Si Mendizábal
pasó a los libros de Historia por quitar
muchas propiedades a la Iglesia,
Rajoy
(y Aznar) pasarán por dejarles
que registren miles de iglesias, ermitas, casas rectorales y otras propiedades,
que mayoritariamente son de los pueblos. Una Ley que
aprobó Aznar en 1998 permite a los
Obispos registrar sus propiedades como si fueran notarios y ahora Rajoy ha aprobado otra Ley que les da
un año más (todo 2015) para “rematar la
tarea”. Muchos alcaldes y plataformas cívicas han denunciado estos registros ante los tribunales (como la Mezquita de Córdoba), pero la mayoría
los pierden por falta de documentos. Así, la
Iglesia asentará su inmenso patrimonio (salvado en muchos casos por ayudas
públicas), del que obtienen importantes
ingresos. Y los pueblos perderán
definitivamente la propiedad de iglesias,
ermitas e inmuebles que ayudaron a levantar en su día. Entre tanto, sigue
sin plantearse la financiación de la
Iglesia católica, que recibe casi 6.000 millones del Estado. Son intocables.
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| enrique ortega |
Históricamente, la Iglesia
católica y las órdenes religiosas acumularon
propiedades como fruto de donaciones,
testamentos y abintestatos,
consolidando el segundo
mayor patrimonio de España (tras el Estado), con más de 100.000
inmuebles, miles de tierras, 22.859 iglesias, 860 monasterios y 540 santuarios, según datos de un reciente
folleto de la Conferencia Episcopal. Hasta 1.861
no se crea en España el Registro de la Propiedad, aunque los bienes de la
Iglesia, como los del Estado, no
se solían registrar, porque todo el mundo sabía quién era el titular y no
estaban en el mercado. Eso sí, a raíz de las desamortizaciones
de los gobiernos liberales, en la primera mitad del siglo XIX (Mendizábal en 1836,
Espartero en 1841 y Madoz en 1855), se hizo necesario que las diócesis elaboraran una relación de bienes exentos de la
amortización, una especie de certificaciones
de posesión que normalmente no se registraron.
Franco aprobó en 1946 una Ley Hipotecaria que transformó
esas certificaciones de posesión en certificaciones de dominio, permitiendo que los Obispos
actuaran como notarios: bastaba con su declaración, sin más pruebas, para que la Iglesia
pudiera inscribir en el Registro bienes a su nombre. Así se “inmatricularon” (nombre que se da al primer registro) miles de propiedades, antiguas y nuevas
(algunas “recuperadas” tras la Guerra Civil): casas rectorales, cementerios, huertos y tierras, almacenes, garajes…
En 1998, el Gobierno
Aznar extiende este privilegio de registro
de la Iglesia a templos de culto:
iglesias, ermitas, catedrales y mezquitas.
Y se abre una carrera
en la que la Iglesia registra, con secretismo, miles de Iglesias y ermitas, junto a grandes propiedades, como la Mezquita
de Córdoba (registrada en 2006), las catedrales de Pamplona (2007) o de Tudela y la catedral de Sevilla con su Giralda (2010). No hay una
estadística de estas inmatriculaciones, porque el Gobierno Rajoy se ha negado a darla en dos ocasiones, pero algunas
estimaciones hablan de que se han registrado 4.500 bienes, aunque más parece
que podrían llegar a 10.000. Ahora,
el Gobierno Rajoy ha aprobado en abril de 2014 una reforma
de la Ley Hipotecaria que, cuando salga del Parlamento (a finales de año, como
pronto) dará a la Iglesia un año más de
plazo (todo 2015) para “rematar
la faena”, para acabar de
registrar propiedades sin necesidad de documentos, sólo con su palabra.
La decisión de Rajoy (y antes de Aznar) ha multiplicado las demandas
en los Tribunales de miles de
alcaldes, que reivindican la propiedad municipal
de Iglesias, ermitas, catedrales o inmuebles que gestiona la Iglesia. Pero la mayoría pierden los juicios, por
falta de pruebas al no quedar documentos de un patrimonio levantado hace siglos.
Es el caso de este alcalde (del PP) de Aldeanueva
del Codonal, un pueblo de Segovia de 130 habitantes, al que el juez le ha rechazado la demanda contra el
Obispado por registrar la Iglesia y
la ermita, construidas en su día por el pueblo (lean
aquí su carta abierta al Obispo). Tampoco avanza la Plataforma
en defensa de la Mezquita de Córdoba, con 366.000 firmas de apoyo para
que vuelva a ser de propiedad pública, que ha visto como la Dirección General
del Patrimonio (Hacienda) daba
en mayo la razón a la Iglesia ante una denuncia de un particular. Eso sí, están
dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Estrasburgo, apoyados en juristas
que opinan que las inmatriculaciones son anticonstitucionales: entran en colisión con los principios de “igualdad
ante la Ley” y “aconfesionalidad” que defiende la Constitución.
