Les voy a contar una historia, increíble pero cierta. La presidenta
de la Comisión de la Competencia (CNMC)
compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció
ante los diputados (quienes la nombraron) que la Audiencia Nacional (AN) “torpedeaba”
sus sanciones a grandes empresas, anulando “todas y cada una de las multas”: de los 1.253 millones en sanciones
a grandes empresas desde 2010, sólo ha recaudado 290,4. La gota que colmó su paciencia fueron varias
sentencias de la AN, a finales de 2022, anulando las multas impuestas (203,6 millones) a 6 grandes constructoras por
repartirse obras públicas y subir sus costes durante… ¡25 años¡ Es sólo un ejemplo de las decenas de multas impuestas a empresas eléctricas,
petroleras, automovilísticas, bancos, telecos, navieras, tabaqueras, residuos,
lácteos, material ferroviario o papeleras, por manipular mercados y precios, en
perjuicio de los consumidores. Multas anuladas o pospuestas por la Audiencia Nacional y el Supremo, “tolerantes” ante los delitos de guante blanco. Urgen cambios, porque nos están robando
(presuntamente).
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| Enrique Ortega |
Para muchos economistas, uno de los grandes males de
la economía actual es la falta de competencia: grandes
empresas controlan los mercados de muchos bienes y servicios y por su situación
de cuasi monopolio fijan
las reglas de juego, imponiendo altos precios que perjudican a los
consumidores y elevan la inflación. Además, esta falta de competencia
impide sobrevivir a nuevas empresas (que son compradas o anuladas), lo que
reduce la oferta, la innovación, la productividad, el crecimiento y el empleo.
Lo explica muy bien el economista francés Jean Tirole, en su libro “La
economía del bien común”, donde define “el poder del mercado” como “la
capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes
y ofrecer productos de mediocre calidad”. Una lacra para los consumidores.
Por eso, todos los
paises tienen organismos públicos que vigilan la
competencia, para evitar que grandes empresas impongan sus reglas y
precios. Es lo que ha llevado a Google o a Facebook a declarar
ante el Congreso de EEUU. Y en Europa, la comisaria de la
Competencia, la danesa Margrethe
Vestager, es uno de los cargos más importantes, con la categoría de
Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable
de varias multas por actividades contrarias a la competencia a gigantes
como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Amazon. En España, la vigilancia de
la competencia ha ido pasando por varios organismos de la Administración, sin
demasiado ímpetu, hasta que se creo, el 7 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo independiente, cuya presidencia propone el Ministerio
de Economía pero que ha de ser elegida por el Congreso, para un mandato de 6
años (como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores).
La CNMC es el organismo “vigilante” de
mercados tan importantes como la
energía (ha abierto múltiples expedientes a las eléctricas, por manipular
precios), las telecomunicaciones, el
sector audiovisual (ha multado a las
TV, privadas y RTVE, por abuso publicitario), el transporte ferroviario o las tarifas aeroportuarias, además de asegurar que se cumplen las reglas de la
competencia en todos los sectores de la economía. En estos años y con pocos
medios, ha abierto más de 30 expedientes
sancionadores a distintas empresas y
sectores, por ponerse de acuerdo en fijar reglas y precios en numerosas
actividades, lo que se conoce como un “cártel”:
empresas que en lugar de competir, se reparten el mercado y fijan precios (más
altos que con competencia), en perjuicio der los consumidores. Veamos algunos.
