Pactada una reforma laboral imprescindible

Mañana, 31 de diciembre, entra en vigor la nueva reforma laboral, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, algo sin precedentes en la historia reciente. No deroga la reforma laboral impuesta por Rajoy en 2012, pero incluye cambios de fondo en la contratación y la negociación colectiva, permitiendo nuevos ERTEs en futuras crisis. Es un acuerdo de mínimos, presionado por la Comisión Europea, pero también una reforma imprescindible, porque permite acabar con la dualidad del mercado laboral (26% temporales y 74% fijos) y abre el camino a que la mayoría de los futuros contratos sean fijos, lo que favorecerá a los jóvenes y las mujeres. Y da prioridad a los convenios sectoriales, que suelen incluir mejores salarios. Ahora, la reforma laboral debe ser convalidada en el Congreso, en un mes, y los partidos nacionalistas quieren incluir cambios, que no aceptaría la patronal. Así que la reforma está todavía en el aire. Y la necesitamos para que la recuperación económica se traduzca en empleos de calidad.

Enrique Ortega

La reforma laboral ha sido un parto difícil, tras 9 meses de negociaciones a tres bandas (Gobierno, sindicatos y patronal), primero mensuales, luego semanales y al final diarias. Los sindicatos y Podemos empezaron hablando de “derogar” la reforma laboral de Rajoy, luego se pasó a “suprimir los aspectos más lesivos” y finalmente se buscó cambiar lo más urgente, presionados por la Comisión Europea, a la que se había prometido una reforma laboral antes de fin de año. Se ha buscado “un acuerdo de mínimos”, que reformara lo imprescindible: la contratación y la negociación de los convenios. Y al final, todos han cedido en sus posiciones máximas de partida. Los sindicatos porque la reforma supone un avance y la patronal porque temían que si no pactaba, el Gobierno aprobaría una reforma peor para ellos (como ha pasado con la reforma de las pensiones).

Lo más importante de esta reforma laboral es que tiene el apoyo de sindicatos y patronal, lo que facilita su cumplimiento. Un pacto entre Gobierno y fuerzas sociales que nunca se había dado antes en las 52 reformas laborales hechas en la democracia. La primera gran reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores de 1980, fue aprobado por el Gobierno de UCD con el apoyo de la patronal CEOE y UGT, pero con el rechazo de CCOO. En octubre de 1984, el gobierno de Felipe González introdujo los contratos temporales y una mayor flexibilidad laboral, con el apoyo de la patronal y UGT. En 1992, el “decretazo” de Solchaga volvió a favorecer la temporalidad y recortó el desempleo, provocando una huelga general el 28 de mayo. En 1994, el ministro Griñán aprobó en solitario otra reforma laboral (facilitando el despido y las ETTs), que desató la huelga general del 27 de enero. En mayo de 1997, Aznar aprobó otra reforma, asumiendo parte de lo pactado por las fuerzas sociales, pero con un alcance mucho menor a los cambios de 1980, 1984 y 1994. En marzo de 2001, el Gobierno del PP impone por decreto otra reforma laboral (ampliando contratos de fomento del empleo), con oposición sindical. En 2006, el Gobierno Zapatero limita el encadenamiento de contratos por decreto ley, con participación limitada de las fuerzas sociales. Y su reforma laboral de junio de 2010 (impuesta por Europa), abaratando el despido, provoca una huelga general en otoño. Así hasta febrero de 2012, en que el Gobierno Rajoy aprueba en solitario una reforma laboral (ver blog de entonces)  que abarata el despido, facilita el recorte de plantillas y la devaluación de salarios, provocando, en marzo,  la 6ª huelga general de la democracia.

Como puede verse, España lleva más de 40 años buscando una normativa laboral que afronte nuestro mayor problema económico: tenemos menos gente trabajando que el resto de Europa (1.800.000 menos de la media UE-27) y más del doble de paro (14,5% frente al 6,7% en la UE-27). Y, sobre todo, tenemos un mercado de trabajo “dual”, con dos tipos de empleados: los que tienen un trabajo fijo (74%) y un trabajo temporal (el 26%), por meses, semanas o días (un tercio, contratos de menos de una semana). Un porcentaje de temporales que casi duplica la media europea (14,1% en la UE-27) y muy superior al de Portugal (17,3%), Italia (17,1%), Francia (15,8%) o Alemania (11,2%), según Eurostat. Es el fruto de décadas en que la mayoría del empleo creado ha sido  temporal: así fueron el 89% de los contratos hechos entre enero y noviembre de 2021. Esto implica una gran precariedad para los nuevos trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, y nos hace muy vulnerables como país: cuando llega una crisis, los primeros que pierden su empleo son los trabajadores temporales. Ha pasado ahora con la pandemia y pasó entre 2008 y 2014.

Por eso, acabar con la enorme temporalidad del empleo en España es el gran objetivo de esta reforma laboral y la gran asignatura pendiente que nos pide aprobar Bruselas, a cambio de los Fondos europeos. La primera pata de esta reforma laboral de 2021, la más importante, son todos los cambios pactados en la contratación. El gran acuerdo es que, a partir de ahora, los contratos normales serán los contratos fijos y los contratos temporales serán la excepción. Sólo se permiten 2 modalidades de contratos temporales: por circunstancias de la producción o formativos. El primer tipo de contrato temporal se permitirá cuando haya circunstancias “ocasionales e imprevisibles” en una empresa que exijan contratar temporalmente más trabajadores. Sólo se podrán hacer por 6 meses, ampliables por convenio hasta un año (ahora se podían concatenar hasta 4 años). Y también se permiten para sustituir a un trabajador de baja. Y hay un tercer supuesto: contratos temporales ocasionales por picos de producción, para campañas como Navidad o rebajas, pero sólo por un máximo de 90 días en el año natural para cada puesto. El segundo tipo de contrato temporal que se permite será para formación: a jóvenes de hasta 30 años, durante los 3 meses siguientes al fin de sus estudios, por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años.

La reforma aprobada incluye una serie de “cautelas” y medidas para evitar que estas “excepciones” se conviertan en habituales. La primera, que las personas que sean contratadas incumpliendo estos requisitos durante 18 meses. en dos años serán fijas. Que los contratos temporales ocasionales tendrán un recargo en la cotización de la Seguridad Social (+26 euros) si se da de baja al trabajador antes de un mes. Que las empresas tendrán que informar a los representantes de los trabajadores, en el último trimestre de cada año, del porcentaje de temporales a contratar previstos para el año siguiente. Y sobre todo, que se aumentan las multas de la inspección de Trabajo, hasta 10.000 euros por cada trabajador ilegalmente contratado como temporal (ahora la multa era hasta 8.000 euros por empresa).

