El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.
lunes, 16 de junio de 2025
Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas
El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.
lunes, 1 de enero de 2024
2024, otro año incierto
Una tónica que sorprende de los dos últimos años, 2022 y 2023, es que han resultado ser, económicamente hablando, mejores de lo que se temía. Sobre todo para España. En 2022, a pesar de la inflación disparada y de la guerra en Ucrania, España creció un +5,8% (el 2º mayor crecimiento del siglo, tras el +6,4% de 2021), cuando muchos “expertos” auguraban una recesión. Y lo mismo ha pasado en 2023: los grandes organismos económicos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) auguraban que España creciera un +1,2% y la realidad será que creceremos el doble, un +2.4%, según estiman ahora esos mismos organismos. Incluso algunos hablan del “milagro español”: que crezcamos más que los paises grandes de Europa (Alemania está en recesión), tengamos menos inflación y crezca con fuerza el empleo (+802.000 empleos netos de enero a septiembre 2023).
domingo, 26 de junio de 2022
Guerra, inflación y medidas de choque (políticas)
La guerra en Ucrania supera los 4 meses y los europeos sufren una alta inflación, que ha provocado crisis políticas en Francia, Italia, Reino Unido y España (Andalucía). El Gobierno Sánchez ha aprobado nuevas medidas de choque, porque el tope al gas apenas funciona, suben los carburantes (aunque baja el petróleo) y las empresas siguen aumentando precios (la mitad, sin relación con la guerra). Unas medidas, el cheque y las ayudas a las familias más vulnerables, están plenamente justificadas. Pero la bajada del IVA o el descuento a los carburantes, dirigidas “a la clase media” (la que vota), son “cuestionables”: benefician más a los que más ganan y tienen un alto coste, disparando el déficit, en víspera de una subida de tipos que encarecerá la deuda. Ayudas que, además, son “parches”, porque no se afronta el problema de fondo: atacar las causas de que suban luz, carburantes y alimentos. Pero la política manda y el Gobierno busca salvar su imagen. Atajar a fondo los problemas es más lento e impopular.
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Enrique Ortega |
En Ucrania, sigue la guerra y Zelenski está a punto de perder el Donbás (un 5% del territorio y el 20% de su economía), tras miles de muertos y 8 millones de refugiados. Y en Europa, el corte parcial provocado por Putin dispara el precio de la energía y los alimentos, con una inflación disparada que afecta ya seriamente a las economías y al bolsillo de los europeos, provocando tensiones sociales y políticas en distintos paises: Francia (Macron ha perdido la mayoría absoluta, algo insólito para un presidente en la V República), Italia (el ministro de Exteriores ha roto con su partido), Reino Unido (Johnson se enfrenta a una dura huelga de transportes mientras pierde dos elecciones locales) y España, donde la izquierda ha perdido estrepitosamente las elecciones en Andalucía..
La inflación elevada y persistente desgasta a todos los Gobiernos europeos, que temen una recesión en otoño si persiste la guerra y entra en juego la subida de tipos que va a aprobar en julio el BCE, por primera vez en 11 años. Y las medidas adoptadas no acaban de frenar la escalada de precios en la energía, los alimentos y la mayoría de productos y servicios. En España, hay tres culpables claros de la alta inflación (+8,7% anual en mayo), según el INE: la subida de la luz (+30,2%), los carburantes (+23,5%) y los alimentos (+11%), con 14 artículos que suben más del 10% anual. Pero además, hay un problema de fondo: la mayoría de empresas han aprovechado la coyuntura para subir precios tras la pandemia. Así, más de la mitad de los productos y servicios se han encarecido más de un 3% y el 40% más de un 4%, al margen de la energía y los alimentos, según la AIReF.
La esperanza del Gobierno era que bajara la electricidad, un 15%, gracias al tope al gas autorizado por Bruselas, y eso ayudara a rebajar el IPC. Pero la medida llegó tarde (con 45 días de demora, por Portugal y Bruselas) y está siendo poco efectiva, al menos en la primera semana: entró en vigor el miércoles 15 de junio, con un precio mayorista de 225,27 euros (214,05 el día anterior) y seguía en 282,12 euros el viernes 24 (el triple del precio mayorista de la luz hace un año y más caro que los 195,86 euros que costaba el día antes de la invasión). Esto se debe a que la excepción ibérica (un tope al gas de 48,8 euros durante un año) ha empezado en un mal momento: el precio del gas se ha disparado (de 79 a 118 euros), por los cortes de suministro de Putin, y además ha habido que utilizar más gas para producir electricidad porque la última ola de calor ha reducido la energía eólica y la hidroeléctrica. Así que el tope del gas ha hecho que bajara el precio mayorista de la electricidad (de 214,05 euros el 14 de junio a 131,59 el viernes 24), pero como ahora hay que compensar a las eléctricas por un gas que es más caro (la compensación ha pasado de 59,68 euros el 15 de junio a 89,31 el viernes), al final el coste real de la luz en origen es mayor.
