EPA junio 2026: a por los 23 millones trabajando

Los recientes datos de empleo y paro confirman que la economía española lleva 6 años creando empleo (hay 22,77 millones de personas trabajando, casi 3 millones más que antes de la pandemia) y bajando el paro, ahora por debajo del 10% (9,87%), algo que no sucedía desde marzo de 2008, con 6 autonomías por debajo del 8%. El motor de este pujante empleo es el fuerte crecimiento de la economía, empujado por el consumo, el turismo, las exportaciones, los Fondos europeas y los inmigrantes (ya hay 3,75 millones de extranjeros trabajando). Ahora se espera alcanzar los 23 millones de ocupados este año y superar los 24 millones en 2029.  Pero no podemos “dormirnos en los laureles”, porque tenemos más paro y menos empleo que Europa. Además, la incertidumbre internacional podría reducir el crecimiento y el empleo. Urge estar vigilantes y preparar medidas para fortalecer el empleo si hay problemas en los próximos meses. Hay que reciclar a los parados de larga duración y reformar de una vez las oficinas de empleo, que funcionan mal.

                           Enrique Ortega

El 2º trimestre del año suele ser bueno para el empleo, por la Semana Santa (cayó en abril) y por los contratos previos al verano. Este año 2026, tras un primer trimestre donde cayó el empleo (-170.300), el 2º trimestre ha seguido la tradición y se han creado 486.000 nuevos empleos, según la EPA publicada este martes, algo menos que la primavera de 2025 (+503.000 empleos). Con ello, se afianza  la recuperación del empleo iniciada en el verano de 2022, tras la pandemia, y la ocupación en España va camino de los 23 millones de personas: había 22.779.000 personas trabajando a finales de junio, la mayor cifra de ocupados de nuestra historia. Y 2.974.100 personas más trabajando que a finales de 2019.

Para valorar el carácter histórico de los 22,77 millones de ocupados basta hacer un repaso al empleo en los últimos 60 años: en 1965 había 12 millones de personas trabajando en España (12.024.150) y una cifra similar a la muerte de Franco (12.857.720 en 1975), para caer después a un mínimo histórico en 1985 (11.004.200 trabajando, por la reconversión industrial) y remontar a finales de siglo (14.689.830 ocupados en 1999). A partir de ahí, los ocupados crecen, hasta 16,6 millones en 2002, 18,9 millones en 2005 y se alcanza el máximo en septiembre de 2007 (20.753.500 ocupados). Con la crisis financiera, el empleo cae año tras año hasta alcanzar el mínimo en diciembre de 2013 (17.135.200 ocupados). Luego se recupera poco a poco, para cerrar 2019 con 19.966.900 trabajadores. Y la pandemia hunde el empleo a otro mínimo en 2020 (18.607.300 ocupados en junio). Pero a partir de este suelo, el empleo se recupera con fuerza y supera los 20 millones en marzo de 2022 (20.084.799) y los 21 millones en junio de 2023 (21.056.600), para superar ahora los 22,77 millones de trabajadores, 10 millones más de personas trabajando que hace 60 años.

En el 2º trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+397.400 empleos), sobre todo la hostelería y el turismo, pero también han creado empleo la construcción (+56.600) y la industria (+38.200), cayendo sólo en la agricultura (-6.200 empleos).  El empleo se ha creado básicamente en el sector privado (+501.600 empleos) y se ha perdido en el sector público (-15.600 empleos), por el fin de contratos en enseñanza y sanidad, según la EPA de junio. La creación de empleo se ha repartido casi por igual entre los hombres (+236.300 empleos) que entre las mujeres (+249.700). Y ha sido porcentualmente mayor la creación de empleo entre los menores de 25 años (+120.500 empleos) y entre los que tienen de 25 a 39 años (+201.200 empleos). Esta vez, la mayoría del empleo creado ha sido para extranjeros (+356.300 empleos, por el efecto de la regularización: ya hay 3.756.900 extranjeros trabajando en España) y ocupados con doble nacionalidad (+102.100 empleos: hay 1.249.100 trabajando), creciendo menos el empleo de los españoles (+143.800). Por autonomías, donde más creció porcentualmente el empleo fue en Baleares (+108.000), aumentando mucho en Cataluña (+130.800), Andalucía (+63.400) y Madrid (+62.100), cayendo sólo el empleo en Canarias (-25.100) y Galicia (-6.100).

La importante mejora del empleo en el 2º trimestre (+486.000 empleos) no se traducido toda en una bajada similar del paro (-213.300 parados), porque en paralelo han aumentado los españoles activos, las personas que buscan trabajo ahora: los “activos” han aumentado en +272.700 personas, impidiendo bajar más las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay 452.500 personas más buscando trabajo que hace un año). Y hay un récord histórico de adultos “activos” (trabajando y buscando trabajo): 25.274.300 activos, 2,11 millones más que antes de la pandemia (23.158.800 “activos” a finales de 2019). Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo.

El  paro ha bajado en el 2º trimestre (-213.300 parados) gracias a los servicios (-170.300 parados), por el tirón en el turismo, la hostelería y el comercio, y a los que perdieron su primer empleo hace un año (-57.700 parados ahora), mientras baja poco el paro en el campo (-22.400), la industria (-10.900) y la construcción (-5.400), con 53.400 jóvenes que buscan su primer empleo, según la EPA de junio. El desempleo baja más entre las personas de 25 a 54 años (-185.100 parados), los de más de 55 años (-47.800) y los de 16 a 19 años (-33.700 parados), aumentando sólo entre los que tienen de 20 a 24 años (+33.700 parados). Y baja el doble el paro entre las mujeres (-145.400) que entre los hombres (-67.900 parados), reduciéndose lo mismo entre españoles y con doble nacionalidad (-106.600) que entre extranjeros (-106.600 parados). Por autonomías, el paro baja porcentualmente más en Baleares (-47.400 parados), destacando la caída en Cataluña (-92.600 parados), Comunidad Valenciana (-23.200), Galicia (-14.900) y País Vasco (-12.400 parados). Y el paro sube sólo en Andalucía (+5.400), Murcia (+3.410), Asturias (+900) y Extremadura (+600 parados).

