Menos pobreza pero más desigual por regiones

La crisis desatada por la pandemia y la alta inflación se saldó con una bajada de la pobreza en España en 2022, gracias a las ayudas públicas, al contrario que con la crisis financiera, que aumentó la pobreza (por los recortes). Pero ojo: España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza y afecta todavía a una cuarta parte de la población. Además, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, más que antes, por los bajos sueldos, la alta inflación y la vivienda. Y lo peor: hay 5 regiones donde sí aumentó la pobreza en 2022. Y 7 autonomías tienen ahora más pobreza que en 2019: Canarias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja. El problema es que el Estado (ingreso mínimo vital), las autonomías (rentas mínimas) y los Ayuntamientos (servicios sociales) “racanean” al ayudar a los más pobres, un problema olvidado para el 28-M. La pobreza es un cáncer social para la democracia.

Enrique Ortega

La evolución de la pobreza tiene mucho que ver con la política económica que se aplica en los paises. Así, en la anterior crisis financiera de 2008, los ajustes y recortes que se impusieron en todo el mundo, y especialmente en la Europa del sur, provocaron un aumento de la pobreza, sobre todo en España: la tasa AROPE, el porcentaje de españoles "en riesgo de pobreza o exclusión social" saltó del 23,8% en 2008 al 29,2% en 2014, según Eurostat. Después, la ligera recuperación de la economía rebajó las cifras de pobreza, hasta el 26,2% en 2019. Pero llegó otra crisis, con la pandemia y la inflación, y la tasa de pobreza volvió a subir en 2021 (27%) y 2021 (27,8%), aunque finalmente ha bajado en 2022 (al 26% de los españoles, una tasa de pobreza inferior a la de 2019), gracias a que en esta nueva crisis se ha optado (en Europa y en España) por ayudas públicas que han beneficiado a los más vulnerables.

¿Cómo se mide la pobreza? Europa utiliza un indicador, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”), que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y. Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Y según Eurostat, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población) en 2021. Y el INE acaba de publicar los datos de España para 2022, que señalan un 26% de españoles en situación de pobreza o exclusión social, 12.300.000 españoles, 840.000 menos que en 2021. Tras dos años subiendo (2020 y 2021), por la pandemia y la inflación disparada, la pobreza ha tenido en 2022 el mayor descenso (-1,8%) desde 2015.

A pesar de este descenso de la pobreza en 2022, España es el 4º país europeo con la más alta tasa de pobreza (AROPE), según los últimos datos publicados por Eurostat, los de 2021: entonces teníamos una tasa de pobreza del 27,8%, muy por encima de la media UE-27 (21,7%) y de paises como Alemania (21% de pobreza AROPE), Francia (19,2%) o Italia (25,2%), siendo sólo superados por la pobreza en Rumanía (34,5%), Bulgaria (31,7%) y Grecia (28,3%). Y aunque haya bajado la tasa en 2022, todo apunta a que también habrá bajado en la mayoría de Europa, con lo que seguiremos entre los paises con más pobreza.

Vayamos a los tres componentes de esta pobreza, los 3 indicadores que integran la tasa AROPE. El primero y principal, la pobreza monetaria, las personas consideradas “pobres” porque ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). En 2022, eran el 20,4% de la población (frente al 21,7% en 2021 y el 20,7% en 2019), 9.676.000 españoles “pobres”, 609.000 menos que en 2021, según acaba de publicar el INE.

El perfil de estos “pobres” monetarios son principalmente mujeres (21,1% son pobres frente al 19,8% de los hombres) y superan la tasa media de pobreza los niños y adolescentes (27,8% de los menores viven en hogares “pobres”: 2,2 millones de niños y jóvenes con menos de 18 años), las mujeres solas con niños (43,2% son pobres), las personas que viven solas (25,7% son pobres, los extranjeros (el 52,6% de los inmigrantes de fuera de la UE y el 35,2% de inmigrantes europeos), las personas con poca formación (son pobres el 29,2% de los que sólo tienen primaria y el 24% de los que tienen sólo la 1ª etapa de secundaria, bajando al 10% entre los universitarios), los parados (el 41,7% son “pobres”) e incluso los que tienen un trabajo: el 12,5% de los ocupados son “pobres”, casi 2,5 millones de personas que trabajan. Y sólo son “pobres” el 15,1% de los jubilados, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).

