Conciliación polémica y nueva Ley de Familia

Muchas empresas llevan meses agobiadas para atender las solicitudes de permisos y cambios de jornada, numerosas tras las nuevas medidas de conciliación implantadas el 30 de junio de 2023. Y en muchos casos, los desacuerdos han llegado a los Juzgados de lo Social, ahora más saturados (426.075 expedientes en trámite). Al final, conciliar trabajo y cuidados no es fácil y la situación se complicará en los próximos meses, cuando se apruebe en el Congreso la nueva Ley de Familia, que quiere ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y extender las ayudas por hijo. Pero no hay otro camino para frenar la caída de nacimientos: 322.075 en 2023, la mitad que a la muerte de Franco. Además, la Ley contempla ayudas para más familias, para luchar contra la pobreza infantil (28,9% de los menores), la 2ª mayor de Europa. Y el Gobierno estudia una ayuda universal por hijo, como existe en la mayoría de Europa. Urge apoyar la natalidad y la familia.

                         Enrique Ortega

Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.

En todos estos años, el temor de los distintos Gobiernos era que los padres no se cogieran estas bajas por paternidad, con lo que no ayudarían a las mujeres a conciliar y a repartirse el cuidado de los hijos. Pero los datos indican que el permiso de paternidad remunerado “ha sido un éxito”, porque lo han cogido casi todos los padres, por un tiempo medio de 15,5 meses, según un reciente estudio de EsadeEcPool. Y además, el 75% de los hombres disfrutan de 12 de las 16 semanas a la vez que la madre y fraccionan el resto (como las mujeres, a partir de las primeras 10 semanas obligatorias), para alargar el tiempo de cuidado de los niños. El estudio explica que el éxito de este permiso parental se debe a 3 razones: es intransferible (antes de 2021, se podían transferir entre 2 y 4 semanas a la madre), las 6 primeras semanas tras el parto son obligatorias para el padre y, sobre todo, el padre cobra durante ese tiempo de baja paternal el 100% del salario y esos ingresos están exentos de IRPF.

Conseguido que los padres cojan mayoritariamente ese permiso de paternidad de 16 semanas, el Gobierno aprobó el 28 de marzo de 2023 una Ley de Familia, para mejorar las ayudas a nuevas familias y avanzar en la conciliación. Era una Ley exigida por la Comisión Europea, para trasponer (con mucho retraso) la Directiva Europea 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores,  dentro de las reformas comprometidas para recibir los Fondos europeos. Pero se adelantaron las elecciones en España y decayó la Legislatura. Para aprobar los compromisos más urgentes con Bruselas, el Gobierno utilizó uno de sus últimos Consejos de la anterior Legislatura para aprobar, el 27 de junio de 2023, un Decreto Ley que incluía nuevos permisos para facilitar la conciliación laboral y medidas para facilitar la reducción de jornada, medidas que pasaron bastante desapercibidas y que entraron en vigor el 30 de junio de 2023.

Las nuevas medidas en vigor son de 3 tipos. Por un lado, se han aprobado 3 nuevos permisos: un permiso retribuido de hasta 5 días (antes era de 2 días)  para cuidar a un familiar por accidente o enfermedad grave , hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario), otro permiso retribuido (nuevo) por horas, de hasta de 4 días al año, para ausentarse del trabajo “por causas de fuerza mayor”, por motivos familiares “urgentes e imprevisibles”, y un tercer permiso no remunerado de hasta 8 semanas para cuidar a los hijos que podrá disfrutarse (de forma continua o discontinua) hasta que el hijo o acogido cumpla 8 años. La Directiva Europea establece que este tercer permiso (nuevo) debería estar remunerado, como los otros dos, pero el Decreto del Gobierno no lo contempló, aunque prometió a Bruselas que remuneraría la mitad del permiso en la siguiente Legislatura.

Junto a estos 3 nuevos permisos, para facilitar la conciliación laboral y familiar, el decreto de 2023 amplió el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y tengan cáncer u otra enfermedad grave y  facilitaba la reducción de jornada también a los trabajadores que se encargan del cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho (incluido un familiar consanguíneo de la pareja de hecho).

El tercer cambio del decreto de 2023, y el más importante, es que se amplía el derecho a la adaptación de jornada de las personas que acrediten el cuidado de hijos, cónyuge o pareja de hecho, familiares con consanguinidad hasta el 2º grado del trabajador y otras personas dependientes. Y en estos casos, hay un cambio importante: ahora es la empresa la que tiene que justificar los motivos por los que no concede la adaptación de jornada (cambio de turno o de horario), cuando hasta ahora era el trabajador el que tenía que acreditar por qué solicitaba la adaptación de jornada, que podría ser rechazada sin más.

Estos cambios, en vigor desde el 30 de junio de 2023, tardaron meses en ser conocidos y solicitados por muchos trabajadores, pero a la vuelta del verano, muchos Departamentos de Recursos Humanos de las empresas se vieron inundados de solicitudes, desde nuevos permisos a reducciones y adaptaciones de jornada. Esto ha colapsado a los responsables de personal en los últimos 6 meses, que han tenido que ver cómo encajar el decreto con su organización del trabajo. Y en muchos casos, ante la falta de acuerdo, han aumentado los litigios de los trabajadores afectados ante los Juzgados. De hecho, los Juzgados de lo Social, que llevan años atascados, han visto aumentar los litigios y a finales de 2023 había 426.075 expedientes laborales en trámite, +16% que un año antes.

