COVID: más vacunas o restricciones en Navidad

Estamos de lleno en la 6ª ola de la pandemia, tras multiplicarse por más de 4 los contagios el último mes y medio, aunque somos el 2º país de Europa con menos incidencia, gracias a que están vacunados el 79,2% de españoles. Pero ahora, la vacunación va lenta y todavía hay 3,8 millones de personas sin las 2 dosis: 145.555 con más de 60 años (tienen 25 veces más riesgo de muerte que los vacunados) y sobre todo, entre 30 y 49 años (2.401.938), más en peligro porque les pueden contagiar sus hijos. Urge un Plan para “repescar” a los no vacunados, acelerar la 3ª dosis a los mayores de 60 años (sólo la tienen 4,5 de 12,2 millones) y vacunar ya a los niños de 5 a 12 años (3 millones), una garantía para sus padres y abuelos. Vacunar, vacunar y vacunar. Mascarillas y distancia social.  Sólo eso puede ayudarnos a “salvar la Navidad” .Y más con la nueva variante "ómicron". Si no, volverán las restricciones y se frenará la recuperación.

Enrique Ortega

La pandemia sigue en el mundo a velocidad de crucero, aunque los contagios llevan 4 semanas creciendo algo menos, 3,93 millones la última semana. Son ya 261,50 millones de personas contagiadas por COVID 19 en 193 paises, el 3,33% de la población mundial, según los datos de la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América, con 96,52 millones de contagios, pero se le acerca Europa (85,40 millones) y les siguen de lejos el Sudeste asiático (44,49 millones), el Mediterráneo oriental (16,71), Pacífico (10,04) y África (6,25 millones de contagiados), según la OMS. Por paises, sigue liderando el ranking Estados Unidos (48,22 millones de contagiados, el 14,6% de su población), India (34,58) y Brasil (22,08), seguidos a distancia por Reino Unido (10,20 millones de contagios, el 15% de su población), Rusia (9,4 millones), Turquía (8,74), Francia (7,72), Irán (6,10), Alemania (5,80) Argentina (5,32), España (5,13 millones, el 10,8% de la población), Colombia (5,06), Italia (5) y México (3,88 millones de contagiados).

Los muertos por la pandemia son también elevados, pero también llevan 6 semanas bajando ligeramente, con 48.367 fallecidos en el mundo la última semana. Hoy se alcanzan los 5.199.920 muertos por COVID 19 (3,25 millones fallecidos este año 2021, el 63% del total), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (2.344.023), seguida a distancia por Europa (1.532.738 muertos) y Sudeste asiático (705.060), junto al Mediterráneo oriental (308.422), África (152.631) y el Pacífico (140.116 muertes), según la OMS. Por paises, destaca la alta mortalidad en EEUU (776.639), Brasil (614.278) e India (468.790), seguidos por México (293.897 muertos), Rusia (267.527), Perú (201.108), Reino Unido (145.218), Italia (133.647), Irán (129.629), Colombia (128.437), Francia (119.875), Argentina (116.529), Alemania (100.960), Ucrania (90.345) y España (87.955 muertos).

En Europa, los contagios se han disparado en noviembre, rondando una incidencia de 500 contagios por 100.000 habitantes, según el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC), que vaticina una subida en las próximas dos semanas, sobre todo en la Europa del norte y del este, menores en España, el 2º país con menos incidencia del COVID, con 171,68 contagios/100.000 habitantes (tras Suecia: 138). Estamos muy lejos de la incidencia del Reino Unido (862), Alemania (852), Francia (388), Portugal (300) e Italia (220) y sobre todo, del nivel de contagios de Austria (2.089 por 100.000 habitantes), Chequia (1.950), Bélgica (1.706) o Paises Bajos (1.592), según los últimos datos de Sanidad.

Pero en España, los contagios se han disparado desde el suelo de la 5ª ola (40,52 contagios el 14 de octubre) y podemos hablar de una 6ª ola de la pandemia, con los contagios creciendo cada día con más fuerza (se han cuadruplicado en mes y medio). Y otra vez, la incidencia es muy desigual por autonomías. Sanidad ha cambiado el semáforo de colores que indica el peligro según el nivel de contagios, debido a la alta vacunación, con lo que ahora hay que tener el doble de contagios para cada nivel de riesgo. Tenemos 2 autonomías en riesgo “alto” (incidencia de 300 a 500): Navarra (499,25) y el País Vasco (387,66). Otras 14 regiones están en riesgo “medio” (incidencia de 100 a 300), donde está la media de España (171,68): Aragón (292), Cataluña (223), Baleares (217), Castilla y León (204), Murcia (184), La Rioja (184), Comunidad Valenciana (176), Canarias (157), Galicia (148), Melilla (134), Cantabria (130), Madrid (126), Asturias (124) y Castilla la Mancha (100,53). Y sólo están en riesgo “bajo” (incidencia de 50 a 100) las 3 regiones restantes: Andalucía (89), Ceuta (83) y Extremadura (72).

Ahora se hacen más pruebas (test y PCR) que antes (770.000 la última semana frente a unas 500.000 a principios de octubre), lo que permite detectar más contagiados, con un porcentaje de 6,08% contagiados en las pruebas, el doble que a principios de noviembre (2,79%).Es importante analizar en qué edades se concentran los contagios, según Sanidad: las mayores tasas se dan entre los niños menores de 11 años (274 contagios por 100.000 frente a 171,68 de media), todavía sin vacunar, y entre sus padres, los que tienen de 40 a 45 años (204 contagios) y los de 30 a 39 años (174 contagios), siendo también mayor que la media los contagios entre 60 y 69 años (¿sus abuelos?), 173 por 100.000, aunque son más bajos entre 70 y 79 años (145) y los mayores de 80 años (103). Pero curiosamente, el nivel más bajo de contagios se da entre los adolescentes (89,90 contagios), gracias a su alta vacunación (84,2% con las 2 dosis, el porcentaje más alto entre los menores de 40 años).

