Viviendas: la ola de rehabilitación que viene

El pasado martes 13 de julio, el mismo día que la Comisión Europea aprobaba el Plan de Recuperación de España, el Gobierno liberaba aquí los primeros 1.631 millones europeos para gastarlos en la rehabilitación de viviendas, el 2º mayor programa del Plan tras el coche eléctrico. Ahora se tienen que montar oficinas en las autonomías para que este otoño se puedan pedir ya las ayudas para rehabilitar viviendas (ventanas, aislamientos, calderas…) y que consuman menos energía. El gran objetivo es rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y luego, otras 300.000 cada año a partir de 2030. Los propietarios (incluso los inquilinos) podrán pedir estas ayudas europeas (del 35 al 100% de la rehabilitación) y también incentivos fiscales en el IRPF, lo que podrá en marcha “una gran ola rehabilitadora”, que tirará de la construcción y creará 180.000 empleos. Para conseguir renovar nuestras viviendas y reanimar la economía, el Plan debe ser ágil, sin mucha burocracia y dar facilidades a los vecinos.

Enrique Ortega

 

La Comisión Europea se ha fijado como una de sus prioridades de futuro “la rehabilitación energética” de los edificios europeos, porque son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su gran objetivo, dentro de su estrategia contra el Cambio Climático, es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones en 2050”. Para lograrlo, ha incluido la rehabilitación energética de edificios como una de las prioridades de su Plan de recuperación, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a fondo perdido).

A partir de aquí, cada país ha elaborado su Plan de Recuperación, bajo las directrices europeas. El de España se aprobó definitivamente en el Ecofín (reunión Ministros de Economía de los 27) del pasado martes 13 de julio y en septiembre vendrán ya los primeros 9.000 millones de Fondos europeos, a los que seguirán otros 10.000 más en diciembre. Y ese mismo martes, el Consejo de Ministros “liberaba” en España el primer gasto con cargo a esos Fondos europeos: 1.631 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, el 2º programa de inversión más importante (tras el coche eléctrico y la movilidad sostenible) del Plan de recuperación presentado a Bruselas y que espera contar con un total de 70.000 millones de ayudas europeas en los próximos 5 años.

El programa de rehabilitación de viviendas de España, incluido en el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas, contempla una inversión total de 6.820 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023. Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y a partir de ahí, poner en marcha una industria de rehabilitación de viviendas y un esfuerzo inversor privado que permitan seguir por esta senda, con otro objetivo aún más ambicioso después: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, 7,2  millones de viviendas rehabilitadas en total para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo suena desmesurado si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2.01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media UE-27 está en el 1,5% de rehabilitación. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, por habitabilidad y alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). Tenemos un parque de viviendas de 25,7 millones, de las que 19 millones son viviendas principales. Y se estima que más de la mitad, concretamente 9,7 millones son anteriores a 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que serían las candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación 2021-2023, incluido en el Plan de recuperación de España, contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene 3 líneas de actuación: ayudas del 35 al 100% a particulares y empresas para la rehabilitación de viviendas (1.994 millones), rehabilitación de barrios enteros (976 millones) y nuevos incentivos fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) para la rehabilitación (otros 450 millones). El segundo Plan (1.000 millones de inversión) contempla la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades, donde el 30% de las viviendas son anteriores a 1960 y el 10% están en estado ruinoso, malo o deficiente), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos, de la administración Central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos y culturales o asistenciales (1.080 millones de inversión). Y el cuarto Plan del programa (1.000 millones más) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler entre 2022 y 2023.

El Plan de rehabilitación de viviendas privadas, el núcleo del programa (3.420 millones) contempla dos tipos de ayudas al propietario de la vivienda. Unas serán ayudas directas, subvenciones que irán del 35% al 100% del coste, según el tipo de rehabilitación que se haga. Y las otras serán incentivos fiscales en el IRPF, sólo para particulares, que serán del 20% (para obras menores), el 40% (para procesos integrales de rehabilitación) y hasta del 60% cuando se rehabiliten edificios enteros (o viviendas unifamiliares). En todos los casos, se exigirá que la rehabilitación suponga al menos un ahorro de energía del 30%, con obras ligadas al cambio de ventanas, reforzamiento de fachadas, aislamiento y cambio de calderas. Y se permite que las ayudas las puedan solicitar también los inquilinos, si pactan con el propietario destinar  el pago del alquiler al coste de la rehabilitación.

