Más dinero para impulsar la Dependencia

Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503 dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación (muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera  y mejorar ayudas y servicios. Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda.

                              Enrique Ortega

Este 2026 se cumplen 20 años de aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 para garantizar ayudas y servicios a los dependientes, en su mayoría mayores. Es la 4ª pata del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), pero ha resultado una “pata coja”: ha atendido a 4 millones de personas dependientes, pero otro millón más de dependientes se han muerto sin recibir ninguna ayuda, por una falta de financiación y un exceso de burocracia, que mantiene unas altísimas listas de espera: a finales de mayo, 265.503 dependientes estaban “desatendidos” (+7.293 más que a finales de 2025), a la espera de ser valorados (110.108) o de recibir una ayuda o servicio que tienen legalmente reconocido (otros 155.352 dependientes “en el limbo”). Y este año, hasta mayo, 13.503 de estos dependientes han fallecido esperando…

Los problemas de la Dependencia tienen su origen  en la escasa financiación con que nació la Ley y su falta de recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho” (ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para reforzar la Dependencia (+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto estatal de 1.347 millones en 2018 a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los mayores dependientes.

En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734 millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758 millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976 millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos (sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado atender a los dependientes con tres “trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender” a más con poco.

La primera medida o “truco” es implantar unos trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110 días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.

Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”: retrasar la concesión efectiva de esas ayudas a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen más de 80 años, muchos se mueren antes.

El tercer “truco” de las autonomías para atender con recursos escasos a más dependientes es buscar ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785 dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares del dependiente (4 de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”, con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día (ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros, de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el “copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una ayuda  para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los dependientes) son los Centros de día y noche, costosos y escasos.

Como se ve, las ayudas son escasas y además son incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos (copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las familias en la sanidad y la educación.

Ante este panorama (escasa financiación, listas de espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para “hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron 11 autonomías en 2021, 9 en 2022 y 6 en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre autonomías. Así, la inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España, pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía (7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900). Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384 euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684), Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y  la Rioja (10.282 euros).

Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan de choque para gastar  6.200 millones más en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513 millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia en 2027, como pedían las autonomías.

El Plan de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el 1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno es aumentar “el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes dependientes”), la ayuda actual  subirá de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia severa”), la ayuda  pasará de los 130 euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.

Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021, cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el “nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19 millones en 2024,2025 y 2026, la misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de este “nivel acordado”: es lo que les pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).

La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a medias) es el “nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una prioridad, como puede verse en su inversión en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco (479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias (366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178 euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid (251) y Aragón (255).

El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en la Dependencia tiene 3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además de ser una exigencia social, el Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.

Los Directores de Servicios Sociales creen que la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios: procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus familias”.

Al final, la Dependencia nos afecta a todos, porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en 2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.

Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

Dependencia: las autonomías racanean

Media España protesta por la preocupante situación de la sanidad pública, pero apenas se oyen quejas por los graves problemas de la Dependencia, que tiene desatendidos a 353.965 dependientes, la mayoría mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía. Y encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia. Además, las autonomías intentan atender más dependientes con los mismos recursos, ofreciéndoles pequeñas ayudas y servicios low cost, que obligan a las familias a copagos y muchas horas para atender a sus dependientes. En resumen: la Dependencia es un derecho social sin recursos y donde las autonomías, que la gestionan y medio financian, “racanean”, mientras hay 6.230.000 españoles potencialmente dependientes. Urge forzar a las autonomías a que atiendan mejor a nuestros mayores. Piénselo al votar el 28-M.   

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado de Bienestar en España, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Echó a andar en enero de 2007, con la Ley de la Dependencia, pero ha sido siempre “la pariente pobre” del sistema de protección social, con una escasa financiación desde el origen, que se agravó a partir de 2012, cuando el Gobierno Rajoy y las autonomías aprobaron drásticos recortes: entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en -6.321 millones, lo que ha provocado retraso en los expedientes, una abultada lista de espera y ayudas y prestaciones escasas, para tratar de atender a más dependientes con menos recursos públicos. Si la sanidad o la educación sufren falta de recursos y medios, en la Dependencia la escasez es la norma.