El aumento de contagios ha supuesto también un aumento de las hospitalizaciones: había 3.385 enfermos de COVID en hospitales (frente a 1.730 a finales de octubre), un 2,73% de las camas hospitalarias, aunque el porcentaje es más alto en País Vasco (3,07%), según Sanidad. También aumentan los enfermos en UCIs: 597 el viernes, cuando sólo había 435 a finales de octubre. Ocupan el 6,50% de las camas UCI, aunque el porcentaje es más preocupante en Cataluña (7,80%), Madrid (7,71%), La Rioja (7,55%) y Comunidad Valenciana (6,99%). De los que acaban en las UCIs, la gran mayoría son pacientes sin vacunar (10 de 11 en la Comunidad Valenciana, todos en Murcia y Navarra) y en algunos casos, mayores de 60 años sin la 3ª dosis y con patologías previas.

La mortalidad sube algo respecto a las últimas semanas, aunque es menor que en septiembre y octubre: han muerto por COVID en España 145 personas la última semana (viernes 19-viernes 26 noviembre), según Sanidad, algo más que en la semana anterior (137 muertes) y la 2ª de noviembre (136 muertos), aunque menos que en la 1ª semana de este mes (169 muertes) y que en la última semana de octubre (158 muertes). Como  indica Sanidad, las personas no vacunadas de entre 60 y 80 años (todavía 145.838) tienen 25 veces más riesgo de muerte por COVID que las que tienen la pauta completa. En las residencias, donde todavía hay personal y visitas no inmunizadas, los contagios se han disparado: 249 contagios por COVID hace dos semanas, frente a 88 y 59 en las dos primeras semanas de noviembre, aunque hubo sólo 6 muertes, según los datos del IMSERSO.

Ahora, de cara al final de año, preocupa el mayor contacto entre las personas, primero este puente de diciembre y luego la Navidad, dos factores que podrían disparar los contagios y  superar los 400 contagios por 100.000 habitantes a finales de año, porque crecen exponencialmente (se duplican en semanas), como se está viendo ya en Europa. Tampoco ayuda el invierno (el frío dificulta la ventilación de locales, colegios y trabajos) y la esperada epidemia de gripe, que podría ser más virulenta al no haberse desarrollado apenas el invierno pasado. Y luego están las mutaciones del virus, la última descubierta en Sudáfrica (la variante “ómicron”, muy contagiosa y más peligrosa) y detectada ya en Bélgica, Paises Bajos, Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca y Reino Unido, provocando que Europa cierre todos los vuelos con 7 paises del sur de África.

El riesgo de un mayor repunte del COVID 19 es muy evidente y deberían tomarse mayores restricciones (como están haciendo Austria, Alemania, Francia y casi todos los demás paises europeos),  además de reiterar la necesidad de higiene de manos, distancia y mascarilla, que debería ser obligatoria en exteriores. Una vez más, Sanidad y las autonomías han sido incapaces de acordar restricciones comunes y cada región va a su aire, tomando medidas unilaterales con permiso o no de sus jueces. En el País Vasco, el Tribunal autonómico (ideológicamente muy señalado) ha vuelto a negarles una restricción: exigir el pasaporte COVID en la hostelería y locales de ocio. Pero los Tribunales sí lo han autorizado en Navarra, Cataluña, Baleares, Galicia y Murcia, estando a la espera Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Y las demás autonomías, con Madrid a la cabeza, no creen que haya que exigir el pasaporte COVID (defienden “la libertad”… de los no vacunados a contagiarnos) ni restringir más horarios ni aforos en hostelería y ocio.

Las restricciones podrían ayudarnos a “salvar la Navidad”, pero lo más efectivo es acelerar la vacunación, que se ha ralentizado en los últimos dos meses. Buceando en los datos de Sanidad (25 noviembre), se ve que había 4.853.904 adultos sin vacunar el 23 de septiembre y el viernes seguía habiendo 3.850.369 adultos sin vacunar: sólo 1 millón menos sin vacunar en 2 meses. Es urgente aprobar un “Plan de repesca”, para facilitar la vacunación completa de esos 3,8 millones de españoles adultos. Sobre todo de tres grupos: los mayores de 60 años (los más vulnerables) que no han completado las 2 dosis (145.555 el viernes), los que tienen entre 40 y 49 años (982.048 todavía sin inmunizar) y los que tienen entre 30 y 39 años (1.419.890 sin las dos dosis todavía), dos grupos de edad que tienen también un alto riesgo, porque pueden tener hijos menores de 11 años, el colectivo donde más está atacando el virus. Además, hay que acelerar la 3ª dosis en los mayores de 60 años, que también va retrasada: la han recibido 4,5 millones de un total de 12,2 millones. Y urge empezar a vacunar a los menores de 11 años (3 millones), ahora que se ha autorizado la vacuna de Pfizer. Sería una garantía para salvar el curso y preservar el contagio de padres y abuelos.

Pero todo este reto de mayores vacunaciones  no es posible si no se refuerza la sanidad pública, en especial los Centros de salud, que están colapsados: no pueden atender a los enfermos no COVID y no dan abasto para vacunar. El problema se va a agravar con las fiestas de Navidad (habrá menos personal) y, sobre todo, a partir del 31 de diciembre, porque la mayoría de las autonomías van a despedir al personal sanitario que contrataron extra en 2020, por la emergencia del COVID: casi 28.000 sanitarios que se incorporaron como refuerzo por la pandemia, un 40% de los contratados, serán despedidos antes de final de año, según el sondeo que ha hecho la Cadena Ser. Sólo se mantendrán las plantillas en Cataluña, la Rioja y Castilla y León. Y eso a pesar de que las autonomías dispondrán de más recursos que nunca en 2022: 112.213 millones (+6,3%) de adelantos a cuenta, destinados básicamente a financiar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.

Y por supuesto, a medio plazo, el gran reto del mundo es vacunar a los paises más pobres, porque aunque Europa o EEUU tengan al 70% de su población vacunada, en  los paises pobres sólo esta vacunada el 3% de su población , en África el 7% , en la India el 30%, en Indonesia un 34% y en Rusia un 38% (ver mapa) . Y así, el riesgo del COVID 19 se fortalecerá en los paises en desarrollo y  acabará llegando a Occidente, poniendo a prueba sus vacunas y su salud, como ha pasado con la variable Delta de la India o la ómicron de Sudáfrica. O ayudamos a vacunar a todo el mundo (iniciativa COVAX) o no acabaremos de salvarnos de esta pandemia, como insiste la OMS.

