Más dependientes en lista de espera

Si hay un problema en España que “clama al Cielo” es que haya multitud de dependientes (mayores) que tienen reconocida legalmente una ayuda y no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Así , estaban en “lista de espera” 269.854 dependientes a finales de 2019, 19.817 más que un año antes. Y lo más grave: como muchos son ancianos, 85 de estos dependientes “en espera” se mueren cada día sin que les llegue la ayuda a la que tienen derecho. Una situación que se arrastra desde hace más de una década pero que se agravó en 2019, al no aprobarse un nuevo Presupuesto que incluía más fondos para la Dependencia. Ahora, el Gobierno estudia aumentar estos recursos en los Presupuestos 2020 y las autonomías buscan salir del paso con “trucos” para retrasar las ayudas y aumentar los servicios “low cost” (atender a más con menos). Urge acabar de una vez con estas “listas de espera” de la Dependencia, que son una vergüenza con nuestros mayores.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 13 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original, agravado después por los recortes del Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró en 2011), y de las autonomías gestionadas por el PP. Un problema continuado de falta de recursos y agravado en 2019, al no aprobarse el Presupuesto preparado por el Gobierno Sánchez, que incluía una partida extra de 830 millones para la Dependencia, perdidos al rechazarse las cuentas y caer el Gobierno. Ahora, la situación es insostenible, a la espera de que el nuevo Gobierno prepare un Presupuesto 2020 con más recursos y consiga aprobarlo.


La Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones y ayudas a los dependientes) ha sido un éxito si contamos los españoles que han solicitado una ayuda porque no pueden valerse por sí mismos: a finales de 2019 eran ya 1.894.744 solicitantes, el 4,03% de la población, según el IMSERSO. Y no paran de crecer año tras año, como corresponde a uno de los paises más envejecidos de Europa. La “presión” de los dependientes es desigual por autonomías, según su demografía. La que tiene más “tensión” es Castilla y León (6,09% de la población ha solicitado ayuda), precisamente la autonomía que mejor gestiona y atiende la Dependencia. Y la que tiene menos “tensión”, menos solicitudes, es Canarias (2,60% de la población solicita ayuda), precisamente la autonomía que peor gestiona y atiende la Dependencia, junto a Cataluña, la Rioja y Andalucía.


La gestión de estas solicitudes de ayuda a la dependencia la hacen las autonomías, que tienen un grave problema de falta de recursos, tras los múltiples recortes aprobados por Rajoy a partir de 2012. De hecho, el Estado central ha recortado su aportación al pago de la Dependencia en 5.000 millones de euros entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así que las autonomías han tenido que hacer frente a un fuerte aumento de las solicitudes con menos recursos del Estado y teniendo que poner ellas más dinero, que no les llegaba. El resultado es que han buscado cómo atender a muchos más dependientes sin tener recursos suficientes. Y lo han intentado con cuatro “trucos”, cuatro maniobras que han sufrido los dependientes y sus familias. 


El primer “truco” para paliar la escasez de recursos ha sido retrasar la resolución de los expedientes, “embolsar” las solicitudes, tardar lo más posible en reconocer a los dependientes sus ayudas para retrasar así su pago. Si el plazo legal para resolver las solicitudes de Dependencia es de 180 días, el plazo medio que se tardaba en 2019 eran 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, la mayoría de autonomías tardan mucho más, como Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) o Cataluña (576 días). De hecho, sólo 5 autonomías cumplen el plazo legal: Ceuta (70 días), Melilla (170), País Vasco (137) Navarra (155) y Castilla y León (191 días).


Gracias a este “truco” de retrasar la resolución de los expedientes, cada año hay más expedientes pendientes de resolver, ayudas que se retrasan (y se “ahorran”). Así, los expedientes pendientes de valoración han pasado de 120.213 a finales de 2017 a 159.193 a finales de 2019, el 8,4% de los expedientes totales. Pero además, hay autonomías que lo hacen mucho peor, para “ahorrar” más. El dato más escandaloso es el de Canarias, que tenía un 28,69% de los expedientes pendientes de valoración (más del triple que la media española), seguida de la Comunidad Valenciana (15,81% expedientes pendientes), Murcia (13,58%), Asturias (13,51%), Extremadura (12,71%) y Andalucía (11,95%). Solo tienen menos del 1% de expedientes pendientes Galicia, Madrid, País Vasco y la Rioja, según las estadísticas de 2019 publicadas por el IMSERSO.


