Economía "low cost" y precariedad laboral

Vodafone despedirá a la cuarta parte de su plantilla y lo justifica en la dura competencia de otras telecos. Y Día, en la "guerra de los súper", despedirá a 2.100 empleados. Muchas empresas han despedido o cerrado antes, porque no resisten las ofertas de bajo coste y la competencia de las plataformas por Internet: comercios, librerías, prensa escrita, líneas aéreas, bancos, hoteles, restaurantes…Dicen que “el progreso” es imparable y que “no se puede poner puertas al campo”. Pero el problema es que esta economía “low cost” y estas ofertas digitales conllevan unas condiciones laborales penosas y precarias, con sueldos de miseria para los jóvenes. Es lo que llaman “feudalismo digital”. Cómo será que todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo en el Congreso para aprobar juntos (algo inaudito) un texto que pide al Gobierno, sindicatos y patronal que aprueben normas laborales para la economía digital , que utiliza “esclavos digitales” sin derechos, además de no pagar impuestos ni cotizar apenas. Nueva economía sí, pero con empleos “decentes”.

enrique ortega

Todo empezó con la globalización de la economía, a finales del siglo XX, que trasladó muchas producciones a Asia, Latinoamérica y África, para aprovechar los bajos costes laborales y de las materias primas, en perjuicio de los empleos en Europa y Norteamérica. Y así, nos empezó a parecer normal comprar camisetas a precio de saldo hechas en Bangladesh  o TV en color y móviles fabricados en Corea o China, con obreros en semiesclavitud o incluso niños. Era el precio de un consumo masivo y barato: explotar a los paises emergentes.

Esta filosofía se transmitió a Occidente, tras la gran recesión de 2008, y las empresas se lanzaron a ofrecer productos y servicios “low cost”, tirando precios, desde tarifas de móviles a bancos online o billetes aéreos. Y en paralelo, desde 2010, se han multiplicado las plataformas de servicios por Internet, que lo mismo te ofrecen un libro, cualquier artículo comercial, una comida, un transporte o un apartamento. Y todo ello, apoyado en una Web que pone en contacto clientes y proveedores y que utiliza pocos empleados pero que trabajan en condiciones precarias y con salarios de miseria. Los llaman “los jornaleros digitales”, miles de jóvenes que trabajan aislados, sin conocer a sus jefes, que “mandan” vía móvil.

El concepto economía de bajo coste (“low cost”) ha contagiado a toda la economía tradicional, desde la alimentación (“marcas blancas”) hasta los viajes, la telefonía, el turismo o la banca (“online”, sin oficinas), presionados todos los sectores por unos consumidores que cada vez piden “más por menos”, que tratan de no renunciar a nada (a un móvil, a un viaje, a un apartamento, un taxi o informarse) aunque sean “mileuristas”. Y se cambian de las empresas clásicas (desde un periódico en papel a un gran almacén, una librería o un hotel) a plataformas o empresas nuevas (Amazon, Ryanair, Airbnb o Uber), aunque pierdan calidad en el servicio y tengan que viajar sin maletas o no tener nadie a quien reclamar o lea mentiras. Precio, precio, precio. Es lo único que importa. Y si parece medio gratis, mejor.

El coste de esta economía low cost, además de perder calidad y servicio, es el coste laboral que sufren los trabajadores de esas empresas. Porque para bajar precios han de reducir costes y el más sencillo es el laboral: recortar sueldos primero y plantilla después. Es lo que va a hacer Vodafone, agobiado por la competencia de las ofertas low cost en móviles e Internet: va a despedir en marzo a 1.200 trabajadores, un 24% de la plantilla, al que seguirán otros en Orange y Movistar, antes o después. Y eso después de que las telecos hayan perdido 14.000 empleos desde 2010 (11.000 Movistar, 2.400 Vodafone en dos ERES anteriores, en 2013 y 2015, y 430 Orange), para afrontar la guerra de tarifas permanente. Lo mismo ha pasado en banca, que ante el auge de la banca online y los nuevos competidores, ha cerrado18.000 oficinas (1 de cada 4) y reducido 89.500 empleos (1 de cada 3). Y en las líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles, librerías, periódicos o comercios, tras el empuje de  empresas o súper “low cost” y plataformas de Internet (en especial, Amazon). Y ahora, "la guerra de los súper" y las "marcas blancas", acaba de provocar la quiebra técnica y 2.100 despidos en la cadena Día.

