EPA marzo 2021: se pierde menos empleo

El primer trimestre se ha perdido la mitad de empleo (-137.500) que al comienzo de 2020, según la EPA conocida hoy, gracias a la mayor ocupación en el campo, Madrid y Cataluña, aunque la pandemia ha provocado ya la pérdida de 760.100 empleos (y otros tantos “salvados" en ERTES). El paro baja del 16%, gracias a que 203.400 personas han dejado de buscar trabajo, porque no podían (pandemia) o “lo veían muy negro”. Y hay 1.226.200 hogares con todos en paro, aumentan los parados de larga duración (45,66%) y más de la mitad de parados no cobran ningún subsidio. La mayor movilidad en los últimos meses ha aumentado contagios y muertes pero ha evitado una mayor caída del empleo, salvo en los jóvenes, Baleares, Extremadura y Canarias, aunque seguimos con más del doble de paro que Europa y superando el 20% en Canarias, Andalucía, Extremadura y Ceuta y Melilla. Y entre los jóvenes (39,5%). Urge un Plan de choque contra el paro antes de que lleguen las ayudas europeas.

Enrique Ortega a partir de Carpanta de Escobar

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, pero este año se han perdido la mitad de empleos que en 2020, cuando empezó a pasar factura la pandemia: -137.500 empleos perdidos frente a -285.600 en el primer trimestre de 2020, según la EPA. Eso sí, se ha perdido el empuje de los trimestres anteriores, en que aumentó el empleo (+569.700 en el tercer trimestre y +167.400 en el 4º trimestre), tras el desplome del 2º trimestre, por el confinamiento (-1.074.100). Con ello, de marzo 2020 a marzo 2021 se han perdido “sólo” -474.500 empleos y en los últimos 15 meses, el balance de la pandemia supone una pérdida de -760.100 empleos, que rompe la racha de 6 años anteriores creciendo. Pero esta pérdida encubre que hay 743.628 trabajadores “aparcados” en ERTEs, que no son parados gracias a esta herramienta, pero que pueden serlo en los próximos meses si no vuelven a trabajar.

En el primer trimestre, la pérdida de empleo ha sido muy desigual por sexo, edad, sector y región. Los hombres han perdido más empleo (-84.800) que las mujeres (-52.800) y sobre todo los jóvenes de 25 a 29 años (-43.100), mientras aumentaba el empleo entre 40 y 44 años y entre los mayores de 55 años (puede explicarse por la sanidad y la regularización empleadas de hogar). Y ha crecido el empleo en el campo (+15.800), en el sector público (+18.300), en Madrid (+40.400) y Barcelona (+33.300), mientras se perdía en el sector privado (-155.000), en los servicios (-83.400), la industria (-51.300) y la construcción (-18.500), en la Comunidad Valenciana (-40.200), Andalucía (-30.800) y Canarias (27,400), según la EPA.

En el último año (marzo 2020-marzo 2021), en el grueso de la pandemia, se han perdido -474.500 empleos, sobre todo entre los hombres (-276.200), jóvenes (-241.300 entre menores de 30 años), servicios (-344.500) e industria (-127.100), sector privado (-623.900) y en Canarias (-130.200), Comunidad Valenciana (-80.500), Cataluña (-77.300), Madrid (-39.100) y el País Vasco (-39.100 empleos). Y, curiosamente, aumentó el empleo entre las personas de 45 a 49 años (+33.200), los de más de 55 años (+101.500), los que trabajan en la agricultura (+13.200) y en la administración pública (+149.400), y los que trabajan en Castilla la Mancha (+13.200 empleos) y en Murcia (+8.100 empleos), según la EPA.

Mientras se ha seguido perdiendo empleo en el primer trimestre, sorprende que haya bajado el paro, en -65.800 personas, algo que no pasaba al comienzo del año desde 2015 (el año pasado, el paro aumentó +121.100 en el primer trimestre). Este aparente contrasentido se debe a un  dato llamativo: con la pandemia, hay menos personas que buscan trabajo, porque no han podido hacerlo (por la pandemia) o porque “lo ven muy negro”. Y al preguntarle la EPA, no se consideran ni siquiera parados: son inactivos, “desanimados”.  Ya pasaba antes, pero en el primer trimestre de 2021, la caída de activos ha sido espectacular: -203.400, lo que deja la tasa de actividad en un porcentaje estremecedor: 57,69%. A lo claro: que poco más de la mitad de adultos trabajan o buscan trabajo.

Con este panorama, el paro ha bajado a 3.653.900 personas que se consideran desempleados, -65.800 que a principios de año y +341.000 que hace un año, en marzo de 2020 (había 3.313.000 parados EPA). La caída del paro en este primer trimestre  ha sido también desigual, según la EPA de hoy: bajó más entre las mujeres (-37.900), los de edades medias (-55.300 entre 25 a 54 años) y en los servicios (-97.500), sobre todo en Andalucía (-65.808 parados), Madrid (-50.300) y Cataluña (-65.808). En cambio, aumentó el paro entre los mayores de 55 años (+10.900), la agricultura (+3.100), la industria (+1.400) y la construcción (+1.100) y en Galicia (+15.700), Castilla y León (+9.900) y el País Vasco (+9.500).

En el último año (marzo 2020-marzo 2021), en el grueso de la pandemia, el paro ha crecido en +341.000 desempleados, sobre todo entre las mujeres (+204.900), entre los que tienen de 25 a 54 años (+232.300, un 10%) y los jóvenes de 20 a 24 años (+68,700, un +18,59%), en el campo (+23.300), la industria (+18.200), la construcción (+18.600) y mucho menos en los servicios (+9.200) y, sobre todo en Cataluña (+88.100), Canarias (+57.400), Madrid (+56.800), Andalucía (+51.300), País Vasco (+25.500) y Navarra (+22.500), la autonomía donde porcentualmente más ha crecido el paro el último años (+35,5%), según la EPA. Y sólo bajó el paro en Extremadura (-9.400), Castilla la Mancha (-5.400) y Asturias (-2.100).

