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lunes, 14 de octubre de 2024

Alquileres imposibles: faltan viviendas

El grave problema de la vivienda, con precios y alquileres disparados, preocupa a muchos españoles, sobre todo jóvenes y familias vulnerables, que destinan más del 40% de ingresos (los jóvenes el 92%) a pagar un alquiler. Si lo encuentran, porque hay un 33% menos que en 2009, consecuencia de cambios legales y topes que han llevado a muchos propietarios a cambiar su piso en alquiler a uno de temporada o turístico. O a venderlo. La Ley de Vivienda (mayo 2023) es un fracaso y ha reducido los alquileres. Mientras, se terminan 89.000 viviendas al año (frente a 424.000 en 2009), cuando se crean 275.000 nuevas familias. Tenemos pocos alquileres y carísimos porque apenas hay viviendas disponibles: faltan 600.000 hasta 2025 y el doble para 2030. La única solución es que Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos pacten un Plan de Vivienda, conseguir suelo y financiación para construir 200.000 viviendas al año, la mayoría para alquiler. Y ayudar (no amenazar) a los propietarios para que alquilen. Menos Leyes demagógicas y más medidas eficaces.

                            Enrique Ortega

Las manifestaciones, en Madrid y en media España, revelan que el problema de la vivienda agobia cada día más a los españoles. Y no es para menos. Este año 2024, los alquileres siguen subiendo, un +10,2% anual en el tercer trimestre, según el portal Idealista. Y el precio medio de un alquiler en España se coloca en 13 euros/m2 (10,4 euros en 2019). Eso supone pagar 1.170 euros por alquilar un piso de 90 m2. Pero esa es la media. En Barcelona, el precio sube a 2.016 euros (22,4 euros/m2), en Madrid son 1.836 euros (20,4 euros/m2), en San Sebastián  son 1.629 euros (18,1 €/m2, en Palma 1.557 euros (17,3 €/m2), en Málaga 1.305 euros (14,5 €/m2) y en Valencia 1.287 euros (14,3 €/m2).

El problema es que la subida de alquileres de este año se suma a las subidas del alquiler desde 2014. En 2023, los alquileres subieron un +10,1%, más que el +8,4% en 2022 y el 4,6% en 2020 (en 2021, con la pandemia. bajaron un -3,6%). Y antes, entre 2014 y 2019, los alquileres subieron en España un +50%, según Idealista. Así que en la última década (2014-2023), los alquileres han subido un +69,5%, el triple que la inflación general (+21,3%, según el INE) y cuatro veces más que los salarios (+17,6% han subido los convenios). Y si sumamos la subida de este año, los alquileres suben casi un 80% desde 2014…

¿Por qué suben tanto los alquileres? Básicamente, porque hay pocas viviendas disponibles y una demanda creciente. Por un lado, apenas se construye vivienda nueva: en 2023 se terminaron 89.119 viviendas, casi las mismas que en 2022 (89.545), tras una década en la que se construyeron incluso muchas menos (60.000 en 2013, 44.630 en 2016, 78.810 en 2018). Es una cifra ridícula si la comparamos con las 424.459 viviendas terminadas en 2009 o las 650.000 terminadas en 2006 y 2007. Además, apenas se hacen viviendas protegidas (8.646 VPO en 2023) y la nueva construcción se concentra en la costa mediterránea y las islas (el 37,2% de las viviendas terminadas) y en el resto de España (39,1%), más que en Madrid y Barcelona (27,7%).

Apenas se hacen viviendas nuevas mientras cada año crecen las nuevas familias y los jóvenes que buscan un alquiler, más los últimos años, cuando la subida de tipos e hipotecas hacen que muchos españoles no piensen en comprar casa, máxime cuando los precios de compra de los pisos de han disparado también (+7,8% este año y +39,8% entre 2014 y 2023). El Banco de España estima que cada año hay 275.000 nuevas familias que buscan techo, además de 60.000 nuevos inmigrantes. El dato es muy llamativo: el número de hogares creció en 1.491.700 entre 2011 y 2023, mientras se construyeron 762.843  viviendas…

Está claro: la demanda de alquileres se ha disparado y mientras, apenas se construye. Y tampoco se alquilan muchas de los 4 millones de viviendas que están vacías. Unas, la mayoría, porque son segundas residencias o están en mal estado, necesitan rehabilitación. Y, sobre todo, porque hay pocas viviendas vacías en las grandes ciudades donde hay más demanda de alquileres: el Banco de España estima que sólo hay 400.000 viviendas vacías (el 10% del total) en ciudades de más de 250.000 habitantes.

