UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

El Sahel, una región crítica para España

La seguridad de Europa no está en riesgo sólo por Putin y el imperialismo ruso. Hay otro riesgo grave en el flanco sur de Europa, que preocupa especialmente a España: el Sahel, 10 paises de África situados debajo del Sahara, donde crece la violencia y el terrorismo yihadista, forzando la inmigración hacia España (Canarias) y Europa, para huir de la guerra y el hambre. El último informe de Seguridad Nacional da la alerta: el Sahel es “una región crítica para España”, de donde proceden ya el 74% de los inmigrantes que llegan por mar. Y señala a esta inmigración ilegal como el tercer mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la desinformación. El problema es que Europa se ha desentendido del Sahel, tras la marcha de fuerzas francesas y europeas, y Rusia ha ocupado su lugar, con armas y mercenarios, mientras China invierte y vende armas. España se juega mucho en el Sahel, la amenaza del sur de la que apenas hablan Europa y la OTAN.

                                                                                                                       Mapa CIDOB

El Sahel (“la costa”, en árabe) es la franja de paises situados en África, al sur del Sahara, , como la antesala entre el desierto y el verde de la sabana al sur. Lo integran 10 paises, según la estrategia de la ONU para el Sahel (UNISS), que ocupan una franja de 6.000 kilómetros de larga y 600 kilómetros de ancho, que va desde el Atlántico hasta casi el Mar Rojo (ver mapa): Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Estos 10 paises tienen 7 veces el tamaño de España y alguno, como Chad, es tan grande como Francia, Alemania e Italia juntos. Tienen unos 350 millones de habitantes y una demografía explosiva : el 70% de la población en los 5 paises centrales (Mauritania, Malí, Níger, Burkina Fasso y Chad) son menores de 24 años…

El Sahel es una región donde múltiples factores han llevado a la pobreza, la desigualdad y la violencia. Por un lado, las fronteras entre los paises son artificiales, creadas por las metrópolis europeas (sobre todo, Francia) , lo que agrava los conflictos étnicos entre diversos pueblos y entre agricultores sedentarios y ganaderos nómadas. Por otro, el cambio climático, las sequías y las malas cosechas han multiplicado el hambre y la pobreza en la región: el 50% de los habitantes del Sahel viven por debajo del umbral de la pobreza y 1 de cada 6 no tiene para comer, según la ONU. Y han sufrido décadas de regímenes corruptos, que se han aprovechado de las riquezas naturales y que han llevado a la violencia: 4 golpes de Estado (2 en Malí, en 2020 y 2021, otro en 2022 en Burkina Fasso y otro en Níger en 2023).

Además del hambre, la desigualdad y la corrupción política, lo que ha destruido el Sahel en los últimos años es la violencia y el terrorismo yihadista. En 2024, el 51% de las muertes por terrorismo en todo el mundo se produjeron en el Sahel, según Global Terrorism Index 2024: 3.885 muertes (10 veces las de 2019)  de un total de 7.555 en el mundo. La mayoría de estas muertes las han provocado dos grupos terroristas yihadistas: IS Sahel, la filial del Estado Islámico (con fuerte presencia en Níger) y JNIM, la rama de Al Qaeda, con fuerte presencia en Malí y Burkina Fasso. Sus actividades terroristas, sobre todo en el triangulo fronterizo entre Malí, Níger y Burkina Faso (ver mapa) han provocado más de 10.000 muertes en los últimos años y la huida de millones de personas: los desplazados internos en el Sahel superan los 3 millones, según ACNUR, y hay más de 1 millón de refugiados y solicitantes de asilo.

La región del Sahel se ha convertido en “el epicentro mundial del terrorismo”, según este informe de CIDOB, que destaca el nefasto papel de los Gobiernos de la región (dictaduras militares) para acabar con la violencia yihadista, que sólo en el último mes ha atacado cuarteles y matado a 300 soldados en Malí, Burkina Fasso y Níger. En 2024 abandonaron el Sahel las últimas tropas europeas y de Francia, por imposición de los Gobiernos militares que gobiernan el G5 Sahel (Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad y Mauritania). Y su lugar lo ha ocupado Rusia, que asesora militarmente a estos Gobiernos, les vende armas y les ofrece los servicios de los mercenarios del Grupo Wagner (y su nuevo grupo, África Corps).

