La reforma laboral,
en vigor desde abril de 2022, ha reducido el empleo temporal y precario en
España. Pero muchos empresarios han utilizado una “puerta trasera” para quitarse trabajadores y seguir rotando plantillas: realizan 3 tipos de despidos, que tienen poca o nula indemnización, sobre
todo si el trabajador lleva pocos meses trabajando. Uno, las bajas por no superar el periodo de prueba,
que casi se han duplicado desde 2021 y eran 740.000 hasta septiembre. Otro, las bajas por despido disciplinario
individual, que han crecido un +26% y superaban las 400.000 en septiembre.
Y la tercera vía, las bajas individuales
“por causas objetivas”, que han
crecido un +34% y superaban los 308.000 despidos hasta septiembre. Los sindicatos han denunciado estas vías de
“despidos baratos” al Consejo de
Europa y, antes de que dictamine, a principios de 2024, el nuevo Gobierno se ha comprometido a reformar estos tipos de despido, que, según la vicepresidenta Díaz
les sale a las empresas “demasiado barato”. Será objeto de la 2ª
reforma laboral (pendiente). 
Este dinamismo del empleo y la afiliación a la SS
no puede ocultar un hecho del que alertan los sindicatos desde 2022, cuando
entró en vigor la reforma laboral: se
han disparado las bajas a la Seguridad Social, aumentan
los “despidos encubiertos”, un fenómeno que no llama tanto la atención porque
han aumentado más las altas y se está creando empleo neto. Pero las bajas, los
despidos, están ahí y creciendo, según
revelan las estadísticas oficiales. Los sindicatos y muchos expertos
consideran que son “una puerta trasera” por la que muchos empresarios cambian
trabajadores y rotan plantillas ahora que les resulta más complicado hacer
contratos temporales. Y denuncian que están
utilizando 3 tipos de bajas que les permiten quitarse y cambiar
trabajadores con poco coste, con indemnizaciones bajas o nulas. Veamos estos
tres tipos de bajas cuyo uso se ha disparado desde 2022.
La primera puerta
que usan ahora muchos empresarios para aumentar las bajas y rotar plantillas
son las bajas de trabajadores por no
superar el periodo de prueba. Siempre ha
habido periodos de prueba (se deben fijar por escrito en el contrato y son
unos periodos que fijan los convenios, aunque a falta de criterio suelen ser 6
meses para titulados técnicos y 2 meses para el resto) y siempre ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad
es que ahora, las
bajas por este motivo se han disparado, sobre todo tras la reforma
laboral: si hubo 444.722 bajas en 2020 y 552.748 en 2021, en 2022 se cerró con
893.930 (+61,7%). Y este año 2023, hasta finales de septiembre se
habían tramitado ya 739.877 bajas a la SS por incumplir el periodo de prueba,
casi tantas como todo el año pasado.
Estas bajas por incumplir el periodo de prueba
son muy
baratas para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a
cobrar una indemnización al irse, sólo cobrará los sueldos pendientes y la
parte de pagas extras y vacaciones. Y con ello, puede utilizarlo para rotar su plantilla y coger otro trabajador,
ahora que resulta difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido
puede reclamar a Magistratura, si creen que el despido ha sido injusto,
pero si ha estado poco tiempo en la
empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir a juicio
por una mínima indemnización (33 días por año en caso de despido
improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).
La segunda puerta
que se está utilizando para los despidos “encubiertos” son los despidos disciplinarios individuales, cuando se justifican en “un incumplimiento grave y culpable del
trabajador”, por varias
causas que fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los
Trabajadores: faltas repetidas de asistencia o puntualidad, indisciplina o
desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores,
“transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza”, disminución
continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?),
embriaguez habitual o toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual…
Este tipo de despidos también se han dado
siempre, pero otra vez nos alertan las estadísticas oficiales
de bajas por motivos disciplinarios: han pasado de 203.050 entre enero y
septiembre de 2021 a 318.829 en los 9 primeros meses de 2022 y 402.010
entre enero y septiembre de 2023 (+26,1%).
Y lo más llamativo: el 90,8% de estos
despidos han sido a trabajadores con
contrato fijo, que ahora pueden ser sustituidos por personal más barato y
menos antiguo.
El abuso
de esta fórmula de despido lo confirma este dato: en septiembre pasado (2023) hubo 52.166 bajas por este motivo, casi el doble que en septiembre de 2021
(27.853 bajas). Este despido disciplinario sale barato, porque el
trabajador no tiene derecho a indemnización. Y aunque puede
recurrir judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi
imposible), sólo acabará cobrando 33
días por año trabajado (o algo más si pacta para no ir a juicio). Otra vez
más, si lleva poco tiempo en la empresa, el despedido se tendrá que pensar si
le compensa pagar un abogado y reclamar. Y además, si el trabajador lleva pocos
años en plantilla, a la empresa le puede
“compensar” pagar el coste de este despido como improcedente para disponer
de su puesto para otro trabajador nuevo.
