jueves, 28 de marzo de 2019

Europa se la juega: Brexit y estancamiento


Mañana 29 de marzo, Reino Unido iba a salir de la Unión Europea, pero el Brexit se retrasa, con riesgo de que acabe en un Brexit duro, nefasto para británicos y comunitarios. Pero el gran problema viene después: ¿qué relación comercial tendrá el RU con la UE? Esta negociación clave durará dos años (o más) y de ella dependerán los aranceles que se pongan a nuestras exportaciones, la operativa de nuestras empresas, bancos o pescadores y la llegada de turistas británicos, temas claves para España. Así que tenemos Brexit para rato, entorpeciendo el futuro de una Europa que se enfrenta en 2019 a dos problemas más graves: el estancamiento económico (apenas crece) y el auge de la ultraderecha y los partidos euroescépticos, cara a las elecciones de mayo. Dos cuestiones que también afectan mucho a España, porque si vuelve otra crisis la sufriremos más que el resto. Por eso, los futuros Gobiernos, europeo y español, tienen que reanimar la economía y apostar por “más Europa”.


A los británicos les costó 15 años entrar en la Unión Europea (1 enero 1973) y llevan casi 3 años intentando salir, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría (52%) votó a favor del Brexit. Ahora, muchos de los que votaron por  “irse de Europa”, azuzados por los políticos euroescépticos, la añoranza del viejo Imperio británico y el “voto de castigo” a casi todo (como en USA con Trump), están pensando que fue una mala decisión y que “se han pegado un tiro en el pié”, porque el Brexit será malo para la economía británica y para sus vidas. Pero “Brexit es Brexit (Theresa May dixit) y una mayoría de políticos británicos no quieren dar marcha atrás, aunque su aprobación sea un “culebrón político” que refleja un país que no sabe dónde va.

El resto de Europa está harta de los retrasos y las dudas británicas y les han dado un ultimátum en la Cumbre Europea del 20 y 21 de marzo: voten ya la salida, antes del 12 de abril, y cuando confirmen legalmente que se van, podemos dejarles una tregua para poner sus normas al día, hasta el 22 de mayo, un día antes de las elecciones europeas (23-26 mayo). Pero no está claro que Theresa May pueda imponerlo y si no lo consigue, el 12 de abril habría un Brexit duro, “a las bravas”, que nadie quiere, porque supondría que toda la relación comercial y empresarial entre Europa y Reino Unido (la segunda economía del continente) pasaría por aranceles (impuestos a exportaciones e importaciones) y trabas, como con un país tercero, perjudicando a los europeos que viven en Reino Unido y a los británicos repartidos por Europa.

Pero aunque se sortee el Brexit duro, porque nadie quiere caer en este “abismo” insondable, y se apruebe finalmente el Brexit pactado entre la UE y RU el 25 de noviembre de 2018, queda lo más difícil: ¿cómo vamos a relacionarnos después? Porque, una vez fuera, el Reino Unido tiene que negociar con los 27 la relación comercial que van a mantener en el futuro, en principio antes de diciembre de 2020 (la fecha antes del retraso: ahora será más tarde). Los británicos querrían que todo siguiera como hasta ahora, seguir en el espacio económico europeo, pero sin tener a cambio que cumplir las normas europeas y sin aportar al Presupuesto UE. Estar “económicamente” en Europa pero políticamente “por libre”. Pero Bruselas ya les ha dejado claro que eso no es posible. Y que el futuro será diferente.

En principio, hay dos modelos de relación que la UE tiene con otros paises y que se manejan para Reino Unido. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein: integrar a Reino Unido en el espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar la libre circulación de personas y la Jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, contribuyendo en parte al presupuesto europeo (3 condiciones que no les gustan a los británicos). Otra opción es firmar un Acuerdo de Libre Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea del Sur, menos favorable porque incluye aranceles y restricciones. Y todavía hay una tercera, menos interesante: un Acuerdo de Asociación, como el que tiene la UE con Ucrania.

Los británicos buscan integrarse en la primera opción, en el espacio económico europeo, pero sin obligaciones, algo imposible. De momento, lo pactado en noviembre de 2018 es que Reino Unido se mantenga en la unión aduanera y el mercado único, como ahora, al menos hasta diciembre de 2020, para negociar estos 21 meses la relación futura. Pero hay un problema que lo condiciona todo: la frontera entre las dos Irlandas. La UE se ha comprometido con la República de Irlanda a que no habrá frontera con Irlanda del Norte (una de las cuatro naciones que integran Reino Unido, con Inglaterra, Gales y Escocia), pero para que esto sea posible, Irlanda del Norte (RU) tendrá que seguir en el futuro en el mercado único. Y si el resto del Reino Unido no se queda después en el espacio económico europeo, tendría que haber una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Algo que no quieren los conservadores británicos, porque rompería la integridad territorial del país y porque temen que, sin frontera, arrecien las opiniones a favor de una reunificación de Irlanda. Y, sobre todo, porque si se llega a diciembre de 2020 sin acuerdo, el Reino Unido seguiría dentro del mercado único hasta que lo haya (podrían prorrogarse 1 o dos años esta negociación) y los euroescépticos temen que el Brexit no se materialice nunca. Por eso lo han torpedeado en las votaciones del Parlamento. Por eso y porque pensaban que la UE iba a ceder.