Tras Ucrania, el Sahel es el 2º teatro de confrontación que Putin ha elegido para desestabilizar Europa, a la que el Sahel exporta terrorismo, droga y refugiados, dirigidos por mafias. Rusia tiene acuerdos de cooperación militar con 43 paises africanos, pero cada vez está más centrado en el Sahel. Además de los acuerdos militares y la provisión de mercenarios a Níger, Burkina Fasso y Mali, Rusia tiene excelentes relaciones militares y económicas con Chad, República Centroafricana, Sudán y Gabón, además de Libia y Sudán. Incluso, se constata la presencia de buques de guerra de Rusia en el Golfo de Guinea, en paralelo a su despliegue en Guinea Ecuatorial, donde mercenarios rusos apuntalan al dictador Teodoro Obiang. En todos los casos, el interés de Putin en el Sahel pasa por vender armas y controlar Gobiernos, para asegurarse el acceso a materias primas básicas (uranio en Níger, petróleo en Gabón y Nigeria, oro y algodón en Malí…). Lo mismo, pero más discretamente hace China: vende armas a varios paises del Sahel e invierte en infraestructuras (puertos y trenes).

Para España, el Sahel es “una región crítica”, según el Informe 2024 de Seguridad Nacional (SN). Sobre todo porque está “alimentando” las últimas “oleadas” de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Los datos del informe de SN son muy claros y revelan que el conflicto del Sahel ha cambiado el panorama de la inmigración ilegal de África hacia España: si hace unos años la mayoría de la inmigración ilegal venía del Magreb (por la ruta del Estrecho y el Mediterráneo), ahora vienen por el Atlántico hacia Canarias y la mayoría son inmigrantes irregulares del Sahel, que huyen de la violencia, la guerra y el hambre.

Veamos los datos. En 2024, el grueso de la inmigración ilegal a España (64.019 personas, un récord histórico) ha llegado por vía marítima (61.372 entradas, el 95,8%). Y la mayoría de esta inmigración ilegal por mar ha llegado a Canarias (46.843 llegadas en 2024, otro récord histórico, +17,4% que en 2023). Y lo más llamativo, según alerta el informe de Seguridad Nacional es que el 72% de los inmigrantes ilegales que llegaron por mar vinieron del Sahel (frente al 62% en 2023). En 2024, la mayoría de estos inmigrantes que llegaron en cayucos eran de Malí (15.261 inmigrantes, +543% que en 2023) y Senegal (11.284 inmigrantes, -45%), muy por delante de los inmigrantes de Argelia (9.552,+36%) y de Marruecos (6.945 inmigrantes, -50%). Y les siguen inmigrantes de otros paises del Sahel: 3.890 de Guinea (+38%), 2.804 de Mauritania (+196%), 2.545 de Gambia y 1.006 de Costa de Marfil.

El otro gran cambio, además del tremendo flujo de inmigrantes del Sahel (frente a los del Magreb) es que estos inmigrantes solicitan asilo en España (en Canarias), porque en la mayoría de los casos no es una inmigración “económica” (como la de Marruecos o Argelia) sino una inmigración que huye de la guerra y la violencia, además del hambre. Por eso, se han disparado las peticiones de asilo en España: en 2024 fueron 165.398 solicitudes, el 2º país europeo con más peticiones de asilo tras Alemania (237.000). La mayor parte de estos “refugiados” del Sahel parten hacia Canarias desde Mauritania (25.081 salidas de los 46.843 inmigrantes marítimos llegados a Canarias en 2024) , donde está el campo de refugiados de M´Berra (con casi 300.000 refugiados: ver foto).

El reciente informe de Seguridad Nacional alerta que la inmigración irregular es el tercer mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la desinformación. Y señalan que el epicentro de este riesgo es el Sahel, donde Putin puede utilizar la “bomba migratoria” para desestabilizar a Europa (sobre todo a España, Italia y Francia). Y que el problema se agravará en los próximos años, porque el terrorismo yihadista y las guerras civiles se están extendiendo a paises vecinos del Sahel (Golfo de Guinea, Sudán, Eritrea, Gabón y República Centroafricana), alimentadas por Rusia y China.

Frente a esta grave problema en el Sahel, Europa ha actuado muy mal en las últimas décadas, como refleja el libro “El fracaso de Occidente en África”, de Beatriz Mesa. Desde 2011, la UE ha desplegado 3 estrategias para el Sahel, centradas más en buscar la seguridad con fuerzas militares que en apoyar la cooperación y el desarrollo (desde 2014, la UE ha aportado 8.000 millones de euros, de ellos 1.160 en ayuda humanitaria y 4.600 en cooperación). Ha habido 3 misiones europeas de Seguridad y Defensa, lideradas por Francia, que se han dedicado a formar y profesionalizar los ejércitos de estos paises. Al final, eso ha llevado a 4 golpes de Estado, donde los militares han optado por echar a Francia y a los militares europeos: Francia retiró todas sus tropas (tenía 10.000 militares hace 5 años) y los militares europeos se fueron en mayo de 2024, dejando vía libre a Rusia y sus mercenarios, junto a China y sus inversiones.

