El negocio de la muerte: la "burbuja" funeraria

Este fin de semana recordamos a nuestros difuntos, una ocasión para conocer los entresijos del sector funerario en España. El negocio “más seguro”: cada día mueren 1.188 personas, un 50% más que hace 45 años. Y con futuro: en 2050 habrá 548 muertos más al día. Esto propicia que las grandes empresas de servicios funerarios hayan creado una “burbuja” de tanatorios (casi 6 plazas por cada muerto diario) y crematorios: hay tres por cada incinerado y tenemos el 45% de toda Europa. Este exceso de oferta y costes, más la concentración de las funerarias (las 5 grandes controlan un tercio de los funerales) han encarecido los funerales, con un coste entre 3.700 y 5.000 euros, que alimentan el negocio junto a los “seguros de decesos”, el 2º más popular: hay 22,2 millones de españoles que pagan por su futuro entierro, a pocas aseguradoras, que también controlan las funerarias. Un negocio con poca competencia y transparencia, sin una Ley y regido por un Decreto de 1974.

                           Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio “seguro” y con gran “futuro”. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población (hoy, 3 millones de españoles tienen más de 80 años, el 6,20% de la población, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84 años en 2025). La consecuencia es que las defunciones han aumentado un 50% en los últimos 45 años, saltando de 289.344 fallecidos en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012, 493.796 en 2020 (por el COVID) y 433.547 en 2024 (y 303.935 este año, hasta finales de agosto, según el INE). Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.188 en 2024.

Pero además de que ha aumentado un 50% la mortalidad y los entierros, las previsiones apuntan a que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de media en 2061) y el envejecimiento de la población (el 13% de los españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que ahora). La estimación del INE para los años 2030-50 es que haya 483.250 muertes en 2030, 549.250 en 2040 y 633.580 fallecidos en 2050 (200.000 más que en 2024). Y que la mortalidad siga creciendo, hasta alcanzar un máximo de defunciones en 2065: 707.570 fallecidos dentro de 40 años, 1.938 muertos al día (casi el doble de los 1.188 de 2024).

Con estos datos, es normal que muchas empresas e inversores (incluso Fondos extranjeros) se hayan apuntado en las últimas décadas al “negocio de la muerte”, a ofrecer servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el “boom” de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y después, las aseguradoras. Y así, ahora nos encontramos con una “burbuja funeraria”, miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.

Actualmente, hay en España 2.525 tanatorios (100 más que en 2016), con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los últimos datos (2023) de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,9 salas por cada persona que fallece al día (1.188 en 2024), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la “sobrecapacidad” de los crematorios disponibles: había 537 hornos crematorios en 2023 (eran 380 en 2016), según Panasef, con una capacidad de hacer 1.549 incineraciones al día. Y eso supone el triple de la actual demanda, dado que en España se realizan unas 570 incineraciones al día (al 47,78% de los fallecidos en 2023, cuando sólo se incineraban el 16% de los muertos en 2005). Esta “burbuja” de hornos crematorios, fomentada por las funerarias, lleva a que España acapara casi la mitad de los crematorios de Europa (el 45% del total), casi duplicando los de Reino Unido (315), duplicando con creces los de Francia (206), triplicando los de Alemania (164) y multiplicando por 6 los crematorios de Italia (87). Y sólo Madrid (33) tiene más crematorios que toda Bélgica (21), Portugal (20) o Austria (15).

Estos tanatorios y crematorios han aumentado su facturación en los últimos años, al rebufo de la mayor mortalidad y la subida de tarifas. En 2024, la patronal estima una facturación del negocio funerario de 1.719 millones de euros, un aumento de ingresos del +2,38% sobre 2023 y del +16,85% sobre la facturación en 2015 (1.471 millones de euros), según Panasef. El sector funerario se ha ido concentrando en los últimos años, porque las grandes empresas se han dedicado a comprar funerarias locales para crecer: así en 2007 había en España 1.616 empresas funerarias, que se redujeron a 1.300 en 2019 y que rondaban las 1.000 funerarias en 2024 (en menos de dos décadas se han perdido un tercio, el 38%). 

