Demasiadas horas extras gratis

En el primer trimestre de 2026, los trabajadores hicieron 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana y casi la mitad las han hecho “gratis” (2,5 millones semanales). Este “abuso” de muchas empresas supone una pérdida anual de 3.243 millones para los trabajadores que no las cobran (2.468 millones) y para la Seguridad Social (775 millones perdidos en cotizaciones). Además, sin estas horas extras, podrían crearse 160.000 empleos. El exceso de horas extras viene de lejos y aumentan las no pagadas, aunque las empresas están obligadas al control horario desde 2019. Ahora, Trabajo quiere imponer con un Reglamento (para evitar convalidar un Decreto en el Congreso) el registro horario digital, al que tengan acceso la inspección de trabajo y los sindicatos, pero la patronal se opone. Y hay un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, porque cree que debe hacerse por Ley y dar más tiempo a las pymes para adaptarse. El vicepresidente económico también quiere flexibilizar este control horario digital y dar 1 año para aplicarlo (no 20 días). La batalla está en el seno del Gobierno.

    

                            Enrique Ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Es una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (como el pluriempleo) y las empresas se ahorren “costes” (sobre todo cotizaciones sociales), con lo que ambas partes “colaboran” muchas veces en promoverlas. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera en muchos casos las 40 horas  porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2009 y 2014, las empresas impusieron jornadas más largas a los trabajadores (gracias a la reforma laboral de 2012), sobre todo por el aumento de las ventas y el consumo tras la pandemia, obligando a hacer más horas extras. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la crisis financiera y las empresas recortaron horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas extras semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir: 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015, 6,8 millones en el verano de 2018 y un récord de 7 millones de horas extras semanales a finales de 2024. Eso sí, en 2025 bajaron a 6,67 millones en el 4º trimestre y han vuelto a bajar a 5,89 millones en marzo de 2026, según la última EPA. Pero son casi tantas como en 2019 (6 millones semanales).

Lo llamativo no es sólo el elevado número de horas extras a la semana, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan. Y que este porcentaje de horas “gratis” crece año tras año. A finales de 2019 no se pagaban el 41,9% de las horas extras, concretamente 2.500.700 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje de horas impagadas mayor que el de antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40% de las horas. Y su peso se ha mantenido después de la pandemia, suponiendo las horas gratis el 41,4% de las horas extras a finales de 2025 (2.767.300), aumentando su peso en el primer trimestre de 2026: 2.508.200 horas extras semanales gratis, el 42,5% del total de horas extras.

En 2025, casi un millón de trabajadores (945.000, el 5% de todos los asalariados) hicieron horas extras, según este informe de CCOO. Y de ellos, casi la mitad, 441.000 trabajadores hicieron horas extras semanales gratis, cada uno una media de 5,6 horas semanales sin cobrarlas. Esto supone un coste laboral no abonado por las empresas de 141 euros semanales por trabajador, un “ahorro” de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones. Eso supone, según el estudio de CCOO, que las horas extras hechas y no pagadas supusieron una pérdida de 3.243 millones para los trabajadores (2.468 millones, por las horas no cobradas) y para la Seguridad Social (775 millones en cotizaciones no cobradas). Pero lo más grave es que estas horas extras hechas impidieron que las empresas contrataran más trabajadores: se estima que si no se hicieran esas 2,5 millones de horas extras semanales, las empresas necesitarían contratar a 160.000 trabajadores a jornada completa (62.000 de ellos serían los empleos que podrían crearse si no se hicieran horas extras gratis).

En el primer trimestre de 2026, de las 2,5 millones de horas extras semanales gratis, más de la mitad las hicieron hombres (1.451.100), siendo menos las hechas por mujeres (1.057.000). Por sectores, el mayor número de horas extras se da en la sanidad (858.600 horas extras semanales), la industria manufacturera (825.500), la educación (634.500), el comercio (590.300), la hostelería (527.500), el transporte y almacenamiento (403.300), las actividades profesionales, científicas y técnicas (359.900), la Administración Pública (323.600), la construcción (295.900), las actividades administrativas y auxiliares (270.600), finanzas y seguros (265.300) y telecomunicaciones, informática y consultoría (107.600 horas extras semanales).Pero si miramos los sectores que hacen más horas extras gratis, el ranking cambia: lo lidera la educación (504.800 horas extras semanales gratis, 4 veces las horas pagadas), seguida por las actividades profesionales (296.100 horas extras gratis, 5 veces las horas pagadas), la industria (283.500), el comercio (240.100), finanzas y seguros (189.000) , hostelería (171.000), transportes (154.800) y Administración Pública (151.400).

Si analizamos los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que hicieron horas extras gratis en 2025, destacan el suministro de electricidad y gas (el 5,6% de sus trabajadores hicieron horas extras no pagadas, frente al 2,3% en el conjunto de España), finanzas y seguros (también el 5,6% de sus plantillas), educación y actividades profesionales, científicas y técnicas (el 4,6% de los trabajadores en ambos) e información y comunicaciones (el 4% de las plantillas). Si observamos por autonomías, destacan las horas extras gratis en Madrid (el 3,4% de trabajadores hacen 582.000 horas extras no pagadas a la semana), Asturias (3%), País Vasco (2,8%), Cataluña (2,7% trabajadores hacen 495.000 horas extras gratis a la semana) y la Comunidad Valenciana (2,6% de las plantillas hacen 290.000 horas extras gratis).

Esta abultada cifra de horas extras, pagadas y gratis, se mantiene elevada en los últimos años (aunque bajó en 2025 y 2026), a pesar de que el Gobierno aprobó la obligación a las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, de llevar un registro horario de la entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo. Esa normativa, pactada sólo con los sindicatos (la patronal se opuso) fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Obligaba a las empresas a llevar un registro diario de cada jornada (que debe guardarse 4 años), a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, con sanciones a las empresas incumplidoras de 626 hasta 6.250 euros.

