Justicia colapsada y poco independiente

Los Juzgados se están llenando este mes de junio de pleitos de clientes contra los bancos, por las clausulas suelo y los gastos de las hipotecas. Abogados, demandantes, jueces y personal judicial temen que este aluvión de demandas (de 200.000 a 500.000) colapse aún más los juzgados españoles, aquejados de un exceso de litigios y de falta de medios y jueces. Mientras, un reciente informe de la Comisión Europea revela que la Justicia española es más  lenta que la europea y suspende en independencia: el 60% de los ciudadanos y empresas españolas desconfían de su independencia, frente al 40% en Europa. Urge aprobar un Plan de choque para agilizar la Justicia, con más dinero, más medios, más jueces y más Juzgados. Y cambiar su organización y varias Leyes, para que sea más eficaz y más independiente de los políticos. Porque una Justicia ineficaz y poco independiente es mala no sólo para los ciudadanos y la democracia, también para la economía y el empleo.

                                                                                           enrique ortega

Desde el 1 de junio, están llegando a los Juzgados españoles miles de demandas de clientes de los bancos y Cajas, para reclamar la devolución de las clausulas suelo, cobradas indebidamente, según la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal de Justicia Europeo. En principio, el Gobierno aprobó un sistema para que las entidades pactaran un acuerdo con los clientes afectados, en torno a 1.400.000 personas en toda España, a los que tendrían que devolver más de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. A finales de mayo venció el plazo de 3 meses dado para conseguir estos acuerdos y eran muchos los clientes que no habían pactado una compensación. En unos casos, porque los bancos no aceptaban la demanda y en otros porque los clientes pensaban que iban a ganar más si reclamaban ante los tribunales, animados por mediáticos bufetes de abogados que pensaban “hacer su agosto” con las minutas a cobrar por estas demandas contra la banca.

El resultado es que se espera que entre junio y diciembre se presenten entre 200.000 y 500.000 demandas judiciales contra bancos y Cajas, no sólo por el cobro indebido de cláusulas suelo sino también por otros temas financieros que ahora se pueden recurrir, en base a recientes sentencias judiciales: cobro de gastos de formalización de hipotecas (son recuperables), vencimientos anticipados, intereses de demora o hipotecas multidivisas. Para hacer frente a esta avalancha de demandas, el Consejo general del Poder Judicial ha dispuesto que se especialicen 54 Juzgados (uno por provincia más dos en islas), que serán los que asuman de manera exclusiva estos litigios, al menos inicialmente, aunque se teme que serán insuficientes y acabarán en el resto de Juzgados.

El temor de abogados, clientes y expertos judiciales es que esta avalancha de litigios contra la banca colapse aún más los juzgados españoles, a pesar de que el CGPJ dice que ha reforzado esos 54 Juzgados especializados con jueces (67 recién salidos de la escuela judicial) y más personal. De hecho, las cuatro Asociaciones judiciales, los Colegios de abogados y procuradores, los letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y distintos sindicatos de funcionarios han suscrito un manifiesto contra el Plan de refuerzo del CGPJ, señalando que “este Plan está abocado al fracaso” y que se va a colapsar más la Justicia. Baste un ejemplo. En Madrid, donde podrían recibirse hasta 80.000 demandas, el Juzgado especial que atenderá estos litigios cuenta con 1 juez en prácticas, 2 secretarios judiciales y 10 funcionarios…

Este aluvión de demandas es especialmente preocupante porque cae sobre una Justicia ya colapsada, sobre Juzgados invadidos de expedientes y faltos de medios. Y eso porque en 2015 ingresaron en los 3.964 Juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 asuntos nuevos entrando cada día laborable, según la última Memoria del CGPJ. Una vorágine de expedientes, aunque han caído drásticamente en 2016, según los datos presentados en marzo en el Congreso: el año pasado entraron en los Juzgados 5.813.031 nuevos asuntos, casi un tercio menos que en 2015 (-31,4%). Ello se debe a un doble cambio legal, que ha aligerado los Juzgados. Por un lado, el 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que destipificaba como delitos algunas conductas y sustituía los juicios de faltas por delitos leves. Por otro, el 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal, por la que la policía ya no envía a los Juzgados los atestados de delitos en los que no haya un autor conocido, atestados que antes llegaban a los Juzgados para que el juez los archivara. Por las dos vías, menos papeleo y menos trabajo para los Juzgados españoles en 2016.