Esta falta de oferta se ha agravado en los últimos años, porque los propietarios se han retraído a alquilar, a la vista de los cambios normativos aprobados por el Gobierno Sánchez. En marzo de 2019 se cambió la Ley de Arrendamientos (LAU), con un Decreto que limitaba las subidas al IPC y ampliaba los plazos de alquiler: de 3 a 5 años si el propietario era particular y hasta 7 años si era empresa. Eso retrajo a muchos propietarios, que reaccionaron con subidas extras de los alquileres (para “cubrirse”) y retrasando su alquiler o vendiendo. En febrero de 2022, el Gobierno aprobó la Ley de Vivienda, que establecía “topes” de subida a los alquileres en las zonas tensionadas, lo que redujo más la oferta de alquileres, “asustando a los propietarios”. En mayo de 2023, la Ley entró en vigor y la mayoría de expertos coinciden: ha reducido drásticamente la oferta de alquileres, disparando más los precios.

Los datos vuelven a ser elocuentes. Entre 2019 y 2024, la oferta de alquileres en España ha caído un -33%, según un reciente estudio del portal Idealista. Pero en Barcelona (donde la Generalitat aprobó un control de alquileres ya en 2020), la oferta de alquileres se ha reducido un 75% desde 2019 a hoy: han desaparecido del mercado 3 de cada 4 viviendas en alquiler. También ha caído drásticamente la oferta de alquileres en Oviedo (-55%), San Sebastián (-55%), Las Palmas (51%), Madrid (-46%), Palma (-46%), Girona (-45%), Bilbao (-44%), Zamora (-42%), Toledo (-42%) y Burgos (-40%). Y se ha reducido también la oferta de alquileres en Málaga y Valencia (-33%), Sevilla y Alicante (-42%).

¿Cómo se ha producido este drástico recorte de la oferta de alquileres? Por 3 vías: se han “desviado” los alquileres tradicionales a alquileres de temporada, a alquileres turísticos o a la venta. El primer camino, el más utilizado, ha sido “desviar” alquileres permanentes a alquileres de temporada: son por menos de un año, a estudiantes, trabajadores desplazados (profesores, médicos, camareros, temporeros) o por vacaciones. No se rigen por la nueva Ley de Vivienda (ni por la normativa de apartamentos turísticos) y las condiciones se pactan libremente. Estos alquileres han crecido un +182% entre 2019 y 2024 (+220% en Barcelona) y suponen ya el 14% de todo el mercado del alquiler, aunque hay ciudades donde superan la tercera parte del total (y creciendo). El Gobierno intentó regularlos con un reciente Decreto, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso, por el veto de Junts, junto al PP y Vox.

El 2º camino para desviar alquileres permanentes es destinarlos a alquiler turístico. En septiembre había 388.259 pisos turísticos en las 25 mayores capitales, +55.295 que en junio, según la patronal turística Exceltur. El problema es más relevante en 48 municipios, con  más del 10% de alquileres turísticos, destacando los centros de Barcelona y Madrid (con más del 25% de pisos turísticos), Málaga, Sevilla o Palma. El Gobierno promete regular estos alquileres para el futuro, pero la competencia es autonómica y municipal y cada ciudad va a su aire, mientras los pisos turísticos aumentan (ver cuadro), a pesar de las protestas.

El tercer camino para desviar pisos que antes se alquilaban es venderlos, aprovechando los altos precios actuales (han subido +47,6% desde 2014) y la gran demanda, que aumentará con la próxima bajada de tipos e hipotecas. En los últimos años, Fotocasa estima que  el 12% de los propietarios que antes alquilaban han vendido, lo que supondría 327.000 alquileres menos desde 2019. La mitad de estos propietarios han desistido de alquilar, según Fotocasa, “por malas experiencias” con inquilinos o por temor a la nueva normativa.

