España suspende en reciclaje

La Comisión Europea ha advertido a España: no cumplió los objetivos europeos de reciclaje de residuos en  2020 y va camino de incumplirlos también en 2025, igual que otros 17 paises comunitarios. El grave problema de España no es sólo que recicla poca basura (el 36,4% frente al 49% la UE) sino que envía demasiados residuos urbanos a los vertederos (el 52%, más del doble que el 23% de media europea), muchos de ellos vertederos ilegales. Las autoridades europeas exigen a España que seamos más ambiciosos en la gestión de los residuos, subiendo impuestos a las basuras y obligando a la recogida separada de residuos, junto a una lucha más decidida contra envases y plásticos. Mientras, ha cumplido 15 meses la nueva Ley de Residuos española, aprobada con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Y resulta difícil avanzar en el reciclaje, por la oposición o pasividad de muchas empresas, particulares y Ayuntamientos. Nos jugamos tener un país más limpio, aunque haya que pagarlo. Reciclemos.

Enrique Ortega

España, al tener menos renta por habitante que buena parte de Europa, genera menos basura que la media europea: 472 kilos al año de residuos municipales por habitante, frente a 530 kilos de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2021). Hay paises de la Europa rica del norte que generan muchos más residuos por habitante, como Dinamarca (786 kg), Bélgica (759 kg), Alemania (646 kg) , Finlandia (609 kg), Francia (561 kg) o Paises Bajos (515 kg), y otros de la Europa del sur con menos residuos, como Italia (487 kg) o Portugal (514 kg). El problema viene después, a la hora de gestionar estos residuos: normalmente, la Europa rica del norte recicla más y los paises pobres del sur reciclan menos.

Aquí está el problema de España: recicla poco y mal. En 2020, nuestro país reciclaba el 36,4% de los residuos urbanos, frente al 49% de media en Europa (UE-27) y porcentajes mucho más altos de reciclaje en la Europa rica: Alemania (reciclan el 67% de los residuos), Austria (62,2%), Paises Bajos (55%), Bélgica (54,2%), Dinamarca (53,9%), Luxemburgo (52,8%), Italia (51,4%), Francia (42,7%), Finlandia (41,6%) y Suecia (38,3%), según Eurostat. De hecho, España es el 10º país europeo que menos recicla, sólo por detrás de Malta, Chipre, Portugal, Grecia y 5 paises del Este. Y lo peor es que llevamos más de una década así: en 2008 reciclábamos el 40% de los residuos urbanos y después hemos estado entre un mínimo del 27% en 2011 y un máximo del 38% en 2019.

Lo peor es que la mayor parte de la basura que no se recicla en España acaba en vertederos, muchos de ellos ilegales y sin control. En 2020, el 52% de los residuos urbanos generados en España acababa en vertederos, frente a una media del 23% en la UE-27, según Eurostat. Con ello, España se coloca en el grupo de los 9 paises europeos más adictos al vertedero, donde tiran más del 50% de su basura, sin reciclarla: Malta (82,5%), Grecia (77,7%), Rumanía (74,3%), Chipre (67%), Bulgaria (61%), Croacia (55,7%), Hungría (54%), Letonia (52,8%) y España (52%). Algo que contrasta con la Europa más rica, donde hay 7 paises que tiran a los vertederos menos del 2% de su basura: Dinamarca (0,9% basura acaba en vertederos), Suecia (1%), Alemania y Finlandia (1%), Bélgica (1,1%), Paises Bajos (1,4%) y Austria (1,8%). Mientras, Francia envía a vertederos el 18,1% de sus residuos, Italia el 20,1% y Portugal el 47,5%.

El problema de España es que esta política de enviar la mayoría de la basura a vertederos viene de lejos: en 2016 se enviaba el 54%. Esta política nos ha causado ya graves problemas con las autoridades europeas: hay 3 sentencias contra España del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales. Y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia en España de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar hoy.

Y la tercera opción para los residuos urbanos, incinerar la basura (una fuente, además, de energía renovable), también se utiliza poco en España: se incineran un 11,6% de los residuos urbanos (2020), frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. En general, la construcción de incineradoras tiene un alto coste económico y provoca un rechazo social, por su posible contaminación y emisiones, además de suponer un alto coste por tonelada de basura incinerada, lo que lleva a muchas empresas a optar directamente por los vertederos.