Todavía es pronto para cuantificar las ayudas, pero se estima que podrían ser de 5.000 a 15.000 euros por vivienda, según el proyecto de rehabilitación y el ahorro energético que se consiga. Y también se contemplan otras ayudas para que las comunidades de vecinos encarguen un Libro del Edificio (un estado de situación y sus necesidades) y para pagar la redacción de los proyectos de rehabilitación por parte de empresas y consultoras (financiando a las comunidades del 40 al 80% de su coste, hasta 16.000 euros).

De momento, el Consejo de Ministros ya liberó el 13 de julio la parte de este programa de rehabilitación correspondiente a 2021, los primeros 1.631 millones destinados a la rehabilitación residencial: 1.151 millones serán para la rehabilitación de viviendas y barrios y 480 millones serán para rehabilitar edificios públicos. Ahora, el siguiente paso es repartir este dinero público, porque el 80% lo gestionarán las autonomías, que son las que tienen las competencias de vivienda. Próximamente habrá una reunión del Consejo Interterritorial para repartir los fondos por autonomías, en base a los hogares y la población de cada una. Las 4 autonomías que van a recibir más de 100 millones para rehabilitar este año son Andalucía (199,9 millones), Cataluña (186), Madrid (161) y la Comunidad Valenciana (124,6 millones). Pero cara al futuro, la propuesta del Gobierno es que las autonomías que mejor lo hagan, que rehabiliten más viviendas, se les “premie” con más fondos para 2022 y 2023.

La intención del Gobierno es aprovechar estos meses para poner en marcha el sistema y que se puedan solicitar las ayudas para rehabilitación ya en septiembre, aunque lo más probable es que 2021 sea un año medio perdido. La clave es que no haya “peleas” entre el Gobierno central y los autonómicos de distinto color y que las autonomías pongan en marcha Oficinas únicas para la rehabilitación en los Ayuntamientos, facilitando los trámites a los particulares y comunidades de vecinos interesadas. Además, Fomento está promoviendo que se creen empresas para facilitar la rehabilitación ”llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a constructoras, energéticas y bancos. Además, se ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

A poco que se haga bien, podemos asistir a una “ola de rehabilitación”, donde particulares y empresas aprovechen estos Fondos europeos para remozar sus viviendas, a la vez que se rehabilitan barrios enteros y edificios públicos. El objetivo es que esos 6.820 millones de Fondos europeos puedan movilizar tres veces más de Fondos públicos y privados y conseguir así hasta 22.500 millones de inversión para rehabilitar el parque de vivienda. Esta nueva actividad puede generar una importante industria (se crearán empresas para gestionar las ayudas y otras para realizar la rehabilitación) y colaborar en la esperada recuperación. De hecho, el Gobierno estima que los Planes de rehabilitación crearán 188.000 nuevos empleos y contribuirán con 13.500 millones de euros al PIB. Eso sin contar con el ahorro energético que lograrán (-40% de energías fósiles) y el recorte estimado de emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales).

Todo apunta a que estamos ante una oportunidad histórica para mejorar el parque de viviendas (lo que podría aumentar la oferta de alquileres), fomentar nuevas empresas, crear empleos con futuro y colaborar en la lucha mundial contra el Cambio Climático. Y también estamos ante un gran reto: saber si España es capaz de gastar estos Fondos europeos con rapidez y eficacia. La Comisión Europea nos va a mirar con lupa, año tras año, con el compromiso de que el dinero europeo que no se haya gastado en rehabilitación (la fecha tope es el 26 de junio de 2026) habrá que devolverlo. Y que si el programa se atasca o va lento, no nos liberarán nuevos pagos. Nos jugamos mucho con hacerlo bien. A rehabilitar tocan.

