lunes, 27 de febrero de 2023

Llega la 4ª entrega de Fondos europeos

La Comisión Europea ha autorizado la 4ª entrega de Fondos europeos a España, el tercer plazo de los 8 previstos, tras el anticipo inicial (agosto 2021). España recibe así 37.036 millones, más de la mitad de los 69.528 millones de ayudas adjudicadas. Y somos el país más avanzado en las ayudas: Italia ha recibido 3 entregas (la inicial y dos plazos), Francia, Grecia y Portugal 2 entregas, Alemania 1 (el anticipo) y Polonia ninguna. A pesar de los recelos del PP español y europeo (parte), la Comisión ha felicitado otra vez a Españapor trabajar así de bien”. La gestión de los Fondos europeos, que iba lenta, se aceleró en 2022, con un 90% del dinero autorizado y el 75% ejecutado. Y el Gobierno ha pedido a Bruselas una “adenda” al Plan de Recuperación, para recibir más subvenciones (+10.200 millones) y los créditos previstos (84.000 millones), para ejecutar más inversiones y reformas. Objetivo: que los Fondos UE aporten la mitad del crecimiento hasta 2031.

Enrique Ortega

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación para optar a las ayudas y créditos europeos aprobados por la Cumbre europea de julio de 2020, un Fondo europeo (“Next Generation EU) de 750.000 millones de euros creado para paliar los efectos de la pandemia y la recesión posterior. El Gobierno Sánchez aprobó el Plan el 27 de abril de 2021, lo envió a Bruselas el día 30 y mes y medio después, el 16 de junio de 2021, lo aprobó  la Comisión Europea, para ratificarlo los ministros de Economía UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”. Del total de Fondos europeos, 140.000 millones se adjudicaron a España, 70.000 millones como ayudas a fondo perdido y otros 70.000 millones como créditos en condiciones muy favorables, unos Fondos europeos a recibir entre 2021 y 2026, con cuatro objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género.

Tras el aprobado inicial, enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibía la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación” del Plan de recuperación. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos, 8 plazos de entrega de Fondos europeos hasta 2026, a cambio de que España justificara reformas e inversiones. Había que “sudar” para recibir cada entrega.

El primer desembolso oficial  condicionado (tras la entrega inicial de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, la primera entrega oficial que hacía la Comisión a un país de la UE, tras confirmar que España había cumplido 52 “hitos” y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo antes que firmar y aceptar, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una hoja de ruta para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de inversiones y reformas y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó el segundo desembolso oficial a España (la 3ª entrega): 12.000 millones de euros, recibidos tras el cumplimiento de 40 hitos cumplidos para esa fecha, entre ellos la reforma laboral, la primera fase de la reforma de pensiones, la estrategia de movilidad sostenible y conectada, la hoja de ruta de la energía eólica marina, la Carta de Derechos digitales, la Ley de Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción de la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Y así llegamos al tercer desembolso condicionado (la 4ª entrega efectiva de Fondos), autorizada por la Comisión este 17 de febrero: 6.000 millones de euros, que llegarán el próximo 28 de marzo, y que se han concedido tras cumplir España otros 29 hitos y objetivos logrados en 2022, entre los que destacan la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de los autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde ha costado más porque España ha tenido que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantado para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, que han perfilado Hacienda y Economía con la Comisión Europea.

En total, con las 4 entregas autorizadas ya, España recibe 37.036 millones de Fondos europeos, el 53,8% del total de ayudas adjudicadas. Y ha cumplido en estos dos primeros años 121 hitos (objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026.Con ello, España se consolida como el país europeo más avanzado en la marcha del Plan de recuperación UE. Por eso, la Comisión Europea ha vuelto a poner a España como “ejemplo”, con dos tuits escritos el viernes 17 de febrero, el día que autorizó el tercer desembolso condicionado (y la 4ª entrega).”Doy la enhorabuena a España. Que siga trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de Recuperación”, tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión Europea, el halcón Valdis Dombrovskis.

Este apoyo explícito (reiterado) de la Comisión Europea a España tiene un segundo sentido: es un mensaje al resto de los paises, para que tomen nota y avancen en la puesta en marcha del Plan de recuperación europeo, que marcha con retraso. El balance es muy explícito: sólo España ha recibido 4 entregas de Fondos europeos, Italia lleva 3 entregas (la inicial y 2 pagos condicionados), Francia, Grecia, Portugal, Chipre, Croacia, Letonia y Lituania llevan 2 entregas (la prefinanciación y 1 solo pago condicionado); Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovaquia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Malta y Rumania no han recibido todavía el primer pago condicionado (sólo la entrega de la pre-financiación inicial); y Polonia, Paises Bajos, Suecia, Irlanda, Bulgaria y Hungría no han recibido todavía nada, ni un euro de los Fondos UE, porque la Comisión no ha aprobado aún sus Planes de Recuperación. Por eso utilizan a España de ejemplo y “conejillo de Indias”, para sistematizar el proceso de ayudas y los sistemas de seguimiento y vigilancia.

Este pobre balance de los Planes de Recuperación en Europa y la enhorabuena a España de la Comisión a España, chocan con la actitud crítica del Partido Popular, que lleva año y medio poniendo en cuestión la ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los Fondos europeos. Primero criticó la gestión en España y luego ha llevado sus críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, alimentando las “dudas” de una parte de los populares europeos (alemanes y holandeses, sobre todo) a los que no les gusta mucho el Fondo Europeo de Recuperación, básicamente porque les toca pagar (a los paises “derrochadores” del sur…). Además, una parte de la “familia popular europea”, el ala más “ultra (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) quiere utilizar los Fondos Europeos y a España para atacar a presidenta Von der Leyen (de la democristiana CDU), cuyo puesto quiso ocupar.

Así se explica que la presidenta del Comité de Control Parlamentario del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana de la CSU Mónika Hohlmeier, brazo derecho del crítico Weber, organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero, dos días después de que la Comisión autorizara el último pago, para una misión de “control y auditoría” de los Fondos europeos, acompañada de eurodiputados españoles. Y la propia Hohlmeier “calentó la visita, al declarar unos días antes sus “dudas sobre la transparencia en la ejecución de los Fondos europeos en España”. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía, autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta el detalle de movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el despliegue de los 31.000 millones recibidos. La misión ha constatado que “España cumple”.

Así que España supera de momento la campaña política (interna y externa) para sembrar dudas sobre la transparencia en el gasto de los Fondos europeos. Otra cosa distinta son las críticas de algunos expertos y empresas a la gestión del Plan de recuperación, que fue al principio lenta pero que parece haberse agilizado en 2022, a la vista del III Informe de Ejecución de los Fondos europeos, presentado por la vicepresidenta Nadia Calviño el 16 de febrero. El resumen: España ha autorizado hasta esa fecha el 90% del dinero de los Fondos Europeos incluidos en los Presupuestos de 2021 y 2022 (42.271 millones de euros).  Y ya se han ejecutado el 75% de esos Fondos UE hasta finales de 2022, concretamente 39.333 millones. Además, en enero de 2023, se han autorizado 9.200 millones más, un tercio de todo lo previsto para este año. En conjunto, se están financiando más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones en toda España.

