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lunes, 16 de junio de 2025

Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

lunes, 1 de enero de 2024

2024, otro año incierto

Es un tópico hablar de “incertidumbre” al anticipar cómo será un nuevo año. Pero desde que nos arrolló la pandemia y luego la inflación y la guerra de Ucrania, vamos de crisis en crisis y resulta difícil pronosticar qué hará la economía. Eso sí, 2022 y 2023 han sido mejor de lo que se temía antes. Ahora, todo apunta a que 2024 será un año de cierta desaceleración económica, con menos crecimiento y menos inflación, aunque todo va a depender de la energía y de la evolución de los conflictos geopolíticos, en Ucrania y Palestina más otros que puedan sorprendernos. Y del resultado de elecciones claves en 70 paises, entre ellos EEUU, México, la UE, Reino Unido, India, Rusia, Indonesia y Taiwán. En España, el reto será que los recortes del déficit exigidos por  Bruselas no frenen demasiado el crecimiento y el empleo, lo que obliga a sostener los salarios y el consumo. Y que la crispación política no frene las reformas e inversiones necesarias. ¡Feliz año 2024!

                 Ilustración CaixaBank Research

Una tónica que sorprende de los dos últimos años, 2022 y 2023, es que han resultado ser, económicamente hablando,  mejores de lo que se temía. Sobre todo para España. En 2022, a pesar de la inflación disparada y de la guerra en Ucrania, España creció un +5,8% (el 2º mayor crecimiento del siglo, tras el +6,4% de 2021), cuando muchos “expertos” auguraban una recesión. Y lo mismo ha pasado en 2023: los grandes organismos económicos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) auguraban que España creciera un +1,2% y la realidad será que creceremos el doble, un +2.4%, según estiman ahora esos mismos organismos. Incluso algunos hablan del “milagro español”: que crezcamos más que los paises grandes de Europa (Alemania está en recesión), tengamos menos inflación y crezca con fuerza el empleo (+802.000 empleos netos de enero a septiembre 2023).

 El “secreto” parece estar en que se mantiene el consumo de las familias (que tiran del ahorro y del crédito), en el impulso del turismo (extranjero y el ansia de viajar de los españoles)  y en el empujón de los Fondos europeos, aunque el factor clave es el aumento de población: somos ya 48.446.594 residentes en España, según el INE,  un millón más que hace dos años (+1.025.122), debido únicamente al aumento de residentes extranjeros (+1.294.483), ya que la población nacida en España ha bajado. Este “boom” migratorio ha dinamizado la economía española, porque los extranjeros suponen el 40% del nuevo empleo y mantienen el consumo y la actividad, aunque el Banco de España alerta que el crecimiento se asienta en un aumento de la población y no de la productividad.

Visto el punto de partida, una economía española que lleva varios años siendo la que más crece y crea empleo en Europa, veamos cómo puede ser 2024. Lo decisivo es cómo será el nuevo año, económicamente hablando, en el mundo. La previsión más fiable, la del Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre de 2023, habla de una pequeña desaceleración del crecimiento mundial: del +3,5% que creció el PIB en 2022 a un +3% en 2023 y un +2,9% previsto para 2024, por debajo de lo que ha crecido el mundo de media en este siglo XXI (+3,8%). Y otro organismo internacional, la OCDE, anticipó en noviembre lo que puede pasar en 2024 en los grandes paises: Estados Unidos, China, Japón, Canadá, India, Brasil y México crecerán este nuevo año algo menos que en 2023, mientras crecerán algo más la zona euro (+0,9% frente a +0,6%) y Reino Unido (+0,9 frente a +0,5%).

Los dos organismos (FMI y OCDE) advierten que este bajo crecimiento de todas las economías podría ser peor si los conflictos de Palestina y Ucrania se agravan o si vuelven a dispararse los precios de la energía y la inflación, lo que impediría bajar los tipos en  2024 (al menos un 1%, que evitaría una mayor caída de la actividad). La previsión es que la inflación mundial baje, del +5,9% en que cerrará 2023 al +4,8% en 2024, según el FMI, aunque advierten que dependerá de la energía y de los conflictos geopolíticos. Y no ayudará al crecimiento internacional el comercio mundial, que seguirá débil en 2024, con poca ayuda de las exportaciones, el riesgo de “cuellos de botella” en el transporte (Canal de Suez) y  “guerras comerciales” (USA y China), más un retroceso en la globalización.

Para España, es clave lo que haga Europa en 2024. Todas las previsiones apuntan a que la economía europea mejorará algo este nuevo año, aunque seguirá con un bajo crecimiento: +1,3% la UE-27 y +1,2% los 20 paises de la zona euro, mejor que en 2023 (crecieron ambos un +0,6%), pero menos del crecimiento que se espera para EEUU (+1,5%), Canadá (+1,6%) o China (+4,7%), aunque mayor que el esperado para Japón (+1%) o Reino Unido (+1,2%). Las previsiones de otoño de la Comisión Europea (noviembre 2023) parten de que Europa está estancada (crecimiento del 0% en el tercer trimestre de 2023 y otro tanto para el 4º) y que seguirá así a comienzos de 2024, para remontar algo después del verano y crecer ese mínimo +1,3% en 2024 y un +1,7% en 2025, lejos ambos del crecimiento europeo anterior a la pandemia (+2,2%  anual entre 2015 y 2019).