Lo más llamativo, aparte de la transformación de negocios tradicionales en empresas “low cost”, es la proliferación de la “economía colaborativa”, lo que se ha dado en llamar “gig economy”: economía de los pequeños “encargos”, donde se han creado “plataformas digitales” que intermedian entre el cliente y proveedor, ofreciendo todo tipo de productos y servicios a bajo coste. Una “nueva economía” en la que ya participa un 20% de la población activa en Estados Unidos o Europa, según un informe de McKinsey. Y que en España utilizan ya más de 3 millones de clientes (el triple que en 2016), facturando 643 millones de euros en 2016, según un informe de ADigital. Y donde trabajan ya 14.000 personas, sobre todo jóvenes, muchos compatibilizando este trabajo con sus estudios o con otro empleo. Sólo en el reparto de comida a domicilio hay 32.000 restaurantes adheridos. Y miles de españoles usan cada día Uber o Cabify o compran por Amazon o alquilan por Airbnb.

La mayoría de consumidores están “encantados” porque estas plataformas les aportan productos y servicios rápidos y con bajos precios. Y no sabían  lo que hay detrás hasta que no se produjeron las primeras manifestaciones de repartidores (“riders”) de Deliveroo en Barcelona, en julio de 2017, las huelgas de pilotos de Ryanair en toda Europa el verano pasado o la primera huelga de Amazon (Black Friday de noviembre 2018), que han revelado lo que hay detrás de esta nueva economía: algo muy viejo, la explotación laboral de siempre, el llamado “feudalismo digital”, unas condiciones laborales recientemente denunciadas por la OIT (Organización internacional del trabajo): ausencia de contratos, enorme precariedad laboral, jornadas sin límite y salarios de miseria, que sufren sobre todo los jóvenes.

El problema de fondo en estas nuevas “plataformas de servicios” es la notable desigualdad de poder entre los trabajadores y la empresa que hay detrás, que impone sus condiciones de trabajo: no hay relación física ni contrato (la mayoría les obliga a registrarse como autónomos y hasta poner su bici o coche) pero sí un control rígido del trabajo, imponiendo horarios, ritmos, tiempos y condiciones, sin ninguna protección social ni medidas preventivas de accidentes. Y todo ello para conseguir unos ingresos mínimos, totalmente aleatorios, que implican trabajar cualquier día y a cualquier hora, por 3 ó 5 euros la entrega, Y con la amenaza de las valoraciones de los clientes (muy “aleatorias”) y muchos casos de discriminación por género, etnia o contestación sindical, según un análisis de las condiciones de trabajo hecho por CCOO.

La base de la “nueva economía” está en la “desregulación del trabajo” y un mínimo peso de los sindicatos y la protección del Estado, según señala el experto Peter Fleming. Estamos ante “una vieja forma de explotación” envuelta en un halo de “innovación”, empresas que aprovechan las enormes tasas de paro juvenil (33,4% en 2018), los llamados “jornaleros digitales”,  y el afán consumista de una generación de “mileuristas” que piden productos y servicios sin importarles el sacrificio laboral que hay detrás (como cuando compramos ropa barata hecha por mujeres hacinadas en fábricas de Bangladesh).

Pero la nueva economía no sólo comporta precariedad laboral, también una evidente pérdida de calidad en los productos y servicios (como se ha visto en los vuelos low cost: retrasos, cancelaciones y cobro por maletas) y una enorme dificultad para reclamar. Pero además, la economía “low cost” causa una situación de abuso y perjuicios a los proveedores locales, a los que someten a una dictadura de precios y condiciones (véase Mercadona). Y provoca una “competencia desleal” que obliga a cerrar muchos negocios que mantienen empleos decentes, cumplen normas más estrictas y, sobre todo, pagan impuestos.

Porque otra característica de esta “nueva economía” es que pagan pocos impuestos, o bien porque los “eluden” a través de ingeniería fiscal (utilización de empresas pantalla o terceros paises donde facturan sus servicios o directamente paraísos fiscales) o bien porque cometen fraude y esconden ingresos (como las plataformas de alquiler de apartamentos). El resultado es que Amazon, por ejemplo, no facilita cifras de ventas en España y sólo paga 4 millones en impuestos de sociedades aquí, mientras ha triplicado sus beneficios mundiales en 2018 (10.0078 millones de dólares). Y Uber declara que gana en España sólo 163.500 euros, por los que pagó 53.800 euros de impuestos en 2016. No es sólo que paguen pocos impuestos, es que además, muchas apenas cotizan a la Seguridad Social, porque “no tienen trabajadores”, trabajan con autónomos (“falsos autónomos”), que también cotizan poco.

En los últimos dos años, varias plataformas digitales han acabado en los juzgados y ya hay sentencias que echan por tierra su “modelo laboral”. En diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE calificó a Uber como “una empresa de transporte”, no un mero intermediario de servicios, mientras en Gran Bretaña, un Tribunal dictó que los conductores de Uber debían ser asalariados. Y un Juzgado de Valencia emitió en junio de 2018 la primera sentencia contra Deliveroo, señalando la “laboralidad” de sus riders (son "falsos autónomos") y que no es solo una plataforma de encuentro de clientes y proveedores sino “el centro del negocio”, el “jefe”, que da instrucciones, reparte zonas, marca horarios y paga por los envíos. Sin embargo, un segundo Juzgado de Madrid acaba de sentenciar, como otro en septiembre, que los trabajadores de Glovo son autónomos.