Del total de Fondos europeos ya ejecutados (39.330 millones), la mitad (20.600 millones) se han traspasado a las autonomías, tres cuartas partes (15.500 millones  en proyectos autorizados con ellas (y elegidos en 139 Conferencias sectoriales celebradas) y otros 5.100 millones son proyectos pilotos decididos por el Gobierno y de gestión autonómica (todos ligados a ámbitos de su competencia: educación, vivienda, sanidad y políticas sociales). Y otros 4.900 millones de Fondos europeos los gestionarán los Ayuntamientos (rehabilitación de edificios, zonas de bajas emisiones, digitalización). De momento, las autonomías con más Fondos adjudicados son Andalucía (3.262 millones), Cataluña (3.039), Madrid (2.256), Comunidad Valenciana (1.965), Castilla y León (1.283) y Galicia (1.219 millones).

El reto de gestión es enorme: los 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos en 6 años son tantos como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100. Lo importante es que se ha puesto en marcha una maquinaria de gestión, donde España y la Comisión Europea tienen un sistema bilateral de seguimiento diario (online) que se completa en España con un sistema de seguimiento (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).

Ahora, España trabaja con la Comisión Europea en el cuarto desembolso de Fondos europeos (la 5ª entrega de Fondos), otros 10.000 millones de euros, que se quieren recibir en el 2º semestre de 2023. Ello exigirá avanzar en la ejecución de inversiones y reformas, en especial la aprobación de la 2ª reforma de las pensiones, que debería haberse aprobado en 2022 y para la que España ha recibido una prórroga. El ministro de Seguridad Social quiere aprobarla “antes de Semana Santay  para ello negocia “a tres bandas”: con Bruselas (que quiere consolidar los ingresos de las pensiones a medio plazo), con los sindicatos y patronal (que rechazan ampliar el plazo de cómputo de pensión de 25 a 30 años y la subida de cotizaciones a los sueldos más altos) y con el resto del Gobierno (Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díez), e medio de un año electoral. Pero sin esta 2ª reforma de las pensiones, España no recibiría el 4º desembolso de Fondos europeos.

El Gobierno Sánchez está dispuesto a seguir cumpliendo con Bruselas e incluso quiere ir más allá: conseguir más Fondos y créditos europeos, a cambio de más inversiones y reformas. Por eso, el 20 de diciembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó una “adenda”, un añadido, al Plan de Recuperación, que envió días después a Bruselas. La petición a la Comisión Europea es triple. Por un lado, que nos adjudiquen los nuevos 7.706 millones de ayudas a fondo perdido que nos corresponden (la recesión en España fue mayor de lo previsto en 2020, al aprobarse el reparto de los Fondos europeos, así que en vez de 69.528 millones nos corresponden 77.234 millones de ayudas, más que los 69.041 millones que le tocan a Italia). Por otro lado, la Comisión aprobó en 2022 un nuevo Fondo europeo para diversificar el abastecimiento energético, el Plan REPowerEU, con 20.000 millones, de los que 2.586 millones corresponden a España y quiere gastarlos. Y en tercer lugar, España quiere disponer ya de los créditos contemplados en el Plan de Recuperación (84.000 millones), para poner en marcha proyectos con financiación subvencionada dado que los tipos están subiendo.

La propuesta del Gobierno español es seguir con la ejecución de las ayudas directas  y disponer ya de las nuevas ayudas directas y de los créditos subvencionados para abarcar más proyectos y más inversiones, ofreciendo a cambio a la Comisión Europea avanzar en 30 nuevos hitos y reformas, que no han detallado. Se trata de aprovechar estos meses que quedan hasta las elecciones generales de diciembre para comprometer más fondos y créditos europeos, aunque su ejecución la tenga que culminar el próximo Gobierno. Es una oportunidad de oro para modernizar la economía y conseguir un crecimiento extra, que compense la crisis desatada por la pandemia, la guerra y la inflación. La importancia de conseguir y gastar estos Fondos europeos se refleja en dos datos que maneja el Gobierno: la mitad de lo que España crecerá esta década, entre 2021 y 2031, será gracias a los Fondos europeos, que permitirán por sí solos un crecimiento extra del PIB del +2,6 al +3% anual. Y además, estiman que el Plan de Recuperación creará en España 800.000 nuevos empleos sólo en los tres primeros años, entre 2021 y 2023.

Así que nos jugamos mucho con los Fondos europeos, lo que exigiría dejar de utilizarlos como arma política y electoral y centrarse todos (desde el Gobierno central a las autonomías, Ayuntamientos, empresas y particulares) en gastarlos bien, para modernizar la economía española y dar un salto en productividad y eficiencia como país, mejorando el crecimiento, el empleo y el nivel de vida en esta década. No podemos perder este tren.

jueves, 23 de febrero de 2023

Menos autónomos (y más agobiados)

En España trabajan ahora 497.000 personas más que antes de la pandemia, pero la mejoría es porque hay más asalariados: trabajan 25.200 autónomos menos que en 2019. Lo peor fue  en 2022, cuando se perdieron -111.200 autónomos, en el comercio, hostelería, industria y el campo. Y la afiliación de autónomos ha caído también en enero de 2023. El problema que tienen los autónomos es que les están subiendo los costes y bajando las ventas, por la inflación, lo que agobia sus negocios, junto a la subida de cotizaciones, tras una reforma para que coticen por lo que ingresan y no por los mínimos, la única manera de asegurarles el derecho a paro y una pensión más digna. Pero también hay un problema de fondo: muchos parados y jóvenes se han hecho autónomos sin un proyecto claro de negocio y  la mitad de negocios mueren antes de 5 años, por poca profesionalidad y financiación. Ojo a ser autónomo como un  atajo para sobrevivir.

Enrique Ortega

Los datos de la EPA son claros: hay más personas trabajando en España que antes de la pandemia (+497.000 ocupados), pero la gran mayoría son trabajadores asalariados (+525.400), porque lo que son autónomos han bajado (-25.200 sobre los de 2019), cayendo también los negocios familiares (-7.000) y los empresarios sin asalariados (-57.200). Esta caída de los autónomos ha sido sobre todo en 2022, donde se redujeron en 111.200, cerrando el año con 3.086.800 personas estimadas como autónomos por la EPA, la cifra más baja desde marzo de 2013 (3.033.400 autónomos), muy alejada del máximo histórico de autónomos en España, alcanzado en septiembre de 2008 (3.622.000).

