El Gobierno salva a las autopistas

Entre los recortes del Presupuesto 2012, el Gobierno Rajoy ha aprobado de tapadillo, como Zapatero los dos años anteriores, ayudas a las autopistas de peaje, para evitar que algunas quiebren por falta de tráfico y el Estado tenga que cargar con ellas. El PP ha ido más allá y ha prolongado estas ayudas hasta 2021, lo que supondrá darles otros 2.000 millones en créditos blandos. Y les ha quitando, con una fe de erratas, la obligación de que a cambio se fusionen. Ahora, el Gobierno estudia  ampliar las concesiones a las autopistas y subir tarifas, para que se saneen. Y las que no lo consigan, nacionalizarlas, como ya se hizo en 1984. Al final, las autopistas siguen con los privilegios que arrastran desde el franquismo y que nos han costado ya 8.800 millones de euros.

En España hay 38 autopistas de peaje, pero sólo 10 tienen problemas graves: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 a Barajas, las autopistas Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y el peaje Alto de las Pedrizas-Málaga. Son autopistas de segunda generación, hechas en los años del boom económico (1999-2003), con la presión política del PP en la Comunidad de Madrid (“queremos autopistas como los catalanes”) y pensando en un tráfico irreal que se ha desplomado con la crisis: pasan un 40% de los coches previstos (y hasta el 10%), dado que hay autovías libres en paralelo. Y además, se les multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, debido a la ley del Suelo aprobada por el Gobierno Aznar en 1.998.

Pero el negocio de las autopistas era construirlas, no los ingresos por peajes: Yo gano con hacerla y si luego no tienen tráfico, no es mi problema, sino del Estado. Porque las concesiones incluían la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si las empresas no pagaban su deuda, debía hacerlo el Estado. Por eso, el gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos, a menos del 4%  de interés (Euribor+1,75%), a devolver al final de la concesión (65 años). Y con subida de tarifas: hasta el 3,43 % en 2011 y 3,2% en 2012.

Este año, los 29 bancos y Cajas que prestaron a estas autopistas han vuelto a presionar: no refinanciarán la deuda (4.000 millones) si no se les garantiza el cobro, lo que ha colocado a varias (R-2, R-4, Cartagena-Vera) al borde de la quiebra. Y hay otros 1.000 millones de expropiaciones pendientes de pagar. Fomento ha salido al quite y en los Presupuestos 2012 ha aprobado dos ayudas. Una, 289 millones de créditos participativos, para pagar expropiaciones. Y la otra, ampliar hasta 2021 la cuenta de compensación, 80 millones de créditos anuales para compensar la caída de tráfico. En total, unos 2.000 millones más de ayudas públicas en la próxima década para sanear las autopistas.

A cambio, el Gobierno quería que las autopistas se fusionaran (como los bancos), las buenas con las malas. Por ejemplo, Abertis, líder europeo del sector, tiene las tres autopistas más rentables de España (Acesa, Aumar e Iberpistas) absorbería las tres radiales donde es accionista (R-2, R3 y R-5).Pero la propuesta ha creado reticencias en el sector y Fomento ha quitado el requisito de las fusiones de la disposición adicional 15 de la Ley de Presupuestos, con una fe de erratas al proyecto enviado al Congreso…

Solventada la amenaza de la quiebra con estas ayudas, el Gobierno ha creado una Comisión para asegurar antes del verano el futuro de las autopistas con problemas. La primera medida será inyectarlas más recursos vía ampliación del plazo de las concesiones. Así, Abertis (uno de cuyos directores generales, Gonzalo Ferré, es ahora Secretario General de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento) podría recibir, a cambio de sanear sus radiales, una ampliación por 20 años de sus concesiones en las autopistas valencianas y catalanas (vencen en 2019 y 2021). Y lo mismo otras empresas que carguen con autopistas en apuros. Y se les garantizarán subidas de tarifas por encima del IPC y los créditos ya comprometidos para pagar expropiaciones y compensar caídas de tráfico. No se descarta incluso cobrar peajes en las autovías hoy gratuitas, lo que podría desviar más tráfico a las autopistas. 

Y si estas medidas no bastan, Fomento ya ha dicho que nacionalizará las autopistas insalvables (probablemente cuatro: Madrid-Toledo, M-12 al aeropuerto, Murcia-Almería y el peaje de las Pedrizas). No es algo nuevo: en marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó ENA para nacionalizar 3 autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones (el Estado había aportado a ENA 1.700 millones).