En definitiva, urge hacer frente con todos los medios a esta 6ª ola, que podría dispararse en Navidad, como ya vimos el año pasado. Eso supondría más enfermos y más muertos, pero también pondría en peligro la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo previsto en España, por la tremenda subida de los precios y el atasco en el comercio mundial, que afecta a muchas empresas. Y ahora, si Europa se hunde en una grave ola de COVID (que podría causar 500.000 muertos de aquí a marzo, según la OMS), la recuperación europea también pinchará y eso nos afectará mucho. Así que hay que vacunar más (en España y en todo el mundo) y restringir contactos lo que haga falta. Por salud y economía. 

Empresas: el tamaño sí importa

España tiene un viejo problema de baja productividad: somos el país nº 18 en el ranking europeo de producción (PIB) por habitante y por eso tenemos menos nivel de vida. Y mucho tiene que ver el tamaño de nuestras empresas, donde la gran mayoría (93,58%) son muy pequeñas (menos de 10 trabajadores) y sólo tenemos un 1% de empresas medianas y grandes (un tercio menos que Alemania). El problema es que las empresas pequeñas son menos productivas, crean menos empleo, exportan menos y aportan menos crecimiento, como demuestra un estudio de su patronal, CEPYME. Por eso, proponen medidas para ayudar a las pymes a “dar el salto”, lo que permitiría crear 1.175.000 empleos más, subir salarios, crecer un 5,2% más y recaudar 20.000 millones extras en impuestos. Conseguir empresas más grandes, como pide la Comisión Europea, es uno de los objetivo del Plan de Recuperación y de una Ley (“Crea y Crece”) que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año. Aquí, el tamaño sí importa.

Enrique Ortega

Uno de los problemas más de fondo que tiene España, y del que apenas se habla, es nuestra baja productividad, que producimos mucho menos por habitante que la media europea y que los paises del norte, que por eso son mucho más ricos. El problema viene de lejos. En 1986, cuando España ingresó en la CEE, producíamos (PIB por habitante) el 76% de la media europea. La adhesión y los ajustes económicos mejoraron nuestra productividad, hasta conseguir superar la productividad media europea (también por la adhesión de paises del Este poco competitivos) en 2006, cuando alcanzamos un 105% de la productividad media de la UE-27. A partir de ahí, con la crisis de 2008, nuestra productividad cayó en picado, hasta ser un 90% de la europea en 2013. Y luego mejoró algo, hasta el 93% en 2017, para caer de nuevo al 91% en 2018 y 2019. Y con la pandemia, cayó de nuevo al 86% en 2020, según Eurostat.

Producimos menos por habitante por muchas razones, entre ellas por nuestro modelo económico (demasiados bares, hoteles y comercios pero pocas industrias), por la baja formación de los españoles (un 37,1% tienen “baja formación”, la ESO o menos, el doble que en  Europa), la escasa inversión en tecnología e innovación, el menor peso de la exportación y un problema del que se habla poco: tenemos demasiadas empresas pequeñas, menos competitivas y que crean menos empleo, más vulnerable y peor pagado.

El último Censo oficial, de octubre de 2021, indica que tenemos 2.929.722 empresas, de las que un 93,58% son muy pequeñas: 1.670.995 son empresas sin asalariados (38,60%) y 1.131.163 empresas (54,98%) que son “microempresas” (tienen de 1 a 9 trabajadores). Otras 157.103 empresas (5,36%) son también pequeñas. Así que sólo tenemos 25.499 empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores), un 0,87%, y 5.012 empresas grandes (más de 250 empresas grandes), el 0,17% restante. En definitiva, que sólo un 1,04% de todas las empresas españolas tienen más de 50 trabajadores, cuando en Europa son el 1,12% (pero tienen más medianas y sólo un 92,86% de microempresas). Y en Alemania, las microempresas son sólo un 87,23% del total de empresas y tienen el triple de medianas y grandes empresas.

España, en realidad, tiene dos problemas con sus empresas, según un reciente informe que acaba de publicar CEPYME, la patronal de las pymes. El primero, que se mueren antes que en el resto de Europa. Aquí “nacen más empresas”, en contra de lo que se piensa: se crean 35,3 empresas por cada 10.000 habitantes, con lo que somos el tercer país más emprendedor de Europa (tras Reino Unido y Portugal), por delante de la media europea (27 empresas/10.000 habitantes) y duplicamos la creación de empresas de Alemania (17,8), Holanda o Irlanda. Pero nuestras nuevas empresas “mueren antes”: la mitad de las nuevas empresas españolas no sobreviven a los 3 años (el 50,6%), frente al 54,6% en la UE-28 y el 56,6% en Alemania. Y sólo un tercio (el 38,5%) de las empresas españolas sobreviven a los 5 años, frente al 42,4% que sobreviven la UE-28 y el 45,9% en Alemania.

Nacen más empresas en España pero sobreviven menos por su pequeño tamaño: las pequeñas son más vulnerables a las crisis que las medianas y grandes. Se vio en la anterior crisis de 2008: se cerraron un 33% de las empresas de 10 a 49 trabajadores y sólo un 23% de las empresas de más de 500 empleados, según el informe de CEPYME. Y lo mismo ha vuelto a pasar con la pandemia: se han mantenido las empresas de más de 500 empleados y han caído un 4% de las empresas de 10 a 49 trabajadores.

El 2º problema de las empresas españolas, de esos dos tercios que sobreviven, es que son demasiado pequeñas y eso les resulta una desventaja para operar, según detalla el informe de CEPYME. Primero, venden menos, porque hay demasiadas micropymes. Las empresas españolas son las terceras de Europa que menos venden: 1,1 millones de euros por empresa, frente a 1,4 millones de media en la UE-28, 1,5 millones las francesas, 2,2 millones las británicas y 3 millones por empresa las alemanas (solo venden menos las italianas, 1 millón por empresa, y las portuguesas, 600.000 euros). Y eso se debe, sobre todo, al mayor peso de las microempresas (menos 10 empleados), que son las menos productivas: venden 122.000 euros por empleado en España frente a 135.600 en la UE-28, 131.700 en Alemania, 132.200 en Italia, 175.100 en Francia y 202.800 en Reino Unido. Eso fuerza a la baja la productividad de todas las empresas españolas, la 3ª más baja de Europa: venden 222.200 euros por empleado, frente a 230.900 en la UE-28, 232.500 en Reino Unido, 250.700 en Italia, 251.800 en Alemania y 271.600 euros por empleado en Francia.