La consecuencia de este triple recorte de la oferta es clara: hay muchos menos alquileres disponibles y eso sube los precios y dificulta encontrar un piso para alquilar ("vuelan") Y los que lo consiguen, tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos al alquiler : ya suponía el 43% del sueldo medio en 2023, frente al 38% en 2019, según este estudio de InfoJobs. Pero en las ciudades con los alquileres más caros, representa mucho más: en Barcelona, el alquiler se lleva el 65% del sueldo medio, en Palma el 63%, en Madrid el 62%, en San Sebastián el 60%, en Las Palmas el 53%, en Valencia y Santa Cruz de Tenerife el 50%, en Málaga el 49% y en Girona el 48%.

El esfuerzo para pagar el alquiler es mayor en las familias más vulnerables (con bajos ingresos) y entre los jóvenes. Así, el pago del alquiler se lleva más del 40% del Salario Mínimo (SMI) en toda España, según este estudio de El País. Y supone la mitad o más del SMI en Barcelona (70%), Madrid (61%), San Sebastián (57%), Bilbao y Málaga (50% SMI). Esto hace que el pago del alquiler haya llevado a muchas familias a caer en la pobreza, según reiteran Cáritas y la EAPN. Y provoca que muchas familias vulnerables no puedan pagar ahora su alquiler y aumenten los desahucios (en los últimos 9 meses): en el 2º trimestre de 2024 han sido 7.850 desahucios, según el CGPJ, las tres cuartas partes por alquileres (5.874, un 40% más que hace un año y 5 veces más que en 2020, en plena pandemia).

Con todo, los que más sufren los alquileres disparados y escasos son los jóvenes: ganan de media 1.050,77 euros netos al mes, los menores de 30 años (según el último estudio del Consejo de la Juventud ) y para pagar un alquiler necesitan 968 euros de media, según este estudio de UGT. Además, tienen que pagar los gastos fijos de la vivienda (agua, luz, Internet y gastos comunitarios):  en total 1.131 euros al mes, 80 euros más de lo que ganan los jóvenes en España. Y luego hay que comer, pagar transporte, vivir… Imposible. Así que la mayoría no pueden alquilar y siguen viviendo con sus padres, emancipándose mucho más tarde que en Europa: a los 30,4 años de media, frente a los 26,3 años en Europa.

El panorama de la vivienda y los alquileres es desolador, además de suponer “un cáncer para la economía”, porque muchas empresas (turismo, hostelería, campo, sanidad, educación, industrias) no encuentran personal debido a que los trabajadores no encuentran un alquiler accesible en muchas ciudades y pueblos. Urge dejar de “empecinarse” en la Ley de Vivienda: la ministra Isabel Rodríguez, en un doble gesto de “impotencia” e “incapacidad” , ha apelado a la “solidaridad” de los caseros y ha amenazado con recortar aportaciones estatales a las autonomías que no aplican “topes”(todas menos Cataluña). Hay que dejarse de “demagogia” y “populismo”  y probar otro camino, el que ha abierto el presidente Illa, con su Plan de vivienda para Cataluña.

El Plan Illa tiene 4 ejes, que va a proponer a los municipios catalanes, a arquitectos y constructores: crear un Fondo de suelo, agilizar los trámites de las licencias y el periodo de construcción de viviendas (bajar las entregas de 100 meses a 50), más inversión para facilitar la construcción a promotores públicos y privados y ayudas al alquiler, sobre todo a jóvenes. En total, Illa propone invertir 4.400 millones desde la Generalitat para construir 50.000 pisos públicos en Cataluña de aquí a 2030 (se terminaron 2.243 VPO en 2023). Un objetivo ambicioso, que supone hacer las cosas de otra manera: con suelo, negociación e inversión.

El problema del alquiler no se resuelve imponiendo topes y una Ley: se resuelve negociando un Plan con los que tienen las competencias y la decisión (autonomías, Ayuntamientos, promotores y propietarios), garantizando además los derechos de los inquilinos. Hay que empezar por el principio, el suelo, que es clave (supone la mitad o más del coste de una vivienda). En España hay suelo “urbanizable”, pero falta suelourbanizado”, listo para construir. Y no se sabe cuánto hay ni dónde está. Por eso, Gobierno, autonomías y Ayuntamientos deben hacer un Censo de suelo público. Y agilizar que se puede construir en él. El Gobierno aprobó en marzo de 2024 una reforma parcial de la Ley del Suelo, para facilitar a los Ayuntamientos que pudieran aprobar Planes urbanísticos con defectos menores, que llevan años paralizados en los Tribunales. Pero tuvo que retirarla en el Congreso por el veto de Sumar, Junts, ERC y Podemos… Urge conseguir suelo público y facilitárselo a promotores públicos y privados, porque hoy el proceso tarda de 7 a 10 años.

Además, hay que relanzar las promociones de nuevas viviendas, aportando inversión pública suficiente y pactando financiación privada (con bancos e inversores). Ahora hay poca inversión pública en vivienda (6.900 millones, un 0,5% del PIB, frente al 1% en Europa) y urge aumentarla, a nivel estatal, autonómico y municipal. Sobre todo, porque la inversión pública para construir viviendas  protegidas es sólo la mitad del gasto total (3.472 millones en 2023): el 70% lo aporta el Gobierno central (ojo: con Fondos europeos) y sólo el 30% lo financian las autonomías. Además,  los bancos deben volver a financiar promociones, favoreciendo la promoción privada (subiendo módulos)  de VPO (se construyeron 8.646 en 2023, frente a 67.909 en 2009). En paralelo, hay que frenar los costes de construcción (disparados), mejorar la formación de trabajadores (las constructoras de quejan de que no encuentran personal cualificado) y agilizar el proceso de  construcción (aumentando su  ” industrialización”).

Otro frente de actuación es frenar los alquileres de temporada y los pisos turísticos, para aumentar la oferta. Y en paralelo, negociar con los propietarios para facilitarles el alquiler con garantías, sin topes y con ayudas a los que voluntariamente contengan precios. Una vía es crear empresas municipales y autonómicas que hagan de “intermediarias”, como hace el País Vasco con el “Programa Bizigune”: los propietarios les ceden las viviendas y cobran seguro el alquiler, mientras se despreocupan de todo. Además, deberían plantearse ayudas para rehabilitar más viviendas y fomentar fiscalmente (rebajas IRPF, IBI...) que no estén vacías y se alquilen.

Cara a los inquilinos, hace falta que el Estado (con los pisos del “banco malo”), las autonomías y Ayuntamientos promuevan más viviendas protegidas (hoy suponen el 2,5% del parque, frente al 10-30% en Europa), para ofrecer alquileres públicos subvencionados a las familias que no pueden pagar un alquiler de mercado, aunque baje. Y urge mejorar las ayudas a los jóvenes para el alquiler, que ahora se retrasan y no funcionan (7 de cada 10 solicitantes del bono joven de alquiler no lo consiguen) , fomentando la construcción pública de residencias para estudiantes. Y necesitamos un sistema ágil, con viviendas públicas alternativos, para evitar los desahucios de familias vulnerables.

No hay una medida milagrosa para que bajen los alquileres. Pero la clave es que haya más viviendas y eso debería obligar a las distintas Administraciones a pactar un Plan de choque para la Vivienda, hasta 2030, para construir 200.000 viviendas al año (más del doble que ahora) y que viviendas “desviadas” hoy vuelvan a alquilarse. Debería ser una prioridad para todos. Eso exige dejarse de politiqueos y demagogia, “sentarse” en toda España (en cada autonomía y cada ciudad) y negociar suelo, inversiones, medidas y ayudas. Urge.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Los jóvenes españoles, muy dependientes


Esta larga crisis ha provocado que muchos jóvenes españoles vivan peor que sus padres. Y que vivan con ellos: un 80% de jóvenes entre 16 y 29 años siguen viviendo con sus padres, frente al 70% en Europa. Es la muestra del fracaso de una generación agobiada por el abandono escolar, el paro, el subempleo, los contratos precarios y los sueldos de miseria, que se acaban traduciendo en que no pueden pagar un alquiler ni un piso para emanciparse. Y uno de cada tres jóvenes está en situación de pobreza, muchos de ellos incluso trabajando. Urge poner en marcha ya un Plan de choque contra el paro que fomente el empleo de los jóvenes, porque sólo uno de cada tres trabaja. Y mejorar su educación, porque estamos formándoles mal como revela el reciente informe PISA. Además, Gobierno, autonomías y Ayuntamientos deberían crear parques de viviendas de alquiler barato para jóvenes. Ayudarles a que sigan su camino fuera de la casa familiar. Que puedan buscarse el futuro.
 
enrique ortega

Antes, hasta principios de este siglo, la mayoría de los jóvenes españoles nos íbamos de casa cuando acabábamos los estudios y empezábamos a trabajar. Pero con la crisis, los jóvenes ahora no se emancipan y siguen viviendo con sus padres hasta los 30 años y después. Si en 2008, un 28% de españoles se emancipaban, en 2016 el porcentaje ha bajado ya del 20%, por primera vez en los últimos doce años: sólo un 19,7% de jóvenes de 19 a 29 años se han ido de casa en 2016, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Eso supone que el 80,3% de los jóvenes españoles (5.233.406 jóvenes) sigue viviendo con sus padres, frente al 70% de media en Europa. Y si tomamos a jóvenes algo más mayores, entre 22 y 29 años, el 70% de los españoles viven con su familia, frente a un 16% en Francia, un 21%  en Alemania o un 30% en Reino Unido, según el informe de la OCDE de 2015.

Se emancipan más las mujeres jóvenes (24% se van) que los hombres (15,6%) y se van más de casa los mayores de 25 años (41,3%) que los que tienen entre 16 y 24 años (se emancipan el 6,2%), sorprendiendo que sólo se emancipen el 72,8% de los que tienen entre 30 y 34 años, según los datos del Instituto de la Juventud. Y cuando los jóvenes consiguen irse de la casa familiar, casi todos se van con otros jóvenes y sólo un 16,7% se van a vivir solos. Los que más se emancipan son los que tienen estudios superiores y los que no tienen apenas estudios (porque los dejaron para trabajar). Y hay una gran diferencia por autonomías. Se emancipan muy pocos jóvenes en Navarra (16,2%), Extremadura y Cantabria (16,4%), Murcia (17,4%) o Andalucía (18,1%) y bastante más que la media en Baleares (25,1%), Cataluña (24%), Madrid (21,1%) y La Rioja (20%), las autonomías con mayor renta.

Esta baja emancipación de los jóvenes es el fruto final de un fracaso generacional que empieza incluso antes de acabar sus estudios y continúa con su penosa experiencia laboral. De entrada, uno de cada cinco jóvenes españoles de 18 a 24 años (el 19,8%) había abandonado sus estudios prematuramente (sólo con la ESO o sin terminarla), lo que sitúa a España como líder europeo en abandono escolar, muy por delante del 11% de la UE-28 (y de los 17 paises europeos que lo mantienen por debajo del 10%), según los datos recientes de Eurostat. Y además, la crisis ý el desempleo se ha cebado más sobre los jóvenes: de los 3,8 millones de empleos perdidos en España entre junio de 2008 y marzo de 2014, un 60% (2.283.600 empleos) los perdieron los jóvenes, los menores de 30 años).