Las autopistas, un sector español líder en el mundo, han gozado de privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos ha costado a los españoles unos 8.000 millones de euros. Y ahora, con la amenaza de la quiebra con cargo al Estado, van a recibir créditos privilegiados por otros 2.800 millones al menos, más el regalo de las nuevas concesiones y las subidas de tarifas. Ayudas públicas para un poderoso lobby (asiduos a la Moncloa) con gran poder mediático, controlado por 7 constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr) que ganaron 3.482 millones en 2011.

Al final, el dinero público (recortado para casi todo) salvará a las autopistas de los errores de diseño, por razones políticas y del negocio constructor. Y el Estado volverá a nacionalizar autopistas, para venderlas (con pérdidas) cuando sean rentables. La cuestión es por qué este trato de favor (al margen de las exigencias legales) con las autopistas y no con la industria del automóvil, las inmobiliarias o los miles de tiendas que también venden menos por la crisis. Esto no es economía de mercado. Es el Estado al servicio de los poderosos. En plenos recortes.

Requeterecortes en Sanidad y Educación

El Gobierno Rajoy, después de hacer drásticos recortes en el Presupuesto 2012, quiere ayudar a las autonomías (11 de su cuerda) a hacer los suyos. Y para ello, les ha regalado una serie de cambios legales para hacer 10.000 millones de recortes adicionales en Sanidad y Educación, que gestionan en un 93%. En Sanidad, el ajuste va sobre todo a disuadir el gasto farmacéutico, haciendo que paguemos más por las medicinas, una medida compleja de aplicar y un parche, ya que no aborda las ineficacias de un sistema sanitario cuyo gasto crece sin parar. En Educación es peor: se opta por recortar plantillas y costes, perjudicando la calidad de la enseñanza en un país con menos formación y el doble de paro. Al final, en lugar de buscar más ingresos, se opta por el fundamentalismo de los recortes.

enrique ortega

El primer recorte en Sanidad es el del Presupuesto 2012: 32 millones menos (-45%) en políticas de prevención (la clave de un ahorro estable), recorte en el Plan antidroga (-28%) y  supresión financiación del Plan antisida (6 millones) y Plan bucodental infantil. Y ahora, 7.000 millones más de recorte que harán las autonomías, la mayor parte en medicamentos (un 22% de la factura sanitaria). Eso se suma a los 5.000 millones recortados en Sanidad en 2010 y 2011, con lo que serán más de 12.000 millones en 3 años.

Ahora, casi la mitad de los recortes autonómicos vendrán de que pagaremos más por las recetas, tanto los pensionistas como los activos, según nivel de ingresos y con un tope mensual. Una medida que trata de disuadir la barra libre de medicamentos: se hacen 1.000 millones de recetas al año, con 17.000 millones de gasto (11.000 en farmacias y el resto en hospitales). Y el problema es el despilfarro: los pensionistas, que no pagan nada, hacen el 72% del gasto y van a la farmacia con tacos de recetas tirando luego 3.700 toneladas de medicamentos (1.200 millones a la basura). Parece lógico disuadir este consumo injustificado, aunque el sistema elegido es muy complejo y requerirá inversiones y tiempo (Madrid y varias autonomías no tienen implantada la receta electrónica). Y nos obligará a  pagar 10 euros por la nueva tarjeta sanitaria, antes de dos meses.

Otras medidas se dirigen a frenar el turismo sanitario (extranjeros), a unificar el catálogo de prestaciones entre las autonomías (a la baja) y, sobre todo, a recortar la factura de medicamentos, sacando del Nomenclator de financiables a los más baratos (pagaremos el 100% por paracetamol y muchas medicinas) y forzando a laboratorios y farmacias a bajar más los precios (llevan 20 recortes en 10 años), en perjuicio de la investigación y la calidad.