La cifra total de parados EPA baja de los 2,5 millones  (2.495.300 parados a finales de junio 2025), algo que no pasaba desde junio de 2008 (2.385.700 parados) y que supone 2,5 veces menos de parados que en lo peor de la crisis financiera (6.278.200 parados en marzo de 2013) Y la tasa de paro baja al 9,87%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde marzo de 2008 (9,60%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (6% en la UE-27 en junio) y casi triplicamos la alemana (3,9% de paro), según Eurostat. También baja este trimestre la tasa de paro de los jóvenes (menores 25 años), al 23,77% (15,5% en la UE-27).

Hay otros datos preocupantes del paro que también mejoran, según la EPA de junio. El primero, que hay 764.200 hogares con todos sus miembros en paro, 32.700 hogares menos que hace un año. El segundo, que sólo 8 regiones tienen una tasa de paro superior a la media (9,87%) : Ceuta (22.41% de paro), Melilla (20,74%), Andalucía (14,56%), Extremadura  (13,22%), Castilla la Mancha (11,81%), Canarias (11,60%), Comunidad Valenciana (10,88%) y Murcia (10,83% de paro). Y ya tenemos 11 autonomías con una tasa de paro rozando el 8% e incluso por debajo (6,11% de paro Baleares, 7,11% País Vasco, 7,34% Cantabria, 7,58% Madrid, 7,90% Cataluña y 7,94% Galicia). Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin encontrar trabajo: son 892.500 desempleados, el 35,7 % de todos los parados (eran el 38,8% hace un año).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En mayo de 2026, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.686.936 desempleados: menos de la mitad (47,28%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 1.027,4 euros de media y el resto (52,72%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Así que sólo el 73,60 de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.291.982 en junio) cobran algún subsidio. Pero en realidad, con los datos del paro estimado hoy (2495.300 parados), sólo cobran alguna ayuda el  67,6% de los parados EPA (en 2019 cobraban el 61,5%).

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer semestre, el 42,87% de los contratos firmados fueron indefinidos, un porcentaje similar al de la primera mitad de 2025 (42,67%) y de 2024 (43,56% indefinidos), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16.629.300 asalariados con contrato indefinido, el 84,9% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021, antes de la reforma laboral). Lo que también crece son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+22.600 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados (3.116.500 en junio), sobre todo por las mujeres (el 71,44% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero algo menos que en 2025, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +2,8% en 2025). El último cuadro macroeconómico, aprobado por el Gobierno el 29 de junio, prevé que crezcamos este año más de lo esperado en abril (+0,4%), a pesar de los conflictos geopolíticos y los altos precios de la energía, con lo que esperan que el empleo crezca en 2026 un +2,4% (+539.119 nuevos empleos), algo menos que en 2025 (+605.400 empleos), pero más de los empleos creados en 2024 (+468.100 empleos). Con ello, la previsión del Gobierno es alcanzar los 23 millones de personas trabajando a finales de 2026 ( y una tasa de paro del 9,9%). Y esa estimación prevé que el empleo siga creciendo (menos) en los años siguientes para superar los 24 millones de empleados en 2029 (4 millones más que en 2019), con una tasa de paro entonces del 8,5%.

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el 2º país de Europa (tras Finlandia) con la mayor tasa de paro: 9,87% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: en marzo de 2026,  trabajaban el 72,7% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 76,3% que trabajaban en Europa, el 75,2% en Francia o el 81,5% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,6 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar y modernizar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”  En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de los parados con más problemas para recolocarse : parados de larga duración (el 35% de todos los parados llevan buscando empleo más de un año), mayores de 55 años (son el 20% de los parados) y los parados con poca formación (el 46% de todos los parados no tienen la 2ª etapa de la ESO o más). Eso exige planes de formación y reciclaje para orientarles a los empleos que más se demandan e incentivos a las empresas que los contraten.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque están colapsadas (se tarda días en conseguir una cita previa para solicitar el subsidio) y además no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 3 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 93.395 empresas y 29.777 ofertas de empleo. Urge reforzar la plantilla de la SEPE (que tiene 2.000 trabajadores menos de los que necesita), mejorar su sistema informático (pésimo) y cambiar la operativa de estas oficinas (gestionadas de forma muy desigual según las autonomías), para que se dediquen menos a tareas burocráticas y más a recolocar a los parados.

En definitiva, todos debemos alegrarnos porque siga creciendo el empleo y haya 22,77 millones de personas trabajando en España, 10 millones más que hace 60 años. Pero todavía trabaja menos gente que en Europa (de los que están en edad de trabajar) y muchos empleos son todavía precarios, demasiados a tiempo parcial y con bajos salarios. Y, sobre todo, muchos empleos se concentran en los servicios, con altibajos en las contrataciones, y todavía pocos en la industria, las empresas tecnológicas y exportadoras, que ofrecen empleos más estables y mejor pagados. Además, no podemos olvidar que hay mucha incertidumbre en la economía mundial, por la geopolítica, las guerras y los nuevos aranceles de Trump, situación que acabará perjudicando al empleo. Así que habrá que estar vigilantes y dispuestos a tomar medidas para salvar estos 22,77 millones de empleos y conseguir que sigan creciendo, hasta esos 24 millones previstos para 2029. Debería ser nuestro gran reto como país.