En esas previsiones de la Comisión Europea para 2024, lo más positivo es que Alemania saldrá este nuevo año de la recesión de 2023 (su PIB caerá un -0,3%) y podría crecer un +0,8%. También crecerán en 2024 y abandonarán la recesión que han sufrido en 2023 Irlanda, los 3 paises bálticos, Austria,  Luxemburgo, Suecia, Chequia, Hungría. Francia también crecerá algo más (+1,2% frente al 1% de 2023) y lo mismo Italia (+0,9% frente a +0,7%). Y España será, según la Comisión Europea, el país grande que más crezca en 2024: un +1,7%, aunque será el único de los grandes que crecerá menos que en 2023 (+2,4%). Pero la recuperación de Alemania y de la mayoría de paises europeos nos ayudará en 2024, tanto por una mayor llegada de turistas como por la mejora de exportaciones a Europa. Eso sí, en 2024 nos auguran una inflación más alta que la del resto de Europa (+3,4% frente al +3,2% en la zona euro, un +3,1% en Alemania, +3% en Francia o +2,7% en Italia), lo que podría restarnos competitividad y atractivo para turistas y ventas.

El mayor problema que se cierne sobre Europa en 2024 es que su crecimiento será muy débil y cualquier “contratiempo” exterior (subida inesperada de la energía, conflictos geopolíticos, crisis comerciales) podría hacerla caer en la recesión. Y si la inflación no se contiene más, el BCE apenas bajará los tipos de interés, que están en el 4,5%, el precio más caro del dinero en los últimos 22 años, lo que frenará más el débil crecimiento. Y otro riesgo son las “reglas fiscales”, que la Comisión Europea aprobó el 21 de diciembre, para volver al rigor presupuestario tras el paréntesis de flexibilidad abierto en 2020 por la pandemia. El objetivo ahora es que los paises con más déficit (más del 3% del PIB) y más deuda (más del 60% del PIB) aprueben planes para recortarlos en 4 años. Y eso obligará a la mayoría a ajustar sus Presupuestos y sus gastos, lo que frenará también el crecimiento.

España será uno de los paises más afectados por el mayor rigor presupuestario a partir de 2024, pero no el único. En cuanto al déficit público, España acabó 2023 con un déficit estimado por la Comisión en el -4,1% del PIB y del -3,9% según el Gobierno, que ha prometido bajarlo al -3% en 2024, lo que supone un ajuste (menos gasto o más ingreso o ambos) de unos 15.000 millones de euros. Pero peor lo tienen Francia, que cerrará 2023 con un déficit publico del -4,8% (y la Comisión no cree que lo baje más del -4,4% en 2024), Italia, que cerrará 2023 con un déficit público del -5,3% (y no bajará más del -4.4% en 2024), Bélgica (-4,9% de déficit estimado en 2023 y 2024), Malta (-5,1% déficit 2023 ) y Eslovaquia (-5,7% déficit), junto a Eslovenia (-3,7% déficit 2023) y Letonia (3,2% déficit 2023). Demasiados paises que han de ajustar sus cuentas públicas como para que no afecte (negativamente) al débil crecimiento europeo y, en consecuencia, a España, que también tendrá que hacer ajustes.

Precisamente, la otra clave de 2024, además del débil panorama económico internacional y europeo, serán los Presupuestos 2024, que el Gobierno prepara y tendrá que pactar con una disparidad de socios parlamentarios. En esta ocasión, Hacienda tendrá que conseguir algo casi imposible: que los Presupuestos ayuden a mantener un cierto crecimiento pero que a la vez ayuden a recortar el déficit y la deuda pública (cerrará 2023 en el 107,5% del PIB y el Gobierno ha prometido a Bruselas bajarla al 106,3% del PIB en 2024). Eso obligará a recortar algunas ayudas públicas (como ya se ha hecho con la rebaja en las medidas contra la inflación: 5.300 millones en 2024, frente a 15.000 en 2023 y 22.000 en 2022). Y si no se quieren recortes en el Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia, desempleo y ayudas sociales), el Gobierno tendrá que buscar ingresos, como ya ha hecho manteniendo para 2024 los impuestos extraordinarios a energéticas, bancos y grandes fortunas.

Pero el reto de los Presupuestos 2024 será crecer y poder recaudar lo suficiente. El Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas un proyecto de Presupuesto que espera crecer un +2% en 2024, en línea con la OCDE pero más del +1,7% que auguran la Comisión Europea o el FMI (el Banco de España apuesta por un crecimiento del +1,6%). Si no se consigue este crecimiento, bajaría la recaudación prevista y habría que hacer recortes adicionales para cumplir con la rebaja prometida del déficit al 3%. Y eso reduciría aún más el crecimiento final. Por eso, en 2024 nos jugamos todo a una carta: crecer más de lo que nos pronostican, algo que ya ha sucedido en 2022 y 2023.

El Gobierno Sánchez apuesta a conseguir este crecimiento del +2% en 2024 gracias a 3 motores: el consumo privado de las familias (esperan que siga creciendo gracias al aumento del empleo, a la mejora de salarios y a la rebaja de la inflación, más el efecto positivo de la prórroga de algunas ayudas contra la inflación), el tirón del turismo (extranjero y nacional: viajar se ha convertido en una prioridad) y el efecto dinamizador  de los Fondos europeos sobre la inversión privada (aportarán un 0,4% del crecimiento en 2024). Según este esquema, este crecimiento del +2% permitiría seguir creando empleo neto, aunque menos: 275.000 nuevos empleos en 2024, que se sumarían a los 422.400 de 2023 (el Gobierno ha prometido a Bruselas crear 700.000 empleos entre 2023 y 2024). Y será este mayor empleo, piensan, el que alimente el consumo, el crecimiento y la recaudación en 2024. Claro que para lograrlo, será clave que mejoren los salarios este nuevo año, que crezcan más que los precios (+ 3,4%), tras años de pérdida de poder adquisitivo.