Vayamos al 2º indicador de pobreza o exclusión social, el que incluye a los españoles que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que trababan menos del 20% de lo que podrían (subempleo), ganen lo que ganen. El INE estima que son el 8,6% de la población, 4.079.000 personas. Este indicador ha mejorado más que el de la pobreza monetaria, gracias a la importante creación de empleo: era del 11,6% en 2021 y han bajado los que viven en hogares con poco empleo en 1,1 millones de personas.

El tercer indicador de la pobreza mide las personas que tienen una carencia material severa en 7 de los 13 indicadores que se miden, al margen de lo que ganen: son el 7,7% de la población, 3.652.000 españoles, un porcentaje que lleva dos años bajando (era el 8,5% en 2020) y es ahora como en 2019. Pero ojo, han empeorado algunas carencias que son importantes. Así, han subido en 2022 las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar  (el 17,1% de la población, 8,1 millones), las personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días (el 5,4%, ojo: 2,5 millones de españoles), los que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (35,5%, 16,8 millones), los que no pueden permitirse tener una semana de vacaciones al año (33,5%, 15,9 millones de españoles) o los que no pueden tener coche (5%,2,3 millones de personas). Sólo ha bajado el porcentaje de los que se retrasan en el pago de recibos (todavía un 11,6%, 5,5 millones de españoles) y los que no pueden comprar un ordenador (el 5,8%, 2,75 millones).

Hay personas que cumplen las tres condiciones (pobreza monetaria, bajo nivel de empleo y carencias materiales: sólo el 1,5%, 711.470 personas), otras que cumplen dos (el 15%) y otras que cumplen una (la pobreza monetaria incluye al 20,4%, 9,67 millones de españoles), suficiente para ser considerados en situación de pobreza y exclusión social.

Aunque el indicador español de pobreza haya mejorado en 2022, hay que resaltar que persiste la desigualdad entre regiones. Y que en 5 zonas de España se ha agravado la pobreza “monetaria” (personas que ingresan menos del 60% de la media) en 2022: Melilla (34,5%,+4,4%), Ceuta (34,8%,+2,5%), la Rioja (34,8%, +2,5%), Navarra (10,9%, +1,1%) y  Canarias (29,4%, +1%). Y hay 7 autonomías donde en 2022 había más pobreza monetaria que en 2019, antes de la pandemia, la mayoría de ellas las autonomías más ricas: Baleares (+4,9%), Castilla y León (+4,9%), la Rioja (+4,3%), Navarra (+3,2%), País Vasco (+2,2%),  Canarias (+0,9%) y Cataluña (+0,6%), según el INE.

Al margen de estos cambios en la pobreza en los últimos años, la realidad es que persiste la desigualdad histórica en su reparto, las 3 Españas. Así, si tomamos el indicador AROPE global, el 26% de pobreza o exclusión social en 2022, hay 8 regiones españolas con mucha más pobreza que la media: Melilla (41,3% son “pobres”), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9% son “pobres”), Canarias (36,2%), Andalucía (35,8%), Castilla la Mancha (31,6%), Murcia (31%) y Comunidad Valenciana (31% “pobres”).  Y existe la otra España, 7 autonomías donde hay poca pobreza: Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%), Cantabria (19,5%), Aragón (19,1%), Madrid (20,3), Cataluña (20,4) y La Rioja (20,9%). Y una España intermedia, con una tasa de pobreza AROPE superior a la europea pero inferior a la España atrasada: Baleares (21,5%), Castilla y León (22,1%), Galicia (23,6%) y Asturias (25,3%). Un buen tema para debatir en esta campaña electoral del 28-M.