Antes o después, salvo que se dé marcha atrás con un  2º referéndum (antes de finales de 2020), el Brexit deberá materializarse en una nueva relación comercial, económica y política entre la Unión Europea y el Reino Unido, donde ambas partes perderán. Y donde España se juega mucho, uno de los paises que más, porque el futuro estatus del Reino Unido afectará a los turistas británicos, a nuestro comercio, a la actividad de nuestras empresas y bancos, a los pescadores y a los españoles que viven en Reino Unido. Veamos cómo.

Empecemos por el turismo: en 2018, el 22% de todos los turistas que llegaron a España (82,7 millones) eran británicos (18,5 millones), siendo los extranjeros que más visitan Canarias (33,6% del total de turistas), Andalucía (20,5%) y la Comunidad Valenciana (28,6%) y los que se gastan 21 de cada 100 euros ingresados por el turismo. El Brexit va a rebajar el crecimiento y el nivel de vida de los británicos, depreciando la libra, con lo que restará turistas y gasto en España. Algunos expertos del sector estiman que la caída de turistas británicos puede llegar al 20% en unos años : supondría recibir 3,6 millones menos al año.

Luego está el comercio con las islas británicas, que son hoy nuestro 5º país cliente (detrás de Francia, Alemania, Italia y Portugal): les vendimos en 2018 por valor de 18.977 millones de euros, el 6,6% de todas las exportaciones y tenemos con ellos un superávit comercial (export-import) de +7.528 millones. Si en el futuro hay aranceles, eso afectará negativamente a las empresas españolas que ahora venden a Reino Unido coches (25,5% exportaciones), frutas, hortalizas y alimentos (10,3%), maquinas (6,9%), productos farmacéuticos (3,2%) y ropa (2,5), afectando negativamente al empleo en Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León, las tres autonomías que más exportan hoy al Reino Unido, el tercer mercado de los fabricantes de coches instalados en España.

También hay que hablar de las empresas españolas que operan e invierten (unos 60.000 millones anuales, sólo por detrás de Francia y Alemania) en Reino Unido, más de 300 compañías, que consiguen en las islas una buena parte de su facturación y beneficios: Ferrovial (34% ventas son en RU), Telefónica (30% facturación), Banco de Santander (30% de su beneficio sale del RU), Iberdrola (14% ingresos), FCC (10% beneficio), Inditex (110 tiendas), Banco Sabadell (15% negocio), IAG Iberia…De hecho, se estima que un 21% del beneficio de las grandes empresas del IBEX se genera en Reino Unido. Un elemento clave será el futuro de Iberia y Vueling, controladas por la británica IAG, que podrían tener problemas para volar en Europa tras un Brexit duro.  Y no podemos olvidar la incertidumbre que tienen los 140 barcos españoles que faenan en aguas británicas (Gran Sol y Malvinas).

Por último, otro frente de preocupación es el futuro de los 300.000 españoles que viven y trabajan en Reino Unido, preocupados por sus futuros derechos (laborales, residencia, sanidad, educación, como los de ese millón de británicos que viven en España (300.000 de forma permanente). En ambos casos, pueden ser los “rehenes” de la futura negociación sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE y Reino Unido a partir de 2021.

Y todo esto no afecta sólo a España, porque estos mismos temas preocupan al resto de los 27 paises que seguirán en la Unión Europea, un Club que pierde a su 2º socio más importante (el PIB de RU, 2,39 billones de euros, supera al de Francia, con 2,34 billones) y a un 13% de su población (66,27 millones de habitantes), aparte de su aportación tecnológica, de defensa, inversora, social o cultural, sin olvidar su aportación presupuestaria: 10.751 millones anuales, que al perderse obligarán a que España aporte 888 millones de euros más a Bruselas, con lo que seremos un país “contribuyente neto” desde 2019 (que paga más que recibe). Pero lo peor es que la negociación post-Brexit va a tener medio paralizada a la Unión Europea este año y el próximo, precisamente cuando tiene que ocuparse de otros 2 problemas más graves: el evidente  estancamiento económico y el futuro político de la UE.

El Brexit tiene medio paralizada a Europa cuando estamos sufriendo un estancamiento económico y la zona euro es la región del mundo que menos crece, según todas las estimaciones internacionales: la OCDE acaba de bajar su crecimiento para 2019 al +1% (un 0,8 menos que en noviembre), mientras el BCE habla del 1,1%, la Comisión Europea el 1,3% y el FMI un 1,6%, muy por debajo del crecimiento mundial (+3,3%) y de EEUU (+2,9%). Ello se debe a que la economía europea es la más abierta y su principal motor de crecimiento son las exportaciones, que han “pinchado” por el proteccionismo de EEUU y China (donde van un tercio de las exportaciones europeas, según Eurostat), la caída del comercio y la crisis de algunos paises emergentes (como Turquía y Brasil). Y lo más preocupante es el mínimo crecimiento de Alemania (estiman un +0,8% este año) y la recesión en Italia (-0,2% para 2019), con un bajo crecimiento en Francia (+1,5%), muy afectada por las protestas sociales. España de momento aguanta (+2,2% de crecimiento previsto para 2019), pero el estancamiento europeo ya nos afecta en dos de los motores del crecimiento: el turismo (se ha frenado) y las exportaciones, que cayeron en enero de 2019 (por tercer mes consecutivo), según Comercio, porque 2/3 de nuestras ventas van a Europa.

