Gasto sanitario muy desigual por autonomías

En los últimos meses, se han multiplicado en media España las manifestaciones y protestas  de sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o necesita cambios. Y  la peor valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco, Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000 enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.

                        Los hospitales se llevan el 62% del gasto sanitario público

La mayoría de españoles ven claro el deterioro de la sanidad pública, agravado tras la pandemia, aunque son una amplia mayoría los que prefieren que les atienda la sanidad pública antes que la privada si tienen un problema grave. El último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por Sanidad y el CIS, refleja una nueva pérdida de confianza de los españoles en la sanidad pública: el 20,2% de los encuestados opina que funciona “mal” (en 2009 eran sólo el 4,1%) y el 27,1% creen que necesita cambios (23,3% en 2009), aunque todavía el 51,7% señalan que “funciona bien” (eran el 72,1% en 2009). A la hora de valorar la sanidad pública, la nota media que dan es 6,02 sobre 10, muy por debajo de los 6,74 puntos que daban en 2019. Eso sí, la nota varía mucho por autonomías. Es mucho más baja en Andalucía (5,37), Ceuta (5,39) Melilla (5,56), Canarias (5,77), Castilla la Mancha (5,99) y la Comunidad Valencia (5,99 sobre 10). Y dan la mejor nota a la sanidad pública de Cantabria (6,68 puntos), País Vasco (6,54), Castilla y León(6,40), Murcia (6,38), Rioja y Baleares (6,35 sobre 10).

Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019). Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95 días).

La atención de los especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10), debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista (128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria (7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el 061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población, frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias, una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención primaria y especialistas.

A pesar de estas valoraciones a la baja de todos los servicios, el 74,6% de los españoles indica que prefiere la sanidad pública para ingresos hospitalarios y casos complejos frente a la opción privada. Pero debido a las abultadas listas de espera, hay 12,8 millones de españoles que han contratado un seguro médico privado, aunque el  65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública si enfrenta un problema de salud importante, según el Barómetro Sanitario. Y el 74% de estos pacientes con seguro privado prefiere ir a las urgencias de los hospitales públicos si tiene un problema grave de salud.

La clave de esta valoración a la baja de la sanidad pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas: hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9 millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en 2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.

El gasto sanitario público en España fue de 101.739 millones de euros en 2024 (último dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama la atención es que este gasto público sanitario es menor, en porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634 millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa. Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).

Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos, según los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid (1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja (1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242 euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza (PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).

Estas enormes diferencias en el gasto sanitario público por autonomías responden a tres factores, según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62% del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público, pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25% del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en atención primaria, el 10,9%.

El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit  de financiación, personal y medios, iremos a peor.

Los expertos que denuncian la infra financiación de la sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143 millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982 millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras” Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.

Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos: aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria (sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.

Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra el cáncer ha denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da una nota a la sanidad de las 17 autonomías. En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios, por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular” Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia (82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía (66), Baleares (77) y Murcia (78).

Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año, que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las plantillas sanitarias: el Ministerio de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada cuatro para reforzar la Atención Primaria.

Pero además, una parte mayor del gasto sanitario debería dirigirse a prevención, porque es la inversión sanitaria más rentable. El estudio gallego señala, con simulaciones de la OCDE,  que si España redujera a los niveles de los mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad, tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para ello debe subir del mínimo 3% actual.

Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no basta con eso: urge un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además, hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos, con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías que no existe.

En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas: un pacto para articular una nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías con más población mayor y dispersa) y un pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.

Los seguros médicos siguen creciendo

Los problemas en la sanidad pública siguen alimentando la contratación de seguros médicos privados: lo tienen 12 millones de personas, una cuarta parte de los españoles y millón y medio más que antes de la pandemia. Encima, sus cuotas subieron un +21,6% estos cuatro años y hay quejas: de los pacientes porque hay retrasos en la atención y de los médicos porque las aseguradoras les pagan 10 euros por consulta. Estos seguros médicos facturan más de 10.000 millones y son “la gasolina” de la sanidad privada: les aportan el 55% de sus ingresos y otro 35% los convenios para que atiendan a pacientes derivados de la pública. Resultado: la sanidad privada crece y supone casi el 30% del gasto sanitario (más que en Europa), mientras cae el peso de la sanidad pública, que depende de las autonomías (financian el 93%), que sólo suben un 7,7% su gasto sanitario en 2023. Es un escándalo que la privada crezca a costa de hundir la sanidad pública.

Enrique Ortega

La crisis de la sanidad pública y las abultadas listas de espera son la mejor publicidad para la contratación de seguros médicos privados: crecen desde hace más de una década, pero sobre todo tras la pandemia y especialmente en 2022. El seguro médico es el seguro que más creció el año pasado, un +7% (frente al +4,93% en 2021), por encima del conjunto de los seguros (crecieron un +4,65% en 2022), según UNESPA. Y factura ya más de 10.000 millones anuales (10.543 millones en 2022), lo que supone un salto espectacular en esta parte del negocio asegurador, dado que facturaban 7.739 millones en 2016 y 8.572 millones en 2019, lo que supone un crecimiento en las primas del +36% en 6 años. Y si nos vamos más atrás, a 1996, los seguros médicos sólo facturaban 2.000 millones anuales, lo que significa que este seguro se ha multiplicado por 5 en los últimos 26 años, cuando todo el negocio del seguro sólo ha triplicado su facturación estos años.  