Inútil cruzada contra las viviendas vacías

En España hay casi 3,5 millones de viviendas vacías, aunque sólo un tercio se pueden vender o alquilar porque el resto están en mal estado o sin demanda. Con el aumento de los desahucios, algunas autonomías han anunciado medidas para expropiar, multar o poner impuestos a algunas viviendas vacías. Una medida polémica e inútil, por la oposición de Bruselas y  los conflictos legales. Lo que urge es incentivar que se alquilen, con más ayudas a inquilinos y propietarios, lo contrario que ha hecho el Gobierno Rajoy, que acaba de quitar las ayudas al alquiler para jóvenes. Y para los que no pueden pagar un alquiler normal, habría que crear un parque público de alquiler social (entre 50 y 180 euros), con las 76.000 viviendas vacías del “banco malo” y nuevas promociones de Ayuntamientos y ONGs, con suelo y financiación pública. Menos atajos y demagogia con la vivienda y más Planes y ayudas para ofrecer viviendas sociales ya.

enrique ortega

Con el “boom inmobiliario”, entre 2001 y 2011, el parque de viviendas aumentó en España en 4,2 millones, hasta 25,2 millones. Las tres cuartas partes son viviendas principales (18 millones), otras 3,6 millones son secundarias y 3.443.365 son viviendas vacías, que también han crecido (+337.000 desde 2001). Dos tercios están en Andalucía (637.221), Comunidad Valenciana ( 505.029), Cataluña (448.356),Galicia (299.396) y Madrid (263.279), aunque el mayor problema no se da en las autonomías más pobladas (Madrid tiene un 9,1% de viviendas vacías y Barcelona un 11,3% frente al 13,7% en toda España), sino en zonas más rurales y atrasadas: Galicia (18,6% viviendas vacías), La Rioja (18%), Murcia (16,6%), Castilla la Mancha (16,3%), Extremadura(16,2%) y Castilla y León (15%).

El primer problema de las viviendas vacías es que sólo un tercio puede alquilarse o venderse, según el idealista.com, porque el resto son viejas (el 30% tiene más de 50 años), están en mal estado (15% en estado deficiente), en zonas turísticas (muchas zonas de Levante, como Denia, tienen un 31% o más de casas vacías) o ciudades y pueblos pequeños con poca demanda : las capitales con más porcentaje de viviendas vacías son Ávila (23,8%), Ourense (22,7%),Lugo (20,2%), A Coruña, Toledo y Almería (18,6%), León o la Rioja (18%), que no son los lugares con más problemas de vivienda en España.

Con todo, cuando hay más de 500 desahucios al día (y más que habrá, por el aumento del paro y la caída de ingresos de la mayoría de la población), algunas autonomías han pensado que una solución podría ser forzar el uso de estas viviendas vacías, empezando por las de bancos e inmobiliarias. Andalucía primero (y Canarias después) ha aprobado una norma para expropiar por tres años a los bancos las viviendas de familias desahuciadas sin posibles, medida rechazada por Bruselas. Y en paralelo, Andalucía ha anunciado multas de hasta 9.000 euros a empresas y bancos (no a particulares) que tengan casas vacías, mientras Cataluña anuncia un impuesto a bancos y empresas con pisos vacíos.

La primera medida puede ser justificable, a la vista que el Gobierno Rajoy no ha dado solución a las 220.000 familias que han sido desalojadas de sus casas por desahucios desde 2007. De hecho, crearon con la banca (a bombo y platillo, en enero 2013), un Fondo de 5.891 viviendas con bajos alquileres para desahuciados, pero hasta abril sólo habían tenido 450 solicitudes, porque son tantas las exigencias para beneficiarse, que la mayoría de desahuciados quedan fuera, sin techo, problema que tratan de paliar en Andalucía y Canarias. Pero otra cosa es forzar al alquiler con multas e impuestos, una vía poco eficaz.