Por ello, la tasa de paro de los jóvenes duplica con creces a la del resto de españoles: un 42% frente al 19,02 %, según la EPA de septiembre 2016. Una tasa de paro juvenil (16-25 años) que también duplica el paro juvenil europeo (19,6%). Y aunque ha bajado el paro juvenil de larga duración (más de 1 año), hasta el 44% de todos los jóvenes desempleados, si consideramos sólo a los jóvenes en paro que habían trabajado antes, el 67% lleva más de un año sin trabajar. Eso lleva a nuestros jóvenes a conseguir otro ”récord europeo”: somos el cuarto país de Occidente con más “ni-nis”, jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan, un 22,7%, sólo por detrás de Turquía (29,8%), Italia (26,9%) y Grecia (24,7%), según la OCDE. Y la mayoría, sin cobrar el paro ni beneficiarse de las ayudas del Plan europeo de empleo  juvenil (“Garantía Juvenil”), que se compromete a buscarles en 4 meses un curso de formación, unas prácticas o un empleo: las ayudas sólo han llegado al 10,7% de los “ni-nis” españoles, frente al 60% de los “ni-nis” alemanes o el 80% de los franceses.

Los jóvenes españoles que no han caído en el abandono escolar y terminaron sus estudios son la generación más formada de nuestra historia (16-29 años): el 35,6% tiene estudios secundarios obligatorios, el 32,2% estudios secundarios postobligatorios y un 23,6% tienen una carrera universitaria, con lo que sólo un 7,6% carecen de estudios o tienen sólo primaria, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Pero aun así, tienen muy difícil empezar a trabajar. De hecho, de los 1.392.300 nuevos empleos creados en España entre 2014 y 2016 (septiembre), sólo 173.600 de estos empleos han sido para jóvenes menores de 30 años (el 12,4%). O sea, que sólo 1 de cada 8 nuevos empleos están siendo para los jóvenes.

Y por eso, sólo 1 de cada 3 jóvenes de 16 a 29 años trabaja (2.382.573 jóvenes, el 36,6% de los 6.517.318 jóvenes en esa edad), frente a 2 de cada 3 españoles que trabajan de todas las edades. Y entre los 16 y los 24 años, sólo 1 de cada 5 jóvenes trabaja (el 20%). El 96% son asalariados y sólo un 6% son autónomos. Y casi la mitad de los jóvenes que trabajan (el 44%) lleva haciéndolo menos de 1 año. Lo más llamativo es que los contratos de los jóvenes son muy precarios. El 92,5% de sus nuevos empleos son temporales y el 42% son a tiempo parcial (la tercera parte, por menos de una semana). Y más de la mitad de los jóvenes ocupados (el 56,3%) hacen trabajos para los que están “sobrecualificados”.

Con tantos contratos precarios, los sueldos de los jóvenes son muy bajos: el salario medio de un joven de 20 a 24 años es de 11.835 euros brutos (690 euros netos en 14 pagas), menos de la mitad del salario medio español (27.360 euros brutos), según los últimos datos del INE (2014). Y según el último estudio de salarios de la EPA (2015), dos de cada tres jóvenes (el 67,9% de los asalariados menores de 25 años) reciben un salario mensual inferior a 1.215,70 euros brutos, unos 996 euros netos en 12 pagas. Pero es que, según las declaraciones de la renta (IRPF), un 75% de los jóvenes de 18 a 25 años ganan menos del salario mínimo (menos de 645 euros al mes en 14 pagas), según la Agencia Tributaria.

Con estos bajos salarios del tercio de jóvenes que trabajan y como los dos tercios restantes no ingresan apenas, el resultado es que 1 de cada tres jóvenes españoles son pobres: el 38,2% de los jóvenes de 16 a 29 años (casi 2,5 millones) ingresan menos del 60% de la media de españoles, son “oficialmente pobres”, frente al 28,6% del conjunto de españoles y el 23,7% de europeos, según estadísticas del INE. Y sube al 57,9% de pobreza entre los jóvenes desempleados y al 65,7% de pobres entre parados de 16 a 24 años. Llama la atención que una cuarta parte de los jóvenes que trabajan (24,5%) son trabajadores pobres.

Visto este panorama laboral y salarial de los jóvenes en España, se explica que un 80,3% siga viviendo con sus padres. Porque con un ingreso medio de 10.690,16 euros por joven (763 euros en 14 pagas) y 20.452 por hogar joven (1.460 euros en 14 meses), los ingresos que estima hoy el Instituto de la Juventud, poco se puede hacer para sobrevivir y menos alquilar o comprar un piso. Un joven asalariado tendría que dedicar un 60,9% de su sueldo a pagar una hipoteca de una casa modesta (145.000 euros) y una pareja joven, el 32% de sus ingresos. Y para pagar un alquiler (610 euros de media), un joven trabajador tendría que destinar el 68,6% de su sueldo y un hogar joven el 68,6% de su sueldo (y más del 75% si es en Madrid, Barcelona o el País Vasco), según las cuentas del Instituto de la Juventud. La consecuencia es que sólo el 30% de los hogares jóvenes con mayores ingresos puede comprar o alquilar, la mayoría endeudándose de por vida. Y que los jóvenes que dejan su familia y alquilan un piso fuera tienen obligatoriamente que compartirlo.

Esta precariedad laboral, esta penuria económica y la consiguiente dependencia de los jóvenes españoles con sus familias tienen serias consecuencias sobre su futuro, desde el retraso en el matrimonio, el bajo número de hijos, su menor consumo y el bajo ahorro para seguir formándose y para mejorar su futura jubilación. Y tiene también mucho que ver con su comportamiento social y su bajo interés por la política. ¿Qué se puede hacer? Algunos proponen “soluciones mágicas” frente al paro juvenil, “atajos interesados”. Como la receta del FMI, que propuso a Europa bajar el salario mínimo (que es de 655 euros, una miseria) para animar a las empresas a contratar a los jóvenes. O las reiteradas propuestas de la patronal CEOE para que el Gobierno apruebe un contrato de formación para menores (…de 35 años), con un salario inferior al mínimo, similar a los famosos “mini-jobs de Alemania, que tienen 7,5 millones de jóvenes (trabajan 15 horas a la semana por menos de 450 euros). Al final, el argumento que utilizan es: mejor un “contrato basura” que el paro.

Pero eso es un chantaje simplista. Hay que buscar alternativas de fondo para los jóvenes, que vayan a la raíz de los problemas. La receta básica de la OCDE, en su largo informe sobre España (2015) es más y mejor formación, mejorar la educación de los jóvenes españoles, desde el Colegio a la Universidad. Porque ahora, nuestros jóvenes tienen estudios pero están mal formados, según acaba de revelar otro año más el reciente informe PISA 2015: la nota de los alumnos españoles de 15 años se ha estancado en ciencias y matemáticas y sólo mejora levemente en lectura durante los últimos 15 años . Se trata de recuperar a los alumnos perdidos (esos 631.520 jóvenes que han abandonado las aulas) y conseguir formarles mejor, a ellos y al resto. Porque el 98% de los empleos del futuro (para 2025) van a ser solamente para los que estén muy formados, para los que tengan educación superior (un 58,4% de los futuros empleos) o estudios medios (39,3%), según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y eso exige un esfuerzo educativo extra en estos años, sobre todo en Formación Profesional (FP) y en un cambio de los estudios universitarios.

Junto al reto educativo, el otro gran frente de actuación es la política de empleo, con un Plan de choque contra el paro centrado en los jóvenes, las mujeres y los parados mayores de 45 años, como acaba de pedir al Gobierno Rajoy la misión del FMI que ha analizado la economía española. Y eso exige medios para mejorar la formación de los parados y para colaborar con las empresas en contratos de formación y prácticas de jóvenes, fortaleciendo la formación dual. Y una reforma a fondo del SEPE (antiguo INEM), que no ayuda a encontrar empleo. Y en tercer lugar, urge una política de vivienda que piense en los jóvenes, desde el Estado a las autonomías y Ayuntamientos, con promociones públicas para alquileres jóvenes y creando parques públicos de alquileres baratos para jóvenes con las viviendas de los bancos. Y mejorar o recuperar las ayudas fiscales para las familias jóvenes que compren o alquilen.

En definitiva, no podemos ser insensibles a estas estadísticas que confirman el fracaso de una generación de jóvenes, sus familias y todo el país. Es un drama cotidiano que hay que afrontar sin demora, porque las soluciones exigen tiempo. Hay que darles una salida, pelear porque nuestros hijos sigan adelante, se vayan de casa y se ganen un futuro mejor. Debería ser un gran reto de todos.