Este “boom” de los seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que a finales de 2022 habrá superado los 12 millones de españoles. Al terminar 2021 se contabilizaban 11.555.000 asegurados, según el último dato de ICEA, pero todo hace preveer que en 2022 lo habrán contratado otro medio millón más, como en 2020 y 2021. Con ello, hay un millón y medio de españoles más con seguro médico privado que antes de la pandemia (10.586.000 en 2019). De esos 12 millones de asegurados, la mayoría (10,2 millones) son españoles que se pagan su seguro (6,2 millones) o  se lo paga su empresa (4 millones de trabajadores). Y el resto son 1,8 millones de funcionarios y militares, cubiertos por un seguro médico privado que les paga el Estado (el 82,3% elijen que les atienda una aseguradora privada en vez de la sanidad pública). El salto en el número de asegurados ha sido también muy llamativo: se ha pasado de 9,5 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones de 2022 (+26,3%).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 73% del mercado, según el balance de 2022 de ICEA: el 30,04% de las primas (3.167 millones) las ingresa SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), otro 15,49% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,25% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 7,40% DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV) y un 6,77% MAPFRE (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz). Completan el ranking la aseguradora francesa Axa (2,52% del mercado), la sociedad vasca IMQ (cuyo 50% compró Adeslas en 2022), Asistencia Médica Colegial (1,98%), FIATC (1,76%) y CASER (1,66%). En total, el TOP 10 acapara el 83% del mercado.

Con los datos estimados para 2022 (12 millones de asegurados), más de un 25% de los españoles tienen ya un seguro médico privado. Los últimos datos publicados por la Fundación IDIS (de 2021), ya señalaban una cobertura del 24,41% de la población, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay regiones con más seguros médicos que la media, en especial Madrid (el 39% de la población tenía un seguro privado en 2021), Cataluña (35%) y Baleares (33%), además de Ceuta (36,09%) y Melilla (33,12%). Curiosamente, coinciden con algunas de las autonomías que dedican menos gasto público a sanidad: Madrid (1.627 euros per cápita), Cataluña (1.891 euros) y  Baleares 1.781 euros per cápita), como indica el Informe de la Fundación IDIS. Y tienen un bajo porcentaje de seguros médicos Navarra (13%), Murcia (15%), Cantabria (16%), Galicia y la Rioja (19%), quizás porque tienen un alto porcentaje de mayores, que no se hacen tantos seguros médicos privados, por su alto coste y porque los más viejos son “rechazados”.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son mayoritariamente los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados en 2021), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo. Los expertos indican que hay “dos momentos” en que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acerca la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, tras tres años de pandemia y con la sanidad pública colapsada, el reclamo para hacerlo es general.

La pandemia (con muchos ancianos en residencias desatendidos en hospitales públicos), las elevadas listas de espera y el colapso en la atención primaria y las urgencias han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados. Pero además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad y en ofertas de seguros “low cost”, ofreciendo seguros médicos incluso “desde 9 euros al mes”, apoyados en bajas coberturas, copagos y atención médica “online”, seguros de baja calidad. Una novedad en este mercado, además de la entrada de nuevos competidores (como las telecos o las tecnológicas) es la creciente utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia de ofertas en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende seguros médicos a través de la plataforma de Amazon.

La crisis de la sanidad pública y la creciente demanda han provocado una fuerte subida de los precios de los seguros médicos, no en la contratación inicial (donde está la “guerra de ofertas”) sino al revisarse la prima cada año (como pasa en los seguros del automóvil).En 2022, las tarifas de los seguros médicos subieron un +6,6%, por encima de la inflación anual (+5,7%), según el desglose del IPC. Y más que en 2021 (+5,2%), 2020 (+4,8%) y 2019 (+5%). Con ello, los seguros médicos privados han subido un +21,6% desde 2019, más que la inflación total (subió +14,4 % en estos cuatro años). Y todavía se espera que suban más este año 2023, un +7,5% según los expertos, para compensar las subidas de costes. Y además, se espera que las aseguradoras intenten mejorar sus márgenes con más copagos, recorte de las coberturas y un aumento de la telemedicina.

Al final, pagar un seguro médico supone a las familias entre 132 euros mensuales (con copagos) y 190 euros, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. Y además, los que tienen un seguro médico privado se encuentran ahora con dos problemas: está habiendo retrasos para conseguir una cita con un especialista (menos que en la pública, pero hay demoras) y hay médicos que no atienden a asegurados, que sólo aceptan pagos privados. Y eso porque muchos facultativos se quejan de que no se han actualizado las tarifas y que cobran 10 euros por consulta (la segunda y restantes, cobrando 20 euros la primera), “menos que un técnico que nos arregla la lavadora”. Y por eso, a principios de año hubo protestas de médicos autónomos, tras haber firmado en octubre el Manifiesto “Dignifica”.

Los seguros médicos son la “gasolina” que alimenta la sanidad privada en España, que cuenta con 431 hospitales (el 56%), 49.748 camas (el 32% del total) y 286.719 empleados (65.945 médicos y 71.680 enfermeras), según el Informe de la Fundación IDIS. En 2021, la sanidad privada  facturó en España 11.525 millones de euros, un 1,21% más que en 2019. Los ingresos que aportan las aseguradoras (6.340 millones que pagamos con nuestros seguros médicos) supusieron el 55% de los ingresos totales de los hospitales privados. Y otro 35% de estos ingresos proceden de los conciertos (4.035 millones en 2021) que pagan las autonomías a estos hospitales por atender y operar a pacientes o por gestionar hospitales públicos (hay 9 hospitales públicos, 4 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana y uno en la Rioja, que son de gestión privada, heredada de la época de Aguirre y Camps). Así que los españoles financiamos el 90% de los hospitales privados con los seguros privados que pagamos y con nuestros impuestos (conciertos). Sólo el 10% restante se financia con los pacientes privados que pagan de su bolsillo consultas y operaciones.