Los sindicatos europeos están muy preocupados por la enorme precariedad de estos “nuevos trabajadores digitales”. Y así, los sindicatos de Alemania, Austria, Dinamarca y EEUU suscribieron en diciembre de 2016 el Documento de Frankfort, donde plantean la necesidad de organizar la defensa de los “online workers” en un entorno digital y multinacional, mientras la Confederación Europea de Sindicatos exige respetar la legislación laboral y la protección social de estos trabajadores. Y ya existen ya plataformas y foros de defensa de sus intereses ("sindicalismo 2.0") a nivel europeo y mundial. En paralelo, un reciente informe de la OIT, de enero de 2019, advierte de que estas plataformas digitales pueden “recrear prácticas laborales del siglo XIX” y exigen que los paises aprueben una Garantía Laboral universal, con derechos mínimos (horarios, salarios y salud laboral) y una protección social universal.

La Unión Europea no tiene ninguna legislación comunitaria sobre estas plataformas digitales, pero en 2016 aprobó una serie de “recomendaciones” muy interesantes (aunque no se cumplen), en un informe sobre “la economía colaborativa”: definir un salario mínimo y un límite de horas máximas de trabajo diarias, asegurar una protección social mínima (desempleo) y seguros de salud para estos trabajadores digitales, considerar un seguro de responsabilidad por daños a terceros, regular el control y protección de los datos de los trabajadores y garantizar que no se les discrimine (por sexo, edad, raza o ideología) en la utilización de algoritmos y sistemas de evaluación de clientes.

Las propias plataformas digitales, ante las protestas de sus “no trabajadores” y las condenas de los Tribunales, también piden una regulación, desde sus patronales, como ADigital  o Sharing España (que integra 28 plataformas activas). Tratan de adelantarse y proponen “mayor flexibilidad laboral” para estos trabajos, intentando “orientar” la futura legislación para conseguir que se considera a sus trabajadores como autónomos y que se acepte toda la organización del trabajo que conlleva imposiciones y falta de derechos. Se están jugando un negocio que, sólo en Europa ha duplicado sus operaciones entre 2012 y 2015 y podría multiplicarlas por 20 para 2015, duplicando año tras año sus ingresos.

En España, el temor a lo que están haciendo estas plataformas digitales ha conseguido algo inaudito: que todos los partidos políticos  (PP, PSOE, Ciudadanos y PDeCAT) se unieran, en junio de 2018, para aprobar en el Congreso un texto conjunto que pide al Gobierno reformar la legislación laboral para adaptarla a la economía digital, de acuerdo con sindicatos, patronal y expertos. También piden mayores recursos para la inspección de Trabajo y actuar con ella “para lograr un mercado de trabajo más justo y atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social”.

Es un buen objetivo, aunque han pasado 7 meses y no hay medidas, salvo un apartado dentro del Plan de la Inspección de Trabajo 2019-2022, que se centra en perseguir los “falsos autónomos”, uno de los instrumentos de fraude laboral de la economía colaborativa. Pero hay que ir más allá y aprobar una Ley que incluya reformas en el Estatuto de los Trabajadores, para asegurar a todos los trabajadores digitales 3 derechos básicos (contrato, horario y salario) y una adecuada protección social. Y en paralelo, hay que obligar  a estas empresas a cumplir con la Ley y la normativa de riesgos laborales, en prevención de accidentes y enfermedades (como el estrés laboral, por las rutas y pedidos que les exigen o el tiempo medio de entrega, sin olvidar el mayor riesgo de crearles una “gran dependencia” de Internet). Además, hay que proteger a los proveedores de la economía low cost y hacerles pagar impuestos y cotizaciones como a los demás, para evitar la “competencia desleal”.

Los defensores de la “nueva economía” reiteran que “no se pueden poner puertas al campo” y que las viejas normas laborales no valen para las plataformas digitales. Está claro que la legislación laboral tiene que cambiar con los tiempos, pero hay algo intocable: el trabajo “decente”. La tecnología no puede defender la explotación laboral y la pérdida de derechos, porque esto es algo “antiguo”, del siglo XIX no del XXI. Sean “modernos” de verdad .Y no es defendible que alguien se haga millonario aprovechando el paro o el subempleo de los jóvenes. Hay que aprobar leyes claras, para que trabajar en la nueva economía no signifique  precariedad y explotación. Y los consumidores, debemos saber, cuando pedimos un libro, un artículo o un apartamento por Internet que quizás contribuimos a cerrar una librería, una tienda o un hotel. Y a que muchos jóvenes estén explotados. No es nuestra culpa, pero colaboramos. Al menos hasta que algún Gobierno, aquí y en Europa, legisle lo que debe.