La multa más abultada impuesta por la CNMC se decidió el 7 de
julio de 2022, al cerrarse un expediente
contra 6 grandes constructoras españolas (Acciona, Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), a las que se
acusaba de haberse repartido miles de
licitaciones públicas (como hospitales, carreteras, aeropuertos) durante 25 años (entre 1992 y 2017). La
investigación de la CNMC descubrió que el grupo de constructoras se
reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obras públicas
publicadas y decidir qué concursos iban a compartir (en todo o parte) y las
ofertas que iban a presentar concertadamente, para ganarlas. Y también compartían información comercial sensible,
como su intención de presentarse o no a licitaciones y la formación de ofertas conjuntas
(UTEs). Y para evitar sospechas, las constructoras encargaban estos trabajos y
ofertas a empresas externas. En
conjunto, la CNMC estima que este “cártel” continuado de las principales constructoras
ha provocado un extracoste de muchas obras públicas, en perjuicio del
Presupuesto y los contribuyentes. Y les
multó con 203,6 millones de euros.
La 2ª
mayor multa impuesta por la CNMC, 171
millones de euros, fue decidida en julio de 2015, contra 21 empresas de automoción (que acaparaban
el 91% de las ventas), por compartir información (desde 2006 a 2013) para aplicar estrategias agresivas o descuentos a
compradores de coches. De las multas se libraron Seat y Volkswagen, por
actuar como “delatores” (a lo claro:
por “chivarse” y dar información a cambio de no ser multados). La 3ª mayor
multa, 127,8 millones, se impuso en
2016 a los fabricantes de pañales para
adultos, que pactaron (de 1996 a 2014) los precios a los que vendían a la
sanidad pública. La 4ª mayor multa, 120
millones, se impuso en diciembre de 2012 (antes de crearse la CNMC) a Telefónica, Vodafone y Orange por
pactar un precio elevado por los SMS. La 5ª mayor multa, 119,1 millones, se impuso en marzo de 2019 a 15 empresas de material ferroviario (filiales de las constructoras
ACS, Sacyr y OHLA, más Siemens, Alsthom, Indra, Elecnor, Isolux o Abengoa), por
repartirse durante 14 años contratos
ferroviarios de Adif (Renfe).
La
lista de expedientes sigue con multas inferiores a los 100 millones. En
enero de 2015, la CNMC multa con 98,2
millones a 39 empresas y 3
asociaciones del sector de gestión de basuras (residuos, recogida de
basuras y saneamiento), que pactaban y se repartieron la recogida de basuras,
gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas en Ayuntamientos de toda España,
entre 2000 y 2013.Entre las multadas, las filiales de las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, reiteradas "sospechosas" de la CNMC: en agosto de 2021, ACS, FCC, Acciona, Ferrovial , OHL y Sacyr recibieron otra multa de 61 millones (la 3ª), por pactar contratos de mantenimiento de carreteras del Estado (entre 2014 y 2018) . En febrero de 2018, los cuatro grandes bancos españoles
(CaixaBank, Santander, BBBA y Sabadell) fueron multados con 91 millones de euros por pactar unas
condiciones más favorables de ciertos
derivados financieros con los que financiaron a constructores de parques
eólicos. En julio de 2019, la CNMC sancionó con 80,6 millones a 8 empresas
lácteas (Nestlé entre ellas) y 2 asociaciones sectoriales por prácticas
anticompetitivas de fijación de precios en perjuicio de los ganaderos. En
noviembre de 2019, se impone una multa de 77,1
millones a Mediaset (Tele 5) y Atresmedia (Antena 3), por repartirse
el mercado de la publicidad televisiva.
Sigamos con la
lista de las mayores multas. En marzo de 2017, la CNMC multa con 75,6 millones a Renfe y Deutsche Bank
por “entorpecer” la liberalización del transporte ferroviario, lo que provocó
la mayor sanción impuesta nunca a una sola empresa (65 millones a Renfe). En
marzo de 2018, se fija una multa de 68
millones a 9 empresas de mensajería (entre ellas, Correos), por repartirse
los grandes clientes empresariales. En junio de 2015, se multa con 57,7 millones a 18 empresas de fabricación de papel y cartón
ondulado y a su asociación sectorial por repartirse el mercado y fijar precios
entre 2002 y 2013. En octubre de 2019, se multa con 54,2 millones a 19 empresas
de montajes y mantenimientos industriales (Duro Felguera, ACSA y Atrian) por
repartirse 746 contratos industriales y encarecer los servicios prestados a
empresas energéticas y petroquímicas. En noviembre de 2017, la CNMC impuso una
multa de 44,8 millones a 5 cárteles
integrados por 11 empresas y una Asociación empresarial que se repartían la fabricación y distribución de cables eléctricos.
