Enrique Ortega
Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empieza a superar la crisis financiera de 2008, y sobre todo tras la pandemia. En 2012, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo) rondaba el 4%, mientras las bajas por enfermedad (ILT) rondaban el 2% (el resto son ausencias por diversos motivos). A partir de 2014, sube ligeramente el empleo y también el absentismo, por encima del 5% en 2019 (las bajas por enfermedad suponen el 2,7% de las horas de trabajo). La pandemia trastoca las cifras, hasta picos de absentismo del 7% en 2021 y 2022, siendo el 5,8% por bajas por enfermedad. Y a partir de estos máximos, el absentismo ha bajado, pero poco: era del 6,6% en septiembre de 2025, un promedio diario de 1.477.549 personas que se ausentaron del trabajo, según el último estudio de Randstad. Y de ellas, el 5,2% no trabajaban porque estaban de baja médica (ILT), concretamente 1.164.129 trabajadores de baja.
En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las
fuerzas sociales una
vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido
enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los
sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las
fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el
problema de las bajas hasta el
pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de
AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear
un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana
después, el
16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse
sin resultados: los
sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el
absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .