Decreto de vivienda: las derechas se retratan

Finalmente, Junts se sumó al PP y Vox para rechazar el primer Decreto de vivienda, un “parche” de mínimos que pretendía resolver los dos problemas más urgentes de los inquilinos: frenar desahucios y ampliar dos años los alquileres que terminan en 2027 y 2028. Las distintas derechas han boicoteado las 12 medidas del Decreto, mostrando a quien apoyan: a los 2,8 millones de caseros y miles de inmobiliarias y Fondos buitre, que buscan ganar más,  frente a 5,2 millones de inquilinos, que piden más protección. Realmente, la estrategia de Junts es cargarse la Legislatura para buscar futuros acuerdos con PP y Vox. En el fondo, la vivienda les da igual a todos: las autonomías del PP (con la gestión de la vivienda) no han hecho nada y  han boicoteado todas las medidas del Gobierno, incluido el último Plan de Vivienda. Ahora, con elecciones cerca, las derechas apuestan por seguir con la inacción y la especulación inmobiliaria, mientras millones de jóvenes y familias siguen sin techo. Decidirá  el voto.

      Junts, PP y Vox han antepuesto tumbar al Gobierno a resolver problemas urgentes de los inquilinos

Todo lo que está pasando con la vivienda en España es la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. En los años 90 y a principios de este siglo, se produjo un “boom inmobiliario”, alimentado por la banca y el Gobierno Aznar, que multiplicó las grúas y el número de españoles propietarios: en 2007 hubo 829.283 compraventas, sólo un 7% de extranjeros. Pero en 2008, estalló la crisis de las hipotecas basura y se desplomaron las construcciones y las compraventas: 299.383 en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, con precios de saldo (la vivienda cayó un -51% entre 2008 y 2013), la vivienda empezó a recuperarse, de la mano de bancos, inversores y Fondos de inversión, que aprovecharon los precios de saldo. Y en 2025 ya se compraron 746.944 viviendas (casi como el año récord de 2007), el 17% (1 de cada 5,5) compradas por extranjeros. Y en 2026, España es el país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, “el Dorado del ladrillo”.

Mientras, este salto de la burbuja a la crisis y luego a la recuperación se ha traducido en unos precios disparados, tanto de la vivienda (el precio de compra ha subido un +80% entre 2015 y 2025) como del alquiler (+87% de subida estos 11 años). La causa está en el enorme déficit de viviendas para comprar o alquilar. Por un lado, se ha disparado la demanda, debido al aumento de población (+3 millones de habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada año. Y por otro, apenas se han construido viviendas estos años: sólo 93.650 viviendas construidas en 2025 (de ellas, sólo 11.104 viviendas protegidas), con una media de 93.000 viviendas nuevas totales al año en esta década y otras 99.000 en la década de 2010 (con un mínimo de 44.630 viviendas construidas en 2016), cuando se habían construido 540.000 viviendas de media anual entre 2000 y 2010 (con un máximo de 658.510  construidas en 2006).

El resultado de esta fuerte demanda y la escasa oferta es que se han disparado los precios de las viviendas (2.355 euros/m2, +35% desde 2022, aunque son 4.089 euros/m2 en Madrid, 3.980 €/m2 en Baleares, 3.102 €/m2 en País Vasco o 2.752 €/m2 en Cataluña, según el INE) y los alquileres (15,1 €/m2, +104% de subida sobre 2025, que sube a 23,4 €/m2 en Madrid, 19,6 €/m2 en Palma, 18,4 €/m2 en San Sebastián o 16,5 €/m2 en Málaga, según Idealista). La consecuencia es que caseros, inversores y Fondos se lanzan a especular con sus viviendas (escasas), subiendo precios cada mes, mientras las familias y los jóvenes no pueden comprar un piso (con las hipotecas subiendo) ni alquilarlo (se lleva del 30 al 50% de un sueldo), porque apenas hay oferta (41 inquilinos por cada nuevo alquiler) y les “seleccionan”. Eso explica que el 69% de los jóvenes de 18 a 34 años sigan viviendo con sus padres, mientras sólo lo hacen el 50% de los jóvenes europeos (y el 32% de los alemanes).

Ante este panorama, que se ha agravado con el rebrote de la demanda tras la pandemia, poco se ha hecho desde el Gobierno y menos desde las autonomías y Ayuntamientos. Hasta el 1 de febrero de 2022, el Gobierno no aprobó una Ley de Vivienda, cuya entrada en vigor se retrasó hasta el 26 de mayo de 2023. Una Ley muy intervencionista, forzada por Podemos y Sumar, que apostaba por imponer controles a los alquileres (topes en precios y revisiones), en lugar de intentar conciliar los intereses de caseros, inquilinos, promotores y constructores para resolver el problema de fondo: construir más viviendas, al menos 225.000 al año.

El primer resultado de esta Ley de Vivienda largamente anunciada (25 meses desde aprobarse en Consejo hasta la publicación de los índices de referencia para los topes de alquileres, el 15 de marzo de 2024) fue que hubo caseros que retiraron sus pisos del alquiler: unos prefirieron vender y aprovechar las enormes plusvalías, otros mantener sus casas vacías y la mayoría desviar sus pisos en alquiler a dos nuevos destinos, que evitaban los posibles controles de precios: convertirlos en pisos turísticos o en pisos de alquiler de temporada (por meses o periodos inferiores a un año). O partirlos y alquilarlos por habitaciones. Actualmente, el INE informa que hay 341.000 pisos turísticos, la mayoría concentrados en Málaga (45.000 pisos que no se pueden ya alquilar…), Alicante, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Y en paralelo, el 45% de los alquileres que se anuncian en Idealista son ya alquileres de temporada o por habitaciones (425 euros al mes, hasta 600 en Barcelona), un total de 1.15.000 pisos que también se escapan del alquiler “normal”.

Ante este panorama, cada vez son más los inversores, inmobiliarias y Fondos de inversión que aprovechan los altísimos precios para comprar pisos con objeto de echar a los inquilinos y luego subir el alquiler a los nuevos, algo que también buscan muchos caseros al final del alquiler de sus actuales inquilinos. Precisamente, casi 2 millones de alquileres hechos tras la pandemia tenían que renovarse este año 2027 y en 2028, lo que aprovecharán muchos caseros e inmobiliarias para subirlos. Eso alimenta la preocupación de los 5,2 millones de hogares que viven en alquiler y que cada vez pagan más. Eso está alimentando los desahucios, que han bajado a la mitad (desde el récord de 41.359 en 2021 a 20.059 en 2023 , 27.564 en 2024 y 24.510 en 2025), pero que han cambiado: ahora hay más desahucios por impago de alquileres (el 75%, frente al 53% hace una década) y menos por hipotecas.

Frente a esta situación, el Gobierno Sánchez, presionado por Sumar, intentó pactar en julio un Decreto que resolviera los problemas más urgentes de los alquileres, básicamente prorrogando los alquileres que vencen en 2027 y 2028 y limitando los desahucios. Intentó negociarlo con Junts y PNV y con Podemos, sin cuyo apoyo no podía aprobarse. Y como no parecía posible, lo dejaron para septiembre, cuando también se veía difícil conseguirlo. Pero sucedió algo imprevisto: el 23 de septiembre, Maricarmen, una anciana de 87 años fue desahuciada por la empresa Urbagestión de la casa donde vivía de alquiler desde hacía 71 años. Su imagen saliendo en camilla al hospital conmocionó al país, con movilizaciones en media España. Y parecía que iba a conseguir que Junts y Podemos apoyaran los cambios que rechazaron en julio, con un Decreto de mínimos aprobado el martes 29 de septiembre.

El Decreto, publicado en el BOE del 30 de septiembre, incorpora 12 medidas que buscan resolver los problemas más graves de los inquilinos, sin apenas perjudicar a los caseros. La primera medida estrella es prohibir los desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 (ya anuló desahucios el jueves y el viernes), con la salvaguarda (introducida por Junts…) de que las autonomías tienen que compensar al pequeño casero afectado. Y la segunda, prorrogar hasta 2 años más los 1,9 millones de alquileres que vencen este año y en 2028, para evitar que los caseros aprovechen para subirles el alquiler a los disparatados precios actuales (no podrán subirlos más del 2%).