Pasados 7 años, el exceso de horas extras (pagadas y no pagadas) indica claramente que este control horario no ha funcionado, como denuncian los sindicatos. De hecho, el 35% de las pymes siguen haciendo el fichaje de cada jornada “a mano” (sin control digital). Y 1 de cada 5 trabajadores afirma que en su empresa no se ha implantado ningún control horario, según el informe IRSOS. Por todo esto, el Gobierno quiso “endurecer el control horario”, incluyéndolo primero en su proyecto de Ley de reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobado en mayo de 2025, tras pactarlo con los sindicatos y el rechazo de la patronal. Pero este proyecto chocó con una enmienda a la totalidad de Junts, en junio de 2025, que triunfó en el Parlamento en septiembre, apoyada por PP y Vox.

Cerrado el paso al control horario al decaer la Ley que promovía las 37,5 horas, Trabajo puso en marcha un “Plan B”: aprobar un Reglamento en febrero de 2026 (que no necesita ser convalidado por el Congreso) para endurecer el control horario en las empresas, obligando a que sea digital y con acceso inmediato a los sindicatos y la inspección de trabajo, además de exigir que se detalle cómo se compensan las horas extras. Eso sí, al no tratarse de una Ley, Trabajo retiró de este Reglamento el aumento previsto de las sanciones a las empresas.

El problema con el que se ha encontrado Trabajo con este Reglamento es que ha recibido críticas de los organismos a los que se ha enviado, preceptivamente, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Por un lado, el Consejo de Estado ha emitido el 23 de marzo un informe desfavorable, en el que señala que la reforma debería hacerse por Ley y donde critica la carga que supone para las pymes y la falta de instrumentos para ayudarlas a implantarlo. También son críticos los informes recibidos de los Ministerios de Economía y Transformación Digital, así como de la Agencia de Protección de Datos. Y aunque los sindicatos apoyan el refuerzo digital de la jornada (para frenar el exceso de horas extras), la patronal CEOE está en contra y amenaza con recurrirlo a los Tribunales, apoyada por el informe del Consejo de Estado (que no es vinculante para el Gobierno).

Ante este nuevo revés, Trabajo señaló que seguirá adelante con el Reglamento de control horario y que lo enviará “pronto” al Consejo de Ministros para su aprobación. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, señaló Yolanda Díaz en el Congreso el pasado 25 de marzo, recordando que forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición firmado por el PSOE y Sumar en 2023. Pero hay otro problema ahora: la ministra de Trabajo tiene por encima ahora al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que ha sido contrario tanto al recorte de jornada a 37,5 horas como al control horario que defiende Trabajo. Y él tiene la llave de la Comisión Delegada que decide los temas que van al Consejo de Ministros. Cuerpo está de acuerdo en mejorar el control horario, pero cree que hay que dar más tiempo a las empresas para implantarlo (propone 1 año, frente a los 20 días de Trabajo, que ahora parece dispuesta a ampliar a 6 meses) y además defiende medidas para ayudar a las pymes a incorporar herramientas técnicas para adaptarse al control digital.

Mientras esta “pelea” por el registro horario se aclara en el seno del Gobierno, las empresas afrontan el aumento de la demanda y las ventas con muchas horas extras, que los trabajadores hacen voluntariamente (las pagadas) o forzados (las no pagadas). Pero estamos ante un gran “fraude”, a los trabajadores y a la Seguridad Social, que además reduce la creación de empleo. Por eso, es urgente aprobar un control horario eficaz, que deje claro lo que son horas extras necesarias y lo que son horas extras estructurales, que se hacen para no contratar más. Es un reto de todo el país, porque aunque tenemos un récord de ocupados (hemos superado en abril los 22 millones de afiliados), todavía trabajan en España menos gente que en la mayoría de Europa: tenemos un 72,4% de adultos trabajando, frente al 76,1% en la UE-27 y el 81,8% en Alemania, según Eurostat. A lo claro: tenemos 700.000 personas menos trabajando que la media en Europa y 1.600.000 menos que Alemania. Con este hándicap, es una tremenda injusticia que se hagan tantas horas extras.

Cotizaciones autónomos: mucha demagogia

Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el 40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos, patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA (patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado: las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y contribuyentes. Una demagogia injusta.

                           Enrique Ortega

Los autónomos en España son una parte importante de los empleados y llevan casi dos décadas superando los 3 millones de personas. En octubre de 2025, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social 3.438.744 ocupados, el 15,74% de todos los cotizantes (21.839.592). Al comienzos de este siglo XXI (1 enero 2000), había en España 2.528.340 autónomos cotizando, el 17,34% de los ocupados, y en 2012 superaron los 3 millones (3.049.047 cotizantes, el 18,47% de todos los ocupados), porque la crisis transformó a muchos parados en autónomos. Y después, la cifra ha ido aumentando poco a poco, hasta los 3.264.711 en 2019 (el 16,93%) y 3.369.335 de media en 2024 (15,93%), aunque perdiendo peso en el total de ocupados porque han crecido más estos años los asalariados que los autónomos. Y la gran mayoría de autónomos (2.958.654 hoy) no tienen asalariados.

Esos 3.438.744 ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso, según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad” (2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades (577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante de “falsos autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización UPTA estima que hay más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la Inspección de Trabajo ha detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.

Veamos el perfil de los autónomos en España, según los datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros) y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55 años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%), las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura (6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%), la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid (439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3) y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.

Un problema tradicional de los autónomos es que la mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado a cotizar más, el 82% de los autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637 cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros 2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y cotizaciones)  por los que cotizan la mayoría de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.

Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012 euros de jubilación media (octubre 2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados (1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad (683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos si se cogen la baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el 4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su base). Y tienen más complicado cobrar el paro (por “cese de actividad”).

Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril 1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS. En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de este año.

En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17 euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000 euros (ver cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas” de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.

La consecuencia de toda esta presión ha sido que el Gobierno ha rectificado y ha congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide “nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas condiciones que sólo se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…

Mientras, los sindicatos se quejan de que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.

Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88% de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus pensiones, al ser tan bajas, han de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos (en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.

Con todo ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones en sus cuentas de 2024, con lo que sólo cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79% que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones, pero porcentualmente mucho menor).