El Gobierno insiste en que se trata de “un mal estreno” de los topes, por razones coyunturales del mercado y del clima, pero que los precios mayoristas van a bajar y lo acabaremos notando en el recibo, con rebajas del 15 al 20%. Pero no hay que ser optimistas, porque este verano puede bajar poco la luz, dado el alto consumo (calor y turistas) y la menor aportación de la energía eólica e hidráulica, que se notarán más en otoño e invierno.
El otro quebradero de cabeza, la subida de los carburantes, va a peor: los precios de la gasolina y el gasóleo han alcanzado récords históricos, a pesar de que el petróleo baja en junio. Veamos los datos. La gasolina costaba de media 2,141 euros por litro, 0,55 euros más que antes de la invasión de Ucrania, según el Boletín Petrolero Europeo. Y el gasóleo cuesta de media 2,076 euros por litro, 59 céntimos más que el 23F. Con ello, la gasolina en España ha subido un +34,5% (sólo +19% de media en la UE-27) y el gasóleo un +40,4% (+27,6% en Europa), mientras el petróleo subió un +12,7%. En este mes incluso, el petróleo ha bajado un -9,7%, mientras la gasolina ha subido un +9% en España y el gasóleo un +11%.
¿Qué está pasando? Básicamente, que los precios de los carburantes en el mercado internacional suben más que el petróleo, porque hay menos refinerías trabajando (las de Rusia ya no están en el mercado y otras se cerraron con la pandemia) y además les ha subido el gas que utilizan para el refino. Además, en España, las petroleras están aumentando su margen bruto. El último dato publicado por la Comisión de la Competencia (CNMC) es de abril: ese mes, bajó el precio internacional de los carburantes (en euros), pero subió el precio de venta (sin impuestos) porque las petroleras subieron su margen bruto (costes, transportes, distribución y beneficio): +4,3% en las gasolinas y +23,7% en los gasóleos. Precisamente, el Gobierno ha reiterado que la CNMC “vigilará de cerca” los márgenes de las petroleras. Porque el precio internacional del petróleo y los carburantes son igual para todos, pero los precios en la gasolinera (sin impuestos) son más altos en España: tenemos el tercer precio más alto de Europa en las gasolinas (1,297 euros frente a 1,235 en la UE-27) y el 9º más caro en el gasóleo (1,337 frente a 1,298).
Y luego están los alimentos, que han subido un +11% de media (aunque algunos aceites han subido un +95,4%, los huevos un +25,4%, la leche un 16,5% y el pan un 12,6%). Mientras, los agricultores y ganaderos dicen que no es por ellos, que los precios agrícolas que ellos reciben se multiplican por 4,6 veces al llegar al consumidor, según el IPOD de mayo. Y por 2,79 veces los precios de leche, carne y huevos. Y se quejan de que estas subidas se quedan por el camino, entre industrias, distribuidores y supermercados. Lo que preocupa ahora es que con el verano (y con 29 millones de turistas más a consumir entre julio y septiembre), los precios de los alimentos sigan subiendo, sobre todo frutas y carnes.
¿Qué se puede hacer? La tentación de cualquier político es aprobar ayudas y extenderlas al mayor número posible de personas (votantes) para rebajar las quejas por la inflación que se dan en toda Europa. El 29 de marzo, el Gobierno Sánchez ya aprobó un primer paquete de medidas contra los efectos de la guerra, con subvención a los carburantes, ayudas a sectores (transportistas, campo y pesca) y rebaja de 20 céntimos a los carburantes, con un coste de 6.000 millones de euros. Pero los precios han seguido subiendo y se han comido las ayudas. Y crece la “impotencia social”, agravada porque el Gobierno ha perdido las elecciones en Andalucía. Así que, a finales de junio, cuando acababan las anteriores ayudas, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas de choque frente a la inflación.