Otra medida importante es que se aprueba una deducción fiscal del 10% para todos los inquilinos (puede ser de  512 euros de media) y mantiene la deducción fiscal del 50% para los caseros, que sube al 100% de deducción si acepta reducir la renta un 15% (y baja al 15% si n la sube un 20%). Otra medida importante del Decreto es que limita los alquileres de temporada, al obligar a demostrar la causa que lo justifica, y los alquileres por habitaciones, al poner un tope: el ingreso por todas las habitaciones no podrá superar al de un alquiler de todo el piso (algo difícil de controlar). Y se obliga a los pisos turísticos a pagar un IVA del 10% (ahora no pagan nada), que no es del 21% para “contentar” a Junts (y al PNV). También es importante en el Decreto la creación de un nuevo préstamo público (ICO) para facilitar la compra de vivienda habitual: préstamos del 20% del valor de la vivienda (con un máximo de 50.000 euros), al 0% de interés y que pueden empezar a devolverse hasta a los 30 años (cuando se acabe de pagar la hipoteca por el 80% que haya concedido un banco).  Además, el ICO facilitará avales públicos, hasta 2.000 millones de euros, para facilitar la financiación de viviendas sociales, para alquiler o venta a precios asequibles. Y toda la vivienda protegida que se construya con dinero público pagará un IVA del 4% y será siempre VPO (75 años).

Por último, el Decreto aprobado por el Gobierno el martes pasado incluía dos medidas “de cara a la galería”, por presión de Sumar y el Sindicato de Inquilinos. Una, frenar la compra de viviendas por “Fondos buitre” a un precio inferior al de mercado (tasación) hasta el 31 de diciembre de 2028, aunque no parece fácil de implantar. Y la otra, más aplicable, la subida fiscal del 15 al 25% a los beneficios que tienen las SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria que han proliferado en los últimos años, especulando con la vivienda (las 157 SOCIMIS que cotizan en Bolsa aumentaron su valor un 18,3% en 2025).

Hasta aquí el contenido básico de este primer Decreto (el otro, la prórroga indefinida de los contratos, forzado por Sumar, se sabía que no iba a convalidarse) para resolver los problemas más acuciantes de la vivienda, aprovechando el clamor social desatado por el desahucio de Maricarmen. Pero la sorpresa la ha dado Junts, al votar en contra de este Decreto el viernes en el Congreso, aunque lo había negociado hasta última hora. Y junto a Junts, el voto en contra también de PP, Vox y UPN, una mayoría que rechaza las medidas, asegurando que no van a resolver el problema de la vivienda y que reducirán aún más los alquileres.

El rechazo del PP no sorprende tanto como el de Junts porque nunca ha tenido una política clara de vivienda, aunque gobiernan en 12 autonomías, que son las que legalmente gestionan la vivienda en España. Pero apenas promueven la construcción y las ayudas a los inquilinos que conceden (tarde) son con fondos estatales. Primero, rechazaron en 2023 la Ley de Vivienda y sus autonomías se negaron a aplicar los topes de alquileres en zonas tensionadas (sólo los aplican 302 municipios en Cataluña, 18 en país Vasco, 21 en Navarra, 5 núcleos en pueblos asturianos y A Coruña y Santiago en Galicia), topes que han conseguido frenar los alquileres (poco), aunque a costa de reducir la oferta. Y ante el reciente Plan de Vivienda 2026-30, con más dinero para promover viviendas, las autonomías del PP lo han rechazado, aunque han aceptado el primer plazo de entrega del Plan (que contempla transferir a las autonomías 4.200 millones del Estado a cambio de que ellas pongan otros 2.800).

Parece claro que Junts ha votado en contra del Decreto de vivienda no tanto para “defender a sus caseros” (también) como para “cargarse esta Legislatura”, para forzar elecciones, pensando que si las ganan el PP y Vox, ellos podrán sacar más ventajas para Cataluña que con Sánchez. Y al final, se trata del “cerrar el frente de las derechas”, en defensa de la propiedad y contra “las locas pretensiones” de los inquilinos y la izquierda”. El problema de fondo es si un Gobierno de derechas tendrá una política de vivienda que resuelva los graves problemas actuales o favorecerá la especulación y la subida de viviendas y alquileres.

El problema de fondo de la vivienda, pendiente de resolver en España, es construir mucho más para reducir el déficit de vivienda y hacer bajar los precios: el Banco de España ha señalado que tendremos un déficit de 1 millón de viviendas en 2028. Así que urge construir, construir y construir. Pero para ello urge un gran Pacto político por la vivienda, que aborde varios frentes. Uno, la falta de suelo: hay mucho suelo, pero poco suelo urbanizable (hay que invertir más para conseguirlo). Y además, hay un exceso de burocracia y demasiados Planes parados en los Juzgados, para los que el Gobierno propuso una reforma de la Ley del suelo (que tumbaron Junts y PP, con Podemos). El segundo frente es conseguir más financiación para la promoción pública y privada de vivienda, con un mayor gasto público del Estado, autonomías y Ayuntamientos, más créditos de los bancos y el ICO. Y el tercero es implicar a promotores y constructores en construir más de 200.000 viviendas al año, facilitando su trabajo. Y en paralelo, pactar con caseros e inmobiliarias para que pongan más viviendas en alquiler para familias y jóvenes, con ayudas y beneficios fiscales, no con topes y controles.

Estamos ante una “emergencia nacional” en la vivienda, que hay que resolver innovando y negociando entre los actores implicados (lean lo que está haciendo Illa en Cataluña), no con prejuicios políticos que busquen favorecer a los caseros (2,8 millones de propietarios, el 15% son Fondos y otro 60% son particulares con 2 o más viviendas en alquiler) frente a los inquilinos (5,2 millones de hogares en alquiler) ni viceversa. El problema de la vivienda sólo se puede resolver con financiación, suelo, acuerdos y ayudas, no con ideología ni politiqueo. Eso es lo que pide el clamor social que se desató en España tras el desahucio de Maricarmen. Pero se ha frustrado al rechazarse el Decreto, un sinsentido social. Ahora habrá que votar (en generales y autonómicas) y decidir quien lo resuelve o lo obvia en unos meses. No se ve otro camino. 

Más incentivos a retrasar la jubilación

Desde el 26 de agosto hay más incentivos para que un empleado retrase su jubilación y siga trabajando (jubilación demorada) y también para que un jubilado decida volver a trabajar y compagine sueldo y pensión (jubilación flexible). Son medidas que pactaron en 2024 el Gobierno, sindicatos y patronal, para frenar el gasto en pensiones, que superará los 200.000 millones de euros en 2026. Además, se mantienen otras medidas para penalizar la jubilación anticipada y facilitar la jubilación activa (cobrar parte de pensión mientras se trabaja). Gracias a esto, han bajado las jubilaciones anticipadas (el 31,4%) y se demoran muchas jubilaciones (el 11,8%), aunque todavía son pocos los jubilados que compatibilizan pensión y trabajo: 79.475, de 6,5 millones de jubilados. Los expertos piden reducir las exigencias para facilitar que muchos jubilados trabajen y campañas de información para divulgarlo. Es importante porque a partir de 2027 se jubila el grueso de la generación del baby boom (1958-1977) y en 2050 habrá 15,6 millones de pensiones, frente a 10,4 millones ahora.

                        Enrique Ortega

Asegurar el pago de las pensiones futuras es uno de los mayores retos de todos los paises occidentales, donde aumenta la esperanza de vida y el envejecimiento de la población mientras  cae la población joven que trabaja. El problema es mayor en España, uno de los paises más envejecidos del mundo y donde sigue cayendo la natalidad, con un déficit de activos que cubren los inmigrantes. Eso ha disparado la factura de las pensiones, que era de 40.000 millones de euros el año 2.000 y superará los 200.000 millones en 2026. Y hemos pasado de 7,6 millones de pensiones a principios de siglo (4,6 millones de jubilación) a 10,4 millones de pensiones este año (6,6 millones de jubilación), que se dispararán a 15,6 millones de pensiones en 2050, con un gasto (16,8% del PIB) que será el mayor de Europa, según la OCDE y la UE.