La situación económica de Europa, sobre todo de la zona euro, es tan preocupante que el Banco Central Europeo (el BCE) ha decidido volver a hacer de “bombero”, como cuando la crisis de 2013-2015: va a retrasar hasta 2020 la esperada subida de tipos de interés prevista para este otoño (como también lo hará EEUU) y seguirá inyectando dinero a los bancos europeos, al 0% y menos (si demuestran que lo prestan), para seguir “dopando” la economía europea y evitar una nueva crisis en la zona euro. En paralelo, y para evitar otra recesión, 18 de los 27 países de la UE (entre ellos Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal  o España, han aprobado para este año más gasto, unos presupuestos más expansivos, para evitar que la economía se desinfle más y vuelvan los problemas a la Europa del euro.

La situación se agrava porque Europa está económicamente estancada en un momento político delicado, con unos dirigentes europeos “en funciones” y unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina (23 a 26 de mayo), que auguran un avance de los partidos euroescépticos y de extrema derecha (en Holanda acaban de ganar las elecciones regionales), lo que dificultará el trabajo de la futura Comisión Europea. Porque la amenaza de crisis económica y el auge de los populismos sólo se pueden combatir con reformas para avanzar en la unión económica y política, creando instrumentos (Presupuesto europeo potente, política fiscal y social conjunta, unión bancaria eurobonos, Tesoro europeo…) que nos preparen mejor para afrontar otra crisis, si viene. Y demostrando con hechos a los europeos que se intentan resolver sus problemas, para reducir el euroescepticismo y la abstención política (el 58% europeos no votaron en las últimas elecciones europeas).

Este es el trasfondo tras el Brexit, del que se habla menos. Urge votar un nuevo Gobierno europeo que evite otra crisis y tome medidas conjuntas más ambiciosas para reanimar las economías europeas, con un Plan de inversiones y gasto a nivel continental. Y en España, el futuro Gobierno debería ir en esa línea, porque no vale decir que "nosotros crecemos más": crecemos más gracias a que en el último año han subido los salarios públicos, el salario mínimo  las pensiones y el gasto social (mal que le pese al PP y a Ciudadanos, todo ese gasto extra mantiene el consumo y sostiene el crecimiento). Pero si Europa se estanca, este “oxígeno” del gasto público se agotará  y acabaremos también en crisis. Y somos más vulnerables, porque tenemos el doble de paro y más déficit y deuda que el resto de paises.  Habría que hablar en esta campaña del 28-A sobre cómo evitar otra crisis, cómo reanimar la economía, lo que obliga a  un Presupuesto 2019 con más ingresos y más gastos. Y si no se hace, vendrá otra crisis y habrá que hacer más recortes, forzados otra vez por Europa.

Dicen que la economía no da votos y quizás por eso ningún partido habla del Brexit, del estancamiento de la economía y del futuro de Europa. Pero es donde nos jugamos nuestro empleo y nuestro bienestar, nuestro futuro, Más que en Cataluña, el “monotema electoral” de la derecha española. Quizás porque no quieren que sepamos sus alternativas para los demás problemas que tenemos. Pero si nos cae encima otra crisis (en Europa y en España), tendrán que aplicarlas antes o después. Y quizás no nos gusten.

lunes, 25 de marzo de 2019

Educación: el fracaso va por autonomías


Otra noticia reciente que no se comenta: 1 de cada 3 estudiantes de 15 años ha repetido curso. Y en Aragón, Ceuta y  Melilla repiten casi la mitad de adolescentes frente a sólo uno de cada cuatro en Cataluña y País Vasco. Muchos repetidores dejan los estudios después: el 18,3% de jóvenes de 20 a 24 años no terminan Bachillerato o FP, pero rondan el 25% en Baleares, Ceuta y Melilla,  Andalucía y Murcia, mientras son el 7% en el País Vasco, siendo España líder europeo en abandono escolar temprano. Y con estos fracasos educativos, tenemos 543.000 jóvenes (18-24 años) que ni estudian ni trabajan (“ni-nis”). Y un paro juvenil (menores 25 años) del 33,5%, más del doble que Europa (14,9%) y que ronda el 50% en Melilla, Ceuta, Extremadura y Andalucía. Se recoge lo que se siembra y el fracaso escolar, muy desigual entre regiones, está detrás del fracaso laboral de muchos jóvenes. Urge mejorar la educación y corregir las grandes diferencias entre autonomías.


Los jóvenes españoles que tienen menos de 30 años han estudiado en colegios, Institutos y Universidades gestionadas por las autonomías, no como las generaciones anteriores, que tuvimos una educación “centralizada”, teóricamente “igual” en toda España. El traspaso de competencias de educación se inició en 1980, al País Vasco y Andalucía, siguió en 1982 (Galicia y Andalucía) y 1983 (Comunidad Valenciana y Canarias), se paró hasta 1990 (Navarra) y 1997 (Baleares) y se aceleró en 1998 (Las Rioja, Cantabria y Aragón) y 1999 (traspaso a Madrid, Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León y Asturias). A partir de ahí, las autonomías gestionan la educación y financian el 81% de todo el gasto educativo, unas mucho más que otras. Y sus resultados educativos son muy diferentes, con tremendas desigualdades según se comprueba en el último Anuario de la Educación en España publicado por el Ministerio de Educación, que refleja que hay “2 o 3 Españas educativas.