La medida más llamativa es la rebaja del IVA de la luz, del 10% al que lo había bajado ya el 26 de junio de 2021 al 5% ahora, durante seis meses, una rebaja ahora posible porque Bruselas modificó el 5 de abril la Directiva 2020/285 para poder rebajar el IVA a la electricidad. Con ello, España es ahora el 2º país con el IVA más bajo a la luz (junto a Malta), con un tipo inferior al de Portugal y Grecia (6%) y muy inferior al de Alemania (19%), Francia y Reino Unido (20%), Finlandia (24%), Dinamarca o Suecia(25%). Como el tope al gas es poco eficaz de momento, esta rebaja del IVA al 5% abaratará el recibo unos 5 euros.
El segundo bloque de ayudas de dirigen a aliviar la factura de los carburantes. Por un lado, se mantiene el descuento a la gasolina y al gasóleo, 20 céntimos por litro, que ahora, con el verano, beneficiará también a millones de turistas. Y además, se ampliará el descuento al gasóleo profesional de los transportistas, que ya empezaban a hablar de una nueva huelga de transportes. Y se mantienen también las ayudas al campo y a la pesca.
El tercer bloque de ayudas va dirigido a las familias menos favorecidas. Primera, un nuevo cheque, de 200 euros, que recibirán 2,7 millones de trabajadores y parados con pocos recursos (las que ingresen menos de 14.000 euros al año), para ayudarles a paliar las subidas de precios. Un cheque que se da también en Francia (100 euros para los que ganan menos de 2.400 euros al mes) y en Italia (200 euros para los que ganan menos de 35.000 euros anuales). Segunda, la subida del 15% a los 800.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Tercera, suben un 15% (60 euros al mes) las pensiones no contributivas (medio millón). Y cuarta, financiar más el transporte público, para que el abono transporte baje (desde el 1 de septiembre) un 30% (50% si ayudan autonomías y ayuntamientos).
El Gobierno dice que esta vez las ayudas se dirigen no sólo a las familias más vulnerables (cheque, pensiones y abono transporte) sino a la clase media (bajada de impuestos y carburantes). Estas últimas medidas, las que se conceden a todos, “suenan muy bien”, pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que son “socialmente injustas”, como han reiterado numerosos expertos y también la OCDE y el FMI: benefician más a las rentas más altas. Por eso, defienden mejor “ayudas selectivas”, no generalizadas (aunque estas son más “populares”: afectan a todos los “votantes”). Y eso porque la inflación afecta más a las familias con menos recursos, según demuestra un estudio de CaixaBank Research: los gastos de primera necesidad (alimentación, vivienda y energía) suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.
La segunda crítica es que la subvención a los carburantes favorece el Cambio Climático, va en contra de subir los impuestos a los hidrocarburos, la medida que defienden los expertos. Y además, la subvención favorece el consumo de carburantes, en lugar de frenarlo. La gente se queja de lo mucho que paga, pero está consumiendo más: en abril, se consumieron 471.602 Tm de gasolina, más que en marzo (433.822) y febrero (416.522) y sobre todo más que en abril de 2021, también con Semana Santa (377.439 TM), según CORES. Y lo mismo en el gasóleo: 2.638.030 TM consumidas este abril, un 7,8% más que en abril de 2021 (2.448.030 Tm), a pesar de que cuesta 90 céntimos más. Tremendo.
La tercera crítica de fondo es que la rebaja de impuestos (defendida reiteradamente por el PP y aceptada ahora por el Gobierno) y las ayudas indiscriminadas torpedean las cuentas públicas, muy deterioradas tras 2 años largos de pandemia. De hecho, las ayudas aprobadas el último año (rebaja IVA luz, descuentos y ayudas) han costado al Presupuesto unos 10.000 millones de euros. Y la factura de las medidas actuales (rebaja IVA, carburantes, cheque y otras ayudas) superará los 9.000 millones de euros hasta diciembre. Un altísimo coste total, más de 19.000 millones de euros, que agrava el problema de las cuentas públicas de España, que nos acaba de recordar la Comisión Europea: un 6,76% de déficit público en 2021 y una deuda del 118% del PIB, deuda por la que habrá que pagar más, dado que en julio suben los tipos de interés.