El gran error de Europa en el Sahel, según este informe de CIDOB, ha sido centrarse en un enfoque militarista y de control de los flujos migratorios más que en ser “un actor político y económico en la región”, ayudando a los paises con la miseria y la pobreza, que son las bases de la violencia y el terrorismo. Esta política ha fortalecido a unos ejércitos que han acabado siendo golpistas y antieuropeos, reforzando a élites corruptas. Ahora, la nueva Comisión Europea está más obsesionada por la seguridad en el Este de Europa que en reforzar el flanco sur de la OTAN y de Europa, que es el Sahel. Pero Europa debe cambiar de actitud y reforzar la cooperación económica y social con el Sahel, para quitar bazas a Putin. Y apostar por una nueva presencia en la región, asentada en la cooperación, la lucha contra la pobreza y el Cambio Climático y el desarrollo.

Estos eran los objetivos de la visita que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen a Mauritania, en febrero de 2024, acompañada del presidente español, Pedro Sánchez. Allí firmaron una declaración conjunta UE-Mauritania y compromisos de cooperación (210 millones de euros), que se quiere continuar con Senegal y Gambia, los tres paises de origen de la mayoría de inmigrantes ilegales a Canarias y Europa.

En paralelo, el Gobierno español lleva varios años “obsesionado” con el Sahel, sobre todo ahora tras el último informe de Seguridad Nacional. El presidente Sánchez visitó en agosto de 2024 Mauritania, Senegal y Gambia, donde firmó compromisos de cooperación y para reducir la inmigración ilegal. Además España tiene presencia de la Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia, para apoyar a sus militares en el control de fronteras , mientras también hay cooperación con esos paises de la Policía Nacional. Y Defensa participa en programas de formación y capacitación militar en paises del Sahel y del Golfo de Guinea. Además, España participa en programas financiados por la UE para luchar contra las redes de tráfico de inmigrantes en el Sahel y el Magreb. Y dentro de los programas internacionales de la Cooperación Española, el Sahel será una zona prioritaria, a la que España ha destinado 994,4 millones de euros desde 2010 a 2023.

Son pequeños avances pero insuficientes ante una región de la que proceden el 72% de los inmigrantes que llegan por mar a España (Canarias). Es urgente que el Sahel deje de ser “una obsesión de España” para ser “una obsesión de Europa”, porque es la principal vía de inestabilidad en su flanco sur. Para ello, es clave que el Sahel sea, junto con Ucrania, uno de los protagonistas de la próxima Cumbre de la OTAN en la Haya (24 y 25 de junio), que celebrará su 75 Aniversario y sentará las bases de un futuro “más europeo y menos USA”. Hay que fijar prioridades y medios para frenar la llegada de inmigrantes, terrorismo y droga del Sahel a Europa, algo vital para España (y también para Italia y Francia). España debe seguir presionando sobre este problema en Bruselas y en la OTAN, porque somos los primeros perjudicados si el Sahel arde en llamas.

20 millones de hambrientos más

La ONU ha lanzado un alarmante SOS: 20 millones de africanos pueden morir de hambre si no se les ayuda en un mes. Es la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra mundial y afecta a Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia, asoladas por la guerra, la sequía y la miseria. De momento, los grandes paises, divididos por el conflicto sirio y los problemas políticos internos, miran para otro lado. Y los ciudadanos ayudan poco: el hambre nos incomoda, aunque lo tengamos en Europa y haya 1.600.000 españoles que comen de la caridad. Esta grave crisis en África se suma a los 793 millones de personas que pasan hambre en el mundo, no porque falte comida sino porque está mal repartida. Y mientras, crece en muchos paises pobres la obesidad, que ya es una epidemia mortal en los paises ricos. La ONU quiere acabar con el hambre para 2030, pero será imposible si no se racionaliza la producción y el consumo mundial de alimentos. Una responsabilidad de Gobiernos y consumidores.
 

enrique ortega

Es la mayor catástrofe humanitaria que ha visto el mundo desde finales de la Segunda Guerra mundial, según advirtió el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Emergencias de la ONU, Stephen O´Brien, el 11 de marzo, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En conjunto, hay más de 20 millones de personas que podrían morir de inanición en Yemen (7 millones), Sudán del sur (5), Nigeria (5) y Somalia (3). Y la ONU ha reclamado que urge reunir 4.200 millones de euros en poco más de un mes para evitar la catástrofe. Pero de momento, los grandes paises no han movilizado estos recursos y hay 30 organizaciones humanitarias en la zona intentando paliar la hambruna, sin medios y con graves problemas para abrir “pasillos humanitarios”, por culpa de las guerras locales.