Para afrontar este reto estructural, que se agravará en los próximos años, los distintos Gobiernos han aprobado varias reformas del sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno Zapatero aprobó una primera reforma, con el apoyo de sindicatos y patronal, para frenar el crecimiento del gasto en pensiones, aumentando la edad de jubilación (hasta los 67 años en 2027: este año son 66 años y 10 meses) y endureciendo los requisitos sobre años cotizados para acceder al 100% de pensión. En 2013, el Gobierno Rajoy aprobó una 2ª reforma, en solitario (sin el apoyo de las fuerzas sociales), que apenas revalorizó las pensiones y estableció un mecanismo para reducir las nuevas pensiones futuras (que se retiró en 2018). La 3ª reforma se pactó en noviembre de 2020, en el Pacto de Toledo, entre sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (sólo Vox votó en contra), con un abanico de 20 medidas: pago por el Presupuesto de las pensiones no contributivas, subida anual del IPC, creación Fondo de Reserva (“hucha”), revisión cotizaciones y periodos exigidos, así como medidas para penalizar las jubilaciones anticipadas y promover la compatibilidad entre trabajo y pensión.

En 2019, un 40% de los jubilados se retiraban anticipadamente. Con las penalizaciones aprobadas a partir de 2020, esta tendencia se ha frenado, porque la jubilación sólo se puede anticipar 2 años  y se recorta la pensión entre el -3,26% (si se anticipa 1 mes) y el -21% si se anticipa 24 meses (el recorte es menor para los que han cotizado más de 38 años y 6 meses: un máximo del -19%). El efecto de este cambio ha sido eficaz en poco tiempo: en 2025 hubo 104.655 jubilaciones anticipadas, un 27,9% del total de jubilaciones (375.324 altas), bastante menos que en 2019 (40% altas).Y en 2026, hasta agosto, son el 31,4% de las jubilaciones.

La otra medida aprobada en los últimos años, favorecer el retraso en la jubilación (“jubilación demorada”) también ha dado sus frutos, gracias a los incentivos aplicados: aumento del 4% en la pensión futura por cada año de retraso en la jubilación o pago único de un cheque de 4.400 euros a 13.800 por cada año de retraso o un incentivo mixto cuando se retrasa más de 2 años . En 2025 hubo 40.952 jubilaciones demoradas, un 11,1% de las altas de jubilación, más del doble que en 2019 (4,8% de altas demoradas, apenas 14.000). Y este año, hasta agosto, son 25.762 altas demoradas, el 11,8% del total de jubilaciones.

Como consecuencia de ambas medidas (penalizar la jubilación anticipada y favorecer el retraso de la jubilación), se ha conseguido aumentar la edad efectiva de jubilación, a 65,3 años de media en 2025 y a 65,4 años en 2026, un año más tarde que en 2019 (64,4 años). Y todo apunta a que esta tendencia seguirá en el futuro, frenando algo el gasto en pensiones.

Hasta esta última reforma de las pensiones, a partir de 2021, la casi totalidad de los trabajadores se jubilaba a la edad que les tocaba (65 años si ha cotizado 38 años y 6 meses y a los 66 años y 10 meses en 2026 si ha cotizado menos). Ahora, los trabajadores pueden elegir entre 4 tipos de jubilación. La primera, la jubilación parcial: a partir de los 60-62 años, permite reducir la jornada y el salario antes de la jubilación cobrando la parte proporcional de la pensión, cotizando a tiempo parcial hasta la jubilación total. Y se cobra de pensión el porcentaje de jornada que se reduce, muchas veces vinculada a la contratación de un joven (contrato “de relevo”). La segunda es la jubilación demorada: el trabajador retrasa su jubilación y sigue trabajando y cotizando, con vistas a cobrar una bonificación en su pensión cuando finalmente se jubile. La tercera, la jubilación activa: permite seguir trabajando (tras llegar a la edad legal de jubilación), a jornada completa o parcial, mientras se cobra una parte de la pensión (el 50%, que llega al 100% si es un autónomo con un empleado). Y la cuarta opción, la jubilación flexible: permite a la persona jubilada volver a trabajar, cobrando una pensión proporcional a su jornada de trabajo (del 50 al 75% de la jornada) y recuperando su pensión total cuando deje de trabajar.

De momento, estas nuevas modalidades de jubilación son minoritarias, menos usadas en España que en el resto de Europa. Así, en julio de 2026, eran 79.475 los trabajadores que compatibilizaban salario y pensión, a través de la jubilación activa y flexible, lo que supone sólo el 1,22% de todos los jubilados (6,5 millones pensionistas cobran una jubilación), aunque hace unos años la cifra era ínfima. Pero para impulsar estas jubilaciones compatibles con trabajar, que ayudan al sistema de pensiones (reducen la factura de las pensiones y aumentan las cotizaciones), el Gobierno aprobó el 26 de mayo dos cambios, pactados en 2024 con los sindicatos y la patronal, para incentivarlas, cambios en vigor desde el 26 de agosto.

El primer cambio mejora la jubilación flexible. Por un lado, se permite que puedan solicitarla también los jubilados que vuelvan a trabajar como autónomos, cuando hasta ahora sólo podían beneficiarse los que volvían a un trabajo asalariado a tiempo parcial. Y además, se amplía la jornada en la que pueden trabajar, entre el 33 y el 80% de la jornada habitual (ahora era del 25 al 75%), aumentando la pensión entre un 15 y un 25% según jornada.

El segundo cambio que ha entrado en vigor el 26 de agosto mejora además la jubilación demorada. Por una parte, se mejora el incentivo, ya que ahora computará por los semestres que se retrase la jubilación, no por años como hasta ahora. Y para las carreras más largas, los que demoren la jubilación 9 o 10 años, se establece un sistema fijo de incentivos: cobrarán un 4% más de pensión anual durante 5 años y otro 2% adicional cada 6 meses.

Las medidas adoptadas para que los mayores sigan trabajando y compatibilizando pensión y salario han provocado, junto a la mayor actividad de las mujeres y el aumento de la esperanza de vida, que aumenten los trabajadores mayores en España, según un estudio de Funcas. En 2025, el 53% de los que tenían entre 60 y 64 años trabajaban, la tasa más alta desde los años 80. El salto se ha dado en las mujeres (de trabajar el 10% con esa edad en 1970 se ha pasado al 48% en 2025), mientras baja entre los hombres mayores (del 70% en 1970 han bajado al 58% trabajando en 2025). A pesar de este aumento, España tiene una tasa de empleo entre 60 y 64 años inferior a la mayoría de Europa (donde hay 7 paises, Alemania entre ellos, donde trabajan más del 70%, con un 45% en Francia y un 60% en Italia).

También han crecido los españoles que trabajan con 65 a 69 años: trabajan el 14%, la tasa más alta desde 1981, cuando en el año 2.000 trabajaban sólo el 2,5% de estos mayores. Y en esta edad, son más los hombres que trabajan (el 13,5%) que las mujeres (11%). En este caso, España también está a la cola de Europa en trabajadores de 65 a 69 años, sólo por detrás de Rumania, Croacia, Francia (10%) y Bélgica, lejos de Alemania (el 28% de las personas de 65 a 69 años trabajan) e Italia (trabajan el 23%), según Funcas.

Así que todavía hay margen en España para aumentar el trabajo de los mayores, tanto de los que tienen entre 60 y 64 años (que no pueden jubilarse y no encuentran empleo) como los de 65 a 69 años (retrasando su jubilación o compatibilizándola con el trabajo). Eso aumentaría la tasa de empleo (tenemos 1 millón largo de ocupados menos que la media europea) y frenaría el crecimiento de los pensionistas y del gasto en pensiones. El problema es resolver el salto de la actividad a la inactividad, que en Europa es más progresivo y en España es más brusco: a los 60 años trabajan el 71% de los hombres y el 55,5% de las mujeres, pero el porcentaje cae a la mitad a los 64 años (trabajan el 37,5% de los hombres y el 31,6% de las mujeres) y el trabajo es “testimonial” a los 69 años (trabajan el 5,5% de los hombres y el 2,8% de las mujeres), según el estudio de Funcas.