Demasiadas horas extras gratis

En el primer trimestre de 2026, los trabajadores hicieron 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana y casi la mitad las han hecho “gratis” (2,5 millones semanales). Este “abuso” de muchas empresas supone una pérdida anual de 3.243 millones para los trabajadores que no las cobran (2.468 millones) y para la Seguridad Social (775 millones perdidos en cotizaciones). Además, sin estas horas extras, podrían crearse 160.000 empleos. El exceso de horas extras viene de lejos y aumentan las no pagadas, aunque las empresas están obligadas al control horario desde 2019. Ahora, Trabajo quiere imponer con un Reglamento (para evitar convalidar un Decreto en el Congreso) el registro horario digital, al que tengan acceso la inspección de trabajo y los sindicatos, pero la patronal se opone. Y hay un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, porque cree que debe hacerse por Ley y dar más tiempo a las pymes para adaptarse. El vicepresidente económico también quiere flexibilizar este control horario digital y dar 1 año para aplicarlo (no 20 días). La batalla está en el seno del Gobierno.

    

                            Enrique Ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Es una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (como el pluriempleo) y las empresas se ahorren “costes” (sobre todo cotizaciones sociales), con lo que ambas partes “colaboran” muchas veces en promoverlas. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera en muchos casos las 40 horas  porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2009 y 2014, las empresas impusieron jornadas más largas a los trabajadores (gracias a la reforma laboral de 2012), sobre todo por el aumento de las ventas y el consumo tras la pandemia, obligando a hacer más horas extras. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la crisis financiera y las empresas recortaron horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas extras semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir: 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015, 6,8 millones en el verano de 2018 y un récord de 7 millones de horas extras semanales a finales de 2024. Eso sí, en 2025 bajaron a 6,67 millones en el 4º trimestre y han vuelto a bajar a 5,89 millones en marzo de 2026, según la última EPA. Pero son casi tantas como en 2019 (6 millones semanales).

Lo llamativo no es sólo el elevado número de horas extras a la semana, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan. Y que este porcentaje de horas “gratis” crece año tras año. A finales de 2019 no se pagaban el 41,9% de las horas extras, concretamente 2.500.700 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje de horas impagadas mayor que el de antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40% de las horas. Y su peso se ha mantenido después de la pandemia, suponiendo las horas gratis el 41,4% de las horas extras a finales de 2025 (2.767.300), aumentando su peso en el primer trimestre de 2026: 2.508.200 horas extras semanales gratis, el 42,5% del total de horas extras.

En 2025, casi un millón de trabajadores (945.000, el 5% de todos los asalariados) hicieron horas extras, según este informe de CCOO. Y de ellos, casi la mitad, 441.000 trabajadores hicieron horas extras semanales gratis, cada uno una media de 5,6 horas semanales sin cobrarlas. Esto supone un coste laboral no abonado por las empresas de 141 euros semanales por trabajador, un “ahorro” de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones. Eso supone, según el estudio de CCOO, que las horas extras hechas y no pagadas supusieron una pérdida de 3.243 millones para los trabajadores (2.468 millones, por las horas no cobradas) y para la Seguridad Social (775 millones en cotizaciones no cobradas). Pero lo más grave es que estas horas extras hechas impidieron que las empresas contrataran más trabajadores: se estima que si no se hicieran esas 2,5 millones de horas extras semanales, las empresas necesitarían contratar a 160.000 trabajadores a jornada completa (62.000 de ellos serían los empleos que podrían crearse si no se hicieran horas extras gratis).

En el primer trimestre de 2026, de las 2,5 millones de horas extras semanales gratis, más de la mitad las hicieron hombres (1.451.100), siendo menos las hechas por mujeres (1.057.000). Por sectores, el mayor número de horas extras se da en la sanidad (858.600 horas extras semanales), la industria manufacturera (825.500), la educación (634.500), el comercio (590.300), la hostelería (527.500), el transporte y almacenamiento (403.300), las actividades profesionales, científicas y técnicas (359.900), la Administración Pública (323.600), la construcción (295.900), las actividades administrativas y auxiliares (270.600), finanzas y seguros (265.300) y telecomunicaciones, informática y consultoría (107.600 horas extras semanales).Pero si miramos los sectores que hacen más horas extras gratis, el ranking cambia: lo lidera la educación (504.800 horas extras semanales gratis, 4 veces las horas pagadas), seguida por las actividades profesionales (296.100 horas extras gratis, 5 veces las horas pagadas), la industria (283.500), el comercio (240.100), finanzas y seguros (189.000) , hostelería (171.000), transportes (154.800) y Administración Pública (151.400).

Si analizamos los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que hicieron horas extras gratis en 2025, destacan el suministro de electricidad y gas (el 5,6% de sus trabajadores hicieron horas extras no pagadas, frente al 2,3% en el conjunto de España), finanzas y seguros (también el 5,6% de sus plantillas), educación y actividades profesionales, científicas y técnicas (el 4,6% de los trabajadores en ambos) e información y comunicaciones (el 4% de las plantillas). Si observamos por autonomías, destacan las horas extras gratis en Madrid (el 3,4% de trabajadores hacen 582.000 horas extras no pagadas a la semana), Asturias (3%), País Vasco (2,8%), Cataluña (2,7% trabajadores hacen 495.000 horas extras gratis a la semana) y la Comunidad Valenciana (2,6% de las plantillas hacen 290.000 horas extras gratis).