Al ser menos productivas, por su menor tamaño, las empresas españolas también crean menos empleo: la empresa media española ocupa a 4,7 personas cuando el promedio en Europa son 6 personas por empresa, 4,1 en Italia, 5,7 en Francia, 9,3 en Reino Unido y 12 en Alemania (el triple que en España). Y eso se explica también por el gran peso de las microempresas, que concentran mucho más empleo en España (el 36,3% del total) que en la media europea (27,7%) y Alemania (sólo un 19% del empleo está en microempresas). Además, la menor productividad conlleva también peores salarios, sobre todo en las microempresas y pymes: en España, el salario medio era de 1.340 euros mensuales en las pequeñas empresas, un 22% inferior al sueldo  en las grandes (2.005 euros, 665 más al mes). Un empleo en las pymes peor pagado y más vulnerable: en la crisis de 2008, la mitad de todo el empleo perdido fue en las empresas españolas de 10 a 249 empleados.

Sigamos con otras desventajas de las pymes. Exportan menos (sólo venden fuera el 2,2% de las micropymes, el 13,7% de las empresas de 10 a 19 y el 24,5% de las que tienen de 20 a 49 empleados, frente al 59,5% de las empresas grandes que exportan), lo que les quita “una válvula de escape” esencial en las crisis. Se financian peor: las pymes tienen más problemas para conseguir un crédito y pagan tipos más altos. Innovan menos y apenas gastan en tecnología y en la formación de sus trabajadores. Y como también pagan menos y ofrecen peores contratos, tienen más problema para captar “talento”.

Parece claro que las microempresas y pymes tienen muchos motivos para ganar tamaño, algo que debería ser también un objetivo para el país. Pero no resulta fácil. El informe de CEPYME repasa algunos obstáculos que tienen las pymes para crecer: fiscales, laborales, contables, financieros, de seguros y competencia. Contabilizan hasta 100 regulaciones vinculadas al tamaño empresarial que desalientan el crecer, desde la obligación de auditorías, la posibilidad de crear comités de empresa a la pérdida de ayudas fiscales. El problema es lo que pierden y a lo que se les obliga cuando saltan el umbral de tamaño. Es lo que se llama “el síndrome del empleado nº 50”. Mejor no contratarlo por lo que se exige y se pierde.

La patronal CEPYME se queja de que faltan incentivos para ganar tamaño, para conseguir que una microempresa o una pequeña empresa se conviertan en mediana y una mediana en grande. Y también de que en España hay demasiados y costosos trámites para crear una empresa, un proceso que habría que facilitar para sustituir a las empresas que cierran. Según su informe, crear una empresa en España exige más trámites (7 frente a 5 en la UE, 5 en Francia, 4 en Reino Unido o 3 en Irlanda, aunque en Alemania son 9 y en Italia también 7), más tiempo (12,5 días frente a 11,9 en la UE-28, 11 en Italia,  8 en Alemania, 4,5 en Reino Unido y 4 en Francia), más coste (el 3,9% del ingreso per cápita en España frente al 3,1% de media en Europa, el 6,5% en Alemania, el 0,7% en Francia o el 0% en Reino Unido) y más exigencia de capital (11,6% del ingreso per cápita en España frente al 8,1% en la UE, el 29,8% en Alemania, el 0,02% en Francia y el 0% en Reino Unido y varios paises). Y además de los trámites estatales, hay entre 7 y 12 trámites más en las autonomías.

Al final, la patronal CEPYME propone un objetivo: favorecer la fusión de empresas y que las pymes ganen tamaño, para conseguir que haya 40.171 microempresas menos, que 20.051 den el salto a tener de 10 a 19 empleados y otras 9.665 salten a tener de 20 a 49 trabajadores. Y conseguir que 8.800 empresas pequeñas salten a medianas (50 a 249 trabajadores) y que haya 1.655 grandes empresas más. De conseguirlo y tener así la misma estructura de empresas por tamaño que la media de Europa, el informe resalta lo que España conseguiría: 1.175.200 empleos más (+440.000 en empresas medianas y +413.000 en empresas grandes), mayores ventas (+246.000 millones), mejores salarios (las empresas, con mayor tamaño, podrían pagar  29.000 millones más), exportar un 5% más, crecer el PIB un +5,2% y que Hacienda recaudase 20.000 millones más en impuestos.

El premio es como para plantearse intentar conseguir empresas de más tamaño. La Comisión Europea lleva décadas pidiéndoselo a España, informe tras informe. Y por eso, el Gobierno, para asegurar los Fondos europeos, ha incluido un apartado del Plan de Recuperación (el punto 13: “Impulso a la PYME”) con medidas e inversiones para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. Y el 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, que ahora está en proceso de consulta pública, para enviarse al Congreso antes de fin de año, otra promesa a Bruselas. La Ley (“Crea y Crece”) va a permitir crear una empresa con 1 euro, elimina el capital mínimo (3.000 euros), facilita la entrada de inversores (crowdfunding y mecenazgo) y tratará de reducir las trabas al crecimiento y fusión de empresas.

Es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

Reforma pensiones: otro "parche" insuficiente

El Gobierno ha completado la 1ª fase de reforma de las pensiones, con una subida por 10 años de cotizaciones (+0,6%), que no apoya la patronal. Esta medida evita los recortes de las futuras pensiones que aprobó Rajoy con el Factor de Sostenibilidad (-30% para 2050), pero la recaudación extra (+42.000 millones, con la “hucha” actual) será “insuficiente” para afrontar los gastos extras por la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), unos 50.000 millones. La decisión es esperar a 2033 y entonces, con las previsiones de ingresos y gastos, decidir nuevos ingresos o  recortar gastos. Se trata de “ganar tiempo” con esta primera reforma (subidas con el IPC, más transferencias del Presupuesto, incentivar retraso en la jubilación, aumento cotizaciones) y esperar a que los próximos “agujeros” los resuelvan futuros Gobiernos (o Europa). Habría que afrontar ya el déficit estructural de las pensiones y pactar  un sistema que permita pagarlas con seguridad de aquí a 2050. Sin “parches” ni “politiqueo”. Se pueden salvar.