La tasa de paro baja del 16% y se coloca en marzo en el 15,98%, todavía muy lejos de la tasa de paro europea (6,9%) o alemana (4,5%). Y baja unas centésimas la tasa de paro de los jóvenes (menores 25 años), al 39,53% (17,2% en la UE-27). Y aparecen otros datos también muy  preocupantes. El primero, que hay 1.226.200 hogares con todos sus miembros en paro (+152.400 que hace un año). El segundo, que seguimos con 5 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa”, superior al 20%: Ceuta (28,52%), Canarias (25,42%), Andalucía (22,54%), Extremadura (22,22%) y Melilla (21,52%), que contrastan con tres autonomías que tienen una tasa de paro casi europea (10,99% el País Vasco, 11,45% Navarra y 11,90% la Rioja). Y el tercero, que aumentan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son 1.668.600, el 45,6% de los parados (40,88% en diciembre de 2020).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En febrero de 2021, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 2.359.191 desempleados: casi la mitad (49,26%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 864,5 euros de media y el resto (50,74%) cobraban un subsidio asistencial de 451,92 euros. Pero en esta cifra están incluidos los 743.628 trabajadores que están en ERTE y cobran del SEPE las tres cuartas partes de su sueldo. Así que, en realidad, sólo 1.615.563 parados cobra algún subsidio, el 44,21% de los parados que refleja la EPA de hoy. Eso significa que más de la mitad de los parados (55,79%) no cobran ninguna ayuda pública, cuando en 2019 eran sólo el 38,5%. Así que la pandemia nos ha traído más paro, pero ahora son menos los que reciben ayuda, porque muchos llevan demasiado en paro y se les ha agotado el subsidio.

Mientras, ¿qué ha pasado con el empleo en Europa por la pandemia? Eurostat publicó ayer un informe donde revela que España es el país que perdió más empleo en 2020, cinco veces más que la media: un -2,3%, frente al -0,6% en la UE-27. La caída del empleo en España con la pandemia duplicó con creces a la de Portugal y Reino Unido (-1% en ambos casos) y fue muy superior a la de Italia (-0,9%), Alemania (-0,2%) y Francia (-0,2%), mientras en Grecia aumentó ligeramente el empleo el año pasado (+0,1%). En todos los paises europeos, el empleo se mantuvo entre los 55 y 64 años y cayó sobre todo entre los jóvenes, al tener más contratos precarios (temporales y a tiempo parcial). Así, el empleo de los jóvenes (15-24 años) cayó en Europa un -0,2% en 2020, mientras se desplomaba en España, con una caída del empleo juvenil del -4,6% (de estar ocupados el 22,4% de estos jóvenes a estar sólo el 17,8% a finales de 2020), la 2ª mayor caída tras Portugal (-5,4%) y muy superior a la caída del empleo juvenil en Italia (-2%), Alemania (-0,9%) o Francia (-03%), según Eurostat.

El paro también creció mucho más en España que en el resto de Europa en 2020: +2,35% en España (del 13,78 al 16,13%), según la EPA, frente a una subida del +0,6% en la UE-27 (del 6,3 al 6,9%). Si nos ajustamos más a lo peor de la pandemia, entre febrero de 2020 y febrero de 2021, el paro en España ha aumentado un +2,5% (del 13,6 al 16,1%), más del doble que en toda Europa (+1%: del 6,5 al 7,5%). Y mucho más de lo que ha subido el paro en Alemania (+0,9%), Grecia (+0,6%), Italia o Portugal (+0,4%) y Francia (+0,3%), según Eurostat, que revela cómo Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía son las regiones europeas con más paro. Y el desempleo no ha subido más, en Europa y en España, porque una parte de los desempleados no se han animado a buscar trabajo durante la pandemia.

Este último balance europeo confirma que España ha sido el país que más ha sufrido los efectos de la pandemia en el empleo y el paro, debido a dos causas. Una, que la recesión post COVID se ha cebado más en los paises con más peso del turismo, la hostelería y los servicios. Y que nuestra estructura laboral, con el doble de contratos temporales que la media europea (25% asalariados frente al 13,2% en la UE) ha facilitado la pérdida de empleo, que podría haber sido mucho más grave de no existir los ERTEs y las ayudas públicas. Ahora, de cara a la ansiada recuperación, España debería sacar conclusiones para el futuro. Básicamente dos. Tenemos que cambiar nuestro modelo económico, para que no dependa tanto del turismo y los servicios, y mejorar nuestro mercado laboral, promoviendo contratos menos precarios, que no caigan a la primera en la próxima crisis.

El cambio de nuestro modelo económico, para que no destruyamos más empleo que el resto cuando venga otra crisis, no es algo fácil, requiere tiempo e inversiones. Y para ello, serán claves los 140.000 millones de los Fondos Europeos que vendrán en los próximos 6 años (72.700 en subvenciones y el resto créditos que habrá que devolver), para modernizar nuestra economías y dar más peso a las energías alternativas, la digitalización de la economía, la tecnología, la industria y empresas de mayor tamaño, claves para crear empleo estable.

La otra prioridad, cambiar nuestro modelo laboral, es más urgente y pasa por 3 medidas claves: simplificar la contratación (reduciendo al mínimo los contratos temporales), mantener un sistema de ERTEs temporales para afrontar futuras crisis y volcarse en políticas activas de empleo, que faciliten la formación y empleabilidad de los parados, lo que exige una reforma a fondo y más medios para modernizar las oficinas de empleo (SEPE). Medidas prometidas a Bruselas, a cambio de los Fondos europeos, pero que el Gobierno quiere pactar de aquí a final de año con los sindicatos y la patronal.

Todo para no seguir con el doble de paro que Europa, algo que llevamos arrastrando desde 1979. Pero antes de todas estas inversiones y reformas, urge un Plan de choque contra el paro, un paquete urgente de medidas y fondos para afrontar la angustia del desempleo en los grupos más afectados: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, sobre todo en las 5 regiones con más del 20% de paro (Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla) y en Baleares (por los efectos de la pandemia). Habría que pactar este Plan con las autonomías, empresarios y sindicatos, con un objetivo claro: crear empleo con urgencia y bajar la tasa de paro de estos grupos y autonomías a la media del país. Y mientras, mejorar las ayudas a los parados, porque la mitad siguen sin recibir subsidios.

La pandemia ha agravado el mayor problema que ya teníamos antes, el paro. Y debía servir para acordar la primera prioridad de la recuperación: mantener el empleo (no más despidos) y crear más puestos de trabajo cuanto antes. Deberíamos sumar esfuerzos para lograrlo. Sobre todo después de algunos datos tan preocupantes de la EPA de hoy.

 

Pandemia: UCIs llenas y vacunación desigual

Los contagios han seguido subiendo las 2 últimas semanas y llevamos 40 días de esta 4ª ola, más suave (“olita”), que podría tocar suelo pronto, al agotarse los contagios de Semana Santa. Pero hay dos motivos de preocupación: media España (8 regiones) sufre un nivel de contagios “extremo” (más de 250 casos por 100.000 habitantes) y los hospitales están saturados, sobre todo las UCIs de 9 autonomías: acumulan enfermos de la 3ª y 4ª ola, más jóvenes y con cuadros más graves por la variante británica, que supone más del 70% de los nuevos contagios. Mientras, mejora el ritmo de vacunaciones, pero hay una gran divergencia por edades: falta la 2ª dosis a un 25% de los mayores de 80 años y los de 70 a 79 tienen menos dosis completas que los demás. Habría que completar la vacunación de los mayores de 60 años y asegurar 1 dosis al resto antes de julio. Vacunar a más gente con las vacunas disponibles. Y movernos poco.