Así que algunas de las medidas de choque son “socialmente injustas” y agravan el agujero de las cuentas públicas, acercando el peligro de que haya que hacer recortes a medio plazo, algo de lo que nunca habla el PP (que luego los hace). El Gobierno sabe de este riesgo y promete compensar las ayudas con más ingresos, pero no ahora: sube el impuesto a los beneficios 2022 de las eléctricas y petroleras (retroactivamente) en una Ley que aprobará con urgencia este año y recaudará a partir de enero de 2023. Una medida que ya se ha aprobado en Italia, con el conservador Draghi (ha aprobado un impuesto extraordinario del 25% sobre el beneficio de las eléctricas: 6.000 millones de euros), y en Reino Unido, con el conservador Johnson (ha subido el impuesto de sociedades del 40 al 65%: 5.800 millones de euros más de recaudación). Incluso la propia Comisión Europea lo apoya.
Al final, el problema de algunas de las medidas de choque aprobadas es que son socialmente regresivas y muy caras, aunque sean “populares” y con ellas el Gobierno busque mejorar su imagen. Pero lo peor es que son sólo un “parche”, que no resuelve los problemas de fondo, como ha apuntado incluso la ministra de Transición Ecológica. Para bajar la luz de verdad, hay que cambiar drásticamente el sistema de fijación de precios, como reconoce ahora la presidenta de la Comisión Europea. Y en el tema de los carburantes, urge una actuación internacional (para aumentar la oferta) y en España, una vigilancia a las petroleras y sus márgenes. Y en el conjunto de la economía, hace falta una mayor vigilancia (de la Administración y de la Comisión de la Competencia) sobre los márgenes y precios, para que las empresas no abusen y aprovechen la guerra de Ucrania para subir precios y beneficios sin justificación. No puede ser que algunos sectores (eléctricas, petroleras, grandes distribuidores y supermercados) multipliquen sus beneficios, a costa de trabajadores y pensionistas cuyos ingresos están congelados.
Y una última reflexión de fondo. El Gobierno utiliza estas medidas de choque para mejorar su imagen tras los fracasos electorales en Madrid, Castilla y León y Andalucía. No le va a servir. Porque el problema de fondo es que la sociedad está muy polarizada y la mitad de la población no apoya ni tiene en cuenta lo positivo que hace el Gobierno. ¿Cómo es posible que el PP saque mayoría absoluta en Andalucía cuando ese partido ha votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, el decreto anticrisis, la reforma de la FP, la Ley de Eutanasia, la Ley del sí es sí…? Pues porque la mitad del país está en contra de Sánchez y del gobierno de coalición, hagan lo que hagan (aunque se hayan creado 1.117.800 empleos desde 2019). Y la otra mitad, están divididos, les exigen más o “pasan” de la política (42% de abstención en Andalucía).
En resumen, si el Gobierno busca “atajos populistas”, bajar impuestos y aprobar costosas ayudas generalizadas en lugar de afrontar los problemas de fondo, no le va a funcionar: no va a ganarse a la mitad del país que no valora sus reformas y empleos ni tiene en cuenta los noes injustificables de la oposición. Así, van camino de perder las elecciones de 2023.
lunes, 13 de junio de 2022
Renta 2022: el impuesto que más crece
Toca confesarse con Hacienda y presentar la declaración de la Renta, aunque la mayoría ya la ha entregado, para acelerar la devolución, que toca a 2 de cada 3 contribuyentes. El IRPF ingresará más de 100.000 millones este año y es el impuesto que más ha crecido (+38%), mientras el impuesto a las empresas recauda la mitad que en 2007. Pero el IRPF está lleno de exenciones y “agujeros”, con tipos máximos más bajos, por lo que somos el tercer país europeo que menos recauda. Pero es un impuesto que “se nota mucho”, más que el IVA o los impuestos especiales, por lo que nos parece muy elevado. El problema de fondo es que España recauda por todos los impuestos menos que Europa (-45.000 millones al año) y necesitamos más recursos para reforzar los servicios públicos, como se ha visto con la pandemia. Urge recaudar más, no subiendo impuestos a los que ya pagamos sino haciendo que paguen más grandes empresas, bancos y los más ricos. Es el gran debate.