Hagamos un repaso de los datos, empezando por el fracaso escolar. En España, casi 1 de cada 3 estudiantes de 15 años han repetido curso alguna vez, el 31,4% en el curso 2016-2017, según Educación. Y eso viene de antes, porque a los 12 años ya han repetido un 14,3% de alumnos. El porcentaje español de repetidores (a los 15 años), ese 31,4% (35,7% los chicos y 27% las chicas), triplica el de la OCDE (11,3%) y es el más elevado de los paises grandes europeos, como Alemania (18,1%), Italia (15,1%), Francia (22,1%) o Reino Unido (2,8%), sin contar el 4% de repetidores en Suecia o el 3% en Finlandia, según  la OCDE.

Con todo, lo más preocupante son las desigualdades en los porcentajes de repetidores  dentro de España. Así, frente al 31,4% que han repetido de media a los 15 años, son casi la mitad los que repiten en Ceuta (47,4%), Melilla (43%) y Aragón (41,5%), estando también por encima de la media Murcia (39,2% jóvenes 15 años repiten), Castilla la Mancha (37,7%), Canarias (37,1%) y Baleares (36% repiten). Y sin embargo, son muchos menos los que repiten en Cataluña (20,8%), País Vasco (23,8%), Navarra (26,5%), Cantabria (29,4%), Asturias (29,5%) y Galicia (31,8%), según Educación. En los últimos años ha bajado el porcentaje de repetidores en toda España, del 42,6% que repetían en 2006-2007 al 31,4% de 20016-2017, básicamente por la crisis: en los años de bonanza, los jóvenes se esfuerzan menos en estudiar pensando que pronto van a dejarlo para ponerse a trabajar y ganar dinero.

Los repetidorestienen muchas papeletas” para acabar dejando sus estudios al terminar la ESO (final de la etapa obligatoria)  y no completar el Bachillerato o la Formación Profesional. O sea, que el fracaso a los 12 años (14,3% estudiantes repiten) y a los 15 años (31,4% repiten) son “la antesala” del siguiente fracaso, el abandono escolar temprano: jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado Bachillerato o FP, que han dejado sus estudios. La cifra en España ha bajado del 30,8% de los jóvenes en 2007 al 18,3% en 2017 (21,8% de los chicos y el 14,5% de las chicas) , un porcentaje muy superior al del resto de Europa (10,6%), donde somos el país con mayor tasa de abandono escolar temprano, muy por delante de Italia (14%), Portugal (12,6%), Reino Unido (10,6%), Alemania (10,1%), Francia (8,9%), Suecia (7,7%) e incluso Grecia (6% de abandono escolar temprano), según Eurostat.

Pero lo peor otra vez son las diferencias entre autonomías. Así, hay regiones donde el abandono escolar temprano ronda o supera el 25%, como Baleares (26,5%, 32,4% entre los chicos), Ceuta y Melilla (24,3%), Andalucía (23,5%) o Murcia (23,1%) y Castilla la Mancha (22,1%) y otras donde apenas tiene peso, como el País Vasco (7% de abandono escolar temprano) o Cantabria (8,9%), Navarra (11,3%) y la Rioja (12,9%), según Educación.

Al final, entre los que repiten curso y abandonan sus estudios engrosan otra estadística, la de los jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, los tristemente famosos “ni-nis”. Eran el 24% de los jóvenes en 2013 y en 2017 son todavía el 17,1% de los jóvenes españoles (nada menos que 543.000 jóvenes), un porcentaje de “ni-nis” también superior al de Europa (15,2% en la UE-28), según Eurostat. Y aquí, volvemos a lo mismo, la enorme diferencia por autonomías. Hay  2 regiones donde los ni-nis superan el 20% (21,7% en Andalucía y 20,8% en Extremadura) y otras donde el porcentaje está por debajo de Europa, en especial el País Vasco (8,8%), la Rioja (11%), Cantabria (12,1%), Castilla y León (13,1%), Aragón (13,4%), Navarra y Madrid (14%) y Galicia (14,3% de ni-nis). Y lo peor es que ninguna autonomía ha conseguido rebajar el porcentaje de ni-nis que tenía en 2007, salvo el País Vasco y la Rioja.

Avancemos y veamos el nivel de formación que tienen los jóvenes españoles tras estos fracasos, comparado con el de los jóvenes europeos, según los últimos datos de Educación. Entre 25 y 34 años, el 33,8% de los jóvenes españoles tienen la ESO o menos (en Europa son la mitad los menos formados: el 16,2%), un 23,6% han terminado la Secundaria (casi el doble, el 44,8% en la UE-28) y el 42,6% son universitarios (el 39% en Europa). O sea, que este sería nuestro balance educativo frente a Europa: tenemos el doble de jóvenes poco formados, la mitad medianamente formados y más universitarios.