Y es que el detonante de esta histórica catástrofe humanitaria en el sureste de África son las guerras, que han acabado de hundir a unos países ya de por sí pobres y atrasados, que además sufren graves sequías por efecto del cambio climático. En Yemen, dos tercios de la población necesitan ayuda (casi 19 millones de personas), tras una guerra civil que se ha cobrado ya 100.000 muertos y que enfrenta a la guerrilla insurgente Houthi (apoyada por Irán) y el Gobierno, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí. En Sudán del sur, la nación más joven del mundo (se independizó en 2011), más de 7,5 millones de personas necesitan ayuda tras una guerra civil que dura ya 3 años y que ha desplazado de sus hogares a 3,4 millones de personas. En Nigeria, la guerrilla fundamentalista de Boko Harán ocupa zonas del noroeste desde hace 7 años, con 20.000 muertos y casi 2,6 millones de desplazados. Y en Somalia, más de la mitad de la población (6,2 millones de personas) necesita ayuda, no por una guerra sino por una tremenda sequía que ha provocado la pérdida de ganado y cosechas, con un 27% de la población en riesgo de hambruna.

Las ONGs se están volcando con esta grave crisis humanitaria en África, mientras se retrasa la ayuda de los grandes países y la ONU trata de abrir “pasillos humanitarios”. Pero en general, el mundo es bastante pasivo ante estos dramas del hambre, que periódicamente cuestan millones de vidas, como en Etiopía en 1983-85 o en Somalia en 2011. Y eso sabiendo que estos 20 millones de hambrientos nuevos se suman a los 793 millones de personas que ya pasan hambre en el mundo, 1,1 de cada 10 habitantes del Planeta, según los datos de la FAO, el organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura. Un problema con graves consecuencias para muchos paises, por su secuela de atraso, enfermedades y muerte: el hambre provoca que mueran 25.000 personas cada día, un tercio de ellos niños .

Hay una especie de fatalismo sobre el hambre (“siempre ha habido y siempre habrá”) y la mayoría de los occidentales no quieren oír hablar de este problema, quizás menos ahora que lo tienen cerca de casa. De hecho, el hambre y la malnutrición han vuelto con esta crisis a Europa, un continente que ya sufrió las cartillas de racionamiento al final de la Segunda Guerra Mundial (ver libro “Postguerra”, de Tony Judt). Así, en Gran Bretaña, 10,5 millones de familias reciben ayudas de vivienda y alimentos, lo mismo que 6,7 millones de alemanes que reciben ayudas del programa Hartz IV para parados sin subsidio. En Francia, 1,4 millones de personas cobran la renta de solidaridad para sobrevivir. Incluso en EEUU, un 15% de los norteamericanos (47,6 millones) reciben vales de comida para subsistir. En España, hay 1.600.000 españoles que comen gracias a los bancos de alimentos, mientras el 3,2% de los hogares (576.000 familias) no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado a la semana, según Eurostat. Y muchos padres y colegios han alertado que hay más de 100.000 niños españoles malnutridos, tras los recortes en las becas de comedor.

Está claro que este “hambre occidental” es distinto del hambre de África o los paises en desarrollo, pero quizás haya servido para desviar la atención de los paises ricos del grave problema del hambre en el mundo. Un problema que en los últimos años cambia de cara: muchos paises pobres han pasado del hambre al sobrepeso. Un ejemplo claro es América Latina, la región del mundo que más ha reducido en hambre en las últimas décadas (del 14,7 al 5,5% de la población): ahora, 3 de cada 5 latinoamericanos (el 58%), 360 millones de personas, tienen sobrepeso, según un informe de la FAO. Y hay muchos paises, como Haití, donde una parte de la población pasa hambre y otra parte tiene sobrepeso, porque compran alimentos ultra procesados, de baja calidad y con un exceso de grasas, pero más baratos que las frutas, verduras, carnes y pescados que necesitarían para tener una dieta equilibrada.

La consecuencia es que América Latina y muchos paises pobres de Asia y África comparten el hambre con la pésima alimentación (zumos en polvo, bebidas azucaradas, patatas fritas, galletas, salsas, comida preparada) que les causa sobrepeso, una “bomba letal” a medio plazo, porque les acaba provocando obesidad y diabetes, además de numerosas enfermedades (desde ataques cardíacos a ceguera, amputaciones, ictus) y muertes. De hecho, la mala alimentación provoca que 1 de cada 10 adultos latinoamericanos sufra una enfermedad crónica y 1 de cada 8 habitantes del Caribe sufre diabetes, según las estadísticas de la FAO.