Y el proceso de concentración sigue mes a mes, con lo que las grandes funerarias (las “5 grandes”) copan cada vez más mercado, un tercio del total (del 30 al 35%), mientras las pequeñas y medianas funerarias locales (80% del sector) sólo tienen un 19% de cuota (y bajando). Actualmente, las aseguradoras dominan las grandes funerarias. La líder del sector, Mémora (facturó 262,8 millones en 2024 y tiene casi 16% de cuota de mercado), es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente (Occident), que la compró en febrero de 2023 al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). Le sigue Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, con casi 200 millones de facturación y una cuota del 12%. En tercer lugar está Enalta (antes Funespaña), controlada por Mapfre, que factura unos 100 millones y roza el 7% de cuota. Le sigue Servisa, de la aseguradora Ocaso, con unos 85 millones de facturación y 5% de cuota. Y la 5ª mayor funeraria es el grupo ASV, ligada a la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con 57 millones de facturación (4% cuota). En total, los servicios funerarios gestionados por aseguradoras suponen el 69,2%.

“La gasolina” del negocio funerario son los seguros de decesos, un seguro que pagan ahora 22,2 millones de españoles, según datos de Unespa,  y que es el 2º más popular tras el seguro del automóvil (obligatorio). Este es un seguro “typical spanish”, que no existe en ningún otro país europeo: su origen, a principios del siglo XX, son las colectas para pagar a las familias de los pescadores gallegos muertos en el mar y se generalizó en forma de seguro en los años 60 y 70, con el éxodo del campo a la ciudad de miles de españoles a los que preocupaba su futuro entierro. Y así, hay muchas generaciones que han pagado el “seguro de entierro” desde su juventud y muchos son los que ahora mueren. Pero también se ha popularizado en sus hijos y familias, con una potente publicidad (recordar el anuncio “contigo” de Santa Lucía…).

Estos seguros de decesos son los que pagan actualmente 6 de cada 10 funerales, para lo que recaudan unas primas en alza: 2.835 millones en 2024, según Unespa, un +5,5% que en 2023 y el doble que en 2005 (las primas de decesos recaudaron entonces 1.370 millones). Las tarifas de este seguro, para cubrir los futuros gastos de entierro, son muy variadas y oscilan entre 50 y 500 euros anuales, aunque varían mucho según la edad, el lugar de residencia y los servicios contratados: la póliza cuesta entre 200 y 400 euros al año para las personas de mediana edad y suben a más de 600 euros si el asegurado tiene más de 60 años. En general, se recomienda la prima “nivelada”, que paga casi lo mismo cada año, aunque muchos expertos creen que los asegurados acaban pagando más del coste de su entierro.

Las aseguradoras que controlan estos “seguros de decesos” son prácticamente las mismas que controlan las funerarias a las que pagan los servicios. La líder de estos seguros de entierro es Santa Lucía (dueña de la funeraria Albia), con 2,5 millones de aseguradores y una cuota del 30,31% del seguro de decesos en 2024. Le siguen la aseguradora Ocaso (dueña de Servisa), con el 17,4% de cuota del mercado de seguros de decesos, Mapfre (dueña de Enalta), con 2 millones de asegurados de decesos y el 14,2% de cuota en 2024, Catalana de Occidente (dueña de Mémora), con el 5% de cuota) y SegurCaixa Adeslas (4,7% de cuota), la única aseguradora que no controla una funeraria.

Al final, el exceso de oferta (la “burbuja” de tanatorios y crematorios supone altos costes), el elevado personal (12.889 empleados en el sector funerario, más de 10 por cada fallecido al día) y, sobre todo, la falta de competencia, derivada de la enorme concentración de las 5 grandes empresas funerarias y la coincidencia de sus dueños (las grandes aseguradoras) hacen que sea un sector con mucha concentración y poca competencia, lo que acaban pagando los usuarios, con unas tarifas funerarias elevadas y en aumento: el coste de un servicio funerario medio es de 3.700 euros, según la OCU, y supera los 5.000 euros en las grandes capitales y a poco que se contraten varios servicios. Un coste que crece año tras año, básicamente porque las funerarias ofrecen cada vez servicios más completos, que suman al féretro y el tanatorio otros servicios complementarios, desde audiovisuales, libros digitales, ceremonias en streaming o excursiones en catamarán para tirar las cenizas…