Enrique Ortega

La subida temporal de cotizaciones sociales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, es “la cuarta pata” de la primera fase de la reforma de las pensiones, aprobada en el Congreso el pasado 27 de octubre, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu. La reforma aprobada dentro del Pacto de Toledo contemplaba la revalorización de las pensiones con el IPC, el cargo al Presupuesto de muchos gastos “impropios” con los que hasta ahora cargaba la Seguridad Social,  acercar la edad real de jubilación a los 67 años legales e incentivar trabajar más años voluntariamente y sustituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy que pretendía recortar las pensiones futuras (a partir de 2023) por un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional”, que asegure las pensiones futuras.

Los tres primeros acuerdos  de esta reforma ya estaban en marcha. 2022 será el primer año en que las pensiones suban no lo que decida el Gobierno de turno (+0,25% Rajoy, +0,9% Sánchez en 2021) sino lo que suba la inflación media prevista (IPC noviembre 2021-noviembre 2022), el próximo año sobre un +2,4%. Una medida que parece justa pero que va a encarecer la factura de las pensiones en los próximos años, sobre todo hasta que no baje sensiblemente la inflación. De hecho, la estimación es que la revalorización de las pensiones cueste en el año 2022 unos 5.000 millones de euros (3.000 millones por la subida anual y otros 2.000 por la “paguilla” que se va a pagar a los pensionistas en enero, para compensar la desviación de precios de 2021, unos 200 euros para una pensión de 1.000 euros).

El segundo punto del acuerdo, que el Presupuesto cargue con parte de los gastos impropios de la Seguridad Social, ya se empezó a aplicar en 2021: se transfirieron a la SS 13,929 millones para cubrir parte de esos gastos impropios (22.567 millones que se pagan con cotizaciones) y ,además, se cargó con más de la mitad del déficit esperado para 2021 (1,7% del PIB sobre el 3% de déficit total), otra transferencia de 18.396 millones, lo que suma unos 32.000 millones de euros aportados a la SS para tapar la mayor parte de su “agujero”. Para 2022, el Presupuesto incluye otra transferencia a la SS de 18.396 millones para cubrir “gastos impropios” (prestaciones por maternidad y paternidad, reducción de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales, coste jubilaciones anticipadas voluntarias, complementos de prestaciones contributivas y pago del presupuesto del Ministerio de Trabajo), más otros fondos públicos para complementar pensiones mínimas (7.000 millones) y para pensiones contributivas (2.700), más otros recursos para tapar parte de su déficit (6.000 millones). Y para 2023 está previsto que el Presupuesto cargue con todos los “gastos impropios” de la Seguridad Social (22.567 millones)  y acabar así con su déficit.

La tercera pata del acuerdo pretendía acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses de media) a la edad oficial (66 años en 2021). Y eso porque es una medida importante de ahorro de gasto: se podría reducir el gasto en pensiones en 14.000 millones anuales por cada año que suba la edad real de jubilación (hay 2,4 años de margen hasta los 67 años con que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo hay 2 vías, que el Gobierno tiene ahora que concretar y proponer al Pacto de Toledo: penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 38% de los jubilados en 2020), que ya sufren recortes en la pensión del -1,65 al -2% por cada trimestre que anticipan su jubilación. La otra medida que se estudia es incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde, algo que ya se hace hoy, pero con poco apoyo (un 2% de pensión extra, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivar mucho más (4,6% anual) el retraso de la jubilación y “visualizar” esta compensación con la entrega de un cheque a los que se jubilen más tarde.

El cuarto punto del acuerdo era el más peliagudo y por eso se ha dejado para ahora, introduciéndolo como enmienda en esta reforma de las pensiones que debate el Parlamento (y que el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar antes de fin de año): la sustitución del Factor de Sostenibilidad que aprobó Rajoy en 2013 por un nuevo sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para afrontar el gasto extra en pensiones que va a suponer la jubilación de los “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. El Factor de Estabilidad contemplaba un recorte de las pensiones futuras, para afrontar este mayor gasto y el hecho de que los futuros pensionistas vivirán más y cobrarán más años. La estimación de un Grupo de Expertos, en un informe entregado en junio de 2013, era que la aplicación del Factor de Estabilidad supondría un recorte de las futuras pensiones que iba del -6,61% para los que se jubilasen en 2024 al -12,03% para los que se jubilaran en 2034 y un recorte del -20% para los que se jubilaran en 2053 (-266 euros sobre los 1.193 de pensión inicial actual). Y ahora, el ministro de SS dice que ese recorte podría ser realmente del -30%.

Los sindicatos y el Gobierno, que no apoyaron la reforma de Rajoy de 2013 (la decretó en solitario) no estaban dispuestos a aplicar el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor retrasó el propio Rajoy a 2023 (para conseguir que el PNV apoyara los Presupuestos 2018). Y ambos consiguieron que el Pacto de Toledo (PP incluido) rechazaran su aplicación y apoyaran otro sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que acaba siendo una subida temporal de cotizaciones (de 2023 a 2032), del +0,6%. Y como la patronal no ha firmado el acuerdo, se le ha penalizado en el reparto: un +0,5% subirán las cotizaciones empresariales y otro +0,1% más pagarán los trabajadores. No es mucho: en un sueldo medio de 2.000 euros, la empresa pagará 10 euros más al mes y el trabajador 2 euros más.