Se cierra la puerta a los contratos temporales como norma y se apuesta por el contrato fijo discontinuo para las actividades que tienen naturaleza estacional, como el turismo, la hostelería, algunas actividades agrícolas o las conserveras. Aquí, las empresas harán cada año una estimación de fechas y contratos, que entregarán a los representantes de los trabajadores. Y así, un empleado de un hotel, un recogedor de fruta o una empleada en una conservera serán trabajadores fijos pero sólo tendrán trabajo unos meses al año, un trabajo fijo de temporada, cada año. Y mientras esperan para volver a trabajar, cobrarán el desempleo. Ahora, la mayoría tienen un trabajo temporal y luego son despedidos. A partir de esta reforma, se quiere generalizar el contrato de fijo discontinuo, que sólo tienen hoy 404.354 trabajadores. Se busca que sean más, con su contrato indefinido y su paro. Y una indemnización en caso de despido como la del resto de trabajadores con contrato indefinido (entre 20 y 33 días por año), muy superior a la que tenían como temporales (12 días por año).

Otra excepción se dará en la construcción, donde desaparece el contrato temporal por obra y servicio (muy habitual) y se sustituye por un nuevo contrato indefinido por obra: al terminar la obra, la empresa está obligada a recolocarle en otra obra y formarle si fuera necesario para ese puesto, permitiendo su despido sólo en caso de que el trabajador lo rechace o no resulte adecuado para otras obras o exista un exceso de personal cualificado. Y en estos casos, se sustituye la actual indemnización (12 días) por el 7% de los conceptos salariales.

Otro cambio importante acordado trata de las subcontratas, de las que han abusado estos años las empresas para reducir costes, para contar con empleados “de fuera” peor pagados (las “kellys” o camareras de piso en los hoteles). Ahora, con la reforma, las subcontratas tendrán que aplicar el convenio de la actividad realizada (si es de limpieza, el convenio sectorial de limpieza), no el de la empresa subcontratista.

La 2ª pata de esta reforma laboral se refiere a la negociación de los convenios colectivos. Por un lado, vuelve la ultractividad (el periodo que sigue vigente un convenio caducado mientras se negocia su renovación), ahora sin límite (la reforma de Rajoy permitía la vigencia de los convenios caducados sólo durante un año), con lo que los convenios caducados estarán en vigor (y con ellos, sus subidas salariales y las condiciones de trabajo) mientras no se negocie otro. El otro cambio es muy relevante: tendrán “prevalencia” (prioridad) los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa en cuestiones salariales, no en el resto de cuestiones laborales (horarios, fijación de jornada, organización del trabajo), donde tendrá prioridad el convenio de empresa.

En general, los convenios sectoriales incluyen mejores salarios que muchos de empresa y los sindicatos los negocian, mientras no pueden hacerlo en todas las empresas. Sin embargo, la patronal ha salvado en esta reforma la primacía de los convenios de empresa para todo lo que no sean salarios, con lo que los empresarios mantienen su poder en la fijación de las condiciones de trabajo. No se toca ni el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores  (que permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo a unos pocos trabajadores o a un colectivo acotado), ni el artículo 40 (que permite la movilidad geográfica) ni el artículo 83.2 (que permite la inaplicación del convenio en algunas circunstancias). Y no se tocan tampoco las indemnizaciones por despido (que la reforma de Rajoy bajó de 45 a 33 días o a 20 para el despido procedente) ni los salarios de tramitación.

La 3ª pata de esta reforma laboral se refiere al futuro, a mantener el mecanismo de los ERTEs (que han evitando millones de despidos durante la pandemia) con un nuevo sistema de ajuste laboral, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo, que permitirá tener “aparcados” trabajadores sin despedirlos y con ayudas públicas (cotizaciones y desempleo), como se ha hecho con los ERTEs. Existirán dos modalidades: la cíclica (por 1 año), cuando se aprecie una negativa coyuntura económica general (otra crisis) y la sectorial (1 año, con 2 posibles prórrogas de 6 meses cada una), para actividades y sectores donde se aprecien procesos de cambios permanentes que exijan recualificación de sus trabajadores. En ambos casos, la decisión de aprobar el Mecanismo RED es del Gobierno y las empresas deben solicitar su inclusión en el sistema, incluyendo la reducción de jornada que soliciten, la suspensión de contratos que planteen y los planes de recualificación.

Cuando el Gobierno apruebe un Mecanismo RED, para toda la economía o para un sector, los trabajadores afectados cobrarán un subsidio (como ahora con los ERTEs) y las empresas beneficiadas disfrutarán de exenciones en las cotizaciones a la SS, del 20% (si la empresa da formación) al 90% si es “por fuerza mayor”. Y no podrán despedir a los trabajadores afectados por este mecanismo durante un tiempo (como ahora con los ERTEs). La financiación de este Mecanismo RED se hará con las cuotas del desempleo, aportaciones de los Presupuestos y fondos europeos. Este Mecanismo RED es para situaciones excepcionales, de toda la economía o de un sector. Para problemas coyunturales que tengan las empresas, se mantiene el mecanismo de los EREs, para ajustar horarios y plantillas.

Esta nueva reforma laboral entra en vigor mañana, 31 de diciembre, al publicarse hoy el Real Decreto en el BOE, aunque las empresas tienen 3 meses para adaptar sus actuales contratos a la nueva norma . Así que habrá que esperar a la primavera para ver los efectos de esta reforma laboral, que tiene la gran ventaja de que la apoya la patronal, con lo que en principio debería cumplirse.  Quizás tarde en notarse en las estadísticas de contratos, porque las empresas tienen 6 meses para acabar con el contrato temporal por obra y servicio, que supuso el 33% de los contratos temporales hechos en noviembre pasado. Cuando no se hagan, aumentarán un 33% los contratos fijos. Y otro 52% fueron contratos “por circunstancias de la producción”, que ahora habrá que hacer fijos en muchos casos. Los expertos calculan que dos tercios de los actuales contratos temporales tendrán que cambiarse de aquí al verano, reduciendo drásticamente la tasa de temporalidad. Y en pocos años, España podría acercarse a Europa en temporalidad (bajar del 26% actual al 14% o menos).