Las empresas se defienden diciendo que los servicios funerarios sólo suponen el 57,9% de la tarifa del entierro y otro 15,2% es el coste de la inhumación o incineración (que ofrecen normalmente ellos), mientras que el resto son servicios complementarios los cobran otros (12,8% supone el pago de tasas y certificados, iglesia, esquelas, coronas, flores y lápidas), suponiendo un 14,9% el pago del IVA (21%, el 4º más alto de Europa para un funeral).Las empresas funerarias se agarran precisamente al IVA para justificar que hasta 750 euros de un entierro se los lleva Hacienda (recauda 300 millones anuales por los sepelios). Se quejan de que varios paises, como Francia, Portugal e Italia, tienen un IVA del 5 al 10% y otros nada, mientras en España es el 21% (sólo las flores tienen el 10% de IVA). Y por eso piden al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios funerarios al 10%.

Pero el sector funerario hace años que está bajo vigilancia de la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha abierto varios expedientes a funerarias por denuncias de pequeñas funerarias contra las compras de las grandes y por atentar contra la competencia: la última, en 2025, un expediente de la CNMC a Mémora, por no haber respetado los compromisos que adquirió en Zarauz tras la compra de las funerarias vasco navarras Rekalde e Irache, por lo que ha pagado una multa de 108.000 euros. Y ya en octubre de 2021, la CNMC frustró la fusión de dos grandes funerarias, Albia y Funespaña. Antes, en 2014,  la CNMC habló de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos”  para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Y en 2006, un informe del Tribunal de Cuentas ya denunciaba “grandes diferencias” de precios de los servicios funerarios entre ciudades, algo que se mantiene actualmente, según datos de la OCU.

En definitiva, estamos ante un sector funerario muy concentrado, con poca competencia y dominado por las grandes aseguradoras, que controlan mercados y precios, con la “connivencia” de hospitales (que “recomiendan” funerarias y servicios). Y que se aprovechan en sus ofertas de unos consumidores que pasan por un mal momento de ánimo (la muerte de un ser querido) y que no están para buscar y comparar, aunque proliferan los comparadores de precios y servicios (como Funos). Y a los que cada vez se les sube la factura final, ofreciéndoles servicios más “atractivos”. Y todo ello es posible porque el sector funerario carece de una Ley propia: todavía se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. Aznar liberalizó el sector en 1996 y Zapatero aprobó la primera Ley de Servicios Funerarios en 2011, pero la Ley no llegó a aprobarse nunca, por el fin de la Legislatura. Y aunque Rajoy se la prometió a Bruselas en 2014, sigue pendiente…

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

La mitad de españoles,con seguro de entierro

Morirse es cada vez más caro y quizás por eso 21 millones de españoles pagan cada año un seguro de decesos, que ya cubre el 60% de los entierros. Un seguro que es el segundo más popular en España, tras el del automóvil, y que no se conoce en el resto de Europa. Y que supone pagar al final de prima el triple de lo que cuesta un entierro. Los seguros de decesos y el aumento de la mortalidad en España alimentan un negocio boyante, el de la muerte, que cada vez  factura más y donde se mueven aseguradoras y fondos de inversión extranjeros. Y que ha alimentado una verdadera “burbuja” de instalaciones: España es el país de Europa con más tanatorios y hornos crematorios, la mayoría vacíos. Este “despliegue de la muerte” hay que pagarlo, mientras pocas empresas (cinco) imponen condiciones y precios, sin transparencia ni competencia, a falta de una Ley que no llega. Hasta de la muerte abusan algunos.


                                                                                                  enrique ortega

La muerte es un negocio seguro y con futuro. 2016 fue el 2º año consecutivo (desde la Guerra Civil) en que hubo en España más muertes (409.099) que nacimientos (408.384). Ello se debe a la caída de la natalidad y a que crecen los fallecimientos desde 1976 por el progresivo envejecimiento de los españoles, que cada vez viven más años: si en 1941, la esperanza de vida era de 50 años, ahora supera los 83 años y para 2060 será de 90 años, el doble de vida que a comienzos del siglo XX. Vivimos más años y hay cada vez más viejos que acaban muriendo, claro. Si en 2015 se superó ya la barrera de los 400.000 fallecimientos al año, las previsiones son que sigan creciendo en las próximas décadas: se superarán las 500.000 muertes al año en 2050 y se llegará a 559.858 en 2063, según las previsiones demográficas del INE. O sea, que pasaremos de los 1.120 entierros diarios en 2016 a 1.534 entierros diarios (un 37% más) dentro de cincuenta años. Lo dicho: un negocio con futuro.