La patronal no ha firmado esta parte del acuerdo de reforma (si las tres restantes) porque alega que subir las cotizaciones sociales desincentiva el empleo, encarece la contratación. Y es cierto. Pero el Gobierno contraataca con dos datos. El primero, que el peso de las cotizaciones sociales es menor en España que en Europa: las cotizaciones sociales en Europa suponen un 16% del PIB, frente al 13,7% en España (sube al 13,9% con el aumento temporal de cotizaciones). Es verdad, pero también lo es que la aportación de las cotizaciones de las  empresas es mayor en España que en Europa (9% del PIB frente al 7,3% las empresas UE), mientras es menor la aportación de los trabajadores. Y que el peso de las cotizaciones empresariales sobre los salarios es mayor en España (29,9% del salario bruto) que en la media de la UE  (22,1% del salario bruto) y que en Alemania (19,8%), aunque es menor que en Francia (cotizaciones empresas son el 36,3% salario) o Italia (31,6%), según la OCDE. Algo que se explica porque los sueldos son más bajos en España.

El otro dato que aporta el Gobierno frente a la crítica patronal es más decisivo: los costes laborales (salarios más cotizaciones) son mucho más bajos en España, con lo que hay margen para subir un poco y por 10 años las cotizaciones sin poner en peligro la competitividad con otros paises. Concretando, España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia), 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a los de Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los costes laborales de Alemania y un 23,7% inferiores a los de Italia (28,7 euros).

Con esta subida temporal de cotizaciones sociales (2023-2032), el Gobierno espera rellenar “la hucha” de las pensiones, que se creó en el año 2000 y llegó a tener un remanente de 66.815 millones en 2011, de los que tuvo que tirar Rajoy (-58.720 millones) y Sánchez (-5.957) para cubrir el pago de pensiones en los últimos años, con lo que sólo quedan en la hucha 2.138 millones. Ahora, la previsión del ministro Escrivá es que el recargo de cotizaciones (y la rentabilidad que se saque a la hucha, un 3,5%) permita ingresar en la hucha unos 38.500 millones de euros, que sumados a los 2.138 que ya hay (y sus  intereses) se consiga tener ahorrados 42.000 millones de euros a finales del año 2.032.

¿Será suficiente? Todos los cálculos, de la AIReF y de la Comisión Europea, indican que no. Sus estimaciones señalan que el aumento de jubilaciones por la generación del “baby boom” (1960 a 1975) provocará un gasto extra de pensiones de 25.000 a 30.000 millones en 2033 (que sí cubriría “la hucha”) pero que superaría los 50.000 millones (de hoy) en 2050, lo que provocaría entonces un agujero mínimo de 8.000 millones, que algunos aumentan incluso hasta los 20.000 millones, por diversos factores. La mayoría de expertos creen que el gasto en pensiones se va a disparar hasta 2050 por tres causas: el coste de la revalorización anual con el IPC (acumulativo), el aumento de pensionistas (de los 9,3 millones actuales a 15,67 millones en 2050, según el INE), que además vivirán y cobrarán durante más años, y unas pensiones iniciales más altas (ya ha pasado: la pensión inicial de jubilación ha subido de 620 euros en el año 2.000 a 1.053 en 2008 y 1.419 euros en 2021).

El nuevo Mecanismo de Equidad Generacional aprobado ahora contempla que en 2033 se hará un examen de la evolución del gasto en pensiones. Si demuestra que el gasto se ha desviado más del 0,2% del PIB sobre lo previsto por el informe de la Comisión Europea (que hará en 2024), se destinará parte o toda la hucha a cubrirlo (si no hace falta, se destinarán esos 42.000 millones a bajar cotizaciones o mejorar pensiones). Y si no fuera suficiente, se propondrá a los firmantes del Pacto de Toledo (partidos y fuerzas sociales) un nuevo aumento de ingresos (más cotizaciones o aportaciones del Presupuesto) o bien reducir el gasto en pensiones (sobre el PIB). Así que de alguna manera, el mecanismo aprobado supone “ganar tiempo” y aprobar un parche que convenza a la Comisión Europea, sabiendo que en el futuro habrá que tomar nuevas medidas. Y casi seguro que antes de 2033.

La cuestión de fondo, que no se afronta ahora, es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio y largo plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico, de baja natalidad, que se suma a una menor creación de empleo, por la revolución tecnológica y digital. Basten dos datos: habrá que pagar  a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (que vivirán además 4 años más de media, cobrando pensión 20,2 años) y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba de relojería” que hay que desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer  a los españoles que las pensiones del futuro están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crea riqueza y se puede permitir destinar el 16 o el 20% de esa riqueza a pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con  previsión y control, para que las cuentas cuadren, que no se dispare el gasto o falten ingresos y haya que adoptar de repente recortes drásticos. Eso obliga a planificar una senda realista de gastos (asegurar unas pensiones “dignas” en el futuro) y estudiar con que ingresos reales se puede contar y buscar otros posibles. Con transparencia y sin politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los futuros ingresos para financiar las pensiones, lo que debe llevar a subir las cotizaciones, especialmente las máximas (a partir de 4.070,10 euros no se cotiza), así como las bajas cotizaciones de los autónomos,  con el objetivo de que el peso de las cotizaciones sociales (sobre el PIB) se equipare a la zona euro (hay todavía un colchón para subirlas  36.000 millones). Y ver si una parte mayor de los impuestos de todos puede ir a pagar parte de las pensiones, recaudando más impuestos, dado que España recauda cada año 85.000 millones menos que la media europea, según Eurostat.

Y luego, habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones sino de “atemperar” su crecimiento futuro, utilizando varias vías de las que se habla en privado pero no en público: ampliar los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión (de los 25 años que se tomarán en 2022 a 35 años o toda la vida laboral) o aumentar los años que se exigen para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 en 2027). Y evaluar el reparto entre los años que se cobra.

Y por supuesto, hay que tomar otras medidas al margen de las pensiones: mejorar la competitividad de nuestras empresas y reconvertir el modelo económico para crear más empleo, que trabaje y cotice más gente (si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más, según Eurostat). Y eso pasa por facilitar la inmigración legal (más a cotizar), que nos va a hacer falta para cubrir el déficit de mano de obra derivado de la baja natalidad. Y por promover que las familias tengan más hijos, para que haya más españoles trabajando, cotizando y pagando impuestos.

