coste más y lo pagaremos los consumidores. Pero al cabo de un tiempo, todos los expertos creen que el nuevo sistema de fijación de la tarifa regulada será más estable y con precios menos volátiles, con menos altibajos en la factura mensual de los consumidores y empresas. Lo creen en la Comisión Europea, lo cree el Gobierno Sánchez y lo creen también las eléctricas, que apoyan el cambio.

Ahora, los 9 millones de clientes particulares que tienen la tarifa regulada (PVPC) no tendrán que hacer nada: el recibo será igual, aunque cambia el origen de la electricidad que les van a suministrar. Y los 20 millones de clientes particulares con “tarifa libre” podrán hacer el viaje inverso, volver a la tarifa regulada, aunque las eléctricas no se lo pondrán fácil: ya pusieron pegas (teléfonos y webs colapsadas) a los clientes que querían contratar la tarifa regulada del gas, más barata. También podrán acogerse a la nueva tarifa regulada (PVPC) las empresas (ahora la tienen 881.360 compañías), pero hay un cambio: ahora sólo la podrán mantener las pequeñas empresas (menos de 250 empleados y hasta 50 millones de facturación), porque el que tengan esa tarifa empresas más grandes contraviene la Directiva Europea. Así que las empresas tendrán que acreditar su tamaño ante las eléctricas para poder disfrutar de la tarifa regulada el 1 de enero de 2024.

Y por supuesto, el nuevo recibo de la luz mantendrá el distinto precio por horas, que se puso en marcha el 1 de junio de 2021. Se mantienen las tres franjas horarias en las que será distinto el precio de la luz que consumimos: horas valle (las más baratas: de 12 de la noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta (las más caras: lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y horas llanas (el resto de horas, con un precio intermedio). Sigue la discriminación horaria que cada día utilizan más usuarios y que puede suponer un ahorro de hasta 70 euros anuales en un hogar medio.

Mientras llega el nuevo recibo de la luz, el gran cambio será, también el 1 de enero, el final de la “excepción ibérica”, salvo que la Comisión nos lo prorrogue otra vez (lo hizo en abril de 2023, hasta diciembre), algo difícil (salvo que tengamos un invierno de altos precios). En 2024 no tendremos este “colchón” que atempera los precios  pero tampoco una reforma del mercado eléctrico europeo, como llevan años pidiendo España, Portugal, Francia e Italia. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentó formalmente una propuesta de reforma del mercado eléctrico muy poco ambiciosa, ya que no afronta el problema de fondo: mantener un sistema de precios “marginalista”, que asegura el precio de la energía más cara para el resto de energías (es como si un carnicero nos vende carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobra a precio de chuletón…). Eso supone un “sobreprecio” que pagamos los consumidores, a costa de unos beneficios millonarios de las eléctricas (y empresas gasistas). La reforma sólo incluye “parches”, como el cambio del índice europeo del precio del gas (para suavizar los precios) y centralizar las compras europeas de gas, además de promover las renovables (algo que exige tiempo).

España y la ministra Ribera ya remitieron antes, en enero de 2023, una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo más ambiciosa, que incluía un cambio en el actual sistema marginalista de precios, la posibilidad de establecer un precio fijo para la electricidad generada por nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas) y aumentar los contratos a plazo. Incluso, el Gobierno Sánchez buscaba apoyos para promover  una reforma más drástica de la propuesta por la Comisión, aprovechando su presidencia del semestre europeo. Pero ahora, con la convocatoria de elecciones, será difícil que España lidere el proceso, mientras Alemania, Holanda y los paises del norte de Europa no quieren hacer muchos cambios en el mercado eléctrico UE, presionados por el lobby eléctrico europeo. Y menos cuando se van a celebrar elecciones europeas en junio de 2024.