Hay que resaltar que la sanidad pública (autonomías) deriva un 10% del gasto sanitario público a esos conciertos con la sanidad privada (no sólo a hospitales): “desviaron” 8.381 millones de euros en 2020, según la Fundación IDIS. Unos recursos públicos que benefician a 173 hospitales privados y 105 privados de utilización pública. Se les paga para que realicen pruebas e intervenciones (para descargar las listas de espera), para ofrecer determinadas prestaciones (diálisis, terapias respiratorias, logopedia, rehabilitación, transporte enfermos) y para que gestionen centros de salud y especialistas. Lo llamativo es que hay autonomías que desvían más porcentaje de recursos públicos a la sanidad privada, como son Cataluña (3.287 millones en 2021, el 24,2% de su gasto sanitario público, porque hay una enorme red privada que atiende pacientes concertados), Madrid (902,4 millones, el 8,9% del gasto sanitario público de la Comunidad) y Baleares (176,3 millones, el 9,2%). En las demás, los conciertos privados se llevan una media del 5% del gasto sanitario público.

El “boom” de los seguros médicos privados y los crecientes ingresos por los conciertos han relanzado la sanidad privada en España, que gana peso año tras año. Así, en 2019 (último año con datos), la sanidad privada suponía un gasto de 33.398 millones de euros, casi el 30% (29,4%) del gasto sanitario total, cuando una década antes, en 2009, no llegaba a la cuarta parte del gasto total. La contrapartida es que la sanidad pública supone ahora el 70,6% del gasto total, cuando en 2009 era el 75,1%. Y ese aumento del peso del gasto sanitario privado (porque los españoles gastan más en seguros médicos y en pagar la atención sanitaria privada) coloca a España como el tercer país europeo con más peso de la sanidad privada (29,4%), solo por detrás de Portugal (39%) y Suiza (33,2%), por delante de la media OCDE (22,9% supone el gasto sanitario privado), Italia (26,1%), Reino Unido (21,5%), Francia (16,3%) o Alemania (15,4%), según la Fundación IDIS.

Este auge de la sanidad privada en España explica el interés de multinacionales y Fondos de inversión por entrar en el negocio sanitario y asegurador español, con múltiples compras en los últimos años. El negocio de la sanidad privada está muy concentrado, como el de los seguros médicos, según la Fundación IDIS: los 5 mayores grupos hospitalarios facturan el 53% de todo el sector no benéfico (hay otra sanidad privada con fines benéficos, como los 35 hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, los 14 de las Hermanas Hospitalarias o los 6 hospitales de la Cruz Roja). El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (4.021 millones facturados en 2021, el 34,88% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (675 millones, un 5,85% del mercado), los hospitales HLA (de la cooperativa médica Lavinia: 480 millones facturados en 2021), HM Hospitales, de la familia Abarca (480 millones) y Ribera Salud (420 millones), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation y Banco Sabadell. Les siguen los Hospitales Católicos (400 millones), el grupo canario Hospiten (345 millones), Sanitas (328 millones), la Clínica Universitaria de Navarra (268 millones) e IMQ (146). Entre estos grupos hospitalarios del TOP 10 controlan el 66% del mercado sanitario privado no benéfico.

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública  y ahorran al Estado entre 5.679 y 15.628 millones anuales, según la Fundación IDIS. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja y más cara para la sanidad pública, Así, de los 4.253.183 españoles que recibieron el alta sanitaria en 2020,el 72,6% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,4% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta aquí, casi normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (10,4 de media) que en la pública (8,1 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que un 37,2% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades graves (cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios), frente al 26,04% de los atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden por más tiempo (8,26 días frente a 5,04), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos y la sanidad privada ganan terreno es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública, agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad pública universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios y de la escasez de plantillas, con contratos precarios y mal pagados. La responsabilidad de levantar la sanidad pública está en las autonomías, que financian el 93% del gasto sanitario público. Y aquí se observa que algunas apuestan por reforzar la sanidad pública y otras por desviar recursos y pacientes a la sanidad privada. Y todas coinciden en no priorizar la sanidad: en 2022, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +4,15% (la mitad que la inflación), con 4 regiones que gastaron menos (Baleares, Aragón, Castilla la Mancha y Asturias). Y para 2023, el gasto sanitario de las autonomías crecerá un +7,7%, según la FDSP, con un gasto medio de 1.809 euros por habitante, un 22% inferior a la media de la UE (2.299 euros). Y hay 7 autonomías que gastarán en sanidad por debajo de la media española: Madrid (1.466 euros por habitante), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605). Comunidad Valenciana (1.628), Canarias (1.651) y Castilla la Mancha (1.766 euros).

En resumen, se desatiende la sanidad pública y eso nos obliga a pagar un seguro médico privado que alimenta una sanidad privada en auge, que crece a costa del deterioro de la sanidad pública. Una locura promovida por unos y permitida por otros. Ya basta.