Para afrontar esta persistente falta de recursos, en enero de 2021, el Gobierno y las autonomías pactaron un Plan de Choque, para relanzar la Dependencia, con un compromiso del Estado central de aportar 1.845 millones extras (+600 al año) para Dependencia de 2021 a 2023. Eso suponía más que duplicar la aportación estatal a financiar la Dependencia, pasando de 1.348 millones que aportó el Estado en 2020 a 3.229 que aporta en los Presupuestos de 2023. En contrapartida, las autonomías se comprometían también a aportar más recursos y a agilizar la gestión de la Dependencia, que es de su competencia. Pero apenas lo han hecho. En 2021, sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y en 2022, a falta de datos de cierre, su gasto habrá sido similar. Con un agravante: hay autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado a la Dependencia para “hacer Caja”, para ahorrar ellos y gastarse menos.

Lo ha denunciado la Asociación de Directores de Servicios Sociales: 10 autonomías aprovecharon el primer año del Plan de choque (2021) para gastar menos en Dependencia del aumento que les aportaba el Estado, “ahorrándose” en conjunto 309 millones, que gastaron en otras cosas (no en los dependientes). Son Castilla y León (recibieron 52,17 millones más y gastaron 39,02 millones menos: 91 millones “ahorrados”), Galicia (58 millones “ahorrados”), Aragón (26), País Vasco (36 millones), Navarra (10), Murcia (18), Extremadura (22), Canarias (17), La Rioja (6 millones) y Castilla la Mancha (la única que gastó más, 1,94 millones, pero una cifra menor a los 27,98 millones extras recibidos: “ahorro” de 25 millones). Sólo 3 Gobiernos autonómicos aumentaron más su presupuesto en Dependencia que el dinero extra que recibieron del Estado central: Comunidad Valenciana (recibió +43,38 y gastó +51,40), Cantabria (gastó 8 millones más de los recibidos) y Asturias (+16 millones).

Por si esto fuera poco, las autonomías no se han gastado todo el dinero recibido del Estado para financiar el nivel mínimo (la aportación fijada a cada dependiente, según su Grado). En 2002, se han quedado sin gastar 55 millones (según los Directores de Servicios Sociales), que se suman a los 75,77 millones para la Dependencia que tampoco se gastaron en 2021. Consecuencia: Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero no gastado por las autonomías a Hacienda. El sistema establece que el Estado central aporta una cantidad por dependiente  (nivel mínimo) y la autonomía tiene que completarla con otra aportación similar. Si no lo hace, porque busca ahorrar o “hace Caja”, esa ayuda presupuestaria se pierde y el dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

La escasa financiación de la Dependencia, ahora sobre todo por las autonomías, sigue provocando problemas a los dependientes y sus familias. Los gobiernos autonómicos llevan años tratando de “estirar el chicle” de los recursos escasos, con varios “trucos” para frenar gastos. El primero es “retrasar” las valoraciones de los dependientes que solicitan ayuda, para así retrasar los pagos y ayudas. Los datos del IMSERSO son claros: a finales de 2022, había 1.982.018 solicitudes de dependencia (casi 90.000 más que un año antes) y sólo se habían valorado 1.850.208 solicitudes, por lo que había 131.810 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados” y en espera, una cifra que se mantiene alta desde 2009 (120.213 en espera de valoración) y que apenas bajó en los últimos años (141.556 en espera de valoración en 2019). El tiempo de espera para ser valorado, según la Ley de Dependencia, son 180 días, pero el tiempo medio real era de 344 días (a finales de 2022). Y hay autonomías donde esta espera media se duplica o triplica, como Canarias (977 días), Andalucía (544) o Murcia (486 días), según los Directores de Servicios Sociales.  