Pero aun así, 5.813.031 nuevos asuntos ingresados en 2016 son muchos expedientes para la justicia española, que tiene una tasa de litigios (124,9 por 1000 habitantes) que es de las más altas de Europa. Y además, las causas judiciales son cada vez más complejas y exigen más tiempo a los Juzgados, retrasando las sentencias. De hecho, el último informe de la Comisión Europea sobre la Justicia europea en 2016 revela que la Justicia española es lenta: es el 8º país europeo donde más tardan los procedimientos judiciales, 238 días de media, sólo por detrás de Chipre (1.085 días), Portugal (710), Grecia (510), Malta (447), Italia (393), Francia (304) y Eslovaquia (240 días). Y muy alejada de los 17 días de Dinamarca, los 53 de Austria, los 55 de Polonia o los 87 de Holanda (no dan datos de Alemania y Reino Unido).

El otro grave problema de la Justicia española, según este informe de la Comisión Europea, es su falta de independencia. El 60% de los ciudadanos españoles creen que la independencia de la Justicia es mala o muy mala y que está presionada por intereses políticos o económicos, siendo el tercer país europeo con peor percepción de independencia (sólo por detrás de Eslovaquia y Bulgaria), alejados del 40% de media europea negativa  y del 10 al 25% negativo de los paises nórdicos. Y lo mismo pasa con las empresas españolas: el 60% suspenden en independencia a nuestra justicia, el 5º porcentaje negativo más alto en Europa. 

Además de lenta y poco independiente, la Justicia española tiene serios problemas de funcionamiento. Lo reconoció en marzo pasado, en el Congreso, el presidente del poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes: “Siguen existiendo en buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”. El problema no es sólo que se acumulen los litigios, sino que el trabajo judicial está mal repartido: de los casi 4.000 Juzgados, hay 1.659 (el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de la que debería ser, según un informe de 2014 del CGPJ. Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93% superados), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. Y así pasa, que hay Juzgados señalando juicios para dentro de dos, tres y cuatro años.

Si la Justicia es “la Cenicienta de la Administración española”, se debe a varias razones. Por un lado, los recortes del Gobierno Rajoy, que agravaron su penuria de medios. Si en 2010, el Presupuesto de Justicia era de 1.804 millones de euros, cayó un 19% hasta los 1.461 millones de 2014 y aunque ha subido los tres años siguientes, aún no se ha recuperado (1.726 millones para 2017). Y también se han recortado los Presupuestos de las 12 autonomías que tienen la Justicia transferida (todas menos Castilla y león, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla). Con ello, el gasto en Justicia por habitante se redujo de 91 euros en 2012 a 88 en 2014, un gasto que nos sitúa en la media europea, como el 12º país por gasto en Justicia. Y ligeramente por debajo de los grandes, en porcentaje de gasto en Justicia sobre el PIB: un 0,35%, frente al 0,40% del PIB que gastan Alemania o Reino Unido.

Al final, los recortes y el menor gasto se traducen en  menos medios, menos personal judicial y menos jueces. En España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que en Europa, donde hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Y somos el 7º país europeo con menos jueces, muy por debajo de Grecia (21 jueces por 100.000 habitantes), Portugal (19,2) o Alemania (24,7 jueces), aunque tenemos más jueves que Italia (10,6) y Francia (10,7). Y en fiscales, tenemos 5 por 100.000 habitantes, frente a 11 de media en Europa (eso sí, tenemos el doble de abogados: 241 por 100.000 habitantes frente a 149 en Europa). Lo mismo puede repetirse en funcionarios judiciales y Juzgados. Sólo en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad cree que hacen falta 92 nuevos Juzgados, además de que urge renovar los juzgados actuales, a los que falta de todo (hasta calefacción y fotocopiadoras).