Como se ve, el problema es complejo y exige actuar en múltiples frentes. No hay soluciones simples. Ni se arregla nada con parches a corto plazo. Cuanto antes planifiquemos la hoja de ruta de las pensiones hasta 2050, más tranquilos estaremos todos, sobre todo los jóvenes. Y si nosotros no ajustamos el sistema, Bruselas nos impondrá los recortes. Habría que hablar de todo esto, con realismo y transparencia, planteando a los españoles la realidad del debate y las opciones de futuro, sin pensar sólo en las próximas elecciones. Pero me temo que nadie está por la labor. Y por eso, mucha gente teme por sus pensiones.

Sequía, gran consumo y robo de agua

Tras un verano muy seco, se espera un otoño con pocas lluvias, que agravará la preocupante situación de los embalses, a un tercio de su capacidad y con la mitad de agua embalsada que hace una década. Por eso, se teme una grave sequía el próximo verano. Pero 4,3 millones de españoles ya tienen falta de agua hoy: la Confederación del Guadalquivir ha decretado la alerta “por sequía extraordinaria” en 554 localidades de Andalucía,  Castilla la Mancha y Extremadura. Y Cataluña ha declarado la alerta por sequía en 22 municipios del Alt Empordá. El problema no es sólo que llueva poco: se consume demasiada agua, sobre todo la agricultura (85% consumo), por los regadíos, los mayores de Europa. Y además, roban agua de los acuíferos, con un millón de pozos ilegales. Urge reordenar el consumo, regenerando unas aguas muy contaminadas, como nos advierte la UE. Hay Planes para invertir 21.000 millones hasta 2027, con Fondos Europeos.  O cuidamos el agua o faltará en pocos años.

Enrique Ortega

Es evidente que el clima está cambiando desde hace unas décadas, con una subida de la temperatura (+0,3 grados por década en España desde los años 60) y menos lluvias: las precipitaciones medias se han ido reduciendo en los últimos 50 años y caen unos 18,7 litros menos por metro cuadrado desde 1961, lo que se traduce en una reducción de las lluvias en torno al 2,8%, según el balance de la Agencia de Meteorología (AEMET). Además, han cambiado “los patrones” y ahora España sufre “más lluvias torrenciales en un entorno de sequía meteorológica”, como bien lo saben muchas zonas de Levante y Baleares.

En el último año meteorológico (1 octubre 2020-30 septiembre 2021) ha caído una precipitación acumulada media de 606 mm, un -5% por debajo de la media de referencia (1981-2010), según el balance de la AEMET, siendo el 8º año más seco del siglo XXI. Las lluvias no han alcanzado los valores normales en el tercio sur de España y tampoco en el cuadrante norte peninsular, la mitad norte de Castilla y León, el este de Navarra y los archipiélagos de Baleares y Canarias, destacando la baja precipitación en el litoral de Cataluña, Córdoba y Jaén, los límites entre Cádiz, Sevilla y Málaga, el este de Mallorca y varias islas de Canarias (en especial Fuerteventura).

Esta falta de lluvia y el fuerte consumo de agua han llevado a vaciar la mayoría de los embalses, que están a un tercio de su capacidad (39,38% el 16 de noviembre), según Embalses.net. Un nivel de agua embalsada que es un 12% inferior al de hace un año (47.21% de ocupación) y casi la mitad del que había hace una década (62,2% de capacidad en los embalses en noviembre de 2011). La situación más preocupante se da en los embalses de  10 autonomías: Murcia (21,62% de agua embalsada), Navarra (30,03%), Andalucía (30,3%), Castilla la Mancha (35,52%), la Rioja (36,21%), Extremadura (36,90%), Cantabria (39,48%), Castilla y León (40,15%), Galicia (45,16%) y la Comunidad Valenciana (48,38%). Y mirando por Cuencas Hidrográficas, hay  8 cuyos embalses están por debajo de la mitad de su capacidad: Guadalquivir (26,35%), Guadiana (30,10%), Segura (33,51%), Mediterránea Andaluza (34,07%), Duero (40,55%), Miño-Sil (41,75%), Tajo (44,19%) y Ebro (48,75%, según los últimos datos publicados por Embalses.net. Un preocupante panorama.

Ahora, la previsión de los meteorólogos es que tengamos un otoño seco, con una gran probabilidad de que “las precipitaciones se encuentren en el tercil seco en toda España, con menores posibilidades cuanto más al Este”, según la AEMT, que espera en el 4º trimestre de este 2021 unas precipitaciones “inferiores a las normales”. Con ello, y un invierno similar, se espera que los embalses sigan muy bajos al inicio de la primavera y el próximo verano, con un serio riesgo de provocarse otra gran sequía, como las tres sufridas ya en España en las últimas tres décadas (1982-84, 1991-96 y 2005-2009).

De momento, esta sequía ya la sufren hoy 4,3 millones de españoles que viven en Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada), Castilla la Mancha y Extremadura, afectados todos por la alerta decretada el 2 de noviembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido una “situación excepcional por sequía extraordinaria”, debido a una falta importante de agua en el 80% de la Cuenca (la 3ª mayor de España, con 49 embalses), donde no se sufría una sequía tan grave desde 2008. No se prevén de momento cortes de agua generalizados (como en los años 80 y 90) para el consumo humano (10% del consumo total), pero sí cortes puntuales de suministro de agua en algunos pueblos. Y se han aprobado restricciones de consumo para la industria (3% del consumo total) y, sobre todo, para la agricultura y los regadíos (que consumen el 87% del agua en Andalucía).

La Cuenca del Guadiana está “en prealerta” y si no llueve este otoño podría acabar también en alerta por sequía. Y en Cataluña, la Agencia del Agua ya declaró, el 28 de octubre, “la alerta por sequía” en 22 municipios del Alt Empordá, que se abastecen del acuífero Fluviá Muga. Allí se ha limitado el consumo de agua en los domicilios (a un máximo de 250 litros diarios por persona), determinados consumos urbanos (riego jardines, limpieza de calles…) y un recorte del consumo en regadíos (-25%), ganadería (-10%) e industrias (-5%).