Esta estadística mide los que se declaran autónomos en la EPA que hace trimestralmente el INE. La otra manera de medirlos son los autónomos que se afilian a la Seguridad Social, que están dados de alta y pagan una cuota mensual: eran 3.324.048 autónomos a finales de 2022 (más de los que estimaba la EPA). Pero esta estadística indica lo mismo: había -56.620 autónomos menos dados de alta que antes de la pandemia (3.267.428 a finales de 2019), según la Seguridad Social. Y en 2022, un año en que creció el empleo asalariado (+397.300 trabajadores), dejaron de cotizar -1.204 autónomos, sobre todo en el comercio, la industria, la hostelería y el campo, aumentado en el resto de sectores. Y por si la tendencia no estuviera clara, en enero de 2023 (el último mes con datos), se dieron de baja otros -20.800 autónomos (quedando en 3.301.916), la mayor bajada en enero desde 2012.

De este total de autónomos afiliados a la Seguridad Social (3.301.916), una minoría son autónomos del campo (171.372 en enero 2023) y el resto (3.131.292) son trabajadores afiliados al régimen especial de autónomos (RETA), con actividad en los demás sectores. Pero de estos autónomos RETA, sólo 2 millones son los autónomos propiamente dichos (exactamente 2.018.080), trabajadores por cuenta propia que no están integrados en cooperativas, sociedades o colegios profesionales (otros 1.035.239 autónomos no individuales) ni son sus familiares que trabajan con ellos (en un bar o una tienda)  y están también dados de alta (191.443 autónomos más). El retrato robot de estos 2 millones de autónomos “puros”, trabajadores por cuenta propia individuales, es un hombre (63,8%), que supera los 40 años (el 74,3% del total) y que tiene un negocio en el sector servicios (el 73,5% del total), seguidos muy lejos por los autónomos de la construcción (11,50%), la agricultura (10,85%) y la industria (donde trabajan sólo el 4,15% de los autónomos), según la Seguridad Social.

La mayoría de los autónomos trabaja sólo (o con la ayuda de un familiar, que cotiza pero no tiene sueldo) y sólo el 20,8% de los autónomos (1 de cada 5) tienen trabajadores a su cargo: en total, los autónomos, emplean a 860.177 trabajadores y la mayoría tienen sólo 1 trabajador (219.446 autónomos), siendo una minoría los autónomos que tienen 5 o más trabajadores (sólo 43.167 autónomos de los 2 millones de autónomos “puros). Y se da el caso de que un 7% de los autónomos por cuenta propia (141.457) trabajan también como asalariados por cuenta ajena, sobre todo los más jóvenes. La casi totalidad de los autónomos son españoles (el 86,6%) y entre los autónomos extranjeros destacan los del resto de la UE (91.359 autónomos) y Sudamérica (50.824). Y las regiones con más autónomos totales (de los 3,34 millones) son Andalucía (564.797), Cataluña (557.537), Madrid (419.594), Comunidad Valenciana (362.228), Galicia (205.912), Castilla y León (187.000) y Euskadi (168.582).

Estas son las cifras oficiales de autónomos (3,3 millones de afiliados a la SS, de los que autónomos “puros” son sólo 2 millones), pero una parte son “falsos autónomos”, ocupados que trabajan realmente como asalariados, pero que se han dado de alta como autónomos por imposición de su empresa. Recientemente se ha hecho famoso el caso de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE, que figuraba como autónomo y ahora se ha regularizado como “asalariado” (de lujo, con un sueldo de 400.000 euros anuales). Pero antes, han saltado los casos en las empresas de reparto (Glovo) o paquetería (Amazon), donde se mantiene empleados como autónomos, para ahorrarse su cotización y reducir costes (no tienen derecho a vacaciones, bajas o indemnización). Se estima que en España hay más de 225.000 falsos autónomos. De hecho, la ministra de Trabajo informó en enero que en los últimos 3 años, la inspección de Trabajo ha regularizado la situación de 80.000 personas que trabajaban como “falsos autónomos” (40.000 de ellos, en 2022). Este fraude se da sobre todo en empresas de transportes y repartidores, plataformas digitales, cooperativas cárnicas,  educación, seguros, periodistas, comerciales, fisioterapeutas o peluquerías.

Sean autónomos de verdad o falsos, el caso es que la cifra de autónomos está cayendo y no se han beneficiado de la recuperación del empleo, ni tras la crisis de 2008 (hay -107.092 afiliados menos que en mayo de 2008), ni ahora tras la pandemia (hay -56.620 afiliados que en 2019). ¿Qué pasa con los autónomos, por qué sufren más las crisis? Con la pandemia y la inflación, a los autónomos se les han disparado los costes y no han podido repercutirlo en su negocio, por la caída del consumo y las ventas. Tienen poco tamaño y no pueden imponer precios y condiciones, como las medianas y grandes empresas. Y encima, les han subido los sueldos de sus empleados, el salario mínimo (ojo: recordemos que 4 de cada 5 autónomos no tienen asalariados a su cargo) y sobre todo, los impuestos que pagan (Hacienda ha desvelado mucha “economía sumergida”, negocios que no declaraban) y, más recientemente, las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social (SS).

Los autónomos tenían (y tienen) un problema en España: el 85,3% cotizan por la base mínima, según el último dato de la SS. Incluso lo hacen el 90% de los autónomos que tienen menos de 40 años o que llevan menos de 5 años de alta. El precio de pagar esta baja cotización es que tienen pocos derechos. Hasta ahora, no tenían derecho a paro como los asalariados, sólo a una complicada prestación por baja de actividad (por la que tenían que cotizar aparte) que pocos recibían. Y lo peor: su pensión al jubilarse era mínima. El dato es impactante: a 1 de enero, la pensión de jubilación media de un autónomo era de 910,94 euros, poco más de la mitad de la jubilación media de un asalariado (1.527.81 euros).

Han sido décadas en que los distintos Gobiernos han hecho “la vista gorda”, permitiendo que los autónomos declararan a Hacienda menos de lo que ganaban (por “módulos”) y cotizaran lo mínimo, a cambio de menos derechos. El año pasado, el Gobierno negoció y pactó con los sindicatos, la patronal y las organizaciones de autónomos un nuevo sistema, en el que los autónomos iban a cotizar por lo que ingresaran realmente, con lo que tendrán ahora derecho a paro parcial (será el 50% de la base reguladora, de 4 meses a 2 años, sin la exigencia de cerrar el negocio ni darse de baja en la SS) y al cotizar más, tendrán mejores pensiones en el futuro.