Un problema muy serio de la Justicia española es el exceso de papel, las estanterías y sótanos llenos de legajos. Teóricamente, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet, que obliga  a abogados, procuradores, fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus documentos  a los Juzgados. Pero la aplicación está siendo muy lenta y faltan medios, lo que ha acabado duplicando el trabajo: lo que llega vía telemática se termina imprimiendo y lo que llega en papel se digitaliza. Y sigue el problema de fondo: cada autonomía tiene un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del Estado tiene uno propio) y así no hay forma de digitalizar la Justicia.

Pero no todo son problemas de falta de presupuesto y de medios. También hay un serio problema organizativo, de reparto y organización del trabajo, de días sin juicios y mejor gestión de expedientes y vistas, de lo que se quejan con frecuencia los abogados. Y también existe un problema normativo de fondo: en España hay un exceso de normas, que además se cambian con demasiada frecuencia, lo que genera inseguridad jurídica y un aumento de los litigios, según el colectivo Sansón Carrasco. Basten dos ejemplos. Uno, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido modificada 20 veces desde el año 2.000. Otro, el Código Civil, que ha cambiado 30 veces desde 1.995. Y luego está el Gobierno central, que gobierna a base de decretos-leyes, y los autonómicos, que multiplican su normativa. Al final, un puzzle legal  cambiante que complica aplicar la Justicia.

Agilizar y hacer más independiente la Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia, no sólo por la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos sino para que funcione menor la economía, ya que la inversión y la actividad mejoran con una Justicia más ágil y eficaz. Para conseguirlo, casi todo el mundo judicial pide un Pacto por la Justicia que nunca llega. En su defecto, se debería acordar un Plan de choque para reducir el colapso de la Justicia y hacerla más independiente de los políticos. Un Plan que debería actuar en cuatro frentes: dedicar más Presupuesto a la Justicia (el doble en 4 años), dotarla de más medios (más Juzgados, 2.000 jueces más en cuatro años, más funcionarios y expertos, así como una completa digitalización), hacer un cambio organizativo de fondo (concentración de juzgados y órganos colegiados de jueces) y pactar nuevas Leyes, para agilizar y reorganizar la Justicia y conseguir una mayor independencia de los jueces y fiscales. En paralelo, habría que potenciar la mediación y el arbitraje, como en la mayoría de Europa, para que sean expertos y no jueces los que diriman muchos conflictos civiles, mercantiles, empresariales o familiares.

En resumen, seguimos con una Justicia colapsada y poco independiente, a la que ahora van a recargar con cientos de miles de pleitos contra la banca. Y eso, cuando el 74,8% de los españoles están poco o nada satisfechos con la Justicia, según el Barómetro del CIS (julio 2016). No parece que avance ningún Pacto de Estado para mejorar la Justicia, aunque Bruselas nos haya alertado (otro año más) de su lentitud y falta de independencia. Mejorar la Justicia española es una exigencia democrática y también económica, porque una Justicia lenta frena la inversión y el empleo. No esperen más.

 

Justicia colapsada y en papel (no digital)

Desde el 1 de enero es obligatorio que abogados, procuradores y fiscales presenten sus documentos en formato digital, pero los Juzgados siguen gestionando los expedientes en papel, con un desmadre de 10 sistemas informáticos distintos en las autonomías. Más caos en una Justicia que está colapsada de asuntos y donde hay muchos Juzgados que tienen el 150% de trabajo del que debían, sobre todo en lo Social y Mercantil. Y hay juicios que se marcan para 2019. “Ha sido la peor Legislatura para la Justicia de la democracia”, ha dicho el portavoz de Jueces para la Democracia. Hacen falta más recursos (recortados un 24%), más Juzgados (sólo se han abierto 4), más jueces (tenemos la mitad que en Europa) y otra organización judicial, más eficiente, moderna y digitalizada. Y más mediación, como en Europa, para que haya menos pleitos.Hace falta una justicia eficaz, ágil e independiente, como piden los ciudadanos. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.
 