Enrique Ortega

La pandemia sigue repuntando en todo el mundo, con un nivel de contagios que ronda los 900.000 diarios, el doble que hace dos meses y el récord desde el inicio del COVID-19. En total, hoy se han contabilizado 147.194.897contagiados en 192 paises, según las estadísticas de la Universidad John Hopkins. El epicentro sigue en América (60.950.456 contagiados), pero se acerca Europa (50.702.775 contagiados), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (19.965.648), Oriente Medio (8.822.942), África (3.274.714) y Pacífico (2.336.827), según la OMS. Por países, lidera el ranking de contagios EEUU (32.077.196), pero se han disparado en la India (17.313.163, con un récord de más de 350.000 contagiados diarios) y siguen altos en Brasil (14.340.787 contagios), seguidos de lejos por Francia (5.559.121), Rusia (4.708.640), Turquía (4.629.969), Reino Unido (4.420.443), Italia (3.962.674) y España (3.468.617 contagios, 1,52 millones más que a principios de año).

Los muertos por la pandemia también crecen en todo el mundo, alcanzando unos 14.000 diarios, el nivel más alto desde hace 2 meses. En total, son ya 3.109.444 muertes por COVID-19, habiéndose alcanzado el tercer millón en los últimos tres meses, según la Universidad John Hopkins. Lideran el ranking de muertes América (1.481.263 fallecidos) y Europa (1.061.137), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (254.958), según la OMS. Y por paises, destacan EEUU (572.200 muertes), Brasil (390.597), México (214.947), India (195.023), Reino Unido (127.681), Italia (119.238), Rusia (106.017), Francia (103.017), Alemania (81.671) y España (77.591), que es el país 18º del mundo en muertos COVID (163,4 por 100.000 habitantes), por detrás de casi toda Europa, salvo Francia o Alemania.

En Europa han descendido los contagios en la mayoría de los paises, con un 80% de penetración de la variante británica y una media de 426 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Sólo tienen una baja incidencia Reino Unido (42,2 contagios por 100.000 habitantes), porque tiene vacunados ya al 60% de los adultos, Portugal (70,6 contagios por 100.000, cuando tenía 427 el 19 de febrero), Irlanda (109,5) Y Rumanía (226,7). Y les sigue España, con 235,5 contagios por 100.000 habitantes el viernes 23 de abril. Están peor  Alemania (348) e Italia (336,9) y sobre todo Francia (700 contagios por 100.000 habitantes, el doble que hace un mes), según los últimos datos de Sanidad. Y tienen un alto nivel de contagios Suecia (806), Polonia (610), Paises Bajos (618), República Checa (427), Bélgica (453), Austria (380) y Suiza (343 por 100.000 habitantes).

España lleva 40 días de aumento de contagios, desde que el 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo de 127,80 contagios/100.000 habitantes). El viernes 23 alcanzamos los 235,5 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días), tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 8 regiones en situación de “riesgo extremo” (más de 250 contagios): País Vasco (523,48), Melilla (454,78), Navarra (400,79), Madrid (398,27), Ceuta (332,53), La Rioja (270,39), Cataluña (278,43) y Aragón (266,21). Y otras 5  autonomías con “riesgo alto” (150-200 contagios): Andalucía (248,78), Cantabria (231,77), Castilla la Mancha (207,65), Castilla y León (203,68) y Asturias (167). En “riesgo medio” (50-150 contagios) están 5 regiones: Extremadura (130,73), Canarias (128,91), Galicia (96,12), Murcia (64,65) y Baleares (60). Y sólo tiene un nivel “bajo” de contagios (25-50) la Comunidad Valenciana (40 por 100.000 habitantes).

España está realizando muchas pruebas para detectar contagios (571.562 PCRs y 301.774 test de antígenos la última semana), con una media de 820 pruebas por 1.000 habitantes, que es menor en Andalucía (566), Castilla la Mancha (563) o Madrid (946) y mucho más alta en Navarra (1.222 pruebas/1.000 habitantes), País Bajo (1.177), la Rioja (1.113) o Cataluña (1.059), que detectan más contagios porque hacen más pruebas. El porcentaje  de positivos ha bajado algo (del 7,76% hace dos semanas a 7,46% el viernes 23), aunque hay 5 regiones con un “riesgo alto” (+ del 10% de pruebas positivas): Aragón (10,95%) Melilla (10,65%), Castilla la Mancha (10,14), Andalucía (10,06) y casi Madrid (9,94%). El problema sigue siendo que no se rastrean bien los contagios, por falta de personal: sólo se detectan 2 contactos por caso, cuando debían ser entre 6 y 7, según los expertos. Y además, se conoce poco el origen (su  “trazabilidad): se desconoce el origen del 34,8% de los contagios (el 64,3% en Cataluña, el 64,3% en Baleares y el 21,6 % en Madrid, frente a sólo el 8,4% de casos sin origen conocido en el País Vasco o el 10,2% en Asturias), según Sanidad.

El problema más preocupante de esta 4ª ola sigue siendo que aumentan las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs. Las hospitalizaciones han subido de 7.649 (26 marzo) a 9.989 el viernes 23 de abril, un 7,93% de camas ocupadas con enfermos COVID, un “riesgo medio” (5-10% de ocupación COVID), según Sanidad. Pero hay un “riesgo extremo” de ocupación (+15%) en Madrid (15,80%) y el País Vasco (15,77% camas ocupadas por enfermos COVID). Y un “riesgo alto” (10-15%) en Melilla (14,29%), Ceuta (13,07%) y La Rioja (10,37%). En el otro extremo, no hay problema en los hospitales de Baleares (1,81% ocupación camas COVID) y Murcia (1,89%) y un “riesgo bajo” (2-5% ocupación hospitalaria) en la Comunidad Valenciana (2%), Galicia (2,42%), Extremadura (2,89%) y Canarias (4,80%), teniendo un “riesgo medio” (5-10% ocupación) las 8 autonomías restantes.