Resuelto el expediente, cada autonomía decide el grado de Dependencia del solicitante (Grado I los menos dependientes, Grado II, y Grado III los dependientes severos) o si no le otorgan grado ni por tanto derecho a una ayuda (350.514 solicitudes a finales de 2019). Y así, de los 1.894.744 solicitantes que teníamos en 2019 pasamos a 1.385.037 que legalmente eran beneficiarios de alguna ayuda, según su grado de dependencia. Pero no hay dinero para atender a todos y las autonomías aplican el segundo “truco” o filtro para ahorrar: las “listas de espera”, dejar a una parte de estos beneficiarios pendientes de recibir las ayudas sin un plazo prefijado.


Desde el principio, el sistema de la Dependencia ha tenido “listas de espera”: 213.896 en 2008 (2º año de la Ley), 305.941 esperando en 2011 (el primer “récord”), bajó a 148.002 en 2014, subió a 384.309 en 2015 (récord absoluto, al empezar a recibir ayuda ese año los dependientes de Grado I) y, a partir de ahí, los dependientes en espera bajaron año tras año, hasta 250.037 en 2018. Pero en 2019 aumentaron en 19.817 dependientes más, por primera vez desde 2015, hasta llegar a 269.854 dependientes en lista de espera, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho a ayudas (el 19,48%), según el IMSERSO, debido al aumento de solicitudes y beneficiarios mientras el Estado central estaba sin nuevos Presupuestos (prorrogados los de Montoro de 2018) y las autonomías estaban asfixiadas financieramente por el retraso en transferencias del Estado.


Pero aquí tampoco hay uniformidad entre autonomías, porque hay algunas que gastan más y gestionan mejor, con lo que apenas tienen lista de espera mientras en otras se ha disparado. Así, Castilla y León vuelve a ser la que mejor lo hace, con sólo un 1,50% de sus dependientes (1.593) en lista de espera, junto a Ceuta (1,72%). Le siguen Navarra (5,71% en lista de espera, 5.822 dependientes), Melilla (7,11%), Castilla la Mancha (8,66%, 5.895 dependientes) y Galicia (12,06%, 8.456 dependientes). Los líderes de la lista de espera son Cataluña (31,71% dependientes reconocidos no reciben ayuda: 76.253 dependientes), Canarias (27,88%, 9.040 dependientes), La Rioja (27,34%, 3.116 dependientes), Andalucía (25,11%, 73.871 dependientes), Asturias (21,56%, 5.794 dependientes) y Extremadura (20,3%, 7.206 dependientes), segúnlos datos del IMSERSO.


Pero los “ahorros” en la Dependencia no terminan aquí. Un tercer “truco” de las autonomías para rebajar su gasto es reducir más la lista de espera de los Dependientes moderados (Grado I), cuya atención es más barata, y reducir menos la lista de espera de los Dependientes medianos (Grado II) y graves (Grado III), más caros de atender. Al final, lo importante es “vender” al público que reducen las listas de espera globales. Los datos del IMSERSO son muy explícitos: entre 2015 y 2019, las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I) han caído un -43,2% (de 277.959 a 156.579 a finales 2019), mientras las listas de espera de los dependientes medianos y graves (Grado II y III) han crecido un +6,5% (de 106.323 a 113.275 a finales de 2019). Eso sí, publicitan que las listas de espera globales han bajado un -29.78% (de 384.326 a 269.854). Y los que sufren este “truco” son los dependientes en peor estado y sus familias, que ahora son incluso más esperando.