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Enrique Ortega |
El impuesto sobre la renta (IRPF) es el principal impuesto que pagamos: en 2021 recaudó 94.546 millones de euros, el 42,3% de todos los impuestos, muy por delante de lo que recaudó el IVA (72.498 millones), el impuesto de Sociedades que pagan las empresas (26.627 millones), los impuestos especiales (19.729 millones de los carburantes, tabaco y alcohol) y las tasas (1.989 millones). Y este año 2022, el Presupuesto prevé superar con la Renta los 100.000 millones de recaudación (100.132 millones), gracias a la mejora del empleo y la subida de la inflación (al no deflactarse los ingresos, pagamos realmente más). Con ello, el IRPF es el impuesto cuya recaudación ha subido más desde 2007, un +38%, más que el IVA (+35%) o los impuestos espaciales (+11,5%) y sobre todo, mucho más que el impuesto de Sociedades, donde las empresas pagan hoy la mitad que en 2007(44.823 millones).
En la declaración de la Renta que presentamos este año, por los ingresos de 2021, Hacienda espera recibir casi 22 millones de declaraciones (21.921.000), aunque dos tercios de ellas (14,35 millones) salen a devolver (11.122 millones), porque al contribuyente se le hicieron más retenciones de lo que tiene que pagar, debido sobre todo a múltiples deducciones. El tercio restante de contribuyentes (5,97 millones) tendrán que pagar (13.400 millones), aunque todos habrán pagado la mayor parte de este impuesto en 2021, con las retenciones que les han hecho sus empresas o ellos mismos por el IRPF.
Este año, la declaración del IRPF tiene pocos cambios. El más llamativo es que sube el tipo máximo (del 45 al 47%) a las rentas más altas, a los que en 2021 tuvieron ingresos por más de 300.000 euros, una minoría de contribuyentes (unos 40.000, el 0,17% del total). Y también a los que tuvieron rendimientos de capital (intereses, dividendos, ventas Bolsa y Fondos) superiores a 200.000 euros (una minoría aún menor…). Además, se reduce la inversión desgravable en Planes de pensiones (máximo 2.000 euros), que beneficia sobre todo a las rentas más altas, y se incluye una deducción (del 20 al 60%) por obras para mejorar la eficiencia energética en los hogares.
¿Quién paga el IRPF? Este impuesto, el principal de nuestro sistema tributario, lo pagan básicamente los que viven de un sueldo (o pensión), que aportan el 85,5% de la recaudación, según los datos de la Agencia Tributaria, siendo el resto aportados básicamente por los ahorradores e inversores (4,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (7,2%). Ahondando en los niveles de ingresos, un tercio largo del impuesto sobre la Renta (el 36,69%) lo paga la clase media, los contribuyentes que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros. Otro 24% lo pagan las familias con bajos ingresos (menos de 30.000 euros), básicamente los que ingresan entre 12.000 y 30.000 euros (23,29%). Otro 21,74% lo paga la clase media alta (ganan entre 60.000 y 150.000 euros). Y el 17,72% restante lo pagan los contribuyentes que ganan más de 150.000 euros (123.000 contribuyentes).
Este reparto del esfuerzo, según los datos de la Agencia Tributaria, indica que el IRPF es “medianamente progresivo”, aunque más de la mitad de la recaudación recae entre la clase media y media alta, menos entre los más ricos (que, en su mayoría, utilizan empresas y otros mecanismos para saltarse el IRPF). Pero la Renta tiene un problema estructural: es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (rendimientos del trabajo, tributación conjunta, familia, vivienda, planes de pensiones, donaciones, deducciones sociales, inversiones…), lo que acarrea dos inconvenientes: reducen mucho la recaudación final (-13.745 millones en 2018, el 16,5% de la recaudación final, según la AIReF) y son muy “regresivas”, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los contribuyentes con menos ingresos, según los expertos fiscales.
Visto quien paga y quien se beneficia de las deducciones, hay que decir que la cuota resultante y las deducciones dependen también mucho de la autonomía donde uno viva. Y eso porque hay un tipo aplicable a nivel estatal (9,50% mínimo y 24,5% máximo) y otro tipo autonómico que varía mucho, con lo que los tipos resultantes del IRPF (mínimo y máximo) varían mucho según las autonomías. Y también son diferentes las deducciones autonómicas, un galimatías que la mayoría desconoce (ver listado por autonomías). En el caso de los tipos, hay dos autonomías que tienen los tipos más bajos: Madrid (18% mínimo y 45% máximo) y Andalucía (19 y 47%). Y son más elevados en la Comunidad Valenciana (19,50 y 54%), Navarra (13 y 52%), La Rioja (18,50 y 51,50%), Asturias (19,5 y 50%), Cataluña (20 y 50%) y Baleares (19 y 49,50%), según el Consejo General de Economistas.