En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones, un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros (que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas) cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”). Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.

Otra reflexión que nadie hace, por parecer  “políticamente incorrecta”: si un autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en que su actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.

En resumen, que las cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo demás es populismo y engañar a los autónomos.

Recorte de jornada: horarios y productividad

El lunes 29 de julio, Gobierno, sindicatos y patronal intentarán alcanzar un acuerdo (difícil) para recortar la jornada laboral legal, de 40 horas a 37,5 en 2025. La patronal está en contra porque quieren fijar el horario en los convenios (no por Ley), porque aumenta sus costes (se mantienen los sueldos) y reduce la productividad. Pero el Gobierno está dispuesto a aprobar esta rebaja sin la patronal, mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones en septiembre. En realidad, muchos trabajan menos de 37,5 horas (la media son 36,4 horas), pero otros trabajan más (39,4 horas en hostelería y 39,1 en comercio) o no tienen convenio, trabajando todos más horas que en Europa. El debate no es que reducir jornada empeorará la productividad, más baja en España, porque depende más de nuestro modelo económico (más servicios y menos industria y tecnología), del exceso de pymes, de la baja inversión y formación y de la mala organización de las empresas. Por “calentar la silla” más horas no somos más productivos.

                                  Enrique Ortega

La jornada laboral máxima legal no se revisa en España desde hace más de 40 años. El Estatuto de los Trabajadores fijó la jornada máxima en 42 horas semanales (43 para la jornada partida) en el Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980 (Gobierno UCD). En julio de 1983, el  Real Decreto 2001/1983, del Gobierno de Felipe González,  fijaba la jornada laboral máxima en 40 horas, una norma que rige hoy. En estos 41 años, la economía y las relaciones laborales han tenido cambios drásticos, con un progresivo recorte de la jornada real de trabajo. Y por ello, el Gobierno Sánchez se ha fijado como objetivo recortar la jornada laboral legal, de las 40 horas actuales a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo y en España en las últimas décadas, con la ayuda de la tecnología y la digitalización. La media de horas de trabajo en los convenios (hasta junio 2024) era de 38,2 horas semanales. Una jornada que varía mucho por sectores, según los datos de Trabajo: los mayores horarios se dan en la hostelería (39,4 horas), el empleo doméstico (39,3), el comercio (39,1) y el campo (39 horas), estando también por encima de la media las inmobiliarias (38,8 horas), actividades administrativas (38,), actividades científicas y técnicas (38,5), industrias extractivas, manufactureras y transporte (38,4 horas semanales). Y los sectores donde se trabaja menos horas son educación (32,6), Administración pública y finanzas (37,1 horas), agua (37,4) y energía (37,9), sanidad (37,9), construcción y actividades artísticas (38 euros de media).

Por autonomías, también hay grandes diferencias en la jornada laboral, según el peso de cada sector económico. Las jornadas más largas se dan en Canarias (39,3 horas semanales), Murcia (39,1), Andalucía y Comunidad Valenciana (38,9), Castilla la Mancha y Galicia (38,8 horas). Y los horarios laborales más cortos están en País Vasco (37,1 horas), Navarra y Cataluña (37,4 horas). Por provincias, donde se hacen las jornadas más largas es en Almería (39,57 horas), Tenerife y las Palmas (39,2) Orense (39,2) y Málaga (39,17 horas semanales). Y donde trabajan menos horas es en Vizcaya (36,93 horas), Guipúzcoa (37,18), Navarra (37,43), Álava (37,56) y Madrid (38,22). En general, se trabaja menos horas donde hay más industria y menos servicios, en zonas con más nivel de vida y en  empresas con menos precariedad y más presencia sindical.

Esta es la jornada pactada en convenio, pero en realidad los españoles trabajan menos horas, porque hay muchos (un tercio) que trabajan a tiempo parcial y otros que no cumplen la jornada pactada, por bajas o problemas varios. La jornada efectiva media en España fue de 36,4 horas semanales en 2023 (para trabajadores entre 20 y 64 años), según Eurostat, ligeramente por encima de la jornada media efectiva en la UE-27, que fue de 36,1 horas semanales. Los paises más ricos del norte de Europa (y donde pesa más el trabajo a tiempo parcial) trabajan menos horas que en España: Paises Bajos (32,2 horas semanales), Austria (33,6), Alemania (34), Finlandia (34,8), Bélgica (34,9), Irlanda (35,5), Suecia (35,7) y Francia (36 horas semanales efectivas). Y los paises del Sur y Este, más pobres, tienen horarios laborales más largos: Grecia (39,8), Rumanía (39,5), Polonia (39,3), Bulgaria (39), Portugal (37,7) e Italia (36,1 horas semanales).

En España, no sólo trabajamos más horas que en la Europa más rica sino que tenemos unos “horarios laborales de locos”: las estadísticas revelan que empezamos a trabajar más tarde que en la mayoría de paises europeos (a las 8 de la mañana sólo inician su jornada el 18,5% de los trabajadores frente al más del 20% en muchos paises, comenzando la mayoría a partir de las 9 de la mañana) y, tras 2 horas para comer (y más), acabamos de trabajar más tarde (muchos después de las 6 de la tarde, cuando apenas se trabaja en el resto de Europa), según Eurostat. Y con ello, la mayoría de trabajadores tiene problemas para conciliar la vida laboral y familiar, además de aumentar las bajas por múltiples motivos y el absentismo.

Respecto a los horarios laborales, en España hay una cierta costumbre de “calentar la silla”, de vincular horarios largos con “cumplir en el trabajo”. Y aunque ha aumentado el teletrabajo y las jornadas presenciales de cuatro días, todavía son mayoría los empresarios que prefieren tener a sus trabajadores en la empresa que fuera, que valoran los largos horarios de trabajo. Sin embargo, la mayoría de trabajadores están a favor del recorte de jornada, según la última Encuesta de 40dB para El País: 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de jornada a 37,5 horas, sobre todo los más jóvenes, aunque la mayoría dan más importancia a subir los salarios y mejorar los trabajos que a reducir la jornada laboral.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral porque cree que no afectará a la productividad de las empresas y ayudará  a mejorar la vida de los trabajadores, a los que se mantendrá el sueldo aunque trabajen menos horas, porque se espera que el cambio redunde en una mayor eficacia laboral (“hacer lo mismo o más en menos tiempo”). Y defienden recortar la jornada por Ley porque hay muchos trabajadores sin convenio, que no tienen regulada su jornada y depende del empresario. En 2023 había 3.512 convenios vigentes en España, que afectaban a 10,9 millones de trabajadores: quedaban fuera más de 7 millones de asalariados (hay 18 millones). Y 10 millones de ocupados (hay 21,24 millones).