Y para terminar, el cuarto “truco” de las autonomías para frenar el gasto imparable en la Dependencia: atender a más con lo mismo, gastando menos con prestaciones “low cost”, para que “cunda” más un dinero escaso. Lo primero que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias para que cuiden a sus dependientes en casa (una prestación entre 625 y 833 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 suponían el 45,53% de todas las ayudas a la Dependencia que se daban en España, en 2019 eran sólo el 30,26% de las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (la ayuda más “cara”, ya que aporta el 60% del coste de una residencia pública, unos 600/700 euros mensuales): eran el 14,87% de todas las ayudas en 2011 y suponían el 12,10% en 2019. En cambio, ha subido el peso de las ayudas más baratas, de los servicios “low cost”, como la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,74% en 2019), aunque se han reducido las horas mensuales (a 54 horas para los dependientes Grado III), y la teleasistencia, la ayuda más barata (40 euros al mes) que tienen ya el 17,48% de los dependientes y muchos más en Andalucía (30,6% de las ayudas), Madrid (26,56%), País Vasco (20,93%) y Baleares (20,83%), según el IMSERSO. 


Y falta hablar de la última moda en ayudas “low cost” a la dependencia, la “prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias (entre 300 y 833 euros en Madrid) para que financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que es una forma de “privatizar la dependencia”, supone ya el 10,73% de todas las prestaciones, pero hay autonomías donde es la ayuda más utilizada, como en Castilla y León (29,48% dependientes), Extremadura (al 43,98%), o la 2ª más usada, como en Canarias (20,16% dependientes), la Comunidad Valenciana (16,80%) y Aragón (16,36%) o la 3ª más usada, como en Galicia (12,66% dependientes), según los datos del IMSERSO.


Al final, la falta de recursos de las autonomías provoca una atención a la dependencia de baja calidad y con 269.854 dependientes, 1 de cada 5 dependientes reconocidos que no reciben ayuda. Y esto tiene dos consecuencias. La primera y más grave que 31.000 dependientes en lista de espera se murieron en 2019 sin recibir la ayuda, dado que el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años. Eso significa que cada día mueren 85 dependientes con derecho reconocido sin que les llegue la ayuda, según la estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otra manera brutal de “ahorrar”. Pero además, hay otra pésima consecuencia de las listas de espera: las familias tienen que afrontar en solitario el cuidado del dependiente, lo que implica que las mujeres (en un 75% de los casos) tengan que dejar su trabajo o compatibilizarlo con cuidar a su padre, marido o hijo dependiente hasta que reciba ayudas. Y a veces también después, con un pequeño “sueldo”, mientras su Seguridad Social (que dejó de pagar Rajoy en 2012) la paga ahora el Estado, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno Sánchez en marzo de 2019.


El panorama de la Dependencia no puede ser más desolador. Y lo peor es que, a este ritmo, se tardaría 4 años y medio en suprimir las listas de espera, un plazo en el que morirán sin recibir las ayudas otros 120.000 dependientes. Por eso, el sector pide al nuevo Gobierno un Plan de choque, para reducir en un año el 75% de las listas de espera (atender a 200.000 dependientes), lo que costaría 1.300 millones de euros, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para ello, el Gobierno deberá incluir esa cifra en los Presupuestos 2020 y pactarla con los demás partidos, para que salga adelante (difícil).


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Hay que aprobar un sistema eficiente de financiación a la dependencia, tras 13 años de escaseces, con 2 cambios claves: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que se ha escaqueado desde los recortes de Rajoy en 2012. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado Central y las autonomías. Lo sucedido es que el Estado ha recortado año tras año su aportación (-5.000 millones entre 2012 y 2019) y así, en 2018, sólo aportó el 16,7% de la financiación (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% del gasto público en dependencia (su parte fueron 6.707 millones). La propuesta del sector  (Directores de Servicios Sociales) es que se vuelva al 50%/50% (que el Estado ponga al menos 4.000 millones anuales) y además, aumentar la financiación total a la dependencia: si ahora nos gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que preveía el fallido Presupuesto 2019.Y eso, para reducir las listas de espera y afrontar el aumento de dependientes, que se van a duplicar de aquí a 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida.


