Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.