Sanidad, la 3ª preocupación de los españoles

El empeoramiento de la atención sanitaria se ha convertido, en noviembre, en la 3ª preocupación de los españoles, según el CIS, cuando hace un año era la 4ª y en 2019 (antes de la pandemia) era la 5ª preocupación ciudadana. A los españoles les preocupa el retraso en las consultas de atención primaria, las listas de espera para el especialista y operarse y el atasco en las urgencias, lo que lleva a 11,5 millones a pagarse un seguro privado. Madrid, la autonomía que menos gasta en sanidad, es donde han saltado las protestas de los médicos, pero hay convocadas movilizaciones para enero en media España. Piden más gasto en sanidad (sobre todo en atención primaria), más médicos (+ 8.000) y enfermeras (+15.000) y una reorganización del trabajo, con mejores sueldos y horarios, dedicando más tiempo para los pacientes. Las autonomías tendrán en 2023 más transferencias del Estado que nunca, pero subirán su gasto sanitario (el 93% del total) menos que la inflación. Así no mejorará.

Enrique Ortega

La pandemia ha dejado muy “tocada” a la sanidad pública española, tras salvar muchas vidas y la economía. Ahora, tras superarse lo peor del COVID, aparecen los puntos débiles de una sanidad pública que, con todo, es de las mejores del mundo: colapso en muchos centros de atención primaria, falta de médicos y enfermeras, largas listas de espera para ir al especialista y operarse, atascos en urgencias y falta de medios para el seguimiento de pacientes graves, crónicos o depresivos, más escasa detección y prevención. Por todo ello, la sanidad  era ya, en noviembre,  la 3ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS: la citan el 26,6% de los encuestados, sólo por detrás de la crisis económica (la 1ª preocupación para el 34,1% de los españoles) y el paro (la 2ª, para el 31,4%). A lo largo de 2021, la sanidad era la 4ª mayor preocupación (tras el paro, la crisis y el COVID), en 2020 era la 6ª (tras la crisis, el COVID, el paro, la política y los políticos). Y antes de la pandemia, en 2019, la sanidad era la 5ª mayor preocupación (del 17,2% de españoles), por detrás del paro (57,4%), la política y los políticos (49,5%), los problemas económicos (30,5%) y la corrupción (preocupaba al 20,7%), según los distintos Barómetros del CIS.

¿Cómo valoran los españoles la sanidad pública? Le dan un aprobado, pero más bajo que antes de la pandemia: la nota media ha bajado de 6,77 puntos en 2019 a 6,29 en junio pasado y 6,04 puntos en noviembre, según el último Barómetro elaborado por Sanidad y el CIS a partir de 7.800 entrevistas. La atención primaria obtiene 6,1 puntos, menos las urgencias de primaria (6,09) y las de los hospitales (6,01), recibiendo la peor nota los especialistas (5,90) y la mejor los servicios 061 y 112 (7,28 puntos) y la atención en los hospitales (7.08 puntos). Lo preocupante es que sólo la mitad de los encuestados (50,5%) valoran “positivamente” la sanidad pública (11,1% la ven bastante bien y el 39,4% bien), frente al 74,4% que lo hacían en 2019. Un 31,9% la ven “regular” y creen que “necesita cambios fundamentales” (sólo 21,4% en 2019), mientras otro 16,8% de españoles creen que la sanidad “funciona mal y necesita cambios profundos” (frente a sólo el 3,7% en 2019).

Otra Encuesta reciente, encargada en septiembre por el sindicato de enfermería SATSE, revela que el 48% de los españoles consideran que la sanidad pública “ha empeorado desde la pandemia”, dándole un aprobado raspado (5,2 puntos sobre 10). Y el 82% considera que “no tiene financiación suficiente”, culpando un 86% a los políticos de no cumplir las 250 medidas de mejora que aprobaron en el Congreso en 2020 (en pleno confinamiento). Lo que más les preocupa de la sanidad pública son las listas de espera (al 70,5%), la falta de profesionales (59%), la saturación de los Centros de Salud (al 54%), el escaso tiempo de atención (al 36%), el cierre de unidades y servicios (al 32,5%) y la atención no presencial (al 25%, sobre todo valoran negativamente la atención telefónica).

Las listas de espera, la principal preocupación de los españoles, señalan “el talón de Aquiles” de la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada (que pagan ya 11,5 millones de españoles). Lo que más chirría es el retraso “en la atención de primera línea”, en los Centros de Salud, para ver al médico de familia o al pediatra: dos tercios de los pacientes (el 67,5) no se atienden en el día y de ellos, al 44,1% les dan cita entre 2 y 6 días después y  a más de la mitad (54,5%) les citan en su ambulatorio para dentro de 7 días o más, según el Barómetro Sanitario de noviembre 2022.  Al final, el tiempo medio de espera en atención primaria es de 8,88 días, cuando en 2021 eran 5,8 días. Y además, cuando los pacientes consiguen cita, al 27,7% les hacen esperar más de una hora.