Eso exige no sólo una nueva normativa laboral, sino un gran cambio de mentalidad entre los empresarios, que llevan cuatro décadas apostando por los contratos temporales como la mejor opción para contratar. Tendrán que hacer contratos fijos de entrada, a la mayoría, con temporales como excepción. Algo por lo que deberían apostar, porque un empleado fijo se integra mejor, es más productivo, más “seguro” (hay más accidentes laborales y muertes entre los contratados temporales)  y lo invertido en su formación se queda en la empresa. Pero hecha la Ley, hecha la trampa, con lo que habrá muchas empresas que busquen vías para contratar  temporalmente de forma ahora ilegal, lo que obliga a potenciar la vigilancia y dotar de más medios a la inspección de Trabajo: hay sólo 1.852 inspectores y subinspectores, 1 profesional por cada 15.000 trabajadores, cuando en Europa, la media es de un funcionario por cada 7.300 trabajadores (y en Francia, 1 por cada 5.000).

Gobierno, sindicatos y patronal han alumbrado juntos una reforma que debería servir para crear empleo estable y decente, reduciendo la escandalosa temporalidad actual. Pero para conseguirlo, el Congreso de los Diputados debe convalidar en un mes (antes de finales de enero) el Real decreto ley que incluye esta reforma pactada. Y ya hay partidos políticos, desde los nacionalistas (ERC, PNV o Bildu) a partidos de izquierda (Más Madrid o Compromis) que han dicho en público que quieren modificar esta reforma: unos para incluir la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales (grupos nacionalistas) y otros para radicalizar la reforma y volver a los intentos de “derogar” la reforma laboral de Rajoy. Los sindicatos les piden que dejen la reforma como está y la patronal amenaza con retirarse “si tocan una coma”. Y en medio, el Gobierno, PSOE y Podemos tratan de buscar apoyos para sacarla adelante, sabiendo que el PP, Ciudadanos y Vox están en contra. Así que un acuerdo que ha costado 9 meses de duras negociaciones, está ahora en el alero.

Habría que pedir sensatez y sentido de Estado a nuestros políticos, porque es mejor una reforma pactada que cualquier reforma impuesta. Y porque la Comisión Europea ha estado detrás de toda la negociación y no aceptaría cambios extraños, con el riesgo de perder Fondos europeos. Pero sobre todo, porque millones de españoles (principalmente jóvenes y mujeres) tienen contratos precarios y esperan que eso cambie y puedan conseguir contratos y salarios decentes. Es su oportunidad. No la torpedeen.

Los Fondos europeos, en marcha

Esta semana llegará a España la 1ª remesa de Fondos europeos, 10.000 millones, que se suman al anticipo de 9.036 recibido en agosto. España es el mejor alumno de la clase de los Fondos europeos Next Generation EU: somos el primer país que presentó el Plan de Recuperación a Bruselas (30 abril), el primero al que se lo aprobaron, con Portugal (16 junio) y al primero que el Consejo aprobó el pago de Fondos (21 diciembre). Ahora, el Gobierno va contra reloj para comprometer estos Fondos (el 71% al 20 de diciembre) y aprobar reformas: la última, la reforma laboral que aprobará mañana martes. Y así habrá que seguir, invirtiendo y reformando, para cobrar los próximos 7 envíos de Fondos europeos, cada semestre, hasta 2026. Un reto difícil, sobre todo para las autonomías, que gestionarán el 60% de los proyectos, con elecciones en Castilla la Mancha y Andalucía. Hace falta eficacia y acuerdos, implicarse todos. Nos jugamos la recuperación y la modernización del país. Tiene que salir bien.

Enrique Ortega

La  llegada de los Fondos europeos a España ha sido un complejo y largo camino. Se inició el 21 de julio de 2020, cuando la Cumbre europea aprueba un Plan de inversiones para luchar contra la tremenda recesión provocada por la pandemia: el Next Generation EU, unas inversiones extras de 750.000 millones, en subvenciones y créditos a repartir por los paises para ayudar a la recuperación. Era un Plan tardío y cicatero (Estados Unidos, con Trump, aprobó en marzo la Ley Cares, con 2,2 billones de dólares de ayudas, al que se sumó, en marzo de 2021, otro Plan de estímulos de Biden, con 1,9 billones de dólares más), pero suponía un gran avance para Europa, porque apostaba por las ayudas en vez de recortes (los que sufrimos de 2010 a 2015) e incluía por primera vez la emisión de deuda europea para financiarlo.

El Plan Next Generation EU tardó en “parirse” pero más en aprobarse, por las reticencias de los paises “austeros” del centro y norte (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Alemania) y el cruce de los problemas políticos con Polonia y Hungría. Finalmente, en la madrugada del 11 de diciembre de 2020, la canciller Merkel logró que otra Cumbre europea aprobara definitivamente el Plan y las ayudas, siendo España el 2º país más beneficiado (tras Italia): 140.000 millones de euros (70.000 millones en subvenciones y el resto créditos).

El Gobierno Sánchez apostó por este Plan europeo de estímulos y ya desde julio de 2020 puso un equipo a trabajar en el Plan de recuperación español, que presentó en la Moncloa el 7 de octubre de 2020, a fuerzas sociales, instituciones y embajadores de la UE. Y en paralelo, su vicepresidenta Calviño multiplicó las reuniones en Bruselas, para ajustarse a las exigencias de la Comisión, en un intento de “trabajar sobre seguro”. Y así, a los cuatro meses de aprobarse oficialmente el Plan europeo, España fue el primer país en presentar en Bruselas su Plan de recuperación, el 30 de abril de 2021. En mayo, sólo lo habían presentado 10 paises.

El trabajo de un equipo en España de 150 personas y cientos de reuniones con la Comisión lograron que España haya sido, junto con Portugal, el primer país europeo al que el ejecutivo europeo aprueba su Plan de recuperación. Fue el 16 de junio y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen viajó personalmente a España para entregar al presidente Sánchez la evaluación del Plan español: recibió la máxima calificación posible de los servicios técnicos de la Comisión en 10 de las 11 variables analizadas. El resultado del análisis “ha sido excelente”, según la Comisión, quien destacó que España “ha puesto en marcha una infraestructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento”.

Este “aprobado con nota” del Plan español se confirma un mes después, el 3 de julio, en la reunión de los ministros de Economía de los 27. Y con ello, el 17 de agosto llega a España un anticipo del dinero europeo: 9.036 millones. El Gobierno y la Comisión siguen negociando, unos exigiendo reformas y proyectos, y otros aprobándolas. Y así se llega a otra fecha crucial,  el 3 de diciembre de 2021: la Comisión Europea avala las reformas del Plan de recuperación español y autoriza el primer pago formal de 10.000 millones de euros, tras constatar el cumplimiento de los 52 primeros compromisos contemplados en el Plan (entre ellos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación , la Ley del Teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el decreto sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, el Plan de digitalización de las pymes, la creación del Comité de expertos para la reforma fiscal, la creación del Instituto para la Transición Justa…)

Otra vez más, la presidenta europea alaba el trabajo de  España en este tuit, donde destaca que la entrega de fondos se debe a que “España ha trabajado mucho en la implementación del Next Generation EU. Y vendrán más”. Y el comisario europeo Gentiloni declara que “en estos tiempos de incertidumbre enviamos una señal de confianza en la puesta en marcha del ambicioso Plan de España para conseguir un crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible”. Con estos avales, el siguiente paso ha sido un mero trámite: el 21 de diciembre pasado, el Comité Económico y Financiero del Consejo europeo (los 27) emitió un dictamen favorable (el 1º que emite) para el desembolso del primer pago de 10.000 millones a España, unos Fondos que se transferirán antes de fin de año.