Máquinas : 1 de cada 3 empleos peligran

Mañana es el 1º de mayo, un gran “puente” antes que una jornada reivindicativa, a pesar de que el trabajo es más escaso, precario y peor pagado que nunca. Y tampoco nos preocupa mucho el trabajo futuro, aunque podría ser peor: las máquinas inteligentes pueden quitar muchos trabajos que hoy hacen las personas. España es el 8º país que más empleos perderá con la Cuarta Revolución Industrial, hasta un 36% de los empleos actuales (casi 7 millones). Y no sólo se perderán empleos, sino que aumentará la precariedad de los menos formados, en beneficio de una minoría de trabajadores superpreparados, la élite de la digitalización. No vale con lamentarse ante las máquinas inteligentes, habría que prepararse, como hacen otros países: más formación, cambio drástico de la enseñanza, regulación de los nuevos empleos y redes y una mayor redistribución social, para que los que acaben al margen de esta revolución tecnológica no se queden “tirados”. Pero nuestros dirigentes están a otras cosas.

enrique ortega

Estamos en la antesala de “la Cuarta Revolución Industrial” (ver vídeo). La Primera revolución industrial se produjo a finales del siglo XVIII, entre 1768 y 1830, con la máquina de vapor y el ferrocarril, provocando el pánico entre los obreros que temían que los telares les quitaran su trabajo. La Segunda Revolución Industrial se produjo a finales del siglo XIX, a partir de 1881, con la introducción de la electricidad y el petróleo, seguida del telégrafo, el teléfono y la producción en cadena (1908). La Tercera Revolución Industrial se produjo a mediados del siglo XX, a finales de la década de los 50 y en los 60 y 70, con la llegada de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones.  Y ahora estamos en los albores de la Cuarta Revolución Industrial, que madurará a mediados de este siglo XXI, basada en la combinación de máquinas y procesos digitales a través del Internet de las cosas.

Es lo que también se llama Industria 4.0 (ver clásico libro de Klaus Schwab). No se trata sólo de incorporar máquinas a los procesos productivos (los robots llevan ya décadas entre nosotros).Lo novedoso es combinar nuevas herramientas que están despuntando en los últimos años: procesos digitales, análisis de datos, sensores, tecnología digital, robots, comunicaciones, nanotecnología, biotecnología, drones, impresoras 4D, Internet de las cosas, redes y, sobre todo, inteligencia artificial (que las máquinas puedan “pensar” y comportarse como humanos y hasta mejor). Todo ello, interrelacionado, podría crear redes inteligentes que dirigieran los procesos y se controlaran a sí mismas, con mínima participación humana.

Puede parecer “ciencia ficción”, pero cada día aparecen avances que muestran que esta Cuarta Revolución industrial avanza muy rápido y es imparable. Y por eso, ya hay numerosos estudios que alertan de su negativo efecto sobre el empleo del futuro. En enero de 2016, el Foro Económico Mundial publicaba en Davos su estudio “The Future of Jobs”, donde estimaba que, con la Cuarta Revolución Industrial, se perderían 5 millones de empleos en 15 países industrializados sólo para 2020. Y, lo más importante: que el 35% de los empleos y las competencias que se exigen iban a “cambiar de modo significativo” para 2020. Poco después, en junio de 2016, un estudio de la OCDE alertaba de que Occidente iba a perder “el 9% de sus empleos con la automatización”, revelando que España iba a ser el tercer país más afectado (11,8% empleos perdidos), tras Alemania y Austria (12%). Y hace poco, en abril de 2018, la misma OCDE estimaba que “se van a perder el 15% de los empleos actuales en diez años” (el 20% en España) y que un tercio de todos los empleos (el 32%) van a verse sometidos a “cambios considerables”.

Los cambios están ya ahí y se notarán mucho más para 2030, según todos los expertos. En un par de años, para 2020, la automatización digital se llevará por delante un 3% de los empleos en España (y entre el 1 y el 4% en el mundo), 570.000 puestos de trabajo, según un estudio de la consultora PwC “¿Robarán los robots nuestros empleos”?, publicado en febrero de 2018. Para 2025, la pérdida de empleo en España será del 21% (4 millones de empleos). Y para 2030, cuando la Cuarta Revolución Industrial esté más avanzada, se habrían perdido ya el 34% de los empleos (6,5 millones). El estudio, realizado en 27 países industrializados (incluidos Rusia y Singapur), señala que España será el 8º país más afectado por la automatización digital, por detrás de Eslovaquia (44% empleos en riesgo), Eslovenia y Lituania (42%), República Checa (40%), Italia (39%), EEUU (38%) y Alemania (37%). Y los que menos, los países del norte de Europa (22% Finlandia, 25% Suecia y Noruega, 30% Dinamarca), Rusia (25%), Singapur (26%), Japón (24%) y Corea del Sur (22% empleo en riesgo).