En  las UCIs es donde más empeora la situación, pasando de 1.830 pacientes (26 marzo) a 2.297 el viernes 23 de abril, con una ocupación media del 22,8% (“riesgo alto”). Y se detecta que los pacientes COVID en las UCIS son más jóvenes  (entre 35 y 55 años) y tienen cuadros más agudos, empeoran rápido y exigen largas estancias, quizás porque la variante británica supera el 70% de los nuevos contagios (y más del 90% en 7 autonomías, según Sanidad).  Lo más preocupante son las 9 regiones con “riesgo extremo” (+25%) en la ocupación de UCIS: Madrid (44,34%), Ceuta (41,18%),  La Rioja (39,62%), Cataluña (37,61%), País Vasco (36,22%), Melilla (29,41%), Castilla y León (226,82%), Navarra (26,28%) y Aragón (25%), según Sanidad. Y otras 5 autonomías tienen “riesgo alto” en las UCIs (15-25% ocupación): Castilla la Mancha (24,18%), Asturias (21,17%), Canarias (17,40%), Andalucía (16,55%) y Cantabria (16,10%). Sólo Murcia (3,50%) tiene “normalidad” en las UCIS, mientras las 4 autonomías restantes tienen un “riesgo bajo” (5-10% ocupación).

Y al final están las muertes, que siguen bajando: en las últimas 2 semanas (9-23 de abril) se han producido 1.263 muertes por COVID-19, menos que la quincena anterior (1.318 muertes)  y  la mitad que a mediados de marzo (2.752 muertes), según Sanidad. Pero son una media de 90 muertos diarios, una barbaridad (hubo 148 muertos el miércoles 21). Esta menor cifra de fallecidos se debe a la vacunación en las residencias, que ha permitido bajar drásticamente la mortalidad: de 790 fallecidos a la semana a principios de enero a 7 muertos en la segunda  semana de abril, según Sanidad. También es clave haber vacunado a muchos mayores de 60 años. La mortalidad media es de 163,4 por 100.000 habitantes, pero hay 10 autonomías que la superan, en especial Castilla la Mancha (284,7), Castilla y León (282,3), Aragón (257,7) y Madrid (220,4 muertos/100.000 habitantes), estando a la cola de la mortalidad Canarias (32,98), Baleares (67,15), Galicia (87,7) y Cantabria (94,7).

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 22 de abril: hay 8 autonomías en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4 (Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, la Rioja, Ceuta y Melilla), más las provincias de Segovia, Guadalajara, Toledo, Palencia y Granada. En alerta 3 hay 5  autonomías: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha y Castilla y León. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están otras 5 regiones: Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia y Extremadura, más Málaga. Y queda Canarias, en alerta 2.

Ahora, todo apunta a que el ritmo de nuevos contagios será menor y que en las próximas dos semanas tocará suelo esta 4ª ola, aunque existe un riesgo por la mayor movilidad en todas las autonomías y la generalización de la variante británica, que es más contagiosa. La clave va a seguir estando en las vacunaciones, que se han acelerado en los últimos días (con varios récords de pinchazos (456.777 el miércoles 20 de abril). De momento, se han aplicado ya (datos del 22 de abril) un total de 14,2 millones de dosis (el 92% de las vacunas recibidas), que han servido para aplicar una dosis a 10.405.863 personas (el 22% de la población) y las dos dosis a 3.862.789 personas (el 8,1%) de los españoles. Vamos mejor, pero quedan 30 millones de pinchazos para cumplir el objetivo de inmunizar al 70% de españoles para finales de agosto. Son 234.375 pinchazos diarios, algo que ahora parece alcanzable.

El debate es si hay que adelantar ese objetivo y tratar de que el 70% de la población tenga pinchada una dosis a finales de junio, dado que aplicar 1 dosis de las vacunas autorizadas asegura un 70% de inmunidad. Es la apuesta que ha hecho el Reino Unido y otros paises. En España, el Consejo territorial de Sanidad acordó la semana pasada no retrasar la 2ª dosis y completarla a los que ya tienen la primera. Puede ser una buena opción para asegurar más la inmunidad de los mayores de 60 años (12.131.055 personas), pero habría que replantearse qué hacer con el resto. Y quizás sería más eficaz, a la vista de las limitaciones en la llegada de vacunas y los medios disponibles para aplicarlas, modificar la estrategia para la vacunación de los que tienen entre 25 y 60 años: intentar que todos tengan al menos una primera dosis a finales de junio, para reducir drásticamente los contagios y tener más garantías de movilidad en julio y agosto, claves para el turismo. Y ponerles la segunda dosis después, en julio y agosto, cuando ya todos tengan la primera.

Es la propuesta que hacen algunos epidemiólogos. Pero antes, hay que poner orden en el calendario de vacunación de los mayores de 60 años, los más vulnerables, que avanza de una forma desordenada, según el ritmo de llegada de las vacunas, los retrasos por las dudas sobre AstraZeneca y Janssen y la estrategia de cada autonomía. Y si no, vean el balance, con los datos de Sanidad a 22 de abril. La vacunación de los mayores de 80 años no está completada: falta inyectar la 2ª dosis al 25%. Y la vacunación de los mayores de 70 a 79 años va más retrasada (al 59% se les ha puesto 1 dosis y sólo el 4,1% tienen las 2 dosis) que la de las personas de 60 a 69 años (42% con una dosis y 5,3% con las dos dosis) y sobre todo de los que tienen entre 50 y 59 años (12,9% con una dosis y 6,2% con dos dosis), porque en estos dos grupos hay muchos trabajadores esenciales. Incluso entre las personas de 25 a 49 años (11,3% con una dosis y 4,7% con dos dosis) se ha avanzado más en completar la vacunación que con las personas de 70 a 79 años. Un sinsentido sanitario.

La prioridad sigue siendo vacunar, vacunar y vacunar, pero debería cambiarse el calendario de vacunación: centrarse los pinchazos en aplicar la 2ª dosis a todos los mayores de 80 años y completar en paralelo la vacunación de los de 70 a 79 años en mayo. Y después, intentar vacunar con 2 dosis a los de 60 a 69 años, para mediados de junio. Y debatir si deben concentrarse el resto de los esfuerzos en pinchar una dosis a todos los que tienen entre 25 y 60 años (23,7 millones de personas, un 12% con una dosis ya aplicada).

Mientras se aceleran las vacunaciones, las autonomías no deben abrir más la mano (como están haciendo) en los confinamientos, toques de queda y aforos y horarios de bares, restaurantes y comercios, al menos mientras tengamos un 23% de las camas UCIs ocupadas por enfermos COVID-19 y no se termine la vacunación de los mayores de 60 años. Eso indica que deberíamos restringir la movilidad hasta finales de junio, lo que va a resultar muy difícil si el Gobierno levanta el estado de alarma el 9 de junio y no se buscan alternativas. Estamos cansados de tantas restricciones, pero algo debíamos haber aprendido: cada vez que se “abre la mano”, se abre la llegada de otra ola de contagios y muertes, que hunden la salud la economía. Seamos sensatos y hasta que no estemos vacunados la mayoría (sólo un 22% tienen una dosis), restrinjamos los movimientos. El virus sigue ahí y, por mucha mascarilla que llevemos, contagia y mata.