Así que en 2024, la factura de la luz será una incógnita, con un nuevo recibo y sin la ayuda de la excepción ibérica ni de una reforma del mercado eléctrico europeo. Todo va a depender de la evolución del mercado energético mundial, de las compras y precios del gas que consigan los paises europeos estos meses y de la dureza del invierno, junto a los avances en el ahorro de electricidad y las aportaciones de las energías renovables (más baratas). Factores claves que condicionarán la futura factura de la luz.

Europa se prepara para el invierno

El pasado viernes, los ministros de Energía de la UE aprobaron medidas extraordinarias para que los europeos afrontemos los recortes de gas y los precios disparados de la energía. El gran objetivo es evitar “apagones” este invierno y garantizar el suministro, para lo que habrá que ahorrar luz y energía. Además, aprobaron un impuesto extraordinario a las energéticas, que ingresará 140.000 millones extras para ayudas. España recortará un -6,4% el consumo eléctrico, con medidas para restringir el alumbrado y la calefacción en locales públicos, no en hogares. Pero todo dependerá de la guerra y los precios del gas. Los 27 están divididos sobre nuevas medidas (más drásticas) para frenar los precios de la energía. Si continúa la espiral, harán falta más recortes de consumo y más ayudas (impagables: Europa se ha gastado ya 500.000 millones, 35.500 España, el 4º país que más en la UE). Y tras el invierno, 2023 será un año muy difícil, con recesión en Alemania. Así que nos esperan meses duros, que agravarán las presiones políticas para parar la guerra en Ucrania.

Enrique Ortega

Tras más de 7 meses de guerra en Ucrania, la crisis económica desatada por la energía y los precios sigue ahí, muy preocupante. La inflación en Europa ha empeorado (del +9,1 al +10% en septiembre), aunque baja algo en España (la inflación ha bajado del +10,5 al +9% en septiembre, gracias a la luz y los carburantes). Y los precios de la energía, aunque mucho más altos que antes de la invasión de Ucrania, han bajado en el último mes, desde el petróleo (más barato hoy que el 23F) y los carburantes al gas y la electricidad. Pero la situación es muy inestable, con los atentados a los gasoductos NordStream 1 y 2 y los referéndums ilegales en Ucrania, que agravan los cortes de gas a Europa y sobre todo a los países del norte, muy dependientes del gas ruso. Y todo se complica más con la llegada del frío y del invierno, que hace temer por aumentos de consumo y cortes de suministros, sobre todo en industrias y hogares del centro y norte de Europa.

Para evitarlo y asegurar el suministro de energía, los ministros de Energía de la UE aprobaron el viernes 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que tendrán que corroborar los dirigentes europeos en la Cumbre de Praga de este jueves 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por países y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas, lo que nos permite disponer ya del 85% de las reservas de gas en los almacenes (frente al 80% exigido por Bruselas para el 1 de noviembre). Pero ahora queda concretar cómo se hace este recorte de consumo y conseguirlo, algo que no será fácil, dado que el consumo de electricidad solo ha bajado un -1,7% hasta julio, según REE, a pesar de que los precios se han disparado. De momento, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas de ahorro para conseguirlo: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

A pesar del acuerdo del viernes sobre el recorte del consumo eléctrico (-15%), los 27 países UE  siguen divididos ante tomar medidas más drásticas para frenar la subida de la energía (sobre todo el gas y la electricidad). Una de ellas, extender la “excepción ibérica” (tope al gas en España y Portugal) al resto de Europa, es defendida sobre todo por Francia e Italia. Y eso, porque han visto la efectividad de poner un tope  al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (primero 40 euros MWh y después hasta 70 euros, cuando ahora cuesta en el mercado 187 euros MWh). Así, el viernes 30 de septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España y Portugal costaba 118,39 euros y aun contando con la compensación por el tope que hay que pagar a las eléctricas, el coste mayorista de la luz en España era de 153,13 euros, la tercera parte del coste mayorista de la luz en Alemania (386 euros), Francia (392) e Italia (459 €)…

Otra medida más drástica, que han pedido España y otros 14 países europeos (entre ellos Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia) es poner un tope al precio del gas que compre Europa, venga de donde venga, porque se considera que el precio actual es desorbitado y fruto de la presión política de Putin. La Comisión Europea no apoya esta medida (tampoco Alemania), porque temen que produjera un desabastecimiento. Y plantean como alternativa hacer compras conjuntas de gas toda la UE (como con las vacunas) y aprovechar este enorme poder de compra para negociar precios más bajos (y  contratos a más plazo) con EEUU y los países árabes y africanos que nos venden gas.