Los sectores que perderán más empleo, según este estudio de PwC, serán el transporte, la logística y la industria (entre el 42 y el 52%) y los que menos la educación (85), con la alimentación y la distribución en medio (-34% empleo). Y la pérdida de empleo con la automatización será mayor entre los hombres (39%) que entre las mujeres (28%), porque trabajan más en la educación, la sanidad y los servicios. Y perderán más el empleo los trabajadores poco formados (44% empleos en riesgo), menos los medio formados (-39% y poco los trabajadores con alta formación (-14%).

En marzo de 2018 se ha publicado el estudio más detallado sobre los efectos de la automatización en España, elaborado por BBVA Research y la Universidad de Valencia (Ivie), a partir de los datos de la EPA. Y la conclusión coincide con el informe de PwC: en España están en riesgo por la Cuarta Revolución Industrial el 36% de los empleos, casi 7 millones. El estudio señala los sectores más vulnerables a la sustitución de trabajadores por procesos digitales mecanizados: trabajos administrativos, ventas y servicios, transportes, agricultura, industria, comercio, hostelería, finanzas e inmobiliarias. Y los que menos empleo van a perder son la educación, la sanidad, los servicios sociales, la energía, las TIC y actividades científico-técnicas, además de la Administración pública. En cuanto a los trabajadores más vulnerables, este estudio señala los asalariados sin responsabilidad y con tareas rutinarias, los menos formados y los que peor dominan el teletrabajo y las nuevas tecnologías, salvándose mejor los más formados y los que tienen puestos de trabajo de responsabilidad. Todo esto será más importante que el sexo, la edad o el tipo de contrato, que también contarán: las mujeres saldrán mejor paradas, los jóvenes peor (hasta los 27 años) y también los mayores de 55 años, los que tienen contratos precarios y los inmigrantes, más los que trabajan en pymes.

Los distintos estudios son unánimes: la Cuarta Revolución Industrial provocará la pérdida de empleo, desde ya y más en 2030 y después. Pero también creará nuevos empleos, muchos todavía hoy inexistentes. El problema es que resulta difícil estimar cuántos nuevos empleos se van a crear con la economía 4.0 y qué empleos serán. El principal temor es que esta Cuarta Revolución Industrial va a un ritmo frenético y se pueden perder empleos con tal velocidad que no dé tiempo a reciclar a los trabajadores para que consigan otros. Dos ejemplos. Hace unas décadas se decía que las máquinas no iban a ser capaces de competir con los humanos. Pero en mayo de 1997, un ordenador, el Deep Blue de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Kasparov. Otro caso. En el año 2000, un estudio de la Universidad de Harvard citaba el automóvil como uno de los sectores que tardarían más en ser dirigidos por máquinas. Y sin embargo, el coche autónomo ya es casi una realidad.

Así que puede parecer que hay trabajos que “nunca” van a poder hacer las máquinas y luego resulte posible en muy poco tiempo. Y sobre todo, el ritmo de las investigaciones hace que sea difícil programar los trabajos del futuro en las Universidades de hoy, lo que hace muy vulnerables a los trabajadores actuales (que no saben cómo formarse), sobre todo a los jóvenes que van a trabajar en 2030. Eso sí, está claro que esta Cuarta Revolución Industrial va a exigir formarse en las carreras llamadas STEM (siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés) más biotecnología, análisis de datos, programación y digitalización. Y que los trabajos del futuro requerirán una “formación permanente”.

La Cuarta Revolución Industrial no sólo va a provocar una pérdida de empleos actuales y la creación de otros nuevos, sino que va a aumentar las desigualdades entre los trabajadores, según los expertos. Porque habrá una mayoría de trabajadores poco formados, que harán trabajos poco especializados y en riesgo (mal pagados), y una minoría de trabajadores “superespecializados”, los que alimentarán a las máquinas y programarán los procesos digitales, que disfrutarán de los mejores empleos y salarios. Eso provocará además importantes “migraciones laborales” hacia las regiones y ciudades que sean líderes de la Economía 4.0. Y podrían estar en una parte de EEUU y Asia, sobre todo en China: actualmente ya, 9 de las 15 ciudades económicamente más importantes del mundo están en China (en Europa, sólo Londres figura en este ranking).

Hay otro tema de fondo que provocará la Cuarta Revolución Industrial, el “darwinismo tecnológico”: quien no se adapte a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos, y quede fuera de las grandes redes que controlarán el mundo, quedará al margen laboral y socialmente. Si los humanos, durante miles de años, han sido necesarios para la economía y para la guerra, ahora, con las máquinas haciendo muchos de sus trabajos, “perderán valor”. Esa amplia masa de trabajadores que no se adapten será “la clase inútil”, como les llama Yavul Noah Harari, el autor del extraordinario libro “Sapiens”, en su segundo libro sobre el futuro, “Homo Deus” (muy recomendable), donde plantea el problema de una futura sociedad donde unas élites humanas (incluso mejoradas genéticamente y con aditamentos digitales incorporados) podrían dominar sobre la gran masa de la población y las instituciones económicas y políticas. La cuestión que plantea es clave: qué ocurrirá con los humanos cuando manden los algoritmos y las grandes redes inteligentes (uno o varios Googles superpoderosos") controlen la economía, el mundo y nuestras vidas.