Estos primeros Fondos europeos (los 10.000 de ahora más los 9.083 del anticipo de agosto) ya están “apalabrados”, porque el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2021 una partida de 24.198 millones con cargo a los Fondos Europeos, de los que casi el 60% corresponden a proyectos que van a gestionar las autonomías (11.247 millones). El Gobierno, y en especial el equipo de Economía y Hacienda que impulsa el Plan han tratado de acelerar los proyectos que van con cargo a los Fondos europeos, sobre todo este mes de diciembre. Y a fecha 20 de diciembre, está autorizado el 78% del gasto y comprometido el 71%, según el balance hecho por la vicepresidenta Calviño en la comisión mixta Congreso- Senado. Y será más para fin de año, aunque el Gobierno se ha cubierto, aprobando en los Presupuestos 2021 una disposición que permite ejecutar en 2022 lo que no se comprometa ahora.

El gran tirón en los proyectos europeos se dará en 2022, donde el Presupuesto contempla otros 26.900 millones con cargo a los Fondos europeos. Las principales partidas serán el Plan de choque para la movilidad sostenible (1.124 millones de euros) y el Plan de rehabilitación de vivienda (1.389 millones), junto a la financiación de una serie de Planes estratégicos (PERTEs): el PERTE VEC para el vehículo eléctrico (3.000 millones: el primer PERTE aprobado por Bruselas a un país, el 9 de diciembre), el PERTE para la salud de vanguardia (aprobado el 30 de noviembre, el PERTE de energías renovables (aprobado el 14 de diciembre), el PERTE del español, el de la cadena agroalimentaria, de la industria aeroespacial y el de la Economía social de los cuidados (pendientes de aprobarlos el Gobierno y luego Bruselas).

En total, España tiene derecho a 69.512.589.611 euros de Fondos europeos (esa es la cifra exacta) hasta 2026 (España quiere adelantar el cobro del 80% de las subvenciones a 2021,2022 y 2023). La Comisión Europea ya ha hecho un anticipo y un primer pago, pero no hará los 7 restantes (semestrales) hasta que España demuestre que invierte bien y que hace las reformas pactadas. Y así, semestre a semestre, aunque el control es diario, telemático: España y la Comisión han establecido un sistema bilateral de seguimiento, que se completa en España con un sistema de seguimiento estatal (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).

La Comisión Europea quiere ser muy estricta con el seguimiento y control de las ayudas europeas, para afrontar la desconfianza de los paises austeros sobre la Europa del sur. Y Bruselas está utilizando a España para demostrar su firmeza, para marcar el camino a los demás paises, lo que ha endurecido los requisitos y retrasado las aprobaciones. Pero ahora, la Comisión confía en los mecanismos de seguimiento y control puestos en marcha. Y cree que España va a cumplir, aunque el reto de gestión es enorme: esos 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos son tantos en 6 años como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100.

Para afrontarlo, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto que pretendía modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Y dicen que han reforzado los equipos de algunos Ministerios, para asegurar el gasto. La mayor duda está en las autonomías, que han de gestionar el 60% de los Fondos europeos, algunas con poca experiencia y recursos para gestionar grandes proyectos. Y con la batalla política por medio, que se agudizará en 2022 con las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Urge unir fuerzas entre la Administración central y la autonómica (y local: en 2021 gestionarán 3.000 millones de Fondos europeos). Y contar en todos los casos con la colaboración de las empresas (y los sindicatos), para que los proyectos se ejecuten en fecha y forma. Porque si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España.

Y no se trata sólo de gastar bien los Fondos europeos, sino de cumplir también con las 170 reformas prometidas a Bruselas, para modernizar nuestra economía. De momento, el calendario se va cumpliendo (a costa de poner dos Consejos de Ministros por semana) y el último avance es la reforma laboral pactada el jueves entre Gobierno, patronal y sindicatos, que ahora debe aprobar Bruselas, como también la reforma de pensiones, aprobada el pasado miércoles en el Senado.

Por una vez, España es el alumno aplicado de Europa y la Comisión Europea nos pone como ejemplo, a pesar de las críticas constantes del PP, que primero habló de “opacidad y falta de transparencia” en el Plan de recuperación y que ahora le reprocha a Sánchez “tacticismo electoral”, personalizando sus ataques en Nadia Calviño, la responsable de la buena marcha del Plan y nuestra mejor “garantía” para Bruselas (por cierto, señor Casado: su prestigio en la UE acaba de llevar a Nadia Calviño a ser elegida presidenta del Comité responsable de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI) . Sería importante que el PP y las autonomías que gobiernan colaboraran a tope y sin reticencias en la puesta en macha del Plan de recuperación y en las reformas exigidas. Nos beneficiaría a todos.

España se juega mucho con la puesta en marcha del Plan de recuperación y sus reformas. Por un lado, este enorme esfuerzo inversor va a ayudar a la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo esperado por el repunte de la pandemia pero que es mayor de lo que algunos dicen, como acaba de confirmar el INE: el crecimiento de España en el tercer trimestre fue del 2,6% (no el 2% que avanzó en octubre), por encima del crecimiento europeo (+2,1% la UE-27 y +2,2% la zona euro) y de Alemania (+1,7%), según Eurostat. Y aunque España fue el país que más cayó en 2020 (-10,8%), también se espera que sea el país europeo que más crezca en 2022 (al menos +6%).

Pero el principal objetivo del Plan de recuperación y reformas es modernizar la economía, aprovechar los Fondos europeos para reformar nuestro sistema productivo, como se hizo a finales de los años 80 con el ingreso de España en la CEE (1986). Podemos dejar de ser un país de bares, hoteles y turistas para intentar convertirnos en un país más competitivo, con más industria, más tecnología, empresas más grandes y competitivas, aprovechando las fuertes inversiones previstas en la transición ecológica (39% del Plan), la transformación digital (29%), la educación y formación (10%), la Ciencia e investigación (7%) y las inversiones en infraestructuras y cohesión territorial (15%). Conseguir en unos años “otra economía”, más productiva, que cree más empleo y riqueza, que sea menos vulnerable ante la próxima crisis. Es una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Tiene que salir bien.

