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jueves, 6 de febrero de 2025

Reducción de jornada: ojo a cómo se aplica

El Gobierno ha aprobado la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales, para implantarla antes de fin de año. Los españoles trabajan una media de 38,3 horas, así que la rebaja será de 48 minutos semanales. Pero hay 4 sectores donde se reducirá más de hora y media: hostelería, información, comercio y agricultura. Otro cambio: los que tienen un contrato a tiempo parcial, podrán trabajar menos o pedir subida de sueldo. Además, se aprueba la “desconexión digital: no habrá que estar contactado fuera del horario laboral. Y se obliga a las empresas a un control digital de horarios. Ahora queda lo difícil: aprobarlo en el Parlamento, dada la oposición de Junts y PP, que apoyan las críticas  de las empresas, por el alto coste y la imposición legal. Habrá cambios y ayudas a las pymes para adaptarse. Pero la tecnología y los nuevos hábitos llevan al recorte horario. Próxima estación: más teletrabajo y 4 días de trabajo semanal. 

                                        Enrique Ortega

Esta es la 4ª vez en poco más de un siglo que España cambia legalmente la jornada laboral. La primera vez fue el 4 de abril de 1919, cuando el Gobierno de Romanones (liberal) aprobó (tras la huelga de "La Canadiense") la jornada laboral máxima de 48 horas semanales (8 horas por 6 días de trabajo, frente a las 12 horas habituales entonces), adelantándose unos meses al primer Convenio mundial por las 48 horas semanales, aprobado por la OIT en octubre de 1919.Tras el largo paréntesis de la dictadura franquista, el 2º cambio llegó en marzo de 1980: el Gobierno Suárez (UCD) aprobó la jornada de 42 horas semanales. Poco después, en julio de 1983, el Gobierno de Felipe González (PSOE) aprobaba la jornada máxima de 40 horas, que rige hoy. Y casi 41 años después, este martes 4 de febrero de 2025, el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) aprobó  la jornada laboral de 37,5 horas semanales, media hora menos de trabajo al día.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo en las últimas décadas, de la mano de la tecnología y la digitalización y asentada en un cambio de costumbres, donde se valora cada vez más la conciliación familiar y el ocio. Con ello, el horario de trabajo medio en Occidente (36 paises OCDE) era de 1.742 horas anuales en 2023 (horas efectivas), con los paises más ricos trabajando menos horas (1.343 Alemania, 1.380 Dinamarca, 1.413 Paises Bajos, 1.437 Suecia.  1.500 Francia, 1.524 Reino Unido), salvo EEUU (1.799 horas), Italia (1.734) y Japón (1.524), ocupando España un horario intermedio (1.632 horas anuales). Otra estadística, de Eurostat (2023), que refleja todas las horas (incluidas extras), revela que la jornada laboral media en Europa es de 40,4 horas semanales y que España está en linea, con una jornada total (ojo: de los que trabajan a tiempo completo) de 40,3 horas, algo más que Francia (40 horas) y Alemania o Bélgica (40,2 horas), Paises Bajos (39,3) y Dinamarca (38,9) y menos horas que Italia (40,5), Portugal (41,3) o Suecia (41,5 horas semanales).

Las estadísticas internacionales indican que España no destaca por trabajar más ni menos, está en la media. Pero las estadísticas españolas revelan que los españoles ya trabajan menos de la jornada semanal legal de 40 horas. Si tomamos los datos del INE, la EPA de 2024, los que han trabajado en el 4º trimestre han trabajado 36 horas semanales de media, aunque hay una gran diferencia entre lo que trabajan los empleadores (46,8 horas) y lo que trabajan los asalariados (34,9 horas semanales: 36,9 horas los hombres y 32,7 horas las mujeres). La otra manera de medirlo es ver la jornada pactada en los convenios en 2024, aunque sólo afecta a los asalariados con convenio (10,6 millones). Eso nos indica que la jornada media pactada en 2024 fue de 1.755,74 horas, lo que equivale a 38,32 horas semanales. Y hay sectores, como el campo, la hostelería, el comercio y una parte de la industria que tienen una jornada mayor.