Ahora, con las 4 modalidades de jubilación y las recientes mejoras en la jubilación flexible y demorada, se espera conseguir que más trabajadores alarguen su vida laboral (retrasen su jubilación) y que una parte creciente de los jubilados vuelvan a trabajar. Para conseguirlo, la OCDE recomendó a finales de 2025 a España que “suprima los obstáculos que todavía persisten para que los trabajadores de más edad se mantengan en su empleo”, señalando que hay problemas de burocracia y exigencias administrativas, además de una falta de información a los mayores y jubilados sobre las ventajas de seguir trabajando. Otro estudio, de Santa Lucía, propone que se unifiquen criterios y requisitos, que ahora crean confusión, para facilitar que más mayores sigan trabajando. Sobre todo en actividades de baja carga física y trabajos “intelectuales” como educación, sanidad, consultoría o distintos profesionales.

Es importante que esta parte de la reforma de pensiones (retrasar voluntariamente jubilación y compatibilizarla con el trabajo) funcione y se utilice más, porque vienen unos años donde se disparará el gasto en pensiones, al jubilarse a partir de 2027 el grueso de la generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1.978 : más de 600.000 nacidos cada año en esos 22 años, frente a los 321.164 nacidos en 2025 y los 350.000 que nacerán hasta 2075. El pico de estas jubilaciones se dará entre 2040 y 2045, disparando el gasto en pensiones. Y como aumenta el envejecimiento y la esperanza de vida (de 84 años ahora a 87 años en 2050), aumentarán drásticamente las pensiones, de los 10,4 millones actuales (6,5 millones de jubilación) a 15,6 millones de pensiones en 2050.

Se podrán pagar, pero eso exigirá aumentar ingresos y cotizaciones, así como frenar el número de pensionistas alargando los años de trabajo, porque mucha gente puede trabajar después de los 67 años. Claro que eso exige un cambio de actitud de las empresas (que no quieren “trabajadores mayores”) y compatibilizar esta demora de la vida laboral con más trabajo para los jóvenes. Un reto difícil que obligará a más acuerdos sobre el futuro de las pensiones.

El gran negocio de los conciertos

En mayo empiezan los conciertos musicales por media España, que se generalizan en verano, con más de 1.000 Festivales en pueblos y ciudades. Tras la pandemia, ha crecido la “fiebre” por ir a conciertos, siendo España uno de los paises europeos donde más recalan los grandes cantantes internacionales, aunque arrastran más seguidores los cantantes españoles. En 2025, 1 de cada 3 españoles acudió a un concierto, celebrándose 125.000, con más de 35 millones de espectadores. Un negocio que factura 807 millones anuales, gracias a que los jóvenes están dispuestos a pagar 100 euros y más por ir a un concierto, más gastos de viajes, estancia, comida y bebida. Los conciertos, controlados por multinacionales extranjeras y algunas españolas, mueven 5.812 millones anuales y son claves para muchos pueblos y autonomías, que los financian con ayudas públicas. Todo apunta a que la “fiebre” por los conciertos (y el negocio) seguirá creciendo, en medio de problemas de masificación, ruido, altos precios y falta de lugares adecuados.  Otra “burbuja” que podría explotar.

                      Sonorama Ribera (Aranda de Duero), uno de los 1.000 Festivales de verano en España

España es uno de los paises europeos con más conciertos y festivales de música en vivo. Tras la pandemia, cundió el furor por salir de casa y acudir a eventos múltiples, mayoritariamente al aire libre. Así, un 35% de los españoles adultos (10,5 millones de personas) acudieron a un concierto en 2024-2025, según la última Encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura. Y esto se refleja en los datos de conciertos y espectadores que asistieron a un concierto de música en vivo en 2024: 120.510 conciertos y 33.954.503 espectadores, según el último Anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que refleja el gran salto dado desde la pandemia, ya que en 2019 se celebraron 91.106 conciertos (han crecido un +32%), con 28,2 millones de espectadores (han crecido un +20,2%).

Los conciertos recaudaron por entradas (“la gasolina” de este negocio) 807 millones de euros en 2025, según el sector (APM), una recaudación que casi se ha triplicado desde 2019 (383 millones) y que casi duplica la de 2022 (459 millones). Eso significa que el negocio de la música en vivo, sólo con los ingresos de las entradas (tienen otros muchos, desde las bebidas y comidas al merchandising y las ayudas institucionales) mueve más que otras formas de cultura como la música grabada (ingresó 674 millones en 2025) o el cine (705 millones ingresados por taquilla), acercándose a los libros (1.250 millones vendidos en 2025). Eso sí, el negocio de los conciertos está muy concentrado en Madrid (237 millones recaudados por entradas, casi el 30% del total) y Barcelona (136 millones, casi otro 17%), seguidas de lejos por Sevilla (27,47 millones), Valencia (26,88), Málaga (25,89) y Vizcaya (25,80), según los datos de la APM. Y por comunidades, destaca el salto en conciertos dado por la Comunidad Valenciana (recaudan 46,45 millones) y el País Vasco (44,5 millones).

Los conciertos de música en vivo no solo son un gran negocio para las empresas promotoras  (103 en 2025, frente a 53 en 2015), sino que tienen un gran impacto económico en las ciudades y pueblos donde se celebran, promoviendo el turismo en la zona: viajes, ocupación en hoteles, apartamentos y campings, consumo en bares y restaurantes y más gasto en general en las localidades afectadas. Este impacto económico de los conciertos se estima en 5.812 millones de euros en 2025, según un estudio de SFTL e INCENTIVA. Además, se calcula que la música en vivo genera alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos.

La base de todo este negocio de los conciertos musicales está en las entradas, cuyo precio se ha disparado en los últimos años, por tres factores: la creciente demanda de los jóvenes (dispuestos a pagar cada vez más por ver a su cantante favorito), el aumento del “caché” que cobran las grandes figuras y el aumento creciente de costes que supone montar un concierto, sobre todo un “macroconcierto” (“concierto XXL”), que implica el trabajo de hasta 900 personas durante varios días, más un derroche de tecnología y logística.

Los conciertos de música en vivo son seguidos sobre todo por jóvenes (la mayoría tienen entre 25 y 34 años), aunque se promueven conciertos “para toda la familia” (como los de Sabina, Melendi o Manuel Carrasco), para atraer a varias generaciones de espectadores. Pero el motor de los conciertos siguen siendo los jóvenes de la generación Z, que han accedido a la música con las redes sociales y Spotify y que ahora no quieren perderse un concierto de sus artistas preferidos, aunque las entradas cuesten más de 100 euros. Porque los conciertos no son un evento más, sino que las promotoras los venden como “una experiencia”: no se trata sólo de ir al concierto, sino compartir con amigos y en redes el antes, el durante y el después, valorando no sólo la música (que ya conocen de sobra) sino el espectáculo, el montaje y lo que hay alrededor (otros fans, camisetas, sudaderas, llaveros, carteles…).

Todo esto ha creado una cierta ansiedad en una generación de jóvenes por “no quedarse fuera” del próximo concierto de Rosalía o de Bud Bunny, con una carrera contra reloj por las entradas. Y eso dispara los precios, concierto a concierto. De hecho, el precio de la entrada media fue de 84 euros en 2024, según los propios promotores (APM), aunque la realidad es que las entradas a los macroconciertos están ya por encima de 100 euros. Así, en los últimos conciertos de Rosalía, el precio medio de la entrada (con gastos incluidos) osciló entre 100 y 130 euros, parecidos al de Sabina (57-135 euros) y Ed Sheridan (60-130 euros). Y si se espera, desaparecen las entradas más baratas y hay que acudir a la reventa.