Y poco más. Un parche farmacéutico que evita abordar el problema de fondo: el crecimiento disparado del gasto. España tiene una Sanidad más barata (65.000 millones, el 6,5% del PIB) que la mayoría de países occidentales, pero ha crecido un 6,6% interanual, por dos razones: la tecnología sanitaria es cada vez más cara y la población vive más años (y vivirá más). Por eso, no basta con cobrar unos céntimos más por receta, hay que tomar medidas de fondo: reducir el número de medicamentos (el 35% de los financiados por el SNS no aportan nada sobre la molécula existente) y costosas tecnologías (un 30% ineficientes, según la OMS), afrontar el problema de los ancianos y enfermos crónicos, potenciar la prevención y la atención primaria, desmasificar las urgencias y cambiar la política de compras y la gestión de personal (aumentando horarios, reduciendo absentismo y temporalidad e introduciendo incentivos). Reformas de fondo que no se hacen.

En Educación, el primer recorte se ha hecho también en el Presupuesto 2012: 166,4 millones menos en becas (primera vez que se reduce este gasto en una década, desde Erasmus a becas de idiomas y ayudas para libros de texto) y eliminación (-466 millones) de 10 de los 17 programas de cooperación con las autonomías (-100 millones para nuevas guarderías, la mitad del presupuesto para digitalizar aulas, casi supresión del programa de formación al profesorado, -71 millones para FP y secundaria…). Y ahora, el Gobierno permite a las autonomías un recorte adicional de 3.000 millones, básicamente con 2 medidas para la enseñanza pública y concertada: más alumnos por aula (de 27 a 30 en primaria, de 33 a 36 en secundaria y hasta 43 en bachillerato) y más horas lectivas (25 en primaria y 20 en secundaria), que se van a traducir en menos profesores (hay 75.000 interinos y la mitad pueden ir a la calle). Además, se recorta la oferta educativa: los módulos más largos de Formación Profesional (clave en enseñar para trabajar) se dejan para el curso 2014-2015 y se permite que los centros de Bachillerato ofrezcan sólo una rama, en vez de las dos obligatorias.

En la Universidad, aumentarán también las horas lectivas, se suprimirán las carreras con menos alumnos y se permite a las autonomías subir las matriculas, hasta un 66 % (unos 540 euros), para que paguen un 25% del coste de los estudios y hasta el 100% los multirepetidores (ahora pagan todos el 15%).Una subida de tasas que ya han hecho los dos últimos cursos todas las autonomías, con muchas diferencias (en Cataluña, la primera matricula cuesta 1.400 € frente a 772 en Andalucía). Estudios más caros mientras se recortan las becas.


Recortes que se suman a los realizados en 2010 y 2011 (unos 2.500 millones), para totalizar más de 6.000 millones de recortes en educación en tres años (mientras hay 520.000 alumnos más). Una decisión que va a afectar a la calidad de la enseñanza pública, sobre todo a la recuperación de los alumnos con problemas (menos refuerzos). Y eso es especialmente grave en un país como España, que invierte menos en educación que el resto de Europa, a pesar de nuestra menor formación: la mitad de la población (48,2%) entre 25 y 64 años tiene una formación básica (ESO o inferior), el doble que en Europa (23,2%). Y sólo un 22,1 % tiene una formación media (bachillerato y FP), la mitad que Europa (48,9%). Y eso explica en buena medida que tengamos el doble de paro (total y juvenil).

Sanidad y Educación, dos recortes para ofrecer a los fundamentalistas de Bruselas pero que atentan contra nuestro futuro y nuestra salida de la crisis (Educación) y contra la cohesión social (Sanidad). Y dos recortes que no van al fondo de los problemas, a hacer reformas, sino sólo a resolver urgencias contables. Y que no afrontan la otra vía para afianzar el Estado del Bienestar: aumentar ingresos, sustituir el copago por más impuestos a los que pueden pagarlos, desde particulares a grandes empresas (este recorte en educación es menos que las desgravaciones en sociedades).

Al final, la vía de los recortes sin reformas será insuficiente y habrá que hacer más, sobre todo si la economía sigue en recesión, porque faltarán ingresos. Y volverá a cargarse el ajuste sobre los más débiles, los que han empezado el año pagando más impuestos, perdiendo el empleo o ganando menos, con un rosario de subidas (de la luz a los transportes) y ahora, pagando más por la sanidad y recibiendo peor educación para sus hijos. Y todo esto, ¿para qué? Para que la recesión se profundice y en unos días tengamos 5,6 millones de parados. Un desastre. Es hora de olvidarse de los recortes y probar otro camino. Con urgencia.