Las nuevas cotizaciones de autónomos se han pagado por primera vez a finales de enero, con 15 tramos de cotización y cuotas que van de 230 euros al mes (esta cuota mínima baja 64 euros y será 200 euros en 2025), para los que ingresen menos de 670 euros, a 500 euros mensuales (590 en 2025), para los que ingresen más de 6.000 euros mensuales. El nuevo sistema mantiene la tarifa plana de 80 euros al mes para los autónomos que empiezan (hasta 2 años), baja la cuota de los autónomos que ingresan menos de 1.300 euros, la mantiene para los que ingresan entre 1.300 y 1.700 y la sube progresivamente para el resto. Otra novedad es que los autónomos pueden cambiarse de tramo de cotización (si varían sus ingresos) hasta 6 veces al año. Y se simplifica la reducción por gastos: un 7% fijo de lo que ingresen.

La idea, apoyada por todas las organizaciones de autónomos, es ir cotizando más poco a poco, para tener más derechos y coberturas. Hasta aquí bien. Pero el nuevo sistema de cotizaciones se ha estrenado con otros dos cambios, que han asustado a los autónomos, porque han visto que su cuota de este enero 2023 les ha subido entre 40 y 100 euros. El primer cambio es que muchos autónomos cotizan con una revalorización automática de su base de cotización, que se actualiza cada año con la inflación. Cuando el IPC subía un 2 o 3% (o bajaba), no se notaba. Pero este año, la revalorización automática de las bases ha sido del +8,6%. Y encima, en enero ha habido una segunda novedad: ha entrado en vigor el Mecanismo de Equidad Generacional, un extra de cotización del +0,6% (que también pagan los asalariados, un 0,2% ellos y un 0,4% sus empresas), para ir engrosando la hucha de las pensiones en la próxima década y evitar déficits.

Así que a los autónomos se les ha juntado en la cuota de enero la nueva cotización por sus ingresos reales (más alta para la mayoría), la revalorización automática de las bases por la inflación y la nueva cuota para salvaguardar las pensiones. Y se han encontrado pagando entre 40 y 100 euros más al mes, precisamente cuando el resto de costes (energía, alquileres, compras, créditos…) apenas baja o incluso sube. Así se explica que la cifra de autónomos siga bajando, en un año donde la economía y el empleo crecerán menos.

El problema de futuro para los autónomos es que la subida pactada ahora es "transitoria", hasta 2026. A partir de esa fecha, las cotizaciones de los autónomos españoles crecerán mucho más, según se ha comprometido el Gobierno Sánchez con Bruselas, para reducir a medio plazo el déficit de sus pensiones. Se ha prometido aumentar un 50% sus cotizaciones actuales para 2032, cuando deberán cotizar lo mismo que los trabajadores asalariados. Eso les supondrá cotizar entonces unos 6.500 millones más (sobre los 12.000 que cotizarán ahora). Claro que la subida futura, a partir de 2026, la tendrá que pactar y concretar con los autónomos el futuro Gobierno, aunque sea el actual el que la ha acordado con Bruselas dentro de las reformas exigidas para recibir los Fondos europeos.

Pero hay un tema de fondo, que entra en crisis en situaciones como la actual. Para muchos, hacerse autónomo era una especie de “atajo para trabajar”, una forma de sobrevivir en momentos de crisis, donde ha sido difícil encontrar un empleo asalariado. Es lo que pasó tras la crisis financiera de 2008 y luego con la pandemia y la inflación: algunos de los que perdieron su trabajo, cobraron el paro de una vez y tiraron de ahorros para “hacerse autónomos”. Eso explica que la Europa del sur, con empleos más inestables, sea la zona con más autónomos. Y que España sea el 6º país europeo con más autónomos (el 15,3% de los ocupados en 2020), por detrás de Grecia (27,9%), Italia (20,2%), Polonia (17,9%), Chequia (16,3%) y Holanda (15,6%), por delante de la media UE (13,3% de empleos autónomos). Y paises con un empleo asalariado importante tienen menos autónomos, como Dinamarca (7,5%), Alemania (7,6%), Suecia (8,6%) o Francia (11,5%), según Eurostat.

Por un lado, la mala situación del empleo fuerza más a hacerse autónomo. Y por otro, muchos “emprendedores” se lanzan a poner un negocio sin la suficiente formación, ni proyecto ni financiación. Y duran poco tiempo. De hecho, sólo la mitad de los trabajadores autónomos por cuenta propia (esos 2 millones de autónomos propiamente dichos) llevan más de 5 años de alta en la SS, la otra mitad no lleva tanto tiempo. Y los datos revelan que al tercer año de vida sólo sobreviven el 84% de los autónomos, al 4º año el 73% y al 5º año poco más de la mitad, mientras a los 10 años sólo sobrevive el 42% de los autónomos, según un estudio de Iberinform sobre 3 millones de negocios creados desde 1990. Así que en muchos casos, “el atajo” para salir del paro acaba en cierre y frustración.

En definitiva, que ser autónomo no es fácil. Pero urge reforzar a los que tienen iniciativa y apuestan por un negocio con un proyecto viable. Eso exige un Plan de choque, para reforzar la situación de los autónomos más vulnerables, favoreciendo ayudas para su lanzamiento, desde subvención a los planes de negocio a financiación pública y privada y ligada a la obtención de objetivos. No se trata de llenar el país de tiendas, bares o asesores informáticos, sino de definir qué actividades pueden ser un caldo de cultivo para proyectos autónomos y acompañar a los emprendedores para que sobrevivan. Sobre todo en proyectos pequeños y locales, que escapan a las grandes empresas. Es algo en lo que deberían colaborar especialmente Ayuntamientos y autonomías, así como las grandes empresas y los bancos, creando una red complementaria de autónomos que dinamicen la economía, la innovación y el empleo, apoyándose sobre todo en los jóvenes. Sin atajos.

lunes, 20 de febrero de 2023

Atascos y retrasos en la economía hoy

Tengo una amiga a la que han tardado 9 meses en entregar un coche nuevo, por retrasos en la fabricación, el barco, transporte en tierra, renting y matriculación. Y el hijo de otro amigo ha tenido que esperar 6 meses para dar clases de conducir en una autoescuela de Madrid. No son dos casos aislados. Hay muchos productos y servicios que siguen con retrasos en la entrega (6 meses de media un coche) y seguimos con largas esperas para que nos atiendan en múltiples teléfonos y oficinas, incluidas las de empleo y de la Seguridad Social. Retrasos motivados porque siguen sin recuperarse las cadenas de producción y suministro y, sobre todo, porque falta personal. Un dato: las empresas privadas españolas tienen hoy 825.000 trabajadores menos que en 2007 (-4,6%), aunque la economía produce (PIB) un 23,5% más. Los cuellos de botella no se arreglan y eso provoca retrasos e inflación (+7,5% la subyacente, la más alta en España desde 1986). Urge que la producción y el empleo se recuperen.