Segundo “truco”, tras “embolsar” solicitudes sin resolver: retrasar la entrega de ayudas y servicios a dependientes a los que ya se ha reconocido una dependencia (grado I, II o III, la más grave). En enero de 2023, había 1.490.860 dependientes con un grado reconocido, pero sólo 1.313.437 eran beneficiarios de alguna prestación o servicio. Así que había 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención, dependientes que tienen legalmente reconocida una ayuda (prestación o servicio), pero que no la reciben, porque la autonomía en cuestión utiliza esta demora para frenar gastos.

Esta lista de espera de atención se ha reducido en los últimos años (era de 310.120 dependientes con derecho reconocido en enero de 2017, bajó a 269.834 en enero de 2019, a 193.436 en enero de 2021 y a 177.423 ahora), pero aquí también hay “truco” de gestión: las autonomías están reduciendo más las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I, 96.561 en lista de espera, los más “baratos” de atender) y menos la de los dependientes más graves (grado II y II, 80.862 en lista de espera, con derecho a prestaciones y servicios más caros). Además, hay gran diferencia en las listas de espera por autonomías. Si la media es del 11,90% (dependientes en espera/total dependientes con derecho), es más del doble en Cataluña (27,08%: 1 de cada 4 dependientes con derecho no reciben nada) y superan la media en la Rioja(18,94%), País Vasco (17,53%), Canarias (16,93%), Extremadura (17,53%), Murcia (17,43%) y Andalucía (11,91%). Y apenas es un problema en Castilla y León (0,18% dependientes en lista de espera), Castilla la Mancha (3,71%), Aragón (4%), Galicia (4,58%), Cantabria (4,74%), Navarra (4,80%) y Madrid (5,38%), según datos del IMSERSO.

Al final, los expertos de la Asociación de Directores de Servicios Sociales suman las dos listas de espera, las de los dependientes que esperan ser valorados y los dependientes ya valorados que no reciben ayudas para hablar de una “lista de espera de dependientes desatendidos”, la lista de espera real, que estiman en 353.965 dependientes: 131.810 en espera de valoración, 177.423 en espera de recibir la ayuda reconocida más otros 21.903 solicitudes que estiman no grabadas (increíble) y otras 22.829 con prestación reconocida pero no efectiva. En total, casi un 18% de dependientes “desatendidos”.

Lo grave no es sólo que estén desatendidos 1 de cada 5,5 dependientes (de una u otra forma), sino que muchos de los dependientes en espera son muy mayores, el 80% con más de 80 años. Y bastantes se mueren antes de recibir ninguna ayuda. Sólo en 2022, 45.360 dependientes fallecieron a la espera de ser atendidos: 19.961 en espera de valoración y otros 25.699 muertos a la espera de recibir una ayuda que tenían legalmente reconocida (ojo, 17.490 de ellos muy vulnerables, con dependencia severa Grado II o gran dependencia Grado III). Son 124 dependientes muertos cada día sin recibir atención. Tremendo.

El tercer “truco” que utilizan las autonomías para frenar el gasto en Dependencia, junto al retraso en la valoración y en la concesión de ayudas, es atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 10 autonomías que “hicieron Caja” en 2021). Para eso, en la última década han apostado por dar ayudas económicas (bajas) a las familias que atienden a sus dependientes en casa y por aumentar los servicios “low cost”, la atención más barata, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los Centros de día, mientras se estancan las ayudas para ir a una residencia, la atención más costosa. De hecho, el gasto por dependiente atendido ha bajado, de 8.145 euros en 2010 se bajó a 7.346 euros en 2015 y a 6.066 en 2021, quedando en 6.124 euros en 2022, según los Directores de Servicios Sociales. Pero aquí, como en las listas de espera, hay una gran desigualdad por regiones: hay autonomías que gastan más, como La Rioja (7.159 euros por dependiente), Castilla la Mancha (6.835 euros) y País Vasco (6.752 euros), y otras mucho menos, como Asturias (4.101), Aragón (4.155), Castilla y León (4.377) y Baleares (4.537 euros).

