"La Gran Renuncia": el trabajo no convence

España ha creado 1.262.000 nuevos empleos en los últimos 15 meses, de más calidad. Pero algunos expertos alertan: aumentan los empleados fijos que dejan su trabajo (40.064 este año). Temen que pase como en EEUU, donde hablan de “La Gran Renuncia”. No tiene nada que ver: en EEUU abandonaron su empleo en agosto 4,2 millones de trabajadores, frente a 7.490 en España. Y eso pasa porque allí hay mucha rotación laboral: 11,2 millones de empleos disponibles (2 por cada parado), mientras en España sólo hay 145.053 vacantes (1 por cada 20 parados). Lo que sí tenemos en España (y en el mundo) es “una gran insatisfacción” con el trabajo: la mitad de los trabajadores están desmotivados y querrían cambiar de empleo. Como no pueden, trabajan “pasando”, cumpliendo sin más: es “La Gran Dimisión”. Un problema serio, que baja la productividad. Recetas: mejores sueldos, más flexibilidad y menos jefes “tóxicos”. Urge modernizar el trabajo y las relaciones laborales, ancladas en el “ordeno y mando”.

Enrique Ortega

“Quien del trabajo huye, su porvenir destruye”. Refranero

Desde pequeños, nos han enseñado la necesidad de trabajar (“ganarás el pan con el sudor de tu frente” ) y que trabajar es el único camino para labrarse un futuro (“el trabajo y la economía son la mejor lotería”). Además, los más mayores hemos conocido épocas donde se podía tener un trabajo decente de por vida. Con la crisis de 2008, el mundo cambió drásticamente y llegaron los despidos masivos y, después, la recuperación de los trabajos precarios, sobre todo para los jóvenes. Y con el parón de la pandemia, muchos trabajadores “reflexionaron sobre sus empleos”: ¿merece la pena malvivir para trabajar por 1.000 euros o menos? Y eso ha provocado en muchos países que algunos trabajadores (ojo, los que podían) dejen sus trabajos o los cambien por otros menos agobiantes. Es lo que algunos llaman “La Gran Renuncia”: trabajadores que dejan sus empleos. Un tema que agrandan y explotan algunos empresarios y expertos en España para quejarse de que ahora no encuentran trabajadores.

Pero “La Gran Renuncia” es otra cosa. El concepto lo inventó Anthony Klotz, profesor de la Universidad de Texas, en mayo de 2021, tras conocerse el dato de que, en abril, casi 4 millones de norteamericanos (el 2,7% de los empleados) habían dejado su trabajo, la mayoría para buscar otro. Y se ha seguido hablando del tema, porque en todo 2021 han sido casi 50 millones los norteamericanos (el 33% de los ocupados) que han dejado sus trabajos. Y también se ha hablado del “problema” de “la Gran renuncia” en Reino Unido (más de medio millón) y Francia (523.000 en el primer semestre de 2023). En España, la alarma saltó en abril de este año, con 5.467 empleados fijos que dejaron su trabajo, un récord desconocido. En mayo, la ministra de Trabajo convocó incluso a sindicatos y patronal para hablar del tema, pero la reunión acabó sin ningún acuerdo ni medida.

Y la verdad es que “La Gran Renuncia” de la que se habla en EEUU poco tiene que ver con la de España. Allí, este mes de agosto ha habido otros 4,2 millones de trabajadores que han renunciado a sus empleos (un 3% de los trabajadores), mientras en España, la cifra de agosto, con ser otro récord (7.490 “renuncias”), apenas supone el 0,0004% de los asalariados. Y, sobre todo, los norteamericanos que dejan sus empleos voluntariamente no lo hacen para irse a su casa (una minoría) sino para cambiar de trabajo, dado que ahora hay “un boom” de empleo y resulta fácil cambiarse: había 11,2 millones de empleos vacantes en EEUU a finales de julio, el doble que parados (5,66 millones). Así que hay una enorme “rotación”, que explica “La Gran Renuncia”. En España, por desgracia, no pasa esto: a finales de junio había 145.053 empleos vacantes, para casi 3 millones de parados, según el INE. Con ello, el porcentaje de “vacantes” en España es el más bajo de Europa (0,9% de los empleos), según Eurostat: menos de un tercio que en la UE-27 (3% de vacantes), mucho menos que Alemania (4,5% vacantes) y sobre todo que en Estados Unidos (7,5% de los empleos están vacantes).

Así que aunque pueda parecer que en España tenemos el problema de “La Gran Renuncia” (46.064 trabajadores con empleos fijos han dejado su trabajo hasta finales de agosto), no es así, porque son pocos y porque no hay puestos vacantes (y mucho paro) como para que los españoles puedan pensar en cambiar de trabajo, como hacen los norteamericanos. En EEUU,  hay ahora un gran dinamismo económico y laboral tras la pandemia y las empresas se ven con el “problema” de tener que competir para que sus trabajadores no se les vayan y atraer a los que necesitan. Ojalá tuviéramos aquí ese problema USA… “Páguenles más” (“Pay them more”) fue la receta que les dio Biden a sus empresarios.

El problema que sí ternemos en España (y en todo el mundo) es que ha aumentado “la insatisfacción en el trabajo”, tras el paréntesis de la pandemia, donde los trabajadores tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus vidas. Tener que dejar sus hogares y familias, el teletrabajo y volver a las largas jornadas laborales y a ambientes laborales tóxicos, a cambio de bajos salarios (y contratos precarios) ha dado que pensar a muchos trabajadores, en todo el mundo y en España. Los que pueden (en España una minoría) han optado por cambiar de empleo y trabajar menos (o “de otra manera”), poniendo su vida y su familia por delante del trabajo (nada de “vivir para trabajar”). Pero la mayoría han tenido que volver a sus rutinas y aguantar un trabajo que no les convence, por falta de alternativas mejores.

Lo que está claro es que la pandemia ha sido “un punto de inflexión” para los trabajadores en todo el mundo y que hay una gran “insatisfacción”, como revela una encuesta hecha por la consultora PwC en 44 países: 1 de cada 5 trabajadores tiene previsto “renunciar” a su trabajo (irse) en 2022, ya sea para buscar otro o dejarlo. Y dan tres razones básicas: el bajo salario, no “realizarse” en el trabajo y carecer de futuro profesional. Otra encuesta de la consultora McKinsey, hecha en 6 países, releva que el 40% de los trabajadores consultados “no están contentos con su trabajo y están pensando en dejarlo cuando puedan”. Y citan como causas los salarios, la falta de flexibilidad y su bienestar.

En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento señalado es el sueldo, algo normal en un país donde los sueldos medios han subido un +10,2% entre 2007 y 2020, según la Agencia Tributaria, la mitad que la inflación (+20,3%), con lo que los ingresos “reales” de los trabajadores son menores (-10,1%) que antes de la crisis de 2008. Y recordemos que el salario medio en España son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, señalado por muchos encuestados, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo a este dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un recientísimo informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiarla gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta…

Además, la mala organización del trabajo y la escasa integración de los trabajadores en la marcha de la empresa no sólo empeora los resultados de las compañías sino que es uno de los factores que explican la baja productividad de España (la menor entre los grandes países europeos), junto al modelo económico (demasiado peso de los servicios), la baja tecnología, el exceso de pymes y la falta de formación de los trabajadores. Así, “los jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), sólo un 26% de las empresas encuestan las opiniones de sus empleados (un 51% en Alemania) y sólo el 17% toman las decisiones “en equipo” (el 35% en Alemania), según revela un estudio de CaixaBank Research. En definitiva, que tiene un gran peso la gestión del “ordeno y mando” y eso no ayuda a mejorar la productividad de las empresas y el país.

Frente a estos problemas, la mayoría de las empresas no modifican su gestión de personal y la patronal aprovecha para quejarse de que “no encuentran trabajadores para contratar”: en el campo dicen que les faltan entre 50.000 y 100.000 jornaleros (a los que “mal contratan” y “mal pagan”, obligándoles a “malvivir” en chabolas de temporeros que denuncia la ONU), en la construcción dicen que les faltan 700.000 trabajadores, 50.000 en la hostelería y otros 20.000 camioneros… Parece que “la gente no quiere trabajar”. No es así: la gente quiere trabajar con contratos, sueldos y condiciones dignas, no de cualquier manera. Y en otros casos, no encuentran trabajadores formados, porque las empresas y el país no apuestan por formar empleados más capacitados. Así que el problema no es “La Gran Renuncia”, sino “La Gran Desilusión”, que el trabajo ya no es lo que era. Paguen más y traten mejor a los trabajadores: verán como tienen más. Están a tiempo.

Salarios: las protestas que vienen

La mayoría de salarios no han subido este año, a pesar de la inflación disparada: sólo 7,1 millones de trabajadores (de 17,3 millones) han pactado subidas del +2,6%, la cuarta parte de la inflación (+10,5%). El acuerdo de negociación de convenios está bloqueado desde mayo, a pesar de los intentos del Gobierno en julio y septiembre. Todo apunta a que este año no habrá acuerdo salarial, al menos hasta pasadas las elecciones en la patronal CEOE (23-N), que no quiere más acuerdos globales (se firman desde 2010) y apuesta por negociar empresa a empresa. Los sindicatos anuncian movilizaciones en octubre, para pedir subidas salariales y cláusulas de revisión (que sólo tienen el 25% de trabajadores). Urge subir los salarios, para no frenar más el consumo de las familias y acabar en otra recesión. Y para que no crezcan los “trabajadores pobres” (2,5 millones), que acaban en las colas del hambre. Ojo al dato: la mitad de las personas necesitadas a las que atiende Cáritas tienen un empleo.  

Enrique Ortega

La mayoría de los españoles llevamos casi dos años perdiendo poder adquisitivo, porque la inflación se come parte de nuestros ingresos. En 2021, antes de la invasión de Ucrania, la inflación media subió un +3,08%, más que los ingresos de 29 millones de españoles: los 9 millones de pensionistas (con una subida media del 0,9%), los 2,7 millones de empleados públicos (con una subida del +0,9%) y, sobre todo, los 17 millones de trabajadores asalariados (los que firmaron un convenio, pactaron una subida media del +1,5%, la mitad que la inflación media). Así que todos ellos han perdido poder adquisitivo, aunque en el caso de los pensionistas, se les ha compensado con “la paguilla” hecha en enero de 2022 (268 euros de media), para resarcirles de la mayor subida de la inflación el año pasado.

Este año 2022, la inflación se ha disparado más, tras la invasión de Ucrania y la subida desorbitada de la energía, alimentos y materias primas. Y la previsión es que la inflación media acabe el año en el +8% (incluso entre el 8 y el 9%). Así que 29 millones de españoles  volveremos a perder poder adquisitivo, incluso más que en 2021: lo sufrirán los 9 millones de pensionistas (que tienen una subida del +2,5%, aunque se les resarcirá en 2023, no con otra “paguilla”, sino con una subida mayor para todo 2023, en aplicación de la nueva Ley de Pensiones), los 2,7 millones de funcionarios (con una subida este año del +2%) y, sobre todo, los 17,3 millones de trabajadores asalariados, la mayoría sin haber firmado un nuevo convenio (con el sueldo congelado) y con una subida de sólo el + 2,6% para los 7,1 millones de trabajadores que han firmado o renovado convenio este año (hasta agosto). En todos los casos, la inflación triplicará con creces su aumento de ingresos.

El problema adicional que tienen los trabajadores asalariados es que muchas empresas y sectores no han renegociado sus sueldos, tienen los convenios bloqueados: se han negociado sólo 538 hasta agosto, la tercera parte que en 2021. Eso se debe a que la patronal CEOE se levantó en mayo de la mesa de negociación, cuando estaba preparando con los sindicatos la firma de otro Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), en sustitución del IV Acuerdo firmado en 2018, que fijó la subida salarial de 2018, 2019 y 2020. En 2021 no hubo acuerdo salarial, por la pandemia y ahora se trataba de negociar el V Acuerdo confederal para el empleo y la negociación colectiva, que debía acordar las subidas salariales en las empresas para 2022, 2023 y 2024.

Pero la patronal CEOE se levantó de la mesa negociadora en mayo, argumentando que los sindicatos querían saltar “una línea roja”: incluir en los futuros convenios una cláusula de revisión salarial, para compensar a los trabajadores si la inflación subía más que los salarios pactados. Y eso, para la patronal, no era asumible, porque suponía aumentar los costes de las empresas y “alimentar la inflación”. Enfrente, los sindicatos reiteraban que los trabajadores llevan dos años perdiendo poder adquisitivo y que hay que buscar fórmulas para resarcirlos de los aumentos extras de inflación (este año y los siguientes), aunque se abrían a repartir esta compensación en varios años y según la situación de las empresas. Y denuncian que las empresas han aprovechado la reforma laboral del 2012 (Rajoy) para suprimir la clausula de revisión en los convenios. El dato es claro: si en 2008 tenían esta clausula de revisión el 70% de los trabajadores con convenio, en 2022 sólo la tienen el 24,42% de los trabajadores que han firmado convenio hasta agosto (1.738.842 trabajadores). O sea, que sólo tienen clausula de revisión ante la inflación 1 de cada 10 trabajadores en España (hay 17,3 millones de asalariados).

Al margen de este “escollo” (fundamental), las posturas sobre las futuras subidas de salarios estaban bastante próximas entre patronal y sindicatos: ambos aceptaban una subida salarial del +3,5% para 2022 (con una inflación esperada del +8%), +2,5% para 2023 (se espera una inflación del 4,5%) y +2% para 2024, subidas muy moderadas y por debajo de la inflación prevista. Por eso resulta clave ver cómo se compensa la inflación “extra”, cómo se reparte por años (retrasar la mayoría a que pase esta crisis), empresas y trabajadores, para que esta compensación no ahogue a las empresas  pero sirva para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos dicen que están abiertos al “cómo”, pero sin renunciar a la compensación, sobre todo cuando las empresas tienen ya más ventas y beneficios que antes de la pandemia. Pero la patronal niega la mayor.

Y así han ido pasando los meses. En julio, la vicepresidente Calviño reunió a sindicatos y patronal para intentar un acuerdo, sin resultado. Y en agosto, la ministra de Trabajo lanzó un torpedo a la negociación, al declarar que “los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle” para reclamar subidas salariales. La semana pasada, el 21 de septiembre, varios ministros (Calviño y Díaz entre ellos), intentaron “enderezar la negociación”, reuniéndose con patronal y sindicatos, pero no se avanzó nada. Seguimos en punto muerto.

Y todo apunta a que este año 2022 no habrá ningún acuerdo salarial y que si se consigue algo, será ya para 2023 y 2024. Por un lado, la patronal CEOE tiene elecciones el 23 de noviembre y no parece que su actual presidente (y único candidato, Antonio Garamendi) “mueva ficha” antes, tras ser muy criticado dentro por una parte de los empresarios debido a sus pactos con Gobierno y sindicatos. Y por otro, se abre paso entre los empresarios que “es mejor negociar empresa a empresa y sector a sector que pactar un acuerdo global”, que no hace falta un pacto salarial global. Y argumentan que estos acuerdos no existen en otros paises, aunque siempre se ha puesto de ejemplo en Europa los acuerdos sociales en España, que han asegurado “la paz social” en la anterior crisis económica: el primer acuerdo salarial se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después se han firmado tres acuerdos más, el IV AENC en julio de 2018 (para 2018-2020). Ahora, quizás no haya un V Acuerdo.

Ante este panorama, los sindicatos CCOO y UGT han anunciado movilizaciones para octubre, sobre todo en las empresas y sectores que no han firmado convenios este año y no se han sentado a negociar los de 2023. Se sumarán así a las protestas y movilizaciones convocadas en toda Europa, por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que denuncia una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores europeos mientras las empresas aumentan ventas y beneficios, sobre todo energéticas y bancos. En España, además, los sindicatos denuncian la desigualdad en la subida de los salarios: los sueldos de los consejeros de las empresas cotizadas en Bolsa han subido este año un +7,1% (+2,6% los convenios firmados) y estos directivos ganan 32 veces el sueldo medio de sus empleados (y 60 veces más los directivos de las empresas del IBEX).

La inflación afecta a los trabajadores de toda Europa, pero más a los españoles, porque aquí los precios suben más (+10,5% hasta agosto, frente al +9,1% en la eurozona, +8,8% en Alemania, 9,1% en Italia y 6,6% en Francia, según Eurostat) y los salarios son más bajos: el coste laboral (no sólo los salarios, el coste de contratar un trabajador) era de 22,90 euros la hora en 2021, frente a 29,10 euros en la UE-27, 32,80 euros en la zona euro, 46,90 euros en Dinamarca, 37,2 euros en Alemania, 37,9 euros en Francia y 29,3 euros en Italia, los paises con que competimos en Europa.

Y además, los salarios están subiendo menos en España (con muchos convenios bloqueados) que en el resto de Europa: los costes sólo salariales han crecido un +2,6% anual en el 2º trimestre de 2022 (el 5º país europeo donde menos crecen los salarios), frente al +4,5% que subieron de media en la UE-27 y el +5,5% que crecieron en Alemania (+2,7% en Italia, +3% en Italia y +5,6% en Portugal), según Eurostat. Con ello, dado que los salarios crecen menos en España y la inflación más, los trabajadores españoles serán los segundos en Europa que más poder adquisitivo pierdan en 2022, según la OCDE: -4,46% caerán los salarios reales aquí, sólo por detrás de Grecia (-6,92%) y más que Italia (-3,13%), Reino Unido (-2,94%), Alemania (-2,55%) y la media de los 35 países de la OCDE (donde los trabajadores perderán un -2,30% de poder adquisitivo). Y en Alemania, “un ejemplo” para muchos empresarios, los salarios ganarán este año un +0,23% de poder adquisitivo.