Para los españoles, la muerte de un familiar supone un gasto elevado y creciente, que no sólo provoca dolor sino que también trastoca el bolsillo. El coste medio de un entierro oscila entre 3.500 euros (estudio OCU 2013) y 5.000 euros, dependiendo de la ciudad donde se muera, de los traslados y de los servicios que se contraten: es más cara una sepultura (unos 18.000 euros) que un nicho (desde 1.500 euros) y más barata una incineración (unos 700 euros de media). Y luego están los “extras”, desde las flores a las esquelas y las ceremonias que se contraten, cada vez más sofisticadas. Actualmente, sólo la mitad del coste de un entierro (49%) es el entierro en sí (ataúd, traslados, tanatorio, gestiones) y la otra mitad se reparte entre el coste de la incineración y el cementerio (19%), los complementos que se contraten (15% del coste se lo llevan las coronas, lápidas, esquelas, certificados e iglesia) y los impuestos (17% del coste, por el pago del IVA: Hacienda ingresa 650 millones al año por los entierros), según un reciente estudio de la patronal funeraria Panasef.

En la España de las autonomías, también morirse cuesta distinto según donde pase, a tenor de un estudio de la OCU. Las ciudades más caras para un entierro son Barcelona (más de 6.000 euros) y Tarragona) y las más baratas, Cuenca y Canarias. Incluso dentro de una misma ciudad, hay mucha diferencia de tarifas (cuando se puede “elegir” funeraria, algo poco habitual, porque hay muchos lugares con “monopolio” de una sola empresa): hay hasta 900 euros de diferencia, según la OCU. Y además, hay ciudades y pueblos en España  donde no hay casi “sitio” en los cementerios para conseguir una tumba o un nicho. Y si lo hay, a precios disparados (pasa como con la vivienda: poca oferta y cara…).

Al final, para afrontar este gasto, muchos españoles tienen contratado un seguro de entierro o “seguro de decesos”, algo “tipical spanish”, desconocido en el resto de Europa, donde las familias pagan un seguro para que les abonen los gastos funerarios pero no un seguro para que una empresa se ocupe de todo a la hora de la muerte. El origen de este seguro tan español está en los años sesenta, cuando millones de españoles emigraron del campo a la ciudad: contrataban una póliza de decesos para asegurarse de que cuando murieran alguien se iba a ocupar de llevarles a enterrar a su pueblo. Y después, ha seguido la costumbre de pagar este seguro, que ha dado un salto enorme en España: si en 1979 había 5.060.514 pólizas de decesos, en 2016 eran ya 8.029.472 pólizas, que cubrían a 21 millones de personas (2,6 por póliza), un 44,5% de los españoles, según Unespa. Con ello, el seguro de entierro es el 2º seguro más popular en España, tras el seguro del automóvil (que es obligatorio) y por delante del seguro de salud, que tienen 11,4 millones de españoles.

El seguro de entierro es más popular en el sur de España y entre las familias de rentas medias y bajas, destacando su éxito en Extremadura (lo tienen el 70,2% de la población), Asturias (64,1%) y Andalucía (60,5%), así como en Cádiz (78% de los gaditanos tienen seguro de decesos), Ávila y Badajoz (71%). Y hay pocos seguros de entierro en la España rica, donde menos en Baleares (22% población) y Navarra (23,2%), según la patronal aseguradora Unespa. La mayoría de los que tienen una póliza de decesos superan los 45 años, pero como muchas pólizas son familiares, también hay jóvenes “cubiertos”. Hay varias modalidades de póliza (básicamente una prima fija que se actualiza o una que crece con la edad) y la prima media está hoy en 269 euros al año. El coste varía mucho según la edad y donde se viva y para un matrimonio maduro con 2 hijos jóvenes puede oscilar entre 95 y 175 euros al año (con 45 años) y entre 150 y 282 euros (con 52 años), según los comparadores.