La otra gran medida que se aprobó el viernes en Bruselas fue crear un nuevo impuesto a las energéticas (petroleras, gasistas y empresas de carbón y refino): un gravamen del 33% sobre cualquier ganancia superior al 20% del beneficio medio que han obtenido en los últimos 4 años. Sería un impuesto temporal, a pagar sólo en 2023 por los beneficios extraordinarios en 2022. Otra medida complementaria es la aprobación de un tope temporal a los “beneficios caídos del cielo” que obtienen algunas eléctricas por producir  luz con energías más baratas que el gas (renovables, nucleares, carbón) y sin embargo cobrarlas al precio del gas (se plantea ponerles un precio tope de 180 euros por MWh producido, con lo que dejarían de recibir más de la mitad de lo que cobran hoy).

Entre ambas medidas, la Comisión Europea espera ingresar 140.000 millones extras de las energéticas para financiar las ayudas a familias y empresas por la subida del coste de la energía. Ambas medidas ya las había tomado el Gobierno español. En el decreto del 31 de marzo, el gobierno Sánchez amplió los impuestos a pagar por estos beneficios caídos del cielo a la generación eléctrica hidráulica, nuclear y renovable. Y  a finales de junio, el presidente Sánchez anunció un nuevo impuesto a las energéticas (y bancos) para gravar sus beneficios extraordinarios. El objetivo es el mismo, pero el impuesto es diferente al que ahora quiere aprobar Europa: el español es un impuesto sobre las ventas (no sobre los beneficios) y quería aplicarlo en 2023 y 2024. Ahora, la ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno “adaptará su impuesto a lo que se apruebe en Bruselas”.

Ahora falta que cada país aplique los recortes de consumo aprobados por los 27 y que se consigan ingresar esos 140.000 millones extras en impuestos para financiar las ayudas, en las que Europa lleva gastados ya más de 500.000 millones de euros, según un reciente informe de Bruegel. España es el 4º país de la UE que más ayudas públicas ha gastado para afrontar la crisis energética (35.500 millones de euros, el 2,9% del PIB), sólo por detrás de Alemania (100.500 millones, el 2,8% de su PIB), Francia (71.600 millones, el 2,9% de su PIB) e Italia (59.200 millones, el 3,3% del PIB), aunque el país que lidera las ayudas es Reino Unido (con 178.400 millones, el 6,5% de su PIB: una cifra tan extraordinaria que los mercados dudan que puedan pagarla si baja drásticamente impuestos).

El problema de este ingente paquete de ayudas públicas europeas es doble: hay que financiarlas (con deuda o con déficit o con las dos cosas) y habrá que mantenerlas en el futuro, muchos meses más, si la guerra y la crisis energética siguen ahí. Por eso, la Comisión Europea y la mayoría de gobiernos europeos, aunque sean conservadores y liberales, apuestan por subir la recaudación fiscal, para que paguen más impuestos las empresas energéticas que se están beneficiando de la crisis. Y eso defiende también la OCDE, el FMI y el BCE, porque saben que afrontar la actual crisis exigirá más ingresos. Sólo la primera ministra británica, el PP español (y quizás la ultraderechista Meloni) defienden bajar impuestos.