La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reciclar los residuos urbanos. Ya en 2008 aprobó la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura para 2020 y sólo el 35% acabara en vertederos. Después, en 2018, la Comisión Europa aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el porcentaje de reciclaje al 55% para 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva europea para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo de 2 años a los paises.

Ahora, el 8 de junio de 2023, la Comisión Europea ha publicado un informe sobre el cumplimiento por los paises de estos objetivos de reciclaje, en base a los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Y el balance es desolador: 18 paises comunitarios no han cumplido el objetivo de reciclar un 50% de sus residuos urbanos en 2020, entre ellos España. Es más corto dar la lista de los 9 paises que sí han cumplido: Alemania, Austria, Eslovenia, Paises Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y república Checa. Y el otro objetivo, no enviar a los vertederos más del 35% de la basura, lo han incumplido también 13 paises de los 27: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Resumiendo: la mayoría de Europa recicla mal.

Lo peor de este informe de la Comisión Europea sobre el reciclaje no es el balance de estos años, muy marcados por el COVID y sus esfuerzos extras para todos, sino el futuro, que prevén muy gris para el reciclaje. El primer objetivo, ampliar el reciclaje al 55% de los residuos urbanos en 2025 se ve muy difícil para la mayoría: de hecho, la Comisión Europea prevé que incumplan este futuro objetivo de reciclaje 18 paises, entre ellos España, los mismos que ahora. Y respecto al otro objetivo para 2035, rebajar al 10% el porcentaje de basura que acaba en vertederos, la Comisión Europea estima que habrá 13 paises europeos que lo incumplan también: España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Chequia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.  

Hay un tercer objetivo europeo, sobre la recogida de envases. El primer objetivo europeo era la recogida del 60% de envases para 2020 y el 65% para 2025. España está entre los 18 paises europeos que sí cumplen hoy el objetivo (reciclan el 68,3% de los envases) y que pueden cumplirlo también en 2025. Sin embargo, la AEMA destaca que España ha reducido su reciclado de envases en los últimos 4 años y resalta que se puede haber producido una menor notificación de los residuos declarados por los productores. Esto coincide con las denuncias recientes de organizaciones ecologistas en España, que se quejan de manipulación en los datos de reciclaje por parte de Ecoembes.

Además del reciclaje de los envases genéricos, la Comisión Europea analiza las perspectivas de reciclaje  del papel y cartón (objetivo: reciclar el 55% para 2025), hierro y metal (reciclar el 65%), aluminio (50%), vidrio (reciclar 70%), plástico (reciclar el 50%) y madera (reciclar el 25%). La estimación de la Comisión es que todos los paises cumplirán los objetivos de reciclaje de papel y cartón salvo 4 paises (España, Croacia, Malta y Eslovaquia). Que en reciclaje de hierro y metal cumpla España y 21 paises más. Que en reciclaje de aluminio, no cumpla en 2025 ni España ni otros 8 paises más. En reciclaje de vidrio si piensan que puede cumplir España y 16 paises más, lo mismo que en reciclaje de madera. Y en el objetivo más ambicioso, reciclar la mitad de los plásticos, España y otros 18 paises corren el riesgo de incumplirlo, alcanzando sólo el objetivo en 2025 Bélgica, Alemania, Paises Bajos, Suecia, Letonia, Chequia y Eslovenia, según el informe de la Comisión Europea.

Las autoridades europeas piden a los paises un mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos de residuos, aumentando el porcentaje de reutilización y reciclaje y reduciendo drásticamente el vertido de residuos, como medidas claves para “lograr la neutralidad climática, aumentar la seguridad del suministro de materias primas, el ahorro de energía y la dependencia europea de terceros paises”. Y dan varias recetas básicas, a España y al resto de paises: reciclar más, limitar los vertederos, aumentar la recogida separada de residuos orgánicos, reducir el consumo de plásticos y aumentar la recogida de envases. Para incentivar estas medidas, proponen subir las tasas a la basura y los impuestos al plástico, medidas que encarecerán los costes a empresas y consumidores.

España afrontó el grave problema de los residuos trasponiendo (con retraso) la Directiva europea de Residuos de 2008 y la de plásticos de 2019, aprobando el Gobierno Sánchez (en mayo de 2021) una Ley de Residuos que no se aprobó en el Congreso hasta el 31 de marzo de 2022, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022). Para ello, en julio de 2022 se prohibieron los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y antes, en abril de 2022, entró en vigor la norma que obliga a bares y restraurantes a servir agua a granel gratis a sus clientes.