Contratar un seguro de deceso no parece recomendable, porque se acaba pagando durante toda la vida el triple de lo que acaba costando el entierro, según un estudio del Instituto de Empresa. Y además, muchos asegurados se quejan de que las compañías les suben la póliza con la excusa de ampliarles coberturas y servicios que no necesitan (asesoría legal, salud, asistencia en viaje), una estrategia parecida a la de las telecos y los móviles. Pero lo que está claro es que, sea o no recomendable, el seguro de decesos es un gran negocio: facturó 2.162,6 millones en primas en 2016 y es el 4º seguro que más dinero mueve, tras el automóvil (10.565 millones), el de salud (7.736 millones) y los multirriesgos (6.772 millones). Y además, es el seguro que más crece (+4,85% este año 2017) y el que más ha crecido con la crisis: ha pasado de facturar 1.141 millones en 2011 a casi el doble ahora (2.162,6 en 2016).

En los últimos años, con la crisis, muchas aseguradoras que no ofrecían seguros de decesos se han lanzado a este creciente negocio, lo mismo que la mayoría de cajas y bancos, que buscan mejorar sus cuentas haciendo seguros (ofrecen seguros de pago único a mayores de 70 años sin póliza de entierro: un pago único que sale caro, 6.262 euros para asegurar un capital/entierro de 4.785 euros). Pero el sector está muy concentrado y sigue controlado por “ las dos aseguradoras  de decesos de siempre”, Santa Lucía (37,2% del mercado) y Ocaso (23,1%), seguidas de lejos por la aseguradora líder, Mapfre (13,7%), y repartiéndose entre estas 3 aseguradoras el 70% del mercado de los seguros de entierro, según datos de Unespa. Les siguen, de lejos, Catalana de Occidente (5,5% del mercado) y Mutua Madrileña/Adeslas (5,3%).

Estos seguros de decesos cubren ya casi el 60% de los entierros (el 58,84%), pagando el resto directamente las familias a las empresas funerarias. Otro negocio ligado a la muerte, como los seguros de decesos, que ha crecido de forma imparable en España desde los años 60, cuando se abrió en Barcelona el primer tanatorio. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron en ellas constructoras, pequeños empresarios locales y más recientemente, fondos de inversión extranjeros. Y ya en este siglo, con los ingresos del boom inmobiliarios, los Ayuntamientos. El resultado es que no hay ningún pueblo de más de 5.000 habitantes (y menos) sin tanatorio o crematorio. Una “burbuja de la muerte” que no se justifica por el número de entierros.

Así, en España hay 2.429 tanatorios, con 7.050 salas de velatorio para 1.120 entierros diarios, lo que significa que casi 6.000 salas (el 82%) están vacías y no se utilizan, según los datos de la patronal funeraria Panasef. Y eso significa que los demás usuarios tienen que pagarlas, con un “sobreprecio” en su entierro. Este número de tanatorios triplica los que hay en Europa, donde los ciudadanos saben que tienen que recorrer 100 kilómetros para velar a un muerto mientras aquí vamos “al lado de casa”. Las autonomías con más tanatorios son Andalucía, Cataluña y Castilla León, aunque donde hay más por fallecido es en Navarra (1 tanatorio por 56), Extremadura (1 por 64) y  Castilla y León (1 por 98 fallecidos), mientras hay porcentualmente menos tanatorios en Madrid (1 por cada 867 fallecidos), Baleares (1 por 547) y País Vasco (1 por 257), según Panasef.

Y lo mismo pasa con los hornos crematorios. En España hay 380 crematorios frente a 165 en Alemania (con casi el doble de población), 163 en Francia (con un tercio más de habitantes) o 18 en Portugal, aunque aquí sólo se incinera al 40% de los fallecidos frente al 54% en Alemania o Portugal y el 70% en algunos paises, según datos de la patronal funeraria Pasasef. Las instalaciones españolas permiten 1.520 cremaciones al día, pero como sólo se hacen 452, significa que el 71,3% de la capacidad instalada no se utiliza. Eso sí, los que la usan tienen que pagar este exceso de inversión (800 millones de euros en los últimos años).