Así que en los paises pobres, el hambre y el sobrepeso son las dos caras de la misma moneda: la malnutrición y el subdesarrollo. Pero además, hay 793 millones de hambrientos en un Planeta donde la mayoría comemos muy mal y en exceso: 1 de cada 3 adultos del mundo tienen obesidad (600 millones) o sobrepeso (1.900 millones de personas), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentando dramáticamente la obesidad infantil. Y en España, el 65,6% de la población tiene sobrepeso  y, de ellos, el 26,5% padece obesidad (12.250.000 españoles), siendo el segundo país europeo con más obesos, tras Reino Unido (28% de obesos), según los datos de la OMS (2014). Esta obesidad es el origen de numerosas enfermedades cardiovasculares, ictus y sobre todo de la diabetes, que sufren 422 millones de personas en el mundo, de ellos 4,3 millones en España (el 9,4% de los españoles).

Volviendo al hambre en el mundo, hay que partir de una premisa: el problema no es que falte comida, sino que está muy mal repartida. Hay alimentos suficientes para 12.000 millones de personas, según la FAO, y somos 7.200 millones en el mundo. Los culpables del hambre son la globalización y la desigualdad. Durante casi todo el siglo XX, hasta 1990, África exportaba alimentos, como explica Martín Caparrós en su libro “Hambre”. Pero a raíz de las políticas de ajuste y globalización, impulsadas por el FMI y el Banco Mundial, se impuso un cambio de modelo, donde África, Asia y Latinoamérica iban a desmantelar su agricultura tradicional y centrarse en cultivos extensivos (soja, maíz, algodón) para el mercado mundial, para que así pudieran pagar los abultados intereses de su deuda externa. Y les obligaron a suprimir sus políticas de reservas estratégicas y alimentos subsidiados, porque “iban contra el mercado”. La consecuencia: estos paises pobres se han visto forzados a importar alimentos de los paises ricos, a precios impagables.

En paralelo, se han producido otros hechos que han agravado el hambre. Por un lado, los paises ricos han multiplicado sus cosechas, subsidiadas por sus Gobiernos (en Europa y USA), con un exceso de grano que ha ido a alimentar animales (el 70% del maíz USA), porque cada vez consumen más carne. Y ese grano (maíz, trigo, sorgo) que en los paises pobres consumirían las personas va a alimentar vacas, cerdos o gallinas: quien come carne se “apropia” de la comida de 5 a 10 personas en el Tercer Mundo. Además, se han desviado también alimentos (sobre todo maíz) para biocarburantes: llenar un depósito de etanol consume 170 kilos de maíz, la comida de un niño africano durante un año… Y por si fuera poco, en los años 90, los bancos de inversión empezaron a utilizar los alimentos para especular, disparando los precios internacionales de muchos alimentos.

La FAO señala que las causas del hambre hay que buscarlas en toda la cadena de producción alimentaria, desde las semillas a la comercialización. Así, denuncia la enorme dependencia de los agricultores del Tercer Mundo de unas pocas semillas muy costosas, patentadas por las grandes multinacionales: hay 10.000 especies para alimentarse pero sólo se utilizan 150 y el 60% de las calorías del mundo proceden de 4 cultivos (trigo, maíz, arroz y patatas). Luego, en la mitad del Planeta se utiliza mal el agua, cada vez más escasa, y no hay apenas abonos y tecnología para mejorar los cultivos. Y además, faltan tierras accesibles al pequeño agricultor,  en África, Asia y Latinoamérica, mientras las acaparan multinacionales chinas, norteamericanas y europeas. Además, los pequeños agricultores pobres no tienen medios para conservar, transportar sus productos y que accedan a los mercados: la FAO estima que con los alimentos que se pierden en África y Latinoamérica por falta de medios para conservarlos podrían comer 600 millones de personas. Y al final de la cadena, en Occidente, se tiran alimentos para mantener altos los precios o porque los consumidores los desperdician: con lo que los europeos tiran cada día a la basura podrían comer 200 millones de personas.