Menos españoles y más inmigrantes

Este martes, los medios hablaban en portada de la Superliga mientras el INE publicaba un dato que apenas destacaban: España perdió 106.146 habitantes en 2020. La población cayó porque hubo menos nacimientos, más muertes y llegaron menos inmigrantes. Pero la culpa no es sólo de la pandemia. En la última década, la población española ha caído en 5 años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2020), porque tenemos un serio problema demográfico (pocos nacimientos y envejecimiento), que provocará que los nacidos en España pasen de 40 millones hoy a 37 millones en 2050 y 33,8 en 2070. Y sólo nos salvarán los inmigrantes, como ya está pasando: el 79% del crecimiento de la población en España entre 2000 y 2020 ha sido gracias a los inmigrantes. Esta caída de población es una grave hipoteca de futuro, para sostener el empleo, las pensiones y el Estado del Bienestar. Por eso urge un doble Pacto, para fomentar la natalidad y regular la entrada de extranjeros, a los que necesitamos. Faltan habitantes.

Enrique Ortega

El menor crecimiento de la población y su envejecimiento se dan en toda Europa, no sólo en España. La población de la UE-27 ha pasado de 440 millones en 2008 a 441 en 2013 y 447 en 2019, según Eurostat, apenas un 1,65% de crecimiento en once años (+ 7,27 millones de habitantes), en contraste con el fuerte crecimiento de la población en América, Asia y África. Esto se debe a que cada vez hay menos nacimientos (4,17 millones en 2019 frente a 4,68 millones en 2008) y más muertes, por el envejecimiento creciente de la población europea. En 2019, la tasa de fertilidad de las europeas era de 1,53 hijos por mujer (1,58 en 2008), con Francia en cabeza (1,86) y España a la cola (1,23 hijos por mujer), sólo mejor que Malta (1,14). Y al aumentar en paralelo la esperanza de vida (81,3 años en la UE-27 y 84 años en España), aumenta la mortalidad, frenando el aumento de población en Europa.

Este panorama, agravado, es el de la población en España. Baja la natalidad, por dos motivos: hay menos mujeres españolas en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la crisis de natalidad de los años 80 y principios de los 90, y tienen menos hijos (1,23 niños por mujer, la mitad que los 2,8 hijos por mujer de 1976). Y entre tanto, la mortalidad ha aumentado más, a partir de 1976 (299.007 defunciones), subiendo a 420.408 defunciones en 2015 y las 466.583 muertes que se esperan en 2020, por la COVID-19. Más muertes debido a que ha aumentado la esperanza de vida de los españoles (de 73,34 años en 1975 a 82,4 años en 2020) y con ello ha envejecido la población (el 19,58% tienen más de 65 años frente al 10,2% en 1975).

Con este panorama, la pandemia ha agravado el problema que ya teníamos con la población, porque ha aumentado la mortalidad en 2020 (50.837 muertos oficiales por COVID-10, según Sanidad), ha caído el número de nacimientos (podrían haberse reducido un -20%, a falta de datos de todo el año) y se ha reducido la entrada de inmigrantes respecto a años anteriores (11.539 frente a 343.289 en 2019), por el cierre de fronteras y las limitaciones a viajar. Estos tres factores explican que los habitantes censados en España hayan caído en 2020 en -106.146 personas (-0,2%), contabilizándose una población de 47.344.649 habitantes el 1 de enero de 2021, según el INE.

Pero esta caída de población no es un hecho aislado por la pandemia sino que es la 5ª caída de población que sufre España en la última década. Así, según los datos del INE, cayó más la población en 2012 (-135.538 habitantes), 2013 (-358.442), 2014 (-146.959) y algo menos en 2015 (-67.374) que en 2020 (-106.146). En estos años de caídas sin pandemia, lo que redujo la población fue la caída de la natalidad, el aumento de la mortalidad y, sobre todo, que llegaron menos inmigrantes, por la crisis. Y es que los inmigrantes son los que han salvado la población en España en las últimas 6 décadas. Así,  han supuesto el 40% del aumento de población total (6,8 millones de 16,9 millones) entre 1960 y 2020. Pero si concentramos el foco en este siglo, la inmigración ha sido responsable del 70% del aumento de la población española entre 2000 y 2020: de los 6,8 millones de nuevos habitantes empadronadas en estas 2 décadas, 5,3 millones nacieron fuera de España, según este interesante informe recién publicado por FEDEA.

A 1 de enero de 2021, hay censados en España 47.344.649 habitantes, de los que 41.936.827 personas son españoles (el 88,6%) y 5.407.822 extranjeros (el 11,4%). Y de esos 41,9 millones de habitantes españoles, 39.529.175 nacieron en España (94,3%) y 2.407.652 (5,7%) son personas nacidas en el extranjero y con nacionalidad española. De los “extranjeros” (5,4 millones de personas con otra nacionalidad), algo menos de un tercio son comunitarios (1.580.066) y más de dos tercios (3.827.756) son de fuera de la UE, donde se incluye ya a los británicos. Entre los “extranjeros” censados en España  destacan los marroquíes (869.661), rumanos (639.261), colombianos (290.053), británicos (280.022), italianos (256.115), chinos (228.584), venezolanos (197.615), hondureños (128.922), ecuatorianos (123.148) y búlgaros (117.265), según el INE. En 2020, a pesar de la pandemia, han aumentado los censados de Reino Unido (+17.137, para anticiparse al Brexit), Colombia (+17.003), Venezuela (+8.505), Honduras (+6.959) y Perú (+4.522), mientras cayeron los rumanos (-28.117), bolivianos (-7.994), ecuatorianos (-7.771), búlgaros (-5.108), brasileños (-3.843) y ucranianos (-3.756 censados).

En España, si quitamos los extranjeros de la UE, el porcentaje de inmigrantes baja al 7% de la población (enero 2020), por encima de la media europea (5%), por debajo de Austria (8%), Luxemburgo (9%) o Malta(10%), en línea con Alemania y Grecia (7%), por encima de Francia, Italia y Suecia (6%), Bélgica y Dinamarca (5%) o Portugal (4%) y Holanda (3%) y muy lejos del bajo porcentaje de extranjeros de la Europa del Este (1% en Polonia, Hungría o Bulgaria, por ejemplo), según el último dato de Eurostat. Al final, la mayor llegada de inmigrantes se ha producido en dos oleadas: una antigua de marroquíes y chinos y  otra más reciente (este siglo) de latinoamericanos (a los que no se les exigía el visado hasta hace poco) y rumanos y búlgaros (regularizados tras su ingreso en la UE en 2007).