Mientras esto llega  o no (la mayoría no lo veremos), resulta más importante afrontar lo más inmediato, esa pérdida de un tercio del empleo en sólo 12 años. Hay países que llevan ya varios años preparándose, sobre todo Alemania, que trabaja en la Industria 4.0 desde 2011, con la colaboración del Gobierno y sus multinacionales. Y lo mismo Estados Unidos, Japón, Reino Unido, los países nórdicos, Corea del Sur, Singapur y China, que puso en marcha un plan para digitalizar sus industrias básicas ya en 2008. De hecho, los expertos de Google han advertido que China superará a EEUU en inteligencia artificial para 2025.

Entre tanto, España sigue con su retraso digital y sin invertir en Ciencia, a pesar de las advertencias internacionales. Un informe de la Comisión Europea sitúa a España en el pelotón de cola de la Industria 4.0, entre los países que llama “titubeantes”, junto a Italia, Portugal, Polonia, Estonia, Croacia y Bulgaria. Y la OCDE critica que falten iniciativas de empresas punteras en economía digital, en automatización e inteligencia artificial, por falta de apoyo público y de inversión privada (capital riesgo), como se da en USA, Asia y parte de Europa. Y además, añade el informe de BBVA Research e Ivie, un tercio de los jóvenes españoles “no están preparados para los retos de la transformación digital”.

España tiene que “ponerse las pilas” y sumarse a los países que afrontan los retos de la Cuarta Revolución Industrial”, para que sea una oportunidad de futuro no sólo un riesgo. Habría que crear una Comisión oficial, como ha hecho Theresa May en Reino Unido, para estudiar el futuro del trabajo y las medidas a tomar. Por un lado, aprobar un Plan de modernización digital con presupuesto y medios (no la inútil Agenda Digital aprobada en 2013), con participación pública y de las empresas privadas. Por otro, resulta clave actuar en tres frentes, como propone el informe de BBVA Research e Ivie. Uno, el educativo: reformar a fondo las enseñanzas universitarias, para enseñar los empleos del futuro, reformando toda la formación de parados y ocupados, para reciclarlos a fondo. Otro frente es la regulación del mercado laboral, para adaptarlo a un tipo de trabajo distinto, más flexible pero que debe ser regulado (caso de las plataformas de servicios hoy), asegurando derechos frente al todo poderoso mundo digital. Y el tercero, la protección social y la redistribución: muchos van a quedar por el camino y eso obliga a ayudarles desde el Estado (renta básica), que debe resolver el problema de recaudar más con menos empleos. Y eso plantea también un dilema a la supervivencia de las pensiones y el Estado del bienestar en el futuro.

El futuro asusta a cualquiera, pero más si no se prepara. No podemos ir contra las máquinas inteligentes, como los obreros no podían ir contra los telares y las cadenas de montaje. Hay que intentar sacar lo más positivo posible de la tecnología y que mejore el mundo y nuestras vidas, no lo destruya. Pero eso exige reciclarse, adaptarse, como personas y como país. Otros lo están empezando a hacer y España no. Corremos el riesgo de perder este tren y quedar en el pelotón de países de segunda fila, que no protagonicen el futuro. Pero también en esto, nuestros políticos están al margen. Y los sindicatos y la mayoría de empresas y trabajadores. Urge afrontarlo.   

El retraso digital de las empresas españolas

El doble reto económico de España es que trabaje más gente y que trabajemos mejor, con más eficacia y productividad. Y para ello es clave la utilización masiva de Internet: facilita crear empresas, vender más (conociendo mejor lo que quiere el cliente), con menos costes, más beneficios y un empleo mucho más estable. Pero el problema es que España está muy retrasada en la digitalización de la economía, que supone la cuarta revolución industrial. Basten dos datos: una de cada tres microempresas españolas (son 3 millones) no tienen acceso a Internet. Y entre las que lo tienen, sólo un 15% vende online. Y España está en el puesto 14 del ranking digital europeo, cuando somos la cuarta economía. Los expertos urgen a los partidos y al futuro Gobierno a acordar un gran pacto digital, que impulse Internet en la economía y en las empresas, con inversiones, ayudas y formación. El impulso digital aportaría 40.000 millones extras al PIB español. No podemos perder el tren digital.
 

enrique ortega

Internet ha cambiado el mundo, la economía y las empresas en las últimas dos décadas y sobre todo en los últimos cinco años. En España, la revolución digital ha entrado de lleno en los hogares y ya hay 29,5 millones de internautas, 22,2 millones (2 de cada 3 adultos) que usan la Red a diario. Pero este auge de Internet entre los ciudadanos no se da igual en nuestra economía y nuestras empresas. Así, España ocupa el puesto 34 en el índice digital NRI del Foro Económico Mundial. Y está en el puesto 14 del índice de Digitalización DESI 2014, que elabora  la Comisión Europea en base a cinco factores: conectividad a Internet, capital humano, uso de la red, integración de la economía digital y servicios públicos digitales.