Los promotores denuncian que la reventa ilegal de entradas de conciertos tiene cada vez más peso, porque las empresas implicadas (plataformas como Viagogo, StubHub, Gigsberg o Ticombo) se anuncian en redes y son destacadas por Google al buscar entradas porque pagan por ello (de hecho, sin este papel de Google, los promotores creen que no habría reventas ilegales). Y estas webs no se pueden cerrar, porque tienen el servidor en Suiza y otros paises y cambian de plataforma cada cierto tiempo. El problema de la reventa ilegal es doble: disparan el precio de las entradas que venden (las inmovilizan antes de que salgan a la venta) y en ocasiones son fraudulentas, porque cuando el comprador llega al concierto, se encuentra con que la entrada es falsa y no puede entrar. Los promotores estiman que estas plataformas de reventa facturan ilegalmente 2.500 millones de euros al año en Europa.

Pero los espectadores de los conciertos no sólo se gastan en la entrada. Muchos viajan para asistir al concierto, lo que les supone otro gasto en billetes de avión o tren, coche y estancia. Y ya dentro del concierto, más gasto en bebidas y comida (carísimas), aunque sea obligatorio (desde enero de 2023) que los conciertos ofrezcan agua gratis (fuentes) y permitan la entrada de bocadillos y comida (tras una sentencia, en diciembre de 2025, del Juzgado nº 4 de Valencia, por una demanda de Facua, que prohibió a la promotora Madrid Salvaje impedir el acceso de comida y bebida a sus conciertos. Otra fuente de gasto (y de ingreso para las promotoras) son el merchandising, la venta de camisetas, sudaderas, llaveros, gorras y carteles relacionados con el concierto.

Y queda hablar de otra importante fuente de ingresos para las promotoras de los conciertos: las ayudas públicas de los Ayuntamientos, las Diputaciones y las autonomías donde se celebran los conciertos, dado que promueven el turismo y el gasto local. Un ejemplo es el FIB de Benicàssim (Castellón), un macrofestival que se celebra en julio. En 2023 se supo que el Ayuntamiento de esa localidad había gestionado 2 millones de ayudas europeas (Fondo Next Generation) para mejoras en el reciento municipal de Festivales, además de los 200.000 euros anuales que ha aportado el Ayuntamiento y otras ayudas de la Diputación de Castellón (también para otro Festival en el pueblo, el Rototom). El Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, cuenta con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 216.250 euros. Y en Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad financian varios festivales, como Mad Cool (julio). Eso sin hablar de los miles de actuaciones en vivo en las fiestas de verano en toda España, que suelen pagar los Ayuntamientos (contratando orquestas que cobran hasta 25.000 euros), que por desgracia gastan más en orquestas y toros que en promover viviendas…

Estas ayudas públicas, sobre todo de Ayuntamientos, han multiplicado los Festivales musicales con conciertos en directo en verano, pasando de 872 en 2023 a más de 1.000 en 2025 (ver listado). España es el tercer país europeo con más Festivales de verano, tras Alemania y Reino Unido. La región líder en estos Festivales es la Comunidad Valenciana, destacando 5 grandes festivales de conciertos: Arenal Sound (en Burriana, Castellón: 300.000 asistentes), Primavera Sound (en San Adrià de Besos, Barcelona: 297.000 asistentes), Viña Rock (en Villarrobledo, Albacete: 240.000 asistentes), Sonorama Ribera (en Aranda de Duero, Burgos: 200.000 asistentes) y Sónar Barcelona (Barcelona capital: 161.000 asistentes).

Con toda esta financiación, desde las entradas hasta las barras de bebida, los recuerdos y las ayudas públicas, el negocio de la música en vivo crece sin parar, empujado por grandes promotoras internacionales y nacionales, que organizan los grandes conciertos en España. En 2025, 7 de los 10 conciertos con más público fueron de cantantes españoles: Joaquín Sabina (383.633 asistentes en 41 conciertos en 18 ciudades), Manuel Carrasco (367.256 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.378 asistentes en 32 conciertos), Aitana (153.198 asistentes en 3 conciertos), Dellafuente (117.630 asistentes en 2 conciertos), Arde Bogotá (115.249 asistentes en 7 conciertos) y Lola Índigo (109.256 asistentes en 3 conciertos). Y están también en el Top 10 de público, 3 conciertos en España de cantantes extranjeros: Ed Sheeran (137.884 asistentes en 2 conciertos), Imagine Dragons (112.419 asistentes en 2 conciertos) y AC/DC (103.946 asistentes en 2 conciertos).

La mayoría de estos grandes conciertos los promueven gigantes multinacionales y las grandes promotoras que han aparecido en España, muchas veces cooperando juntos. El gigante de la promoción mundial de conciertos es la empresa californiana Live Nation (con filial en España), el mayor promotor de conciertos del mundo y propietario de Ticketmaster, que factura unos 7.500 millones de dólares anuales. Le siguen, de lejos, la norteamericana AEG Global, que factura 2.400 millones de dólares, y la alemana Eventim, líder europeo en conciertos, con 1.500 millones de dólares de facturación. En España, el ranking lo encabeza Riff Producciones (conciertos de Sabina y Carrasco), con 31,8 millones de dólares de facturación (puesto 51 en el ranking mundial de Pollstar) , seguida por Iglesias Entertainment, con 43,5 millones de dólares (puesto 63), Doctor Music (Bruce Spreenting) , con 42 millones de dólares facturados (puesto 68), GTS Live (Aitana y Lola Índigo), con 20,64 millones (puesto 75) y Proactiv Entertainment (puesto 78).

Cara al futuro, el sector confía en que el negocio de los conciertos en directo vaya a más en España, empujado por la gran demanda de los jóvenes y el interés de las grandes promotoras por organizar conciertos en España (buen clima, turismo y seguridad). Además, cada día hay más ciudades y pueblos que organizan Festivales y conciertos como una forma de atracción turística. Y, sobre todo, porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que siguen apostando por la “fun economy” (“economía de la diversión”): el 78% de los consumidores no están dispuestos a reducir su gasto en ocio musical, según el informe “The Live Effect” de AEG Global. A lo claro: que los jóvenes son mileuristas y no llegan a fin de mes, pero no están dispuestos a perderse un concierto de su cantante favorito, le cueste lo que le cueste.

Ante este crecimiento imparable de la música en vivo, se plantean varios problemas a resolver. Una mayor regulación de las entradas, para evitar abusos y reducir la reventa ilegal, cerrando las plataformas que provocan abusos y timos. Y también un mayor control en los espacios del concierto, desde organizar la llegada (autobuses y aparcamientos) a evitar las enormes colas de acceso, vigilar los abusos en las barras de la bebida y comida, así como asegurar los servicios complementarios (WC) y la seguridad (sobre todo de las mujeres). Un problema sin resolver es encontrar espacios idóneos, lejos de las viviendas, para evitar ruidos y problemas al resto de vecinos, como ha pasado en el Bernabéu y en el Mad Cool 2025.

En paralelo, hay que promover conciertos “normales”, en salas medianas y pequeñas, apoyando la música en vivo al margen de los macroconciertos y los Festivales de verano, para dar entrada a pequeños grupos y artistas, con precios accesibles en las entradas. Precisamente, el Ministerio de Cultura aprobó en enero nuevas ayudas (por 1 millón de euros) para las salas que promuevan la música en directo. Y se necesita también fomentar la llegada de jóvenes a la promoción musical, que no debería quedar cerrada sólo a los grandes promotores internacionales y nacionales. Para mejorarlo, sería importante facilitar la seguridad jurídica a los que se dediquen a este negocio, que dependen de licencias y autorizaciones con reglas muy cambiantes y personalizadas en cargos públicos. Y sobre todo, habría que fiscalizar muy bien las ayudas públicas a los conciertos en directo, sobre todo a los Festivales veraniegos, para no agravar el turismo ya masificado en muchas zonas (hay vecinos y turistas habituales de Benicàssim que se van cuando llega el FIB o el  Rototom…).