Pero ojo a las ayudas frente a la actual crisis energética y de inflación, porque tenemos un doble problema con ellas. El primero, que agravan el Cambio Climático. La OCDE acaba de criticar que se den “ayudas indiscriminadas a la energía”, porque las subvenciones se están dirigiendo al consumo de combustibles fósiles (ayudas de 20 céntimos al consumo de carburantes en España, bajada de impuestos al gas y a la electricidad), lo que alimenta el consumo y las emisiones. Y aportan una cifra impactante: los 35 países de la OCDE van a destinar 169.000 millones directamente a subvencionar combustibles fósiles, que agravarán el Cambio Climático. Por eso, piden que se acabe con las  “ayudas generalizadas”, que alimentan el consumo de combustibles fósiles, y se opte por ayudas directas a las familias vulnerables para pagar la energía al precio que valga (sin subvencionarla). Un dato revelador: en España, entre abril y agosto (cuando se ha subvencionado con 20 céntimos), el consumo de carburantes ha subido: un +8,28% la gasolina y un +2,72% el consumo de gasóleo, según las estadísticas de CORES.

El segundo problema de las ayudas públicas generalizadas es que “alimentan la inflación”, como acaba de denunciar el Banco Central Europeo (BCE). Por dos vías. Una, permiten que las familias gasten más (gracias a las ayudas), con lo que el consumo no cae lo suficiente ni tampoco los precios. La otra, que los países se ven obligados a subir su déficit y su deuda, y este mayor gasto público también alimenta la inflación. Por eso, el BCE también considera, como la OCDE y el FMI, que los países deben limitar sus ayudas y dirigirlas de manera muy selectiva a los más necesitados, no a la mayoría (aunque políticamente sea más vistoso). Y en paralelo, creen que los países deben aumentar su recaudación para financiarlas, no bajar impuestos. Incluso, el economista jefe del BCE, Philip Line, ha ido más allá: acaba de pedir a los países “que financien las ayudas con subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Nada de bajar impuestos con la que está cayendo…

Pero hay más. La política generalizada en Europa de multiplicar las ayudas públicas para afrontar la inflación obliga al BCE a subir los tipos de interés más de lo necesario, lo que puede provocar una recesión. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se quejaba hace unos días de que tiene que hacer “el papel de mala” (ya ha subido dos veces los tipos, al 1,25%, y los subirá al 2% a finales de octubre) porque los gobiernos europeos “hacen el papel de buenos” (más y más ayudas, realimentando la inflación). Y pide coherencia entre la política fiscal (menos ayudas y más selectivas, aunque no sea popular) y la política monetaria. Porque cuanto más suban las ayudas públicas, más tendrá que subir el BCE los tipos de interés. Y este "ricino monetario" será doloroso para las familias (hipotecas) y nos llevará a la recesión. De hecho, la OCDE ya ha rebajado el crecimiento de la UE al +0,3% en 2023, un +1,5% para España y que Alemania entre en recesión (su PIB caerá un -0,7%).

Así que el debate de fondo ya no es sólo como afrontar el invierno (lo más urgente) sino cómo afrontar la crisis de la energía y de la inflación sin que Europa caiga en recesión.  Urge un "cambio de timón" en la política europea contra la inflación: centrarse en medidas drásticas y eficaces para bajar los precios del gas, la luz y los alimentos, en lugar de poner "parches" y dedicarse a paliar los efectos de la inflación con ayudas millonarias que los países no pueden pagar (ni deben).Y además, según la OCDE, el FMI y el BCE, Europa debe concentrar esas ayudas  en las familias y empresas más vulnerables (nada de ayudas generalizadas, que además hunden más el clima) y financiarlas con subidas de impuestos a empresas y los más ricos (nada de bajadas generalizadas de impuestos). 

Y en paralelo, los Gobiernos europeos deben convencer a los ciudadanos que estamos en “una guerra económica”, que tiene costes para todos que debemos asumir (nos "empobrece"), aunque repartiéndolos de forma justa. Y que el coste de esta guerra en Ucrania (en defensa de la legalidad internacional y contra el imperialismo autocrático de Putin) no puede evitarse totalmente, sólo paliarse. Que tenemos que “aguantar el tirón” en los próximos meses, sacrificarnos, porque “papá Estado” no puede subvencionar el coste de la inflación a todos los ciudadanos y empresas. Tenemos que apretarnos  el cinturón y ajustar nuestro consumo de luz, gas y carburantes, hasta que las  medidas surtan efecto o la guerra se acabe. Y los Gobiernos tienen que decir claro a los ciudadanos que las ayudas no pueden llegar a todo. Aunque sea impopular.