En definitiva, nos espera un año con un débil crecimiento en el mundo, en Europa y en España, donde el Gobierno tendrá que apostar por ajustar las cuentas públicas y no frenar la actividad, porque necesitamos crecer para que salgan las cuentas. Y todo ello sabiendo que lo que pase en 2024 dependerá sobre todo del contexto internacional y de que no haya sorpresas en el mundo, desde otra guerra a un atasco en las rutas comerciales o problemas climáticos que agraven la inflación. Y hay un riesgo añadido en 2024: se celebran elecciones en 74 paises, los 27 de la Unión Europea (hay elecciones en junio) y otros 47 del resto del mundo, en paises cruciales como EEUU, Taiwán (en enero: se  podrían enturbiar más las relaciones entre China y EEUU), Reino Unido, Rusia, India, México, Indonesia, Pakistán y Bangladesh. Para nosotros, la elección más relevante es la que habrá en junio al Parlamento Europeo, porque un avance de la ultraderecha forzaría más al PP europeo a escorarse en posiciones conservadoras y negacionistas, partidarias de mayores recortes. Y, por supuesto, nos afectaría mucho si gana Trump.

Nadie tiene una bola de cristal sobre el futuro, pero ya hemos visto en los últimos años que las sorpresas saltan sin buscarlas y pueden trastocar cualquier previsión. Aunque no haya “sustos”, 2024 será otro año difícil, también para España, que se juega a una carta el crecer más su Estado del Bienestar y el empleo. Y tendremos que afrontar estos retos en medio de una profunda división política, que dificulta acuerdos y reformas, con una crispación política que contagia a la sociedad y la debilita para reaccionar y actuar. Quizás este sea nuestro mayor problema: el enfrentamiento y la desunión ante el futuro. Tiene mal arreglo y podría generalizarse a Europa si avanza la extrema derecha en las elecciones de junio.

En cualquier caso, España es un país con un gran potencial, que ha salido mejor de lo esperado de las últimas crisis, desde la pandemia y la inflación a la guerra en Europa. Y eso se ha conseguido gracias al trabajo de todos. Por eso, mantengamos la esperanza y sigamos aportando nuestro esfuerzo particular.      ¡Feliz año 2024!

domingo, 26 de junio de 2022

Guerra, inflación y medidas de choque (políticas)

La guerra en Ucrania supera los 4 meses y los europeos sufren una alta inflación, que ha provocado crisis políticas en Francia, Italia, Reino Unido y España (Andalucía). El Gobierno Sánchez ha aprobado nuevas medidas de choque, porque el tope al gas apenas funciona, suben los carburantes (aunque baja el petróleo) y las empresas siguen aumentando precios (la mitad, sin relación con la guerra). Unas medidas, el cheque y las ayudas a las familias más vulnerables, están plenamente justificadas. Pero la bajada del IVA o el descuento a los carburantes, dirigidas “a la clase media” (la que vota), son “cuestionables”: benefician más a los que más ganan y tienen un alto coste, disparando el déficit, en víspera de una subida de tipos que encarecerá la deuda. Ayudas que, además, son “parches”, porque no se afronta el problema de fondo: atacar las causas de que suban luz, carburantes y alimentos. Pero la política manda y el Gobierno busca salvar su imagen. Atajar a fondo los problemas es más lento e impopular.

Enrique Ortega

En Ucrania, sigue la guerra y Zelenski está a punto de perder el Donbás (un 5% del territorio y el 20% de su economía), tras miles de muertos y 8 millones de refugiados. Y en Europa, el corte parcial provocado por Putin dispara el precio de la energía y los alimentos, con una inflación disparada que afecta ya seriamente a las economías y al bolsillo de los europeos, provocando tensiones sociales y políticas en distintos paises: Francia (Macron ha perdido la mayoría absoluta, algo insólito para un presidente en la V República), Italia (el ministro de Exteriores ha roto con su partido), Reino Unido (Johnson se enfrenta a una dura huelga de transportes mientras pierde dos elecciones locales) y España, donde la izquierda ha perdido estrepitosamente las elecciones en Andalucía..

La inflación elevada y persistente desgasta a todos los Gobiernos europeos, que temen una recesión en otoño si persiste la guerra y entra en juego la subida de tipos que va a aprobar en julio el BCE, por primera vez en 11 años. Y las medidas adoptadas no acaban de frenar la escalada de precios en la energía, los alimentos y la mayoría de productos y servicios. En España, hay tres culpables claros de la alta inflación (+8,7% anual en mayo), según el INE: la subida de la luz (+30,2%), los carburantes (+23,5%) y los alimentos (+11%), con 14 artículos que suben más del 10% anual. Pero además, hay un problema de fondo: la mayoría de empresas han aprovechado la coyuntura para subir precios tras la pandemia. Así, más de la mitad de los productos y servicios se han encarecido más de un 3% y el 40% más de un 4%, al margen de la energía y los alimentos, según la AIReF.