En resumen, que los conciertos y Festivales de música se han convertido en una prioridad para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que se gastan cada vez más en acudir y “vivir esa experiencia” , empujados por los amigos y las redes sociales. Pero debería haber un mayor control de este negocio, para evitar abusos, desde el precio de las entradas a las bebidas, y asegurar los accesos y la seguridad en estos eventos. Y, sobre todo, habría que frenar la fiebre de pueblos y ciudades por tener su Festival de música, a costa de ayudas públicas que aceleran la “turismofobia” y podrían destinarse a  otras necesidades. Cuidado con crear “una burbuja de conciertos” que un día nos estalle. A cambio, falta promover la música de pequeños grupos y locales, que sobreviven malamente.

Plan de vivienda: sin las autonomías no sale

El Gobierno aprobó este martes el Plan estatal de vivienda 2026-2030, que triplica el gasto (7.000 millones) en vivienda pública, ayudas al alquiler y rehabilitación. El Plan tiene dos novedades. Una, que el Estado aportará el 60% a las autonomías que financien el otro 40%. Otra, que impone condiciones: las VPO financiadas no se puedan vender, incorpora medidas contra la corrupción en su adjudicación (Alicante) y exige más información y control. Madrid y otras autonomías gobernadas por el PP (son 11) lo rechazan, porque “invade competencias”, pero habrá que ver si están dispuestos a perder los 4.200 millones de aportación estatal (667 millones para Madrid). La votación autonómica del Plan se hará en mayo y si se rechaza, será papel mojado, como la Ley de Vivienda. Además, faltan medidas (suelo y financiación) para promover más viviendas “libres” (sólo 80.792 terminadas en 2025) y para conseguir más viviendas en alquiler. Pero todas exigen colaboración entre Gobierno, autonomías y Ayuntamientos, algo inexistente. Así, la vivienda no tiene enmienda.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava día a día. Comprar una casa se ha vuelto un objetivo imposible para la mayoría de jóvenes y familias, porque su precio está por las nubes: cerró 2025 con un coste de 2.230 euros/m2, según el Ministerio de Vivienda, un récord histórico, que es mucho mayor en Madrid (5.820 euros/m2) y Barcelona (5.144 euros/m2), según el portal Idealista. Eso supone que comprar un piso de 100 m2 obliga a pagar una hipoteca (80% del precio) de 907 euros mensuales, además de tener ahorrado un 30% del precio para la entrada, gastos e impuestos. Y si hablamos de comprar un piso en Madrid (582.000 euros/100 m2) o Barcelona (514.000 euros/100 m2), tendríamos que pagar entre 2.368 euros mensuales de hipoteca (Madrid) y 2.093 euros, algo imposible salvo para los que ganen en torno a los 7.000 euros (la banca sólo concede hipotecas por el 30% del sueldo).

El resultado es que la mayoría de las familias y jóvenes no puede comprar piso. Y tampoco alquilar, porque no hay apenas casas en alquiler y eso ha disparado los precios: en marzo, el alquiler medio estaba en 15 euros/m2, según Idealista, el máximo de la serie histórica y una subida del +44,2% sobre 2019 (10,4 euros/m2), el doble de la subida de la inflación (+24,6%) y los sueldos (+19,53%). Y esa es la media (1.350 euros de alquiler por un piso de 90 m2), porque los alquileres son mucho más altos en las grandes capitales, sobre todo en Madrid (23,2 euros/m2: 2.088 euros por un piso de 90 m2) y Barcelona (22,6 euros/m2: 2.034 euros vivienda 90 m2). Y además, los que intentan alquilar se encuentran con muchos candidatos por cada vivienda, con lo que el dueño “selecciona” y a veces obliga a pagos y condiciones ilegales, mientras se disparan también los alquileres por habitación (superan los 500 euros).

Cada año, hay 200.000 nuevas familias y jóvenes que se incorporan a buscar un piso para vivir y no pueden comprarlo ni alquilarlo. El problema de fondo es que hay pocas viviendas disponibles y un déficit estimado de 600.000 viviendas, mientras se construyen pocas viviendas. Así, en 2025 se iniciaron 121.827 viviendas “libres” (de promoción privada), +8,5% que en 2024 (112.220), según los datos de Vivienda. Y entre 2020 y 2025 se iniciaron 605.517 viviendas, menos en 6 años que las iniciadas en todo 2004, 2005 y 2006 (+600.000 cada año). Y si miramos las viviendas terminadas, han sido sólo 80.792 viviendas en 2025, menos que en 2024 (86.609). Y en los últimos 6 años (2020-2025) se han terminado en España 489.431 viviendas “libres”, menos de las terminadas en 2004,2005, 2006 y 2007 (+500.000 cada año).

Si miramos las viviendas de protección oficial (VPO), que promueven el Estado, autonomías o Ayuntamientos, el balance es aún más preocupante. En 2025, se calificaron provisionalmente 15.503 VPO de planes estatales y autonómicos, menos que en 2024 (23.967 VPO calificadas), según datos de Vivienda. Y si vamos a las calificaciones definitivas, fueron sólo 11.104 las VPO, también menos que en 2024 (14.371 VPO). Y en los últimos 6 años (2020 a 2025) se han calificado (terminado) 64.542 VPO, una cifra similar a las VPO calificadas en 2005, 2006, 2007 y 2008 (ojo: más de 60.000 VPO calificadas cada año).

¿Qué está pasando? ¿Por qué ha caído tanto el número de viviendas terminadas? Las razones aportadas por promotores y constructores son varias: escasez de suelo urbanizado (muy caro), problemas burocráticos y administrativos que han parado muchos Planes urbanísticos, elevados costes de la construcción, falta de mano de obra cualificada y serias dificultades de financiación, porque la banca sigue “huyendo el ladrillo”. En el caso de las viviendas protegidas (VPO) hay otras razones adicionales: la congelación de los precios máximos de venta (los módulos se empezaron a actualizar en 2024), la falta de suelo finalista, los excesivos trámites burocráticos y la escasa financiación. Incluso se ha dado la paradoja de que los precios de la VPO superaban a los de la vivienda “libre”.

Con 80.000 nuevas viviendas “libres” terminadas al año y otras 11.000 VPO no se soluciona el problema de fondo de la vivienda, que es la falta de oferta. Los expertos estiman que habría que construir unas 150.000 viviendas al año como mínimo (se terminan 91.000), de ellas 70.000 VPO, la mayoría para alquiler. Pero para eso, el Estado y las autonomías deberían gastar más en vivienda, algo que hoy no hacen. Y además, es importante crear un parque público de VPO, para atender la demanda con menos recursos (jóvenes y familias vulnerables). España carece de este parque público de VPO: sólo hay unas 300.000 viviendas, el 3,3% del total, cuando la media en la UE-27 es el 8% (y el 29% en Paises Bajos, el 24% en Austria, el 20% en Dinamarca o el 16% en Suecia). La culpa es de los gobiernos anteriores, que han permitido la venta de gran parte de las VPO a particulares y Fondos de inversión: en los últimos 40 años se han construido en España 2,7 millones de VPO, pero la mayoría se han vendido.

En España se promueven pocas viviendas “libres” y muy pocas VPO porque el gasto público en vivienda es mínimo, mucho menor al de otros paises europeos. Así, el gasto público en promoción de vivienda “libre” (2007-2022) ha sido en España de 46,9 euros/habitante, frente a 58,1 euros en Alemania, 103,9 euros en Francia ,111,7 euros en Dinamarca, 121 euros en Francia, 125, 3 euros en Italia y 157,9 euros en Irlanda, según el Boletín de Vivienda Social 2024. Y si miramos el gasto en protección social en vivienda (VPO y ayudas), España gastó (entre 2007 y 2021) 34 euros/habitante, la cuarta parte del gasto social en vivienda en la UE-27, que fue de 160,5 euros/habitante, siendo también mucho mayor el gasto en Irlanda (334 euros/habitante), Dinamarca (318), Francia (274), Finlandia (246), Alemania (209), Suecia (187) y Paises Bajos (171,6), aunque mucho menor en Italia (8,5 euros/habitante).