Así que la jornada real ya está por debajo de las 40 horas semanales (38,32 horas), con grandes empresas en torno a las 35/36 horas y otras por encima de las 39 horas. Dada esta desigualdad horaria y la tendencia social a reducir la jornada laboral (a la que hay que sumar una hora larga de ida y otra de vuelta en muchas ciudades), los sindicatos llevan años forzando a un recorte de jornada, para fomentar la conciliación familiar y laboral. Y en paralelo, piden un control efectivo de la jornada, porque muchas empresas “abusan de las horas extras”: no superan las 40 horas semanales, pero “fuerzan” a sus plantillas a hacer horas extras, muchas sin pagarlas (ni cotizar por ellas). Trabajo estima que se hacen 3 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas se ahorran 3.254 millones al año (en salarios y cotizaciones), sobre todo en hostelería, comercio, industria y educación.

Por todo ello, el Gobierno de coalición incluyó en su programa para esta Legislatura el recorte de la jornada laboral, tras 41 años sin tocarla. Y lo justifica en que la productividad ha aumentado un 53% desde 1983 pero eso ha beneficiado más a las empresas que a los trabajadores, cuyos sueldos han subido mucho menos y trabajan casi las mismas horas. Además, creen que hay un apoyo social mayoritario (Encuestas) a reducir la jornada y que la medida puede mejorar la productividad y reducir el absentismo. Eso sí, tendrá un coste para las empresas, porque la condición es bajar la jornada legal manteniendo los salarios.

La idea del Gobierno Sánchez era pactar la rebaja de jornada con sindicatos y patronal. Pero no ha sido posible, porque la patronal (CEOE y CEPYME) se retiró de la negociación en diciembre, tras 11 meses de reuniones, argumentando el alto coste de la medida y pidiendo que el horario quedara para la negociación colectiva, no que se impusiera por Ley. Así que la vicepresidenta Yolanda Díaz pactó la rebaja en solitario con CCOO y UGT, el 20 de diciembre. Y aún quedaba otra batalla, en el seno del Gobierno: el ministro de Economía (y el PSOE) querría haber retrasado la rebaja uno o dos años (hasta el final de la Legislatura), buscando como fuera (con ayudas) el acuerdo con la patronal, mientras Yolanda Díaz (Sumar) se ha empecinado en implantar la jornada de 37,5 horas antes de final de año, para “revitalizar” su imagen política tras la continua caída en las Encuestas.

En medio del descuerdo social (sin la patronal) y el pacto político “in extremis” dentro del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de Ley con 3 cambios importantes. El primero, la rebaja de la jornada laboral, a 1.712 horas en cómputo anual, que son las 37,5 horas semanales. Eso supone una rebaja de la jornada semanal media pactada en convenio (38,32 horas en 2024) de 48 minutos semanales, según Trabajo.

Pero hay 4 sectores donde la rebaja se va a notar mucho más, porque la jornada se reducirá más de hora y media, según estima Trabajo: hostelería (trabajarán -112 minutos), información y comunicaciones (-109 minutos), comercio (-98 minutos) y agricultura (-97 minutos semanales). En otros sectores, la jornada semanal bajará en torno a una hora: actividades administrativas y auxiliares (-67 minutos), otros servicios (-66 minutos), actividades profesionales, científicas y técnicas (-62 minutos), industrias extractivas (-55), manufacturas (-54 ) y actividades artísticas (-51 minutos semanales). Y se notará poco la rebaja en el transporte y almacenamiento (-47 minutos semanales), la construcción (-37), sanidad y servicios sociales (-23), inmobiliarias (-20) y energía (-13 minutos semanales). Y 4 sectores no tendrán ningún recorte de jornada, porque ya trabajan menos de 37,5 horas: finanzas y seguros, Administración Pública, educación y suministro de agua.

Esta reducción de jornada, a 37,5 horas semanales, afectará a los que tienen contrato a tiempo completo. Pero también afecta a los que tienen jornada a tiempo parcial: podrán trabajar menos (el porcentaje en que baje la jornada completa) o mantener su jornada parcial pero con una subida de sueldo. Así, si alguien trabajaba 30 horas semanales (el 75% de la jornada), ahora trabajará 28,12 horas o, si decide mantener su anterior jornada, la empresa le debe compensar (en este ejemplo, subirle un 6,26% el sueldo).