Esta mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles tiene dos consecuencias. Una, para ellos, para los 17,3 millones de asalariados: tendrán más difícil llegar a fin de mes, pagar las mayores facturas de la luz, el gas, la calefacción, el carburante o la cesta de la compra. Y la hipoteca, los que la tengan (subirá 178 euros al mes, los que la revisen en septiembre: después más). Sobre todo esa mayoría de trabajadores con el sueldo congelado. Y una parte de ellos acabará siendo “un trabajador pobre”: en España hay  2,5 millones de trabajadores pobres, el 14% de los asalariados. Un creciente colectivo que ahora lo está pasando peor, ante la alta inflación y la baja o nula subida de sus sueldos. Ojo al dato: la mitad de las familias que acuden a Cáritas pidiendo ayuda tienen un empleo.

La otra consecuencia de que los trabajadores pierdan poder adquisitivo la sufre “la economía”, todos nosotros: baja el consumo de las familias, gastan y compran menos, y en consecuencia bajan las ventas y el crecimiento de la economía. Y el empleo se frena o cae. Y si el proceso se mantiene muchos meses más, España puede entrar en recesión (de hecho, el Gobierno ha vuelto a rebajar el crecimiento previsto para 2022: del 4,3% esperado en julio al 4% previsto ahora (y +2% en 2023), que puede ser menos o negativo si Putin y la energía enturbian más el invierno).

Así que “devaluar” los salarios es malo para las familias y para la economía, perjudica también a las empresas. Por eso, la patronal debería volver a la mesa de negociación con los sindicatos y pactar una subida de sueldos razonable y una compensación justa y asumible por la inflación. Es lo que pensaba Henry Ford: tengo que subir más los salarios de mis trabajadores para que me puedan comprar coches. Hay fórmulas para subir los salarios y, en paralelo, compensar este mayor coste a lo largo del tiempo y aumentar la productividad. Otra cosa no, pero los sindicatos españoles han demostrado ser “razonables”. Ahora falta que lo sean las empresas, desbloqueando convenios y pactando  mayores subidas de salarios. Y conteniendo sus márgenes y beneficios para que los precios suban menos. Eso es ser justos con los que peor lo están pasando (los trabajadores pobres) y ser “patriotas” con la economía. Si no lo hacen, se abrirá este otoño un rosario de conflictos laborales que a nadie beneficiarán. Negocien.

Ojo al "agujero" comercial (déficit x5)

Todos sabemos lo que nos cuesta la inflación disparada por la crisis de la energía y la guerra de Ucrania. Pero quizás no sabemos lo que le cuesta al país: la factura del petróleo, el gas y las materias primas que compramos fuera se ha disparado y el déficit comercial se ha multiplicado por 5 este año. Ha pasado en toda Europa, pero somos el 2º país con más déficit comercial de la UE, tras Francia. El problema es que este “agujero” comercial hay que pagarlo y los ingresos por exportaciones (récord) y por turismo no aportan divisas suficientes. Y por ello, España ha vuelto a tener en 2022 déficit con el exterior, tras 10 años de superávit. Así que ahora, por esta crisis y este “agujero”, necesitamos financiarnos fuera (aumentar la deuda) y somos más dependientes del exterior, más vulnerables a inversores y subidas de tipos. Urge ahorrar energía, porque consumimos más gas y carburantes y casi la misma luz que antes. Y no podemos pagarlo.  

Enrique Ortega

A pesar de la actual crisis internacional, España vende más en el extranjero mes a mes: las exportaciones españolas alcanzaron los 222.961 millones de euros de enero a julio, una cifra histórica y un aumento del +24,2% sobre los 7 mismos meses de 2021. Somos el país europeo donde más crecen las exportaciones este año, por encima de la media UE (+21,4%), de Italia (+21,8%), Francia (+19,5%), Alemania (+13,2%) o Reino Unido (+19,1%), e incluso crecen más que las exportaciones de EEUU (+20,5%), China (+14,7%) o Japón (+15,8%), según los últimos datos de Comercio. Están creciendo todas las ventas españolas fuera, pero sobre todo de energía, materias primas medicamentos y productos químicos, más a América (+30,8%) que a Europa (+24,3%). Y con ello, continúa la racha de exportaciones récord, creciendo año tras año desde 2010, para contrarrestar primero la crisis y luego la pandemia, aprovechando ahora la caída del euro (-13,3% desde enero), que abarata nuestros productos fuera (un 13,3%).

Hasta aquí muy bien: las exportaciones nos ayudan a vender, crecer y mantener empleo en plena crisis internacional. Pero la otra cara de la moneda, las importaciones, llevan un camino muy preocupante: se han disparado este año, hasta los 261.485 millones de euros (enero a julio), una cifra histórica que supone un aumento del +40,2%, casi el doble de lo que crecen las exportaciones. Una factura importadora que se ha disparado por el fuerte encarecimiento de las compras exteriores de energía, materias primas y alimentos, que además hemos tenido que pagarlas en dólares más caros (el euro se ha depreciado un -13,30% frente al dólar): petróleo (35.044 millones importados, +101%), gas natural (14.241 millones, +318%), materias primas (8.377 millones, +23%), abonos (910 millones, +68%), aceites (3.265 millones, +56%), pescado (5.057 millones, +34,6%), hierro y acero (8.915 millones, +56%), papel (3.016 millones, +39%), productos químicos inorgánicos (2.185 millones, +66%), plásticos (9.862 millones, +33%), material de transporte (5.545 millones, +52%), motores (1.505 millones, +61%), ropa (15.046 millones, +30,8%) y calzado (2.280 millones importados, +38%).