Si es complicado conseguir que nos vea el médico o pediatra del ambulatorio, aún es más difícil conseguir cita con un especialista: han aumentado los pacientes en espera por 1.000 habitantes (de 61,84 en 2019 a 77, 23 en diciembre 2021 y 79,30 en junio 2022), con una demora media que ha bajado a 79 días (89 días en 2021 y 88 en 2019), aunque la mitad esperan más de 60 días. La mayor demora se da en Andalucía (107 días media), Canarias (101), Aragón (95), Navarra (87) y Cataluña (82), siendo más baja en Melilla (22), País Vasco (29), Ceuta y Rioja (32) y Madrid (51 días), según los últimos datos de Sanidad. En cuanto a la espera para operarse, eran ya 742.518 españoles en lista de espera quirúrgica en junio de 2022 (81.356 más que un año antes y 71.24 más que antes de la pandemia). Eso sí, la espera media ha bajado a 113 días (desde los 123 días de diciembre de 2021 y los 121 de 2019), aunque el 17,6% de los que esperan para operarse lo hacen más de 6 meses. La mayor demora se da en Aragón y Cataluña (151 días), Canarias (144 días), Extremadura (139), Cantabria (132) y Castilla y León (129 días), siendo menor la espera para operarse en Melilla (39 días), País Vasco (64), Madrid (65), Navarra (72) y Galicia (75 días).

El detonante de las últimas protestas de los sanitarios ha sido la atención primaria, con huelgas en Madrid, Cantabria y Canarias, aunque ya se han anunciado más movilizaciones, para enero y febrero, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra, Extremadura y Galicia. En casi toda España, los médicos y enfermeras han dicho ¡Basta¡ , motivados por la falta de profesionales y la inasumible carga asistencial , que les obliga a atender a más de 50 pacientes diarios, doblar turnos y multiplicar guardias, con unos contratos muy precarios (un tercio de los médicos son temporales y el 60% en Canarias, según CCOO) y bajos salarios (desde 1.200 euros mensuales al principio a unos 51.000 euros anuales de media, frente a 88.000 en Francia, 125.000 en Reino Unido o 165.000 en Alemania).

El primer problema de la atención primaria en España es que es “la pariente pobre de la Sanidad”, se lleva la menor parte del gasto sanitario, a pesar de ser “la 1ª línea de atención”, donde acaban la mayoría de personas varias veces al año: se lleva el 13,9% del Presupuesto total en Sanidad, muy por debajo del 25% del gasto que recomienda la OMS. Y a la cola de este gasto se sitúa Madrid (10,7% del gasto va a atención primaria), donde se ha primado la inversión en grandes hospitales y no en Centros de Salud, junto a Galicia (11,6% gasto en atención primaria), Baleares (12,1%), Castilla la Mancha (12,7%) y Cataluña (13%).

No sólo se gasta menos en Atención primaria que en el resto de la sanidad, también se gasta poco en personal: si la media en España es que el 44,9% del gasto sanitario vaya a personal, en Madrid es el 40,2%, siendo aún inferior el porcentaje en Cataluña (35,4%), Comunidad Valenciana (40,1%) y Galicia (43,9%, llevándose más de la mitad del gasto total en Aragón (53,2%), País Vasco (52,6%), Navarra (51,7%), Castilla y León (51,2%) y Canarias (50,4%). En general, faltan médicos y enfermeras, pero sobre todo en atención primaria. La ministra de Sanidad informó que en toda España ha aumentado la oferta de médicos de familia, un +36% entre 2017 y 2022, pero que en Madrid ha caído un -2%. Además, hay muchos médicos que no quieren trabajar en la atención primaria (en 2022 quedaron vacantes 200 plazas de MIR, por falta de incentivos), sobre todo en Madrid,  y buscan irse a hospitales, a la privada o al extranjero (Sanidad estima que hay 7.738 médicos españoles trabajando fuera).

No se trata tanto de que falten médicos (España es el 4º país con más médicos por 1.000 habitantes de la OCDE) como de que faltan en Atención Primaria, por sus penosas condiciones laborales y su tremenda carga de trabajo, que no son incentivadas. Y además, el 60,2% de los médicos de familia  tienen más de 50 años (en Castilla y León el 73%, en Asturias y Rioja el 69% y en Galicia el 67%), con lo que a finales de esta década tendremos una mayor falta de médicos en atención primaria, porque se jubilarán 9.000 de los actuales. Y respecto a enfermeras, somos el 7º país europeo con menos profesionales: 6,1 enfermeras por 1.000 habitantes, frente a 8,3 por 1.000 en la UE-27, 11,3 en Francia y 12,1 en Alemania.

Al final, la sanidad española sufre las consecuencias de una baja financiación durante años, un gasto sanitario público inferior al europeo: en 2020, último dato publicado, el gasto sanitario público fue de 1.907 euros por habitante, frente a 2.299 euros de media en la UE-27. Y el gasto sanitario de las autonomías, responsables de financiar el 93% de nuestra sanidad, sólo ha crecido un 3,49% entre 2019 y 2021, a pesar de las mayores necesidades por la pandemia, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y lo peor: hay 4 autonomías que gastaron menos en Sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874,7 millones, un -9,96%), Murcia (-231 millones, un -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%). Con estos mimbres, no es de extrañar el colapso…

Y para 2023, las autonomías siguen en esta línea, de “racanear” en el gasto sanitario: los Presupuestos autonómicos aprobados o pendientes de aprobar para el año que vienen contemplan un aumento del gasto sanitario per cápita del +7,7%, inferior al +8,6% que se espera aumenten los precios este año, según la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP). Y esta “racanería sanitaria” es más chocante porque, en 2023, las autonomías van a recibir los mayores ingresos de su historia, 134.335 millones del Estado (+26.130 millones que en 2021), gracias a la mayor recaudación (por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía)  y a que el Gobierno les permite aumentar el déficit (del -0,1 al -0,3% del PIB, otro “colchón” de 2.580 millones). En total, tendrán 28.710 millones más para gastar en 2023, que apenas van a dedicar a la sanidad (+6.150 millones).