En paralelo a esta estadística sobre la pobreza, el INE informa también de otro indicador: las personas que llegan con dificultad a fin de mes, un dato muy revelador de la calidad de vida y la capacidad ante imprevistos de los españoles. Y un indicador que ha empeorado en 2022: han subido del 44,9% de la población (2021) al 47,8%, 22.672.923 españoles con problemas para llegar a fin de mes (1,39 millones más que en 2021). La estadística los reparte entre los que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” (el 25,7%, frente al 23,3% en 2021), los que llegan “con dificultad” (el 13,4%, frente al 12,8% en 2º21) y los que llegan a fin de mes “con mucha dificultad (4,1 millones de españoles, el 8,7%, frente al 8,8% en 2021). La alta inflación, el encarecimiento de los alquileres y las hipotecas más el estancamiento de los salarios explican que casi la mitad de españoles (47,8%) tengan problemas para llegar a fin de mes. Y aquí también hay grandes diferencias regionales: lo sufren más de la mitad de la población en Canarias (el 60,7%), Ceuta (60,3%), Murcia (58,3%), Extremadura (55,7%) y Andalucía (54,5%), mientras sólo afecta a un tercio en el País Vasco (31,59%), La Rioja (36%), Aragón (38,9%) y Navarra (39,5%), según la EAPN-ES.

Otro indicador clave que ha mejorado en 2022 es la desigualdad, una de las grandes secuelas de todas las crisis. Una primera forma de medirlo es el indicador S80/S20, la proporción de ingresos que tiene el 20% más rico de la población sobre el 20% más pobre: en 2008, antes de la crisis financiera, ingresaban 5,6 veces más y después, la desigualdad subió hasta ingresar 6,9 veces más en 2015. Con la recuperación, la desigualdad bajó a 5,9 veces en 2019, pero volvió a subir con la COVID, a 6,2 veces en 2021, bajando ahora a 5,6 veces en 2022, el mismo índice de desigualdad que antes de la crisis financiera, según la EAPN-ES. Otra forma de medirlo, el índice de Gini (cuanto más bajo, menos desigualdad) nos dice lo mismo: en 2008 estaba en 32,4, subió a 34,7 en 2014, bajó a 33 en 2019, se mantuvo así en 2021 y ha bajado a 32 en 2022, el valor más bajo de toda la serie del índice. A pesar de la mejoría, España ocupa el 4º lugar en el ranking europeo de más desigualdad (2021), tras Letonia (35,7), Lituania (35,4) y Rumanía (34,3), por encima de la media europea (30,1 índice Gini) y de Italia (32,9), Alemania (31,2) y Francia (29,3), según el último dato de Eurostat.

Aunque tenemos más pobreza y más desigualdad que la mayoría de Europa, España ha mejorado en ambos problemas, gracias a la distinta política adoptada en Europa contra la pandemia y la inflación, aprobado un ambicioso Plan de Recuperación UE (750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000), al que se suman las ayudas aprobadas por el Gobierno contra la inflación (43.000 millones). Con ello, España ha dado un gran salto en el gasto en protección social, pasando de suponer el 16,9% de todo el gasto público en 2018 al 20,6% en 2021, un porcentaje de gasto social más cercano al de Alemania (20,9%) o Bélgica y todavía alejado del de Francia (24,8%), Finlandia (24,6%) o Italia (23,4%). Pero además de gastar más contra la pobreza y la desigualdad, el gran reto de España es gastar mejor, porque la OCDE y la Comisión Europea ya han alertado que la mayoría del gasto social en España beneficia más a las clases medias y altas que a los más vulnerables. Por eso critican ayudas como el descuento de la gasolina o la bajada del IVA a la electricidad y a los alimentos, porque benefician más a los que más tienen, no a los más pobres.

En paralelo a gastar más y mejor en ayudas sociales, hay tres frentes más en los que avanzar. El primero, el Estado central, en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se aprobó en mayo de 2020, con el objetivo de beneficiar a 850.000 hogares y, a finales de abril, sólo beneficia a 611.029 hogares (y 1.700.028 personas, frente a las 2,3 millones previstas), sólo ayuda a 1 de cada 5 "pobres". Urge flexibilizar requisitos y agilizar su concesión, para que este ingreso (565 euros) llegue a los más necesitados. Otro reto es para las autonomías, que gestionan las rentas mínimas de inserción, donde se ha producido un recorte escandaloso: aprovechando el IMV, las autonomías gastaron 247 millones menos en 2021 y la ayuda la reciben 150.000 personas menos que en 2020 (645.317 beneficiarios, que cobran entre 300 y 706 euros al mes, según autonomías. Y el tercer reto es para los Ayuntamientos: prestan ayudas sociales de urgencia a 1.576.052 personas, sólo el 42% de las que sufren graves dificultades materiales. Y las ayudas “urgentes” que prestan (para comida, ropa o vivienda) tardan hasta 2 meses, por el exceso de burocracia y lo complicado del papeleo, según los Directores y gerentes de Servicios Sociales, que llevan años pidiendo que se cambie la Ley para no tratar estas ayudas como subvenciones.