enrique ortega

Los Juzgados españoles están invadidos de expedientes y en Internet proliferan las fotos de estanterías repletas de legajos, con carpetas en carritos de Mercadona, como el material del fiscal del caso Nóos. Es normal, porque sólo en 2015 ingresaron en los 3.964 juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 nuevos asuntos cada día laborable, según la Memoria del CGPJ. Una vorágine de casos, aunque estén bajando desde el máximo de 2009 (9.355.526 asuntos). La mayoría, 5.805.619 asuntos fueron causas penales, lo que indica una alta conflictividad social, aunque muchos sean causas de tráfico. Otros 1.972.116 asuntos fueron civiles y el resto se reparten entre los juzgados de lo social (399.592 causas laborales, que llegaron a 484.516 en 2009) y los de lo Contencioso-administrativo (198.720 pleitos con la Administración). Mientras entraban esos 8,37 millones de asuntos nuevos, los Juzgados resolvieron 8.555.341 asuntos durante el año 2015 y quedaron pendientes 2.411.905 pleitos judiciales, una cifra enorme aunque sea la más baja desde 2007.

Este aluvión de demandas llegando a los Juzgados cada día es un fenómeno muy español, porque somos el tercer país que más pleitea en Europa, sólo por detrás de la República Checa y Rusia: en 2015, la tasa de litigiosidad fue de 179 asuntos ingresados por 1.000 habitantes, frente a una media de 100 asuntos en la Unión Europea. Baste un ejemplo: tenemos 19 millones menos de habitantes que Francia y sin embargo tenemos 3 millones más de expedientes judiciales al año. Ello se achaca al “carácter latino” y a una mayor conflictividad social, al mal funcionamiento de los sistemas de reclamaciones, a la operativa empresarial, al mal funcionamiento de la Administración y también a que en España hay muchos abogados, lo que favorece los pleitos, más cuando las tasas judiciales son más baratas que en otros paises. De hecho, España es el 6ºpaís europeo con más abogados, tras Grecia, Luxemburgo, Italia, Chipre y Malta: 291 abogados por 100.000 habitantes frente a 198 en la UE, 93,6 en Francia o 202 en Alemania. Y su oficio es pleitear y recurrir.

Con tal avalancha de expedientes, lo normal es que los Juzgados españoles estén colapsados, cada día más, porque los asuntos son más complejos y no aumentan los Juzgados ni los medios. Lo peor es que la carga de trabajo está mal repartida: de los casi 4.000 Juzgados, hay casi 1.000 (24%) que tienen poco trabajo pero hay 1.695 Juzgados (el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de lo que debería ser. Es decir, que tienen más del doble (vez y media) del trabajo que deberían, según un informe de 2014 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo Social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93%), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. La Defensora del Pueblo ha denunciado en su informe anual 2015 la precaria situación de los Juzgados de lo Social (pleitos laborales), alertando sobre la “situación límite” en los Juzgados de Sevilla (en 2015 se señaló un juicio para 2019), Palma, Castellón, Murcia y Santiago de Compostela.

Este aluvión de asuntos y el consiguiente colapso en muchos Juzgados llevan a un retraso en la resolución de los casos y la acumulación se sentencias. En 2015, a cada Juez le tocaron 1.611 nuevos casos y consiguió dictar 291,2 sentencias, una media de 1,3 sentencias por día laborable (que en un 13,4% se recurren). Con ello, la duración media de un pleito es de 102 días en primera instancia, 126 días más en el recurso en segunda instancia y 354 días más si se va al Supremo (582 días en total), según los datos de 2015 del CGPJ. Pero eso es la media, ya que en los Juzgados de lo Social, la primera sentencia se retrasa 270 días (y 798 días si se llega hasta el Supremo). Y en lo Contencioso (contra la Administración) hasta 384 días de media en primera instancia (y 1.137 días si se va al Supremo). Esta elevada duración de los pleitos en España es mayor que en la media europea, según la OCDE, aunque menor que en Francia o en Italia, si bien es mucho más alta en los pleitos comerciales.