Tranquilos, que la
lista sigue y aparecen otras grandes empresas. En 2019, la CNMC multa
con 42,3 millones a las tabaqueras Altadis (Fortuna) y Philip
Morris (Marlboro), junto a Logista,
por repartirse el mercado: intercambiaban datos sobre las ventas
diarias en estancos, detalladas por provincias y marcas. En febrero de 2015
se multa con 32,4 millones a las
grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Disa,
Galp y Meroil) por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades,
además de un pacto de “no agresión” entre Repsol
y Cepsa (desde 2011 a 2013). Y tanto Repsol como Cepsa tienen otras multas más
(casi 10 millones), por prácticas “anticompetitivas” desde 2009. En septiembre
de 2016, la CNMC multa con 29 millones a 23 empresas cementeras y hormigoneras, por pactar precios (desde
1999 a 2014). En marzo de 2019, se multa con 25,3 millones a dos eléctricas, Endesa y Naturgy por ofrecer precios elevados
en el mercado eléctrico. Ya en noviembre de2015, la CNMC había sancionado a Iberdrola con otros 25 millones “por
manipular el mercado eléctrico”. En total, ha impuesto a las eléctricas 54
millones en multas desde 2014 a 2019. Y para cerrar las grandes multas, en
marzo de 2022 se impusieron 24 millones a 3
empresas siderúrgicas por manipular los precios de la chatarra…
A esta exhaustiva lista de sanciones se podrían sumar las multas (menores) impuestas
en la última década a otras empresas: de transporte de fondos, de
mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte
frigorífico, empresas radiofónicas, de vinos de Jerez, fabricantes de productos
dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Y unos días antes de esta
Semana Santa, la CNMC inspeccionó varias oficinas de Viajes el Corte Inglés, buscando pruebas de un presunto “cártel” de agencias de viaje para repartirse el mercado de viajes (nacionales e
internacionales) de la Administración del Estado.
Todas estas multas son el final de largas investigaciones de la CNMC, de expedientes que generalmente se
abren por alguna denuncia de un competidor (al margen del cártel
que se reparte el mercado) o de alguna empresa que quiere evitar la multa,
colaborando (evita más o menos según colabore antes o durante el expediente). Y
a partir de ahí, lo difícil es demostrar
estos acuerdos contra la competencia, conseguir
pruebas y documentos, para lo que la CNMC llega hasta registrar las oficinas de las empresas implicadas. Pero eso a veces
lleva a la nulidad del procedimiento,
como acaba
de resolver el Supremo (fallo
del 28 de febrero 2023) en el caso de la inspección (en 2017) en la sede de
Altadis. Lo mismo pasó en 2014, con una sentencia que anuló el registro a UNESA
y 5 eléctricas o con la inspección a la sede de Transmediterránea (el Supremo
anuló las dos multas en 2015). En otros casos (multa a las telecos), el
Supremo anuló las multas (enero 2019) por “fallos en la investigación”.
Pero esta es la 2ª fase de los problemas con que se
encuentra la CNMC al luchar contra los acuerdos de repartos de mercados y
precios: las
sentencias del Supremo (que tardan años), tribunal al que recurren las empresas
investigadas una vez que hay una decisión en primera instancia, en la Audiencia Nacional (AN). Y aquí
está el primer problema de la CNMC: la AN suspende de forma cautelar las multas
impuestas a las empresas por acordar mercados y precios. Lo lleva haciendo
años, pero la gota que ha colmado el vaso de la CNMC han sido las sentencias
(dictadas entre septiembre
de 2022 y el 1
de febrero de 2023) que suspenden
las multas impuestas en julio de 2022 (203,6 millones) a las 6 grandes constructoras españolas a las que la CNMC acusa de pactar precios durante 25 años.