Así que todos (Gobierno, autonomías y Ayuntamientos)  tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza, que está ahí y se visualiza en las “colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en esta campaña electoral  del 28-M. No podemos mirar para otro lado: la pobreza y la desigualdad son una realidad cotidiana, no son “un invento de la izquierda” como defiende la neoliberal Ayuso en Madrid. Es más, la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por eso, habría que extirpar la pobreza y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.

Mucha tarjeta y poco gasto social

En la Conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero, uno de los pocos acuerdos fue crear una “tarjeta social” para controlar a las personas que reciben ayudas públicas, desde pensiones y paro a la dependencia o renta básica. Los expertos critican la medida, porque estas ayudas ya están controladas y la tarjeta sólo sirve para “estigmatizar” a los que las reciben (“vivo de la ayuda pública”), cuando muchas veces (pensiones, paro) son subsidios a los que tienen derecho porque han cotizado, no "un regalo". Mejor nos iría si los políticos hubieran pactado aumentar el gasto social, porque España gasta menos que el resto de Europa en sanidad, educación y gastos sociales: concretamente, 30.800 millones de euros menos al año en pensiones, paro, vejez, familia y ayudas sociales. Y es un escándalo que PP y Ciudadanos se opongan a ayudar a las familias sin ningún ingreso, 620.000 hogares según la EPA. Menos tarjetas para “controlar a los pobres” y más ayudas sociales justificadas a los más débiles.
 

enrique ortega

El pasado 19 de enero, el ministro Montoro presumió en el Congreso de que era “un Gobierno muy social”: “casi un tercio de los españoles, más de 14 millones, reciben hoy una prestación de la Administración”, dijo ante la sorpresa de diputados y periodistas, que no contrastaron su cifra. Pero resulta que Montoro “manipuló los datos”: habló de 9,5 millones de pensionistas (ese es el número de pensiones: pensionistas hay 8.602.601) y de 3,7 millones de desempleados (esos son los que están “apuntados” en el paro, pero sólo 1.984.376 parados cobran algún subsidio), a los que habría que sumar los que reciben ayuda por la dependencia (865.564 a finales de 2016) y los que cobran la renta básica de las autonomías (264.279 personas). En total son 11.716.820 españoles que reciben ayudas públicas, no “más de 14 millones”. Uno de cada cuatro personas, no “casi uno de cada tres”. Y además, la mayoría de estas “ayudas” (pensiones, subsidio de paro) son prestaciones a las que las personas “tienen derecho” porque han cotizado (pagado) por ellas, muchos años. No son ningún “regalo”.

Dicho esto, ¿España hace mucho o poco gasto social? Comparémoslo con el resto de Europa. De entrada, el gasto público total es mucho menor en España: aquí, todas las Administraciones (Estado, autonomías y Ayuntamientos) gastan el 44,5% de la producción (PIB), mientras en los paises del euro gastan el 49,4% (y el 48,2% del PIB en la UE-28), según Eurostat. Son 53.900 millones menos de gasto público cada año (básicamente, por culpa de que también ingresamos menos). Y España gasta menos en todo. En sanidad (6,1% del PIB frente al 7,3% en la zona euro, el 7,2% en Alemania, el 7,6% en Reino Unido o el 8,2% en Francia). En educación (el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia). Y sobre todo, en protección social: España gasta el 17,6% del PIB, frente al 20,4% de la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% de Reino Unido y el 24,8% de Francia. Gastamos 30.800 millones menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y gastos sociales.