 Además, esos Presupuestos previstos para 2023 consolidan la tremenda desigualdad en el gasto sanitario según autonomías. A la cola del gasto sanitario (1.809 euros por habitante, de media) sigue Madrid (1.446 euros por habitante previstos para 2023, un -20% que el conjunto de España), Cataluña (1.456 en 2022, a falta de aprobar el Presupuesto 2023), Murcia (1.535) y Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.655 euros por habitante). Y en cabeza del gasto sanitario siguen Asturias (2.133 euros/habitante para 2023, un +18% que la media española), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020) y Castilla y León (1.999 euros/habitante 2023).

Gastar más es importante para tener mejor sanidad, pero también hay que gestionar bien el personal y los medios, año tras año. Por eso, la FEDSP lleva haciendo desde 2009 un ranking de la sanidad por autonomías, valorando distintos criterios: gasto por habitante, camas y quirófanos disponibles, médicos y enfermeras por 1.000 habitantes (en atención primaria y especialidades), listas de espera, gasto farmacéutico, privatización de la sanidad y valoración ciudadana. Sobre estos criterios y una puntuación de 32 a 130, nos aportan un mapa con 4 Españas sanitarias: 3 autonomías con “buena” sanidad (País Vasco 95 puntos, Navarra 93 y Asturias 90), 5 autonomías con una sanidad “regular” (Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura, con 88 puntos, y La Rioja 86), 6 autonomías con una sanidad “deficiente” (Galicia 79 puntos, Aragón 76, Baleares 75, Valencia 72, Madrid 71 y Andalucía 70) y otras 3 autonomías con “peor” sanidad (Canarias 66 y Cataluña y Murcia, a la cola con 63 puntos). Y lo más preocupante es que Canarias y Murcia eran también las peores en 2009. Así que ya sabemos dónde es mejor y peor ponernos enfermos…

¿Qué se puede hacer para mejorar la Sanidad? La Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP) ha hecho 20 propuestas para mejorar la atención primaria, que se resumen en tres: gastar más (un 25% de todo el Presupuesto sanitario: +10.000 millones en varios años), contratar más profesionales (+8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos) y reorganizar la atención para que el 95% de las consultas en Centros de Salud se atiendan en 48 horas máximo. Además, proponen convocar más plazas de MIR en atención primaria, recuperar las consultas presenciales, ampliar la capacidad diagnóstica de los Centros de Salud, restablecer las áreas sanitarias, coordinar la atención de residencias y dependientes, fomentar la prevención y contar con unidades de apoyo de fisioterapeutas, protésicos odontólogos, psicólogos y matronas en la atención primaria.

Al final, el gran reto es reforzar la sanidad pública, muy debilitada por la pandemia y apoyar a médicos y enfermeras sobrepasados por la presión asistencial. Y hay que empezar a hacerlo por la primera línea, la atención primaria, para seguir después reforzando las especialidades, hospitales y urgencias, sin olvidar la prevención y la investigación. Esto obliga a un gran Pacto por la Sanidad, entre Gobierno y autonomías, con la colaboración imprescindible de médicos, enfermeras y pacientes. Un Pacto que debería asegurar un mayor gasto sanitario público en esta década (el 10% del PIB, por ejemplo, como Francia o Alemania: serían 24.000 millones más de gasto cada año), gobierne quien gobierne, la contratación de más profesionales con trabajos y sueldos dignos y una organización más eficiente, desde Centros de Salud a hospitales y urgencias. No es mucho pedir, porque la salud debería ser la gran prioridad de todos. Pero hay elecciones a la vista y el acuerdo parece imposible. Así que nos esperan más protestas y colapsos en la atención sanitaria.

Chequeo UE: nuestra salud, buena y barata

La salud de los españoles es la mejor de Europa: tenemos la menor tasa de mortalidad y la mayor esperanza de vida (83,4 años). Y eso gracias a un sistema sanitario excelente, muy eficaz  en el tratamiento de enfermedades y con bajo coste, menor que el de los grandes paises europeos, según el chequeo sanitario que acaban de hacer la UE y la OCDE a 30 paises europeos. Una valoración extranjera mucho mejor que la de los ciudadanos españoles, que sólo dan un aprobado a la sanidad pública (6,57 puntos), sobre todo por las listas de espera y el deterioro en urgencias y ambulatorios. El chequeo de la UE nos recomienda gastar más en sanidad, atender mejor a los mayores (geriatría y dependencia), aumentar médicos y enfermeras, reducir el tabaquismo y la obesidad (responsables de 350 muertes diarias) y dedicar más esfuerzos a la prevención y a la atención primaria. Podemos estar orgullosos de nuestra sanidad, pero hay que apuntalarla. La salud es lo primero.

enrique ortega

Los españoles sentimos mayoritariamente que tenemos una buena salud (el 77,8% cree que es “buena o muy buena”, según la última Encuesta Nacional de Salud 2017) pero consideramos la sanidad como nuestro 6º mayor problema (tras el paro, los políticos, la economía, Cataluña y la corrupción, según el Barómetro del CIS de noviembre) y sólo le damos a la sanidad pública un aprobado alto (6,57 puntos), según el último Barómetro Sanitario de 2018, en el que un 68,3% de españoles creen que funciona “bien o bastante bien” y un 26,2% creen que “necesita cambios fundamentales”. Así que tenemos una percepción buena de la sanidad pública, pero mejorable. Y desde luego, peor de la que revela el último Chequeo que nos han hecho, a finales de noviembre, la UE y la OCDE, junto a otros 29 paises europeos (los 27 de la UE más Noruega e Islandia). Ahí reflejan que tenemos una salud excelente y que se debe a tener una sanidad muy eficaz y más barata que la de la mayoría de Europa.