El gasto público en vivienda (Estado y autonomías) sufrió también los recortes de Rajoy, pasando de un máximo de 2.761 millones en 2009 a menos de la mitad en 2013 (1.103 millones). El Gobierno Sánchez subió la aportación estatal y también varias autonomías, a partir de 2019 (1.590,5 millones) y sobre todo en 2022 (2.668 millones), 2023 (2.149 millones) y 2024 (2.286 millones), aunque el gasto es todavía menor al de 2009. Y el último Plan estatal de Vivienda 2022-2025 destinó 2.300 millones del Estado central a promoción de VPO y ayudas a compra y alquiler, 583 millones al año. Una cifra ridícula si se compara con lo que España gasta al año en pensiones (190.687 millones), en sanidad (99.347 millones), en educación (63.380 millones) o en Dependencia (11.500 millones), lo que indica que la vivienda es “el patito feo del Estado del Bienestar” en España. 

Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Plan estatal de Vivienda 2026-2030 más ambicioso, que pretende gastar el triple, 7.000 millones de euros en 5 años (ojo, son solo 1.400 millones al año en promoción pública de vivienda y ayudas). El Plan tiene 2 novedades importantes sobre el anterior. Una, que el Estado central no es “el cajero del Plan”, no aprueba una inversión y luego son las autonomías quienes gastan y lo ejecutan, sin comprometerse a otro gasto adicional. Ahora, el Estado central (el Presupuesto) aporta el 60% del gasto (4.200 millones), pero sólo si las autonomías aportan el 40% restante (2.800 millones). Y la otra novedad, que la inversión está “condicionada”, debe cumplir 3 condiciones: las VPO promovidas no se pueden vender (para crear un parque público), la adjudicación de los pisos y ayudas ha de ser transparente (para evitar corruptelas como las adjudicaciones en Alicante) y las autonomías han de aportar estadísticas de vivienda y un seguimiento del Plan.

Este nuevo Plan estatal de vivienda 2026-30 tiene 3 objetivos. El primero, aumentar la oferta de viviendas protegidas (VPO), para lo que se destinan el 40% de los recursos (2.800 millones). Para conseguirlo, duplica la ayuda actual para promover estas viviendas VPO (subvenciona hasta 85.000 euros por piso, más otros 8.500 si se utilizan métodos avanzados de construcción), incorporando la figura de promotores sociales de vivienda (con ayudas que pueden llegar a 102.000 euros por vivienda).Y además, contempla la compra de viviendas a particulares para incorporarlas al parque de VPO (cubriendo el 70% de la compra y hasta el 85% si se compran en zonas tensionadas). Todo esto, con dos condiciones: que el alquiler de estas VPO no supere los 900 euros (y tengan un precio de compra tasado) y blindarlas para que no puedan venderse y sigan siendo VPO en el futuro.

El 2º objetivo del Plan es mejorar el parque de vivienda, con un apoyo a la rehabilitación (30% de los recursos: 2.100 millones). Se darán hasta 20.500 euros por vivienda que se rehabilite (con mejoras estructurales, de acceso y eficiencia energética), con una ayuda mayor cuando se rehabilite una vivienda vacía y se ponga después en alquiler (asequible): se puede conseguir una ayuda de 35.000 euros y hasta 35.000 si está en zona rural.

El tercer objetivo del Plan (con 30% de recursos: 2.100 millones) se destinará a ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes hasta 35 años (la ayuda llega a 300 euros, un tercio del alquiler máximo subvencionable, con avales públicos para ayudarles a alquilar) y familias vulnerables, contemplándose también ayudas al alquiler con opción de compra (hasta 30.000 euros) y ayudas a la compra en municipios en riesgo demográfico. En todos los casos, el Plan pretende que el alquiler o la compra no supere en 30% de los ingresos.

El Ministerio de Vivienda dice que ha tenido 28 reuniones con las autonomías, más muchas otras con expertos, instituciones, promotores y fuerzas sociales desde que presentó el primer borrador de este Plan, en septiembre pasado. Y que ha incluido muchas sugerencias. Pero de momento, la Comunidad de Madrid (Ayuso) y el PP (Feijóo) han criticado este Plan, al que acusan de “intervencionista”, por los condicionantes que exige a las autonomías (que tienen transferida la gestión de la vivienda). Este Plan estatal de Vivienda no tiene que pasar por el Parlamento, pero debe votarse en mayo en la Conferencia sectorial de vivienda, que agrupa al Gobierno central y a las autonomías, para ponerlo en marcha en el 2º semestre de 2026. La ministra de Vivienda confía en que las autonomías gobernadas por el PP (11) no voten en contra, porque perderían el 60% que aporta el Estado: Madrid perdería 667 millones y Andalucía 718 millones. Madrid dijo el martes que no apoyaba el Plan y el miércoles que no se quedará fuera…Así que no sabemos sí boicotearán el Plan, como ya hicieron con la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 y cuyos controles de alquileres no aplican.

Con todo esto, el Plan estatal de Vivienda, la herramienta para promover viviendas protegidas y las ayudas al alquiler para jóvenes, está en el aire. Pero hay otros temas relacionados con la vivienda que también están en el aire. Por un lado, relanzar la promoción de viviendas libres, dado que las viviendas terminadas en 2025 han caído (a 80.792). Urge un acuerdo (otro) entre el Gobierno, las autonomías, los Ayuntamientos y lo promotores-constructores para resolver los problemas que impiden construir más: falta de suelo urbanizado (y urbanizable), exceso de burocracia en las promociones y resolución de conflictos (la reforma de la Ley del Suelo, para agilizar licencias, está parada en el Congreso), frenar subida costes y aumentar la mano de obra formada, así como conseguir financiación (los bancos “huyen del ladrillo”. Todo para conseguir duplicar la construcción, hasta 150.000 viviendas/año.

Además, hay que actuar ante el grave problema de los alquileres, no sólo aumentando la oferta (para lo que hay que limitar drásticamente los pisos turísticos y los alquileres de temporada) sino creando entidades públicas (como Bizigune en el País Vasco ) que den tranquilidad a los propietarios, asegurándoles que cobran cada mes si alquilan sus viviendas. Y favorecer, con medidas fiscales (IRPF y el IBI) que se pongan en alquiler pisos vacíos. Y habrá que ver cómo evolucionan los topes al alquiler en los 308 municipios que los aplican (271 en Cataluña, 22 en Navarra, 14 en el País Vasco, más A Coruña), porque parece que han permitido bajar algunos alquileres en Cataluña, aunque ha sido a costa de caer más la oferta. Y habría que evaluar qué pasa con el millón de alquileres que hay que renovar en 2026 y 2027, que el Gobierno propone congelar (con una subida del 2% anual), aunque PP, Vox, UPN y Junts votarán en contra (este martes 28 de abril) del Decreto aprobado, complicando la vida a 2,6 millones de personas que han de renovar su alquiler.

Al final, la vivienda es el primer problema de los españoles, pero nuestros políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en buscar soluciones, desde conseguir suelo, permisos y financiación para construir a aprobar ayudas públicas eficaces tanto para construir muchas más viviendas protegidas para que accedan a ellas jóvenes y familias con ingresos bajos y medios. Este Plan estatal de vivienda es otra oportunidad de tomar medidas: aunque no se esté de acuerdo con muchas cosas, es una base para avanzar. Pero podría bloquearse por el constante enfrentamiento político. Unos por otros, la vivienda no se enmienda. Y lo sufren millones de españoles ¡ Ya está bien !