Cada vez hay más familias con dependientes y muchas sin medios para atenderlos con dignidad. Tenemos una Ley que les asegura ayudas pero no se han buscado recursos para pagarlas, con lo que hay 85 ancianos dependientes que mueren cada día sin recibir esas ayudas a las que tienen derecho. Es escandaloso. Es urgente arreglarlo y cumplir con estos mayores que han trabajado toda su vida por el país. Tiene que ser una prioridad de todos, al margen de la política y del déficit. Se lo debemos.

2020: menos crecimiento y empleo, sin crisis

Iba a ser un año “malo”, con gran riesgo de entrar en otra crisis tras 6 años de recuperación. Pero ahora, 2020 se presenta como un año “regular” y podría incluso ser “bueno”. Todo dependerá de que se consolide el amago de “tregua comercial” entre EEUU y China, de que el Brexit avance de forma ordenada, que el petróleo no dé más sustos y que Alemania y la zona euro sigan recuperándose. Y en España, de que salga adelante un Gobierno estable y apruebe los Presupuestos 2020 y las reformas más urgentes. Son muchos condicionantes, por lo que 2020 puede ser “un año imprevisible”. Todos los expertos coinciden en que habrá menos crecimiento y empleo que en 2019, pero que se aleja el peligro de otra recesión. Y que si el panorama internacional mejora, en verano de 2020 podría haber incluso un rebote del crecimiento. Si no, al menos será el 7º año de recuperación, aunque más débil. No pidamos más. ¡Feliz año 2020¡

enrique ortega

En septiembre 2019, a la vuelta de vacaciones, mucha gente sintió que estábamos “en la antesala de otra crisis”, porque todos los indicadores se habían enfriado desde el verano, por culpa de un panorama internacional muy turbio: guerra de aranceles entre EEUU y China, caída del comercio mundial, fuerte crisis en la industria del automóvil, repunte del petróleo, crisis en paises emergentes de Latinoamérica y estancamiento en la zona euro, con Alemania e Italia en riesgo de recesión. Y en España, habían pinchado el turismo y las exportaciones, estabilizándose el crecimiento y rebajándose el empleo.


Pero en estos últimos tres meses, a finales de diciembre, el panorama ha cambiado a mejor. El 13 de diciembre, China y EEUU firmaron una primera fase de acuerdo para frenar la subida de “aranceles” (impuestos a las exportaciones del otro) previstas a partir del 15 de diciembre. Y las dos potencias estudian también reducir los aranceles impuestos en los últimos 18 meses. Aunque con Trump nunca se sabe, parece un indicio de esperanza que podría mejorar el comercio mundial, uno de los factores que se han deteriorado con la guerra arancelaria entre China y EEUU, frenando el crecimiento mundial.


Otro factor de incertidumbre internacional, el Brexit, ha mejorado tras la mayoría absoluta de Boris Johnson, que evita un Brexit duro y posibilita una salida ordenada del Reino Unido de la UE, aunque queda un año de negociaciones que van a ser claves y nada fáciles. Por otro lado, Europa parece mejorar y en el tercer trimestre de 2019, Alemania, “la locomotora del euro”, no entró en recesión, como se temía (había decrecido un -0,2% en el segundo trimestre) sino que creció un tímido 0,1%, mientras la zona euro sólo crecía un 0,2%. Pero el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir con sus tipos negativos y con su compra de deuda, para reanimar las economías, mientras podría aumentar el gasto público en Alemania y en toda Europa para luchar contra el Cambio Climático y relanzar las infraestructuras, dos antídotos contra la desaceleración de la economía europea y la crisis. 


En cualquier caso, las previsiones de los organismos internacionales auguran un año 2020 con un mayor crecimiento de la economía mundial (+3,4% frente a +3% en 2019), gracias a una pequeña recuperación de los paises del euro (de crecer un +1,2 en 2019 pasarían a +1,4% en 2020) y a una mejoría de los paises emergentes (pasarían de crecer el 3,9%  en 2019 al 4,6% en 2020), ya que se espera que crezcan algo menos en 2020 tanto EEUU (2,1 frente a 2,4% en 2019), China (5,8 frente a 6,1%) y Japón (0,5% frente a 0,9%), según la última previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI).