Pero si estamos retrasados digitalmente como país, las empresas españolas lo están mucho más. Así, España ocupa el lugar 17 en el ranking europeo de digitalización de empresas, encabezado por los países nórdicos y donde nos superan Irlanda, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Austria, República Checa, Malta Lituania, Eslovenia y hasta Portugal, según Eurostat. Las empresas españolas han avanzado en digitalización en los últimos años (índice 77,5), pero aún están por debajo de las empresas europeas (índice 78) y de las empresas punteras del mundo (índice 81), según el último informe de la consultora PwC. Y otro estudio de Accenture revela que el grado de digitalización de las empresas españolas está por debajo del que tienen las empresas en las 17 mayores economías mundiales.

Vayamos a datos más concretos. En España, un 34,3% de las microempresas (menos de 10 trabajadores), que son casi todas (un 95,4%, más de 3 millones) no tienen acceso a Internet, según el informe ADEI 2013. Y de los dos tercios que acceden a la Red, un 71,6% tienen Web, pero en la mayoría de los casos es un simple catálogo de productos y servicios, no un canal de venta: sólo en un 15,2% de esas Web se pueden hacer pedidos y sólo en un 9,1% se pueden pagar las compras online. Baste decir que sólo 1 de cada 6 microempresas españolas (un 17,6%) venden online, según la última encuesta del INE (2015). Y las ventas online sólo suponen el 14,4 % de las ventas totales de las empresas españolas, 1 de cada 7 euros vendidos. Dos datos impactantes. Y un ejemplo llamativo: de las 21.800 farmacias que hay en España, sólo 190 venden online (marginalmente). Así estamos.

La digitalización de la economía y de las empresas no es sólo impulsar el comercio electrónico, vender por Internet. La revolución digital va mucho más allá: supone un cambio radical en todos los negocios, desde la relación con los proveedores y las compras a la cadena de producción (inteligente), la determinación y renovación de la oferta de productos, los canales de distribución y venta y el contacto con el cliente, destacando la mejor explotación de toda la información disponible (big data). En definitiva, Internet y las nuevas tecnologías están revolucionando todos los negocios, desde la banca al turismo pasando por el sector del automóvil, la venta de ropa, la agroalimentación, la energía o el transporte. Y el que no digitalice su negocio, se quedará cada vez más fuera de esta competencia global.

Las ventajas de la digitalización son evidentes, para la economía, las empresas y los consumidores. Por un lado, las economías más desarrolladas y más ricas son aquellas donde Internet tiene mayor penetración: en España, el peso de los negocios por Internet representa el 2,5% del PIB, frente al 3,8% de la media europea, lejos de Francia e Italia y a años luz de Alemania o Reino Unido, los países europeos más digitalizados, según el informe de ADEI. A nivel empresarial, las ventajas de la digitalización están demostradas: las empresas son más productivas (un 30% más), venden más, están menos endeudadas y son más rentables. Y, lo más importante: crean un empleo más estable y mejor pagado (salarios un 8% más altos). De hecho, las empresas españolas digitalizadas sólo han perdido un 6% de su empleo en esta crisis (2008-2012) frente al 21% de empleo perdido por las no digitalizadas. Y cara a los consumidores, Internet permite más ofertas (nacen más empresas), más competencia y mejores precios (ropa, telecos, billetes de avión, hoteles…).

Las empresas españolas saben de la importancia y de las ventajas de la digitalización: por eso, un 69% han empezado a integrar Internet en sus negocios, según un estudio de The London School of Economics Enterprise. El problema es que avanzan lentamente y con pocas inversiones, concentradas además en las grandes empresas. Varios son los obstáculos reales con que tropieza la digitalización. El principal, la falta de un equipo directivo impulsor: sólo cuando el presidente o consejero delegado de una empresa se pone al frente, la digitalización avanza de verdad. Además, muchos no encuentran socios tecnológicos ni personal capacitado para ponerlo en marcha. Otros tienen recelos de seguridad, por temor a futuros ataques si ponen su negocio en la Red. Y además, faltan infraestructuras (redes de banda ancha con suficiente capacidad y velocidad)  y personal suficientemente formado (en España hay un déficit de 50.000 empleos digitales).