El indicador que resume todos los demás es que España es el país europeo con la mortalidad más baja: aquí murieron 829 personas por cada 100.000 habitantes en 2016, frente a 1.002 de media en la UE, 838 en Francia y 843 en Italia, los paises con menor mortalidad, en contraste con los 1.600 muertes 1.476 muertes en Rumanía o Letonia, según el último indicador publicado por Eurostat (datos 2016). Y en 2018, el último dato publicado por el INE, en España hubo 915 muertos por 100.000 habitantes, todavía menos que la mortalidad europea de hace dos años. Y si ajustamos la mortalidad por la edad (homogeneizando las diferentes edades de los paises), España tuvo en 2018 la tercera tasa de mortalidad más baja de Europa: 462 muertes por 100.000 habitantes, sólo por delante de Francia (457) y Luxemburgo (460) y muy por encima de la media UE (561 muertes), Alemania (540) e Italia (468), según el reciente estudio “Estado de la Salud de la UE 2019”.


España tiene menos muertes porque tenemos una sanidad más eficiente, que “evita” muchas de las muertes que se producen por causas “evitables” y “tratables”. Así, España tiene una de las tasas de mortalidad más bajas de Europa en muertes “evitables” (118 por 100.000 habitantes) frente a 161 en Europa) y en muertes “tratables” (67 muertes por 100.000 habitantes frente a 93 en la UE). El estudio europeo señala que un 38% de las muertes totales serían “evitables” en España (162.500 de las 427.721 que se produjeron en 2018), pero que en Europa lo son más, el 44% de las muertes. Y eso, a pesar de que las tasas de tabaquismo son mayores en España que en Europa (22% adultos fuman a diario frente al 19% en la UE) y también tenemos más sobrepeso y obesidad (17% de adultos frente al 15% en la UE), por la deficiente alimentación y el escaso ejercicio, aunque bebemos menos alcohol (9% adultos lo consumen en exceso frente al 20% en Europa).


A pesar de estos factores de riesgo, la sanidad española ha conseguido reducir las muertes por enfermedades cardiovasculares  (sobre todo en cardiopatías isquémicas y enfermedades cerebro-vasculares) y también por cáncer de pulmón y colorrectal, aunque han aumentado las muertes por Alzheimer. El informe señala el éxito de los tratamientos de los infartos en los hospitales españoles: sólo mueren 6 de cada 100 hospitalizados tras un infarto (a los 30 días), cuando la media europea es de 9,8 muertos. Y también refleja un mayor éxito en la mayoría de tratamientos de cáncer en España: sobreviven el 85% de los enfermos con cáncer de mama (83% en la UE), el 63% con cáncer de colon (60% en la UE) y el 90% de los cánceres de próstata (87% en la UE), aunque estamos ligeramente peor en supervivientes de cáncer de pulmón (14% frente al 15% en la UE), por el mayor tabaquismo en España.


Al final, la menor mortalidad, por el eficaz tratamiento de las enfermedades que conllevan muertes “evitables” (cardiopatías isquémicas, accidentes de circulación u muertes relacionadas con el alcohol) y “tratables” (muertes por cardiopatías, enfermedades cerebro-vasculares y cáncer) lleva a un resultado espectacular: España es el país europeo con mayor esperanza de vida en 2018 (en el año 2000 nos ganaban Suecia a Italia), según el chequeo sanitario de la UE, que revela que los españoles viven una media de 83,4 años, frente a 80,9 años de media en Europa. Y mayor esperanza de vida que Italia (83,1 años), Francia (82,7 años), Suecia (82,5 años), Alemania (82,1) o Reino Unido (81,3 años).


Y otro dato muy importante, que resalta este estudio europeo: España tiene menos desigualdades en esperanza de vida que la mayoría de Europa por situación socio-económica (apenas) y nivel educativo: los que tienen bajos estudios viven 2 años menos (en Europa son 3,6 años menos de vida) y los mejor formados viven 4,2 años más en España y 6,5 años más en Europa (más brecha por formación). En cuanto a la brecha de vida por género, en España los hombres viven 5,5 años menos que las mujeres y en Europa 5,2 años menos.


Vivimos más años, sí, pero el informe de la UE señala un problema de esta mayor longevidad española: la peor calidad de una vejez más larga. Tenemos más mayores con enfermedades crónicas (el 59% de los mayores de 65 años en España, frente al 54% en la UE), con discapacidad o limitaciones para valerse por sí mismos (el 21% de los mayores frente al 18% en Europa) y con depresión (el 39% de mayores en España frente al 29% en la UE). Esto exige, señalan, un gran esfuerzo no tanto en sanidad como en asistencia geriátrica y en ayudas a la dependencia, esfuerzo que aumentará a medida que España envejece a lo largo de este siglo.


El chequeo sanitario europeo resalta también que la sanidad pública española es “prácticamente universal” (atiende al 100% de los empadronados) y que lo hace con un gasto mucho menor que en la media europea: 2.371 euros de gasto sanitario por habitante, frente a 2.884 euros de media en la UE. Eso nos coloca como el 11º país que menos gasta en sanidad de los 30 analizados. Si se toma el gasto sanitario total en relación al tamaño de la economía, el gasto sanitario en España era del 8,9% del PIB (2017) frente al 9,8% de media en la UE, el 11,3% de Francia, el 11,2% de Alemania, el 11% de Suecia, el 9,6% de Reino Unido o el 8,8% de Italia.