El recorte de jornada beneficiará, según Trabajo, a 12,5 millones de asalariados (a 2 de cada 3) , de ellos 10,5 millones con un contrato a tiempo completo (que trabajarán algo menos) y 2 millones de trabajadores con contrato a tiempo parcial (1,5 millones son mujeres). En conjunto, los 4 sectores más beneficiados por la rebaja de jornada son el comercio (2.435.500 trabajadores beneficiados), la industria manufacturera (2.073.500 beneficiados), la hostelería (1.424.100 beneficiados ) y la construcción (1 millón de beneficiarios), seguidos muy de lejos por las actividades administrativas (852.600 beneficiados), actividades profesionales, científicas y técnicas (729.600), sanidad y servicios sociales (692.400), transporte y almacenamiento (672.900), información y comunicaciones (626.900), actividades del hogar (601.200), el campo (460.900), la educación (239.200) y las actividades artísticas, ocio y entretenimiento (193.000 beneficiarios).

Por autonomías, las regiones donde se trabajan más horas y cuyos trabajadores notarán más la nueva jornada serán Canarias, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

El 2º cambio de la Ley propuesta es que se refuerza el control horario de las empresas, que en muchos casos se hace mal o no se hace (pymes), lo que facilita la proliferación de horas extras y los horarios excesivos. Ahora, se obliga a las empresas a instalar un sistema de control digital, en un plazo de 6 meses tras la aprobación de la Ley, un sistema que debe estar disponible online para la inspección de trabajo y para los sindicatos. Y si no se instala o funciona mal, se multiplican las multas, no por empresa (como ahora), sino por trabajador.

El tercer cambio es también muy importante: se implanta la “desconexión digital”, con lo que los trabajadores ya no estarán obligados a estar en contacto permanente con su empresa (móvil, correo, WhatsApp…) y sus jefes no podrán contactarle fuera del horario laboral, lo que en algunos casos ha provocado estrés laboral y problemas mentales.

La patronal no apoya esta reforma por dos razones básicas. Una, de principios: defiende que el horario laboral es un tema a decidir en la negociación colectiva, entre empresas (patronal) y trabajadores (sindicatos), sin “injerencia” del Gobierno, un argumento que olvida que hay unos 6 millones de asalariados sin convenio, que trabajan en pequeñas empresas, sin capacidad de negociar sus horarios. Y así hemos llegado a la situación actual, donde hay dos tipos de trabajadores: los de grandes empresas, que trabajan menos, y los de empresas pequeñas, que trabajan mucho más (y aún más los autónomos). Por eso, muchos paises fijan por Ley la jornada (como Francia, que la fijó el año 2000 en 35 horas semanales).

La otra crítica, mucho más razonable, es que reducir la jornada tiene un coste. Un estudio de CEPYME lo cifra en 11.792 millones, dos tercios concentrado en el comercio, la industria, la hostelería y las actividades administrativas. Y la patronal CEOE habla de un coste de 24.000 millones, unos 2.000 euros por empleado afectado. Este es un tema que merece la pena analizar con detalle y tratar de resolver con ayudas a las empresas (pymes) y sectores más afectados, como prometió el Gobierno a la patronal si pactaba la rebaja de horarios. También habría que buscar mejoras de productividad para compensar este aumento de costes. Pero, en cualquier caso, no hay que olvidar un dato: las empresas llevan 4 años aumentando márgenes y beneficios, mientras los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Ahora se trata de “repartir el crecimiento”, trabajando algo menos a costa de las mayores ventas y beneficios de muchas empresas (no todas).

En cualquier caso, estamos ante un anteproyecto de Ley, aprobado por la vía de urgencia, que ahora pasará las consultas técnicas y legales, para ser aprobado otra vez por el Gobierno y enviado al Parlamento. Así que no se debatirá hasta el verano. Y entonces, el Gobierno deberá lograr el apoyo de Junts, que ya ha dicho que quiere cambios (ayudas a las empresas y quizás más flexibilidad). Y el PP se encontrará con el dilema de votar en contra (como hizo con la reforma laboral, lo que ahora se ve como una equivocación) o abstenerse, dado que todas las Encuestas reflejan que una mayoría de españoles está a favor de reducir la jornada laboral. En cualquier caso, será difícil que los convenios se adapten a tiempo para que el 31 de diciembre estén en vigor las 37,5 horas en todas las empresas.