La
Iglesia argumenta que lleva
siglos cuidando de este patrimonio. Y tienen razón. Pero también es verdad
que una gran parte del patrimonio que gestionan se ha rehabilitado gracias a ayudas públicas que hemos pagado entre todos.
Es el caso de los más de 100 millones de euros públicos invertidos en los Planes nacionales
para rehabilitar 90 catedrales o el Plan nacional de
Abadías, Monasterios y Conventos, al que se han dedicado otros 100 millones
en diez años. Y luego, la Iglesia recauda mucho dinero con las visitas a estos
monumentos (8 millones anuales con la Mezquita de Córdoba), con diversos
negocios, desde alquileres de casas a
residencias, albergues, hoteles y restaurantes. Dos
ejemplos solo en Segovia: el Hotel en el Convento de San Antonio el Real
y el restaurante dentro del Palacio Episcopal (marisco con indulgencias...). Eso sí, cuando el patrimonio está en ruinas, entonces no se preocupan de
registrarlo: en 2012, el
arzobispado navarro devolvió al pueblo de Leoz tres iglesias medio
derruidas.
Mientras la pelea por
la propiedad de edificios religiosos sigue en cientos de pueblos, se
plantea la polémica de las cuentas de la Iglesia católica
en España. En 2012, el debate saltó porque la
Iglesia no
pagaba el IBI, un impuesto municipal con el que se ahorraban unos
100 millones de euros anuales. Al final, el Tribunal Constitucional avaló
en diciembre la exención del IBI, exigido por muchos Ayuntamientos,
incluso del PP. La Iglesia tiene también otros
privilegios fiscales, avalados por el Concordato de 1953 y los Acuerdos
con la Santa Sede de 1979: exenciones en el impuesto
de plusvalías, en sucesiones y transmisiones
patrimoniales y en el pago de las licencias de obras municipales (ICIO).
En paralelo ha saltado el tema de la financiación
de la Iglesia en España, donde recibe unos 5.800
millones anuales del Presupuesto. La menor parte (250 millones) es
el dinero que los contribuyentes católicos (7,4 millones) marcan en su casilla
del IRPF, algo que no pueden hacer los creyentes de otras religiones. Otros 700
millones son los sueldos del Estado a los profesores de religión. Luego está el
pago a los capellanes en instituciones públicas (25 millones), ayudas a ONGs
(91,3 millones a Cáritas y Manos Unidas), el coste de la sanidad a los
religiosos (700 millones), la rehabilitación del patrimonio de la Iglesia (13
millones) y, sobre todo, los 4.000
millones destinados a financiar la enseñanza
religiosa concertada (1.434.524 alumnos), que si no tendría que impartir la
enseñanza pública. La polémica es si todo este dinero tiene que salir del
Presupuesto o si la Iglesia católica debe
autofinanciarse, como hace en
Alemania y muchos
países. Un debate pendiente, como tantos otros.
Al final, los
impuestos y la financiación de la Iglesia es un debate recurrente, que no debe hacernos olvidar la cuestión más urgente: si se permite a
la Iglesia católica registrar
sus propiedades sin más, sin documentos, por ser vos quien sois. Y si se les da otro año largo para que legalicen el expolio de bienes públicos, de
un patrimonio levantado con el esfuerzo de pueblos y ciudades. No se trata de
poner en cuestión que
la Iglesia gestione este
patrimonio, sobre todo el vinculado a los cultos religiosos. Lo que se debate es si los ciudadanos tienen
que perder la propiedad de un patrimonio
levantado con su dinero. Y si una parte al menos de los ingresos que
reporta este patrimonio no deben ir a los ciudadanos más necesitados.
No se trata de volver
a desamortizar a la Iglesia católica ni de poner en cuestión que gestionen
iglesias, ermitas o catedrales. El tema
de fondo es que en un país
laico, la justicia y el Registro de la Propiedad debe ser igual para todos,
sin privilegios para que los Obispos. Y que no pueden expoliar una
propiedad pública, levantada con el esfuerzo de todos. Que den misa,
que cultiven la oración y la meditación, que ayuden a los demás, pero sin quedarse con nuestro patrimonio. Es inmoral.