La ayuda que llega a más Dependientes es la prestación económica a los familiares que los cuidan, que reciben casi el 30% (517.053 beneficiarios de los 1.1313.437 que reciben ayudas). El importe medio que se paga es bajísimo (234,96 euros en 2022, variando entre 139,40 para dependientes con Grado I, 240,70 los de Grado II y 334,80 euros los de Grado III). La 2ª ayuda más utilizada por las autonomías es la teleasistencia, la que menos les cuesta y la que más ha crecido: la reciben 351.993 dependientes, el 20,38% del total. La 3ª más usada es la ayuda a domicilio, que reciben 322.595 dependientes y que supone una atención mínima, que va de 15,2 horas al mes a los de Grado I a 57,1 horas al mes (una media de 2 horas y media diarias de lunes a viernes, claramente insuficiente para ayudar a la familia con un dependiente que no se puede valer). Le sigue la prestación vinculada a servicio (187.214 beneficiarios, el 10,84% del total), un cheque que se entrega a las familias para que contraten una ayuda a domicilio, un centro de día o noche o una residencia, aportando una parte y teniendo que pagar la familia el resto (en el caso de una residencia, se les aporta 513 euros de media, menos de la tercera parte del coste). En 5º lugar está la concesión de una plaza en una residencia, donde sólo hay 175.756 dependientes, el 10,19% del total. Y la 6ª ayuda, que reciben 97.929 dependientes (el 5,67% restante) es una plaza en un centro de día, otra prestación barata y donde se han perdido plazas desde 2019.

Estas ayudas son también muy desiguales entre autonomías, porque unas utilizan más el cheque (supone la mitad de prestaciones en Extremadura y un tercio en Castilla y León y Canarias) y otras la teleasistencia o los centros de día, apostando todas por las ayudas económicas a las familias, con importes muy diferentes. El resultado es que las familias de los dependientes cada vez pagan más servicios y más porcentaje del gasto total en Dependencia: si en 2009 aportaban el 14,7% de la financiación total (572 millones), en 2019 ya aportaban el 20,7% y en 2022 siguen financiando el 20,5% del gasto total (aportaron 1.994 millones). El Estado central ha pasado de aportar el 15,5% en 2019 (menos que las familias) al 26,5% en 2022, tras el Plan de Choque. Y las autonomías, que financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019 ahora financian el 53% (y será menos en 2023). El objetivo es aumentar la aportación del Estado central y que los Presupuestos y las autonomías financien al 50% la mayor parte del gasto en Dependencia.

De momento, el Plan de Choque ha ayudado algo, pero no ha tenido éxito por la escasa mayor aportación de las autonomías, con 10 de ellas “haciendo Caja”. Su primer objetivo, reducir la lista de espera en 60.000 personas en 2021 no se ha cumplido: se redujo en 38.807 personas y otras 15.923 en 2022. Tampoco han mejorado mucho las prestaciones: se buscaba que el 100% de los dependientes tuvieran acceso a teleasistencia y el 69% de los dependientes atendidos en domicilio no la tienen. Tampoco han mejorado lo previsto (+17%) las horas de atención domiciliaria (+0,6%). Ni se ha logrado la mejora en las prestaciones económicas (+17%): de hecho, han caído un -1,7% (de 239 euros en 2020 a 234,96 euros de media en 2022). Solo el Presupuesto estatal ha cumplido, duplicando la aportación del Estado central a la Dependencia (de 1.383 millones en 2020 a 2.575 en 2022).