Por eso, el Gobierno reitera que la rebaja del horario favorecerá a 12 millones de trabajadores en España, que ahora trabajan más de las 37,5 horas que plantean para 2025. La mayoría son trabajadores sin convenio o sin un horario pactado, empleados en pequeñas empresas o eventuales. Los sindicatos añaden que el recorte legal del horario beneficiará más a los hombres que a las mujeres, a los trabajadores del campo, la construcción y algunas industrias, sobre todo en La Rioja y Castilla la Mancha. Y quieren que la rebaja se apruebe cuanto antes, sin retrasos ni flexibilización de plazos, porque se desaprovecharía el año 2024 y no tendríamos la jornada de 37,5 horas hasta 2026. Por eso, amenazan con que si no hay acuerdo ahora, convocarán movilizaciones en septiembre.

La patronal CEOE cree que “no es el momento de recortar la jornada” (nunca lo es…) y que debe dejarse la fijación de los horarios de trabajo a los convenios colectivos, porque “las empresas que pueden rebajar jornada ya lo están haciendo”, como demuestran los datos: en 2003 se trabajaba 1.752 horas al año en España, bajando a 1.692 en 2013 y a 1.632 horas anuales en 2023. Y añaden que el 44% de los convenios tienen ya una jornada de 38,5 horas o menos. Así que proponen no tocar la Ley y que cada empresa recorte horarios con sus trabajadores. El problema, señalan los sindicatos, son los millones de trabajadores que no tienen capacidad de negociar. Y aquí pasa como con las medidas para conseguir la igualdad de género: o se imponen por Ley o no se logran.

La patronal se queja además de que la rebaja de horarios manteniendo sueldos les aumenta los costes un 6% y perjudica su competitividad. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha echado en cara al Gobierno y a los sindicatos que el recorte de jornada por Ley supone “un regalo de 12 días más de vacaciones pagadas a los trabajadores”. El líder de UGT le ha respondido que “mayor es el regalo que les hacen los trabajadores a las empresas” con las horas extras hechas y no pagadas: son casi la mitad de todas las horas extras, “un regalo” de 2.300 millones anuales a las empresas.

De hecho, la patronal ha querido aprovechar la negociación sobre el recorte de horarios para aumentar el tope de horas extras que se pueden hacer, ahora establecido en 80 horas al año (que en muchas empresas no se cumple). Pero el Gobierno (y los sindicatos) se han negado a abrir esta “espita”, con más horas extras, porque ya son excesivas. En el 4º trimestre de 2023 se hicieron 6,3 millones de horas extras a la semana, el 39% de ellas “gratis” (sin pagarlas). Una forma con la que muchas empresas evitan aumentar plantillas (y crear más empleo), con la connivencia de los trabajadores que hacen estas horas para completar unos salarios bajos (y en ocasiones sin cobrar, para mantener el empleo). Si no se hicieran estas horas, se podrían contratar a 166.000 trabajadores más.

Junto a la rebaja de la jornada, el Gobierno Sánchez quiere aprobar también un control más eficaz de la jornada laboral, porque el actual es deficiente. En marzo de 2019, el Gobierno aprobó un Real Decreto para que las empresas realizaran un control de horarios de sus trabajadores. Pasados 5 años, Trabajo ha comprobado que hay muchas empresas que no lo aplican y otras muchas cometen fraude en sus controles, lo que ha provocado 4.804 expedientes y multas por 7,3 millones. Ahora, se quiere aprobar un control digital de la jornada, accesible a la inspección de trabajo y a los sindicatos, para que sea efectivo.

En la reunión del lunes 29 de julio, el acuerdo dependerá de la postura de la patronal, que está en contra del recorte de horario, aunque podría aceptarlo si se flexibiliza en el tiempo, si las 38,5 horas iniciales se pueden cumplir “a lo largo de 2025”, un retraso que no aceptan los sindicatos. Si no hay acuerdo, el Gobierno podría aplicar la reforma unilateralmente o sólo con el apoyo de UGT y CCOO, como pasó con las subidas del salario mínimo. Pero luego tiene que aprobar el recorte horario en el Parlamento y no lo tiene fácil, por posibles problemas con Junts (y quizás PNV) o con Podemos, según haga la reforma finalmente.

Mientras se ultima la negociación de la jornada, la patronal y algunos expertos reiteran que recortar la jornada empeorará aún más la productividad en España, más baja que en la mayoría de Europa. Los datos son concluyentes: la productividad por empleado en España es inferior a la media europea (96 frente a 100 en las UE-27 y 123 en Alemania) y un 19,3% inferior a la productividad media en la zona euro, según el último informe de BBVA Research. Y esta “brecha” de productividad con Europa es mayor hoy que en las dos últimas décadas, aunque mejoró en 2022 y 2023. Por eso, la patronal reitera que si se trabajan menos horas, la productividad caerá más y seremos menos competitivos.

La realidad es que si España tiene menos productividad que la mayoría de Europa no es porque trabajemos pocas horas (trabajamos más que los paises más productivos), sino por otras razones (ver Blog). La primera y fundamental, porque tenemos un modelo económico donde las actividades menos productivas (hostelería, comercio, transporte o construcción) tienen más peso que en otros paises europeos, donde pesan más la industria, la tecnología y la información (TIC), sectores con más productividad. Pero aunque tuviéramos la misma estructura económica que la UE-27, España tendría un 10% menos de productividad, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que señala otros factores.