Una Navidad más desigual

Otra vez estamos en las fiestas de Navidad, el epicentro del consumo anual, con las calles y tiendas llenas, igual que restaurantes, espectáculos y hoteles. A pesar del preocupante repunte de la pandemia, los españoles han recuperado las ganas de disfrutar y gastar, más estas Navidades que las de 2019, según varios estudios, sobre todo en regalos, comidas y viajes. Pero ojo, uno de cada tres españoles va a gastar menos, porque no ve claro el futuro o porque la pandemia ha mermado su economía. No podemos olvidar que hay más pobres que antes de la pandemia: 11 millones de personas vulnerables, según Cáritas, 6 millones de ellos en pobreza severa. Y en cambio, también hay más ricos. Así que esta Navidad será aún más desigual, con unos viajando al Caribe y otros a las colas del hambre (un millón y medio de familias). No es demagogia ni ser “cenizo”, sólo realista. Disfrutemos de la Navidad, pero ayudemos a los que lo están pasando mal. Cuídense. ¡Feliz Navidad!

Enrique Ortega

La pandemia ataca otra vez con virulencia, pero la mayoría de españoles quieren olvidarlo y celebrar la Navidad con más gasto. Se ve en las riadas de gente con bolsas por calles y centros comerciales, la compra de comida, la búsqueda de regalos, las reservas en restaurantes y lugares de ocio o los viajes. Tenemos más contagios que la Navidad pasada, pero la mayoría estamos vacunados y eso nos da cierta seguridad para salir y disfrutar, tras casi dos años de dura pandemia. Y muchos pueden gastar más, porque han ahorrado, siempre que no hayan perdido el trabajo o la empresa. Todo esto lleva a que esta Navidad aumentará el gasto de los españoles, incluso superando a la Navidad de 2019, antes de la pandemia.

Es lo que refleja el estudio del gasto navideño que realiza desde hace 17 años la consultora Deloitte: los hogares españoles gastarán esta Navidad una media de 631 euros, un 14% más que en 2019. Aunque la cifra de gasto parece baja, lo importante es que refleja una tendencia de mayor gasto. Eso sí, el estudio refleja también un gasto desigual: un 62% de los consumidores gastarán más, porque tienen más ahorro,  y otro 38% gastarán menos, básicamente porque se han reducido sus ingresos, por la incertidumbre ante la pandemia y por la fuerte subida de precios. La misma tendencia indica otro estudio de Cetelem: el gasto esta Navidad (531 euros por persona, más “creíble”) será un 11% superior al de antes de la pandemia, a la Navidad de 2019, aunque sólo un 23% de españoles gastarán más, un 21% gastará menos y el 56% restante gastará lo mismo.

La organización de consumidores OCU hace cada año una encuesta sobre el gasto navideño y la de esta Navidad 2021 refleja un gasto por persona de 641 euros, un 22% más de gasto que en 2020 y casi el gasto de 2019 (655 euros). La encuesta también refleja lo que las demás: que aunque parezca que todos vamos a gastar más, sólo lo hará el 25%, mientras que un 17% de personas van a gastar menos y la mayoría (59%) igual. Algo más de la mitad del gasto navideño se irá en regalos (348 euros por persona), seguido de lejos por el gasto en comidas familiares (97 euros), viajes (80), lotería (61), comidas con compañeros de trabajo (31) y fiestas fuera de casa (24 euros por persona de media).

Mucho de este gasto se ha hecho ya en el Black Friday y el resto se ha adelantado, por temor al desabastecimiento y las subidas de precios. Y más de la mitad de las compras navideñas son ya online, disparándose el pago con tarjeta: en noviembre (Black Friday), el gasto con tarjeta en España fue un 40% superior al de noviembre de 2019, según BBVA Research. Esta generalización del pago con tarjeta está permitiendo mayores ingresos por comisiones a los bancos y preocupa el crecimiento de las tarjetas “revolving”, esas tarjetas que incorporan un crédito que permite pagar en plazos lo gastado esta Navidad (no todo al mes siguiente, como el resto). Con ello, los consumidores que las usan están pagando un interés elevadísimo: era del 18,8% en julio y ahora los bancos lo han subido al 20,17%.

La imagen “navideña” de millones de personas comprando y tirando de tarjeta de crédito encubre otra realidad: la de millones de españoles que lo están pasando mal, peor tras la pandemia, y que no pueden lanzarse a la fiebre consumista. Aunque no lo parezca, son muchos. Exactamente, 12.495.120 españoles estaban a finales de 2020 en riesgo de pobreza o exclusión social, según la definición europea de la tasa AROPE, que incluye los que tienen bajos ingresos, carencias materiales severas o subempleo. Son el 26% de la población española, frente al 21,9% de europeos que están en esa situación de pobreza o exclusión social (96,5 millones), lo que coloca a España en el 4º lugar del ranking de pobreza y exclusión social, sólo por detrás de Rumania (35,8%), Bulgaria (33,6%) y Grecia (27,5%), según Eurostat. Y si miramos sólo a los que tienen bajos ingresos, los que ganan menos del 60% de la media española (9.626 euros al año un soltero y 20.215 euros una familia con dos niños), resulta que en España hay 9.939.300 personas “pobres” (el 21% de la población), que con esos ingresos tienen muy difícil “gastar con alegría esta Navidad” (y sobrevivir día a día). Son cifras oficiales (INE) de finales de 2020, 142.000 pobres más que la Navidad de 2019. Y habrán aumentado otra vez en este año 2021.

La alegría consumista de la Navidad también encubre que hay muchas familias que no son oficialmente pobres (ganan más de 20.215 euros) pero que tienen apuros económicos, incluso teniendo trabajo. Así, la última Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) refleja que un 10% de los españoles (4.740.000 personas) llegan a fin de mes “con mucha dificultad , que un tercio largo (el 35,4%) de las familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos, que un 13,5% se retrasa en el pago del alquiler o los recibos, que un 10,9% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada (el dato es de 2020, antes de dispararse el recibo de la luz) y que un 5,4% no se puede permitir comer carne o pescado cada 2 días…

Esta es la realidad de los datos oficiales, aunque muchas de estas familias se endeuden o “hagan maravillas” para gastar esta Navidad. Eso sí, enfrente hay españoles y familias que viven cada año mejor y gastan sin problemas. De hecho, la pandemia ha hecho que haya más ricos y con más ingresos: las 100 mayores fortunas de España han aumentado su patrimonio un 17% en 2021, según la revista Forbes. Y esto acrecienta la desigualdad, que es muy escandalosa, según el reciente informe del Word Inequality Lab, centro coordinado por el economista francés Thomas Piketty: el 10% más rico concentra el 57,6% de la riqueza española, más de 8 veces la riqueza del 50% más pobre (6,7% del total). Y sólo el 1% más rico tiene el 24,2% de toda la riqueza en España, más que el 40% de en medio (que concentra el 35,8% de la riqueza total). Y ese  1% más rico ha aumentando su trozo del pastel desde 2013 (tenían el 21,1% de la riqueza total del país).