La esperanza del Gobierno era que bajara la electricidad, un 15%, gracias al tope al gas autorizado por Bruselas, y eso ayudara a rebajar el IPC. Pero la medida llegó tarde (con 45 días de demora, por Portugal y Bruselas) y está siendo poco efectiva, al menos en la primera semana: entró en vigor el miércoles 15 de junio, con un precio mayorista de 225,27 euros (214,05 el día anterior) y seguía en 282,12 euros el viernes 24 (el triple del precio mayorista de la luz hace un año y más caro que los 195,86 euros que costaba el día antes de la invasión). Esto se debe a que la excepción ibérica (un tope al gas de 48,8 euros durante un año) ha empezado en un mal momento: el precio del gas se ha disparado (de 79 a 118 euros), por los cortes de suministro de Putin, y  además ha habido que utilizar más gas para producir electricidad porque la última ola de calor ha reducido la energía eólica y la hidroeléctrica. Así que el tope del gas ha hecho que bajara el precio mayorista de la electricidad (de 214,05 euros el 14 de junio a 131,59 el viernes 24), pero como ahora hay que compensar a las eléctricas por un gas que es más caro (la compensación ha pasado de 59,68 euros el 15 de junio a 89,31 el viernes), al final el coste real de la luz en origen es mayor.

El Gobierno insiste en que se trata de “un mal estreno” de los topes, por razones coyunturales del mercado y del clima, pero que los precios mayoristas van a bajar y lo acabaremos notando en el recibo, con rebajas del 15 al 20%. Pero no hay que ser optimistas, porque este verano puede bajar poco la luz, dado el alto consumo (calor y turistas) y la menor aportación de la energía eólica e hidráulica, que se notarán más en otoño e invierno.

El otro quebradero de cabeza, la subida de los carburantes, va a peor: los precios de la gasolina y el gasóleo han alcanzado récords históricos, a pesar de que el petróleo baja en junio. Veamos los datos. La gasolina costaba de media 2,141 euros por litro, 0,55 euros más que antes de la invasión de Ucrania, según el Boletín Petrolero Europeo. Y el gasóleo cuesta de media 2,076 euros por litro, 59 céntimos más que el 23F. Con ello, la gasolina en España ha subido un +34,5% (sólo +19% de media en la UE-27) y el gasóleo un +40,4% (+27,6% en Europa), mientras el petróleo subió un +12,7%. En este mes incluso, el petróleo ha bajado un -9,7%, mientras la gasolina ha subido un +9%  en España y el gasóleo un +11%.

¿Qué está pasando? Básicamente, que los precios de los carburantes en el mercado internacional suben más que el petróleo, porque hay menos refinerías trabajando (las de Rusia ya no están en el mercado y otras se cerraron con la pandemia) y además les ha subido el gas que utilizan para el refino. Además, en España, las petroleras están aumentando su margen bruto. El último dato publicado por la Comisión de la Competencia (CNMC) es de abril: ese mes, bajó el precio internacional de los carburantes (en euros), pero subió el precio de venta (sin impuestos) porque las petroleras subieron su margen bruto (costes, transportes, distribución y beneficio): +4,3% en las gasolinas y +23,7% en los gasóleos. Precisamente, el Gobierno ha reiterado que la CNMC “vigilará de cerca” los márgenes de las petroleras. Porque el precio internacional del petróleo y los carburantes son igual para todos,  pero los precios en la gasolinera (sin impuestos) son más altos en España: tenemos el tercer precio más alto de Europa en las gasolinas (1,297 euros frente a 1,235 en la UE-27) y el 9º más caro en el gasóleo (1,337 frente a 1,298).

Y luego están los alimentos, que han subido un +11% de media (aunque algunos aceites han subido un +95,4%, los huevos un +25,4%, la leche un 16,5% y el pan un 12,6%). Mientras, los agricultores y ganaderos dicen que no es por ellos, que los precios agrícolas que ellos reciben se multiplican por 4,6 veces al llegar al consumidor, según el IPOD de mayo. Y por 2,79 veces los precios de leche, carne y huevos. Y se quejan de que estas subidas se quedan por el camino, entre industrias, distribuidores y supermercados. Lo que preocupa ahora es que con el verano (y con 29 millones de turistas más a consumir entre julio y septiembre), los precios de los alimentos sigan subiendo, sobre todo frutas y carnes.

¿Qué se puede hacer? La tentación de cualquier político es aprobar ayudas y extenderlas al mayor número posible de personas (votantes) para rebajar las quejas por la inflación que se dan en toda Europa. El 29 de marzo, el Gobierno Sánchez ya aprobó un primer paquete de medidas contra los efectos de la guerra, con subvención a los carburantes, ayudas a sectores (transportistas, campo y pesca) y rebaja de 20 céntimos a los carburantes, con un coste de 6.000 millones de euros. Pero los precios han seguido subiendo y se han comido las ayudas. Y crece la “impotencia social”, agravada porque el Gobierno ha perdido las elecciones en Andalucía. Así que, a finales de junio, cuando  acababan las anteriores ayudas, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas de choque frente a la inflación.