Tener casi 3,5 millones de viviendas vacías es un despilfarro, como país y para sus dueños, ya que está ociosa una inversión que ronda los 500.000 millones de euros. Nadie tiene un piso vacío por gusto: el problema es que particulares y empresas no los consiguen vender (no hay demanda solvente ni hipotecas), salvo tirando precios, y tampoco alquilarlos bien. En el caso de promotoras, la rentabilidad del alquiler no les cubre la amortización de préstamos (que les asfixia): habría que ayudarlas a renegociar créditos y subvencionar intereses a cambio de poner sus pisos en alquiler. En el caso de particulares, una vez que el Gobierno les ha dado más garantías (reduciendo los plazos de contratos, facilitando la recuperación de la casa si la necesitan y agilizando los desahucios por impago), la solución pasaría por aumentar las ayudas fiscales al alquiler, para ocupar muchas de las casas ahora vacías. Y ayudas para rehabilitar las más viejas y deterioradas, a cambio de alquilarlas. Sobre todo cuando el alquiler en España es del 17% frente al 38% en Europa (47% en Alemania).

Pero el Gobierno Rajoy ha hecho lo contrario. Desde junio, los jóvenes menores de 30 años se quedarán sin la ayuda para alquilar (era de 200 euros al mes y Rajoy la bajó en julio 2012 a 147 euros), que ha beneficiado a más de 300.000 jóvenes desde que ZP la implantó en 2008. Y ahora, con el Plan de Vivienda 2013-2016, se implanta una ayuda al alquiler de hasta 200 euros al mes, que sólo podrán cobrar los minieuristas (532,57€ ingresos los solteros, 798,86 € una pareja o 1.118,36 las familias con dos hijos) y para alquileres inferiores a 600 euros (en Madrid o Barcelona, el alquiler medio supera los 800). Ayudas que aún no se pueden pedir (mes y medio después de aprobado el Plan), porque las autonomías no han fijado todavía las condiciones que exigirán en cada comunidad.


Además, Rajoy ha liquidado la Sociedad Pública de Alquiler y ha reducido las ayudas fiscales a inquilinos (10,05%) y propietarios (60% y hasta el 100% si alquilan a jóvenes) al limitar su base imponible (menos 24.107 euros). Y en el Plan de Vivienda, sólo destina 65 millones al año para subvencionar promociones de viviendas en alquiler, lo que dará para promover 2.000 viviendas al año.

Habría que volcarse de verdad en el alquiler, con más ayudas fiscales a inquilinos y propietarios y más subvenciones a los promotores. Pero eso no basta: muchos españoles no pueden hoy pagar un alquiler normal (600 a 900 euros), porque están en paro y sin ingresos (3,6 millones de personas, según Cáritas). Para ellos, la única salida son alquileres sociales, de 50 a 180 euros al mes. El problema es que no hay: España sólo tiene un 1% de alquileres públicos sociales, frente al 20% o más en Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Finlandia o Dinamarca. Ponernos a su nivel supondría crear un parque de alquileres sociales de un millón de viviendas, para hacer frente a los ya desahuciados (440.000) y a los que todavía se quedarán sin casa por no poder pagar su hipoteca o alquiler.

¿Cómo? Primero, incorporando las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, construidas con ayudas públicas y que los promotores quieren vender como viviendas libres. Segundo, con las 76.000 viviendas vacías que tiene el “banco malo”(SAREB), de las Cajas nacionalizadas con ayudas públicas, que quieren vender a especuladores en vez de ponerlas en alquiler social (ojo: un juez de Sabadell ya ha impedido el desalojo de los okupas de uno de estos pisos). Y tercero, dando suelo gratis y financiación barata a Ayuntamientos y ONGs (Cáritas, Cruz Roja…) para promover pisos para alquileres sociales. Calculo que con 1.000 millones al año de coste, se podrían promover 20.000 viviendas anuales. Y así tendríamos en cinco años unas 200.000 viviendas con bajos alquileres que evitarían un estallido social.