Claro, de esto no podía presumir Montoro en el Congreso. Y menos de los recortes sociales hechos por el Gobierno Rajoy desde 2012, para intentar rebajar el déficit público (que apenas ha bajado, por cierto). España ha recortado el gasto en sanidad en -9.878 millones desde 2009, 1 de cada 7 euros. Otros -7.613 millones se han recortado en educación, 1 de cada 6 euros. Gastamos más en pensiones porque han aumentado los pensionistas, ya que las reformas de Zapatero (2011) y Rajoy (2013) sientan las bases de recortes de las pensiones futuras (hasta un -50% para 2050). En desempleo, el gasto público ha  pasado de 30.000 millones en 2011 a 18.636 en 2016 y aunque también han bajado los parados, ha sido menos. La consecuencia es que si en 2011 cobraban algún subsidio el 55% de los parados estimados (EPA), a finales de 2016 sólo cobraban el 46%: la mayoría (2.253.424 parados no cobran nada). En la Dependencia, ancianos y discapacitados han sufrido un recorte del Estado de -2.865 millones entre 2012 y 2015, provocando que haya 353.990 dependientes esperando recibir una ayuda que tienen reconocida (y muchos se mueren antes).

No sólo ha recortado ayudas sociales el Estado, también autonomías y Ayuntamientos. Los gobiernos regionales han recortado otros 1.000 millones en Dependencia y también las ayudas que dan a las familias con menos recursos, lo que se llama “renta básica”: la reciben 262.307 personas (últimos datos oficiales, de 2014), sobre todo emigrantes, mujeres solas con niños y personas sin hogar o en situación de pobreza extrema, que perciben 420,63 euros al mes de media . Pero hay grandes diferencias entre autonomías, tanto a la hora de cobrar (665 euros en el País Vasco y 300 euros en Murcia) como por gasto y población cubierta: 36 personas por 1.000 habitantes lo cobran en Euskadi frente a 2,6 en Baleares o Andalucía.

Los Ayuntamientos son un pilar básico de la protección social. Los servicios sociales municipales atienden cada año a 8 millones de españoles, a pesar de que cuentan con poco Presupuesto: 5.200 millones en 2.015, tras un recorte de casi 1.000 millones desde 2011. Pero aquí también hay muchas diferencias entre Ayuntamientos: de los 350 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, sólo 12 alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellos, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Linares, Martorell, Vélez Málaga y Baza (el mejor: gasta 167 euros/habitante). Y otros 75 grandes Ayuntamientos hacen un gasto social “precario” (gastan menos de 50 euros por habitante), entre los peores Pontevedra, Pozuelo, Leganés, Mérida o Torrevieja, que integran un grupo de 37 grandes ayuntamientos que son “pobres” en servicios sociales.

Con este panorama tan penoso del gasto social en España, lo normal hubiera sido que los presidentes autonómicos aprovecharan la Conferencia con Rajoy para sacarle un Pacto social para gastar más y paliar los recortes sociales de la crisis, máxime cuando 7 autonomías están gobernadas por el PSOE. Pero no. El único acuerdo de la Conferencia fue crear una “tarjeta social” para controlar las ayudas públicas que se dan. Una medida duramente criticada por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la consideran “un gasto inútil” (porque ya hay medios para controlar las ayudas) y una forma de “estigmatizar” a los que las reciben (el titular pertenece a un “Club de pobres”), una vieja obsesión  de los sectores más reaccionarios, empeñados en “controlar” a los más desfavorecidos. Y comentan que a nadie se le ocurriría proponer una “tarjeta patrimonial” para conocer las ayudas y subvenciones públicas que reciben empresas y particulares y donde se ha detectado mucha corrupción.