Otro récord de bajas laborales

La patronal está obsesionada con el absentismo, con las bajas laborales. Los datos avalan su preocupación: 1,47 millones de trabajadores faltaron cada día a su trabajo en 2025, 1,1 millones por bajas médicas (+83% desde 2017). Y el coste de estas bajas (ILT) se ha triplicado, siendo 33.280 millones en 2025: 16.616 millones pagan las empresas y 17.164 millones la Seguridad Social, el 2º mayor gasto tras las pensiones. Estamos ante un problema grave, pero no se puede “culpar a los trabajadores", insinuando que “se escaquean” con las bajas, como hace la patronal. La causa de las bajas disparadas es el deterioro de la sanidad pública, que tarda meses en atender y curar y carece de medios para mejorar controles y reducir plazos. También ha crecido el estrés en el trabajo y muchos trabajadores se preocupan más de su salud, mientras los jóvenes no aceptan trabajar enfermos (como hacían sus padres). Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido varias veces para reducir las bajas, pero no logran acuerdos .  

                            Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empieza a superar la crisis financiera de 2008, y sobre todo tras la pandemia. En 2012, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo) rondaba el 4%, mientras las bajas por enfermedad (ILT) rondaban el 2% (el resto son ausencias por diversos motivos). A partir de 2014, sube ligeramente el empleo y también el absentismo, por encima del 5% en 2019 (las bajas por enfermedad suponen el 2,7% de las horas de trabajo). La pandemia trastoca las cifras, hasta picos de absentismo del 7% en 2021 y 2022, siendo el 5,8% por bajas por enfermedad. Y a partir de estos máximos, el absentismo ha bajado, pero poco: era del 6,6% en septiembre de 2025, un promedio diario de 1.477.549 personas que se ausentaron del trabajo, según el último estudio de Randstad. Y de ellas, el 5,2% no trabajaban porque estaban de baja médica (ILT), concretamente 1.164.129 trabajadores de baja.

Voy a centrarme en las bajas médicas (ILT), porque son el grueso de las bajas (el 79%), en esos 1,16 millones de trabajadores de baja a finales de 2025. La gran mayoría de estas bajas médicas (el 91%) son por contingencias comunes, por problemas temporales de salud (roturas y problemas de huesos y músculos, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, infecciones y problemas mentales), siendo una minoría (9%) las bajas derivadas de enfermedades profesionales. Un reciente informe de AIReF ha dado la alarma: las bajas médicas por contingencias comunes se han casi duplicado, pasando de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024 (+83%), mientras las bajas por enfermedades profesionales están estables (unas 700.000). Y a la vez, esas bajas por contingencias comunes son más largas: de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

Podría pensarse que hay más bajas médicas porque hay más gente trabajando (+3,4 millones de ocupados desde 2017). Pero no es por eso, como lo demuestra el dato de las bajas médicas por 1.000 trabajadores: eran 21,4 en 2017, saltaron a 28 en 2019, a 32,8 en 2022, a 36,5 en 2024 y a 38 bajas por 1.000 trabajadores en 2025, un salto enorme (+77,5%). Un porcentaje de bajas médicas superior al del resto de Europa: si en España suponían el 4,5% de las horas pactadas en 2024, la media europea era el 2,5%, en Italia el 0,7% y en Alemania el 3,2%, frente al 3,9% en Francia, un 4,1% en Bélgica y un 3,6% en Portugal, según este estudio de Ivie. Y la OCDE sitúa a España como uno de los paises occidentales con más bajas laborales, con una media de 4,9 semanas perdidas al año por enfermedad.

El problema de este alto nivel de bajas médicas no es sólo la pérdida de jornadas y de productividad, sino también su alto coste, no sólo para empresas y trabajadores sino también para la Seguridad Social. Actualmente, los tres primeros días en que no se trabaja por un problema médico, el trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, el trabajador cobra el 60% de su sueldo (mejor, de su base imponible) y lo paga su empresa. Entre el día 16º y el 20º de baja, cobra ese mismo 60%, pero ya se lo paga la Seguridad Social (el INSS) y desde el día 21 en adelante, lo sigue pagando el INSS (a través de las Mutuas), pero el trabajador cobra algo más, el 75% de su base imponible. Así que de baja se cobra menos, aunque hay convenios que complementan lo que se recibe (hasta el 80/91% del sueldo).

Así que las empresas pagan una parte del sueldo del trabajador del 4º al 15º día que está de  baja, unos costes que han pasado de 4.806 millones en 2015 a 16.116 millones pagados en 2025, según los datos oficiales. Y el mayor desembolso lo hace la Seguridad Social (el INSS), cuya factura por las bajas médicas ha pasado de 6.149 millones en 2015 a 17.164 millones en 2025, la 2ª mayor factura que paga la SS tras las pensiones. En conjunto, el coste total de las bajas médicas se ha triplicado en la última década, desde los 10.955 millones que costaban en 2015 a los 33.280 millones gastados en 2025.

Veamos el perfil del trabajador que está de baja, según el informe de la AIReF. Hay más mujeres (40 por 1.000 trabajadores, frente al 33,86 de media) que hombres (30), se da más entre jóvenes (41,1 por 1000 entre 25 y 35 años, 34,4 entre 35 y 45 años, 28,7 entre 45 y 55 y 29,7 entre 55 y 65 años), aunque los más mayores están de baja el doble de días. Cogen más bajas médicas y más largas los asalariados (38,3 por 1000 trabajadores, con 112,5 días de media) que los autónomos (10,7 bajas por 1000, de 42,4 días de media) y más los asalariados con contrato fijo que los temporales. Los sectores con más bajas médicas (ILT) son la industria, las actividades sanitarias y servicios sociales, el transporte y almacenamiento, el suministro de agua y residuos, junto a las actividades administrativas, sin olvidar también a la construcción y el turismo. En general, las bajas se concentran en las grandes empresas, más que en las pymes. Y por autonomías, las que tienen más bajas médicas son Navarra (52,2 por 1.000 trabajadores), Cataluña(49,1) y País Vasco (42,6), aunque donde más han crecido desde 2017 han sido en Canarias y Cantabria. Un dato llamativo es que un 25% de los trabajadores son los que concentran el 55% de las bajas y muchos repiten.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013, con lo que hay “menos miedo a perder el empleo) y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Otro factor que cada día cobra más peso es el aumento del “estrés” en el trabajo, que ha disparado la depresión y los problemas mentales de muchos trabajadores, que son ya la 2ª mayor causa por la que se pide ahora una baja laboral, según la SS. Y además, son las bajas cuya duración más ha aumentado, de 19 días hace una década a 45 días ahora. Según este informe de UGT, en 2025 se concedieron 420.783 expedientes de ILT por trastornos mentales y de comportamiento, sobre todo en comercio, hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades administrativas, Administración pública y educación. Y consideran que estos problemas mentales son culpa en muchos casos de la temporalidad y la  inseguridad laboral, las largas jornadas laborales y la presión y sobrecarga de trabajo o el trato con clientes, a los que se han sumado los problemas derivados de la digitalización y el teletrabajo más las negativas condiciones climáticas (olas de calor, inundaciones, incendios…).

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes dedicaran un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortaban al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y estaban de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, pedían más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero de 2024 que aprobaría una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondría que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trataba de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas. Pero dos años después, la medida sólo se aplica en 4 autonomías (Baleares, Asturias, Cataluña y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) porque la mayoría de las autonomías (PP) están retrasando la firma de los convenios.

En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las fuerzas sociales una vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el problema de las bajas hasta el pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana después, el 16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse sin resultados: los sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .

Mientras, la patronal denuncia el alto nivel de absentismo y pide que el control de las bajas pase a las Mutuas, en tanto muchas empresas recortan los complementos salariales que están pagando a los trabajadores de baja. Y los sindicatos rechazan que se “victimice” a los trabajadores y defienden que se mejore la sanidad pública, para recortar la espera de los trabajadores para diagnósticos y operaciones, mientras reiteran la necesidad de abordar los problemas de salud laboral y en especial los crecientes problemas de salud mental. Y la AIReF, defiende básicamente tres medidas: mejorar la conexión entre los agentes que gestionan las bajas (sanidad, SS, Mutuas, empresas y trabajadores), reducir las listas de espera en la sanidad pública  y dotar de más medios a la atención primaria y al INSS en el seguimiento y la gestión activa, con las Mutuas, de las bajas médicas.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así habrá menos absentismo.