Es lo que piden los españoles: medidas eficaces, no demagogia. Buscar urgente una vivienda a los que no pueden pagar alquileres normales y dar una salida lógica y no impuesta a los que tienen una vivienda vacía. No hay atajos. Hace falta querer arreglar de verdad uno de nuestros mayores problemas: que todo el mundo tenga una vivienda digna. Se puede.

Vivienda: escasas ayudas alquiler y rehabilitación

El Gobierno acaba de aprobar el Plan de Vivienda 2013-2016, centrado en el alquiler y la rehabilitación, sólo quince meses después de haber recuperado las desgravaciones a la compra de vivienda, que suprimieron en enero de este año por exigencia del déficit y de Bruselas. Un cambio drástico, muy positivo, que esconde un problema: el Plan de Vivienda nace con pocos fondos, sólo 577 millones al año, la décima parte de lo que se gasta en Defensa o la mitad que en Justicia. Y con unas subvenciones al alquiler que son menos de la mitad de las que se llevan las autopistas y 250 veces menores que las últimas ayudas a las Cajas nacionalizadas. Una oportunidad perdida, porque el alquiler y la rehabilitación podrían ayudar a recuperar la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos) , reanimar la economía y dar una salida a los jóvenes, más de la mitad viviendo con sus padres.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy entró, en su primer Consejo de diciembre de 2011, por el viejo camino de apoyar la compra de viviendas, recuperando para 2012 la desgravación fiscal que había quitado Zapatero en enero 2011 y manteniendo el IVA superreducido del 4%, dos medidas que habían criticado muchas veces la Comisión Europea y el FMI, porque alimentaron la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Luego, la presión de Bruselas y la exigencia de recortar gastos les llevaron a quitar ambas ayudas, con fecha 1 de enero 2013. Y ahora, el Gobierno ha hecho de la necesidad virtud, cambiando su política de vivienda y centrándola en el alquiler y la rehabilitación, no en la compra (sólo mantiene la subvención de intereses a 250.000 compradores de viviendas protegidas).

En principio, apoyar el alquiler y la rehabilitación suena bien, pero el Plan de Vivienda 2013-2016 tiene un problema en origen: le faltan fondos. Su dotación es 2.311 millones en cuatro años, 577 millones de euros al año para la política de vivienda, una cantidad ridícula si se la compara con los 6.000 millones que destinó Rajoy a ayudas para la compra de vivienda en 2012 (desgravaciones e IVA). Y una cifra insignificante si se compara con el Presupuesto de Defensa (5.786 millones), Justicia (1.542) o Cultura (721,7 millones), con las subvenciones al transporte (1.178 millones), a los aeropuertos (847,4), a las autopistas (400 millones), a las eléctricas (2.200) o el último rescate a las Cajas nacionalizadas (40.000 millones).

La mayor parte del escaso presupuesto del Plan de Vivienda 2013-2016 se dedica a promover el alquiler :1.500 millones (375 al año), aunque se suprimen las ayudas a los promotores de alquileres sociales. Una cifra ridícula para superar el gran bache de España en alquiler, porque somos un país de propietarios: sólo un 17% de españoles viven en alquiler (83% en propiedad) frente al 38% en Europa (47% en Alemania). Con un país en recesión y 6 millones de parados, el alquiler es la única salida para muchas familias, que no pueden pagar ni la entrada de un piso (25%, con los gastos) ni una hipoteca (cada vez más difícil y costosa). Pero para eso hacen falta dos cosas: un parque de viviendas públicas en alquiler (que no hay) y ayudas para las familias con menos recursos.

El Plan contempla dos medidas. Una, promover  un parque público de viviendas en alquiler, con ayudas hasta el 30% del coste de edificación para organismos públicos, ONGs y empresas privadas que construyan para alquilar en suelo público. Pero el Plan sólo cuenta con 65 millones al año para subvencionar la construcción de viviendas en alquiler, con lo que sólo se podrán subvencionar 2.000 viviendas al año. Poco para un país donde tenemos sólo  un 2% de vivienda pública en alquiler (VPO), cuando en Francia o Reino Unido alcanza al 15%.