El problema ya no es sólo que vivimos en una sociedad dual, con una minoría de ricos cada vez más ricos y unos pobres cada vez más pobres, sino que no están funcionando los sistemas públicos para reducir las desigualdades (impuestos, ayudas sociales, transferencias e inversiones públicas) y que la pobreza se está haciendo crónica y se hereda. Así, el 30% de los españoles adultos en riesgo de pobreza vivieron en una familia con una mala situación financiera cuando tenían 14 años y de los que vivían en familias con recursos, sólo el 16,6% viven ahora en situación de pobreza, según un reciente estudio de Eurostat, que sitúa a España como el 4º país que más sufre este problema de “pobreza heredada” (tras Bulgaria, Rumanía e Italia). Y otro dato llamativo: la pobreza también depende del nivel educativo de los padres: el 22,9% de los pobres actuales tienen padres con bajo nivel educativo, el doble de pobres (11,4%) que tienen padres con más estudios. Aquí, España es el 7º país de Europa con la mayor brecha de oportunidades por la educación.

Bueno, son datos impactantes, que no pretenden “amargar la Navidad”, sino recordar que 1 de cada 4 españoles lo está pasando mal y habría que tenerlo presente estos días, más que nunca. “Esta Navidad, cada portal importa”, es el lema de la campaña de Cáritas, que nos recuerda que hay portales, vecinos, con problemas para comer, pagar el alquiler o los recibos y llegar a fin de mes. De hecho, Caritas atiende a 2,8 millones de personas, mientras la Cruz Roja tiene a otros 1,7 millones en sus programas sociales. Y hasta 1,5 millones de familias reciben comida de los Bancos de alimentos. Es esa otra España que muchos quieren olvidar, pero que está ahí y necesita nuestra ayuda, más incluso en Navidad.

Estas fiestas son fechas de buenos propósitos, pero la España que lo pasa mal necesita medidas, no promesas ni palabras. Un tema clave a mejorar es el ingreso mínimo vital, que no está funcionando como denuncia Cáritas y todas las ONGs: sólo se ha concedido al 18,6% de las familias en pobreza severa y casi a la mitad se le ha denegado, por un exceso de requisitos mal diseñados. El dato es revelador: sólo había 362.017 solicitudes aprobadas (con 824.441 beneficiarios) a fecha 3 de diciembre, menos de la mitad de los 850.000 previstas por el Gobierno. Ahora se espera que los beneficiarios aumenten, al haberse aprobado ya en el Congreso la nueva Ley, que introduce mejoras: se mirarán los ingresos del año en curso (no los de antes de la pandemia), se elevan los umbrales de ingresos y se reduce de 12 a 6 meses la antigüedad de la unidad de convivencia. Además, se ha puesto en marcha el registro de mediadores, que permitirá a las ONGs acreditar la idoneidad de los potenciales beneficiarios. Y ya está aprobado el complemento por hijo, de 100 a 50 euros al mes.

Otro cambio que urge es modificar la Ley de subvenciones, como piden los gerentes de servicios sociales, para simplificar y reducir los trámites que se exigen para cobrar las ayudas básicas (para comida, ropa y pago del alquiler) que conceden los servicios sociales de los Ayuntamientos y que se retrasan ahora hasta 2 meses, por exceso de burocracia. Sería un cambio muy importante porque hablamos de 1 millón de ayudas que se solicitan cada año, con una cuantía media de 184 euros por ayuda.

Y queda afrontar el grave problema de la pobreza infantil, que afecta a 2,2 millones de niños y adolescentes en España (el 28,3% de los menores sufren pobreza y exclusión social), según Save the Children, lo que nos coloca como el tercer país europeo con más pobreza infantil, tras Rumanía y Bulgaria. La Comisión Europea lleva años llamándonos la atención y el Gobierno Sánchez les ha prometido presentar un Plan antes del 15 de marzo de 2022, para destinar 779 millones a luchar contra la pobreza infantil, 527 de ellos serán Fondos europeos. El objetivo es reducir a la mitad la pobreza infantil (de 2,2 a 1,1 millones)… para 2027.

Junto a estas medidas urgentes, es prioritario que toda la política económica y social, que la ansiada recuperación busque reducir la pobreza y la desigualdad, un grave problema antes que ahora ha agravado la pandemia: tenemos 11 millones de personas en situación vulnerable y de exclusión social, 2 millones más que en 2018, según el último informe Foessa presentado por Cáritas en octubre. Y de ellos, 6 millones de personas están en situación de pobreza severa. Un problema no sólo social, también económico (lastra el consumo y con ello el crecimiento y la recaudación) y político (su desapego desarma la democracia y alienta los populismos y extremismos). Por  eso no podemos olvidarles nunca: sin ellos no se puede construir un futuro estable. Tampoco les olvidemos esta Navidad: no son sólo los que piden en los semáforos, pueden ser nuestros vecinos. Ayudémosles si podemos. Y cuidémonos mucho frente al COVID ¡Feliz Navidad!

Salvar la Navidad a costa de contagios y muertos

La 6ª ola de la pandemia avanza imparable: los contagios se han multiplicado por 12 en los últimos dos meses y se han duplicado en 2 semanas. España está en "riesgo muy alto". Y la Agencia de Salud Pública europea (ECDC) alertó el jueves de “una explosión de casos en las próximas semanas”: los contagios podrían saltar de los 511 actuales a más de 1.000 a finales de enero, superando todas las olas anteriores. Por eso, el ECDC pide a los paises medidas para reducir contactos sociales, preparar los hospitales para una avalancha y acelerar la vacunación. Pero en España, nadie quiere tomar medidas excepcionales, como reducir aforos y reuniones esta Navidad, por temor al “efecto Díaz Ayuso” (coste político) y para no “frenar la recuperación”. Sabemos lo que costó “salvar la Navidad” en 2020: un millón de contagios y 10.680 muertos. Ahora, con la variante ómicron (más contagiosa) y 3,65 millones españoles sin completar la vacunación, “salvar la Navidad” 2021 podría costarnos 3.000 muertos más. ¿Compensa?