La Ley de Residuos aprobó 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta entonces, había 10 autonomías que tenían tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además eran muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se daba un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa sobre la gestión de residuos.

La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.

Otro cambio importante de la Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada es “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obligó a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando su reciclaje.

Tenemos Ley de Residuos, pero hay que ir aplicándola y cambiando todos los hábitos, desde los fabricantes (envases y plásticos) a los usuarios, pasando por las industrias, la construcción y los Ayuntamientos. Por un lado, hay que concienciar para reducir los residuos urbanos y dar una nueva vida a muchos de ellos, con “la economía circular”. Y por otro, hay que obligar al reciclaje, con tasas a las basuras y a su gestión, para que “el que contamine pague”. Y prohibir con más dureza los vertederos ilegales, que son la demostración más patente de nuestro fracaso medio ambiental. Y todo ello exige inversiones y costes, que tendremos que pagar: si cada día generamos más residuos, gestionarlos mejor será más caro. Para industrias, constructores, negocios, bares, comercios, particulares y ciudades. Deberá subir el coste de la recogida de basuras, hoy demasiado barato para la mayoría.

En definitiva, si queremos seguir consumiendo y generando residuos, tendremos que pagarlo para conseguir un país más limpio, sin vertederos y con más reciclaje. El problema es cómo se reparte esta factura, que no acabe repercutiendo sólo en el consumidor final, vía recargos en los envases o en la recogida de basuras. Es lo que no concreta la Ley de Residuos: un reparto más concreto y eficaz de los costes, para que no paguemos los de siempre. Y otro problema más grave: si ganan las elecciones del 23-J los que no apoyaron la actual ley de Residuos (PP y Vox), ¿retrocederemos en la lucha por un país más limpio? Me temo lo peor.

España: poco reciclaje y muchos vertederos

Uno de los problemas más serios en este siglo es la basura: cada persona produce casi 1 kilo de residuos domésticos diarios, más los residuos industriales (4 veces más). Y el 70% de esta basura mundial acaba en vertederos. Cada minuto usamos 1 millón de botellas de plástico, mientras generamos 8 kilos de desechos electrónicos anuales por persona. En España, el problema es aún más grave, porque somos el 4º país europeo que menos recicla (el 34,8% de la basura) y el que tiene más vertederos ilegales, por los que el Tribunal de la UE nos ha multado varias veces. El Gobierno ha aprobado, en mayo, una Ley de Residuos, creando un impuesto estatal a la basura para que no vaya de una autonomía a otra, buscando donde menos se cobra. Y otro impuesto a los plásticos, prohibiendo los de un solo uso. El objetivo es cumplir la exigencia europea para 2035: reciclar el 65% de la basura. Difícil pero necesario: la basura nos come.

 

Enrique Ortega

Vivimos en un mundo muy sucio, que produce 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,2 millones de Tm. cada hora), según el último dato de la ONU. Y un 20% de esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi 1 kilo diario por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y un 5% se incinera) y acaba en vertederos, en tierra, ríos y el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), que en un 79% acaban en vertederos o en el mar. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia o Africa.

Si analizamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), sin contar la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de los residuos), los paises que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los paises que generan más residuos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734 kg/hab), Suiza (730 kg), Dinamarca (758), Alemania (620), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482 kg/hab).

España genera menos basura por habitante (sólo residuos urbanos) que la mayoría de paises europeos: 476 kilos por habitante y año en 2019, por debajo de la media europea (502 kilos/hab en la UE-27) y el país europeo nº 16 en la generación de residuos urbanos, según las últimas estadísticas de Eurostat. A raíz de la crisis de 2008, en España cayó la generación de residuos municipales, de 510 kilos por habitante en 2010 a un mínimo de 448 kilos en 2014, pero luego, con la recuperación, ha aumentado la basura generada, hasta los 476 kilos por persona de 2019, aún inferior a la de los grandes paises europeos.

Pero España tiene un problema más grave con la basura que el resto de Europa: recicla mucho menos residuos municipales (y también industriales). De hecho, en 2019 sólo reciclamos el 34,8% de los residuos municipales (reciclaje más compostaje), frente a una media de reciclaje del 48% en Europa, según Eurostat. Y somos el 10º país europeo que menos recicla, muy lejos de los paises líderes en reciclaje de residuos: Alemania (66,6%), Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Paises Bajos (56,9%), Bélgica (54,7%), Dinamarca (51,5%), Italia (51,3%) y Lituania (49,9%), todos por encima der la media. Además, hemos avanzado poco en el reciclaje de residuos urbanos: del 29,2% que reciclábamos en 2010 al 34,8% en 2019 (la UE ha pasado del 20% al 48%).