Un factor clave es el menor tamaño de las empresas españolas (tenemos un exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir, innovar y ser más productivas. Otra causa importante es la menor formación de los trabajadores españoles: el 48% de los adultos carecen de título universitario o FP y tienen un gran peso los trabajos que exigen poca cualificación (sector servicios), que son los menos productivos. La tercera causa clave es la falta de tecnología e innovación en las empresas (el gasto en I+D+i es el 1,44% del PIB frente al 2,2% de media en la UE.27), con lo que fabricamos productos menos complejos y de menor valor añadido. Un cuarto factor que explica nuestra menor productividad es la baja inversión en España (pública y privada) desde 2008. También tenemos demasiada “economía sumergida” y pesan negativamente la enorme dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa), la excesiva burocracia del Estado y las autonomías, las barreras a la competencia y las dificultades regulatorias y fiscales a las pymes. 

Y hay otro factor del que apenas se habla (nunca la patronal) y que explica mucho nuestra baja productividad: la deficiente organización de nuestras empresas, donde no se valora suficiente el trabajo en equipo, la captación y promoción del talento o la gestión por objetivos, mientras se mantienen los viejos principios del “ordeno y mando”. El propio Banco de España ha destacado la baja formación de muchos gestores empresariales, mientras un estudio de la consultora Gallup relaciona la capacidad de gestión con la motivación de los trabajadores. El dato es llamativo: España es el tercer país UE con menos trabajadores “comprometidos con su trabajo”, sólo un 9%, frente al 13% en Europa y el 33% en EEUU y Asia. Con el 91% de trabajadores “desmotivados”, resulta difícil mejorar la productividad…

En resumen, que para ser un país más productivo y rico, la solución no es estar más horas en el trabajo sino ser más eficaces en las empresas, desde la organización del trabajo y la motivación de los empleados a invertir más en formación, tecnología, innovación y digitalización, para producir con más valor por empleado. Así que no hagan demagogia con que el recorte de horarios reducirá la productividad. La empeora no tomar medidas para hacer las empresas más competitivas y sólo pensar en ganar dinero a corto plazo, compitiendo con empleos precarios y salarios bajos, como la China de Europa. Así no.

Los españoles, desmotivados en el trabajo

Pasamos un tercio de nuestra vida trabajando y cada vez nos agobia más. En España, el 36% de trabajadores sufren “estrés”, el 25% están “tristes” y el 22% tienen” ira” por trabajar, datos peores que la media mundial. Y eso lleva a que sólo un 9% de trabajadores están “comprometidos” con su trabajo y su empresa: el 75% no están comprometidos y otro 16% están “activamente” en contra, siendo España el tercer país europeo con menos trabajadores comprometidos con su empleo, con Suiza, Italia y Francia. Ante tanta “desmotivación” por el trabajo, crecen las bajas laborales (ahora, muchas son por depresión) y los abandonos del trabajo sin más. Tenemos un serio problema de “desapego” en el trabajo, que deteriora nuestra baja productividad. Los expertos recetan mejorar los sueldos y la organización del trabajo, motivando más a los empleados. Y, sobre todo, mejorar la gestión (muchos empresarios están “poco preparados”), con más trabajo en equipo y menos “ordeno y mando”. Urge hacer el trabajo “más llevadero”.  

                        Enrique Ortega

Tras los confinamientos y el parón por la pandemia, los trabajadores de todo el mundo reflexionaron más sobre su vida y su trabajo. Y con ello, se ha agravado “la desmotivación” por el trabajo, el cuestionarse muchas vidas donde la rutina es ir del trabajo a casa y poco más, ganando poco y con gran incertidumbre sobre el futuro. Por eso, no debería extrañarnos que muchos trabajadores se sientan “desmotivados” en sus trabajos. Un reciente estudio mundial de la consultora Gallup pone las cifras: el 44% de los trabajadores encuestados siente “estrés” en el trabajo, se sienten “tristes” y desmotivados al ir a trabajar, mientras aumenta la depresión. Este “estrés” global es mayor en EEUU y Asia (52%) y menor en Europa (39%), con un 36% de trabajadores “estresados” en España, menos que en Francia (47%), Italia y Portugal (46%), Alemania (41%) o Reino Unido (40%).

Centrándonos en España, además de tener un tercio de trabajadores “estresados”, el estudio de Gallup revela que hay un 25% de trabajadores “tristes” en su empleo y otro 22% con “ira” por su trabajo, porcentajes de “ tristeza” similares a Italia (25% o Portugal (22%) y mayores que en Alemania (18%) o Francia (19%), mientras tenemos muchos más empleados con “ira” (22%) que Francia (19%), Alemania (17%), Italia (11%) o Portugal (8%). El estudio revela que los más “estresados”, “tristes” e “iracundos” son los trabajadores jóvenes y los que trabajan a distancia o de forma “híbrida” (en casa y en la oficina). Y refleja que muchos de estos trabajadores están “al límite”, en la frontera de la depresión por motivos laborales, un problema detectado por la OMS, que está preocupada porque un ambiente negativo de trabajo causa problemas de salud física y mental.

La consecuencia evidente de esta tremenda “insatisfacción” en el trabajo es que la mayoría de los trabajadores no están “comprometidos” con su trabajo y su empresa. El estudio de Gallup refleja que sólo el 23% de los trabajadores del mundo se declaraban “comprometidos” con su trabajo en 2023, el mismo porcentaje que en 2022 y similar al de 2019 (22% trabajadores comprometidos), aunque ha subido en la última década (desde el 13% en 2012). Este grado de “compromiso” con el trabajo es mayor en Estados Unidos y Canadá (33%), lo mismo que en Latinoamérica (33%) y Asia Meridional (33%), aunque es mucho más bajo el nivel de compromiso en Asia oriental (17%) y en Europa, donde sólo el 13% de los trabajadores se sienten “comprometidos” con su trabajo. Lo más preocupante es que frente a ese 23% de trabajadores comprometidos en el mundo, hay un 62% que no están nada comprometidos (hacen “lo mínimo” para cumplir) y otro 15% de trabajadores están activamente “no comprometidos”, activamente “desconectados” de su trabajo (“pasan”).