La tercera puerta que
algunas empresas están utilizando para hacer despidos “encubiertos” son las bajas
individuales “por motivos objetivos”, por “causas económicas, técnicas,
organizativas o productivas” (causas ETOP). Tras la pandemia y la guerra en
Ucrania, el Gobierno Sánchez ha tratado
de limitar estos despidos “por causas
económicas” para empresas, para lo que abrió la vía de los ERTE (“aparcar
trabajadores” un tiempo, pagándoles el desempleo hasta que mejorara la
situación del sector o empresa). Y el sistema ha funcionado (había 12.692
en agosto de 2023, cuando llegó a haber 3.617.205
en abril de 2020). Pero, a cambio, muchas empresas han utilizado las “causas
económicas” para dar de baja a trabajadores, sobre todo tras la reforma
laboral. Así, entre enero y septiembre se han registrado 308.606 bajas por despidos objetivos individuales, +34,11% que en esos 9 primeros meses de
2022 (230.112 bajas) y más del doble que en 2021 (146.222 bajas de este tipo
entre enero y septiembre).
En este tipo de despido “objetivo”, la empresa paga al trabajador
una indemnización más baja, de 20 días
por año trabajado. Y si se recurre como improcedente, volvemos al tema de
los 33 días de indemnización por año, que pueden compensar o no. En cualquier
caso, parece que las empresas
están optando más por este “goteo” de
despidos objetivos uno a uno,
ahora que les resulta más difícil conseguir un “despido objetivo” de un grupo
de trabajadores. De hecho, las bajas por
despidos objetivos colectivos (un 10% de trabajadores o más de la empresa)
han sido solo 23.774 bajas entre enero y septiembre de 2023, una cifra mucho
menor a la de 2021 en esos meses (42.360) y a la de 2013, en lo peor de la
crisis financiera (65.781 bajas por despido colectivo entre enero y junio de
2013).
Los sindicatos
llevan ya dos años alertando de este aumento de despidos “por la puerta de atrás”,
que consideran un abuso y un fraude
laboral de las empresas que los hacen, buscando vías alternativas (y baratas)
para rotar plantillas. Ya en marzo de 2022, UGT presentó una denuncia ante el Comité
de Derechos Sociales del Consejo de
Europa porque consideraban que hay
formas de despido que contravienen el
artículo 24 de la Carta Social Europea (que España ratificó en 2021) y el
Convenio 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). En octubre de
2022, el
Comité admitió a trámite esta denuncia, a la que se sumó CCOO, con otra
reclamación ante el Consejo de Europa a finales de 2022.
En su argumentación
ante el Consejo de Europa, UGT
reitera que la indemnización por despido
en España, rebajada por la reforma laboral de Rajoy en 2012 (de 45 a 33
días por año) no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo
empleados y que hay vías de
despido (como las tres vistas ya: por no superar el periodo de prueba, por
despido disciplinario o por causas objetivas) que son “demasiado baratas” para los empresarios. Por eso, los
sindicatos han pedido a Europa
que se pronuncie a favor de subir la
indemnización por despido improcedente (de 33 a 45 días por año, con límite
de 42 mensualidades) y que se fije una indemnización
mínima en estos despidos, de 6 meses
de salario, para compensar a los despedidos con poca antigüedad. Además,
piden que se recupere el
pago de los salarios de tramitación (que antes de la reforma de 2012 se
cobraban habitualmente tras una sentencia de readmisión y ahora sólo en
algunos casos). Y, sobre todo, que se concrete mucho más “la causalidad”
de los despidos, para que no se abran “puertas traseras injustificadas” al
despido, reformando la situación actual de los despidos objetivos, individuales
y colectivos.
El 15 de febrero de este año, la vicepresidenta Yolanda Díaz recogió esta tesis de los
sindicatos sobre las indemnizaciones y el abuso en algunos despidos, al declarar
textualmente en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro, es
demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir
utilizando las indemnizaciones de 33 días”. A partir de ahí, Sumar
incluyó en octubre, en
el acuerdo de Gobierno con el PSOE,
este compromiso: “Establecer garantías
para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta
Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la
relación laboral”. Una promesa de que el
nuevo Gobierno legislará para cambiar la
indemnización y las causas de algunos despidos.
La idea es que la
reforma de los despidos sea “el
corazón de la 2ª reforma laboral pendiente”, tras la aprobada en 2021. No va a ser fácil, porque la
patronal no quiere oír hablar de “encarecer el despido” o limitar sus
causas, argumentando que iría
en contra de la flexibilización en la contratación prometida a Europa en el
Plan de Recuperación. Pero los sindicatos presionan y esperan que el Comité del
Consejo de Europa se pronuncie en el
primer trimestre de 2024. Y podría
darles la razón, encareciendo el despido y limitando las causas, como ya
hizo con reclamaciones sindicales similares de Francia (2 sentencias), Italia y
Finlandia. Quizás la vicepresidenta Díaz y el Gobierno prefieran esperar esta decisión,
para cargarse de razón frente a la patronal y tener más fuerza para reformar el
despido. En cualquier caso, esta 2ª reforma laboral será más difícil que
la de 2021, a la vista de la
intransigencia patronal y la dureza de la oposición de PP y VOX. Pero algo
habrá que hacer, para que no se abuse del despido barato
como sucede ahora. La pelea, en 2024.