Otra parte de la basura no se recicla (reciclaje o compostaje) sino que se incinera, se quema en plantas especializadas. En Europa se incinera un 28% de los residuos urbanos, bastante más que en España, donde sólo se incineran el 11,2% de residuos municipales, según Eurostat. Una técnica que trata de reducirse, porque genera emisiones de gases de efecto invernadero (sobre todo metano, más peligroso para el cambio climático que el CO2), consume energía (muchas plantas no la recuperan) y, sobre todo, provoca riesgo de cáncer en la población cercana a las incineradoras, según distintos estudios científicos.

La tercera opción para la basura, cuando no se recicla ni incinera, es llevarla a vertederos, algunos legales y muchos ilegales. Es la opción más utilizada en España: un 54% de la basura urbana acabó en vertederos en 2019, frente a menos de la mitad, el 24% de media en la UE-27, según Eurostat. Esto nos coloca como el 4º país con más peso de los vertederos en Europa, sólo por detrás de Malta (91,6% de la basura urbana acaba en vertederos), Grecia (77,6%) y Chipre (67% de la basura en vertederos). Y muy alejada del peso de los vertederos en la basura de  Suecia, Finlandia, Bélgica y Holanda (menos del 0,6%), Alemania (0,8%), Francia (19,6%) o Italia (20,9%). Además, tampoco hemos avanzado mucho en los últimos años: en 2010 acababa en vertederos el 62,3% de la basura, frente al 54% ahora (mientras en la UE 27, el porcentaje de los vertederos ha bajado del 48% al 24%).

El problema además de España no es sólo que más de la mitad de la basura no se recicle ni incinere y acabe en vertederos. Es que hay demasiados vertederos ilegales junto a los legales. España tiene 182 vertederos de residuos municipales, más otras 50 plantas de gestión de residuos industriales y peligrosos, la mayoría instalados en el noreste de España (Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña), con unas 30 instalaciones de media en cada una de estas cuatro regiones, más otras 20 de media en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía. Pero junto a estos vertederos legales, España contaba en 2018 con 1.513 vertederos ilegales, según denunció la Comisión Europea, algunos hoy cerrados pero no la mayoría. Y eso ha provocado que el Tribunal de Justicia de la UE haya multado dos veces a España por ellos, desde 2015, la última por 61 vertederos (ver listado).

España recicla menos residuos urbanos y utiliza más los vertederos por una mala gestión de los residuos en origen: el 82% de los residuos urbanos no se separan correctamente, la basura está mezclada y eso dificulta su tratamiento. La Comisión Europea ya ha advertido varias veces a España que no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica, por lo que “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así no se pueden tratar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, lo que provoca que, después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se pueda reciclar y vender, con lo que acaba finalmente en los vertederos (legales e ilegales).

Pero además, las plantas de reciclaje de basura en España funcionan mal, según otro informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría aportados por Europa) para construir enormes plantas procesadoras de residuos, que concentran en un solo punto la basura de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas de tratamiento de residuos. Y además, las “macro plantas” españolas  son “poco eficaces”, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llega al 5%, con lo que el 95% restante acaba en vertederos (legales e ilegales), que proliferan por doquier, o se exporta.

Y no es solo la “basura tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal “la basura electrónica” (ordenadores, teléfonos y otros aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante al año, más que en Europa (16,6 kg) y casi el triple  que la media mundial (7,3 kg/habitante, según la ONU). Aquí, el porcentaje de reciclado es aún menor que en la basura urbana: el 25% (frente al 35% de basura electrónica que recicla la UE-27). Y el 75% restante se gestiona “de forma inadecuada”, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta a Africa o Asia (muchas veces ilegalmente) o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable, porque debemos recordar que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros) al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclaje. Se trata de “un fraude generalizado” en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