Así que hay hambre en el mundo por el caótico sistema de producción y consumo de alimentos, que perjudica a los agricultores y consumidores de los paises pobres, a costa de los enormes beneficios de las multinacionales de la alimentación y del despilfarro de los consumidores, que podríamos evitar consumiendo productos frescos locales y menos carne. Ahora, el nuevo objetivo de la ONU es acabar con el hambre para 2030, pero no será fácil porque el mundo va a seguir creciendo y los recursos (agua, tierra, energía) son escasos. Haría falta un gran Acuerdo mundial contra el hambre, como el logrado en París contra el Cambio Climático, asentado en varios frentes. El primero, potenciar el trabajo de la FAO, cuyo presupuesto en 8 años equivale a lo que gasta el mundo en armamento en 1 día. Con más recursos, la ONU podría ayudar a los paises pobres a potenciar su  agricultura, con semillas enriquecidas (arroz o cereales con más proteínas), más tecnología, más medios para conservar y transportar los alimentos y más acceso a los mercados. Y en paralelo, cambiar los hábitos alimenticios de Occidente, para reducir el sobrepeso y el despilfarro de comida, con más alimentos naturales de mercados próximos  y menos comida preparada de importación. Y por supuesto, con una mayor apuesta de los paises ricos por la ayuda al desarrollo (el 0,7% que no cumplen), que España ha recortado un 73,5% (-3.300 millones de euros) desde 2008,  y la erradicación de las guerras, que agravan el hambre.

Curiosamente, la comida, la primera necesidad del hombre, no está reconocida como un derecho en ninguna Constitución (salvo en Bielorrusia o Moldavia), como sí lo están la sanidad o la educación en muchos países. Los gobiernos occidentales no quieren aprobar una ley que garantice la alimentación de todos los ciudadanos, quizás porque sería reconocer los fracasos de sus políticas sociales. Pero el hambre está ahí, rondando en Occidente y masacrando a millones en los paises pobres. Y ahora, la ONU lanza un SOS que debería quitarnos el sueño: hay 20 millones de hambrientos más. El mundo debe movilizarse para evitarlo. Todos podemos ayudar, donando algo a una ONG. Les doy algunas: Acción contra el hambre, Manos Unidas, Intermón Oxfam, Médicos sin fronteras, ACNUR… Muchos pocos ayudan, aunque lo importante es que se movilicen los gobiernos. No podemos permanecer impasibles. Hay que erradicar el hambre como sea. Es una vergüenza para el mundo.

Cooperación española: recortes de vergüenza

Mucho vender la “marca España” por el mundo y resulta que somos el país que más ha recortado la ayuda a los países pobres y el cuarto país que menos dinero aporta al mundo subdesarrollado. Con la crisis, el Gobierno Rajoy ha recortado ayudas dentro pero más fuera, donde hay 900 millones de personas en pobreza extrema. La OCDE acaba de publicar un  informe demoledor sobre la ayuda española: gastamos poco y mal en los países pobres. Y las ONGs denuncian sobre todo el hundimiento de  la ayuda humanitaria, para situaciones de emergencia (como la de Ecuador), que ha pasado de 320 millones anuales a sólo 50 millones. Urge recuperar la Cooperación de España en el mundo, que fue ejemplar hasta 2008. Todos los grupos políticos (salvo el PP)  han aprobado una proposición no de ley para triplicar la ayuda en la próxima Legislatura. Se puede y se debe. Porque ayudar a los más pobres tiene una triple recompensa: moral, política y económica. No nos avergüencen.
 

enrique ortega

Los fondos de ayuda al desarrollo (FAD) es el dinero que los países ricos destinan a ayudar a los países pobres, con proyectos para luchar contra la pobreza y el subdesarrollo. Con la crisis, todos los países occidentales recortaron sus aportaciones, que cayeron entre 2007 y 2009, estancándose después. Pero ahora, los últimos datos de la OCDE revelan que la ayuda al desarrollo (FAD) se está recuperando: creció un 6,8% en 2015, por tercer año consecutivo, y alcanzó los 146.680 millones de dólares (28 países). Eso supone que ahora dedican un 0,30% de su PIB para ayudar a los países pobres, volviendo a los niveles de ayuda de 2006, aunque el dato tiene "truco": inflan las ayudas al desarrollo incluyendo en ellas lo que los países ricos gastan "dentro" en atender a los refugiados (12.000 millones de dólares en 2015). Y aún así, todavía están lejos del objetivo del 0,7%, que comprometieron gastar con la ONU, en 1970. Los que más gastan en ayudar a los países pobres son Estados Unidos (31.080 millones dólares), Reino Unido (18.700), Alemania (17.780), Japón (9.320) y Francia (9230 millones dólares) , pero gastan poco en relación a su riqueza (0,17% de su PIB USA o el 0,51% Alemania) y sólo hay 6 países que gastan en ayuda al desarrollo más del 0,7% que propone la ONU: Suecia (1,40% de su PIB), Noruega (1,05%), Luxemburgo (0,93%), Dinamarca (0,85%), Países Bajos (0,76%) y Reino Unido (0,71%).