La medida más llamativa es la rebaja del IVA de la luz, del 10% al que lo había bajado ya el 26 de junio de 2021 al 5% ahora, durante seis meses, una rebaja ahora posible porque Bruselas modificó el 5 de abril la Directiva 2020/285 para poder rebajar el IVA a la electricidad. Con ello, España es ahora el 2º país con el IVA más bajo a la luz (junto a Malta), con un tipo inferior al de Portugal y Grecia (6%) y muy inferior al de Alemania (19%), Francia y Reino Unido (20%), Finlandia (24%), Dinamarca o Suecia(25%). Como el tope al gas es poco eficaz de momento, esta rebaja del IVA al 5% abaratará el recibo unos 5 euros.

El segundo bloque de ayudas de dirigen a aliviar la factura de  los carburantes. Por un lado, se mantiene el descuento a la gasolina y al gasóleo, 20 céntimos por litro, que ahora, con el verano, beneficiará también a millones de turistas. Y además, se ampliará el descuento al gasóleo profesional de los transportistas, que ya empezaban a hablar de una nueva huelga de transportes. Y se mantienen también las ayudas al campo y a la pesca.

El tercer bloque de ayudas va dirigido a las familias menos favorecidas. Primera, un nuevo cheque, de 200 euros, que recibirán 2,7 millones de trabajadores y parados con pocos recursos (las que ingresen menos de 14.000 euros al año), para ayudarles a paliar las subidas de precios. Un cheque que se da también en Francia (100 euros para los que ganan menos de 2.400 euros al mes) y en Italia (200 euros para los que ganan menos de 35.000 euros anuales). Segunda, la subida del 15% a los 800.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Tercera, suben un 15% (60 euros al mes) las pensiones no contributivas (medio millón). Y cuarta, financiar más el transporte público, para que el  abono transporte baje (desde el 1 de septiembre) un 30% (50% si ayudan  autonomías y ayuntamientos).

El Gobierno dice que esta vez las ayudas se dirigen no sólo a las familias más vulnerables (cheque, pensiones y abono transporte)  sino a la clase media (bajada de impuestos y carburantes). Estas últimas medidas, las que se conceden a todos, “suenan muy bien”, pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que son “socialmente injustas”, como han reiterado numerosos expertos y también la OCDE y el FMI: benefician más a las rentas más altas. Por eso, defienden mejor “ayudas selectivas”, no generalizadas (aunque estas son más “populares”: afectan a todos los “votantes”). Y eso porque la inflación afecta más a las familias con menos recursos, según demuestra un estudio de CaixaBank Research: los gastos de primera necesidad (alimentación, vivienda y energía) suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

La segunda crítica es que la subvención a los carburantes favorece el Cambio Climático, va en contra de subir los impuestos a los hidrocarburos, la medida que defienden los expertos. Y además, la subvención favorece el consumo de carburantes, en lugar de frenarlo. La gente se queja de lo mucho que paga, pero está consumiendo más: en abril, se consumieron 471.602 Tm de gasolina, más que en marzo (433.822) y febrero (416.522) y sobre todo más que en abril de 2021, también con Semana Santa (377.439 TM), según CORES. Y lo mismo en el gasóleo: 2.638.030 TM consumidas este abril, un 7,8% más que en abril de 2021 (2.448.030 Tm), a pesar de que cuesta 90 céntimos más. Tremendo.

La tercera crítica de fondo es que la rebaja de impuestos (defendida reiteradamente por el PP y aceptada ahora por el Gobierno) y las ayudas indiscriminadas torpedean las cuentas públicas, muy deterioradas tras 2 años largos de pandemia. De hecho, las ayudas aprobadas el último año (rebaja IVA luz, descuentos y ayudas) han costado al Presupuesto unos 10.000 millones de euros. Y la factura de las medidas actuales (rebaja IVA, carburantes,  cheque y otras ayudas) superará los 9.000 millones de euros hasta diciembre. Un altísimo coste total, más de 19.000 millones de euros, que agrava el problema de las cuentas públicas de España, que nos acaba de recordar la Comisión Europea: un 6,76% de déficit público en 2021 y una deuda del 118% del PIB, deuda por la que habrá que pagar más, dado que en julio suben los tipos de interés.

Así que algunas de las medidas de choque son “socialmente injustas” y agravan el agujero de las cuentas públicas, acercando el peligro de que haya que hacer recortes a medio plazo, algo de lo que nunca habla el PP (que luego los hace). El Gobierno sabe de este riesgo y promete compensar las ayudas con más ingresos, pero no ahora: sube el impuesto a los beneficios 2022  de las eléctricas y petroleras (retroactivamente) en una Ley que aprobará con urgencia este año y recaudará a partir de enero de 2023. Una medida que ya se ha aprobado en Italia, con el conservador Draghi (ha aprobado un impuesto extraordinario del 25% sobre el beneficio de las eléctricas: 6.000 millones de euros), y en Reino Unido, con el conservador Johnson (ha subido el impuesto de sociedades del 40 al 65%: 5.800 millones de euros más de recaudación). Incluso la propia Comisión Europea lo apoya.