La otra medida del Plan de Vivienda 2013-2016 es ayudar a jóvenes y familias sin recursos a pagar sus alquileres. Aquí, el Gobierno Rajoy ha endurecido las condiciones y recortado las ayudas. El tope de ayuda baja a 200 euros al mes por alquiler (antes era 266,66), no se permite subvencionar alquileres de más de 600 euros (en Madrid o Barcelona, la media de alquiler de un piso de 90 metros supera los 800 euros) y ahora se mira el número de personas de la familia y lo que ingresan (para recibir ayuda, han de ganar menos de 532,57 € si es un soltero, 798,86 para una pareja, 1.118,36 € un matrimonio con dos hijos y un máximo de 1.597,53 € para cualquier familia, que era el único tope antes). Con ello, el Gobierno pretende repartir menos ayuda entre más personas, unas 133.000 al año, mientras se quedarán fuera incluso muchos mileuristas. Y eso en un país donde el 54,4% de los jóvenes viven con sus padres (46% en Europa) porque no pueden pagarse un piso o un alquiler.

La otra pata del Plan de Vivienda 2013-2016 es apoyar la rehabilitación, aunque con sólo 647 millones (161 al año). La idea es mejorar nuestro parque de viviendas (26 millones), donde más de la mitad (15 millones) tiene más de 30 años y 2 millones están en mal estado. Viviendas además con malos accesos (4 millones sin ascensor) y que gastan demasiada energía (luz y calefacción). Rehabilitar mata tres pájaros de un tiro: reanima el maltrecho sector de la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos con la crisis), reduce el consumo de energía (las viviendas consumen el 17% de la factura energética de España, 125 millones al día) y evita tener que cambiar de vivienda y construir otras nuevas.

El Plan contempla una ayuda a las comunidades de vecinos, de hasta 6.000 euros por piso (que puede llegar a 11.000 € si se hacen obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad). Una idea que está bien, pero tiene dos problemas. Uno, que 161 millones al año sólo dan  para rehabilitar entre 14.000 y 26.000 viviendas año, cuando hay 2 millones con graves problemas. Y la otra, que como el tope de ayudas es el 35% de la rehabilitación, los vecinos han de poner el 65% del presupuesto y no están las cosas para gastar. Y menos si el crédito oficial (ICO) sólo destina 250 millones año en créditos para rehabilitación. La esperanza del Gobierno es que empresas e inmobiliarias se dediquen a rehabilitar edificios y para ello les dan el “caramelo” de modificarles la Ley del Suelo, dejándoles que construyan más o cambien incluso el uso de los edificios.

La propia patronal CEOE había pedido al Gobierno medidas para apoyar la rehabilitación, pero con más ambición: rehabilitar 250.000 viviendas al año (diez veces más que el Plan), calculando que así se crearían 135.000 empleos año. Con el Plan cicatero del Gobierno sólo se crearán, entre rehabilitación y alquiler, 105.000 empleos en cuatro años. Y encima, se pone “un nuevo impuesto” a todos los propietarios de vivienda, por exigencia de Bruselas: el que quiera vender o alquilar su piso, a partir del 1 de junio de 2013 tendrá que entregar al comprador o inquilino un certificado energético de su vivienda (para ver la letra que le corresponde, de la A a la G, como la lavadora o el frigorífico), que le hará un técnico y que costará unos 250 euros (y renovarlo, porque sólo le vale por 10 años).

Al final, el Gobierno Rajoy, acuciado por recortar el déficit, ha perdido otra oportunidad de oro para reanimar la economía y el empleo: destinar muchos más fondos al Plan de vivienda, al alquiler y a  la rehabilitación. Una inversión pública  no excesiva (bastarían 2.000 millones al año) que dinamizaría la actividad de muchísimas empresas privadas y que en su mayor parte se recuperaría vía más ingresos fiscales, más cotizaciones, menos desempleo y menos gasto en energía. Así, y no con recortes, es como saldríamos de la crisis.