Enrique Ortega

La pandemia en el mundo sigue estabilizada, con un ligero alza de contagios desde finales de octubre, hasta los 4,52 millones la última semana. Son ya 274,71 millones de contagiados por COVID 19 en 193 paises, el 3,5% de la población mundial, según la Universidad John Hopkins. Por continentes, América lidera los contagios (99,11 millones), pero se acerca Europa (93,60 millones), quedando lejos el sudeste asiático (44,79), Mediterráneo oriental (16,97), Pacífico (10,75) y África (6,71), según la OMS. Por paises, Estados Unidos encabeza el ranking, con 50,84 millones de contagios, seguida por India (34,74) y Brasil (22,21) más Reino Unido (11,42 millones), Rusia (10,03), Turquía (9,17), Francia (8,73), Alemania (6,81), Irán (6,17), España (5.455.527 contagios), Argentina (5,38), Italia (5,38), Colombia (5,10), Indonesia (4,26), Polonia (3,95 millones) y México (3,93).

Los muertos por la pandemia son muy elevados (5.354.588 fallecidos, el 1,95% de los contagiados), pero también se han estabilizado a la baja desde mediados de octubre, con 47.596 muertos la última semana, según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad se han producido en América (2.378.490 muertos por COVID 19), seguida de Europa (ya sumamos 1.619.560 fallecidos) y, a distancia, el Sudeste asiático (716.076), Mediterráneo oriental (312.896), África (154.185) y el Pacífico (149.799), según la OMS. Por paises, el líder sigue siendo EEUU (806.438 muertos), junto a Brasil (617.803) y la India (477.554), seguidos de México (297.863 fallecidos), Rusia (291.336), Perú (202.225), Reino Unido (147.679), Indonesia (144.002),  Italia (135.641), Irán (131.083), Colombia (129.458), Francia (122.478), Argentina (116.903), Alemania (108.356),  Polonia (91.485) y España (88.708 muertos hasta el viernes).

Europa ha sido el continente donde más ha avanzado la pandemia en las últimas semanas, con una incidencia media de 814 contagios por 100.000 habitantes (a 14 días). Los contagios están disparados en Reino Unido (1.153 contagios), donde la nueva variante ómicron es dominante, e Irlanda (1.283 contagios)  pero también en Chequia (1.760), Bélgica (1.690), Suiza (1.502) o Paises Bajos (1.497contagios). Y la incidencia es muy elevada en Francia (1.025 contagios por 100.000 habitantes), Alemania (835 contagios y 437 muertos diarios), Polonia (808 contagios) y Austria (754),. Con una incidencia alta pero menor están Portugal (548 contagios), España (511 contagios por 100.000 habitantes el viernes) e Italia (410), que siempre tenía más incidencia pero que ahora tiene menos), siendo los paises con menos contagios Rumanía (68) y Suecia (344), según Sanidad.

España es todavía el 4º país europeo con menos incidencia del coronavirus, pero el salto en los contagios ha sido espectacular: se han multiplicado por 12  en los dos últimos meses (desde que se inició esta 6ª ola, el 15 de octubre, con 40,85 contagios por 100.000 habitantes y se han duplicado en las últimas 2 semanas (eran 248 el 3 de diciembre). Con ello, España está ya en riesgo “muy alto” (más de 500, según el nuevo semáforo de Sanidad) y tenemos en este nivel extremo a 12 autonomías, donde viven 18,5 millones de españoles, el 40% de la población. Entre ellas, destacan 3 autonomías con los contagios disparados: Navarra (1.359 contagios por 100.000 habitantes), País Vasco (1.038), Aragón (843). Y otras 9  autonomías superan también los 500 contagios: Castilla y León (703), Ceuta (699), La Rioja (698), Asturias (657), Melilla (619), Baleares (592), Comunidad Valencia (563), Murcia (538) y Galicia (512). Están en riesgo “alto” (de 300 a 500 contagios) Cataluña (483), Madrid (482, tras triplicarse los contagios diarios en la última semana), Cantabria (436), y Canarias (425). Y sólo están en riesgo “medio” las 3 autonomías restantes: Extremadura (331), Andalucía (286) y Castilla la Mancha (245 contagios por 100.000 habitantes).

Estos contagios son los detectados “oficialmente”, con las pruebas PCR o test comunicados a las autoridades sanitarias (1.155.232 pruebas la última semana, un 30% más que hace dos semanas). Unas pruebas que varían mucho según las autonomías: Navarra, líder en contagios detectados, es también la región donde se hacen más pruebas: 4.707 por 100.000 habitantes, el doble que la media española (2.456) y más del doble que Madrid (2.199 pruebas, menos de la mitad PCRs, 66.487 semanales, una cifra de las más bajas en toda España). Pero algunos expertos creen que la cifra real de contagios puede ser mayor de lo que refleja Sanidad, porque se hacen más pruebas “particularmente”, personas que compran un test en las farmacias (se agotan periódicamente, por haberse disparado la demanda) y no comunican el resultado, bien porque los Centros de salud están colapsados (no cogen el teléfono) o bien porque no quieren confinarse (o lo hacen en silencio).

Otro problema es que no se hace un trabajo de rastreo de muchos de los nuevos contagios (el 37,4% son “casos sin contacto”, según Sanidad), sobre todo en las regiones donde se han disparado, porque las autonomías siguen con poco personal, aunque algunas han vuelto a pedir rastreadores militares. Y cuando se rastrea, es con poco éxito (se detectan 2 contactos de media, 3 en algunas regiones). Eso está permitiendo una tremenda “transmisión comunitaria”, descontrolada, con un porcentaje “oficial” de positivos del 12,52% (1 de cada 8 pruebas da positiva), que se dispara en Aragón (19,13% de positivos), Navarra (18,49%),  Comunidad Valenciana (17,71%) y Castilla y León (16,50%), según Sanidad.

Los contagios se están concentrando en los grupos de edad menos vacunados: los niños (705 contagios por 100.000 habitantes en los menores de 11 años) y sus padres (631 contagios entre 20 y 29 años, 621 entre 40 y 45 y 614 entre 30 y 39 años), siendo mucho menores los contagios entre adolescentes (342 entre 12 y 19 años y mayores de 70 años (208 entre 70 y 79 y 163 entre los mayores de 80 años), quedando entre medias los de 50 a 59 años (448 contagios) y los de 60 a 69 años (454 contagios), todos por debajo de la media.