Esta abultada cifra de horas extras, pagadas y gratis, se mantiene elevada en los últimos años (aunque bajó en 2025 y 2026), a pesar de que el Gobierno aprobó la obligación a las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, de llevar un registro horario de la entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo. Esa normativa, pactada sólo con los sindicatos (la patronal se opuso) fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Obligaba a las empresas a llevar un registro diario de cada jornada (que debe guardarse 4 años), a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, con sanciones a las empresas incumplidoras de 626 hasta 6.250 euros.

Pasados 7 años, el exceso de horas extras (pagadas y no pagadas) indica claramente que este control horario no ha funcionado, como denuncian los sindicatos. De hecho, el 35% de las pymes siguen haciendo el fichaje de cada jornada “a mano” (sin control digital). Y 1 de cada 5 trabajadores afirma que en su empresa no se ha implantado ningún control horario, según el informe IRSOS. Por todo esto, el Gobierno quiso “endurecer el control horario”, incluyéndolo primero en su proyecto de Ley de reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobado en mayo de 2025, tras pactarlo con los sindicatos y el rechazo de la patronal. Pero este proyecto chocó con una enmienda a la totalidad de Junts, en junio de 2025, que triunfó en el Parlamento en septiembre, apoyada por PP y Vox.

Cerrado el paso al control horario al decaer la Ley que promovía las 37,5 horas, Trabajo puso en marcha un “Plan B”: aprobar un Reglamento en febrero de 2026 (que no necesita ser convalidado por el Congreso) para endurecer el control horario en las empresas, obligando a que sea digital y con acceso inmediato a los sindicatos y la inspección de trabajo, además de exigir que se detalle cómo se compensan las horas extras. Eso sí, al no tratarse de una Ley, Trabajo retiró de este Reglamento el aumento previsto de las sanciones a las empresas.

El problema con el que se ha encontrado Trabajo con este Reglamento es que ha recibido críticas de los organismos a los que se ha enviado, preceptivamente, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Por un lado, el Consejo de Estado ha emitido el 23 de marzo un informe desfavorable, en el que señala que la reforma debería hacerse por Ley y donde critica la carga que supone para las pymes y la falta de instrumentos para ayudarlas a implantarlo. También son críticos los informes recibidos de los Ministerios de Economía y Transformación Digital, así como de la Agencia de Protección de Datos. Y aunque los sindicatos apoyan el refuerzo digital de la jornada (para frenar el exceso de horas extras), la patronal CEOE está en contra y amenaza con recurrirlo a los Tribunales, apoyada por el informe del Consejo de Estado (que no es vinculante para el Gobierno).

Ante este nuevo revés, Trabajo señaló que seguirá adelante con el Reglamento de control horario y que lo enviará “pronto” al Consejo de Ministros para su aprobación. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, señaló Yolanda Díaz en el Congreso el pasado 25 de marzo, recordando que forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición firmado por el PSOE y Sumar en 2023. Pero hay otro problema ahora: la ministra de Trabajo tiene por encima ahora al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que ha sido contrario tanto al recorte de jornada a 37,5 horas como al control horario que defiende Trabajo. Y él tiene la llave de la Comisión Delegada que decide los temas que van al Consejo de Ministros. Cuerpo está de acuerdo en mejorar el control horario, pero cree que hay que dar más tiempo a las empresas para implantarlo (propone 1 año, frente a los 20 días de Trabajo, que ahora parece dispuesta a ampliar a 6 meses) y además defiende medidas para ayudar a las pymes a incorporar herramientas técnicas para adaptarse al control digital.

Mientras esta “pelea” por el registro horario se aclara en el seno del Gobierno, las empresas afrontan el aumento de la demanda y las ventas con muchas horas extras, que los trabajadores hacen voluntariamente (las pagadas) o forzados (las no pagadas). Pero estamos ante un gran “fraude”, a los trabajadores y a la Seguridad Social, que además reduce la creación de empleo. Por eso, es urgente aprobar un control horario eficaz, que deje claro lo que son horas extras necesarias y lo que son horas extras estructurales, que se hacen para no contratar más. Es un reto de todo el país, porque aunque tenemos un récord de ocupados (hemos superado en abril los 22 millones de afiliados), todavía trabajan en España menos gente que en la mayoría de Europa: tenemos un 72,4% de adultos trabajando, frente al 76,1% en la UE-27 y el 81,8% en Alemania, según Eurostat. A lo claro: tenemos 700.000 personas menos trabajando que la media en Europa y 1.600.000 menos que Alemania. Con este hándicap, es una tremenda injusticia que se hagan tantas horas extras.

EPA 2025: más empleo y paro inferior al 10%

El empleo cerró 2025 con la creación de 605.400 nuevos empleos, la 3ª mayor subida anual, tras  2021 (+840.600 empleos) y 2023 (+783.000). Y lo más llamativo: el paro bajó del 10% (9,93%), la menor tasa desde marzo de 2008. Además, el empleo es de calidad: el 84,86% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido. Pero no podemos olvidar dos datos que pesan como una losa: España es el país con más paro de Europa y la OCDE y tenemos una baja tasa de empleo, por lo que necesitamos que trabajen otro millón largo de españoles más. No podemos “dormirnos en los laureles”. Hay que seguir modernizando la economía e invirtiendo para que trabaje más gente y baje más el paro. Habría que aprobar dos medidas: un Plan de choque para los parados mayores, mujeres, jóvenes y 6 regiones con alto paro y una reforma a fondo de las oficinas de empleo, gestionadas por las autonomías y que no funcionan. Pero ambas medidas exigen algo hoy imposible: acuerdos políticos.

