La salud mental
es un problema que preocupa en todo el mundo, al haberse deteriorado con las
últimas crisis, desde la crisis financiera de 2008 a la pandemia y la crisis
actual por la inflación y la guerra en Ucrania. Aproximadamente, 1 de cada 8 personas en el mundo (más de 1.000 millones) sufren algún trastorno mental, según el
informe 2022 de la OMS, lo que provoca graves problemas psicológicos y
económicos, en medio de una desatención sociosanitaria general. En
Europa,
1 de cada 6 personas (84 millones de europeos) tienen cada
año un problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o trastornos por el
uso del alcohol y drogas, afectando más a
las clases sociales más desfavorecidas. Y en
España, los datos oficiales indican que los problemas mentales tienen
una elevada prevalencia entre los mayores de 15 años: afectan a 4,5 millones de españoles, el 11,1% de la población adulta.
Estos datos
revelan que un 5,8% de españoles
adultos (2.372.859 personas) tienen “ansiedad crónica”: son 1 de cada 12
mujeres, 1 de cada 28 hombres, 1 de cada 12 desempleados, 1 de cada 23 personas
que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. Y otro 5,3% de españoles adultos (2.1608.302
personas) sufren “depresión”: son
1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 31 hombres, 1 de cada 13 desempleados, 1 de cada
40 que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. La mayoría
de estos trastornos mentales son derivados a los Centros de salud, que no
cuentan con personal especializado, lo que se traduce en que híper
recetan fármacos al paciente: España
es el país del mundo que consume más ansiolíticos e hipnóticos por habitante,
según
las estadísticas internacionales. De hecho, casi el 11% de los adultos han consumido tranquilizantes, relajantes o
partillas para dormir en las últimas semanas (1 de cada 7 mujeres). Y los
enfermos aguantan así, “dopados”, hasta que su situación se agrava y acaban en
las urgencias de un hospital o en una de las escasas unidades de atención
psicológica de los hospitales, repletas y con listas de espera.
Y al final, muchos de estos pacientes con problemas mentales
acaban suicidándose, la brutal constatación de que la atención
mental falla. El 2021 se produjeron en España 4.003 suicidios (11 diarios) y todo apunta a que en
2022 se habrá alcanzado otro récord, dado el salto de suicidios en el
primer semestre (2.015 suicidios). Cada año se suicidan en el mundo 700.000
personas, muchas con trastornos mentales. Y el suicidio es la 4ª causa de muerte prematura entre los jóvenes de 15 a 29 años,
según la
OMS, quien reitera que en los paises desarrollados se dan más los suicidios en personas con
problemas económicos, rupturas sentimentales o problemas de salud.
Este preocupante
panorama de la salud mental se ha agravado con la pandemia y la
actual crisis derivada de la inflación y la guerra en Ucrania, según la última Encuesta
de la Confederación de Salud Mental de España, publicada en marzo de 2023: 4 de cada 10 encuestados valoran negativamente
su salud mental y el 75% creen que la salud mental española se ha deteriorado tras la pandemia. Al
preguntarles por las causas de este deterioro de su salud mental, los
encuestados señalan tres factores: no poder pagar el alquiler o la hipoteca, miedo
a perder el trabajo o temor a no poder pagar las facturas. En general,
todos destacan que la 1ª causa de su
angustia o depresión son sus condiciones
de vida y de trabajo, sus dificultades económicas para llegar a fin de
mes. Y en especial, la precariedad del trabajo, sobre todo de mujeres, jóvenes,
inmigrantes y mayores de 45 años.
Para analizar el efecto de la precariedad laboral en los
trastornos mentales, el Ministerio de Trabajo encargó, en abril de 2022, un Informe
sobre precariedad laboral y salud mental (pionero en el mundo) a un equipo
multidisciplinar de 11 expertos y 34 colaboradores externos a la
Administración. El
Informe se presentó el 17 de marzo
y ofrece una conclusión apabullante: un
tercio de los casos de depresión que se dan en España (170.000 de los
511.000 casos totales) se deben a la
precariedad laboral. Y en consecuencia, podrían ser evitados (los
casos, su atención sanitaria, sus costes y pérdidas económicas y los suicidios que provocan) si
los españoles tuvieran trabajos más decentes y menos precarios.