Hay muchos pleitos, cada vez más complejos, pero la Justicia no tiene más medios. De hecho, recibe menos dinero. El Presupuesto del Ministerio de Justicia se ha recortado un 23,6%, pasando de 1.804 millones en 2010 a 1.378 millones en 2015. Y lo mismo el Presupuesto del CGPJ y de las 12 autonomías que tienen competencias de Justicia (todas menos Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla), cuyo Presupuesto para Justicia fue de 2.054 millones en 2015. Esto lleva a que el gasto público en Justicia sea mucho más bajo en España que en la mayoría de Europa: 27 euros por habitante al año, frente a 34,8 en la UE, 50,4 euros en la UE-15 (euro), 42,2 euros en Reino Unido, 50 euros en Italia y 103,5 euros por habitante en Alemania.

Hay menos recursos y por eso no se abren nuevos Juzgados, sólo 4 en toda la Legislatura. Y apenas se amplía la plantilla de jueces, que son 5.366, una media de 12 jueces por 100.000 habitantes, casi la mitad que en Europa, donde hay 21 por 100.000 habitantes, y por debajo de Grecia (21), Portugal (19,2) y Alemania (24,7). Nada más llegar al Gobierno, Rajoy suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos juzgados) y sólo ha cubierto el 10% de las jubilaciones, con muy pocas plazas. Además, mantiene en condiciones laborales penosas a 169 jueces sin plaza (han llegado a ser 395). Tampoco se han ampliado plazas de Fiscales (5,3 por 100.000 habitantes), secretarios y funcionarios judiciales, mientras los Jueces reclaman economistas, auditores, forenses y especialistas para ayudarles en sumarios cada vez más complejos (sobre todo los de corrupción y delito fiscal).

Y el colapso en la Justicia se ha agravado este año con la entrada en vigor, el 1 de enero, del Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet, que obliga a abogados, procuradores, fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus documentos a los Juzgados. La implantación del sistema ha sufrido muchos problemas, de lentitud y caída del servicio, sobre todo “en horas punta”, pero la mayor dificultad es que se ha digitalizado la entrada de documentos, pero no la gestión de los expedientes, que se sigue llevando en papel. Esto duplica muchas veces el trabajo y crea muchos cuellos de botella, que han llevado a la mayoría de autonomías a retrasar la obligación de digitalizar la información (hasta abril). Y muchos creen que la “Justicia sin papel” tardará aún muchos años. Falta formación a jueces y funcionarios, faltan medios (los ordenadores y el software de muchos juzgados está obsoletos) y falta personal especializado. Pero sobre todo, hay un problema de fondo: cada autonomía tiene un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del Estado tiene uno propio) y así no hay forma de digitalizar la Justicia.  

El colapso y la falta de medios de la Justicia es algo sobre lo que han alertado en los últimos meses muchos jueces y organismos judiciales, desde la Audiencia Nacional a la Fiscalía del Estado, pasando por jueces territoriales y el propio presidente del CGPJ, en su comparecencia en el Congreso, el 29 de abril.” Probablemente esta ha sido la peor Legislatura en toda la historia de la democracia en el ámbito de la Justicia”, ha llegado a decir el portavoz de Jueces para la Democracia”. Y los usuarios, particulares y empresas, están cada vez más descontentos con la Justicia: el 76% piensa que funciona mal o regular, según el último Barómetro del CIS que lo preguntó (2011). Pero lo más preocupante es que los españoles desconfían de la independencia de la Justicia: un 56% de los particulares consideran mala o muy mala la independencia de jueces y Tribunales y lo mismo el 64% de las empresas, según el informe anual sobre la Justicia de la UE (2015), publicado en abril. Y eso nos convierte en el 6º país europeo que más desconfía de la Justicia, sólo por detrás de Italia y varios países del Este. Los españoles recelan, según este estudio, de la independencia de los jueces ante el Gobierno y los políticos y ante los poderes económicos.