Presupuestos 2012: la puntilla a la recesión

Una economía en recesión, con 5,5 millones de parados ya, necesitaría un Presupuesto para reanimarla, para compensar la caída de la demanda y la inversión privada. En lugar de eso, el Gobierno Rajoy presume de haber aprobado “el Presupuesto más austero de la democracia”, forzado por el fundamentalismo económico de Bruselas, que asumen sin rechistar. Con ello, la recesión se va a agravar, ya que los recortes y el aumento de impuestos van a frenar aún más la actividad. El ricino va a llevar a la economía al coma. Y con ello, el Estado ingresará menos, habrá más déficit y tendrán que hacer nuevos recortes en otoño. Y más recesión. La única esperanza es que las cosas se pongan tan feas que Bruselas y el Gobierno tengan que reanimar la economía para evitar una quiebra económica y social. Siniestra esperanza.

enrique ortega

Lo han retrasado tres meses, para al final no gobernar en Andalucía, pero el ajuste de las cuentas del Estado ya está aquí: 13.406 millones menos de gastos y 12.314 millones más de ingresos para recortar el déficit del Estado tal como impuso Bruselas (del 5,1 al 3,5% del PIB). Un tajo medio del 16,9% en el gasto de todos los Ministerios, que incluye algunos polémicos recortes contra el empleo, el futuro y el gasto social.

El primer recorte que chirría son los 1.557 millones que se quitan a las políticas activas de empleo, sobre todo a la formación de parados y empleados. Otro peligroso es el recorte de 5.478 millones (-25%) en infraestructuras, obras públicas claves para el empleo. Y también es un suicidio económico recortar 1.885 millones (-25%) el gasto en investigación (I+D+i), clave para mejorar nuestra competitividad.  Y luego, los recortes de ayudas sociales a la vivienda (-322 millones), a los emigrantes (desaparece el Fondo de integración, de 67 millones), a la dependencia (-364 millones, que obligarán a recortar prestaciones a ancianos), a la educación (-623 millones, recortando también en becas y guarderías), nuestro futuro, a la sanidad (-289 millones) y a la cultura (-114 millones). Otros 248 millones que se quitan al campo y a la pesca, dos sectores en apuros.Y se quitan 1.441 millones en Cooperación al desarrollo, lo que dificultará vender la marca España (y nuestras exportaciones) en Latinoamérica, África y Oriente Medio.

Como no bastaba con cortar de todo, el Gobierno Rajoy sigue incumpliendo sus promesas  y vuelve a subir impuestos: junto a la conocida subida del IRPF (+4.100 millones) sube el impuesto de patrimonio a las grandes empresas (+5.350 millones), reduciendo las deducciones, que eran un coladero para no pagar (reducen también las deducciones por inversiones en I+D+i, otro error garrafal). Nos van a empezar a cobrar a todos tasas judiciales por litigar (+214 millones), incluso en temas laborales (segunda instancia). Y suben los impuestos al tabaco (+150 millones): subirán más las cajetillas más baratas. Y como atajo para intentar recaudar más (+2.500 millones), el regalo de una amnistía fiscal a los  defraudadores: si se confiesan antes del 30 de noviembre, pagarán sólo el 10% de lo defraudado. Una provocación a la mayoría que sí paga impuestos (del 30 al 52 %).

Al final, entre recortes e impuestos, el Presupuesto 2012 retira de la economía 25.720 millones en ocho meses. Ahora, los recortes del Presupuesto se trasladan a las autonomías, que recibirán este año un 44 % menos de transferencias del Estado para inversiones en educación (-60%), sanidad  (-27,8%), empleo (-54%), investigación (-25%) e infraestructuras (-50%), con una fuerte caída de las inversiones públicas en Cataluña (-44,9%), Navarra (-40,6%), La Rioja (-37,8%), Andalucía (-37,7%) y Comunidad Valenciana (-34,6%). Un recorte drástico que va a endurecer aún más los tres ajustes que faltan : el de las autonomías (-14.000 millones) y el de los Ayuntamientos y Seguridad Social (-1.000 millones más cada uno).

Un recorte público total de 32.000 millones que va a ser la puntilla para la recesión: van a agravar la caída del PIB en un 0,3% más, con lo que la economía española podría caer este año un 2 %, con un millón de parados más, dado que autonomías y ayuntamientos podrían reducir sus plantillas de contratados en 300.000 parados adicionales, gracias a la reforma laboral.