Al final, el problema de algunas de las medidas de choque aprobadas es que son socialmente regresivas y muy caras, aunque sean “populares” y con ellas el Gobierno busque mejorar su imagen. Pero lo peor es que son sólo un “parche”, que no resuelve los problemas de fondo, como ha apuntado incluso la ministra de Transición Ecológica. Para bajar la luz de verdad, hay que cambiar drásticamente el sistema de fijación de precios, como reconoce ahora la presidenta de la Comisión Europea. Y en el tema de los carburantes, urge una actuación internacional (para aumentar la oferta) y en España, una vigilancia a las petroleras y sus márgenes. Y en el conjunto de la economía, hace falta una mayor vigilancia (de la Administración y de la Comisión de la Competencia) sobre los márgenes y precios, para que las empresas no abusen y aprovechen la guerra de Ucrania para subir precios y beneficios sin justificación. No puede ser que algunos sectores (eléctricas, petroleras, grandes distribuidores y supermercados)  multipliquen sus beneficios, a costa de trabajadores y pensionistas cuyos ingresos están congelados.

Y una última reflexión de fondo. El Gobierno utiliza estas medidas de choque para mejorar su imagen tras los fracasos electorales en Madrid, Castilla y León y Andalucía. No le va a servir. Porque el problema de fondo es que la sociedad está muy polarizada y la mitad de la población no apoya ni tiene en cuenta lo positivo que hace el Gobierno. ¿Cómo es posible que el PP saque mayoría absoluta en Andalucía cuando ese partido ha votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, el decreto anticrisis, la  reforma de la FP, la Ley de Eutanasia, la Ley del sí es sí…? Pues porque la mitad del país está en contra de Sánchez y del gobierno de coalición, hagan lo que hagan (aunque se hayan creado 1.117.800 empleos desde 2019). Y la otra mitad, están divididos, les exigen más o “pasan” de la política (42% de abstención en Andalucía).

En resumen, si el Gobierno busca “atajos populistas”, bajar impuestos y aprobar costosas ayudas generalizadas en lugar de afrontar los problemas de fondo, no le va a funcionar: no va a ganarse a la mitad del país que no valora sus reformas y empleos ni tiene en cuenta los noes injustificables de la oposición. Así, van camino de perder las elecciones de 2023.

lunes, 13 de junio de 2022

Renta 2022: el impuesto que más crece

Toca confesarse con Hacienda y presentar la declaración de la Renta, aunque la mayoría ya la ha entregado, para acelerar la devolución, que toca a 2 de cada 3 contribuyentes. El IRPF ingresará más de 100.000 millones este año y es el impuesto que más ha crecido (+38%), mientras el impuesto a las empresas recauda la mitad que en 2007. Pero el IRPF está lleno de exenciones y “agujeros”, con tipos máximos más bajos, por lo que somos el tercer país europeo que menos recauda. Pero es un impuesto que “se nota mucho”, más que el IVA o los impuestos especiales, por lo que nos parece muy elevado. El problema de fondo es que España recauda por todos los impuestos menos que Europa (-45.000 millones al año) y necesitamos más recursos para reforzar los servicios públicos, como se ha visto con la pandemia. Urge recaudar más, no subiendo impuestos a los que ya pagamos sino haciendo que paguen más grandes empresas, bancos y los más ricos. Es el gran debate

Enrique Ortega

El impuesto sobre la renta (IRPF) es el principal impuesto que pagamos: en 2021 recaudó 94.546 millones de euros, el 42,3% de todos los impuestos, muy por delante de lo que recaudó el IVA (72.498 millones), el impuesto de Sociedades que pagan las empresas (26.627 millones), los impuestos especiales (19.729 millones de los carburantes, tabaco y alcohol) y las tasas (1.989 millones). Y este año 2022, el Presupuesto prevé superar con la Renta los 100.000 millones de recaudación (100.132 millones), gracias a la mejora del empleo y la subida de la inflación (al no deflactarse los ingresos, pagamos realmente más). Con ello, el IRPF es el impuesto cuya recaudación ha subido más desde 2007, un +38%, más que el IVA (+35%) o los impuestos espaciales (+11,5%) y sobre todo, mucho más que el impuesto de Sociedades, donde las empresas pagan hoy la mitad que en 2007(44.823 millones).

En la declaración de la Renta que presentamos este año, por los ingresos de 2021, Hacienda espera recibir casi 22 millones de declaraciones (21.921.000), aunque dos tercios de ellas (14,35 millones) salen a devolver (11.122 millones), porque al contribuyente se le hicieron más retenciones de lo que tiene que pagar, debido sobre todo a múltiples deducciones. El tercio restante de contribuyentes (5,97 millones) tendrán que pagar (13.400 millones), aunque todos habrán pagado la mayor parte de este impuesto en 2021, con las retenciones que les han hecho sus empresas o ellos mismos por el IRPF.

Este año, la declaración del IRPF tiene pocos cambios. El más llamativo es que sube el tipo máximo (del 45 al 47%) a las rentas más altas, a los que en 2021 tuvieron ingresos por más de 300.000 euros, una minoría de contribuyentes  (unos 40.000, el 0,17% del total). Y también a los que tuvieron rendimientos de capital (intereses, dividendos, ventas Bolsa y Fondos) superiores a 200.000 euros (una minoría aún menor…). Además, se reduce la inversión desgravable en Planes de pensiones (máximo 2.000 euros), que beneficia sobre todo a las rentas más altas, y se incluye una deducción (del 20 al 60%) por obras para mejorar la eficiencia energética en los hogares.