En los próximos años, se va a mantener una elevada presión migratoria sobre España, según el estudio de FEDEA, debido a la alta presión demográfica en los paises origen de nuestros inmigrantes, básicamente África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de Europa del Este (por su envejecimiento). Este factor explica el 40% de la inmigración, otro 26 % la atracción de inmigrantes que ya están, un 25% son factores bilaterales fijos y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según el estudio , que estima llegarán 5,8 millones nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón del resto del mundo.

Volviendo a la población, las previsiones para las próximas décadas anticipan que la población seguirá creciendo poco en Europa y en España. Las últimas proyecciones de la Comisión Europea (junio 2020) señalan que la población europea seguirá estable, con poco crecimiento en las próximas dos décadas (449 millones de habitantes entre 2025 y 2030), para decrecer a partir de 2030 y llegar a 2070 con 424 millones de europeos (-5% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio del Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4 millones) Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población total pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE: pasará de los 47,32 millones de hoy a 49,91 en 2050 y a 50,58 millones de habitantes en 2070, 3,26 millones más en 50 años (la mitad de los 6,83 millones de habitantes ganados entre 2000 y 2020). Pero este aumento encubre un hecho: el número de españoles nacidos en España caerá drásticamente: de 40,33 millones en 2020 a 37,10 en 2050 y 33,79 millones en 2070, según el INE. Habrá 6.540.263 españoles menos dentro de 50 años. Si luego la población total no cae así es porque “nos salvarán los inmigrantes”, como en las dos últimas décadas: la población extranjera residente pasará de 5.407.822 en 2020 a 12.801.714 en 2050 y a 16.795.740 extranjeros (el 33% del total) en 2070.

Este flujo migratorio “salvará la población total en España, que no caerá gracias a los inmigrantes. Pero ojo, con extranjeros y todo, habrá 10 regiones españolas que perderán población entre 2020 y 2035, , según el INE: Castilla y León (-10% y -239.064 habitantes), Asturias (-10% y -101.436 habitantes), Extremadura (-8,3% y -88.404 habitantes),Galicia (-6,6% y -178.257 habitantes), Cantabria (-5,3%), Ceuta (-3,9%), Castilla la Mancha (-3,3% y -66.756 habitantes), País Vasco (-1,7%), Aragón (-0,9%) y la Rioja (-0,3%). O sea, que la España vaciada se va a vaciar aún más. Las restantes regiones ganan población, sólo gracias a la inmigración, en especial Baleares (+14,9% y +179.921 habitantes), Madrid (+9,1% y +614.049 habitantes), Canarias (+8,4% y +182.272 habitantes), Murcia (+6,1% y +91.512 habitantes), Cataluña (+5,4% y +414.061 habitantes), Navarra (+4,5%) y la Comunidad Valenciana (+3% y +152.724 habitantes).

La caída de población (o el bajo crecimiento) y su envejecimiento son una preocupante hipoteca para toda Europa y más para España, donde el 31,4% de la población (15,6 millones de personas) tendrá más de 65 años en 2050. Varios son los problemas a afrontar. Por un lado, habrá 3 millones menos de jóvenes en edad de trabajar: pasaremos de tener 28,8 millones de personas en edad de trabajar (20 a 64 años) en 2020 a 25,9 millones en 2050, según el INE. Y eso será un problema serio para recaudar los impuestos necesarios para sostener el Estado del Bienestar (sanidad, educación dependencia, ayudas sociales) y para ingresar las cotizaciones con las que pagar las pensiones futuras. Baste un dato: si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,65 activos por cada jubilado. Y además, al tener casi un tercio de la población mayor de 65 años en 2050 y vivir más (por encima de 85 años en 2050), subirá el gasto en sanidad y en dependencia, siendo menos a trabajar y pagar impuestos y cotizaciones.

Con este panorama, se entiende que muchos expertos consideren la población como el tercer gran problema del siglo XXI, junto al cambio climático y la revolución tecnológica. Por eso urge tomar medidas cuanto antes, a pesar de los agobios de la pandemia, porque actuar sobre la población tarda décadas en dar frutos. De ahí que dentro del paquete de reformas a medio plazo se debía hacer más hincapié en afrontar el gran reto de la población, alcanzando un doble Pacto político, económico y social: un Plan de fomento de la natalidad y un Plan para organizar los flujos de inmigración, ambos de cara a 2050.

El Plan de fomento de la natalidad debería asentarse en 4 patas. Una, establecer más ayudas a las familias para que tengan más hijos, desde ayudas directas a más guarderías y plazas públicas en educación infantil. Dos, favorecer el trabajo de la mujer (tiene más paro y peores empleos y sueldos), con planes específicos para facilitar su colocación y políticas de conciliación en las empresas, para que las mujeres no tengan que dejar de trabajar por ser madres. Tres, descargar a las mujeres de las tareas de “cuidados”, mejorando la atención a la dependencia. Y cuatro, establecer una fiscalidad de apoyo a la natalidad, mejorando las pensiones de quienes tengan hijos (Campaña “Más hijos, más pensión”) o contabilizando como tiempo cotizado los años en que las madres cuidan a sus hijos.

Y hay que pactar un Plan sobre la inmigración, a nivel europeo y en España. No existe una política migratoria y España (como los demás paises del sur) se dedican a “tapar agujeros”, mientras la opinión pública sólo ve los cayucos, que son una insignificancia mediática en el flujo migratorio: 41.094 entradas ilegales por tierra y mar en 2020 (según FRONTEX) frente a 712.734 inmigrantes que entraron en 2019, según el INE… Y el Gobierno español, como los demás, se encuentra “superado” ante este fenómeno y reacciona con “racanería”. Dos ejemplos. Uno, el stock de inmigrantes irregulares, que ha pasado de 100.000 en 2013 a 500.000 a finales de 2019, sin que se les dé una salida (en Italia o Portugal ha habido regularizaciones con la pandemia). Otro, las solicitudes de asilo: España es el 2º país de Europa con más solicitudes (88.530 en 2020), tras Alemania (102.500) y por delante de Francia (81.800), Grecia (37.900) e Italia (21.200), según Eurostat. Y en 2020 sólo se concedieron el 5% de las estudiadas, 5.758 concesiones de asilo, muy por debajo de las que concede Alemania (44%), Bélgica (35%), Italia (23%) o Francia (22%), según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Canalizar y ordenar la inmigración sería una gran ayuda para taponar la pérdida de población española y para aumentar el empleo, la recaudación y las cotizaciones. Hay que tener presente que un tercio de los inmigrantes que llegan ahora son universitarios. Y que cada inmigrante regularizado supone una media de 3.400 euros de cotizaciones, según FEDEA: regularizar a 300.000 inmigrantes supone un ingreso extra de 1.020 millones de euros anuales a la SS. Y además, la pandemia ha revelado que muchos inmigrantes realizan tareas esenciales: si un 35% de todos los trabajadores son “esenciales”, el 15% de ellos son inmigrantes. Sobre todo en la sanidad, la dependencia y los cuidados, los servicios o el transporte. Por eso, el Gobierno va a aprobar un Plan de choque para homologar los títulos de 15.000 extranjeros, que llevan esperando hasta dos años, lo que podría integrar a muchos profesionales extranjeros que nos hacen falta (médicos, enfermeras, maestros, científicos…). No hay que verlos como personas que quitan el trabajo a españoles, sino personas que ayudan a que haya más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos, que falta nos hace.