Parece claro que el mundo, con la digitalización y la tecnología (más aún con la Inteligencia Artificial) va en la dirección de trabajar menos horas. Pero no basta con aprobar una Ley para imponerlo. Es más eficaz pactar la nueva jornada, sector a sector y empresa a empresa, en una negociación donde entren horarios, sueldos, condiciones de trabajo, empleo  y productividad, aportando el Estado las ayudas necesarias para que las empresas más vulnerables se adapten. Esa es la negociación que hará falta una vez se apruebe la Ley, porque si no, lo que ahora es un deseo generalizado (“trabajar menos”) se nos volverá en contra, si se aplica mal y daña al crecimiento y al empleo. Por eso hay que ser flexibles y realistas, no buscar titulares y votos.

Y en paralelo, hay que ir planificando el trabajo del futuro, que será mucho menor que ahora, porque una parte de los empleos los cubrirán ordenadores y máquinas. Hay que ir pensando de otra manera, en repartir el trabajo que haya”, lo que obligará a dar más peso al teletrabajo (creció con la pandemia, pero se ha recortado) y a pensar en la jornada de 4 días a la semana , que ya están estudiando paises punteros como Japón o Reino Unido. Hay que repensar el trabajo actual y su inevitable revolución futura, superando el debate de la jornada: qué trabajos se van a mantener, cuáles cambiarán radicalmente y cómo nos adaptamos. Ese es nuestro verdadero reto.

jueves, 21 de marzo de 2019

Más control a la jornada laboral


A partir del 12 de mayo, todas las empresas estarán obligadas a llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores y guardarlo 4 años, según el decreto recién aprobado por el Gobierno Sánchez. El objetivo es luchar contra el enorme fraude de horas extras que ni cotizan ni se pagan: 2,82 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas ahorran 2.700 millones anuales. Un tema muy grave porque todas las horas extras evitan contratar a 170.000 nuevos trabajadores y agravan el déficit de la Seguridad Social. También se obligará a fichar para evitar otro fraude: los que tienen contrato por 4 ó 6 horas y en realidad trabajan 8, 10 ó 12 y cobran el resto en negro, cotizando menos, algo frecuente en hostelería y comercio. Al final, España es uno de los paises europeos donde se trabaja más horas, aunque seamos menos productivos. Hacemos jornadas larguísimas, en contra de las mujeres y la vida familiar. Trabajemos menos y mejor.

A partir de Edvard Munch enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como pasa también en el resto de la Europa del sur. Para las empresas, es una forma de recortar costes y ahorrarse dinero en personal, sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear” el sueldo y llegar mejor a fin de mes. Así que todos “colaboran”. Al final, la jornada pactada en los convenios es de 151,1 horas al mes (septiembre 2018), según el INE,  37,77 horas a la semana, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas efectivas semanales: 8,4 millones de españoles el 43% de los ocupados)  trabajan de 40 a 49 horas y otros 1,5 millones (7,7%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada efectiva supera mayoritariamente las 40 horas semanales porque han vuelto a crecer las horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de “bonanza” se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas metieron “un tajo” a las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba amplios poderes a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales, en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, cerrando el año 2018 con 6.435.000 horas extras semanales, un 5% más que en 2017, según el INE.

Tomando la media de 2018, se hicieron 6.450.650 horas extras semanales, el mayor número de horas hechas desde 2009, aunque son menos de las horas medias semanales hechas en 2008 (9.387.050). Las horas extras se hacen sobre todo en la industria (más de 1 millón de horas a la semana), el comercio (927.500), la hostelería (657.000), el transporte y almacenamiento (500.700), la sanidad y servicios sociales (493.000) y la construcción (462.100 horas semanales). Dos de cada tres horas extras las hacen los hombres (66%), sobre todo los que tienen mejores empleos y trabajan en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía (las cuatro concentran dos tercios horas extras).

Lo más llamativo no es sólo que hayamos vuelto a hacer más horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: el 46% a finales de 2018, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA (INE). Con la recuperación, ha aumentado el número de horas extras no pagadas, que sólo suponían el 40% del total en 2008. Estas horas gratis suponen un importante ahorro para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial por hora, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones al año.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene más costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones  de horas semanales gratis, lo que amplía el déficit de las pensiones (-18.937 millones en 2018): UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por horas extras no cotizadas.  Los trabajadores no sólo pierden ingresos sino sobre todo derechos al cotizar por menos horas de las que hacen realmente: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile. Pero lo peor es que el exceso de horas extras quita” empleo, porque las empresas suplen los nuevos trabajadores que necesitarían haciendo que los que trabajan hagan muchas horas. De hecho, si no se hicieran esas 6,45 millones de horas extras a la semana, las empresas contratarían 170.787 nuevos trabajadores (contando las 37,77 horas de jornada media pactada).