Los países que se han beneficiado de estas mayores importaciones españolas son sobre todo Estados Unidos (las importaciones españolas de USA ascendieron a 20.787 millones hasta julio y crecen un +143,5%, por la fuerte compra de petróleo y gas), Brasil (5.450 millones importados, un +127%, por el petróleo, materias primas y alimentos), Emiratos Árabes (901 millones, +180%), Argelia (4.666 millones importados, +108,6%, sobre todo gas), Nigeria (5.705 millones, +104,3%, por el petróleo), Egipto (por el gas: 1.652 millones importados, +184%), Rusia (4.408 millones importados, +53,5%), China (27.201 millones importados, +52%), Taiwán (1.459 millones, +55,7%, por compras de hierro y acero, también hechas a Francia, Alemania e Italia), Vietnam (2.296 millones, +55%, por ropa y pescado), así como Turquía, Marruecos y Bangladesh, por mayores importaciones de ropa.

Este récord importador ha disparado el déficit comercial de España (la diferencia entre importaciones y exportaciones). Siempre hemos comprado fuera más de lo que vendemos, pero este “agujero comercial” se ha disparado este año, a pesar del récord de las exportaciones: el déficit comercial alcanzó los -38.534 millones de euros entre enero y julio de 2022, 5 veces más que en los siete primeros meses de 2021 (-6.995 millones) y más que en todo el año 2021 (-26.178 millones de déficit comercial). La culpa de este “agujero” comercial la tienen las compras de energía, que suponen el 80% del déficit comercial (-31.045 millones). Y por paises, la mayor parte del déficit comercial lo tenemos con China (-22.705 millones, un 44% más que el año pasado), Estados Unidos (-9.825 millones, 60 veces el déficit que teníamos el año pasado), Nigeria (-5.481 millones, el doble que en 2021), Argelia (-3.726 millones , el triple que en 2021), Rusia (-3.564 millones, más del doble que el año pasado), Brasil (-3.448 millones, el triple que en 2021), India (-2.405 millones, +35%) y Vietnam (-2006 millones déficit, el doble que el año pasado). Con el resto de Europa, España sigue teniendo superávit comercial, salvo con Alemania (-3.217 millones, déficit similar al de 2021), Paises Bajos (-1.915 millones, -16%), República Checa (-1.143 millones,+31%), Hungría (-669 millones déficit, +23%) e Irlanda (-553 millones, +42%).

Este grave problema, que se dispare el déficit comercial, lo está sufriendo toda Europa: la zona euro ha pasado de tener superávit comercial con el resto del mundo (+100.600 millones de euros en el primer semestre de 2021) a tener ahora un abultado déficit comercial (-140.400 millones de euros hasta junio). Pero España lo sufre más, porque somos un país con un déficit comercial crónico (mientras 11 países UE suelen tener superávit comercial) y porque tenemos una grave dependencia energética. De ahí que ahora, somos el 2º país con más déficit comercial de Europa (-33.500 millones en el primer semestre), sólo por detrás de Francia (-89.000 millones) y por encima del déficit comercial de Grecia (-17.600 millones), Portugal (-14.100 millones) o Italia (-13.000 millones), mientras Alemania tiene superávit (+33.200 millones), como Irlanda (36.100) y Países Bajos+28.800), según Eurostat.

La primera consecuencia económica de este problema, el disparado déficit comercial de España (por la inflación, la energía, la guerra de Ucrania y el euro débil), es que nos resta crecimiento y empleo. Hasta ahora, el crecimiento de las exportaciones (desde 1995 y sobre todo desde 2010: se han casi duplicado, pasando de 185.799 millones en 2010 a 316.609 millones en 2021) ha servido para contrarrestar las crisis interna, tanto la de 2008 como la pandemia: los empresarios intentaban vender fuera lo que no podían vender dentro. Y por eso, las exportaciones “nos han salvado dos veces”, en la crisis de 2008 y en la pandemia de  2020: cayó el crecimiento (PIB), pero habría caído más de no ser por las exportaciones (y por unas importaciones no disparadas). En 2021, el sector exterior aportó un 0,2% del 5,5% que creció España. Y en 2022, crecimos un +0,2 % en el primer trimestre gracias al sector exterior (+0,8%), porque la demanda interna cayó (-0,6%). Y en el 2º trimestre, el tirón de las importaciones ha restado al crecimiento, según el INE: crecimos un 1,1%, por la recuperación del consumo interior (+2,2%) y el sector exterior fue un lastre (restó un -1,1% al crecimiento total).

Ahora, el temor es que el sector exterior siga restando crecimiento y no ayude en la segunda mitad de 2022, provocando que España crezca muy poco o nada. Y además, el sector exterior es clave para el empleo: las exportaciones sostienen 2,5 millones de empleos en España, el 12% del empleo total (y 38 millones de empleos en toda la UE, ahora afectados). Hay que recordar que cuando se disparan las importaciones (recordemos: han crecido un +40,2%), se está creando empleo fuera de España (en China, USA, Brasil, Argelia, Nigeria, Rusia, Taiwán, Vietnam…) y no aquí. Por eso debe preocuparnos el déficit comercial.

Pero hay otro motivo de preocupación ahora, por haberse quintuplicado el déficit comercial: este “agujero” hay que taparlo, hay que financiarlo. Y lo grave es que España no tiene ahora divisas suficientes para hacerlo y ha incurrido otra vez en un déficit con el exterior: los ingresos por exportaciones y por turismo (divisas) no son suficientes para pagar la disparada factura de las importaciones. Y así, en el primer semestre de 2022, España tiene un déficit de -1.230 millones de euros con el exterior (llamado “déficit por cuenta corriente”), según el Banco de España, cuando teníamos un superávit de +2.087 millones en el primer semestre de 2021 (porque las exportaciones y el turismo ingresaban más divisas que el coste de las importaciones).