En definitiva, una Justicia colapsada, lenta, sin medios y con poca independencia. Un panorama desolador que exigiría un Pacto de Estado por la Justicia en la próxima legislatura, algo que piden todos los profesionales del sector. Un Pacto con cuatro frentes. El primero, dedicar más Presupuesto a la Justicia, el doble en un horizonte de cuatro años. El segundo objetivo debería ser dotar a la Justicia de más medios: más Juzgados, más jueces (al menos 2.000 más en cuatro años), más funcionarios y expertos y más medios físicos, sobre todo informáticos, con un compromiso firme para unificar los sistemas a medio plazo. El tercer objetivo debería ser promover un profundo cambio en la organización de la Justicia, que está más en el siglo XIX que en el XXI: organización territorial, concentración de Juzgados y órganos colegiados de jueces, promover las acciones colectivas (como las “preferentes” o las clausulas suelo) que “no gustan” a los jueces(cobran pluses por número de causas resueltas…) y modificar horarios y estilos de trabajo (en Málaga, los abogados denuncian que hay 90 días laborales sin juicios, un 40% de días “perdidos”). Y un cuarto objetivo, pactar un paquete de Leyes y reformas legales, desde una nueva Ley orgánica del Poder Judicial o una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal a una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial. Y desvincular los órganos judiciales de los partidos.

Y en paralelo, España tiene que reducir el número de pleitos. Ya este año 2016 habrá casi 2 millones de asuntos menos, debido a que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite ahora que los atentados policiales sin autor conocido no se envíen a un Juez (y eran el 23% de los nuevos asuntos)  Pero aun así, quedarían 6,5 millones de asuntos nuevos cada año, una barbaridad. Una vía de reducirlos es potenciar la mediación y el arbitraje, que haya un experto no juez que dirima los conflictos civiles, mercantiles o familiares, como se hace en la mayoría de Europa. La mediación es más rápida que un juicio (entre 3 y 5 semanas, frente a 14 meses de un pleito) y mucho más barata (320 euros frente a una media de 4.000 euros por ir a juicio), según la Asociación IMD, que tiene 200.000 mediadores. En España hay desde 2012 una Ley que fomenta la mediación, pero se usa poco (estamos a la cola de Europa), por desconocimiento y porque los españoles somos más de pleitos (“pleitos tengas y los ganes”) que de negociar acuerdos. Y también porque los abogados ganan más pleiteando (y recurriendo en 2ª instancia y luego al Supremo).

La Justicia no sólo es uno de los pilares de la democracia sino que también es clave para que la economía de un país funcione bien, como señala un reciente trabajo del Banco de España. Por eso, una de las prioridades de la próxima Legislatura, junto al empleo, las pensiones, el Estado del Bienestar y la lucha contra la pobreza, debería ser un Pacto de Estado para conseguir una Justicia más moderna, más ágil, más eficaz y más independiente. No se puede esperar más. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.

Más litigios para una Justicia colapsada

Por si la Justicia no estaba ya bastante colapsada, en 2014 aumentaron los litigios, por primera vez en los últimos 4 años. Y eso, aunque Ruíz Gallardón disparó las tasas judiciales en 2012. Con ello, los Juzgados no dan más de sí: sumarios por los suelos, sistemas informáticos colapsados, jueces con estrés y juicios que se citan para 2019, sobre todo en la jurisdicción mercantil y en los juzgados de lo social, los más colapsados. El ministro de Justicia ha quitado las tasas judiciales y ha aprobado tres Leyes para agilizar los procesos judiciales e informatizar la Justicia desde 2016. Pero jueces y expertos dicen que son parches y que hacen faltan más medios: duplicar los jueces (la mitad que en Europa), abrir más juzgados, aumentar personal y gastar mucho más en informática, donde hay 10 sistemas distintos. Hace falta una justicia más ágil, eficaz  e independiente: los españoles desconfían mayoritariamente de la Justicia. Y así no hay democracia que valga.
 