¿Cuál es la relación
entre precariedad y trastorno mental? Así lo
explica Joan Benach, doctor en Salud Pública y coordinador del Informe: “El conocimiento científico muestra con
claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la
salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas
precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor
riesgo de suicidio”. Por eso, propone
actuar en dos frentes: reducir la
precariedad laboral y a la vez atender a los que sufren trastornos de salud
mental por su situación laboral y socioeconómica.
El estudio tiene una primera parte que analiza el
alcance de la precariedad laboral en España, con los datos más
recientes. Y su conclusión es impresionante: a finales de 2022, 11,9 millones de españoles adultos (15
años y más), el 50,8% del mercado
laboral, estaban en una situación de precariedad
laboral: son trabajadores con contratos temporales, trabajadores con
contrato a tiempo parcial involuntario (trabajan por días o por horas porque no
encuentran trabajo a jornada completa), subocupados (apenas trabajan), autónomos precarios (o por
trabajo o por ingresos irregulares) y parados sin empleo que habían trabajado
antes. En total, se suman 8.1 millones de asalariados.
1,2 millones de autónomos y 2,6
millones de parados, todos “precarios”. Un 50,8% del total del mercado laboral están “precarizados”, porcentaje que ha bajado algo desde 2019 (52%) pero que queda muy lejos de
2007 (48,4% precarios).
Esa es la precariedad laboral global, pero tienen más precariedad las mujeres (53,3% precarias), los mayores de 40 años (57,3%) y los jóvenes, sobre todo los que tienen
estudios medios y superiores. Además de su precariedad laboral, el
impacto en la salud mental es mayor en las mujeres, según
este Informe, porque han de atender a su trabaja, su casa, sus hijos y
hasta a sus padres dependientes. También se agrava la salud mental entre los
precarios inmigrantes (el riesgo de
problemas mentales se triplica al perder su trabajo), los autónomos y los trabajadores jóvenes empleados en plataformas
digitales y Call centers. Y en todos los casos, tiene mucho que ver el nivel de renta, los ingresos de las personas
precarias: el impacto negativo sobre
su salud mental es 2,5 veces mayor entre
los que tienen menos renta.
Además de la precariedad laboral, los problemas mentales se
agravan por una deficiente atención
sanitaria a estos enfermos, según
revela el Informe de los expertos. Los médicos
de familia poco pueden hacer, en consultas saturadas, más que recetarles
psicofármacos para salir del paso. Y en los casos más graves, derivarlos hacia médicos especialistas o a Centros de Salud Mental, escasos y
saturados. Hoy día, la demora para la primera visita psiquiátrica son 12 meses
y con otro problema adicional: las visitas sucesivas de demoran demasiado (de 3
a 5 meses), lo que dificulta el seguimiento, junto a la enorme rotación de
profesionales (que exige al paciente “empezar de nuevo con cada médico”). En el
caso de los hospitales, hay pocas
unidades y plantas de Psiquiatría, muy agobiantes para pacientes y familias. Y
los Centros de Día y Rehabilitación,
una buena solución, son aún más escasos. Resultado: el que quiere una buena atención
mental, ha de pagarse un especialista privado.
Y en paralelo, las personas con problemas de ansiedad o
depresión tienen otros problemas, desde el trabajo a la estigmatización social.
Las empresas no facilitan las bajas por depresión (un 15% de las bajas totales) y estigmatizan a los que las
piden, no ayudando al trabajador con cambios laborales. Y en muchos casos,
estar de baja por depresión o tener problemas mentales aísla más a estos
enfermos de la sociedad, dificultando su recuperación y agravando su situación.
Falta
una política integral para mejorar la salud mental, desde las empresas (Planes de detección de
riesgos) a los Centros de Salud, los
especialistas y los hospitales, mejorando los medios y el personal de
atención sanitaria especializada, hoy
claramente insuficiente: en España hay 9,6 psiquiatras por cada 1000 habitantes, menos de la mitad que la media europea, y 6 psicólogos clínicos para cada 100.000 habitantes, la tercera parte
que en Europa.