España está en el pelotón de cola de la ayuda al desarrollo: gastó 1.446 millones de euros en 2015, un 0,13% del PIB, el cuarto país que menos ayuda a los países pobres, sólo por delante de la República Checa (0,13%), Eslovaquia y Polonia (0,10%), incluso menos que Grecia (0,14%) o Portugal (0,16%), según el ranking 2015 que acaba de publicar la OCDE. Y  España es el país occidental que más ha recortado su ayuda al desarrollo con la crisis: un -73,7%, pasando de gastar 5.500 millones de euros en 2008 a 1.446 millones en 2015, casi la cuarta parte. El impresionante recorte muestra el cambio drástico que ha dado la ayuda exterior española: si en los años 80 gastábamos mucho menos que los demás (0,04% del PIB frente al 0,34 total en 1983), en los años 90 nos equiparamos (0,28% frente a 0,29% en 1993) y en la década del 2000 superábamos incluso al resto de la OCDE, con un máximo en 2008: España dedicó el 0,45% de su PIB a ayudas al desarrollo frente al 0,30% de los 28 países ricos. Pero en 2011, Zapatero pega el primer tajo a la Cooperación (baja al 0,29%) y en 2012 y 2013, Rajoy pega dos tijeretazos más, para bajarla al actual 0,13% del PIB. En resumen: de ser “un país modelo” en ayuda al desarrollo hemos pasado a ser “un vergonzoso ejemplo”.

El recorte a las ayudas al desarrollo y la Cooperación internacional no lo ha hecho sólo el Gobierno central, sino también las autonomías, Ayuntamientos, Universidades, Fundaciones, entidades y empresas: hay más de 900 entidades que ayudan y suponen un 15% del gasto total. Y este desplome de fondos ha supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de las ONGs, según un informe de la Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen en un 60% de recursos públicos (recortados). Las ONGs que no han cerrado han tenido que recortar plantillas, sueldos y proyectos, mientras buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Porque si en 2010, los fondos públicos al desarrollo llegaban a 665 ONGs españolas, en 2012 sólo llegaron a 78 ONGs.

El problema no es solo que se gaste casi la cuarta parte en Cooperación internacional. Otro problema grave es que además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo el menguante dinero disponible: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables.  En 2013 sólo se gastó el 69% del presupuesto disponible y en 2014 no debió subir del 70%. Segundo, porque una buena parte de la ayuda se gasta en burocracia, en gastos administrativos, no en proyectos concretos. Y además, expertos y ONGs se quejan de que no hay auditorías que sigan la eficacia de las ayudas (por no hablar de corrupción, como el caso que saltó en la Comunidad Valenciana).

Otro problema es que dos tercios de toda la ayuda española al desarrollo no la gestiona España: se tramita a través de organismos multilaterales, que gestionan  el 67% de toda la ayuda exterior, mientras en los demás países OCDE sólo se canaliza así el 27% de toda la ayuda. Eso significa que la mayor parte de nuestra ayuda son contribuciones fijas a organismos multilaterales (el 78%, contribuciones obligatorias a la Unión Europea, que es la que las gasta) y que sólo un tercio de toda la ayuda es bilateral, de España con cada país. Y aquí hay otro problema: el Gobierno Rajoy ha cambiado las prioridades y ha centrado buena parte de esta ayuda exterior en países de renta media (como Perú, Colombia y Ecuador), por interés de las empresas españolas que invierten fuera (los que venden la “Marca España”), recortando la ayuda a los países más pobres y en conflicto, que deberían ser los prioritarios (han pasado de llevarse el 25% al 18% de la ayuda total). Así, la Cooperación española con los países del Magreb y el África subsahariana (de donde salen las pateras con inmigrantes) ha caído un 91% desde 2011.

Otra crítica que hacen expertos y ONGs a la Cooperación española es que Rajoy ha cambiadoe l modelo de gestión, quitando recursos al Ministerio de Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado, que han pasado de gestionar el 47% de los recursos (2011) a sólo el 12% (2015). Y se los ha dado a los Ministerios económicos, para ligar más la ayuda exterior al crecimiento internacional de las empresas españolas. Así, ahora, más de la mitad del presupuesto (recortado a 1.446 millones de euros) lo gestionan Hacienda (el 50%, sólo para “transferir” las cuotas a los organismos multilaterales) y Economía (15%), además de muchos otros Ministerios e instituciones públicas, porque otro problema de la Cooperación española es que la hacen multitud de organismos, con poca coordinación entre ellos. Los expertos y ONGs critican también que la ayuda española se dirige a demasiados proyectos y países, 23 de Latinoamérica y África (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Mauritania, Marruecos, Sahara y territorios Palestinos, Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Filipinas).