Y otra vez más, este balance es muy desigual por autonomías. Así, en el nivel más bajo, los jóvenes de 25 a 34 años que sólo terminaron la ESO o menos, frente al 33,8% de media, hay autonomías con resultados peores, como Andalucía (43,6% jóvenes poco formados), Castilla la Mancha (46,3%), Extremadura (42,2%), Ceuta y Melilla (42%) o Murcia (39,9%), y otras con menos porcentaje de jóvenes poco formados, como el País Vasco (19,3%), Asturias (23,9%), Madrid (24,4%), Cantabria (25,6%) y Navarra (26,1%). En el nivel intermedio (jóvenes que han terminado Bachillerato o FP), siguen por debajo de la media (23,6% de los jóvenes de 25 a 34 años) Extremadura (20,5%), Castilla la Mancha (22,1%) y Andalucía (22,6%), más Cataluña (20,1%) y Navarra (21,8%), destacando por encima la mayor formación media en Castilla y León (27,6%), Aragón (27,4%), Cantabria (26,9%) y Baleares (26,2%). Y las autonomías con más porcentaje de jóvenes universitarios (superior al 42,6% de media) son el País Vasco (57,5% de jóvenes), Navarra (52,1%), Asturias (53,3%) y Madrid (51%), mientras están a la cola de jóvenes universitarios Ceuta y Melilla (32,9%), Andalucía (33,8%), Castilla la Mancha (34,6%) y Murcia (36,3%), según los datos de Educación.

Son muchos datos pero revelan con claridad dos cosas: nuestro atraso educativo con Europa y las enormes diferencias de resultados entre autonomías, destacando el alto nivel educativo en el País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria, Aragón y Madrid y el fracaso educativo en Andalucía, Castilla la mancha, Murcia, Extremadura y Ceuta y Melilla, básicamente. La pregunta es ¿por qué estos resultados tan dispares?

La causa no parece estar ni en el número de alumnos por aula ni en la falta de profesores, porque los datos de Educación revelan que España tiene similares alumnos por profesor en Primaria (14 frente a 15 en la OCDE y 14 en la UE-222), en la ESO (12 frente a 13 y 11) y en Bachillerato (11 frente a 13 en la OCDE y 12 en la UE-22). Y que el número de alumnos por clase es similar a la OCDE y la UE, salvo en Primaria (aquí hay más), mientras los jóvenes españoles dan más horas de clase, tanto en Primaria (792 frente a 799 en la OCDE y 775 horas en la UE-22) como en la ESO (1054 horas frente a 913 y 894 horas). Eso sí, más horas de una enseñanza demasiado memorística y poco práctica, como revelan los sucesivos informes PISA, donde España está retrasada en Matemáticas (486 puntos frente a 490 de media OCDE, Navarra con 518 y Castilla y León con 506)), igualada en Ciencias (493 puntos España y la OCDE, con Castilla y León en 519 puntos) y por encima en Lectura (496 España frente a 493 la OCDE y Castilla y León con 522 puntos).

Lo que sí puede explicar nuestro retraso educativo y las enormes diferencias por autonomías es el gasto educativo. España gastó en educación en 2017 el 4% de su PIB frente al 4,6% que gastó la UE-28 y el 4,5% de la zona euro, según Eurostat. Y mucho menos que Suecia (6,8%), Dinamarca (6,5% del PIB), Finlandia (5,7%), Francia (5,4%), Portugal (5%) Reino Unido (4,6%) o Alemania (4,1%), gastando menos Italia (3,8%) o Grecia (3,9%). Y el gasto total por alumno en la enseñanza pública fue en España de 7.019 euros en 2015 (último dato de Eurostat), un 26,5% inferior al de Finlandia (8.883 euros públicos por alumno), un 25% menor a Reino Unido (8.796 euros por alumno), casi un 20% inferior al de Francia (8.394) y un 18,6% inferior a Alemania (8.326 € por alumno).

Y lo mismo pasa dentro de España. Las autonomías que más gastan en educación no universitaria son el País Vasco (9.054 de gasto público por alumno público en 2016), que gasta un 83,2% más que Andalucía (4.963 euros por alumno), seguida de Navarra (7.128 euros), Cantabria (6.917 euros), Asturias (6.785 euros), Galicia (6.598 euros) y Castilla y León (6.578) y la Rioja (6.052 euros/alumno público), curiosamente autonomías con excelentes resultados educativos. Y tras Andalucía (4.963 euros), las que menos gastan en educación por alumno público son Castilla la Mancha (4.988 euros) y Madrid (4.591 €), Murcia (5.159 €), Cataluña (5.386 €), Comunidad Valenciana (5.510 €) y Canarias (5.514 euros), todas gastando por debajo de la media española (5.607 euros por alumno público en educación no universitaria), según Educación.

Hasta aquí hemos visto el balance de la educación, con demasiados repetidores, mucho fracaso escolar, demasiados “ni-nis” y un tercio de jóvenes con poca formación. El resultado de este panorama es que los jóvenes españoles trabajan menos que en Europa y cobran menos, mientras tienen el doble de paro. Un negro panorama profesional que se ha ido gestando en sus años de estudiantes y que es muy dispar por autonomías.