Esta “burbuja” de instalaciones se debe al “boom” del negocio de la muerte, que factura ya 1.430 millones de euros (2016) y donde operan ya 1.404 empresas funerarias, según la patronal del sector, aunque 1.205 son pequeñas empresas locales que facturan menos de 1 millón de euros. La tendencia de los últimos años ha sido una mayor concentración del sector funerario, con grandes empresas y fondos de inversión lanzados a comprar funerarias locales para ganar cuota de mercado. Así, hay 5 empresas funerarias que hoy controlan más de un tercio del negocio (el 34%), según la patronal: Memora (153 millones de facturación: fundada por la constructora Acciona, fue comprada por varios fondos de inversión extranjeros y acaba de ser vendida al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario, en Canadá), Funespaña (filial de Mapfre, factura 104,3 millones), Albia (80 millones de facturación (ligada a la aseguradora Santa Lucía), Servisa ( factura 67 millones y está ligada a la aseguradora Ocaso) y ASV (60,5 millones, propiedad de la familia alicantina Payá).

Esta concentración del mercado en pocas grandes funerarias se acrecienta con su cuasi monopolio en las zonas donde operan, alimentado por una normativa de hace 40 años, que dificulta o impide que una funeraria opere fuera de su zona. Así, se exige que una funeraria esté autorizada a operar en el lugar donde se recoge al fallecido y existe la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos legales que de hecho impiden que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Dos exigencias que suprimía la ley de Servicios Funerarios aprobada en junio de 2011 por el Gobierno Zapatero y que no llegó a aprobarse en el Congreso, al acabar antes la Legislatura. Y después, el Gobierno Rajoy no ha vuelto a pensar en ella, a pesar de que cada año promete a Bruselas reformar la normativa de servicios funerarios, para fomentar la competencia.

De hecho, son múltiples las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes y usuarios que denuncian abusos (ver esta web). Y la situación es tan preocupante que la Comisión de la Competencia (CNMC) ya denunció en 2014 la “connivencia entre empresas y Ayuntamientos” para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya antes, un informe del Tribunal de Cuentas denunciaba en 2006 grandes diferencias de precios entre ciudades y la falta de transparencia del sector, dominado por las grandes funerarias, que imponen condiciones y precios, para pagar sus desmesuradas inversiones en instalaciones vacías.

En los dos últimos años, los nuevos Ayuntamientos surgidos de las elecciones de 2015 se han planteado qué hacer con los servicios funerarios municipales, que suponen un 30% del total. Con la crisis económica, muchos Ayuntamientos optaron por privatizar la gestión de sus instalaciones, a veces con corruptelas, y ahora se plantean si municipalizarlos de nuevo, aunque no todos lo ven claro, porque les sale muy caro, dado que tendrían que indemnizar a las funerarias privadas que los gestionan. Con todo, hay dos novedades recientes. Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid municipalizó en septiembre de 2016 la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, que el PP privatizó en 1992, adjudicándosela por 100 pesetas a Funespaña (Mapfre), con la excusa de que tenía 84 millones de deuda. Tras un larguísimo proceso judicial, los Tribunales concluyeron que fue un fraude, condenando al entonces teniente de alcalde y al gerente, también vicepresidente de Funespaña, empresa que pide ahora una indemnización al consistorio de 53,8 millones. En Barcelona, el Ayuntamiento también privatizó el 85% de la funeraria municipal (en 1998 y 2011I), que controla ahora Mémora, la líder del sector. En vez de anular la concesión, el consistorio de Colau aprobó, en diciembre de 2016, crear una nueva empresa de servicios funerarios, con pocos medios e instalaciones, para “ofrecer a los barceloneses entierros entre 2.400 y 4.700 euros, frente a los 6.400 de media que están costando”.

En definitiva, que dos tercios del negocio funerario está controlado por unas pocas empresas privadas muy fuertes, que operan en régimen de cuasi-monopolio y poca transparencia, mientras el tercio restante son servicios municipales gestionados en su mayoría por empresas privadas y sin capacidad para que vuelvan a ser de gestión pública, salvo en algunas ciudades. Y en medio estamos los ciudadanos, obligados a pagar de más en los entierros para costear unas instalaciones excesivas y por una falta de competencia y de supervisión pública, sin que ni el Gobierno ni la oposición se planteen cambiar las normas y poner orden. Así que abusan de nosotros y  pagamos de más hasta al morirnos.