Estos problemas de la Cooperación española y otros más aparecen en el último informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que cada 4 años evalúa la ayuda española y que publicó en marzo su informe de 2015. Es un análisis muy crítico con la política española de ayuda al desarrollo, que denuncia la escasez de recursos, la descoordinación y falta de control administrativo, el exceso de burocracia que se exige a las ONGs, la desaparición de las contribuciones voluntarias de España a organismos de la ONU (desde el PNUD a ACNUR o UNICEF) y sobre todo denuncia la caída drástica de la ayuda humanitaria española, la ayuda para catástrofes (como la de Ecuador): ha caído de 320 millones que se gastaron en 2009 a los 50 millones gastado en 2015, sólo un 4% de la ayuda total al desarrollo.

La OCDE recomienda a España, sobre todo, que aumente su ayuda al desarrollo, con el objetivo de gastar ese 0,7% objetivo de la ONU (recordemos que gastamos el 0,13%). Y sobre todo, pide que se suba la ayuda humanitaria, hasta el 10% del gasto total (serían 144 millones en vez de 50). Y proponen  más coordinación entre organismos, menos burocracia y concentrar la ayuda en menos proyectos y en  los países más pobres y con graves conflictos. Propuestas en las que coinciden los expertos y ONGs, que como Intermón Oxfam o Unicef, piden además que el futuro Gobierno cree una Secretaría de Estado de Cooperación (suprimida por Rajoy en diciembre de 2011), que potencie la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y que concentre las ayudas en menos países (España tiene proyectos en unos 100 países, frente a los 28 países donde trabaja Reino Unido, que gasta 15 veces más en Cooperación) y menos proyectos, más especializados, buscando programas donde España tiene experiencia y ventaja comparativa, como salud, seguridad alimentaria, infancia, educación o infraestructuras básicas. Y todos piden una política de Estado para la Cooperación, que dedique recursos en educar a los españoles sobre la importancia de la ayuda exterior.

Los españoles, teóricamente, somos solidarios con los países más pobres: un 90% considera que la ayuda al desarrollo es importante y un 57% cree que debe ser prioritaria para el Gobierno español, según el Eurobarómetro de 2015. Y un 50% de los españoles creen que se dedican pocos o muy pocos recursos a la Cooperación, según la encuesta del CIS (marzo 2015). Pero cuando se pregunta si hay que recortar antes fuera que dentro de España, la mayoría contesta que sí, lo que parece “avalar ”los recortes de Rajoy a la Cooperación (han pasado bastante desapercibidos). Y más en un país donde hay menos tradición de ayudas particulares a ONGs: sólo un 20% de españoles donan a ONGs, el porcentaje más bajo en Europa (33%), muy por debajo del 34% de Alemania, el 38% de Italia, el 49% de Francia o del 55% de Reino Unido. Y además, estas donaciones han caído con la crisis: de 800 millones en 2006 a menos de 500 en 2014, según un estudio de la Asociación de Fundraising.

Ahora, cara a la próxima Legislatura, todos los partidos políticos, salvo el PP, han apoyado en abril una proposición no de Ley presentada por Ciudadanos que defiende subir la ayuda al desarrollo del 0,13% al 0,40% (media hoy en Europa) para 2020. Eso supondría gastar 2.800 millones en 2017 (0,25%) y llegar a los 4.400 millones de euros en 2020, el triple que ahora. Y además, se comprometen a que un 10% sea en forma de ayuda humanitaria. Los expertos, ONGs y la mayoría de partidos creen que este “salto en la Cooperación” es posible y que bastaría con destinar a la ayuda exterior la mitad de lo que España ingrese con la tasa Tobin, el impuesto a las actividades financieras que debe entrar en vigor en 2017 (se prevé que ingrese 5.000 millones extras anuales). Además, se podrían conseguir más recursos privados, de empresas (cuando se apruebe una Ley de Mecenazgo) y particulares, si se estableciera una nueva casilla en la Renta (IRPF), para poder destinar un 0,7% de la declaración a Cooperación (como se hace para la Iglesia y fines sociales).

Habrá que esperar al próximo Gobierno, que tiene que aprobar antes de fin de año un nuevo Plan de Cooperación 2017-2020. Pero España no puede seguir “mirándose el ombligo de su crisis” y estando a la cola en la ayuda a los países pobres. Es una vergüenza inadmisible. Primero, por una cuestión ética y moral, de pura solidaridad. Pero también es una forma de desactivar tensiones geopolíticas, de reducir la presión migratoria,  y de defender mejor los intereses de España por el mundo. Gastar en ayudas y solidaridad con los países más pobres es una obligación ética pero también el mejor pasaporte de la “marca España”. No seamos rácanos. Porque ayudar a los demás siempre tiene recompensa. Moral, política y económica.