Enrique Ortega

La pandemia provocó un cambio radical en la economía: de un día para otro, hundió la actividad económica de los paises y el comercio mundial, provocando cortes en los suministros de productos y servicios en 2020. Y en 2021, cuando la actividad se fue recuperando, las empresas habían recortado plantillas y producciones, las navieras recortaron barcos y subieron fletes y estalló una guerra en Ucrania que encareció la energía y las materias primas, “la sangre” que permite funcionar a la economía mundial. El resultado fue la proliferación de “cuellos de botella”, que provocaron atascos en la economía y el comercio, en 2021 y 2022, con problemas para atender una demanda creciente, lo que disparó la inflación. Y todo indica que estos atascos y retrasos se mantienen, aunque menores, al inicio de 2023.

Eso lo confirman las mismas empresas. Según una Encuesta realizada en diciembre de 2022 a profesionales de logística y de la cadena de suministros, alrededor del 71,8% todavía están lidiando con interrupciones en la cadena de suministros, mientras el 57,7% está intentando sortear la escasez de transporte. Y el 93% de los encuestados creen que estos problemas logísticos van a continuar en 2023. Y otro estudio de la consultora Accenture revela que el 95% de las empresas han sufrido problemas de suministro, añadiendo que el 82% de sus directivos piensan que estos atascos no se resolverán hasta la 2ª mitad de 2023 o incluso más tarde. Y estos problemas afectan muy seriamente a la economía europea, porque un tercio de la producción de la UE depende de las cadenas mundiales de suministro.

Concretando el problema en Cataluña, otro estudio de KPMG refleja que un 95% de las empresas han sufrido alguna disrupción en sus suministros en 2021 y 2022: encarecimiento de las materias primas (el 81%), escasez de componentes (el 76%), aumento del precio de los transportes (76%), retrasos en la llegada de productos (71%), dificultades en la gestión de proveedores (43%) y dificultades para encontrar profesionales (29%). Y otra vez más, cuando se les pregunta cuando esperan “volver a la normalidad”, el 82% de las empresas catalanas encuestadas señalan que “en la 2ª mitad de 2023”.

Así que los embudos y atascos en las cadenas de suministro y producción no se han resuelto. Se ve muy claro en el automóvil. Hoy, todavía la entrega de un coche se demora en España entre 4 y 6 meses (la media). Y hay casos en que es más, como el de mi amiga (9 meses), porque se van sumando retrasos. El primero, en la fabricación: faltan componentes (chips y otras piezas, así como aluminio), pero incluso las marcas que fabrican semiconductores (en este caso, es un coche coreano), “fabrican sobre pedido”: el coche se empieza a fabricar cuando el cliente lo ha comprado en el concesionario. Luego hay problemas con los buques que lo traen a España (o que lo exportan: en el puerto de Santander había en diciembre 15.000 coches fabricados en Navarra y Valladolid a la espera de que llegaran barcos para transportarlos, barcos que cambian de puerto a la caza del mejor encargo). Y ya en España, el coche tiene problemas para ser transportado al concesionario: la flota de camiones especiales para transportarlos se ha recortado un 25% tras la pandemia. Y cuando ya está en el destino, si es una gran ciudad, el cliente sufre los retrasos en el papeleo del renting (más de un mes) y en la matriculación (más de una semana). Total: 9 meses.

Pero no crean que estos retrasos se producen sólo al comprar un coche. Si intenta comprar una bicicleta, la lista de espera es de 3 y 4 meses. Y lo mismo ha pasado estas Navidades con compras de móviles, relojes inteligentes y aparatos electrónicos. También sufre retrasos la industria farmacéutica, con muchos medicamentos “en falta” (691 hoy, según la Agencia Española del Medicamento), porque a los laboratorios les fallan las cadenas de suministros de principios activos, dependientes de India y China. Incluso, en Galicia, hay ópticas que han sufrido retrasos de más de tres meses en el suministro de lentillas. Y hay obras y reformas de viviendas que se retrasan por la falta de materiales (hormigón, cemento, aluminio, acero, madera, ladrillo, cerámica), que cuando llegan son más caros y disparan los presupuestos iniciales. Incluso las compañías aéreas sufren retrasos en la entrega de aviones, como ha anunciado la europea Airbus.

En paralelo a estos atascos y retrasos en la cadena de producción y suministro, hay un serio problema en los transportes, sobre todo en el transporte marítimo, por el que nos llegan el 90% de los productos importados. La recuperación de la demanda tras el COVID, en el verano de 2021, pilló a las navieras con menos barcos y personal, lo que colapsó el comercio internacional y disparó el precio de los fletes. Un dato: transportar un contenedor de 40 pies (12 metros y unos 20.000 kilos de peso) pasó de costar 1.348 dólares en noviembre de 2020 a 10.377 dólares en septiembre de 2021. Y eso si la empresa encontraba un barco, porque iban a la caza de los transportes más rentables. Y luego, en el puerto, atasco para descargar (y cargar) y falta de camiones para transportarlo al destino. Hoy, el transporte marítimo ha bajado precios, pero siguen siendo más altos que antes de la pandemia (1.997 dólares a principios de febrero, según Drewry). Y la 2ª naviera del mundo, la danesa Maersk, acaba de pedir un cambio radical en las cadenas de suministro”, porque “no funcionan”.

En paralelo a estos problemas en las cadenas de suministro y transportes, en España, las empresas han ajustado su actividad en 2021 y 2022, tratando de afrontar la recuperación de la demanda (España creció un 5,5% en 2021 y un 5,2% en 2022) con las mínimas inversiones y empleo, para tratar de mejorar sus márgenes tras las pérdidas sufridas por la pandemia (2020). Y además, han casi congelado los salarios de sus trabajadores. Y lo han conseguido: los beneficios empresariales crecieron un 13% en 2021 y otro 21,1% en 2022, 7 veces lo que han crecido los salarios, según el Banco de España. Y esta mejora de resultados se ha hecho gracias a que han aumentado las plantillas lo mínimo para seguir funcionado. El dato: las empresas solo han creado 224.000 empleos sobre los de 2019, según la EPA.

Y eso lo notamos los consumidores cada día, en retrasos y peor atención de la mayoría de las empresas. Lo han sufrido los clientes de luz y gas que han tratado de contratar una tarifa distinta, con retrasos infinitos en la atención telefónica y colas en las oficinas. Y lo mismo al requerir atención de una empresa de telecomunicaciones o del seguro del coche: redujeron al mínimo su atención con la pandemia y ahora apenas han reforzado sus plantillas, empeorando el servicio. Y lo mismo pasa cuando uno pide una reparación o un arreglo en casa (llevo 3 semanas esperando al marmolista…): todo el mundo tiene más pedidos y más trabajo del que puede atender, así que a esperar tocan.