Un negro panorama, agravado por las presiones de los fundamentalistas de Bruselas, que tienen a España en el punto de mira y le han  exigido un ajuste mayor que a ningún otro país. Y ya están presionando para que Rajoy les anticipe el recorte de 2013 (otros 23.000 millones), que agravaría la recesión y retrasaría cualquier recuperación a 2014. La verdad es que, ante estas presiones, el gobierno Rajoy sólo podía hacer el recorte que ha hecho o arriesgarse a que nos intervengan, como a Grecia o Portugal, forzando recortes aún peores. Otra cosa es que podía haber evitado recortes que no agravaran tanto la recesión y el futuro (formación, infraestructuras, gastos sociales) subiendo más los impuestos a los que más tienen.

Pero el problema de fondo sigue siendo apostar por el fundamentalismo económico, en Bruselas y en Madrid: dar prioridad a recortar el déficit antes que a crecer y crear empleo. Un camino por el que llevamos casi dos años y que nos ha llevado a la recesión. Y que la va a agravar más este año: más ajustes, menos consumo, menos inversión, menos crecimiento, más paro y menos ingresos públicos. Y no se podrá recortar tanto el déficit. Con ello, España se vería abocada en otoño a nuevos recortes, que agravarían la recesión y el paro, con una economía en coma y un alto coste social.

Este panorama es el que más preocupa a los mercados: que España entre en una profunda recesión y no pueda pagar su deuda. Que la medicina mate al enfermo. Porque las reformas no valen para aumentar las ventas ni reanimar la inversión y el empleo. Hay que tomar medidas para reanimar la economía, como Obama en Estados Unidos o China. El fundamentalismo del ajuste, como el de estos Presupuestos, nos lleva a una economía sin pulso.

Lo peor es que alcanzar el coma económico es nuestra única esperanza. Ni Bruselas ni Rajoy van a cambiar su política de recortes hasta que vean que la economía está agonizando y la crisis social sea insoportable. Sólo reanimarán al enfermo cuando vean que se les muere. Cuando estalle España y con ella el euro. Solos no podemos hacer nada por cambiar la política europea (y menos si gana Sarkozy en mayo), a pesar de las presiones de EEUU, China y el FMI. Hace falta esperar a que estemos al borde del precipicio. Cuanto peor mejor. Y que no nos dejen caer. Siniestro panorama.

Los deberes del Gobierno Rajoy

Rajoy sólo debería tener una prioridad: el empleo, ya que el paro es la primera preocupación de los españoles. Pero su prioridad será recortar el déficit, como ha prometido a Merkozy. Y eso le obligará a recortar 27.400 millones en 2012, el doble que Zapatero. O hace un ajuste de caballo o lo suaviza aumentando impuestos, empezando por el IVA. En ambos casos, va a deprimir más la economía, ya al borde de la recesión. Sin consumo y sin inversión, la reforma laboral y el saneamiento de la banca son dos espejismos: nadie pide créditos ni contrata si no hay negocio. La estrategia Rajoy, que ahonda en la de ZP, sólo nos conduce a más paro en 2012. Es un fracaso como país. Hay que reanimar la economía.

enrique ortega

La prioridad de Rajoy, reiterada entre sonrisas a Merkozy y ahora en el Pleno de investidura, es recortar el déficit, como alumno aplicado de Bruselas. Y así anuncia que su primera Ley será incluir el déficit cero en la Constitución, como pactó con Zapatero en agosto. Y su primer mensaje, de austeridad: reducir los Ministerios. A partir de ahí, tendrá que aprobar el 30 de diciembre una prórroga del Presupuesto de 2011, donde también enviará “mensajes de austeridad”, a Bruselas, a los mercados... y a millones de españoles: lo que subirán las pensiones, si congela o baja los sueldos de los funcionarios (como ha hecho Cospedal en Castilla la Mancha: -3%), si baja la tarifa del IRPF con la inflación (si no, subiría),los anticipos de las transferencias a autonomías y Ayuntamientos y el "gasto no disponible" para 2012 (primer recorte) Y antes del 15 de febrero ha de decidir si prorroga el subsidio de 400 € a los parados sin desempleo.