Lo preocupante de la pandemia no es sólo que se hayan disparado los contagios sino que se han disparado también las hospitalizaciones y los enfermos en UCI, la mayoría personas sin vacunar, pero también vacunados mayores con patologías previas. El viernes había ya 6.667 enfermos hospitalizados por COVID, según Sanidad, más del triple que hace un mes (2.180 el 15 de noviembre). Eso supone que los enfermos COVID ocupan ya el 5,35% de las camas hospitalarias, aunque el porcentaje es mayor en País Vasco (7,92%), Aragón (7,40%), Cataluña (7,10%) y Baleares (7,08%). Peor están las UCIs, con 1.306 enfermos el viernes, el triple que hace un mes (427), con un 14% de camas ocupadas por enfermos UCIS graves, una ocupación que salta al 25,22% en Cataluña (1 de cada 4 enfermos en UCI es por COVID), País Vasco (22,54% de camas), Navarra (20,34%), Castilla y León (19,67%) y la Comunidad Valenciana (19,11% camas UCI ocupadas por enfermos COVID).

Otro rasgo destacado en las últimas semanas es el aumento de muertes por COVID: 327 fallecidos en la última semana (viernes 10 al viernes 17 de diciembre), según Sanidad, cuando en la anterior murieron 222, en la anterior 204 y en la última semana de noviembre “sólo” hubo 145 muertos por COVID. Las autonomías con más muertos COVID son la Comunidad valenciana (36 la última semana),  Andalucía (22), Castilla y León (21), Galicia (18),  Asturias  y Canarias (15), Aragón y Madrid (14). Otro dato preocupante es el repunte de  contagios (de 253 a 545 semanales el último mes) y  muertes (de 6 a 28 semanales) en las residencias de ancianos, aunque todos estos mayores tienen las tres dosis de la vacuna.

Con este panorama, preocupan las próximas semanas y las fiestas de Navidad. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) lanzó una alerta el jueves 16, vaticinando “una explosión de casos durante las próximas semanas” debido a la mayor transmisión de la variante ómicron (“se expande a un ritmo nunca visto antes”, ha advertido el director general de la OMS) y a su capacidad de escapar de las defensas desarrolladas por las vacunas. A lo claro: el virus se contagia ahora mucho más y es más resistente a las vacunas. Por ello, el ECDC advierte que puede venir “una gran ola”, mayor que todas las conocidas hasta ahora, porque temen un crecimiento exponencial de los contagios.  Y por eso, piden a los paises europeos tres cosas: reforzar el uso de mascarillas y medidas de protección (evitar reuniones masivas, reducir los contactos sociales, extender el teletrabajo, aumentar las pruebas diagnósticas y rastrear al máximo los positivos), preparar a los hospitales para acoger una ola de enfermos y acelerar las vacunaciones.

En España, nadie parece darse por enterado y tanto el Gobierno como las autonomías no quieren tomar medidas excepcionales para frenar esta avalancha de contagios, como han hecho en Alemania, Italia, Francia y sobre todo Paises Bajos (han impuesto un confinamiento estricto hasta el 14 de enero). Aquí no hay directrices para todo el país (salvo la mascarilla en interiores y la recomendación de distancia social, ventilación y limpieza de manos) y sólo algunas autonomías han aprobado exigir el “pasaporte COVID” para entrar en restaurantes y locales de ocio, con permiso de los Tribunales. Pero nadie quiere aprobar otras medidas más duras, como volver a los aforos y restricción de horarios en hostelería, hoteles y comercios. Ni restringir a 10 personas los encuentros sociales (como la Navidad pasada). Todos los políticos sufren “el síndrome Díaz Ayuso” y temen que si ponen medidas restrictivas pierdan votos. Y el Gobierno no quiere promover más restricciones para no poner en peligro la recuperación, su gran baza política.

Todos insisten que la solución es vacunar, vacunar y vacunar. Es verdad, pero ninguno reconoce que el ritmo de vacunaciones se ha frenado. Y, sobre todo, que todavía hay demasiados españoles sin vacunar, aunque tengamos un porcentaje de vacunados muy superior al del resto de Europa: el 79,6% de los españoles tiene puestas las 2 dosis. Pero todavía falta inmunizar a muchas personas, que son donde se refugia el virus: hay 3.656.853 españoles sin poner las 2 dosis, según se deduce de los datos de Sanidad. La cifra sólo ha bajado en 193.516 personas desde el 25 de noviembre. Los más preocupantes son las 153.916 personas con más de 60 años que faltan de inmunizar, porque son los principales candidatos a acabar en una UCI. Y hay otros 1.336.777 españoles más entre 40 y 60 años sin inmunizar totalmente. El resto, otras 2.166.160 personas, son españoles entre 12 y 40 años que tampoco tienen puestas las 2 dosis. Y a todo esto hay que añadir a los niños (3,3 millones de 5 a 11 años), cuya vacunación acaba de empezar.

Estos datos, de los que casi nadie habla, exigen un Plan para repescar a los no vacunados, con medidas para convencerles que inicien o completen su vacunación (campañas, llamadas, trabajo sanitario en los colectivos y zonas más afectados…) y medidas para forzar a vacunarse a los colectivos estratégicos, como acaba de hacer Baleares con los sanitarios y personal de residencias. Incluso la patronal CEOE está a favor de obligar a la vacunación a los trabajadores, porque son un riesgo sanitario…y económico. El debate se ha planteado ya en Italia (es el primer país occidental que ha aprobado la vacunación obligatoria de los trabajadores, tras imponerlo antes a sanitarios y profesores) y en Alemania o República Checa (impondrán la vacunación obligatoria a los sanitarios en marzo), siendo muchos los paises europeos que imponen restricciones a los no vacunados. En Francia, más de 15.000 sanitarios han sido ya sancionados por no vacunarse antes del plazo del 15 de octubre.  Pero este debate se evade en España, porque Gobierno y autonomías temen “el efecto Ayuso” : las imposiciones restan votos y lo popular es defender “la libertad”… para que cualquiera pueda contagiarnos.

Así que España desoye las recomendaciones del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC): ni más restricciones, ni medidas para reforzar los hospitales (donde encima hay menos personal por contagios de cenas y vacaciones) ni acelerar la vacunación de los no vacunados (por las buenas o por las malas). Todos a mirar para otro lado, para “salvar la Navidad”, como si no amenazara “la gran avalancha de contagios” de la que advierte el ECDC. Otra vez el falso dilema “salud o economía” : si se disparan los contagios, se frenará la recuperación. 

Pero recapacitemos de lo que estamos hablando. Sabemos lo que nos costó “salvar la Navidad” en 2020: 1 millón de contagios y 10.680 muertos, según los datos de Sanidad (15 diciembre-31 enero). Ahora, a la vista de lo que ha pasado las últimas dos semanas y sabiendo que queda lo peor, los contagios de Navidad, Fin de año y Reyes, me arriesgo a estimar el coste de “salvar la Navidad” de 2021, aunque la mayoría estemos vacunados: más de 1 millón de nuevos contagios hasta finales de enero, 90.000 hospitalizados  y 3.000 muertos más. ¿Compensa?