Y también hay atascos y retrasos en la Administración pública, a pesar de que se han convocado oposiciones (insuficientes) en muchos organismos. Lo más preocupante sigue siendo “el atasco” en la sanidad pública, sobre todo en la atención primaria (el retraso para el médico de familia y pediatra está en una media de 8,54 días, según el CIS), pero también hay problemas en otros organismos. Empezando por las oficinas de empleo, donde se nota la pérdida de personal (-3.674 empleados en la última década más los 1.500 contratados temporales por la pandemia). El resultado es que “la gestión de una prestación por desempleo en el SEPE se puede dilatar más de 2 meses”, según el sindicato CSIF. También hay retrasos en las oficinas de la Seguridad Social, que no coge apenas llamadas y retrasa citas y expedientes (de jubilación), sobre todo en Madrid. Tal es el problema que el ministro Escrivá está estudiando “abrir las oficinas de la SS por las tardes”…

Y hay muchas otras oficinas públicas y organismos donde hacer una gestión es sufrir colas y retrasos, como la renovación del DNI (con demoras de hasta 2 meses en 2022) o en las Oficinas de extranjería, donde hay retrasos (y un mercado negro) hasta para pedir cita previa…para conseguir una cita dentro de varios años. Y no nos olvidemos de los Juzgados, campeones de los retrasos ya antes de la pandemia. Ahora, la situación ha empeorado y el plazo medio de los juzgados especializados para emitir un fallo es de 31,8 meses (y un máximo de 5 años). Y en los Juzgados de lo Social, la media de resolución son 14,5 meses. Pero es que el retraso empieza antes, en el retraso para que se vea en el Juzgado  un despido o una reclamación de cantidad: en Sevilla, a finales de 2022, a un trabajador le fijaron como fecha de juicio el 2 de marzo de 2026… dentro de más de 3 años.

Todo apunta a que todos estos atascos y retrasos, desde comprar un coche a cambiar el seguro o el contrato del móvil  y pedir la jubilación o el paro o ir a juicio van a tardar en resolverse y agilizarse. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que “los cuellos de botella en las cadenas de producción van a seguir en 2023”, porque persisten los problemas en las infraestructuras logísticas y la escasez de mano de obra. Y eso a pesar de que estos “shocks” explican la mitad de la actual subida de precios en el mundo, según el FMI. Y por eso, a pesar de las medidas que toman los Gobiernos sobre la energía, la inflación de fondo (“subyacente”: sin energía ni alimentos elaborados)  sigue muy elevada: +7% en la zona euro y +7,5% en España, la más alta desde 1986. Es lógico: si la demanda crece pero la economía arrastra retrasos, los productos disponibles son más caros.

Además, el FMI alerta al mundo de otro problema, que se suma al de la cadena de suministros y a la escasez de mano de obra: la nueva guerra fría, entre EEUU y China, cuyo último capítulo ha sido “la crisis de los globos”. El organismo advierte que este enfrentamiento geopolítico puede tener “consecuencias económicas”, con un aumento de restricciones tecnológicas (USA ya ha limitado exportaciones a China) y comerciales, que afectarán negativamente al comercio internacional. Y que pueden restar hasta un 7% de crecimiento a la economía internacional. A lo claro: que si no teníamos motivos suficientes de preocupación por los atascos y retrasos en las cadenas de suministro y el comercio internacional, ahora los enfrentamientos entre EEUU y China (y entre Europa y USA, con Rusia detrás de todo el nuevo escenario geopolítico) pueden traducirse en más restricciones comerciales, que afectarán a los consumidores y a la inflación.

¿Qué se puede hacer? Lo primero es recomponer las cadenas de suministro, algo en lo que están las empresas pero que tarda tiempo. Y que llevará a muchas compañías a diversificar sus proveedores, buscándolos más cerca. De ahí que se esté hablando de un cambio estratégico en la economía mundial: menos globalización y más regionalización. En lugar que las empresas busquen productos y componentes en el otro extremo del mundo, que los concentren en las regiones próximas: que Europa comercie más con Europa, Asia con Asia y América con América. Eso tiene ventajas de reducir riesgos geopolíticos y costes energéticos, pero tiene un coste: cuanta menos globalización, mayores precios.

Y después está la cuestión del transporte, que exigiría coordinar mejor el comercio mundial, buscando suprimir los cuellos de botella actuales y descongestionar puertos y transportes terrestres. La multinacional Maersk propone no sólo invertir en barcos más eficientes (y menos contaminantes, con hidrógeno verde) sino invertir con tecnología inteligente en las redes logísticas y tener almacenes repartidos entre distintos puertos, para evitar los “cuellos de botella” que se dan hoy en los principales puertos del mundo. Y por supuesto, aumentar las plantillas de las empresas logísticas.

En cuanto a los retrasos y atascos en los servicios de empresas privadas y organismos públicos, la medida clave es aumentar el empleo, sobre todo el empleo cualificado. Y aunque muchas empresas (de construcción, transportes, hostelería) se quejan de que no encuentran personal adecuado, en muchos casos eso se resolvería si pagaran mejor y formaran a sus empleados, evitando fugas e integrando mejor a los empleados jóvenes. Es hora de reforzar las plantillas para atender mejor a los clientes y vender más. Sobre todo si vemos este dato: las empresas privadas españolas tienen hoy 825.000 empleados menos que en 2007 (-4,6%), a pesar de que España produce (PIB) un 25,3% más que entonces. Esto ha aumentado los márgenes empresariales y la productividad (más producción con poca plantilla), pero a costa de retrasos y cuellos de botella en los productos y servicios que pagamos los consumidores. Y lo mismo el sector público: hay que reforzar los servicios públicos, aunque eso suponga tener que recaudar más (no de los que ya pagamos impuestos, sino de los que pagan poco).

La pandemia cayó como un terremoto sobre la economía, seguida de la réplica de la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Ahora, cuando empezamos a recuperarnos (despacio), es hora de reconstruir la economía mundial (“el gran reinicio”), agilizando las cadenas de suministros, el transporte y la oferta de productos y servicios. Hay que engrasar” la economía con inversión y empleo, para reducir cuellos de botella y evitar constantes retrasos, que dificultan crecer y ser más competitivos. Y que explican buena parte de la alta inflación que tenemos. No podemos acostumbrarnos a las esperas y retrasos. Hay que dinamizar la economía.

jueves, 16 de febrero de 2023

Más muertos por trabajar: 2,2 diarios

En 2022 se dispararon los accidentes laborales y los muertos: 826 fallecidos al ir a trabajar o trabajando. Son 121 más que en 2021 y el mayor número de muertos desde 2009. La mayoría fallecieron por infartos y derrames, caídas, golpes, aplastamientos y accidentes de tráfico, sobre todo en la construcción, el transporte, el campo y la industria, especialmente en Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid. Con ello, España se coloca como el tercer país europeo en muertos por trabajar, tras Francia e Italia. Y también han aumentado las enfermedades profesionales en 2022, aunque apenas se computa el cáncer de origen laboral ni las enfermedades mentales. Los sindicatos denuncian que las empresas han bajado la guardia y se incumple la normativa, con la ayuda de una escasa inspección y de mínimas multas y condenas judiciales (255) por accidentes mortales. Urge un Plan de choque contra los accidentes laborales, con más medios, formación y vigilancia. Hay que acabar con estas “muertes silenciosas” y conseguir “0 muertes” en el trabajo.