Y mientras se prepara la tarjeta social (“yo recibo ayudas públicas”), no se resuelven los grandes problemas sociales pendientes. Empezando por las pensiones. España es el 15º país europeo que menos gasta en pensiones, un 11,4% del PIB (121.268 millones en 2016), bastante menos que Italia (16,1%), Francia (14,9%), Portugal (14,8%), Alemania (12,3%) o reino Unido (11,8%), según datos de Eurostat. Hace falta una reforma pero sobre todo más recursos, vía impuestos, cotizaciones y menos “tarifas planas”. Lo mismo pasa en el desempleo: España gasta en prestaciones el 2,5% del PIB, más que la zona euro o Alemania (1,8%), según Eurostat,  pero tenemos el doble de paro que la UE-19 y cuatro veces más que Alemania. Y además de que gastamos menos,  los que reciben un subsidio (el 46% de los parados EPA) ganan menos: un 61% del último salario en España frente al 69% en la zona euro, el 67% en Alemania y el 68% en Francia. En ayudas a la familia, España gasta casi la tercera parte de Europa (el 0,6% del PIB frente al 1,7% en UE-28), a pesar de que tenemos hundida la natalidad. Y en los servicios sociales municipales, el Gobierno Rajoy aprobó una Ley (27/2013) que les quitaba parte de las prestaciones (promoción social y dependencia), pasándoselas a las autonomías, cuestión que anuló en 2016 el Tribunal Constitucional, aunque los municipios están sin recursos.

Pero quizás lo más urgente es afrontar la grave situación de las familias que han quedado marginadas por la crisis, esos 3,3 millones de españoles en pobreza extrema, según Cáritas. Los sindicatos UGT y CCOO llevaron al Congreso en enero una iniciativa legislativa apoyada por 700.000 firmas para que una parte de esos españoles pobres recibieran una renta básica de 426 euros al mes, lo que tiene un coste de 12.000 millones al año. La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 4 de febrero, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos, argumentando que es “imposible de financiar”. Hay otros paises, como Finlandia, Holanda, Canadá o Alaska que han intentado aprobar experiencias de “rentas básicas”, aunque para pequeños colectivos. En España, quizás, podríamos empezar por aplicarlo a los que están peor de todos: las 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Eso costaría 3.220 millones al año, algo más asumible.

Con todo, urge tomarse en serio que España equipare su gasto social al del resto de Europa. Y eso pasa por gastar más, al menos 24.000 millones más en los primeros años: 10.000 para tapar el agujero más urgente de las pensiones, 4.000 para un Plan de choque contra el paro, 2.000 millones más para la Dependencia, 3.500 millones contra la pobreza y 500 millones extras para los servicios sociales municipales, sin olvidar 2.000 millones más para la sanidad (está en situación financiera penosa) y otros 2.000 para la educación (mínimo). Parece una factura imposible, pero se podría pagar si España recaudara como el resto de Europa: ingresamos 50.000 millones menos cada año en los principales impuestos, según el último informe de la Comisión Europea. Y eso porque tenemos mucho fraude y porque hay tres colectivos que pagan (“legalmente”) menos de lo que deberían: las grandes empresas (pagan realmente el 7,6% de sus beneficios y muchas, como Banco de Santander o el Corte Inglés consiguen que Hacienda “les devuelva” en el impuesto de Sociedades), las multinacionales (evaden a través de otros paises) y los más ricos (SICAV). Así podríamos recaudar 42.000 millones más cada año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA)

Incluso Montoro lo dijo en el Congreso el 25 de enero: “Hemos subido impuestos a las grandes empresas (en 2016) para preservar la cohesión social”. Pero la patronal CEOE no está por la labor y ha llegado a decir que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”… No se puede seguir “tirando de la cuerda” y dejar a una parte creciente de españoles por el camino: somos el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre. Y ya hay 13.180.000 españoles en situación de pobreza, según Eurostat, un 28,6% de la población (frente al 23,7% en la UE-28). Y también crece la desigualdad, un 15,5% durante la crisis, veinte veces el promedio europeo (+0,8%). Con ello, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de la renta: el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza (y el 1%, el 20,3%), según datos recientes del Banco de España.

Así que vivimos en un país con demasiada pobreza y desigualdad, donde el Estado ha recortado sus ayudas y el gasto social está a la cola de Europa. Todo ello es un peligroso cocktail, fuente de populismo y desapego político y social. Una situación que no se resuelve implantando una tarjeta para controlar a los más desfavorecidos, sino gastando más en paliar las consecuencias más negativas de la crisis. Aunque eso obligue a algunos a pagar más impuestos, porque para eso se llevan lo mejor del pastel. Un país con más gasto social  sería un país más justo pero también más estable y más eficiente. Parece que no lo entienden. Lo malo es que tampoco los políticos, sean del color que sean. Así nos va.