Las horas extras (pagadas y no pagadas) son muchas, pero las hacen una minoría de trabajadores: 797.000 empleados a finales de 2018, sólo el 4,84% de todos los asalariados, según la EPA, aunque son 141.500 más que en 2011 (entonces las hacían el 4,32% de los trabajadores). La mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras semanales (el 30%), los que hacen de 1 a 3 horas (17,5%) y de 10 a 12 horas extras a la semana (otro 17,5%). Y de ellos, 338.100 asalariados (el 42,4% de los que hacen horas) son los que hacen horas extras no pagadas (198.700 hombres y 139.500 mujeres). Los sectores donde se hacen más horas extras gratis, según la EPA,  son las inmobiliarias (el 95,4% de horas no las pagan), educación (86,5%), banca (82,9%), actividades profesionales, científicas o técnicas (74,2%), información y comunicaciones (63,7%), eléctricas (52,7%), hostelería (49,2%) y comercio (48,6%). Las autonomías donde no se pagan más de la mitad de horas extras son Ceuta y Melilla (71% gratis), País Vasco y Madrid (56%), Cantabria (53%) y Galicia (51%). Por profesiones, hacen más horas extras gratis los directivos, técnicos cualificados y profesionales, con contratos indefinidos y en los servicios, según un informe de CCOO.

Todavía hay otras horas extras que no figuran en las estadísticas oficiales y que son el resultado de un fraude en los contratos a tiempo parcial: se contrata a alguien con un contrato por  4 horas y en realidad trabaja 6, 8 o 12 horas y esas horas “extras” se le pagan en negro (o no todas) y no cotizan por ellas. Y el trabajador, o acepta esas condiciones o se queda sin el empleo, que aceptará otro parado. Es algo cada vez más utilizado en hostelería, comercio, servicio doméstico y en muchas pymes del sector servicios. No en vano, de todos los contratos hechos en 2018, más de un tercio (35,8%) fueron contratos a tiempo parcial, mientras los dos tercios restantes eran a jornada completa. Y ya hay 2.894.800 ocupados con este tipo de contrato, el 14,8% de los trabajadores, la mayoría en los servicios (2.653.300 empleos a tiempo parcial) y entre las mujeres (2.159.300, el 74,6% del total son mujeres).

El contrato por horas se usa sobre todo en el servicio doméstico (el 55,2% lo tienen y el 60% de las mujeres que trabajan en este sector), las actividades artísticas (32,2% trabajan con contratos por horas y el 35% de las mujeres), las actividades administrativas (28,8% contratos a tiempo parcial y 43,1% las mujeres de este sector) y la hostelería (24,8% de los trabajadores lo tienen y el 32% de las mujeres), los sectores más proclives al fraude de trabajar más horas de las fijadas por contrato. De hecho, la Inspección de Trabajo, en el Plan por un trabajo digno (iniciado en agosto 2018), envió 130.000 cartas a empresas por presunto fraude laboral: 85.500 por contratos temporales que debían ser fijos y 50.000 por contratos a tiempo parcial que encubrían jornadas a tiempo completo (con horas extras no declaradas).

Ambos fraudes, el de un exceso de horas extras (el Estatuto de los Trabajadores las limita a 80 horas anuales, 1,6 horas a la semana, con un periodo de 4 meses para recuperar las horas extras no pagadas) y el de los trabajadores por horas que trabajan a jornada completa, son posibles porque los trabajadores no los denuncian y porque cuando los sindicatos o un trabajador lo denuncian, es muy difícil de demostrar, porque la mayoría de empresas no llevan un control estricto (muchas lo hacen “a mano”) de la jornada laboral, solo las grandes. Pero la Inspección de Trabajo sabe que el fraude es elevado: en 2014 hizo un plan de inspección en 2.900 empresas (de más de 3 millones) y detectó “irregularidades” sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Pero se quejan de que es difícil demostrarlo al no existir obligación legal de tener un control riguroso de los horarios.