Podría parecer que se paga menos por el IRPF en Madrid o Andalucía y más en la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja o Cataluña. Pero no es así: depende del nivel de ingresos, según estos ejemplos elaborados por el Consejo de Economistas. Así, los que ganan 16.000 euros pagan menos en Madrid y el País Vasco. Y los que ganan 20.000 euros, pagan menos en Cataluña y el País Vasco. Para ingresos de 30.000 euros, se paga algo menos en Madrid y Cataluña. Y a partir de los 45.000 euros de ingresos, siempre se paga menos en Madrid. Sobre todo cuanto más se gana: un contribuyente con 110.000 euros paga de Renta en Madrid 35.175 euros, 2.807 euros menos que en la Comunidad Valenciana, la autonomía donde más pagan los más ricos. Y para los que ganan 300.000 euros, la Renta en Madrid les cuesta 117.415 euros y en la Comunidad Valenciana 135.140. Así que Madrid tiene el IRPF más bajo, pero sobre todo para los más ricos.
En resumen, el IRPF es un impuesto clave pero resulta poco progresivo, desigual entre autonomías y además recauda menos que en Europa (un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-27), no sólo por el “agujero” de las deducciones sino porque pagamos unos tipos menores que en la mayoría de paises de Europa, según este cuadro del Consejo de Economistas: el IRPF tiene un tipo máximo (medio) del 45,5% en España, frente al 47,2% en Italia, el 47,5% en Alemania, el 49,5% en Paises Bajos, el 50% en Austria, el 51,3% en Finlandia, el 52,1% en Suecia, el 53% en Portugal, el 53,1% en Bélgica o el 55,9% en Dinamarca. Así que sentimos que pagamos mucho al presentar cada año el IRPF, pero comparativamente menos que en Europa. Y, sobre todo, los que más ganan.
La Campaña de la Renta y las elecciones en Andalucía han vuelto a poner sobre la mesa el debate de los impuestos, con la derecha y su “receta mágica”: hay que bajar impuestos. Reiteran una y otra vez el tópico económico, inventado por Laffer y probado por Thatcher y Reagan: bajan los impuestos, hay más gasto, crece más la economía y se recauda más. Algo que se ha demostrado falso múltiples veces en la historia reciente, como demuestra el libro “Contra los zombis”, del Nobel Paul Krugman. Y tiene un riesgo que conocemos bien: la bajada de impuestos reduce finalmente los ingresos y fuerza a hacer recortes en los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones, Dependencia…).
El debate sobre los impuestos se plantea como un debate ideológico, cuando debería ser un debate sobre los datos. Y la realidad es incontestable: España recauda por todos los impuestos comparativamente menos que el resto de Europa. No es algo de ahora, sino que lleva pasando todo este siglo. En 2019, antes de la pandemia, la recaudación fiscal en España suponía el 43,7% del PIB, frente al 46,9% en la UE-27 y el 47,3% en la zona euro. Y el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia y el 52,8% en Francia. A lo claro: España recaudaba 83.394 millones menos al año que la media europea. Y 89.618 millones menos que Alemania o 124.471 millones menos que Francia.
Con la pandemia, la recaudación ha mejorado algo, pero seguimos recaudando menos que Europa: 43,7% del PIB en España en 2021, frente al 46,9% de media en la UE, el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia o el 52,8% en Francia. A lo claro otra vez: España recaudó 45.000 millones menos que la media de la UE-27 en 2021, 44.100 millones menos que Alemania, 57.250 millones menos que Italia y 113.260 millones menos que Francia.
¿Por qué recaudamos porcentualmente menos que otros paises? Básicamente, porque ingresamos comparativamente menos en todos los impuestos. En el IRPF, porque tenemos tipos más bajos y hay demasiadas deducciones. En el IVA, porque tenemos un exceso de tipos reducidos y mínimos, además de mucho fraude. En impuestos especiales, porque carburantes, alcohol y tabaco pagan menos impuestos. Y sobre todo, porque en Sociedades hay una bajísima recaudación, por el exceso de deducciones para grandes empresas y bancos. Dos datos: en 2020, las grandes empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 8,3% sobre sus beneficios. Y los bancos pagaron de impuestos el 6,3% de las ganancias, frente al tipo medio del 12,9% que pagamos los contribuyentes en el IRPF. Y además, hay demasiadas deducciones en todos los impuestos (60.000 millones, según la AIReF) y mucho fraude, sobre todo en el IVA y entre los que no viven de un sueldo.