La principal consecuencia de nuestro peor nivel educativo es que los jóvenes españoles trabajan menos que los europeos, según las estadísticas de Eurostat que cita Educación (para 2017). Así, la tasa de empleo de los jóvenes de 20 a 34 años es del 80% en la UE-28 (y del 90,9% en Alemania, el 86,6% en Reino Unido o el 74,4% en Francia) pero sólo del 71,9% en España. Y si tomamos a los que han terminado Bachillerato pero no han hecho más, trabajan en España el 57,9% frente al 74,1% en la UE-28, el 79,7% en Reino Unido o el 61,6% en Francia. Y si entramos más al detalle en España, de todos los jóvenes que trabajan (2.692.100 jóvenes entre 16 y 29 años, según la EPA), la mayoría tiene formación universitaria (1.175.200 jóvenes, el 43,65% del total), seguidos de los que tienen mediana formación (Bachillerato o FP: 773.100 jóvenes, el 28,7%) y los poco formados (743.800 jóvenes, el 27,65 % restante). O sea, que los más formados son los que más trabajan.

Los jóvenes españoles, al estar peor formados también tienen peores sueldos que los jóvenes europeos y que otros jóvenes más formados, según Educación. Así, si la media de asalariados de 25 a 34 años tiene un salario 100, los que no han acabado la ESO ganan 67,2 (un tercio menos) los que tienen la ESO suben a 74, los que han hecho Bachillerato consiguen el 87,1% del sueldo medio y los que tienen educación superior ganan 121,3 (un 21,3% más de sueldo que la media).

Pero el verdadero marcador del fracaso educativo está en el paro juvenil. La tasa de paro de los menores de 25 años es en España del 33,54% (diciembre 2018), según la EPA, más del doble que en Europa (14,9%) y muy por encima del paro juvenil de Alemania (6%), Reino Unido (11,5%), Francia (21,1%) e Italia (31,9%), según Eurostat. Al mirar por autonomías, se ve que el paro juvenil es mucho más alto donde hay más jóvenes poco formados (60,21% de paro juvenil en Melilla, 52,56% en Ceuta, 50,37% en Extremadura, 45,09% y 41,74% en Castilla la Mancha) y muy bajo donde están mejor formados (22,60% Baleares, 23,12% País Vasco, 23,37% Navarra, 28,59% Aragón, 28,62% la Rioja, 25,47% Castilla y León). Y es que la EPA lo deja claro: a menos formación, más paro. Un ejemplo.De 20 a 24 años, con una media de paro del 30,78%, los que tienen primaria tienen un 50% de paro, los que tienen la ESO o menos un 38,4%, los que tienen Bachiller el 26% y los universitarios el 24%.

Así que si queremos mejorar el empleo y los sueldos de los jóvenes, hay que mejorar su formación, sobre todo en las autonomías con peores resultados educativos. No se hablará de esto en las próximas elecciones (ni generales ni autonómicas), pero los futuros Gobiernos deberían poner en marcha Planes de choque para recomponer la formación de los jóvenes, con varias medidas: reducir el porcentaje de repetidores (con planes individualizados de apoyo, más profesores y medios), atajar el abandono escolar temprano (con Planes específicos para “recuperarlos”), fomentar la Formación Profesional (puede ser una salida para muchos que “abandonaron” el Bachillerato) y, sobre todo, adecuar la formación de los jóvenes a lo que necesitan las empresas (España tendrá un déficit de 100.000 jóvenes cualificados dentro de 10 años, según la Fundación I+D), con un ambicioso Plan de formación para jóvenes parados con poca y media formación. Porque hay 280.000 jóvenes de 16 a 29 años que llevan más de 1 año en paro (el 18% de todos los parados de larga duración) y que no encontrarán un empleo si no se les ayuda con formación y asesoramiento.

A nivel político, urge un Pacto educativo para que se aumente el gasto en educación del 4 al 5% del PIB, gobierne quien gobierne: son 11.200 millones extras que podrían destinarse a mejorar los resultados educativos y sobre todo, a reducir las tremendas diferencias educativas entre autonomías, creando una Comisión Educativa de coordinación, para mejorar los resultados y homogeneizarlos en 20 años, para que la educación de los jóvenes no sea mejor o peor según la región de España donde vivan, que es lo que pasa ahora, como demuestra el Anuario del Ministerio de Educación, aunque no se quiera reconocer.

Mejorar la educación de nuestros jóvenes y aproximarla a la de los europeos no sólo es clave para que trabajen y tengan menos paro sino que es clave para todo el país, porque sólo con más jóvenes trabajando y cotizando se pueden salvar las pensiones y recaudar más, algo clave para financiar el Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales). Así que apostemos por una educación mejor y menos desigual si queremos un futuro mejor


jueves, 21 de marzo de 2019

Más control a la jornada laboral


A partir del 12 de mayo, todas las empresas estarán obligadas a llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores y guardarlo 4 años, según el decreto recién aprobado por el Gobierno Sánchez. El objetivo es luchar contra el enorme fraude de horas extras que ni cotizan ni se pagan: 2,82 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas ahorran 2.700 millones anuales. Un tema muy grave porque todas las horas extras evitan contratar a 170.000 nuevos trabajadores y agravan el déficit de la Seguridad Social. También se obligará a fichar para evitar otro fraude: los que tienen contrato por 4 ó 6 horas y en realidad trabajan 8, 10 ó 12 y cobran el resto en negro, cotizando menos, algo frecuente en hostelería y comercio. Al final, España es uno de los paises europeos donde se trabaja más horas, aunque seamos menos productivos. Hacemos jornadas larguísimas, en contra de las mujeres y la vida familiar. Trabajemos menos y mejor.