Con estos fallos
recientes de la Audiencia Nacional, la presidenta de la CNMC, Cani
Fernández, compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció
la situación ante los parlamentarios (que la eligieron
en junio de 2020, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos): acusó a la Audiencia Nacional de boicotear
las sanciones que impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas”. Y
además, impide con ello que se
cumpla el mandato legal de que estas empresas multadas no puedan
contratar con la Administración. La presidenta de la CNMC, abogada,
señaló que la Audiencia Nacional
suspende las multas porque considera que
entre el interés general y el perjuicio
que puede provocar a la empresa sancionada, “siempre prima lo segundo”, el
daño económico a la empresa sancionada.
La presidenta de la CNMC pidió
ayuda a los diputados, aportando los datos que reflejan la impotencia de su trabajo frente a las
grandes empresas investigadas y sancionadas:
entre el año 2000 y el 2012, la CNMC ha impuesto más de 1.153 millones de euros en sanciones a empresas que
incumplieron la legislación sobre competencia, pero sólo ha podido recaudar 290,4 millones de euros. Las grandes
empresas afectadas cuentan con el apoyo de potentes bufetes de abogados, que recurren primero ante la Audiencia Nacional,
que suspende las multas, les deja seguir contratando con la Administración y
luego tarda años en decidir sobre el fondo del expediente (todavía no ha
decidido sobre el expediente a los grandes bancos, de 2018), rechazando la
mayoría. Y todavía les queda a las empresas recurrir al Supremo, que son más años de retraso y muchas
sentencias favorables, por defectos de forma en la tramitación. Y frente a estas
poderosas empresas y sus bufetes, la CNMC cuenta con
pocos medios: 272 funcionarios y 370 empleados más, para vigilar los
sectores prioritarios y la competencia en toda la economía (ahora vigilan
los precios de los alimentos).
El tema es serio y preocupante, porque en la
lista de empresas “pilladas” en manipulación de mercados y precios está
lo más granado del empresariado español.
Y porque este “modus operandi”, anticompetitivo e ilegal, nos cuesta mucho dinero a los consumidores y a
muchas empresas, que pagan precios
más altos de los debidos. Para intentar resolverlo, el
PSOE ha presentado varias enmiendas (aprovechando la
tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, algo que nada
tiene que ver) para cambiar aspectos de
la Ley de Defensa de la Competencia y dar más “armas legales” al trabajo de la CNMC. Por
un lado, proponen subir
las multas a las empresas que se repartan mercados, con un máximo de 50
millones, pero aplicando además un porcentaje sobre sus ventas mundiales (que
puede llegar al 10%, cuando ahora el máximo es el 6,4% de las ventas
nacionales).Y se ampliarán también las multas a los directivos implicados (de
60.000 a 400.000 euros). Eso sí, se mejora el trato a las empresas que
colaboren con la CNMC aportando pruebas. Además, se propone ampliar
el plazo del procedimiento, de los 18 meses actuales a 24 meses.
Todos estos cambios
se debaten ahora en el Congreso, en Comisión, y podrían ser aprobados para otoño,
lo que facilitaría la tarea de la CNMC. Pero queda reforzar los medios de la CNMC,
para que cometan menos fallos en la gestión de los expedientes. Y sobre todo, urge un cambio sustancial en los jueces,
tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo: no pueden seguir “tolerando” estos comportamientos con unas sentencias
favorables a los más poderosos, en perjuicio de los ciudadanos. De
acuerdo, hay que probar los delitos, hay que vigilar las garantías jurídicas
del proceso, pero estos “delitos de
guante blanco” no pueden quedar tan impunes como ahora. Nos están robando
(presuntamente).