A pesar del Plan de Choque, la realidad es que la gestión de la Dependencia está en manos de las autonomías y cada una va a su aire, desde el presupuesto que dedican hasta la gestión de las valoraciones y listas de espera, las ayudas y los servicios que prestan y sus modelos de organización y gestión. Teniendo en cuenta todos estos factores, la Asociación de Directores de Servicios Sociales lleva valorando cada autonomía y dándoles una nota desde 2008. En el último ranking de 2022, suspenden la gestión de la Dependencia 10 autonomías: Murcia (2,4 puntos sobre 10 y ya era el farolillo rojo en 2008), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8 puntos, ojo: tenía un notable en 2014 y 5,3 puntos en 2021), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7). Aprueban otras 9 regiones, destacando el notable de Castilla y León (8,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Andalucía (7,6), con aprobados altos de Madrid (6,5) y Comunidad Valenciana (6,2, una autonomía suspendida hasta 2020 y que era la 2ª peor en 2008).

Ahora, todo dependerá del resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aunque las campañas están más centradas en la sanidad y la Educación que en la Dependencia. Tras los resultados y las elecciones generales de diciembre, haría falta otro Plan de Choque para la Dependencia, donde el próximo Gobierno y las nuevas autonomías pactaran de verdad un empujón de fondos y mejor gestión. Acabar con las listas de espera tiene un precio: aumentar +1.086 millones anuales el gasto en dependencia, según estiman los Directores de Servicios Sociales. Se puede, porque el gasto total en  Dependencia es asumible, 10.495 millones en 2022, el 0,8% del PIB, la mitad que los paises de la OCDE y muy por debajo del gasto en pensiones (12% del PIB). Y hay que reforzarlo porque se estima que hay 6.230.355 españoles potencialmente dependientes (y hoy atendemos sólo a 1.313.437). Habrá que gastar más en Dependencia en el futuro y por eso urge reforzar los ingresos del sistema y mejorar su gestión. No podemos desatender a nuestros ancianos y jóvenes dependientes.

43.275 dependientes muertos esperando ayuda

Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

Pero el coronavirus ha empeorado las cosas, ha sido la puntilla para el deteriorado sistema de Dependencia: con el estado de alarma, se cerraron oficinas de atención y se retrasaron aún más los expedientes y las ayudas. Así, a 30 de abril, se habían reducido en 54.808 las solicitudes de ayuda (1.844.322 frente a 1.899.385 a finales de febrero), se habían reducido también las resoluciones (-13.837) y caía el número de beneficiarios: 1.375.740 a finales de abril, 12.974 menos que a finales de febrero (porque habían caído las entradas de expedientes y las resoluciones y habían muerto beneficiarios), según los datos del IMSERSO. Gracias a esta caída de solicitantes, se conseguía reducir las listas de espera, por primera vez en dos años: a finales de abril había 261.616 dependientes esperando una ayuda reconocida, 6.218 menos que en febrero.

El 21 de junio salimos del estado de alarma, volvió a funcionar la Administración, pero la gestión de la Dependencia siguió empeorando, según los últimos datos del IMSERSO. Así, a finales de septiembre, el número de solicitudes de ayuda era similar al de abril: 1.844.766, -54.619 menos que a finales de febrero. La resolución  de expedientes había empeorado (1.697.776), cayendo el triple que en abril (ahora -43.332 menos que en febrero). El número de beneficiarios de ayuda también siguió cayendo: 1.345.397 dependientes, -43.317 menos que en febrero (el triple que a finales de abril). También habían caído los que recibían ayudas: 1.111.492 dependientes, -9.387 menos que en febrero. Y lo único que ha mejorado es “la lista de espera”, los dependientes con ayuda reconocida que la estaban esperando: 233.905 a finales de septiembre, -33.930 menos que a finales de febrero. Un “milagro” fruto de que habían caído los beneficiarios y a que muchos habían muerto en estos meses.

Este empeoramiento de la Dependencia no ha sido igual en toda España, sino que hay autonomías que lo han sufrido más que otras. Así, la caída en el número de dependientes que reciben una prestación (-9.387 en toda España, entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre) se concentra en 9 autonomías, Ceuta y Melilla, destacando la caída de dependientes con ayudas en Madrid (-8.736), Cataluña (-7.608), Castilla la Mancha (-3.546) y País Vasco (-1.449 dependientes con ayudas), según los datos del IMSERSO. Y por el contrario, hay 7 autonomías donde hay ahora más dependientes recibiendo ayudas que antes de la pandemia, en especial la Comunidad Valenciana (+3.716), Extremadura (+2.335), Canarias (+1.037), Baleares (+949) y Murcia (+879). 