Volvemos así a un viejo problema de España, con Franco y con buena parte de la democracia: la insuficiencia de divisas para financiar las compras al extranjero, lo que nos obligaba a restringirlas y a endeudarnos para pagarlas. Sólo entre 1987 y 2011, España sufrió 26 años de déficit con el exterior (ver gráfico). Y sólo en los últimos 10 años, entre 2012 y 2021, hemos logrado tener superávit con el exterior (+17.057 millones en 2021), gracias a los sucesivos récords de ingresos por las exportaciones y el turismo. Ahora, al haberse disparado la factura de las importaciones, volvemos a las andadas, al histórico problema del déficit de España con el exterior, que reduce nuestra independencia económica, al obligarnos a endeudarnos para financiar este agujero exterior. Y nos pilla en un mal momento, porque España se ha visto obligada a aumentar su deuda externa con la pandemia: alcanzó un récord histórico en el primer trimestre de 2022, según el Banco de España: 2.341.000 millones de euros entre deuda pública (1,48 billones) y privada, 231.000 millones más de deuda externa que antes de la pandemia (diciembre 2019). Y encima, están subiendo los tipos de interés, lo que aumentará los intereses a pagar por esta abultada deuda externa.

En definitiva, que la actual crisis de inflación no sólo afecta a nuestros bolsillos (encareciendo la cesta de la compra, la luz, los carburantes y casi todo) sino que ha disparado la factura de importaciones del país (+40,2%), multiplicando por 5 el déficit comercial. Y esto va a restarnos crecimiento y empleo en España, además de obligarnos a financiar este “agujero exterior” con más deuda externa, porque no llega con las divisas que aportan las exportaciones y el turismo, lo que reduce nuestra “independencia económica” y la maniobrabilidad del Gobierno. Y una deuda que ahora tendrá más coste para el Estado y las empresas, al estar subiendo los tipos de interés.

El tema puede parecer  algo técnico pero es una cuestión clave para la economía y para todos: las importaciones se han disparado y no las podemos pagar sin grandes sacrificios para el crecimiento, el empleo y el pago de la deuda. Por eso, urge frenar la factura energética: no podemos permitírnosla. Hay que recortar el consumo de petróleo, gas y materias primas, que empobrecen a las familias y al país. Y no parece que tengamos conciencia de ello. Porque los españoles consumimos ahora más energía que antes de la invasión de Ucrania. Veamos los datos. El consumo de gasolinas ha aumentado un +14% en el primer semestre y el de gasóleos, un +3,73%, a pesar de haberse disparado los precios, según CORES. El consumo de gas natural ha aumentado otro +5,2%. Sólo el consumo de luz ha bajado, pero muy poco: -2% de enero a septiembre, según REE.

Ahora, la Comisión Europea va a aprobar un Plan para recortar el consumo de energía en Europa un 15% de media cara al invierno, un paquete de medidas que pretende reducir el consumo de gas y racionalizar el uso de la energía, que está destrozando las cuentas de los europeos y las balanzas comerciales de los paises, sobre todo de España. No se trata sólo de ahorrar para evitar cortes de suministro de energía (a empresas y familias), sino sobre todo evitar que la factura de la energía rompa las economías y el empleo. No se trata de si cada uno de nosotros puede o no pagar la luz, la calefacción o los carburantes, sino que no podemos pagarlos como país. Acuérdese del tremendo agujero del déficit comercial (x5) y sus consecuencias: nos limita y nos endeuda. Recuerden esta otra visión de la crisis, de la que no se habla.

Autonomías: más ingresos...para bajar impuestos

No hay mal que por bien no venga. Esta histórica inflación provoca también que se dispare la recaudación de impuestos: creció +22.283 millones hasta julio. Un dinero extra que no va “a la hucha de Sánchez” (como dice el PP), sino al Estado y sobre todo, a autonomías y Ayuntamientos, que reciben más de la mitad de la recaudación. Para 2023, el Gobierno les ha informado que recibirán 27.230 millones más que este año: 157.000 millones de euros, los mayores ingresos del Estado en la historia de autonomías y ayuntamientos. ¿Qué van a hacer con ellos? El Gobierno les pide que refuercen los servicios públicos, que dependen de ellos. Pero muchas autonomías y Ayuntamientos (los del PP) anuncian que bajarán  impuestos en 2023, año de elecciones regionales y locales. Curiosamente, estas autonomías, que presumen de bajos impuestos, son las que menos gastan en sanidad, educación y servicios sociales. No es casualidad. Ojo a la trampa de bajar impuestos (más a los más ricos) desatendiendo los servicios públicos.

Enrique Ortega

Hacienda está consiguiendo un récord en los ingresos tributarios en 2022: han aumentado en +22.283 millones hasta finales de julio (+18%), recaudando ya 146.235 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Una recaudación extra que tiene 3 causas: la fuerte inflación (todo es más caro y el IVA y otros impuestos que pagamos suben), hay más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos (+284.000 empleados este primer semestre y 796.000 ocupados más en el último año) y hay más actividad, tras la caída por la pandemia (la economía creció un +0,65% en el primer semestre de 2022). Se espera que la recaudación siga al alza el resto del año y Hacienda recaude unos 35.000 millones más este año.

Un dinero extra que “no va a la hucha de Sánchez”, como reitera demagógicamente el PP,  sino “a la hucha del Estado”, que tiene que pagar con estos ingresos extras los gastos públicos y los gastos extras que acarrea la crisis por la invasión de Ucrania: hasta ahora, las ayudas aprobadas cuestan 30.000 millones, cifra que seguirá aumentando hasta final de año. Y además, hay que recordar a Feijóo y los suyos que más de la mitad de la recaudación del Estado va a las autonomías y Ayuntamientos, muchos gobernados por ellos: las autonomías reciben un 50% de la recaudación total del IRPF y del IVA y el 58% de lo que se ingresa por los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol), mientras los Ayuntamientos participan también en la recaudación de tributos del Estado (más del 2% del IRPF, IVA y especiales).