En cuanto a Europa, la Comisión Europea acaba de estimar que en 2020 seguirá la recuperación (por 7º año consecutivo), con un crecimiento similar en la UE-28 (el 1,4% en 2020, como en  2019), con el desempleo más bajo del siglo (6,3% de paro en la UE-28) y un continente con las finanzas públicas saneadas (0,8% de déficit en 2020). Y Alemania duplicará su crecimiento (del 0,4 en 2019 al 1% en 2020), mientras Francia lo mantiene alto (+1,3% en 2019 y 2020), Italia empieza a salir del parón (crecerá 0,4% en 2020 frente a sólo un 0,1% en 2019) y Reino Unido también crece algo más (1,4 frente a 1,3% en 2019). 


España será otro año más el país grande de Europa que más crezca en 2020, aunque las previsiones son dispares: frente a un crecimiento del 2% en 2019, el FMI espera que crezcamos un 1,8% en 2020, la OCDE un 1,6% y la Comisión Europea un 1,5%, la previsión más pesimista. Frente a estas estimaciones, el Gobierno Sánchez estimó hace un mes que España crecería un 1,8% en 2020 (como el FMI) y recientemente, el Banco de España fijó un crecimiento del 1,7% para 2020, 0,3% menos que en 2019.


El motor del crecimiento en 2020 volverá a ser el consumo de las familias (+1,6% frente al +1,2 en 2019), junto a la inversión empresarial (crecerá un 3,3% frente al 2,7% en 2019) y una leve mejoría de las exportaciones (+2,3% de aumento frente a 1,8% en 2019), si se tranquiliza el comercio mundial, mientras no ayudará en 2020 el consumo público, que crecerá menos (+1,7% frente a +2,2% en 2019), por la exigencia de bajar el déficit público. La recuperación del consumo de las familias se deberá a la mejora de los salarios (funcionarios, trabajadores y nueva subida del SMI) y las pensiones (+0,9%, como la inflación), así como al aumento del empleo (aunque sea menor) y a los bajos tipos, que favorecen los créditos al consumo, el uso de tarjetas y las hipotecas.


El peor problema en 2020 será que, con esas tres décimas menos de crecimiento esperadas, España creará algo menos de empleo: +259.426 nuevos empleos en 2020, frente a los +391.292 creados en 2019 y los +474.960 nuevos empleos creados en 2018. Y con ello, seguiremos teniendo una alta tasa de paro, que sólo baja del 14,3% en 2019 al 13,6% en 2020, la segunda más elevada de Europa (Grecia tendrá el 15,4% de paro) y más del doble de la tasa de paro de la UE-27, que será del 6,2% en 2020.


Hasta aquí la “bola de cristal” de cómo puede ser 2020 en el mundo, en Europa y en España. Pero ojo, vivimos en un mundo plagado de incertidumbres, donde cualquier cambio puede deteriorar las previsiones o mejorarlas. De hecho, la tregua entre USA y China es muy débil y más en un año electoral, donde Trump se juega su reelección en noviembre. Y las crisis de Latinoamérica pueden sumir al subcontinente en otra crisis que afectaría mucho a España. Y el petróleo es una amenaza permanente: ha subido un 16,5% en el último año y para 2020 hay quien piensa que el precio podría dispararse. Y el Brexit todavía puede dañar a la economía europea, vista la actitud poco razonable de Johnson.


Pero las mayores incertidumbres están en España. No va a ser fácil conseguir un Gobierno estable y, sobre todo, que dure para aprobar el Presupuesto 2020 y las reformas más urgentes: pensiones, empleo y leyes laborales, educación, sanidad y Dependencia, vivienda y lucha contra la pobreza y la desigualdad, sin olvidar la Ley contra el Cambio Climático.