España es el tercer país europeo con menos trabajadores comprometidos con su trabajo, sólo un 9% de los encuestados ,frente al 13% de media en Europa. Sólo tienen igual “compromiso” en el trabajo Suiza (9%) y menos Italia o Luxemburgo (8%) y Francia (7% de trabajadores “comprometidos”), siendo mayor el grado de implicación de los trabajadores en Alemania (15%), Reino Unido (10%) y la mayoría de centro Europa (14% Paises Bajos), paises nórdicos (23% Suecia, 21% Dinamarca o 15% Finlandia) y del Este (36% Rumanía, 25% Estonia o 20% Hungría, mientras Polonia baja al 10%). El estudio revela que hay paises con Leyes laborales muy avanzadas que tienen un menor porcentaje de trabajadores “comprometidos” que otros menos avanzados y  que este “compromiso” sube en los periodos de recesión y baja en periodos de crisis. Y destaca que la clave, más que las Leyes o las normas laborales, es el ambiente en los trabajos, la organización en cada empresa.

Con este entorno laboral tan negativo, en el mundo y en España, la primera consecuencia es que más de la mitad de los trabajadores (el 51%) están buscando otro empleo, según la Encuesta de Gallup. Así que el descontento provoca una menor productividad, dado que muchos trabajadores “hacen lo mínimo” o incluso pasan, mientras su cabeza está en buscar otro trabajo, no en hacer mejor el que tienen. Y esta falta de compromiso tiene un alto coste, para las empresas y los paises: ese 77% de trabajadores “no comprometidos” suponen una pérdida de 8,9 billones de dólares en todo el mundo, según Gallup. Eso significa que el mundo pierde cada año un 9% del PIB global por “el desapego” en el trabajo.

¿Por qué hay tan poco “compromiso” de los trabajadores? Para muchos trabajadores, la mayor queja es su bajo sueldo o su contrato precario, así como los horarios abultados o el gran número de horas extras (muchos sin cobrarlas). Pero el estudio revela otras causas tan importantes o más que el sueldo, el contrato o los horarios: la creciente exigencia, la falta de personal y el exceso de trabajo, el encargo de tareas cada vez más complejas sin la formación adecuada, la continua adaptación y el alto estrés en contratos y entregas. Pero para muchos, la causa del desinterés por el trabajo es más profunda: está en la mala organización del trabajo, en la falta de reconocimiento al trabajo bien hecho (“felicitar es gratis”), a las tareas que no se explican, a la falta de diálogo y trabajo en equipo y a los “jefes tóxicos”, al gran peso que tiene la gestión del “ordeno y mando…”

La consecuencia de todos estos problemas en las empresas es esa falta de compromiso y un ambiente de trabajo con demasiados empleados “estresados, tristes o irritados”. Algo que se traduce en una menor productividad y en una excesiva “rotación” de plantillas, porque muchos trabajadores se dan de baja o se dedican a buscar otro trabajo o simplemente piden la cuenta y se van (a veces, “hasta sin pedirla”). Veamos lo que pasa en España.

En España, más de la mitad de los trabajadores (el 57% en 2023) están “desmotivados en su trabajo, según el último Informe Hays, que refleja como primer motivo los bajos sueldos (el sueldo medio bruto es de 1.751 euros, 1.400 euros netos, un 20% inferior al sueldo medio en Europa). El 2º motivo de desapego laboral es la precariedad , desde el tipo de contrato a los horarios , la escasa flexibilidad y la falta de conciliación familiar. Y el tercero, señalado por muchos trabajadores encuestados, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide su carrera laboral. Y ojo a este dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido discriminación en el trabajo, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según Cegos.

Otro estudio, de la consultora Sodexo, revela que un tercio de los trabajadores españoles está descontento en su empresa: el 34,5% se siente poco valorado o nada y sólo el 16% se considera laboralmente motivado o valorado. Y 6 de cada 10 (61,3%) dicen que el trabajo “no cumple sus expectativas”, por lo que la mayoría están dispuestos a cambiar, sobre todo los trabajadores más jóvenes, con peores trabajos. Y otro estudio, la última Encuesta de 40DB para El País (28 mayo 2024) revela que un 44% de los trabajadores españoles se sienten estresados, muchos de ellos con “agotamiento” (el 52%), ansiedad (41%) o simple aburrimiento (23%), lo que indica que el síndrome de “trabajador quemado” no es un caso aislado sino un problema estructural en las empresas.

Este descontento laboral está detrás del tremendo aumento de las bajas laborales y de las bajas voluntarias a la SS. Empezando por las bajas laborales, el dato es impactante: más de un millón de españoles (1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según los datos oficiales, que en 2023 alcanzaron un récord histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Una parte de estas bajas son por el mal funcionamiento de la sanidad y los retrasos en la gestión de las bajas, pero otra parte se deben al aumento de trabajadores “quemados”, que cogen más bajas de las que se cogerían si estuvieran a gusto en su trabajo. Y también se han disparado las bajas voluntarias a la SS: trabajadores que se van de las empresas. En 2023 hubo 2.759.105 bajas “por dimisión o abandono voluntario”, un 42,7% más que en 2021 (1.932.582). Y lo llamativo es que, tras la reforma laboral, son ahora los trabajadores con contrato indefinido los que más abandonan su trabajo: 2.126,792 en 2023, el 77% del total (en 2021, eran sólo el 36,5%: el resto eran temporales). Abandonan su trabajo pensando en encontrar un empleo menor, pero las cifras revelan que el 60% no lo consigue en un año y que un tercio ganan menos de lo que ganaban antes, según FEDEA. 

Como reflexión, resulta un enorme contrasentido que en una "época de gran progreso económico, el trabajo y la salud mental de los trabajadores sea peor que antes. ¿Qué se puede hacer? Los expertos en relaciones laborales aportan algunas medidas: más inversiones de las empresas para aumentar plantillas y tecnología (que reduzcan el estrés en el trabajo), más reconocimiento a la labor de los trabajadores (con mejores sueldos, más flexibilidad y “reconocimiento” a su tarea) , más escucha a los empleados (para saber lo que quieren y recoger propuestas), más teletrabajo y mejora de horarios y conciliación, pero sobre todo una mejora de la organización en las empresas.