En definitiva, la pandemia ha dejado al descubierto otro problema más que ya teníamos antes: una caída de la natalidad y una pérdida de población, que irá a más en las próximas décadas, acuciando nuestros problemas de empleo, pensiones y Estado del Bienestar. Es hora de afrontarlo de una vez, sin prejuicios ideológicos contra la inmigración, que nos ha “salvado” en las últimas décadas y puede ayudarnos más si lo hacemos bien. Hay sitio para todos.

La reforma laboral que viene

Antes de finales de abril, el Gobierno enviará a Bruselas el Plan de recuperación con las inversiones para gastar los 140.000 millones de los Fondos europeos. Y un paquete de reformas que Europa exige para darnos ese dinero, sobre todo una reforma laboral, de pensiones y de impuestos. La reforma clave es la laboral, porque España tiene un serio problema de paro, doble que en Europa. Y no es de ahora: en los últimos 40 años, no hemos bajado de los 2 millones de parados (salvo de 2005 a 2007). El Gobierno propone simplificar los contratos, reducir los temporales, regular las subcontratas y plataformas digitales, mantener los ERTEs y modernizar las políticas de empleo, con un Plan de choque contra el paro juvenil (40%). Pero esta reforma será complicada, porque se quiere pactar con sindicatos, patronal, dentro del Gobierno y con Bruselas. Pero es “la llave” para la recuperación, para crear empleo estable. No podemos ser los líderes del paro de Europa, como en los últimos 40 años.

Enrique Ortega

España lleva más de 40 años con un serio problema de paro. En 1975, a la muerte de Franco, teníamos 600.000 parados y una tasa de paro del 4,7%, similar a la de Europa (4,1% la UE-10), Alemania (4,1%) o Francia (3,9%). En 1.978 superamos el millón de parados y para 1979, con dos crisis del petróleo detrás, el paro se había más que duplicado, al 10,4%, el doble ya que la UE (5,3%) y el triple que Alemania (3,3%). A partir de ahí, el paro sigue al alza, con la crisis de 1982 y la reconversión industrial, hasta un primer récord histórico en 1984: 3 millones de parados y una tasa del 21,48%, el doble que Europa (11,5%). Con el ingreso en la CEE y el fuerte crecimiento posterior, el paro baja hasta el 16,1% en 1.990. Pero hay otra crisis en 1992-93 y en 1.994 se alcanza un 2º récord histórico: 3,9 millones de parados y 24,1% de paro, frente al 10% en la CEE-12. 

Superado el bache, llega una década de “vacas gordas” y se logra un mínimo histórico de paro en 2006: 1.800.000 parados y una tasa del 8,3%, similar a la europea (7,9%). Pero en 2008 llega la gran crisis y la economía se desploma, disparando el paro hacia un tercer récord histórico: 6.202.700 parados en marzo de 2013 y una tasa de paro del 25,7%, otra vez más del doble que Europa (10,8%) y cuatro veces el paro de Alemania (5,1%). A partir de 2014 se inicia una recuperación, que baja el paro al 13,8% en 2019, más del doble que Europa. Y en 2020 llega la pandemia y sube de nuevo el paro, por encima de los 4 millones y una tasa del 16,7%, frente a 7.7% en la UE-28 y 4% en Alemania.

Así que hace ya más de 40 años que tenemos el doble de paro que Europa. Y otro dato llamativo: entre 1980 a 2020, el paro no ha bajado nunca de los 2 millones de desempleados (salvo en 2005, 2006 y 2007). ¿Qué nos pasa? Que el modelo económico español permite crear menos empleo en épocas de crecimiento y perderlo muy rápido en épocas de crisis, por varias causas: excesivo peso de los servicios (turismo, hostelería y comercio) y poca industria, mano de obra menos formada, empresas más pequeñas (demasiadas pymes), poca tecnología, innovación y exportación. Y un modelo laboral muy rígido, que no permite adaptarse a los cambios económicos.

En diciembre de 2011, al llegar Rajoy a la Moncloa, se encontró con un tsunami: 2.617.600 empleos perdidos desde 2008. Y buscó “un atajo” para afrontarlo: en mes y medio (10 febrero 2012) aprobó en solitario una polémica reforma laboral, que dejaba las manos libres a los empresarios para “limpiar plantillas” (los despidos que faltaban) y afrontar el futuro con más poder: bajaron sueldos en los nuevos contratos (“devaluación salarial) y multiplicaron los contratos temporales y a tiempo parcial, precarizando el empleo, además de reorganizar horarios y horas extras. Así se consiguió, cuando llegó en 2014 la recuperación (en España y en Europa), crear 2 millones de empleos hasta mayo de 2018, cuando Rajoy se fue.

El problema es que estos nuevos empleos, creados con la reforma laboral de Rajoy, son muy precarios y mal pagados (con salarios un 30% inferiores a los “viejos”). Y se ha agravado más la temporalidad, que se arrastra desde los años 80, cuando Felipe González introdujo los contratos temporales “para crear empleo”. Y así tenemos un mercado de trabajo “dual”, como denuncia la Comisión Europea desde hace años: un 75% de asalariados tienen un contrato fijo (mejor pagado) y un 25% tienen un contrato temporal (mal pagado), la cuarta parte por menos de un mes. Y en el caso de los jóvenes (16-25 años), el 65,5% de los que trabajan (sólo un tercio del total) tienen un contrato temporal.

La temporalidad es “el talón de Aquiles” del mercado laboral español: en conjunto, un 21,9% de todos los que trabajan en España tienen un contrato temporal, el doble que en Europa (11,9%). Y eso nos hizo muy vulnerables en la crisis de 2008 y ha vuelto a pasarnos en la recesión de la pandemia: los trabajadores temporales son los primeros que pierden su empleo, con lo que España dispara su paro en las crisis y contrata mucho en la recuperación (precario y mal pagado, lo que agrava la pobreza y la desigualdad).