Así que si el Estado recauda más este año, más de la mitad de estos ingresos extras acabarán en las arcas de autonomías y Ayuntamientos, como ya viene pasando los últimos años. Y volverá a pasar en 2023, como adelantó Hacienda a autonomías y Ayuntamientos en julio pasado: van a tener los mayores ingresos del Estado de su historia, debido a que se espera un nuevo aumento de la recaudación tributaria, por el triple efecto de la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento esperado de la economía.

Concretamente, las autonomías van a recibir 134.335 millones del Estado en 2023, lo que supone 26.130 millones más que este año (+24%). Una parte (124.292 millones, un 11% más) son ingresos a cuenta de la recaudación esperada en 2023 (el 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRP e IVA y el 58% por impuestos especiales) y el resto (10.980,6 millones) es la liquidación  por la diferencia entre lo adelantado a cuenta en 2021 y lo realmente ingresado (se liquida a los dos años). Pero además, el Gobierno va a permitir a las autonomías tener “un margen adicional de gasto” en 2023: les aumenta el déficit permitido, del -0,1% del PIB que se contemplaba en abril al -0,3% de déficit que les permite ahora, según el último Plan de Estabilidad enviado a Bruselas en julio. Eso se traduce en que podrán gastar 2.580 millones más en 2023. Al final, entre mayores ingresos y mayor déficit, las autonomías tendrán un colchón de gasto de +28.710 millones de euros en 2023.

Esto es algo que ya viene pasando en los últimos ejercicios, donde las autonomías han ido aumentando año tras año los ingresos que reciben del Estado, debido al aumento de la recaudación y a la necesidad de financiar mejor las crecientes competencias. Así, los datos de Hacienda indican que las autonomías recibirán 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) de los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Claro que eso no se debe tanto a “la vocación autonomista” del Gobierno como a la mejora de la recaudación tras la resaca de la crisis de 2008-2014, junto a las mayores demandas de las autonomías, que se quejan (con razón) de falta de recursos y de los efectos negativos (más para algunas) del actual sistema de financiación autonómica, que Rajoy prometió cambiar en 2014 (pendiente hoy).

Los Ayuntamientos también van a recibir en 2023 la mayor transferencia de fondos del Estado de su historia: 23.035 millones de euros, un 5% más que en 2022 (+ 1.100 millones), según les anticipó Hacienda en julio. La mayor parte (19.452 millones, +3%) les llegará por la entrega a cuenta de su participación en los ingresos del Estado en 2023 (2,13% del IRPF, 2,32% del IVA y 2,92% de los impuestos especiales) y el resto (3.583 millones) vendrá de la liquidación (positiva) por la diferencia entre lo adelantado a cuenta en 2021 y lo realmente ingresado (se liquida a los dos años).  Además, en los Presupuestos para 2023 habrá una partida para compensar a los Ayuntamientos de la posible liquidación negativa que salga cuando se les liquiden los ingresos de 2022. Y también, como con las autonomías, el Gobierno ha aprobado otro colchón extra a los Ayuntamientos para 2023: se les va a permitir tener un menor superávit. Si antes se les pidió ayudar a recortar el déficit público español con un superávit del +0,2%, ahora se les permite tener un +0,1%, lo que supone poner gastar otros 1.290 millones extras en 2023. En total, pues, podrán gastar 2.390 millones más.

En definitiva, que autonomías y Ayuntamientos va a tener más ingresos que nunca en 2023: +28.710 millones las regiones y +2.390 millones los municipios. Unas cifras muy importantes, si se concretan y comparan con sus Presupuestos. Así, Andalucía ingresará 4.316 millones más (11% de su gasto), la Comunidad de Madrid +2.600 millones (el 10% de su gasto), Cataluña +3.100 millones (el 8%), la Comunidad Valenciana +2.835 millones (el 11%) , Galicia +1.409 millones (9%), Canarias +1.246 millones (12%), Castilla y León +1.000 millones (8%), Aragón +879 millones (12%), Castilla la Mancha +812 millones (8%)…

¿Qué van a hacer las autonomías y Ayuntamientos con estos ingresos extras? La ministra de Hacienda les ha pedido que lo gasten en ayudas para compensar la inflación (complementando las ayudas estatales)  y en reforzar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales). Pero me temo que no lo gastarán así, por dos razones. Una, por lo que han hecho con los fondos extras recibidos del Estado para paliar la crisis de la COVID: de los 29.500 millones recibidos en 2020 (16.000 millones) y 2021 (13.500 millones), no se gastaron 3.500 millones ni en Sanidad, ni en Educación ni en gastos sociales (los destinos para los que les traspasaron el dinero), según Hacienda y la AIReF. Y tenemos otro hecho revelador: 11 autonomías recortaron el gasto en Dependencia en 2021, (sobre todo Cataluña y Canarias) “aprovechando” que el Estado central aumentó su aportación a la atención de los dependientes: aprovecharon el dinero “extra” para “hacer caja y gastar en otras cosas, a pesar de que hay 186.346 dependientes en las "listas de espera" de la Dependencia…

La otra razón que me hace temer por el destino de este dinero extra para autonomías y Ayuntamientos es el anuncio de muchos gobiernos autonómicos y municipales de que van a bajar los impuestos en 2023, curiosamente un año en que se celebran elecciones en mayo en los municipios y la mayoría de las regiones. En concreto, Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia (autonomías gobernadas por el PP),  ya han anunciado que van a bajar los impuestos autonómicos en 2023, deflactando la tarifa (descontando de los ingresos a declarar la inflación) y bajando tipos y gravámenes. Y también será la bandera de muchos alcaldes, sobre todo los del PP, Ciudadanos y Vox. Así que una parte de los ingresos extras que van a recibir del Estado (de todos nosotros) lo van a destinar a bajar impuestos en sus regiones y ciudades, no a mejorar los deteriorados servicios públicos.