enrique ortega

La Justicia lleva una década colapsada, pero la situación se agravó en 2014, año en que aumentaron los litigios judiciales, por primera vez desde 2010. Y eso, a pesar de que Ruíz Gallardón aumentó drásticamente las tasas judiciales, en diciembre de 2012. El año pasado ingresaron en los juzgados españoles 8.653.160 nuevos asuntos judiciales, un 0,2% más que en 2013. La mayoría fueron asuntos penales (6,1 millones, el 70%, lo que indica una elevada conflictividad social), que se redujeron (-2,1%), igual que los laborales (427.966, un -8,8%), pero aumentaron los litigios civiles (1.845.173, +10,5%) y los contencioso-administrativos (206.700, +8,2%). Con este aumento, el índice de litigios subió a 185 asuntos por 1.000 habitantes, casi el doble de pleitos que en Europa (menos de 100 por cada 1.000 habitantes).

El aumento de pleitos en 2014 ha colapsado aún más los Juzgados, aumentando los sumarios por juez (1.702 asuntos) y reduciendo las sentencias (306 por juez, 1,33 por día laborable), quedando  2.562.153 sumarios en trámite a finales de 2014. La mayor congestión se da en los juzgados de lo Contencioso (pleitos con la Administración) y en los juzgados de lo Social, por el aluvión de juicios tras la reforma laboral de 2012. Las autonomías con más colapso judicial son Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Valencia y Galicia, así como los juzgados mercantiles y los Juzgados de lo Social de Madrid y Sevilla.  

La duración media de los procesos mejoró en 2014, pero aún es muy elevada: 3,7 meses en primera instancia, 4,6 meses en segunda y 11,1 meses en el Supremo, o sea 19,4 meses de media, aunque en la jurisdicción contenciosa llega a 41,7 meses y en la Social a 27,3 meses. Un plazo medio de resolución de los litigios (473 días) es muy superior al del resto de Europa, siendo España el quinto país con la justicia más lenta, tras Portugal, Malta, Grecia y Chipre.

El colapso de la Justicia ha sido denunciando en las redes sociales por un grupo de jueces, la “brigada tuitera”, que difundió fotos de sumarios en los baños de los Juzgados y por los suelos, mientras faltan hasta estanterías, se colapsan los servidores y faltan jueces y personal, mientras las bajas no se sustituyen. Todo ello lleva a casos como el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en la que se acaba de fijar un juicio para el 6 de febrero de 2019. O el mercantil nº 1 de Sevilla, que ha fijado un juicio oral sobre una clausula hipotecaria (interpuesta por un cliente de la Caixa en 2014) para febrero de 2018. O un juzgado de Cartagena que ha tardado 11 meses en fijar las medidas provisionales de un divorcio (que deberían tardar un mes).

Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el colapso de la Justicia son esclarecedores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir. Y de ellos, 864 juzgados (el 43,5% del total) están sobresaturados: soportan una carga de trabajo del 150%. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75%) y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). Y son datos de 2013: ahora será peor. Este colapso en los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, aumentando las enfermedades y los infartos. De hecho, el 92,66% de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según  una encuesta de Jueces por la democracia. Por ello, el CGPJ ha aprobado en enero de 2015 un Plan de riesgos laborales para jueces y personal de la Justicia.

La Justicia está colapsada porque aumentan los litigios, con causas cada vez más complejas (sumarios económicos y de corrupción), mientras se han reducido los Presupuestos y los medios. Nada más llegar al Gobierno, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados) y no  ha cubierto más que un 10% de jubilaciones, a la vez que recortaba el personal interino. Y el Presupuesto de Justicia ha perdido 328,76 millones en los últimos cinco años (pasando de 1.804,32 millones en 2010 a 1.475,56 en 2015), mientras las autonomías (12 tienen competencias y cargan con dos tercios de los gastos de la Justicia) han recortado también sus gastos e inversiones. Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de la mayoría de países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia y 166€ Portugal).