Además de gastar menos en sanidad, el estudio revela que los hospitales españoles son más eficientes que la media europea. Por un lado, somos el 4º país con menos camas de hospital por paciente: 3 por cada 100.000 habitantes frente a 5 de media en la UE. Esto es consecuencia del recorte de inversiones en nuevos hospitales, pero también de que han aumentado las intervenciones no hospitalarias (intervenciones ambulatorias de cataratas, amigdalitis y hernia inguinal)) y las llamadas “hospitalizaciones evitables”, sobre todo de enfermos de diabetes e insuficiencia cardiaca: España tiene 400 hospitalizaciones “evitables” por cada 100.000 habitantes, un tercio menos de las 600 que se registran en Europa. Además, otro dato de eficiencia es que la duración de la estancia en hospitales se ha reducido, a 6,2 días en España y a 8 días en la UE, según el chequeo sanitario europeo.


España tiene menos gasto sanitario y menos peso del gasto público en sanidad, que ha bajado por los recortes y el auge de la sanidad privada en las últimas dos décadas. Así, el gasto público supone en España el 71% del gasto sanitario total frente al 79% en Europa. Y, en consecuencia, el gasto privado en sanidad es mayor en España y ya supone un 29% del gasto total, por encima del 21% europeo. Eso se debe a que las familias cargan ahora con dos gastos que son mayores que en Europa: el copago farmacéutico (supone el 24% del gasto sanitario en España, frente al 19% en la UE) y el gasto en atención dental. Por estos dos conceptos, y algunos otros pagos no cubiertos por la sanidad pública, los españoles pagan de su bolsillo un 50% más en salud que la media europea (el 23,6 de pagos directos respecto al gasto total frente al 15,8% de media en la UE).


Tras reiterar la eficacia de la sanidad española, el chequeo no olvida los problemas que sufre de listas de espera, recordando que han aumentado desde 2010 a 2018, por los recortes: de 90 a 100 días una operación de cataratas  (60 días en Reino Unido y Holanda y 120 días en Portugal) o de 135 a 150 días una artroplastia de cadera (52 en Holanda, 85 días en Reino Unido y 128 días en Portugal). Y llama la atención sobre las grandes diferencias regionales en España: entre los más de 150 días que esperan la mitad de pacientes en Castilla la Mancha, Canarias o Extremadura y los 50 días de Madrid, la Rioja o Navarra.


El otro problema que destaca en la sanidad española es la falta de médicos y sobre todo de enfermeras, así como la tremenda precariedad del personal sanitario (el 30% del personal tenía contrato temporal en 2017). España tiene más médicos (3,9 médicos por 1.000 habitantes) que la media UE (3,6 médicos), pero la tercera parte tienen más de 55 años y se jubilarán en una década y faltan en algunas especialidades y en atención primaria. En cuanto a  enfermeras, tenemos muchas menos (5,7 por 1.000 habitantes) que la UE (8,5). Y en general, estamos por debajo en médicos y enfermeras que Noruega, Islandia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Portugal y Austria, según este estudio de la UE y la OCDE.


Cara al futuro, el estudio europeo señala que la sanidad española va a sufrir “una tensión en el gasto”, derivado del mayor envejecimiento de la población y del aumento del gasto en cuidados a largo plazo a los mayores (dependencia y atención geriátrica), máxime cuando hoy hay 9 millones de españoles mayores de 65 años y en 2050 habrá 16,4 millones de mayores. Y alerta a España que esta tensión “puede poner en peligro la viabilidad del sistema a largo plazo”. Además, señala que el nuevo gasto sanitario, a partir de 2015, se ha ido más a la atención hospitalaria, que gana peso en el gasto frente a la atención primaria. 


Precisamente, la propuesta básica de este chequeo a la sanidad española y europea es “apostar más por la prevención y la atención primaria”. O sea, volcarse más en campañas contra el tabaquismo, la obesidad y el alcohol y en mejorar la atención de los médicos de familia y ambulatorios que gastar más en hospitales. Además, el estudio señala otras recetas para apuntalar nuestra sanidad: más gasto sanitario (equipararnos al gasto medio en Europa, ese 9,8% del PIB, supondría gastar 11.000 millones más cada año), más médicos y sobre todo más enfermeras (con contratos más estables), más cirugía ambulatoria, más avances en la lucha contra algunos cánceres, menos uso de antibióticos, mayores campañas contra el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el alcohol y mayores recursos y medios para la dependencia y la atención geriátrica a los mayores. Sin olvidar una renovación tecnológica de los hospitales (el 50% de los equipos tienen más de 10 años de vida, lo que nos coloca como el 2º país con la tecnología sanitaria más obsoleta de la UE, según la patronal Fenin) y el desarrollo de la telemedicina, todavía atrasada en España.


En definitiva, que podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra sanidad, según este chequeo de la UE y la OCDE: permite que seamos los que vivimos más años en Europa. Pero hay que apuntalar el sistema, con dinero, personal, mejoras y reformas, para afrontar un país más envejecido y una tecnología sanitaria y unos medicamentos mucho más costosos. Habrá que buscar el dinero “debajo de las piedras” y gestionar con eficacia, para que esta sanidad excelente que tenemos no se deteriore más. Y para que aguante la tensión de un futuro donde aún viviremos más años. La salud es lo primero.