¿Quién paga el IRPF? Este impuesto, el principal de nuestro sistema tributario, lo pagan básicamente los que viven de un sueldo (o pensión), que aportan el 85,5% de la recaudación, según los datos de la Agencia Tributaria, siendo el resto aportados básicamente por los ahorradores e inversores (4,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (7,2%). Ahondando en los niveles de ingresos, un tercio largo  del impuesto sobre la Renta (el 36,69%) lo paga la clase media, los contribuyentes que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros. Otro 24% lo pagan las familias con bajos ingresos (menos de 30.000 euros), básicamente los que ingresan entre 12.000 y 30.000 euros (23,29%). Otro 21,74% lo paga la clase media alta (ganan entre 60.000 y 150.000 euros). Y el 17,72% restante lo pagan los contribuyentes que ganan más de 150.000 euros (123.000 contribuyentes).

Este reparto del esfuerzo, según los datos de la Agencia Tributaria, indica que el IRPF es “medianamente progresivo”, aunque más de la mitad de la recaudación recae entre la clase media y media alta, menos entre los más ricos (que, en su mayoría, utilizan empresas y otros mecanismos para saltarse el IRPF). Pero la Renta tiene un problema estructural: es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (rendimientos del trabajo, tributación conjunta, familia, vivienda, planes de pensiones, donaciones, deducciones sociales, inversiones…), lo que acarrea dos inconvenientes: reducen mucho la recaudación final (-13.745 millones en 2018, el 16,5% de la recaudación final, según la AIReF) y son muy “regresivas, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los contribuyentes con menos ingresos, según los expertos fiscales.

Visto quien paga y quien se beneficia de las deducciones, hay que decir que la cuota resultante y las deducciones dependen también mucho de la autonomía donde uno viva. Y eso porque hay un tipo aplicable a nivel estatal (9,50% mínimo y 24,5% máximo) y otro tipo autonómico que varía mucho, con lo que los tipos resultantes del IRPF (mínimo y máximo) varían mucho según las autonomías. Y también son diferentes las deducciones autonómicas, un galimatías que la mayoría desconoce (ver listado por autonomías). En el caso de los tipos, hay dos autonomías que tienen los tipos más bajos: Madrid  (18% mínimo y 45% máximo) y Andalucía (19 y 47%). Y son más elevados en la Comunidad Valenciana (19,50 y 54%), Navarra (13 y 52%), La Rioja (18,50 y 51,50%), Asturias (19,5 y 50%), Cataluña  (20 y 50%) y Baleares (19 y 49,50%), según el Consejo General de Economistas.

Podría parecer que se paga menos por el IRPF en Madrid o Andalucía y más en la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja o Cataluña. Pero no es así: depende del nivel de ingresos, según estos ejemplos elaborados por el Consejo de Economistas. Así, los que ganan 16.000 euros pagan menos en Madrid y el País Vasco. Y los que ganan 20.000 euros, pagan menos en Cataluña y el País Vasco. Para ingresos de 30.000 euros, se paga algo menos en Madrid y Cataluña. Y a partir de los 45.000 euros de ingresos, siempre se paga menos en Madrid. Sobre todo cuanto más se gana: un contribuyente con 110.000 euros paga de Renta en Madrid 35.175 euros, 2.807 euros menos que en la Comunidad Valenciana, la autonomía donde más pagan los más ricos. Y para los que ganan 300.000 euros, la Renta en Madrid les cuesta 117.415 euros y en la Comunidad Valenciana 135.140. Así que Madrid tiene el IRPF más bajo, pero sobre todo para los más ricos.

En resumen, el IRPF es un impuesto clave pero resulta poco progresivo, desigual entre autonomías y además recauda menos que en Europa (un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-27), no sólo por el “agujero” de las deducciones sino porque pagamos unos tipos menores que en la mayoría de paises de Europa, según este cuadro del Consejo de Economistas: el IRPF tiene un tipo máximo (medio) del 45,5% en España, frente al 47,2% en Italia, el 47,5% en Alemania, el 49,5% en Paises Bajos, el 50% en Austria, el 51,3% en Finlandia, el 52,1% en Suecia, el 53% en Portugal, el 53,1% en Bélgica o el 55,9% en Dinamarca. Así que sentimos que pagamos mucho al presentar cada año el IRPF, pero comparativamente menos que en Europa. Y, sobre todo, los que más ganan.

La Campaña de la Renta y las elecciones en Andalucía han vuelto a poner sobre la mesa el debate de los impuestos, con la derecha y su “receta mágica”: hay que bajar impuestos. Reiteran una y otra vez el tópico económico, inventado por Laffer y probado por Thatcher y Reagan: bajan los impuestos, hay más gasto, crece más la economía y se recauda más. Algo que se ha demostrado falso múltiples veces en la historia reciente, como demuestra el libro “Contra los zombis”, del Nobel Paul Krugman. Y tiene un riesgo que conocemos bien: la bajada de impuestos reduce finalmente los ingresos y fuerza a hacer recortes en los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones, Dependencia…).

El debate sobre los impuestos se plantea como un debate ideológico, cuando debería ser un debate sobre los datos. Y la realidad es incontestable: España recauda por todos los impuestos comparativamente menos que el resto de Europa. No es algo de ahora, sino que lleva pasando todo este siglo. En 2019, antes de la pandemia, la recaudación fiscal en España suponía el 43,7% del PIB, frente al 46,9% en la UE-27 y el 47,3% en la zona euro. Y el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia y el 52,8% en Francia. A lo claro: España recaudaba 83.394 millones menos al año que la media europea. Y  89.618 millones menos que Alemania o 124.471 millones menos que Francia.