Visto el panorama, la cuestión es evidente: si queremos reforzar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, muy “debilitados” como se ha visto con la pandemia, sólo queda un camino: hay que recaudar más, no menos. Sobre todo porque además, gastamos también menos que la media europea: un 42,3% del PIB en 2019 frente al 46,5% de la UE-27, lo que supone 52.277 millones menos de gasto al año. Y aunque el gasto público ha subido, con la pandemia y la guerra, todavía fue más bajo en España en 2021: 50,6% del PIB frente al 51,6% de media en la UE-27. Aún gastamos 12.500 millones menos al año.
Recaudamos menos y gastamos menos, pero aún así, tenemos un agujero en las cuentas públicas, un déficit, que es el 4º más elevado de la zona euro (tras Malta, Italia y Bélgica): -6,9% de déficit sobre el PIB en 2021, frente al -4,7% de media en la UE. De momento, la Comisión Europea “hace la vista gorda”, por la necesidad de gastar más ante la pandemia y la guerra. Pero ya ha advertido a los paises que en 2023 tendrán que recortar sus déficits, buscando que no sobrepasen el tope del 3% impuesto a los paises del euro.
Para recortar el déficit público en el futuro,
España
solo tiene dos caminos: ingresar más o gastar menos. Gastar menos parece difícil, porque ya
gastamos menos que la media europea y necesitamos
gastar más en sanidad, educación, pensiones y Dependencia, donde se ve cada
día una falta de medios y personal. Y además necesitamos más inversiones para
modernizar el país y hacer frente a los retos del siglo XXI: el Cambio
climático, la digitalización y la revolución tecnológica. Así que sólo queda avanzar por el otro camino: recaudar más para reforzar los servicios
públicos y la modernización de la economía.
Recaudar más no significa subir los impuestos a todos sino reordenar el sistema fiscal. Hacer una reforma para reducir las deducciones (injustas e ineficaces), ajustar tipos (¿tiene sentido que una comida en un restaurante pague el 10% de IVA, lo mismo que las medicinas?), reducir el fraude y hacer que paguen más impuestos no todos sino los que ahora pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y rentas altas. Una propuesta que parece más razonable que bajar genéricamente impuestos: por ahí, nos arriesgamos a recaudar menos y a tener que hacer recortes pronto, obligados por Bruselas.
En marzo de 2022, un Comité de 17 expertos independientes entregó al Gobierno el Libro Blanco de la Reforma Fiscal sobre el que habían trabajado 10 meses, por encargo de Hacienda. Su presidente lo tiene claro: defiende “la necesidad de recaudar más para sostener los servicios públicos”. Y en las 800 páginas de su informe señalan los cambios que harían falta, en Renta (reformular deducciones), en el IVA (eliminar progresivamente los tipos reducidos y superreducidos: supondría +27.000 millones de recaudación), en Sociedades (revisar deducciones y exenciones), en los impuestos a los combustibles (subirlos, bajando impuestos a la luz), establecer cánones digitales, tasas en las autovías y fijar un mínimo en los impuestos del patrimonio, sucesiones y donaciones (donde hay una carrera autonómica a la baja). En paralelo, el Banco de España acaba de decir que considera “imprescindible una revisión integral del sistema tributario”, empezando por revisar el IVA y aumentar la fiscalidad medioambiental, que tiene un bajísimo peso en España, como ha reiterado la Comisión Europea.
Así que frente a recetas simplistas que buscan votos (“hay que bajar impuestos"), los expertos apuestan por una reforma integral de los impuestos, para recaudar más y repartir mejor el esfuerzo fiscal, que ahora cae en exceso sobre los trabajadores y el IRPF. El problema es que cualquier reforma fiscal exige un pacto político y social, algo que no se otea en el horizonte. Y menos para 2023, un año plagado de elecciones. Así que los impuestos no se van a reformar de momento, lo que impedirá mejorar la recaudación y aumentar el necesario gasto social. Hasta que Bruselas nos dé un toque con el déficit. O la derecha llegue a la Moncloa. Entonces, ya saben lo que pasará.