Pero el verdadero ajuste vendrá en marzo, cuando presente sus Presupuestos 2012, tras conocer el cierre de las cuentas públicas 2011 (febrero). Tendrá que recortar primero lo que España haya gastado de más en 2011 (si el déficit cierra en el 7%, por culpa de las autonomías, deberá recortar 10.900 millones). Y luego sumar la rebaja pactada con Bruselas del déficit en 2012 (hasta el 4,4%, otros 16.500 millones). En total, Rajoy se verá obligado a recortar 27.400 millones de euros en 2012, el doble que recortó Zapatero en el último año y medio.

Una cifra brutal, que exigirá “recortar en todo salvo  pensiones”, como dijo Rajoy antes del 20-N. Primero las congela, pero seguro que recorta las plantillas públicas (al menos interinos: hay 700.000 eventuales), las empresas y organismos públicos, sanidad, educación, desempleo y Dependencia, en colaboración con las autonomías, que tendrán que hacer un ajuste paralelo. Y volverá a caer la inversión pública en infraestructuras. Sólo habrá algo intocable por Ley (Constitución), el pago de la deuda pública. Y aquí, más que ahorrar, se gastará el doble en pagar intereses: en 2012, las emisiones de deuda serán 150.000 millones frente a 87.200 en 2011.

El ajuste será doloroso, a menos que se suavice con más ingresos, subiendo impuestos, como han hecho Italia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal y Grecia, con gobiernos conservadores: la mayoría ha subido el IVA (hasta el 23 % mientras España está en el 18%), impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol) y algunos Renta. Bruselas ya nos ha llamado la atención sobre el exceso de deducciones en Sociedades, con lo que las grandes empresas pagan menos que las pymes. Rajoy dice que no subirá impuestos y quiere bajarlos a emprendedores, pymes, familias, ahorradores y compradores  de vivienda (para comprar un piso hace falta tener empleo y crédito, no sólo pagar menos IVA). Al final, sus propuestas reducirán los ingresos públicos (más recortes).

Hasta aquí, sólo recortes, o sea más paro. Por eso, Rajoy ha lanzado dos espejismos. Por un lado, una reforma laboral que puede concretarse en  un despido más barato (20 días) y contratos basura para jóvenes (400 euros), junto a más flexibilidad de las empresas para organizar el trabajo. Por otro, la reforma financiera, forzando a bancos y Cajas a vender inmuebles y solares, para lo que quizás necesiten más ayudas y fusiones. Pero si no hay crédito es porque los bancos no tienen liquidez (tiene que arreglarlo el BCE, prestándoles a 3 años, y en ello está) y porque hay mucha morosidad y miran con lupa a quien prestan (poco y caro), porque hay poca demanda solvente.

Son dos espejismos porque el problema de fondo no está ahí: aunque el despido y el crédito fueran gratis, una empresa no contrata ni se endeuda si no ve negocio, si no hay actividad. Y la economía está parada, anémica, en la UVI. Hay que reanimar primero la economía y luego facilitarle andar con la muleta laboral y del crédito. No al revés. Y para eso, el Gobierno Rajoy tendría que suavizar los ajustes, aumentar los ingresos y hacer un Plan para reanimar la economía, como Obama, como los conservadores británicos, como incluso Italia. Negociar ayudas con Bruselas, un Plan Marshall de inversiones y suavizar los  ajustes. Aunque “solo” sea porque tenemos más del doble de paro que Europa.

Rajoy va a tener una ristra de sectores haciendo cola para pedirle ayudas. Empezando por las eléctricas, que nos quieren subir la luz un 15% en enero. Siguiendo con el automóvil, que vende la mitad de coches. Las concesionarias de autopistas, algunas próximas a la quiebra. O las constructoras, que piden peajes para mantener obras públicas. Los híper, que quieren libertad de horarios. O los exportadores y empresarios turísticos, afectados por la recesión en Europa. Detrás hay millones de empleos en el aire si no se buscan soluciones (más gasto).

Al final, Rajoy está como ZP en la trampa de Merkozy: o ajusta o nos echan al lobo de los mercados. Y si lo hace sin tocar impuestos, pagarán los más débiles y la economía se estancará más, subiendo el paro. Ya estamos este trimestre en crecimiento negativo, según el Banco de España. Y así podríamos seguir hasta el verano. Incluso Montoro ha reconocido que no se creará empleo en 2012. No podemos decirle eso a 5 millones de parados. Hay que explorar otro camino ya, entre todos. Menos recortes y más empleo.