Y en cuanto a las “listas de espera” (recordemos: 233.905 dependientes con derecho a una ayuda que no les ha llegado, el 17,39% de los dependientes con derecho reconocido), tampoco son uniformes. En cabeza siguen Cataluña (31,21% dependientes en espera, un porcentaje similar al de febrero), La Rioja (27,63% en espera, casi como en febrero), Canarias (22,72%, menos que el 28,5% de febrero), Andalucía (21,9%, mejor que el 24,7% de febrero), Cantabria (19,1%, peor que el 17,78% de febrero) y Madrid (17,74% dependientes en espera, similar a febrero).  Y siguen con una lista de espera mínima Castilla y León (0,22%, frente al 1,22% en febrero), Ceuta (3,7%), Navarra (4,57%), Galicia (7.76%), Castilla la Mancha (7,78%) y Baleares (9,46%).

Lo dramático es que si hoy tenemos 33.930 dependientes menos en lista de espera para recibir ayuda que a finales de febrero es, básicamente, porque muchos dependientes han muerto estos meses, más que nunca antes por la pandemia. Así, el IMSERSO publicó el lunes los datos de dependientes muertos este año, obtenidos a partir del MoMo (sistema de monitorización de la mortalidad) que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Y el resultado es escalofriante: han muerto 132.654 dependientes entre enero y septiembre (36.505 fallecidos más de lo habitual, por la COVID 19) y de ellos, casi un tercio, 43.275 dependientes muertos estaban a la espera de recibir una ayuda (27.116 de la “lista de espera”) o pendientes de valorar su dependencia (16.159 dependientes más).

Son 158 dependientes muertos cada día en espera de ayuda este año, una cifra tremenda, que casi duplica la cifra de fallecidos pendientes en 2019, 85 dependientes al día, según estimaban los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). Y aquí también, el reparto de dependientes muertos en espera de ayuda o valoración  (esos 43.275 fallecidos) es desigual por autonomías, según los datos del MoMa/IMSERSO: 11.160 dependientes en espera han fallecido en Cataluña (2.880 estaban en “lista de espera”), 9.110 en Andalucía (4.018 de la “lista de espera”), 4.324 en Madrid (21 en “lista de espera”, 4.110 en la Comunidad Valenciana (2.396 de la “lista de espera”), 2.514 en Canarias (1.724 en “lista de espera”) y 1.922 en el País Vasco (247 en “lista de espera”). Así que estas 6 autonomías concentran el 76,5% de todos los dependientes muertos sin atender.

De paso, la estadística del MoMa y el IMSERSO revela que la pandemia se ha cebado sobre los dependientes: han muerto este año 82,9 de cada 1.000 beneficiarios de la dependencia, unos 31.800 más que otro año, por el COVID. Y lo peor lo han sufrido los dependientes reconocidos que vivían en residencias: han muerto 180,1 de cada 1.000, casi 1 de cada 5, frente a 56,8 por cada 1.000 que han muerto entre los que recibían la ayuda a domicilio. Y lo más estremecedor: han muerto más los dependientes que menos se podían valer, los que tenían una dependencia grave (grado III), 225,7 de cada 1.000, casi 1 de cada 4 dependientes graves en residencias. Y sobre todo en Cataluña (3.594 muertes “extras” en residencias sobre un año normal), Madrid (+2.842 muertes extras), Castilla la Mancha (+1.528), País Vasco (+580) y Andalucía (“exceso de 516 muertes sobre lo habitual). Y eso a pesar de que este año, hasta septiembre, la ayuda a dependientes en residencias ha sido la que más ha caído con la pandemia: de recibirla el 12,05% en febrero al 11,02% a finales de septiembre, porque unos se han muerto y otros han vuelto con su familia.