Los mayores conflictos se están dado por las peticiones de adecuación de jornada, aunque también por la reducción de jornada y la concesión de los nuevos permisos, por cuestiones como los 5 días del nuevo permiso (la Audiencia Nacional considera que son 5 días hábiles, no 5 días naturales), el cómo se acreditan “los motivos de fuerza mayor”, cómo “casan” los permisos por hospitalización y cuidados familiares. Y aún se esperan más problemas cuando el nuevo permiso de 8 semanas para cuidado de los hijos sea retribuido: la ministra de Seguridad Social ha prometido que las primeras 4 semanas serán retribuidas antes de agosto, con lo que España cumpliría así la Directiva europea de conciliación.

Mientras avanzan estos cambios, conflictivos para las empresas,  el Gobierno ha vuelto a aprobar la Ley de Familia, que decayó en la anterior Legislatura, para cumplir con Bruselas. El nuevo texto se aprobó el pasado 27 de febrero y es similar al anterior, para agilizar ahora su aprobación en el Congreso, por trámite de urgencia. La Ley de Familia pretende mejorar las ayudas a las familias, sobre todo a las familias numerosas (hay 800.000) y especialmente a las familias monoparentales (hay más de 2 millones, el 81% encabezadas por una mujer), también a las parejas de hecho (hay 1,8 millones), facilitando que estas familias “diversas” tengan mejor acceso a la educación, a las becas, a la vivienda y a las ayudas públicas. Y además, la Ley establece que en 1 año, el Gobierno central y las autonomías coordinen una estrategia de ayuda a los niños en sus primeros 3 años de vida, aprobando un Catálogo de Servicios y Prestaciones a las familias similar en toda España (ahora existe mucha desigualdad entre las ayudas familiares que conceden unas y otras autonomías).

El Gobierno Sánchez pretende que en el trámite parlamentario de la Ley de Familia se incluya la ampliación del permiso remunerado por nacimiento (maternidad y paternidad) de las actuales 16 semanas a 20 semanas. Además, defienden a medio plazo una prestación universal por crianza de los hijos (hasta los 16 o 18 años. Y apoyan su propuesta en que esa prestación universal por hijo existe ya en la mayoría de Europa: en Bélgica, Suecia, Polonia, Finlandia, Alemania y Austria, la ayuda por hijo es para todas las familias, mientras en Francia, Italia, Portugal, Hungría, Grecia y Reino Unido, esta ayuda universal varía según los ingresos y el número de hijos. Y la defienden muchos expertos, incluida la OCDE. De momento, el Gobierno pretende dar un paso previo y aprobar una enmienda a la Ley de Familia para ampliar hasta los 6 años la ayuda de 100 euros al mes que tienen ahora las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. 

Así que en los próximos meses, entre elecciones y polémicas por la amnistía, nuestros políticos van a tener que debatir qué ayudas familiares se aprueban y cómo ayudamos a la natalidad. Y en este debate, convendría no olvidar que España gasta la mitad que Europa en la protección a la familia y a la infancia: un 1,5% del PIB (2021), frente al 2,4% de media en la UE-27. Así que deberíamos gastar 13.000 millones más cada año para equipararnos a Europa. De momento, las medidas contenidas en la Ley de Familia suponen 1.200 millones más de gasto, aunque si se amplían los premisos de 16 a 20 semanas, el coste sería mayor.

España debe ayudar más a las familias y a la natalidad por 2 motivos muy evidentes. El primero, porque aunque somos la 4ª mayor economía de Europa, somos el 2º país europeo con más pobreza infantil : 2.329.975 menores de 18 años, el 28,9% del total,  viven en familias que se consideran “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 21.185 euros para una familia con dos hijos), según Save the Children,  el 2º mayor porcentaje de pobreza infantil de Europa, tras Rumanía (29% de niños y adolescentes son pobres). Pobreza infantil que se concentra en las familias monoparentales (con madres solas), inmigrantes, parejas jóvenes y zonas y empleos más vulnerables, sobre todo familias en alquiler.

El otro grave problema de España, que debería forzarnos a apoyar a las familias, es la bajísima natalidad: en 2023 han nacido 322.075 niños (muchos, de madres extranjeras), la menor cifra de nacimientos de nuestra historia reciente, muy lejos del máximo de 2008 (519.779) y la mitad de nacimientos que el año de la muerte de Franco (669.378 en 1975). Este desplome de los nacimientos se debe a que las mujeres españolas tienen menos hijos (1,16 hijos por mujer en 2022 frente a 2,77 en 1975), muchos menos que en Europa (1,5 de media y 1,8 en Francia) y otros paises. Y este desplome de la natalidad nos va a causar problemas de falta de mano de obra y menores ingresos para pagar servicios públicos y pensiones, siendo uno de nuestros mayores retos de este siglo XXI.

Por todo ello, urge volcarse en la familia y en la natalidad, apoyar por todos los medios que las mujeres tengan más hijos, con ayuda de sus maridos, familias, el Estado y las empresas, que tienen que reconvertir a fondo su organización del trabajo para hacer compatible la vida profesional y familiar, para no perder a las mujeres que quieran ser madres. El camino no es fácil, supondrá problemas en las empresas y litigios en los Juzgados, pero hay que avanzar y no retroceder: sin más niños no hay futuro. Y el aumento de la natalidad se consigue facilitando el trabajo, la conciliación y la educación a las familias. Cueste lo que cueste.