Precisamente, esta receta, mejorar la organización de las empresas, es la clave para Gallup, la consultora del estudio sobre compromiso y situación de los trabajadores. Han estudiado la situación en un porcentaje de empresas bien organizadas y gestionadas, concluyendo que sus trabajadores tienen un alto nivel de compromiso y una mayor productividad. Estas empresas mejor organizadas, argumentan, no sólo retienen mejor el talento de sus empleados sino que mejoran su servicio a clientes, una mayor productividad y más beneficios.

Por eso, el estudio de Gallup señala que la clave para mejorar el compromiso de los trabajadores y la productividad de las empresas no son las leyes laborales ni las condiciones  de trabajo ni siquiera los sueldos, la clave son los gestores de la empresa. Y por eso, insisten en cambiar la forma de gestionar las empresas, que los gerentes consigan “un ambiente de trabajo ágil, atractivo y satisfactorio”. Para Gallup, lo más importante es contratar gerentes con talentos y habilidades para afrontar un mundo laboral cambiante, reformulando sus responsabilidades y escuchando más a sus empleados. Creen que las empresas deben adoptar otro enfoque laboral, con nuevos gerentes que se preocupen desde atraer talento a mantenerlo y desarrollarlo, buscando el bienestar de sus trabajadores.

Si la clave es mejorar la gestión empresarial, España tiene un hándicap, según reconoce el Banco de España: tenemos un alto porcentaje de empresarios poco formados: el 32,9% de los empleadores y el 35,2% de los autónomos, según Eurostat. Un porcentaje de empresarios poco formados  (32,9%) que es muy superior a la media en la zona euro, mientras tenemos menos porcentaje de empresarios con formación media (27,1% frente al 40% en la zona euro) y un porcentaje similar de empresarios con alta formación (40% en ambos casos). Además, la puntuación de los directivos españoles está a la cola de la OCDE, 2,75 puntos, frente a 2,85 en Portugal, 2,9 en Polonia, 2,95 en Italia, 3 en Francia, 3,05 en Gran Bretaña, 3,2 en Suecia y 3,25 puntos en Alemania, según el World Management Survey. Así que si España tiene un problema de más trabajadores peor formados que en Europa, también tiene el problema de más empresarios peor formados (sobre todo en pymes), aunque de este no se habla.

En resumen, que tenemos un serio problema que casi nadie afronta: los trabajadores están cada vez más desmotivados en sus trabajos, sobre todo los más jóvenes, y las empresas apenas tratan de mejorar su situación. Y si reaccionan es quejándose de la alta tasa de absentismo (que ha subido), sin preocuparse de investigar sus causas y tomar medidas para lograr un mayor “compromiso” de sus trabajadores, lo que mejoraría la productividad. No se trata sólo de subir salarios (muchos sí) y de hacer contratos “decentes”, en muchos casos se trata de gestionar las plantillas de otra manera: escuchar a los trabajadores, pedir propuestas, trabajar más en equipo, ser más flexibles y mejorar el ambiente laboral, buscando que los trabajadores se sientan “reconocidos” y preocupándose por su “carrera laboral”. Está claro que ya no vale el “ordeno y mando” y que es mejor tener trabajadores satisfechos que estresados, tristes o irritados. Debería ser el objetivo de todas las empresas.

"La Gran Renuncia": el trabajo no convence

España ha creado 1.262.000 nuevos empleos en los últimos 15 meses, de más calidad. Pero algunos expertos alertan: aumentan los empleados fijos que dejan su trabajo (40.064 este año). Temen que pase como en EEUU, donde hablan de “La Gran Renuncia”. No tiene nada que ver: en EEUU abandonaron su empleo en agosto 4,2 millones de trabajadores, frente a 7.490 en España. Y eso pasa porque allí hay mucha rotación laboral: 11,2 millones de empleos disponibles (2 por cada parado), mientras en España sólo hay 145.053 vacantes (1 por cada 20 parados). Lo que sí tenemos en España (y en el mundo) es “una gran insatisfacción” con el trabajo: la mitad de los trabajadores están desmotivados y querrían cambiar de empleo. Como no pueden, trabajan “pasando”, cumpliendo sin más: es “La Gran Dimisión”. Un problema serio, que baja la productividad. Recetas: mejores sueldos, más flexibilidad y menos jefes “tóxicos”. Urge modernizar el trabajo y las relaciones laborales, ancladas en el “ordeno y mando”.

Enrique Ortega

“Quien del trabajo huye, su porvenir destruye”. Refranero

Desde pequeños, nos han enseñado la necesidad de trabajar (“ganarás el pan con el sudor de tu frente” ) y que trabajar es el único camino para labrarse un futuro (“el trabajo y la economía son la mejor lotería”). Además, los más mayores hemos conocido épocas donde se podía tener un trabajo decente de por vida. Con la crisis de 2008, el mundo cambió drásticamente y llegaron los despidos masivos y, después, la recuperación de los trabajos precarios, sobre todo para los jóvenes. Y con el parón de la pandemia, muchos trabajadores “reflexionaron sobre sus empleos”: ¿merece la pena malvivir para trabajar por 1.000 euros o menos? Y eso ha provocado en muchos países que algunos trabajadores (ojo, los que podían) dejen sus trabajos o los cambien por otros menos agobiantes. Es lo que algunos llaman “La Gran Renuncia”: trabajadores que dejan sus empleos. Un tema que agrandan y explotan algunos empresarios y expertos en España para quejarse de que ahora no encuentran trabajadores.