Menos gasto y menos medios, empezando por los jueces: en España hay 5.500 jueces y magistrados, 11 por 100.000 habitantes, la mitad que en Europa (21 jueces por 100.000 habitantes). Y lo mismo pasa por los fiscales (5,3 por 100.000 habitantes), funcionarios y personal de los juzgados, destacando la escasez de peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 Juzgados, apenas puede afrontar las 3.000 causas pendientes, de las que 77 son macroprocesos muy complejos. Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar a la Justicia. Y luego está el desastre informático: hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Frente al grave colapso de la Justicia, el nuevo ministro de Justicia intentó paliar lo peor de Ruíz Gallardón, suprimiendo (febrero 2015) las tasas judiciales a las personas físicas (no a las empresas y pymes) y suavizando los cambios de tres Leyes del anterior ministro, aprobadas en febrero y marzo y que están ahora en el Congreso, para aprobarse en septiembre. La primera, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores) a  presentar los escritos y documentos por medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. La segunda, la Ley orgánica del Poder Judicial, que establece medidas organizativas en el sistema judicial para tratar de agilizar los procesos: mejor sistema de reparto asuntos, mayor especialización tribunales, adscripción de los secretarios judiciales para ayudar a los jueces y Plenos para fijar criterios comunes que eviten sentencias contradictorias entre Juzgados. Y la tercera, la Ley orgánica que modifica  parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (de 1882), para intentar agilizar la justicia penal, evitando los macroprocesos, ampliando los juicios rápidos y no enviando al juzgado los atestados policiales sin autor conocido (debería reducir los sumarios).

Jueces y expertos consideran que estas leyes son más realistas que las de Ruíz Gallardón pero que no dejan de ser “un parche”, retoques que no van a ser decisivos para agilizar y modernizar la Justicia. Y temen que la Justicia telemática, obligada a partir de 2016, ahonde aún más el caos actual, a convivir el papel y lo digital sin inversiones ni formación. La mayoría insiste: lo que hace falta son más medios (duplicar los jueces actuales) y más inversiones (en juzgados, personal e informática). Y denuncian que este año 2015, el Gobierno Rajoy sólo va a crear 100 nuevas plazas de jueces y gastará sólo 59,27 millones del Presupuesto de Justicia (1.475,56 millones) en modernización tecnológica. Una miseria…

Pero resolver el colapso de la Justicia no es sólo cuestión de dinero y personal. También hay que realizar cambios en la organización y aplicación de la Justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, agrupando las demandas de muchos afectados (como las preferentes o las clausulas suelo de las hipotecas), algo a lo que tienen “aversión” la mayoría de jueces (unos por falta de medios de apoyo y otros porque cobran pluses de productividad por número de causas resueltas). Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y más baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan retrasados o se suspenden y con vistas sólo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Una Justicia lenta e ineficaz hace un gran daño a la economía y a los ciudadanos, que la valoran muy negativamente: un 48% de españoles creen que funciona mal o muy mal (Barómetro del CIS 2011) y la suspenden, con un 3,1 de nota (INE 2014). Pero quizás lo peor es que los españoles opinan que la justicia no es independiente de los poderes políticos y económicos: los españoles puntúan la independencia judicial con 3,2 puntos, la tercera peor nota en Europa, tras Eslovaquia y Bulgaria, según el informe EU Justice Scoreboard 2015. Y lo peor es que España ocupa el lugar 97 entre los 144 países evaluados en el ranking mundial de independencia judicial: hay países como Tanzania, Costa de Marfil, Nepal, Irán, Kazajistán, Timor, Vietnam, Argelia, Marruecos o Senegal que consideran su Justicia más independiente que los españoles. Tremendo. Sobre todo porque la independencia de la Justicia es una de las condiciones claves de una democracia.

Esta falta de legitimidad de la Justicia agrava aún más su colapso, su lentitud e ineficacia. Y debería obligar  a los partidos a un gran Pacto de Estado, para dejar de “instrumentalizar la Justicia” (con acuerdos para repartirse cargos) y poner los medios materiales y humanos para que los tribunales funcionen mejor y no torpedeen la economía. Es una de las asignaturas pendientes de la democracia, que algún día habrá que afrontar de verdad. Porque seguimos con una Justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Eso es ineficaz y sobre todo injusto.