                            Enrique Ortega

Otro año más, las Navidades han sido buenas para el empleo, que creció en +76.200 personas en el 4º trimestre, algo más del doble que el año pasado (+34.800) y bastante mejor que en las Navidades de 2023 (-19.000 empleos) y 2022 (-81.900 empleos). Y como el resto del año fue bueno para el empleo, sobre todo la primavera (+503.300 empleos en el 2º trimestre), 2025 se cerró con 605.400 personas más trabajando en España, según la EPA publicada el martes. Es el tercer mejor año para el empleo desde la pandemia, tras los anteriores récords de 2021 (+840.600 ocupados) y 2023 (+783.000 ocupados). Con este nuevo aumento, ya trabajan en España 22.463.300 personas, otro récord histórico, que supera con creces el mejor dato de nuestra historia, las 20.646.000 personas que trabajaban en junio de 2008. Y desde antes de la pandemia (diciembre 2019), España ha creado ya casi 2,5 millones de nuevos empleos (+2.496.400 ocupados en estos 6 años).

En 2025, el aumento del empleo (+605.400 ocupados) se ha dado más entre las mujeres (+306.200) que entre los hombres (+299.200), concentrándose sobre todo en los mayores de 50 años (+383.300 empleos, el 63% del total) y entre los jóvenes (+275.400 empleos entre los 20 y 29 años), cayendo sólo la ocupación entre 40 y 49 años (-45.100) y entre los menores de 20 años (-8.300 ocupados). Un dato relevante es el fuerte aumento porcentual del empleo entre los extranjeros (+257.900 empleos, +7,7%), aunque crece más numéricamente entre los españoles (+341.700 empleos, +1,97%). Y con ello, el 15,91% de los ocupados en España (3.575.900 trabajadores)  tienen nacionalidad extranjera.

La mejora del empleo en 2025 se ha debido casi toda al sector privado (+553.300 empleos) y apenas creció el empleo público (+50.100 ocupados). El motor del empleo volvieron a ser los servicios (+369.900 empleos), sobre todo por el turismo, la hostelería y el comercio, creciendo también en la industria (+112.200), la construcción (+79.500) y en el campo (+43.800 ocupados en agricultura). Por autonomías, el mayor aumento porcentual del empleo se ha dado en Ceuta (+9,81%: +3.000 empleos), Murcia (+5,89%: +39.600 empleos), Extremadura (+4,58%: +19.100 empleos)  y Castilla la Mancha (+4,26%: +38.800 empleos), aunque en cantidad total, quienes crearon más empleo fueron Andalucía (+138.400), Comunidad Valenciana (+98.800). Madrid (+78.800) y Cataluña (+57.300), cayendo sólo en Melilla (-600 ocupados).

La mejora del empleo (+605.400) ha sido mayor que la bajada del paro, que se ha reducido en -118.400 personas en todo 2025, menos que en 2024 (-265.300 parados) debido a que han vuelto a subir “los activos”, las personas que se han “animado” a buscar trabajo (han crecido en +487.100), alcanzando otro récord histórico (24.940.400 “activos”). Eso puede deberse a una mayor entrada de extranjeros y a que hay más mujeres y jóvenes que buscan ahora trabajo. Con todo, tenemos una cifra de parados de las más bajas de nuestra historia: 2.477.100 parados a finales de 2025. Y la tasa de paro baja del 10%, hasta el  9,93%, la más baja desde 2008 (9,6% de paro en marzo), a años luz del paro disparado de 2013 (26,94% en marzo) aunque todavía lejos del “suelo” de junio de 2007 (cuando la tasa de paro era del 7,93%). 

El paro en 2025 ha bajado más entre los hombres (-79.500) que entre las mujeres (-38.800), también hay más paradas (1.323.800 frente a 1.153.300 parados) y tienen una mayor tasa de paro (11,24% frente al 8,76% los hombres). Y el paro ha bajado más entre los que tienen de 25 a 54 años (-87.700 parados, el 74% de la bajada total), bajando mucho menos entre los menores de 24 años (-39.700 parados) y subiendo entre 20 y 24 años (+13.100 parados). Con ello, baja el paro entre los menores de 25 años (del 24,9 al 23%), aunque sigue siendo altísimo y casi duplica al paro juvenil en Europa (15,1% en la UE-27), cuadruplicando el alemán (6,8%). El paro ha bajado sobre todo en los servicios (-43.200 parados), entre los que perdieron su empleo hace más de un año (-63.200 parados) y entre los que lo buscan por 1ª vez (-14.100 parados), también en el campo (-4.700 parados), subiendo en la industria (+4.200 parados) y en la construcción (+2.600). Y destaca la bajada del paro en Cantabria (-17,56%, -4.100 parados), Madrid (-17,45%, -57.300), Murcia (-14,91%,-15.500) y Comunidad Valenciana (-14,12%, -47.100), mientras subió el paro en 7 regiones, sobre todo en Canarias (+12.500), Castilla la Mancha (+7.600) y Navarra (+5.600 parados), según la EPA.

La histórica bajada del paro por debajo del 10% de los activos no puede hacernos olvidar que hay 6 regiones con una tasa de paro muy superior: Melilla (23%), Ceuta (22,21%), Andalucía (14,66%), Extremadura (13,42%), Canarias (12,63%) y Castilla la Mancha (12,05% de paro), mientras hay otras 9 autonomías que tienen una tasa de paro “casi europea” (6% es la tasa paro UE-27): Madrid (7,04%), País Vasco (7,50%), Aragón (7,70%), Baleares (7,80%), La Rioja (8%), Navarra (8,10%), Cataluña (8,24%), Galicia (8,26%) y Asturias (8,42% de paro), según la EPA. Tampoco podemos olvidar que hay 772.300 hogares (el 3,9% del total) con todos sus miembros en paro (aunque es la cifra más baja desde 2007).