Pero “La Gran Renuncia” es otra cosa. El concepto lo inventó Anthony Klotz, profesor de la Universidad de Texas, en mayo de 2021, tras conocerse el dato de que, en abril, casi 4 millones de norteamericanos (el 2,7% de los empleados) habían dejado su trabajo, la mayoría para buscar otro. Y se ha seguido hablando del tema, porque en todo 2021 han sido casi 50 millones los norteamericanos (el 33% de los ocupados) que han dejado sus trabajos. Y también se ha hablado del “problema” de “la Gran renuncia” en Reino Unido (más de medio millón) y Francia (523.000 en el primer semestre de 2023). En España, la alarma saltó en abril de este año, con 5.467 empleados fijos que dejaron su trabajo, un récord desconocido. En mayo, la ministra de Trabajo convocó incluso a sindicatos y patronal para hablar del tema, pero la reunión acabó sin ningún acuerdo ni medida.

Y la verdad es que “La Gran Renuncia” de la que se habla en EEUU poco tiene que ver con la de España. Allí, este mes de agosto ha habido otros 4,2 millones de trabajadores que han renunciado a sus empleos (un 3% de los trabajadores), mientras en España, la cifra de agosto, con ser otro récord (7.490 “renuncias”), apenas supone el 0,0004% de los asalariados. Y, sobre todo, los norteamericanos que dejan sus empleos voluntariamente no lo hacen para irse a su casa (una minoría) sino para cambiar de trabajo, dado que ahora hay “un boom” de empleo y resulta fácil cambiarse: había 11,2 millones de empleos vacantes en EEUU a finales de julio, el doble que parados (5,66 millones). Así que hay una enorme “rotación”, que explica “La Gran Renuncia”. En España, por desgracia, no pasa esto: a finales de junio había 145.053 empleos vacantes, para casi 3 millones de parados, según el INE. Con ello, el porcentaje de “vacantes” en España es el más bajo de Europa (0,9% de los empleos), según Eurostat: menos de un tercio que en la UE-27 (3% de vacantes), mucho menos que Alemania (4,5% vacantes) y sobre todo que en Estados Unidos (7,5% de los empleos están vacantes).

Así que aunque pueda parecer que en España tenemos el problema de “La Gran Renuncia” (46.064 trabajadores con empleos fijos han dejado su trabajo hasta finales de agosto), no es así, porque son pocos y porque no hay puestos vacantes (y mucho paro) como para que los españoles puedan pensar en cambiar de trabajo, como hacen los norteamericanos. En EEUU,  hay ahora un gran dinamismo económico y laboral tras la pandemia y las empresas se ven con el “problema” de tener que competir para que sus trabajadores no se les vayan y atraer a los que necesitan. Ojalá tuviéramos aquí ese problema USA… “Páguenles más” (“Pay them more”) fue la receta que les dio Biden a sus empresarios.

El problema que sí ternemos en España (y en todo el mundo) es que ha aumentado “la insatisfacción en el trabajo”, tras el paréntesis de la pandemia, donde los trabajadores tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus vidas. Tener que dejar sus hogares y familias, el teletrabajo y volver a las largas jornadas laborales y a ambientes laborales tóxicos, a cambio de bajos salarios (y contratos precarios) ha dado que pensar a muchos trabajadores, en todo el mundo y en España. Los que pueden (en España una minoría) han optado por cambiar de empleo y trabajar menos (o “de otra manera”), poniendo su vida y su familia por delante del trabajo (nada de “vivir para trabajar”). Pero la mayoría han tenido que volver a sus rutinas y aguantar un trabajo que no les convence, por falta de alternativas mejores.

Lo que está claro es que la pandemia ha sido “un punto de inflexión” para los trabajadores en todo el mundo y que hay una gran “insatisfacción”, como revela una encuesta hecha por la consultora PwC en 44 países: 1 de cada 5 trabajadores tiene previsto “renunciar” a su trabajo (irse) en 2022, ya sea para buscar otro o dejarlo. Y dan tres razones básicas: el bajo salario, no “realizarse” en el trabajo y carecer de futuro profesional. Otra encuesta de la consultora McKinsey, hecha en 6 países, releva que el 40% de los trabajadores consultados “no están contentos con su trabajo y están pensando en dejarlo cuando puedan”. Y citan como causas los salarios, la falta de flexibilidad y su bienestar.

En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento señalado es el sueldo, algo normal en un país donde los sueldos medios han subido un +10,2% entre 2007 y 2020, según la Agencia Tributaria, la mitad que la inflación (+20,3%), con lo que los ingresos “reales” de los trabajadores son menores (-10,1%) que antes de la crisis de 2008. Y recordemos que el salario medio en España son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, señalado por muchos encuestados, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo a este dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un recientísimo informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiarla gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta…

Además, la mala organización del trabajo y la escasa integración de los trabajadores en la marcha de la empresa no sólo empeora los resultados de las compañías sino que es uno de los factores que explican la baja productividad de España (la menor entre los grandes países europeos), junto al modelo económico (demasiado peso de los servicios), la baja tecnología, el exceso de pymes y la falta de formación de los trabajadores. Así, “los jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), sólo un 26% de las empresas encuestan las opiniones de sus empleados (un 51% en Alemania) y sólo el 17% toman las decisiones “en equipo” (el 35% en Alemania), según revela un estudio de CaixaBank Research. En definitiva, que tiene un gran peso la gestión del “ordeno y mando” y eso no ayuda a mejorar la productividad de las empresas y el país.

Frente a estos problemas, la mayoría de las empresas no modifican su gestión de personal y la patronal aprovecha para quejarse de que “no encuentran trabajadores para contratar”: en el campo dicen que les faltan entre 50.000 y 100.000 jornaleros (a los que “mal contratan” y “mal pagan”, obligándoles a “malvivir” en chabolas de temporeros que denuncia la ONU), en la construcción dicen que les faltan 700.000 trabajadores, 50.000 en la hostelería y otros 20.000 camioneros… Parece que “la gente no quiere trabajar”. No es así: la gente quiere trabajar con contratos, sueldos y condiciones dignas, no de cualquier manera. Y en otros casos, no encuentran trabajadores formados, porque las empresas y el país no apuestan por formar empleados más capacitados. Así que el problema no es “La Gran Renuncia”, sino “La Gran Desilusión”, que el trabajo ya no es lo que era. Paguen más y traten mejor a los trabajadores: verán como tienen más. Están a tiempo.