El problema ya no es que llueva menos, sino que con el Cambio Climático va a haber menos precipitaciones cada año, sobre todo en el sur de Europa y especialmente en España. De hecho, disponemos de un 20% menos de recursos hidráulicos que en los años 90. Pero  aunque lloviera lo mismo (que no va a pasar), tendríamos problemas porque el consumo de agua crece mucho más que el agua disponible. Y así crece “el estrés hídrico”, en toda España pero especialmente en el sur, este e islas.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y este gasto de agua por la agricultura (y ganadería, menos) ha ido en aumento en la última década, mientras se reducía el agua disponible, por el gran salto en la superficie de los regadíos: de 3.044.710 hectáreas regables en 2010 se ha pasado a 3.831.181 hectáreas en 2020, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Y podrían haber superado ya los 4 millones de hectáreas, según distintas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente europeo, muy por delante de Italia (2 millones de Has regadas), Francia (1,5 millones) o Grecia (1 millón Has).

El salto en los regadíos se ha dado en la última década por un crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se han empezado a regar cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos, viñas y almendros, principalmente. Y eso, para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, aprovechando el bajo precio del agua (muy inferior al del resto de Europa). Con ello, los cereales de regadío sólo suponen el 24,7% de la superficie total regada, con un 21,78% el olivar, un 10,4% el viñedo y otro 10,24% los frutales no cítricos. Las regiones con más regadío son Murcia (15,88% de su superficie total y 38,46% de las tierras cultivadas), Andalucía (en regadío el 12,76% de su superficie total y el 31,57% de sus tierras cultivadas) y la Comunidad Valenciana (12,55% territorio se riega y el 45.74% de la superficie cultivada), aunque también destacan Canarias (el 57,36% de su superficie cultivada se riega) y Cataluña (riegan el 32,57% de su superficie cultivada), según los datos oficiales.

El segundo gran consumidor de agua (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona en 2020, un consumo que nos coloca como el 12º país en el ranking europeo de consumo doméstico de agua, sólo por delante de Alemania (125 litros) y con menos gasto que Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y Reino Unido (140 litros por persona). Los expertos creen que los españoles gastamos demasiada agua en casa y que no se controla su uso porque la pagamos barata: a una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato en Europa, donde se paga por el agua doméstica desde 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. El tercer consumidor  de agua son las industrias (3% del consumo total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan de menos planes de ahorro, debido también al bajo precio del agua para consumo industrial.

Estos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando el robo de agua por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. De hecho, en España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace.  Y la ONG WWF acaba de publicar un informe, “El saqueo del agua”, donde ha investigado 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y ha descubierto que se riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas, una superficie 1,5 veces la ciudad de Madrid, con 220 millones de m3 de agua robada. El delito más grave se da en el acuífero de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), donde se riegan ilegalmente 51.400 hectáreas (como 63.000 campos de fútbol) mientras la Administración tiene que acudir a aportaciones externas para salvar las lagunas. En el acuífero de Los Arenales (en el sur de Valladolid, noreste de Salamanca y noroeste de Segovia), se riegan ilegalmente otras 23.975 Has (29.000 campos de fútbol), básicamente nuevos cultivos de patata, maíz, hortícola y remolacha. En el Mar Menor (Murcia) se riegan ilegalmente 8.460 Has, contaminando aún más con nitratos y fosfatos la mayor laguna salada de Europa. Y en Doñana (Cádiz), se riegan ilegalmente 5.700 hectáreas, sobre todo fresas.

El agua en España, además de ser escasa por un consumo desatado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo)  y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio riesgo para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea acaba de alertar (en octubre 2021) a España y otros 11 paises europeos (Alemania, Bélgica y Paises Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha procesos de infracción contra 10 paises, entre ellos España.

Mientras preparan esta multa por mala gestión de la calidad del agua, ya tenemos una multa importante, impuesta en 2018 por el Tribunal Europeo de Justicia a España, “por falta de depuración de las aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 habitantes). La multa crece cada trimestre que no se remedia el problema y ahora son ya 53,4 millones de sanción (la mayor nunca impuesta por la UE a España), mientras siguen sin resolverse los problemas de depuración  en localidades de Huelva, Málaga, Cádiz, Gijón y Tenerife, habiéndose arreglado sólo en Tarifa (Cádiz). Es sólo una muestra de un problema serio: España depura menos sus aguas residuales (un 63,6% frente al 72% en Francia o el 88% en Alemania), otra vía de disponer de más agua para muchos consumos.

Visto el panorama, parece claro que tenemos un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no. Y además, el Cambio Climático asegura que las lluvias irán a menos en los próximos años: el informe de la ONU (IPCC) estima que vamos a un recorte del -20% en las precipitaciones a medio plazo, incluso más en el sur de Europa (-30% de lluvias). Y encima, el 40% del suelo español está en proceso de desertificación. Por todo ello, España podría ser uno de los 33 paises del mundo con problemas de abastecimiento de agua en 2040, según un informe del World Resources Institute.

Para afrontar este viejo problema del agua en España, el Gobierno presentó el 21 de junio de 2021 los borradores de los Planes Hidrológicos para 2022-2027, la herramienta para gestionar el problema del agua en los próximos 6 años, ahora en periodo de consulta pública. El objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros, la mayoría con Fondos europeos, en la restauración de los ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y ecosistemas y mitigar riesgo inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones). Además se va a aprobar un Decreto-ley para luchar contra “la contaminación difusa”, producida por nitratos y fosfatos de origen agrícola.

Algunas autonomías han acogido bien estos futuros Planes Hidrológicos (Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) pero otras no (Murcia y Andalucía), lo que indica que la política del agua va a politizarse de nuevo, como en las últimas décadas, siendo una “bandera regionalista” de enfrentamientos. Las ONGs ven bien la mayoría de las medidas, pero piden “ir más lejos”, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de Has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, conseguir depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industriales para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable.

La falta de agua es una de las consecuencias más graves del Cambio Climático y todos los paises tienen que aprobar políticas para salvaguardar que haya agua suficiente y de calidad.  No hay economía sin agua. Está bien que España sea “la despensa de Europa”, pero no puede ser a costa de futuras sequías. Habría que alcanzar un gran Pacto del Agua (como con el Cambio Climático, las pensiones, la educación o la sanidad),  al margen de las batallas políticas a corto plazo. Nos jugamos el futuro más cercano. Sin agua no hay crecimiento ni empleo ni vida. La naturaleza y los embalses nos están avisando. Reaccionemos.