El primer test van a ser los Presupuestos 2020, que serán muy difíciles de aprobar porque el futuro Gobierno necesitará pactar con demasiados grupos y todos pedirán contrapartidas a cambio. Y en esta ocasión, la elaboración de los Presupuestos 2020 choca con dos problemas. Uno, la advertencia de Bruselas de que España va a incumplir el déficit público en 2019 (2,3% del PIB en vez del 2% prometido) y también en 2020 (2,2 % frente al 1,7% prometido), lo que supone que tendrá que “ajustar” el Presupuesto 2020 en unos 7.350 millones (o bien ingresando más o recortando más o haciendo ambas cosas).


El otro problema, más complicado, es que el 1 de enero de 2020 entra plenamente en vigor la reforma del artículo 135.2 de la Constitución, pactada en agosto de 2011 por Zapatero y Rajoy, por la que España tiene que aplicar el ajuste del déficit al que le obliga Bruselas o rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% marcado por el Pacto de Estabilidad. Eso quiere decir que el nuevo Gobierno Sánchez no puede incumplir las exigencias de Bruselas, porque ahora es “una exigencia constitucional”, con lo que cualquier partido, institución o particular podría impugnar unos Presupuestos más expansivos ante el Tribunal Constitucional.


Esto obliga al futuro Gobierno a mirar con lupa el aumento de gastos (y hace falta subirlos en casi todo, desde la educación o las pensiones a la sanidad y las políticas de empleo, sin olvidar la vivienda, las ayudas sociales, las infraestructuras o las tecnologías) y buscar más ingresos como sea, aumentar la recaudación vía sociedades (las grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos), IRPF (subiendo tipos a los que ganan más de 140.000 euros), IVA (limitando los tipos reducidos y superreducidos) , impuestos energéticos (subida al gasoil y a la gasolina) y nuevos impuestos a las operaciones financieras (tasa Tobin y a las multinacionales tecnológicas (tasa Google), sin olvidar la lucha contra el fraude fiscal.


 A la hora de recaudar más, el Gobierno tiene margen: España recaudó en 2018 el 38.9% del PIB, frente al 45% de media en la UE-28, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos impuestos como la media de los europeos, tendríamos que ingresar 73.703 millones más cada año. No se trata de que paguemos más los que ya pagamos mucho, sino que paguen más ese 5% de contribuyentes que hoy pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Claro que conseguirlo el próximo Gobierno con una minoría parlamentaria no va a ser fácil.


España lleva 4 años largos en una situación de bloqueo político que tiene que acabar en 2020: hay que empezar a gobernar y a pactar. Primero un Presupuesto 2020 que relance la economía y afronte las necesidades más urgentes. Y después, las reformas pospuestas: pensiones, educación, sanidad, Dependencia, vivienda, tecnología y digitalización, infraestructuras y modernización de la economía. Se trata de buscar el “mínimo común denominador”, con un objetivo: aproximarnos a Europa en el gasto educativo, sanitario, social, tecnológico y de fomento del empleo. Y para ello, debemos recaudar más como europeos, pactar una reforma fiscal que aproxime nuestros ingresos fiscales a Europa.


Ahí va a estar la clave de cómo resulte ser 2020. Los españoles somos bastante pesimistas sobre la actual situación económica: el 52,5% de los españoles encuestados en noviembre por el Barómetro del CIS creían que la situación económica era “peor” que 6 meses antes, el 34,5% “igual” y sólo un 7,8% “mejor”. Además, al preguntarles cómo veían la economía dentro de 6 meses, para el verano de 2020, el 46,5% de los encuestados la ven “peor”, un 20,5% igual y sólo el 21,6% peor. Pero los expertos creen que no va a ser un año mucho peor, aunque crezcamos algo menos y se creen menos empleos. Incluso Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, dice que la eurozona “puede tener un rebote a mediados del 2020”. 


Así que recibamos el nuevo año sin tanto pesimismo, pensando que por lo menos no va a llegarnos otra crisis, como muchos temían hace unos meses. 2020 será un año “normalito”, de bajo crecimiento y empleo, pero el 7º año seguido de recuperación. No es poco. ¡ Feliz año 2020 a todos !