¿Qué se puede hacer para avanzar en la necesaria digitalización? El reto no es sólo español, ya que Europa también está retrasada frente a Estados Unidos y algunos países asiáticos. Por eso, la Comisión Europea ha aprobado una Agenda digital europea que pretende invertir 300.000 millones en redes e infraestructuras tecnológicas, desmontando las 28 aduanas digitales que hoy existen, con el objetivo de que este mercado único digital genere 415.000 millones de euros en nuevas actividades y 900.000 nuevos empleos para 2020. En España, el Gobierno Rajoy aprobó en febrero de 2013 la Agenda Digital para España, sin las inversiones y medios necesarios para su aplicación, hoy muy retrasada.

Para avanzar en la digitalización de España y sus empresas, hay dos elementos claves. Uno, mejorar las infraestructuras tecnológicas, donde nuestro atraso es patente. En tecnología, España se coloca en el vagón de cola, con un gasto en investigación del 1,24% del PIB, muy alejado de los primeros vagones de la Ciencia (3,32% PIB Finlandia, 3,21% Suecia, 3,05% Dinamarca), de los medianos (2,94% del PIB de gasto en Alemania, 2,23% de Francia y 1,98% de Reino Unido), por detrás de Portugal (1,36% del PIB en Ciencia), empatados con Italia (1,25%) y sólo por detrás de Grecia (0,78%) y países del Este, según los últimos datos de Eurostat 2013 (ver mapa). Y por otro, mejorar las redes de acceso a Internet: sólo tenemos un 0,4% de conexiones a redes de alta capacidad (+ de 100 Mbps), frente al 2% en la UE-28 y al objetivo europeo del 50% de los accesos para 2020. Y en los accesos a Internet de media capacidad (a 100 Mbps), el porcentaje es alto (47% accesos), mayor que el de la UE-28 (34%), pero con una menor velocidad real porque tenemos una mayor “latencia” (el tiempo que tardan los paquetes IP en llegar desde el servidor a nuestro ordenador o dispositivo). De hecho, la latencia en España supera un 80% la media europea en ADSL (65 milisegundos frente a 36), es un 84% superior en fibra óptica (35 milisegundos frente a 19) y el doble en cable (42 milisegundos frente a 21), según un estudio encargado por la Comisión Europea. Internet más lento y, además, un acceso que es el segundo más caro de Europa.

Además de mejorarles las infraestructuras, las empresas españolas tienen varias asignaturas pendientes para digitalizarse. La clave es que sus máximos directivos apuesten por una “hoja de ruta digital”  asentada en 4 grandes cambios: creación de un potente equipo de cambio tecnológico y digital (con poder interno y medios), inversión en tecnología, innovación y cambio digital (alquilando si es necesario capacidad informática y pago por uso), poner al cliente en el centro del negocio (explotando al máximo los datos disponibles, big data, y utilizando toda esta información para renovar productos y servicios) y crear dentro de la empresa una nueva cultura digital, con nuevas formas de trabajo y organización, apoyadas en la formación y en la contratación de jóvenes preparados (“nativos digitales”).

Pero todo ello exige un gran impulso político, desde arriba. Por eso, la patronal del sector tecnológico (Ametic) pide al futuro Gobierno y a todos los partidos un compromiso real con la economía digital, que pase por la creación en el Congreso de una Comisión de Economía Digital, que impulse entre 2016 y 2018 una decena de macroproyectos de transformación digital de la economía en sectores estratégicos: industria 4.0, turismo, textil, automoción, agroalimentario, químico, farmacéutico, maquinaria, naval, aeroespacial y de la Defensa. Y a nivel sectorial, proyectos de impresión 3D, tecnología móvil5G, cloud computing (servicios en la nube) o big data (explotación de datos).

Y en paralelo, faltan dos “empujones” más a la digitalización. Por un lado, un abanico de ayudas fiscales, créditos a bajo interés, asesoramiento y formación para que las empresas, sobre todo las pymes, vayan entrando en la economía digital, desde la última tienda al pequeño hotel o la pequeña bodega. Por otro, que las Administraciones públicas (Estado central, autonomías y Ayuntamientos) den ejemplo, desarrollando al máximo la Administración digital, digitalizando las ciudades (hay proyectos de Smart cities en 65 ciudades)  y "tirando" de la digitalización de las empresas, utilizando la palanca de las compras públicas para favorecer a las que se organicen y vendan por Internet.

El mundo está  cambiando drásticamente y muchos de los viejos empleos van a desaparecer (7 millones hasta 2020, según el Foro de Davos), mientras se van a crear  nuevos empleos (2 millones en computación, ingeniería, arquitectura y matemática) . Y un estudio de Accenture, presentado también en Davos, indica que si España digitalizara más su economía, el PIB español podría crecer 40.000 millones de euros extras. Así que no queda más remedio que "ponerse las pilas": digitalizar la economía y las empresas es un reto de todos, como país, al margen de la política y los Gobiernos. Hace falta un gran pacto y una gran apuesta por reciclarnos y digitalizarnos como economía, como empresas y como ciudadanos, para asegurar un crecimiento y un empleo estables en un mercado que ya es el mundo. No podemos perder este tren digital.