Enrique Ortega

Un trabajador de 42 años murió el viernes en Valencia, al caer al vacío tras desprenderse el andamio donde trabajaba en la construcción de un edificio. Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 826 fallecidos en 2022, en el trabajo (679) o yendo a trabajar (147 muertos “in itinere”), según los datos de Trabajo. Una cifra que dispara los muertos laborales de 2021 (705) y 2020 (708 fallecidos) y que supone 105 muertos más que antes de la pandemia (721 fallecidos en 2019). Hay que remontarse a 2009 para encontrar una mortalidad similar (831 muertos por accidentes laborales), que bajó después, por la crisis, hasta un mínimo de 558 muertos en 2013. Pero en 2014 volvió a subir, durante 7 años, estabilizándose con la pandemia. Y ahora, con la economía creciendo otra vez, volvemos a superar los 2 muertos diarios.

Empecemos por los datos de accidentes laborales, que crecieron un 5,17% en 2022: hubo 1.196.429, frente a 1.137.523 en 2021. Pero sólo la mitad fueron accidentes con baja (631.724 accidentes,+10,4%), porque en la otra mitad (564.701) el accidente fue leve y muchos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen año tras año). Esta cifra de accidentes con baja está lejos del récord de accidentes de 2007 (1.022.067), en plena burbuja inmobiliaria, pero muy superior a la de accidentes en lo peor de la crisis (468.038 en 2013). Y es similar a la de antes de la pandemia (650.602 accidentes con baja en 2019).

El grueso de los accidentes laborales con baja de 2022 se produjo en el trabajo (552.173, el 87% del total) y el resto son accidentes “in itinere”, accidentes producidos al ir y venir de trabajar (79.551 accidentes con baja), que crecieron menos en 2022, tras ser los que más repuntaron los años anteriores. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (el 69%), pero, curiosamente, son las mujeres las que tienen más accidentes “in itinere (el 53% del total), quizás porque se desplazan más por los hijos. Y la mayoría de los accidentados con baja fueron asalariados (94,5%), el resto autónomos (5,5%).

Del total de accidentes laborales con baja, 4.714 fueron accidentes graves, con muertos o heridos de importancia (el 0,74%, 142 más que en 2021). De ellos, 826 fueron accidentes mortales (121 más que en 2021), la mayoría hombres (751) y asalariados. Y esas muertes se repartieron entre las producidas en el trabajo (679, 104 más que en 2021) y las que se registraron al ir o volver a trabajar (147 muertes, 17 más que en 2021). Las principales causas de estas muertes laborales fueron los infartos y derrames cerebrales (285), los atrapamientos (103), los accidentes de tráfico (99), las caídas (89), los choques (32) y los ahogamientos (23), aunque en las muertes in itinere, la mayoría fueron por accidente de tráfico.

Las actividades más peligrosas, con más accidentes laborales (con baja) en 2022, fueron la industria (92.012 accidentes), construcción (81.525), sanidad y servicios sociales (70.000 accidentes: han crecido un +47,1% en 2022), comercio y reparación de vehículos (67.435), actividades administrativas y auxiliares (56.083) y hostelería (49.647 accidentes: han crecido un +37%). Pero ese es el ranking por número de accidentes. Si miramos la incidencia en porcentaje sobre los que trabajan, las actividades más peligrosas son las minas (6.185 accidentes por cada 100.000 trabajadores), la construcción (6.131), el agua y saneamiento (5.485), la industria manufacturera (4.375) y el campo y la pesca (4.140 accidentes). Ojo: los trabajadores agrícolas en España son los que sufren más accidentes en Europa, (incluido el vuelco mortal de tractores) según los datos de Eurostat. Y por autonomías, el ranking de accidentes por 100.000 trabajadores lo encabezan, curiosamente, Baleares (4.714 accidentes, por el salto en los accidentes turísticos), la Rioja (4.234), Cantabria (4.205), Castilla la Mancha (3.980), Navarra (3.717) y Asturias (3.410), estando a la cola Madrid (2.236 accidentes por cada 100.000 trabajadores), según los datos de Trabajo.

Centrándonos en las muertes laborales, las actividades más letales son la construcción (150 muertos en 2022, un +32%), el transporte y almacenamiento (111, -3%), la agricultura (95 muertes, un +43%) y la industria (95 muertes, +9%), el comercio y reparación de vehículos (62), las actividades administrativas (48), la administración pública (24) y la hostelería (22 muertes). Y por autonomías, destacan Andalucía (118 muertos), Cataluña (80), Comunidad Valenciana (76), Madrid (73), Galicia (67) y Castilla y León (50 muertes). Si ponemos estas muertes en relación con los que trabajan, la mayor letalidad se da en la minería (18,13 muertes por cada 100.000 trabajadores), el campo y la pesca (13,53), la construcción (11,28) y el transporte (11,01), todas muy por encima de la media (3,51 muertes por 100.000 trabajadores). Y por autonomías, las más letales laboralmente son Murcia (7,45 muertes por 100.000 trabajadores), la Rioja (6,95), Galicia (6,59%), Extremadura (6,28%) y Castilla y León (5,51%), estando a la cola Madrid (2,21), Cataluña (2,26) y País Vasco (2,48).

Los accidentes y muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen 3.300 accidentes mortales cada año y hasta 200.000 trabajadores mueren por enfermedades relacionadas con el trabajo, según la Comisión Europea. España es el tercer país en accidentes laborales con 4 días de baja o más (307.949 en 2020), detrás de Alemania (638.894) y Francia (381.609) y delante de Italia (169.363), según Eurostat (2020). Pero como tenemos menos trabajadores, ocupamos el 2º lugar europeo en incidencia (2.384 accidentes por 100.000 trabajadores), sólo por detrás de Francia (2.597) y por delante del porcentaje de accidentes de Alemania (1.782) e Italia (1.036). Y en muertes por accidente laboral, la tasa en España (2,76 muertes por 100.000 trabajadores en 2020) era superior a la media europea (2,11) y a la de Alemania (0,96 muertes), aunque nos superaban en 2020 Francia (3,16 muertes) e Italia (3,03), a las que hemos superado en 2022 (3,51).

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales, que  en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y también crecen: en 2022 se contabilizaron 22.589 partes de enfermedades profesionales, un +10,83% más que en 2021 (20.381), según Trabajo. Entre las causas destacan los agentes físicos (19.598), seguidas muy lejos por las enfermedades de la piel (1.065), inhalación de substancias (814), agentes químicos (576), agentes biológicos (429) y agentes cancerígenos (sólo 107 partes de cáncer profesional, aunque son más del doble que en 2020 y 2021). Las actividades con más bajas por enfermedades profesionales son la industria (el 38,5%), la reparación de vehículos (14,1%) y las actividades administrativas y de servicios (10,2% de las bajas totales), siendo pocas en construcción (8,5%) y hostelería (7,3% del total).