Hasta ahora, la guerra contra las horas extras excesivas y sin pagar la han protagonizado los sindicatos y la banca, a la que han llevado desde hace años a los Tribunales. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. A raíz de estas 3 sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016 una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada, lanzando además una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas 3 sentencias y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Y con ello, la inspección de Trabajo dio marcha atrás y en mayo de 2017 anuló la exigencia del registro diario de jornada.

Pero “la batalla legal” no acabó ahí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), dictó unauto, el 19 de enero de 2018, en el que planteó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y hace poco, el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE ha dado la razón  a los sindicatos y propone al Tribunal de Justicia UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de jornada laboral efectiva”, porque es “la única manera de poder determinar la cantidad de trabajo realizado, su distribución y si son horas ordinarias o extraordinarias”. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se espera en los próximos meses pero todo indica que harán caso, como es habitual, a la tesis de su abogado general.

Este apoyo judicial comunitario ha sido determinante para que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya aprobado el 8 de marzo un nuevo decreto-ley sobre control de horarios, que había pactado con los sindicatos y al que se opone la patronal CEOE. Establece la obligación de que todas las empresas implanten, a partir del 12 de mayo, un registro diario de jornada donde se especifique la hora de entrada y salida y que se debe guardar durante 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, que lo lleva pidiendo años para controlar que no se hacen horas extras ilegales o excesivas y que se pagan o compensan con horas libres. Y se establecen sanciones a las empresas que incumplan, hasta un máximo de 6.250 euros.

Habrá que esperar para ver si este mayor control de la jornada reduce el fraude y las horas extras, lo que antes o después favorecería a la creación de más empleo. Porque no es de recibo que el 2º país de Europa con más paro sea uno de los que tienen la jornada laboral más larga, debido sobre todo al exceso de horas extras. Así, la jornada laboral media en España era de 37,9 horas semanales en septiembre de 2018, frente a 37,2 horas en la UE-28 y 36,6 horas semanales en los paises euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y salvo Grecia (42 horas semanales), Portugal (39,5 horas) y muchos paises del Este (40,5 horas en Polonia), el resto de Europa trabaja bastantes horas menos que España: 37,5 horas semanales Italia, 37,4 Francia, 37,3 Bélgica, 36,7 Austria, 36,6 Reino Unido e Irlanda, 36,3 Suecia  y 35 horas semanales Alemania.

Y a pesar de trabajar más horas, somos menos productivos, porque trabajamos con menos eficacia aunque “calentemos más la silla”:  la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa (ocupamos el lugar 14 en el ranking de renta por habitante). Y esta menor productividad (y riqueza) se debe no a las horas que trabajamos sino al menor peso de la industria, a la menor formación de los trabajadores y parados, al menor gasto en tecnología a innovación, al menor tamaño de las empresas (demasiadas pymes), a la menor inversión pública, a la excesiva precariedad del empleo, al exceso de burocracia y normativas y a la deficiente organización de las empresas, según expliqué en un blog reciente.

Ahora, con el próximo control de jornada, la Inspección de Trabajo tienen una herramienta clave contra el fraude en las horas extras, aunque necesita más inspectores: tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1/7.300 en la UE-28. Y además, se necesita otra reforma legal para endurecer las sanciones, porque todavía son bajas (de 600 a 6.250 euros) y pueden llegar a “compensar” el fraude. En paralelo, el próximo Gobierno debería encarecer la cotización de las horas extras, para penalizar su uso excesivo y fraudulento. E incentivar fiscalmente y con cotizaciones a las empresas que transformen horas extras en nuevos empleos estables, el que debería ser nuestro gran objetivo final.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela laboral” con la que muchos trabajadores “colaboran”, obligados o voluntariamente. Pero hay que decirlo claro: las horas extras “roban empleo” a los parados. Por eso, hay que perseguirlas y crear una conciencia en contra, en paralelo a la mejora de los salarios. Y, sobre todo, buscar un acuerdo nacional por unos horarios razonables, por jornadas laborales que se acaben a las 6 de la tarde, para favorecer la conciliación familiar y sobre todo, la vida de las mujeres. Se puede y se debe competir y sobrevivir trabajando menos horas y repartiendo el trabajo entre más gente. La Europa más rica lo demuestra. Hay que trabajar menos horas y mejor.