Pero hay otros datos del paro que son muy positivos. Uno, que ha subido el número de parados que reciben un subsidio, tras la reforma del desempleo en 2024: son 1.838.267 beneficiarios, el 76,31% de los parados registrados (eran el 61,53% en 2019)  los que se benefician de alguna ayuda, según Trabajo (869.966 cobran un subsidio contributivo que ya está en 1.029 euros mensuales y el resto reciben un subsidio asistencial de 480 euros).  Y otro, que siguen bajando los parados de larga duración, quienes llevan más de un año sin encontrar trabajo: eran 900.800 parados a finales de 2025 (-98.900), el 36,36% de todos los parados, la mayoría de ellos parados mayores de 45 años y mujeres (500.900).

Junto a la bajada histórica de la tasa de paro (al 9,93%), el otro gran dato relevante de esta EPA 2025 es la calidad del empleo que tenemos, no solamente que la cantidad (22.463.300 ocupados) sea récord. Así, gracias a la reforma laboral (que entró en vigor en marzo de 2022), en 2025 no sólo trabajó mucha más gente sino que sigue aumentando el número de asalariados con contrato indefinido: eran 16.260.000 trabajadores, el 84,86% del total, cuando eran el 83,50% a finales de 2023 (y el 74,6% a finales de 2021). Además, han subido algo los ocupados a tiempo completo (del 86 al 86,24%) y bajan ligeramente los trabajadores a tiempo parcial (del 14 al 13,75%), que superan los 3 millones (de esos 3.089.000 empleos parciales, 2.250.000 los tienen mujeres).

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 (+783.000), 2024 (+468.100) y 2025 (+605.400 empleos), porque creceremos algo menos (+2,2%, frente al +2,9% en 2025). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos, aunque se han creado 605.400) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados en 2026 (22.989.350) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ya conseguido en 2025).

Los datos de la EPA 2025 indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 9,93% en España frente al 6% en la UE-27 y el 4,8% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2024 trabajaban aquí el 71,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,8% que trabajaban en Europa, el 75,1% en Francia o el 81,3% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene 1,2 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,5 millones de españoles menos de los trabajarían si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto como país: modernizar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y que eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y más con un contexto internacional tan incierto. Eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 6 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

 Y la otra medida, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Pronto van a cumplirse 3 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se hace un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo colocan a menos del 3% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 89.977 empresas y 28.977 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas de empleo, gestionadas desigualmente por las autonomías.

En resumen, España crece y crea más empleo que el resto de Europa, pero no podemos quedarnos en los récords. Seguimos con el grave problema de fondo: trabaja menos gente y tenemos más paro que en Europa. Ese debe ser el gran reto y el primer objetivo de todo lo que hagamos, porque es la clave para mejorar el futuro. Y no podemos hacerlo sin grandes acuerdos económicos, políticos y sociales, hoy imposibles.

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.

Los "boomers" no somos unos privilegiados

Se ha puesto de moda entre la derecha, expertos neoliberales y sus medios afines defender que los “boomers” (mayores 61 años) son unos “privilegiados”, porque tienen vivienda, patrimonio y “buenas pensiones”, en perjuicio de sus nietos (“Generación X”: 20-24 años) y sus hijos (“Millenials”: 25-44 años), que viven peor que ellos. Plantean un “conflicto generacional” y proponen recortar el gasto en pensiones para ayudar a los jóvenes. Es un falso debate. Primero, porque los mayores no somos unos “privilegiados”: muchos están en paro, sin encontrar empleo a partir de los 50 y sin poder jubilarse, con la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo y con una larga vejez donde faltan ayudas a la Dependencia. Pero sobre todo, porque los mayores han cotizado y ahorrado durante décadas para tener casa y pensión. Y la grave situación de los jóvenes no se arregla recortando pensiones, sino volcándose en su educación y formación, en políticas activas de empleo y en promover viviendas. La “guerra generacional” entre jóvenes y mayores es una falsa solución.

        Mayores 60 años: EREs, paro larga duración, pensiones bajas y pocas ayudas dependencia

Empecemos por saber cuántos “mayores” (no hay por qué usar el anglicismo “boomers”) hay en España. En el último Censo (1 octubre 2025) se contabilizan 13.380.282 habitantes con 60 y más años, el 27.06% de la población total (49.442.844). De ellos, 3.382.103 tienen entre 60 y 64 años, 2.915.361 con 65 a 69 años y los 7.082.818 habitantes restantes tienen entre 70 y más años (19.491 personas con 100 años o más), según el INE. Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en el año 2.000 había 8.766.511 mayores (60 años y más), el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y los 13.380.282 de ahora, 4,6 millones más de mayores que al inicio del siglo.

De estos 13,38 millones de mayores (60 y más), la mayoría están hoy “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.074.000 mayores inactivos, según la EPA, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son sólo 1,26 millones). Pero hay 2,5 millones de mayores que trabajan o están en paro, sobre todo entre 60 y 70 años (con más de 70 años hay casi 70.000 mayores “ocupados”, según la EPA).