El grave problema de la basura preocupa mucho en Europa. Ya en 2008, la Comisión Europea aprobó una Directiva sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y que sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Después, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos el objetivo para 2020 (recordemos: reciclamos el 34,8% de los residuos urbanos frente al 50% propuesto), tendrá muy difícil cumplir los objetivos señalados para 2025 y 2035. Y sobre todo, algunas autonomías más retrasadas en el reciclaje, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan en torno al 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2018 a España y a otros 13 paises europeos (Finlandia, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y 8 paises del Este) para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje” porque corrían el riesgo de no cumplir el objetivo europeo de reciclar el 50% en 2020. Y antes, en febrero de 2017, Bruselas publicó un Informe donde señalaba los problemas de España con la basura: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos, falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías y ayuntamientos, que son los que tienen la competencia para la gestión de residuos, con escasos medios y financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que no aplicó ni el Gobierno Rajoy ni los sucesivos gobiernos de Sánchez. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los distintos impuestos autonómicos. La propuesta es simple: se necesita más dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado, y ese dinero deben pagarlo los que generan la basura (comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares). Y hoy por hoy, las tasas por vertidos que se pagan en España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa. Y además, sólo 10 autonomías tienen impuestos (diferentes cada una) sobre los residuos industriales (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas), lo que explica “el turismo de residuos”: empresas que llevan su basura a las regiones que no cobran, lo que explica que el mayor vertedero industrial de España esté en Almonacid del Marquesado (Cuenca). Y sobre los vertidos municipales, solo cobran tasas 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra), según este cuadro de los ecologistas.

Así hemos seguido, generando residuos y sin tomar medidas, a pesar de las alertas europeas. El 5 febrero de 2021, 16 organizaciones ecologistas y ONGs españolas presentaron una demanda por incumplimiento de los objetivos europeos ante la Comisión Europea, que estudia ahora si abre expediente a España. Esta denuncia, más la exigencia de reformas estructurales para recibir los Fondos europeos, ha llevado al Gobierno a acelerar la Ley de Residuos, aprobada en el Consejo de Ministros del 18 de mayo. Su objetivo es incentivar el reciclaje de residuos con la creación de 2 impuestos “verdes”. Un impuesto sobre la incineración y el depósito de residuos en vertederos (654,2 millones anuales) y otro impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso (723,8 millones). Además, se obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la recogida separada de basura orgánica en 2022 (y al resto en 2024), junto a recogidas separadas de textiles y aceites para 2025. También se prohíbe la venta de cubiertos y pajitas de plástico de un solo uso y se obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis, cuando se apruebe esta Ley.

El objetivo de esta Ley de Residuos, que debe entrar en vigor en 2022, es doble: reducir los residuos que generamos (un 15% en 2030 sobre los de 2010: de 510 kilos por persona a 433 kilos, 63 kilos menos que ahora) y aumentar el reciclaje de residuos (un 10%, hasta el 44,8% en 2030, aún lejos del 65% objetivo europeo en 2035). España está muy retrasada respecto a Europa en la gestión de residuos y no tiene fácil homologarse con la UE. Pero hay que intentarlo, con esta nueva Ley de Residuos, con fuertes inversiones en autonomías, ayuntamientos e industrias y con un cambio de hábitos de todos nosotros, separando y reciclando nuestros residuos. Urge hacerlo, porque la basura “nos come”.

El reciclaje, otra asignatura pendiente

La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos”. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.

enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different”. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son “bombas de efectos retardados”, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.  

España, un país de vertederos que no recicla

El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de condenar a España por tener 61 vertederos ilegales, tras otra condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.

              Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife)                                         La Opinión

La basura creciente es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos. La mayoría son biorresiduos (40%), seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.

Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en 2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475 kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.

Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300 vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que “España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).

El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña, Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos vertederos  a 30 años vista, algo que la mayoría no tienen.

España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las macroplantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede vender y acaba en los vertederos.

Ya no es sólo la basura tradicional la que se recicla poco y mal. España también gestiona mal  la "basura electrónica", de la que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7 kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas, los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el 25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea. Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para extraerles los componentes de valor.

La Comisión Europea cree que España tiene un buen marco legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco para la Gestión de Residuos (PEMAR), aprobado en 2016, pero cree que falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la gestión de residuos, con dos objetivos claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar la responsabilidad al productor, para que las industrias utilicen sistemas de envasado que reduzcan los residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.

Al final, los impuestos y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar más los impuestos para mejorar el medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan. Y reiteran la necesidad de educar a los consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta, para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de dinero y de impuestos, también de educación: nosotros y nuestros hijos debemos aprender que la basura es un problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el medio ambiente. Y que no podemos llenar el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del siglo XXI. Que no nos coma la basura.