Eso sí, con la pandemia, las autonomías han seguido concentrando las ayudas a los dependientes en los servicios más baratos (“low cost”), que les permiten atender a más beneficiarios con el mismo dinero, según los datos del IMSERSO: teleasistencia (cuesta unos 35 euros al mes y suponía el 17,66% de las ayudas en septiembre), la ayuda a domicilio (17,51%), los cheques a las familias para que busquen ayuda (prestación vinculada a servicio, una especie de “privatización” del servicio que reciben un 10,96% de los dependientes pero un 47% en Extremadura, un 31% en Castilla y León o un 26,38% en Canarias) y los centros de día (6,45% de las ayudas), aunque todavía es mayoritaria (31,49% del total) la ayuda a las familias (de 153 a 387 euros al mes, según grado de dependencia),para que atiendan ellos a sus dependientes.

La pandemia y las muertes de dependientes han hecho saltar todas las alarmas en un sistema de Dependencia que ya tenía graves deficiencias antes. Los dependientes y sus familias no pueden seguir así, sufriendo las consecuencias de una gestión autonómica que utiliza los retrasos en los expedientes  y la utilización de servicios “low cost” para paliar la falta de recursos. Urge un Plan de choque, para dotar a la Dependencia de recursos públicos suficientes, sobre todo de una mayor aportación del Estado central, que ahora financia un 20% del gasto público en Dependencia, lo que obliga a las autonomías a aportar el 80% restante (cuando la Ley fijaba que ambas administraciones aportarían el 50/50). Y que obliga a las familias de los dependientes a unos copagos crecientes (el 19% del gasto total en dependencia) y a “buscarse la vida”  pagando cuidadores en casa o residencias privadas, muy caras y con deficientes servicios (como se ha visto con el COVID 19).

El Gobierno ha presentado a las autonomías, el 2 de octubre, un Plan de choque por la Dependencia, que quiere incluir en el Presupuesto 2021. Propone destinar 600 millones más a la Dependencia el año próximo, lo que permitirá reducir la “lista de espera” y crear 24.000 empleos. Además, propone mejorar el sistema de ayudas (establecer las cuantías mínimas que había en 2012), agilizar los procedimientos administrativos, establecer la teleasistencia como un derecho generalizado y aumentar el servicio de ayuda a domicilio.

El Plan del Gobierno “suena bien” pero es insuficiente. Para acabar con las listas de espera harían falta 1.500 millones de euros, según una reciente estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se podrían crear 70.000 empleos. Y además, piden que las autonomías agilicen trámites y simplifiquen ya procedimientos, sobre todo mientras dure la pandemia. Y además creen que hay que modificar la Ley de Dependencia, para permitir compatibilizar prestaciones y aumentarlas, lo que exige destinar más recursos públicos a la Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más (no sólo los 600 millones extras prometidos para 2021). Y en paralelo, reordenar y mejorar la calidad de las ayudas, con un Plan específico de construcción de residencias de ancianos públicas (el 73% de las plazas son privadas): harían falta 100.000 plazas públicas, coordinadas con una mejor atención hospitalaria de los residentes.

La pandemia ha desvelado las debilidades del sistema de Dependencia, como también lo ha hecho con nuestra sanidad, educación, protección social y modelo económico. Hay que aprovechar esta catástrofe para apuntalar las ayudas a los dependientes, con inversiones en cuidados que pueden ayudarnos a reconstruir la economía y el empleo, máxime cuando el creciente envejecimiento español va a duplicar el número de dependientes en 2050, según el CSIC. Hay que reforzar la Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), para proteger a los más débiles ante la pandemia y ante cualquier otra crisis futura. Es inadmisible que 158 dependientes mueran diariamente sin recibir una ayuda a la que tienen derecho, tras toda una vida trabajando. Deberían ser una prioridad en la reconstrucción del país. Se lo debemos.