En total, hay 2.208.900 mayores (60 y más) trabajando, algo menos del 10% (9,86%) del total de ocupados en España: 1,780.600 trabajan con 60 a 64 años, 358.900 con 65 a 69 años y 69.400 trabajan con 70 años y más. Con todo, su tasa de empleo (ocupados/activos) es baja: trabajan el 26,8% de los activos, la mitad que en el conjunto del país (66,82% de tasa de empleo). Sin embargo, el empleo de los mayores ha aumentado más tras la pandemia  (+1.201.900 empleos creados desde 2019 entre mayores de 55 años) que entre los menores de 30 años (+701.800 empleos para jóvenes de 16 a 29 años), según la EPA, debido a que los mayores se han lanzado más a buscar trabajo estos años, sobre todo las mujeres.

Estos trabajadores “mayores” tienen salarios más altos, salvo los que han encontrado trabajo en los últimos años (peor pagados), porque cobran más de antigüedad y pluses varios que los jóvenes. Trabajan sobre todo en los servicios (3.716.500 mayores de 55 años) y la industria (576.100), menos en la construcción (335.530) y la agricultura (198.400). Y son mayoritariamente asalariados (72,7% de los trabajadores con 60 años y más), aunque hay bastantes autónomos (24%).Su salario medio mensual era de 2.680 euros brutos en 2024, un 12,36% más que la media (2.385,6 euros) y un 25% más que el sueldo medio de los jóvenes de 25 a 34 años (2.131 euros), según el Decil de salarios de la EPA (INE).

Un problema de tener salarios más altos es que los trabajadores mayores suelen ser los primeros que pierden su empleo cuando la empresa ajusta plantillas. Así, en las dos últimas décadas, más de 1 millón de trabajadores mayores (+55 años) han sido “prejubilados” en múltiples EREs. En el último, de Telefónica, se plantea “prejubilar” a 5.040 trabajadores mayores de 55 años (de los 6.088 despidos que contempla el ERE). La estrategia de las empresas estos años ha sido clara: despedir a los trabajadores mayores y sustituirlos por jóvenes que cobran mucho menos. Eso hace que los trabajadores mayores (esos 2,2 millones que trabajan con más de 60 años) se sientan “muy vulnerables”, tras décadas de trabajo, aunque sus sueldos sean más altos que los de los jóvenes.

Y por eso, muchos mayores están en paro, concretamente 232.700 parados con 60 años o más (209.600 entre 60 y 64 años y 23.100 entre 65 y 69 años), según la EPA del tercer trimestre, aunque en realidad son 510.000 los parados con más de 55 años, una edad a la que ya resulta muy difícil encontrar trabajo. El problema de los parados mayores es que muchos tienen poca formación (el 53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen acabada la ESO) y dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”, de rechazo a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que "ya no volverán nunca a trabajar”, según una Encuesta de Adecco.

Esto se traduce en que los parados mayores llevan años en el paro, según la EPA: el 61% de los parados de 60 a 64 años llevan más de un año en paro (son 127.700 parados) y lo mismo el 55% de los parados de 65 a 69 años (son 12.700). Y eso supone que a la mayoría se les ha acabado el paro “contributivo” (el que les corresponde por lo que han cotizado) y tienen que malvivir con el paro “asistencial” para mayores de 52 años (480 euros al mes) hasta que se jubilen (si cumplen las condiciones para cobrarlo). La consecuencia es que más de un tercio de los parados que cobran subsidio asistencial (480 euros) son mayores de 60 años: 265.514 parados en octubre, el 34,5% del total. Estos mayores parados son el grupo más numeroso que cobra este paro asistencial y se han duplicado desde 2013 (entonces cobraban este subsidio la mitad de mayores en paro, 125.647).

Así que los mayores que están en paro cobran esos 480 euros hasta que pueden jubilarse. Y eso se les ha puesto más difícil en los últimos años, porque los distintos Gobiernos han penalizado la jubilación anticipada (hasta un 21% menos de pensión si se adelanta dos años: ver cuadro) . En consecuencia, estos mayores parados han de esperar hasta los 65 años para jubilarse o hasta los 66 años y 8 meses (si han cotizado menos de 38 años y 3 meses).

Y cuando los mayores se jubilan, su pensión tampoco es tan elevada, a pesar de que los defensores del “conflicto generacional” hacen demagogia con que las nuevas pensiones de jubilación son ya de 1.626 euros (media noviembre 2025), casi tanto como el salario mediano (2.001,4 euros en 2024,según el INE) y más que el salario medio bruto de los jóvenes menores de 24 años (1.372,8 euros brutos). Pero utilizar sólo este dato es hacer demagogia, porque la mayoría de las pensiones son mucho más bajas. Veámoslo.

A 1 de noviembre, la Seguridad Social pagó 10.420.231 pensiones y la pensión media fue de 1.316,69 euros mensuales. Pero casi la mitad de todas las pensiones (el 48,77%) fueron menores de 1.000 euros y el 58,52% fueron menores al salario mínimo (SMI: 1.184 euros en 2025). En cuanto a las pensiones de jubilación, el 38,83% fueron inferiores a los 1.000 euros y casi la mitad (49,22%) fueron menores que el SMI. Y las pensiones de viudedad son mucho más bajas: un 66,5% de las que se pagan son menores de 1.000 euros y las tres cuartas partes (74,3%) están por debajo del SMI. Así que “pensiones de lujo” nada…

Si hablamos de pensionistas en vez de pensiones, hay 9.425.383 mayores que las cobran hoy (1 millón más que hace 10 años), una media de 1.455,67 euros por pensionista (1.633,04 euros los hombres y 1.275,05 las mujeres), según la Seguridad Social. Y de nuevo, los datos son explícitos: la mitad de los pensionistas (el 50,51%) cobran menos del SMI (menos de 1.184 euros/mes) y otro 47,31% cobran entre el SMI y la pensión máxima (3.267,60 euros/mes), que sólo cobran hoy 207.045 pensionistas. Además, este porcentaje de bajas pensiones aumenta entre las mujeres (el 60,45% de las pensionistas cobran menos del SMI) y en algunas regiones: Andalucía (61% pensionistas cobran menos del SMI), Canarias (60,7%), Castilla la Mancha (60,6%) y Galicia (60,5%).