A partir de Edvard Munch enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como pasa también en el resto de la Europa del sur. Para las empresas, es una forma de recortar costes y ahorrarse dinero en personal, sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear” el sueldo y llegar mejor a fin de mes. Así que todos “colaboran”. Al final, la jornada pactada en los convenios es de 151,1 horas al mes (septiembre 2018), según el INE,  37,77 horas a la semana, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas efectivas semanales: 8,4 millones de españoles el 43% de los ocupados)  trabajan de 40 a 49 horas y otros 1,5 millones (7,7%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada efectiva supera mayoritariamente las 40 horas semanales porque han vuelto a crecer las horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de “bonanza” se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas metieron “un tajo” a las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba amplios poderes a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales, en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, cerrando el año 2018 con 6.435.000 horas extras semanales, un 5% más que en 2017, según el INE.

Tomando la media de 2018, se hicieron 6.450.650 horas extras semanales, el mayor número de horas hechas desde 2009, aunque son menos de las horas medias semanales hechas en 2008 (9.387.050). Las horas extras se hacen sobre todo en la industria (más de 1 millón de horas a la semana), el comercio (927.500), la hostelería (657.000), el transporte y almacenamiento (500.700), la sanidad y servicios sociales (493.000) y la construcción (462.100 horas semanales). Dos de cada tres horas extras las hacen los hombres (66%), sobre todo los que tienen mejores empleos y trabajan en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía (las cuatro concentran dos tercios horas extras).

Lo más llamativo no es sólo que hayamos vuelto a hacer más horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: el 46% a finales de 2018, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA (INE). Con la recuperación, ha aumentado el número de horas extras no pagadas, que sólo suponían el 40% del total en 2008. Estas horas gratis suponen un importante ahorro para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial por hora, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones al año.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene más costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones  de horas semanales gratis, lo que amplía el déficit de las pensiones (-18.937 millones en 2018): UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por horas extras no cotizadas.  Los trabajadores no sólo pierden ingresos sino sobre todo derechos al cotizar por menos horas de las que hacen realmente: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile. Pero lo peor es que el exceso de horas extras quita” empleo, porque las empresas suplen los nuevos trabajadores que necesitarían haciendo que los que trabajan hagan muchas horas. De hecho, si no se hicieran esas 6,45 millones de horas extras a la semana, las empresas contratarían 170.787 nuevos trabajadores (contando las 37,77 horas de jornada media pactada).

Las horas extras (pagadas y no pagadas) son muchas, pero las hacen una minoría de trabajadores: 797.000 empleados a finales de 2018, sólo el 4,84% de todos los asalariados, según la EPA, aunque son 141.500 más que en 2011 (entonces las hacían el 4,32% de los trabajadores). La mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras semanales (el 30%), los que hacen de 1 a 3 horas (17,5%) y de 10 a 12 horas extras a la semana (otro 17,5%). Y de ellos, 338.100 asalariados (el 42,4% de los que hacen horas) son los que hacen horas extras no pagadas (198.700 hombres y 139.500 mujeres). Los sectores donde se hacen más horas extras gratis, según la EPA,  son las inmobiliarias (el 95,4% de horas no las pagan), educación (86,5%), banca (82,9%), actividades profesionales, científicas o técnicas (74,2%), información y comunicaciones (63,7%), eléctricas (52,7%), hostelería (49,2%) y comercio (48,6%). Las autonomías donde no se pagan más de la mitad de horas extras son Ceuta y Melilla (71% gratis), País Vasco y Madrid (56%), Cantabria (53%) y Galicia (51%). Por profesiones, hacen más horas extras gratis los directivos, técnicos cualificados y profesionales, con contratos indefinidos y en los servicios, según un informe de CCOO.

Todavía hay otras horas extras que no figuran en las estadísticas oficiales y que son el resultado de un fraude en los contratos a tiempo parcial: se contrata a alguien con un contrato por  4 horas y en realidad trabaja 6, 8 o 12 horas y esas horas “extras” se le pagan en negro (o no todas) y no cotizan por ellas. Y el trabajador, o acepta esas condiciones o se queda sin el empleo, que aceptará otro parado. Es algo cada vez más utilizado en hostelería, comercio, servicio doméstico y en muchas pymes del sector servicios. No en vano, de todos los contratos hechos en 2018, más de un tercio (35,8%) fueron contratos a tiempo parcial, mientras los dos tercios restantes eran a jornada completa. Y ya hay 2.894.800 ocupados con este tipo de contrato, el 14,8% de los trabajadores, la mayoría en los servicios (2.653.300 empleos a tiempo parcial) y entre las mujeres (2.159.300, el 74,6% del total son mujeres).

El contrato por horas se usa sobre todo en el servicio doméstico (el 55,2% lo tienen y el 60% de las mujeres que trabajan en este sector), las actividades artísticas (32,2% trabajan con contratos por horas y el 35% de las mujeres), las actividades administrativas (28,8% contratos a tiempo parcial y 43,1% las mujeres de este sector) y la hostelería (24,8% de los trabajadores lo tienen y el 32% de las mujeres), los sectores más proclives al fraude de trabajar más horas de las fijadas por contrato. De hecho, la Inspección de Trabajo, en el Plan por un trabajo digno (iniciado en agosto 2018), envió 130.000 cartas a empresas por presunto fraude laboral: 85.500 por contratos temporales que debían ser fijos y 50.000 por contratos a tiempo parcial que encubrían jornadas a tiempo completo (con horas extras no declaradas).