Y esta política tiene dos problemas. Uno, que la bajada de impuestos acaba deteriorando los servicios públicos, ya que se reducen los ingresos de autonomías y Ayuntamientos. No es casualidad que las autonomías que menos ingresan sean también las que menos gastan en sanidad, educación y servicios sociales. Veamos los datos. De las 6 autonomías que menos ingresan por habitante (datos 2021), 5 están gobernadas por el PP : Madrid (3.823 euros ingresos por habitante), Andalucía (4.206 euros), Canarias (4.232), Murcia (4.435), Castilla y León (4.727) y Galicia (4.973 euros por habitante), que contrastan con Navarra (7.388 euros por habitante), La Rioja (5.944), País Vasco (5.732), Castilla la Mancha (5.474) o Aragón (5.326 euros por habitante). Y a su vez, estas mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) son las que menos gastan por habitante: 3.726 euros Madrid o 4.206 Andalucía frente a 7.388 Navarra, 5.944 la Rioja, 5.732 el País Vasco o 5.454 Castilla la Mancha.

Pero todavía está más clara la divergencia si miramos el gasto autonómico en sanidad educación y servicios sociales, según los últimos datos de los Directores de Servicios Sociales (2020). En sanidad, las 4 autonomías que menos gastan son Madrid (1.204 euros por habitante), Cataluña (1.251), Murcia (1.268) y Andalucía (1.278), por debajo de la media española (1.375 euros/habitante), tres de ellas autonomías que prometen seguir bajando impuestos en 2023. En gasto en educación, vuelve a estar a la cola Madrid (725 euros por habitante), seguida de Asturias (826), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866) y Castilla la Mancha (870), todas por debajo del gasto medio español (905 euros por habitante). Y en servicios sociales, el menor gasto se da en Baleares (157 euros por habitante), seguido de Canarias (243), Murcia (279), Madrid (274), Andalucía (286), País Vasco (294), Galicia (301) y Cataluña (308), todas por debajo del gasto medio (309 euros).

El otro problema que acarrea bajar impuestos como “bandera electoral” es que la medida beneficia más a los que más tienen, a los ingresos medios altos y altos, según se ha demostrado en las rebajas hechas los últimos años en Madrid, Andalucía o Murcia, como revela este estudio de los economistas fiscales. Y hay un hecho que lo corrobora: han aumentado los ricos que se empadronan en las autonomías con menos impuestos. Veamos el dato: 500 multimillonarios y 3.700 contribuyentes con un patrimonio entre 3 y 30 millones consiguen no pagar nada de impuesto de patrimonio por tener su residencia en Madrid, que por bonificar el 100% de este impuesto deja de recaudar 900 millones de euros cada año (mientras recorta médicos, centros de salud y profesores). Y también se benefician más de las rebajar en herencias y otros impuestos los contribuyentes que tienen más recursos.

Así que en los próximos meses, cuando la derecha continúe con su propuesta de bajar impuestos, más ante las elecciones de mayo, recuerde estos datos y piense en cuál es el mejor destino de los mayores ingresos: si rebajar impuestos (más a los que más tienen) o mejorar los servicios públicos, donde hay muchas autonomías que gastan poco. Y este debería ser un debate clave para las elecciones de mayo porque las autonomías son la clave para asegurar el Estado del Bienestar: son responsables del 92% del gasto sanitario público, del 85% del gasto educativo y del 73% del gasto en Dependencia. Así que si bajan impuestos e ingresan menos, los servicios públicos esenciales se van a resentir.

En paralelo a este debate sobre los futuros impuestos autonómicos y municipales, la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) sigue con su bandera de “bajar impuestos para resolver todo”, desde la subida de la luz y los carburantes a los alimentos: las grandes distribuidoras (y el PP) piden bajar el IVA de los alimentos para rebajar su precio. Así conseguirían mantener sus mayores márgenes a costa de que el Estado (no Sánchez) ingrese menos y tenga menos recursos, necesarios para financiar las ayudas necesarias para compensar la inflación y para complementar una sanidad, educación y servicios sociales muy necesitados de refuerzo.

Oponerse a bajar impuestos no es una cuestión "ideológica" (de “izquierdas”) sino "económica". Porque casi nadie dice que España tiene un serio problema de recaudación, que ingresamos menos por impuestos que la mayoría de Europa (ahora y desde hace décadas): en 2021, por ejemplo, España recaudó por importe del 43.7% del PIB, frente al 46,9% la UE-27, el 47,8% Alemania, el 48,3% Italia y el 52,8% Francia. Eso quiere decir que, si recaudáramos como el resto de europeos, España debería ingresar entre 38.562 millones más (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.660 millones más (Francia)… cada año. Para conseguirlo, tendríamos que recaudar más en todos los impuestos, reduciendo deducciones injustas en IRPF y Sociedades, con menos tipos bajos en IVA y reduciendo el fraude.

Así que si queremos ser como los demás europeos, tenemos que recaudar más, no menos. Y sólo así podremos gastar más, porque aunque tampoco se dice, España tiene menos gasto público que la mayoría de Europa: gastó el 50,6% del PIB en 2021, frente al 51,6% la UE-27, el 52,4% la zona euro, el 51,5% Alemania, el 55,5% Italia y el 59,2% Francia. Y aquí hay menos distancia porque para mantener este gasto (insisto: menor) tenemos que tener más déficit público (y más deuda) que la mayoría de Europa. O sea, que si queremos gastar más, en sanidad, educación, dependencia, gastos sociales y en modernizar la economía y el país, como parece necesario, hay que recaudar más, no menos. Y como en economía no hay milagros (“bajamos impuestos y se recauda más”), si se bajan impuestos se tendrá que gastar menos por algún lado. Madrid ya ha demostrado dónde…

En resumen, que el aumento de la recaudación puede ser una buena ocasión para financiar las necesarias ayudas frente a la inflación y para que las autonomías y Ayuntamientos refuercen los servicios públicos. Pero algunos políticos regionales y locales no deberían aprovechar estos mayores ingresos, y las elecciones de mayo, para bajar impuestos, en beneficio de los que más tienen y en perjuicio del Estado del Bienestar, que hay que reforzar y no recortar. Es nuestro seguro para el futuro, como se ha visto con la pandemia y la guerra. No lo olvidemos.