Con estas pensiones tan bajas (ojo: 1 millón de pensionistas cobran menos de 500 euros), no es extraño que muchos mayores malvivan, sobre todo porque gastan porcentualmente más en alimentación, sanidad y vivienda que la mayoría. De hecho, los hogares unipersonales de mayores (la mayoría, viudas que viven solas) tienen una de las tasas de pobreza más elevadas, el 25,8% (frente al 19,7% de tasa media de pobreza en España y el 16,9% entre los mayores de 60 años). Y aunque la mayoría de mayores tienen la vivienda en propiedad (el 88,6%, frente al 30% los jóvenes de 18 a 34 años), fruto de haberla comprado hace décadas con mejores precios y condiciones que ahora, hay un 7,5% de mayores que viven de alquiler y muchos de ellos se ven forzados al desahucio por las tremendas subidas que algunos propietarios y Fondos quieren aplicarles a sus antiguos alquileres. Así que no todos los mayores tienen patrimonio, ahorros e inversiones, que por otro lado son fruto de una vida de trabajo y de unas condiciones laborales mejores que las actuales. Además, muchos mayores utilizan sus ingresos y ahorros para ayudar a sus hijos a llegar a fin de mes: lo hacen el 37% de los mayores en España y más de la mitad en Madrid.

Pero los problemas de los mayores no terminan con su jubilación, mayoritariamente escasa. A partir de los 70 años, empeora su salud y eso aumenta sus gastos sanitarios, tanto en seguros médicos privados como en medicinas que no cubre el sistema (la “pobreza farmacéutica” afecta ya a 1.200.000 españoles que han tenido que dejar de tomar algún medicamento, porque no pueden pagarlo, muchos de ellos mayores). Y estos problemas de salud se agravan a partir de los 85 años, edad con la que la mitad de los mayores tiene enfermedades crónicas (según un informe de FEDEA) o no pueden valerse por sí mismos, son dependientes, lo que implica un gasto adicional para ellos y sus familias.

Precisamente, la dependencia de muchos mayores (el 10,9% presentan limitaciones graves para realizar sus actividades cotidianas) choca con la falta de recursos de la atención a la dependencia en España, que cumple 19 años en enero de 2026, tras atender a unos 4 millones de dependientes. Actualmente hay 1.750.070 españoles en situación de dependencia reconocida (la gran mayoría mayores), aunque sólo 1.595.451 reciben alguna prestación: la mayoría una ayuda económica mínima (de 171 a 385 euros/mes), bastantes teleasistencia y ayuda a domicilio (ojo: 38 horas al mes) y pocas para residencias (560 euros mes, un tercio de lo que cuestan). Y lo peor: hay 284.020 dependientes en lista de espera (para ser valorados o recibir ayudas) y como muchos dependientes tienen más de 80 años, bastantes mueren antes de recibir la ayuda: 25.060 han muerto así este año.

Tras este panorama, desde los mayores que trabajan o están en paro a los que cobran una pensión o son dependientes, no creo que pueda decirse que los mayores estén en una situación “privilegiada”. Y menos que hay que recortarles pensiones o ayudas, como defienden “expertos” neoliberales o la propia OCDE. España va a ser cada vez un país más envejecido y en 2050, un 30% de la población tendrá más de 65 años, lo que aumentará el gasto en sanidad, pensiones y dependencia, hoy escasas de medios y recursos.

Mientras, también es evidente es que los jóvenes españoles pasan por una mala situación (ver Blog lunes), tras sufrir tres crisis económicas consecutivas (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación de 2022-23 por la guerra de Ucrania). Y a pesar de su mayor formación, tardan en trabajar y encuentran empleos que son demasiado precarios y mal pagados, lo que dificulta su emancipación y formar una familia, fomentando su desinterés por la política y el debate social, lo que los lleva a posiciones antisistema y a apoyar políticas de ultraderecha. Pero este triste panorama no se resuelve con recortes a sus padres y abuelos, sino con políticas que pongan a los jóvenes en  su centro.

Y eso pasa primero por cambios en la educación, para que se reduzca el abandono escolar y mejore la educación, orientando los estudios hacia formaciones donde haya empleo, ahora y en el futuro. Y hace falta un Pacto social para que las empresas no abusen de los jóvenes y los integren en sus políticas laborales y de promoción, con contratos y salarios dignos. Y hace falta avanzar en la conciliación laboral y en políticas de ayuda a las familias con hijos, las que hoy sufren más para llegar a fin de mes. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite alquileres asequibles a los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades, algo que sólo puede asegurarse con una promoción urgente de viviendas públicas. Y hace falta poner a los jóvenes entre los objetivos prioritarios de todas las políticas públicas, integrándolos más en la sociedad.

Los problemas que tenemos no se resuelven con una “guerra entre generaciones”, con medidas “fáciles” que busquen “desvestir a un santo para vestir a otro”. Hay que repartir mejor el crecimiento y la mayor riqueza que tenemos. Y para eso es clave recaudar más (que paguen más las multinacionales, empresas, bancos y los ricos, que hoy pagan poco o evaden) y destinar esos mayores recursos a los que más lo necesiten (jóvenes y mayores), para afianzar unos servicios públicos deficitarios que no ayudan suficiente a los más vulnerables. Crecer y repartir mejor la riqueza, no enfrentar a jóvenes y mayores.