Se dispara la factura del petróleo

En plena recesión, España consume más energía que nunca: en 2012 nos hemos gastado 45.500 millones en importar petróleo y gas, la mayor factura de nuestra historia. Y no sólo eso: gastamos en energía siete veces más que en 2005, importamos las tres cuartas partes (y el 99,8% del petróleo y gas) mientras Europa importa sólo la mitad  y la gastamos peor, con menos eficiencia que los países con los que competimos. Bruselas está obsesionada con que Europa ahorre un 20% de energía para 2020, pero el Gobierno Rajoy está haciendo recortes en los planes de ahorro y no cumple con las Directivas europeas. La factura energética, 125 millones al día, es un lastre para salir de la crisis. Hay que ahorrar energía (en transporte, coches, industria y viviendas) y fomentar energías propias (hidráulica, nuclear y renovables), para que la factura energética no se coma lo que ingresamos por turismo.
 

enrique ortega

España ha sufrido 5 crisis energéticas serias (1973, 1979, 1990, julio 2008 y febrero 2011), pero sigue consumiendo energía como si nada. En 2012, hemos importado petróleo, gas, carbón y electricidad por valor de 61.948 millones de euros, la cuarta parte de todas las importaciones españolas. Y contando la energía exportada, el agujero, la factura energética ha sido de 45.507 millones de euros, un 13,9% más que en 2011. Un récord histórico, causando porque hemos importado más petróleo (+12,5% en Tm) antes que porque se haya disparado su precio (subió 2,5 dólares/barril en 2012). Con ello, la energía nos cuesta ya más que la educación (44.000 millones), casi el doble que el desempleo (28.800 millones) y cerca del coste de la sanidad (55.000 millones). Y dedicamos a pagarla más divisas de las que ingresamos por el turismo (43.307 millones netos en 2012).

El problema no es sólo que la energía suponga una factura desorbitada. Además, se ha disparado en las dos últimas décadas: de 5.810 millones en 1995 a 33.815 millones en 2007 y 45.503 en 2012. O sea, se ha multiplicado por 7,8 veces, cuando la economía sólo ha duplicado su tamaño (PIB: +49,1%). Y España tiene un déficit energético del 4,5% de su producción (PIB), el doble que la media europea (2,2%). Y eso, porque, a pesar de la crisis, importamos el mismo petróleo que en 2008 (58.697 Tm) y lo pagamos al triple de precio (112 dólares a finales 2012 frente a 36 dólares a finales 2008).

Otro problema es que además de consumir mucha energía y cara, las tres cuartas partes viene de fuera, hay que importarla: un 75,6% (2011), mientras que en Europa sólo importan un 50%. Eso se debe a que algunos países tienen petróleo (Reino Unido, países nórdicos) o gas (Holanda, Noruega) y en otros hay un mayor peso de energías propias, ya sea nuclear (41,2% de la energía en Francia), renovables (24,8% en Austria) o un mix de ambas (Alemania, Suecia). Pero en España, el petróleo y el gas suponen un 70 % de la energía consumida y se importan en un 99,8%. Con ello, somos el quinto país europeo con más dependencia energética del exterior. Y además, estamos en manos de países geopolíticamente peligrosos: importamos un 58% del petróleo y un 71% del gas de África (Nigeria, Libia, Argelia) y Oriente Medio (Arabia Saudí, Irak, Irán y Quatar), dos zonas potencialmente conflictivas.

El tercer problema es que además de consumir mucha energía importada, la gastamos mal: necesitamos más energía que el resto de Europa para producir lo mismo, somos un 15% más ineficientes que la media UE. Y las industrias españolas consumen tres veces más energía que las de los grandes países con los que competimos (Alemania, Francia o Italia).