Este debe ser el primer objetivo de la reforma laboral, según Bruselas, el Gobierno y la mayoría de expertos: reducir la temporalidad a niveles europeos. Y el segundo, fomentar la creación de más empleo y de más calidad, aprovechando “el tirón” de los Fondos europeos. Pero los sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral de Rajoy y defienden 3 cambios prioritarios: dar prioridad a los convenios sectoriales (mejores y donde hay más poder sindical), prorrogar los convenios caducados hasta su renovación (“ultraactividad”) y limitar el actual poder unilateral del empresario para fijar las condiciones laborales. Y la patronal pide  “no tocar” la reforma laboral de 2012 y proponen que la reforma se centre en prorrogar los ERTEs, las políticas activas de empleo y combatir el paro juvenil.

El Gobierno no quiere enfangarse en derogar o no la reforma laboral de Rajoy (aunque Podemos presiona a ello) y en su propuesta de reforma que va a enviar a Bruselas (ver texto) traza 4 frentes de actuación. El primero, simplificar los contratos, manteniendo sólo 3 tipos: contrato fijo (que debe ser “el habitual”), contrato temporal (sólo para trabajos que sean realmente temporales) y contrato de formación (para los jóvenes). Y a partir de ahí, estudiará penalizar los contratos temporales (con altas cotizaciones) y vigilará el fraude con la inspección de Trabajo: sólo el envío de tres cartas de advertencia a miles de empresas (en agosto de 2018 y 2019 y en febrero de 2021) ha permitido “regularizar” como fijos 181.574 falsos contratos temporales, según Trabajo.

El 2º frente de la reforma laboral incluye buscar nuevos instrumentos de flexibilidad que sean alternativos al despido y a la temporalidad. Se trata de aprovechar la buena experiencia de los ERTES para convertirlos en herramientas de futuro, utilizarlos cuando pase la pandemia para afrontar la crisis temporal de una empresa o la reconversión de un sector o una empresa. Se trata de crear un Fondo para ERTEs, con cotizaciones y aportación pública, para que las empresas con problemas tengan otras opciones y no se vean obligadas a despedir.

El tercer frente de la reforma laboral busca garantizar un trabajo digno, actuando en varios frentes: regulando el teletrabajo (ya se ha aprobado una Ley), regulando a los repartidores (ya se ha aprobado un decreto ley de “riders”) y otras plataformas digitales (falta), cambios en la regulación de los autónomos y modificando la normativa de las subcontratas, con el amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que dice que las subcontratas no pueden limitar los contratos que hagan a sus trabajadores al tiempo de la contrata. Y aquí se incluye otro tema polémico: modernizar los convenios. Si priman los de empresa (como ahora) o los de sector (como antes de 2012), la prórroga de los convenios caducados y el poder que se concede al empresario para fijar las condiciones laborales.

El 4º frente de la reforma laboral plantea modernizar las políticas de empleo, para que sean más eficaces: digitalizar las demandas de empleo y las ofertas, gestión individualizada de los parados para su formación, reciclaje y empleabilidad  (hoy, las oficinas de empleo sólo consiguen trabajo al 2% de los parados), modernización de las políticas de empleo y racionalización de los incentivos a la contratación (hoy un gasto poco eficaz). Y, sobre todo, reformar las oficinas de empleo (el SEPE), faltas de medios y personal.

En paralelo, el Gobierno ofrece otros dos cambios importantes. El primero, a los sindicatos y a Bruselas: reducir la alta temporalidad de la Administración pública, “dar ejemplo” recortando la alta tasa de interinos. En España, el 29% de los empleados públicos son interinos (sin contrato fijo), frente al 16% en Alemania, cuando la Comisión Europea propone que la tasa debería ser el 8%. La Administración central medio cumple, pero las autonomías tienen un 37,9% de empleos temporales. Y hay sectores donde el porcentaje de interinos es “escandaloso”: 41,9% en la sanidad pública (56% en Canarias) y 29,1% de interinos en la educación (45% en Cantabria). La idea del Gobierno es canalizar una parte de los Fondos europeos para convertir interinos en fijos, reformando antes de fin de año el Estatuto de la Función Pública, lo que afectaría a 500.000 personas.

El otro cambio laboral que prometen, para este primer semestre de 2021, es pactar con sindicatos y patronal un Plan de choque contra el paro juvenil, tratando de incorporar también ayudas y fondos europeos para el desarrollo de la Garantía Juvenil 2021-2027, que ofrece a todos los jóvenes europeos una oferta o de trabajo o de formación.

A Bruselas “le suenan bien” estas reformas propuestas, pero pide más concreción para aprobarlas (junto al resto de reformas y el paquete de inversiones) en los próximos dos meses, antes de finales de junio, como requisito previo al 2º examen, que deberán hacer los demás paises UE en otro plazo de un mes mes. Así que no nos pondrán "nota" hasta finales de julio, como pronto. Y si España aprueba los dos "exámenes", empezarían a llegarnos los primeros Fondos europeos, en agosto o septiembre, un calendario que España y varios paises quieren acortar. Pero mientras, la Comisión reclama ahora dar prioridad a 3 objetivos en la reforma laboral: reducir la temporalidad, reformar las políticas activas de empleo y atajar el altísimo paro juvenil (39,6% en febrero, frente al 17,3% en la UE-27 y el 6,1% en Alemania, según Eurostat).

Pero España le ha dicho a la Comisión que no quiere aprobar unilateralmente ahora la reforma laboral, que prefiere pactarla con sindicatos y patronal antes de finales de 2021. Así que propone acordar con Bruselas las líneas maestras y luego concretarlas en España, en las reuniones semanales que tiene con patronal y sindicatos. El acuerdo no va a ser fácil, porque hay temas muy polémicos y con posturas muy alejadas: indemnizaciones a los nuevos contratos fijos, regulación de las subcontratas, modernización de convenios y fijación de las condiciones laborales. Y hay otro frente de negociación, además de los agentes sociales y Bruselas: la negociación de la reforma dentro del propio Gobierno, entre el PSOE y Podemos, que discrepan en derogar o no la reforma laboral y dar más o menos prioridad a los temas laborales (Trabajo) o a las políticas de empleo (Economía).

Alumbrar la reforma laboral será un parto difícil, pero no queda más remedio que acertar y lograr una nueva normativa que guste a todos o al menos no disguste a nadie. Porque si la reforma laboral no convence a los empresarios, será difícil que creen más empleo de calidad cuando llegue la recuperación y los Fondos europeos. Pero si disgusta a los sindicatos, porque creen que perjudica a los trabajadores, será difícil mejorar la productividad en el trabajo, otra asignatura pendiente de España. Así que tiene que ser una reforma equilibrada y “que guste a Europa”. Por eso es difícil de lograr, aunque necesitamos una reforma laboral para dejar de ser “diferentes”, para no seguir con el doble de paro que Europa. Y para dar oportunidades a los jóvenes, que sólo tienen un escaso trabajo precario. A ello.