Ambos fraudes, el de un exceso de horas extras (el Estatuto de los Trabajadores las limita a 80 horas anuales, 1,6 horas a la semana, con un periodo de 4 meses para recuperar las horas extras no pagadas) y el de los trabajadores por horas que trabajan a jornada completa, son posibles porque los trabajadores no los denuncian y porque cuando los sindicatos o un trabajador lo denuncian, es muy difícil de demostrar, porque la mayoría de empresas no llevan un control estricto (muchas lo hacen “a mano”) de la jornada laboral, solo las grandes. Pero la Inspección de Trabajo sabe que el fraude es elevado: en 2014 hizo un plan de inspección en 2.900 empresas (de más de 3 millones) y detectó “irregularidades” sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Pero se quejan de que es difícil demostrarlo al no existir obligación legal de tener un control riguroso de los horarios.

Hasta ahora, la guerra contra las horas extras excesivas y sin pagar la han protagonizado los sindicatos y la banca, a la que han llevado desde hace años a los Tribunales. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. A raíz de estas 3 sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016 una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada, lanzando además una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas 3 sentencias y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Y con ello, la inspección de Trabajo dio marcha atrás y en mayo de 2017 anuló la exigencia del registro diario de jornada.

Pero “la batalla legal” no acabó ahí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), dictó unauto, el 19 de enero de 2018, en el que planteó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y hace poco, el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE ha dado la razón  a los sindicatos y propone al Tribunal de Justicia UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de jornada laboral efectiva”, porque es “la única manera de poder determinar la cantidad de trabajo realizado, su distribución y si son horas ordinarias o extraordinarias”. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se espera en los próximos meses pero todo indica que harán caso, como es habitual, a la tesis de su abogado general.

Este apoyo judicial comunitario ha sido determinante para que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya aprobado el 8 de marzo un nuevo decreto-ley sobre control de horarios, que había pactado con los sindicatos y al que se opone la patronal CEOE. Establece la obligación de que todas las empresas implanten, a partir del 12 de mayo, un registro diario de jornada donde se especifique la hora de entrada y salida y que se debe guardar durante 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, que lo lleva pidiendo años para controlar que no se hacen horas extras ilegales o excesivas y que se pagan o compensan con horas libres. Y se establecen sanciones a las empresas que incumplan, hasta un máximo de 6.250 euros.

Habrá que esperar para ver si este mayor control de la jornada reduce el fraude y las horas extras, lo que antes o después favorecería a la creación de más empleo. Porque no es de recibo que el 2º país de Europa con más paro sea uno de los que tienen la jornada laboral más larga, debido sobre todo al exceso de horas extras. Así, la jornada laboral media en España era de 37,9 horas semanales en septiembre de 2018, frente a 37,2 horas en la UE-28 y 36,6 horas semanales en los paises euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y salvo Grecia (42 horas semanales), Portugal (39,5 horas) y muchos paises del Este (40,5 horas en Polonia), el resto de Europa trabaja bastantes horas menos que España: 37,5 horas semanales Italia, 37,4 Francia, 37,3 Bélgica, 36,7 Austria, 36,6 Reino Unido e Irlanda, 36,3 Suecia  y 35 horas semanales Alemania.

Y a pesar de trabajar más horas, somos menos productivos, porque trabajamos con menos eficacia aunque “calentemos más la silla”:  la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa (ocupamos el lugar 14 en el ranking de renta por habitante). Y esta menor productividad (y riqueza) se debe no a las horas que trabajamos sino al menor peso de la industria, a la menor formación de los trabajadores y parados, al menor gasto en tecnología a innovación, al menor tamaño de las empresas (demasiadas pymes), a la menor inversión pública, a la excesiva precariedad del empleo, al exceso de burocracia y normativas y a la deficiente organización de las empresas, según expliqué en un blog reciente.

Ahora, con el próximo control de jornada, la Inspección de Trabajo tienen una herramienta clave contra el fraude en las horas extras, aunque necesita más inspectores: tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1/7.300 en la UE-28. Y además, se necesita otra reforma legal para endurecer las sanciones, porque todavía son bajas (de 600 a 6.250 euros) y pueden llegar a “compensar” el fraude. En paralelo, el próximo Gobierno debería encarecer la cotización de las horas extras, para penalizar su uso excesivo y fraudulento. E incentivar fiscalmente y con cotizaciones a las empresas que transformen horas extras en nuevos empleos estables, el que debería ser nuestro gran objetivo final.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela laboral” con la que muchos trabajadores “colaboran”, obligados o voluntariamente. Pero hay que decirlo claro: las horas extras “roban empleo” a los parados. Por eso, hay que perseguirlas y crear una conciencia en contra, en paralelo a la mejora de los salarios. Y, sobre todo, buscar un acuerdo nacional por unos horarios razonables, por jornadas laborales que se acaben a las 6 de la tarde, para favorecer la conciliación familiar y sobre todo, la vida de las mujeres. Se puede y se debe competir y sobrevivir trabajando menos horas y repartiendo el trabajo entre más gente. La Europa más rica lo demuestra. Hay que trabajar menos horas y mejor.