Una factura energética desmesurada e ineficiente que no se va a rebajar en los próximos años vía precios: se espera que el consumo de energía siga creciendo en el futuro (por la mayor demanda de China y países emergentes), con lo que el petróleo (y el gas) seguirá subiendo, hasta los 200 dólares barril en 2030 (ahora está en 112), según la AIE.

Sólo quedan dos caminos para rebajar la factura energética: gastar menos (ahorrar energía) y fomentar las energías propias (hidráulica, nuclear y renovables: solar, eólica, biomasa…). Bruselas está obsesionada con que Europa ahorre y ha trazado un objetivo: recortar un 20% el consumo para 2020. El Gobierno Zapatero se despidió (julio 2011) aprobando un Plan de Ahorro 2011-2020, que pretendía ahorrar 7.800 millones al año invirtiendo 4.500 en ahorro y eficiencia (500 la Administración). Un Plan modesto que el Gobierno Rajoy está frenando con sus recortes: en enero y febrero ha suprimido 200 millones de ayudas a programas de ahorro y ha quitado otros 150 millones a otros cofinanciados con las autonomías. Además, boicotea las normas europeas de ahorro: no ha traspuesto la Directiva europea que obliga a las viviendas a tener una etiqueta de eficiencia energética desde 2007 (Bruselas ha llevado a España al Tribunal de Luxemburgo) y en octubre de 2012 votó en contra de una nueva Directiva de eficiencia en edificios públicos, alegando el déficit público.

La consecuencia es que está ahogando a una incipiente industria, las empresas de eficiencia energética, que ofrecen su servicio sin coste: hacen planes de ahorro y cobran de lo que se ahorren de luz, gas y petróleo la Administración, empresas y particulares. Si el Estado no apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, menos las empresas y los particulares, ahogados con la recesión. Y menos si el Gobierno no fomenta el ahorro de electricidad, para proteger a las eléctricas: si se reduce el consumo de luz, el sistema ingresa menos y sube el déficit de tarifa, con lo que el Gobierno tendría que subir la otra mitad del recibo (los costes regulados) para compensarlo. Y no es políticamente correcto. Así que si no baja el consumo de luz, mejor porque así el Gobierno tiene que subirla menos.

Para ahorrar energía, hay que ver quién la consume: un 39,3 % el transporte, un 30% la industria, un 17% las viviendas, un 10% los servicios y un 3,7% la agricultura. El mayor esfuerzo hay que hacerlo en el transporte, no sólo porque gaste más, sino porque el 95,9% de su consumo es petróleo (99,8% importado). Las medidas a tomar son claras: menos camiones (83% transporte mercancías en España y 45% en la UE-27), más tren (3% frente a 10,7% en Europa) y más barco (10% frente a 37,2% en la UE), además de renovar el parque de automóviles (40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más) y potenciar las flotas públicas y empresariales de coches híbridos y eléctricos. En las industrias, más ayudas a la reconversión energética. En las viviendas, subvenciones al aislamiento, bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Y en las administraciones y el alumbrado público, planes decididos de ahorro. En todos los casos, la inversión se paga con el ahorro conseguido.

Hay que tomarse en serio la cruzada contra el gasto de energía: no podemos gastar 125 millones al día en comprar fuera petróleo, gas y electricidad. Es un lastre para el Estado, las empresas y los consumidores que nos dificultará aún más salir de la crisis. Hace falta un pacto político para rebajar la factura energética, tan necesario como los pactos por el empleo y la defensa del Estado del Bienestar (sanidad, educación y dependencia). Y hay que hacerlo ya, porque las medidas surten efecto en diez o veinte años. Y si no lanzamos ya esta cruzada energética, la sexta crisis energética (que llegará) nos pillará a contrapié. Y será tan grave como la de las hipotecas basura o la del ladrillo. Ya la sufrimos en 1973 y 1979. Evitémos que sea peor esta vez.