Con la pandemia, la recaudación ha mejorado algo, pero seguimos recaudando menos que Europa: 43,7% del PIB en España en 2021, frente al 46,9% de media en la UE, el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia o el 52,8% en Francia. A lo claro otra vez: España recaudó 45.000 millones menos que la media de la UE-27 en 2021, 44.100 millones menos que Alemania, 57.250 millones menos que Italia y 113.260 millones menos que Francia.

¿Por qué recaudamos porcentualmente menos que otros paises? Básicamente, porque ingresamos comparativamente menos en todos los impuestos. En el IRPF, porque tenemos tipos más bajos y hay demasiadas deducciones. En el IVA, porque tenemos un exceso de tipos reducidos y mínimos, además de mucho fraude. En impuestos especiales, porque carburantes, alcohol y tabaco pagan menos impuestos. Y sobre todo, porque en Sociedades hay una bajísima recaudación, por el exceso de deducciones para grandes empresas y bancos. Dos datos: en 2020, las grandes empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 8,3% sobre sus beneficios. Y  los bancos pagaron de impuestos el 6,3% de las ganancias, frente al tipo medio del 12,9% que pagamos los contribuyentes en el IRPF. Y además, hay demasiadas deducciones en todos los impuestos (60.000 millones, según la AIReF) y mucho fraude, sobre todo en el IVA y entre los que no viven de un sueldo.

Visto el panorama, la cuestión es evidente: si queremos reforzar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, muy “debilitados” como se ha visto con la pandemia, sólo queda un camino: hay que recaudar más, no menos. Sobre todo porque además, gastamos también menos que la media europea: un 42,3% del PIB en 2019 frente al 46,5% de la UE-27, lo que supone 52.277 millones menos de gasto al año. Y aunque el gasto público ha subido, con la pandemia y la guerra, todavía fue más bajo en España en 2021: 50,6% del PIB frente al 51,6% de media en la UE-27. Aún gastamos 12.500 millones menos al año.

Recaudamos menos y gastamos menos, pero aún así, tenemos un agujero en las cuentas públicas, un déficit, que es el 4º más elevado de la zona euro (tras Malta, Italia y Bélgica): -6,9% de déficit sobre el PIB en 2021, frente al -4,7% de media en la UE. De momento, la Comisión Europeahace la vista gorda”, por la necesidad de gastar más ante la pandemia y la guerra. Pero ya ha advertido a los paises que en 2023 tendrán que recortar sus déficits, buscando que no sobrepasen el tope del 3% impuesto a los paises del euro.

Para recortar el déficit público en el futuro, España solo tiene dos caminos: ingresar más o gastar menos. Gastar menos parece difícil, porque ya gastamos menos que la media europea y necesitamos gastar más en sanidad, educación, pensiones y Dependencia, donde se ve cada día una falta de medios y personal. Y además necesitamos más inversiones para modernizar el país y hacer frente a los retos del siglo XXI: el Cambio climático, la digitalización y la revolución tecnológica. Así que sólo queda avanzar por el otro camino: recaudar más para reforzar los servicios públicos y la modernización de la economía.

Recaudar más no significa subir los impuestos a todos sino reordenar el sistema fiscal. Hacer una reforma para reducir las deducciones (injustas e ineficaces), ajustar tipos (¿tiene sentido que una comida en un restaurante pague el 10% de IVA, lo mismo que las medicinas?), reducir el fraude y hacer que paguen más impuestos no todos sino los que ahora pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y rentas altas. Una propuesta que parece más razonable que bajar genéricamente impuestos: por ahí, nos arriesgamos a recaudar menos y a tener que hacer recortes pronto, obligados por Bruselas.

En marzo de 2022, un Comité de 17 expertos independientes entregó al Gobierno el Libro Blanco de la Reforma Fiscal sobre el que habían trabajado 10 meses, por encargo de Hacienda. Su presidente lo tiene claro: defiende “la necesidad de recaudar más para sostener los servicios públicos”. Y en las 800 páginas de su informe señalan los cambios que harían falta, en Renta (reformular deducciones), en el IVA (eliminar progresivamente los tipos reducidos y superreducidos: supondría +27.000 millones de recaudación), en Sociedades (revisar deducciones y exenciones), en los impuestos a los combustibles (subirlos, bajando impuestos a la luz), establecer cánones digitales, tasas en las autovías y fijar un mínimo en los impuestos del patrimonio, sucesiones y donaciones (donde hay una carrera autonómica a la baja). En paralelo, el Banco de España acaba de decir que considera “imprescindible una revisión integral del sistema tributario”, empezando por revisar el IVA y aumentar la fiscalidad medioambiental, que tiene un bajísimo peso en España, como ha reiterado la Comisión Europea.

Así que frente a recetas simplistas que buscan votos (“hay que bajar impuestos"), los expertos apuestan por una reforma integral de los impuestos, para recaudar más y repartir mejor el esfuerzo fiscal, que ahora cae en exceso sobre los trabajadores y el IRPF. El problema es que cualquier reforma fiscal exige un pacto político y social, algo que no se otea en el horizonte. Y menos para 2023, un año plagado de elecciones. Así que los impuestos no se van a reformar de momento, lo que impedirá mejorar la recaudación y aumentar el necesario gasto social. Hasta que Bruselas nos dé un toque con el déficit. O la derecha llegue a la Moncloa. Entonces, ya saben lo que pasará.