Los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (107 casos en 2022), que en la mayor parte de los casos se reconocen porque el trabajador acaba en los Tribunales. De hecho, la OIT y la OMS estiman que 9.550 personas mueren cada año en España por un cáncer originado en el trabajo (y 120.000 en Europa), lo que convierte este origen laboral en la 4ª causa de cáncer, motivado por la exposición a sustancias cancerígenas (el amianto, en la mitad de estos cánceres, y el formaldehido). A pesar de este alcance, los sindicatos denuncian que menos del 10% de los cánceres laborales son reconocidos e indemnizados (con la prestación correspondiente). Y su atención corre a cargo de la sanidad pública, en vez de costearlo la Seguridad Social. Además, los sindicatos piden revisar el catálogo de enfermedades profesionales, para dar entrada a las enfermedades psicológicas y mentales, que se han disparado en los trabajo.

¿Qué está pasando para que se disparen los accidentes y muertes laborales, así como las enfermedades profesionales?  Los expertos creen que hay dos causas claves. Por un lado, la pandemia y sus exigencias sanitarias ha retrasado las tareas de prevención y seguimiento de enfermos crónicos y con riesgos, lo que ha disparado los casos de infartos y derrames cerebrales en el trabajo (causa de 288 muertes en 2022, 1 de cada 3 muertes laborales), agravadas por la escasez de plantillas y el mayor trabajo. Y por otro, las empresas y los trabajadores “han bajado” la guardia ante los riesgos laborales, preocupados por olvidarse de la COVID y “volver a la normalidad”. Los sindicatos aportan una causa más: las empresas se preocupan menos ahora por la seguridad en el trabajo, destinando menos tiempo, formación y recursos a evitar accidentes laborales ahora que les suben los costes. Y sobre todo las pymes, las menos preparadas para evitar los accidentes laborales.

Además, sindicatos y expertos alertan que el alto grado de siniestralidad laboral en España tiene mucho que ver con la alta precariedad laboral, con un mayor porcentaje de trabajadores temporales (ahora, tras el primer año de reforma laboral, son un 17,91% frente al 14% en la UE-27). De hecho, los trabajadores temporales tienen en 41,4% de los accidentes de trabajo (y el 42% de las muertes), cuando son el 28% de los asalariados. Y además, los trabajadores con menos de un año de antigüedad concentran el 46% de los accidentes (y el 41% de las muertes). Así que a más precariedad y menos formación, más riesgo de accidentes y muertes. Y más cuando muchas empresas no invierten en prevención y la subcontratan fuera. UGT añade otra causa a los accidentes: el exceso de carga de trabajo y los plazos ajustados para los pedidos, que obliga a muchos empleados a “trabajar contra reloj”.

El aumento de accidentes y muertes laborales en 2022 es especialmente preocupante, porque certifica el fracaso del Plan de choque contra los accidentes laborales presentado por el Gobierno en diciembre de 2021 y que se puso en marcha durante todo 2022. El Plan consistía en utilizar los datos de siniestralidad laboral disponibles para centrar la tarea de la inspección de Trabajo en los sectores y empresas más peligrosas, cuya seguridad se iba a vigilar con lupa el año pasado: empresas de demolición y preparación de terrenos (128 muertos por cada 100.000 trabajadores), transporte de mercancías y mudanzas (88 muertes), la pesca (82), la recogida de residuos (48), la construcción de edificios (31,5), las instalaciones eléctricas y de fontanería (28,6), la producción ganadera (25,5), la captación, depuración y distribución de agua (23,5) y los cultivos perennes (21,33 muertes por 100.000 trabajadores), aunque la mayor vigilancia se iba a concentrar en las empresas de trabajo temporal (ETTs), que sufren 138 muertes por cada 100.000 habitantes.

Evidentemente, el Plan de choque ha fallado, ya que ha habido más accidentes (+59.276 accidentes con baja) y más muertes (+121 trabajadores fallecidos) que en 2021. Los sindicatos ya advirtieron al aprobarse que el Plan de choque les parecía “insuficiente, porque no llevaba aparejado un Presupuesto que permitiera contar con más medios para prevención e inspección. Y recordaban que la Inspección de Trabajo sólo tiene 858 inspectores y 173 subinspectores, una plantilla exigua (1 funcionario por cada 13.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 en la UE) para el ingente trabajo que tienen (desde vigilar la contratación y el cumplimiento de la reforma laboral  a la seguridad en el trabajo).

Ahora, el Gobierno, los sindicatos y la patronal tienen que aprobar la Estrategia Española de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2022-2027, que lleva un año de retraso, para cumplir con el Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021. Los sindicatos quieren aprovechar la ocasión para reforzar la política de seguridad laboral, dotando con más medios a la formación y la prevención, así como a la vigilancia de la Inspección de Trabajo. Que se cree una figura estatal para la prevención de riesgos laborales, similar al actual delegado territorial. Y que se acabe con la actual impunidad penal de los accidentes laborales: en 2021 hubo sólo 426 sentencias judiciales  por siniestralidad laboral, 255 de ellas condenatorias. Por ello, la Fiscalía del Estado, los jueces (CGPP) y los Ministerios de Trabajo, Justicia e Interior firmaron en noviembre un Convenio de colaboración para coordinarse mejor y tratar de evitar la impunidad de las empresas responsables de los accidentes y muertes laborales.

En definitiva, se trata de contar con más medios para vigilar el cumplimiento de las normas de riesgos laborales y castigar con más dureza (multas y penas) a los culpables, porque tanto los sindicatos como los expertos creen que no hacen falta más normas, sino que se cumplan. Y, sobre todo, que las empresas (y los trabajadores) apuesten por la seguridad en el trabajo, no sólo por sentido común sino porque es rentable”: los accidentes laborales le cuestan cada año a Europa un 3,3% de su PIB, según la UE, entre bajas, gastos médicos e indemnizaciones, lo que supone un coste global de 480.000 millones de euros (a España le cuestan unos 40.000 millones anuales). Y se estima que por cada euro invertido en seguridad, la empresa obtiene algo más del doble en productividad.

Hay que acabar con esta lacra de los accidentes y muertes por trabajar, 826 muertos “invisibles” de los que no se habla, al contrario que los muertos por tráfico (1.148) o por violencia de género (48). Una factura humana inadmisible y escandalosa, más en el siglo XXI. Hay que alcanzar un gran Pacto social, como país y empresa a empresa, con un solo objetivo: conseguir “muertes cero” en el trabajo. No podemos consentir que el trabajo mate.