Los españoles, sobre todo los más jóvenes, ven cada vez
más claro los daños mentales que les están creando algunos trabajos con
condiciones laborales muy precarias (contratos temporales, por días y horas,
horarios sin límite como en algunas consultoras, actividades muy rutinarias, falta
de integración y participación en la organización, escasas perspectivas de
mejora y carrera laboral, bajos salarios…). Y así pasa que el 27% de los trabajadores están dispuestos a abandonar su trabajo, según
un reciente estudio de InfoJobs y Esade, que refleja que los descontentos
han aumentado un 4% (eran el 23% en 2021). Y curiosamente, un tercio de los que buscan irse del trabajo (el
32%) lo hacen “para proteger su salud
mental”, por delante de los que buscan mejores condiciones
económicas (27%) o los que buscan mayores posibilidades de conciliación laboral
(24%). Así que la clave para cambiar de trabajo es “cuidar la salud mental”, el
bienestar emocional más que el salario.
El informe
sobre precariedad y salud laboral encargado por Trabajo propone
un abanico de medidas para mejorar la salud laboral. La
primera y previa al resto es contar con
indicadores de precariedad laboral y
su impacto sobre la salud mental de los trabajadores, para no actuar a ciegas y
poder vigilar la evolución de los trastornos mentales. La segunda, Impulsar y
aprobar un Código de Trabajo, para avanzar
hacia un empleo digno y sostenible, reduciendo la precariedad (como ha hecho la
última reforma laboral). Además, proponen reforzar
la salud mental en las empresas, dentro de las políticas de prevención de
riesgos laborales y en la negociación de los convenios colectivos. El
informe propone también avanzar
hacia la jornada laboral de 32 a 35
horas, reducir el trabajo parcial no deseado y seguir mejorando el salario mínimo, además de facilitar la conciliación laboral y fomentar
la economía de los cuidados (para reducir el estrés de las mujeres). Y
en paralelo, reforzar el sistema sanitario, desde los Centros de Salud a los
especialistas y Unidades psiquiátricas en los hospitales, mejorando la
prevención y el sistema de salud mental comunitario.
Este Informe y las
recomendaciones que incluye deberían llevar a nuevas medidas legales para reducir la precariedad laboral (un
nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI), aprobando el nuevo
Estatuto del Becario, la regulación específica de las plataformas
digitales, el refuerzo de derechos en los sectores más precarizados y la
incorporación de algunos trastornos mentales al Catálogo de enfermedades
profesionales. Y resulta clave centrar parte de la inspección de trabajo (aunque tiene
pocos medios) en vigilar las condiciones de trabajo
(horarios, turnos) que más están provocando problemas mentales. Además, el
Informe abre otro debate que algún día debería lanzarse en España: la necesidad de avanzar en la “democratización del trabajo”, para conseguir que
los trabajadores participen más en la organización de sus tareas”, porque la
cultura empresarial del “ordeno y mando”
y la generalización de “jefes tóxicos” está detrás del
aumento del estrés laboral. Y por supuesto, el Informe de los expertos propone reforzar el sistema público de salud en la
atención mental, con mayor
coordinación y medios entre la atención primaria y la especializada y en
colaboración con las empresas y sus políticas de salud laboral.
En definitiva, el
deterioro de la salud mental en los últimos años es un fiel reflejo de la
precarización de la economía y los retrocesos en las relaciones
laborales tras varias crisis. Como dicen
los autores del Informe, “necesitamos
un modelo laboral saludable, sostenible y democrático”. Que ir a trabajar no sea un suplicio y una
fuente de estrés y de problemas mentales para muchos trabajadores. Para
conseguirlo, no basta con que el Gobierno apruebe reformas para reducir la precariedad
y dignificar salarios y empleos. Hace falta un cambio de mentalidad en los
empresarios, que deben organizar sus negocios para que sean
rentables pero no a costa de explotar y
deprimir a sus trabajadores. “Una economía que necesita personas precarias,
dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar, no es
una sociedad sana”, señala
el doctor Joan Benach, coordinador de este Informe sobre precariedad y
salud mental. Tomen nota.
