El despilfarro de la ropa: usar (poco) y tirar

En Navidades se dispara el gasto en ropa. Pero compramos todo el año, siguiendo una “moda rápida”, alentada por los bajos precios: comprar, usar poco, desechar y volver a comprar.  Un “circulo vicioso” que obliga a fabricar cada año 150.000 millones de prendas en el mundo, que en un 87% terminan en vertederos o se queman. Un despilfarro y un atentado medioambiental, porque fabricar ropa consume petróleo (69% son fibras sintéticas), agua, productos químicos (contaminantes) y muchos transportes, lo que genera el 10% de los gases de efecto invernadero (más que la aviación). España desecha casi 1 millón Tm. de ropa al año y sólo recicla el 12%, acabando el resto en basureros o en África, Asia y Latinoamérica. Europa obliga, en 2025, que las empresas textiles gestionen sus residuos y que todos los Ayuntamientos instalen contenedores para recoger ropa. Pero la solución no es reciclar, sino consumir menos ropa, usarla más tiempo y comprar ropa usada. Comprar por comprar mata el Planeta.

          Los contenedores de recogida de ropa, obligatorios en toda España desde el 1 de enero

El mundo está “enganchado” a la droga de comprar ropa cada vez más, sobre todo en los países ricos. Y así, la producción de ropa se duplicó entre el año 2000 y 2015 y hoy ya, cada ciudadano del Planeta consume un 60% más de prendas de ropa que hace 15 años, según la ONU. Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente son llamativos: la producción textil mundial ha pasado de 58 millones de toneladas en el año 2.000 a 109 millones en 2020. Y se prevé que alcance los 145 millones de toneladas en 2030. Lo más grave, añaden, es que el 87% de esta ropa se desecha luego y acaba en vertederos o se quema.

En los últimos años, el consumo de ropa se ha disparado en Occidente, por el auge de la llamada moda rápida (“fast fashion”), alimentada por precios cada vez más bajos (“low cost”) y diseños que se renuevan diariamente en función de los cambios en los gustos de los consumidores.  Una moda que fomenta la tendencia a “comprar, usar, desechar y volver a comprar” , incentivando a los consumidores (sobre todo jóvenes) a multiplicar sus comprar de ropa y renovar constantemente su vestuario. De hecho, en España, operadores como Primark, Lefties o Shein han ganado un 21% de clientes desde antes de la pandemia. Y su cuota de mercado ha crecido un +16% sólo en 2023. Según datos de Kantar WorldPanel, los distintos operadores que venden ropa “low cost” (Primark, Lefties, Kiabi, Shein, Zeeman o Pepco) han ganado 3 millones de compradores desde la pandemia y ya tienen una cuota de mercado superior al 20% (20,4%, frente al 12,9% en 2019).

En Europa, capa persona consume unos 26 kilos de ropa al año, según datos de la Comisión Europea. Un consumo en ascenso, como en todo el mundo occidental, que supone dos graves problemas: causa un enorme daño medioambiental al fabricarse, exportarse y venderse la ropa, y causa otro daño posterior al dejar de usarse, porque apenas se recicla y acaba en vertederos, quemándose o exportándose a los países pobres.

Veamos primero el daño medioambiental del negocio de la moda, que genera un 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, causantes del Cambio Climático, más que el transporte aéreo y marítimo juntos, según Greenpeace. Otros expertos, el Informe Global Fashion Agency, resumen así los daños medioambientales de la industria de la moda, que irán a más: emisiones de CO2 (1.715 millones de Tm en 2015 y 2.791 millones para 2030), consumo de agua (79 millones de metros cúbicos en 2015 y 118 en 2030), uso de productos químicos (en el 37% del proceso) y, sobre todo, una tremenda generación de residuos, de ropa que se tira (92 millones de Tm hoy y 148 millones en 2030).

La propia Comisión Europea hizo un cálculo, en 2022, del impacto ambiental del consumo de ropa de los europeos: consumió 400 metros cuadrados de suelo por persona al año, 9 metros cúbicos de agua, 391 kilos de materias primas y generó 270kg de CO2 por persona, lo que supone unos 121 millones de Tm de CO2 generadas por las compras de ropa de los europeos, entre el 4 y el 10% de las emisiones totales, según criterios.

La fabricación y distribución mundial de ropa generan un daño ambiental por distintas vías. En unos casos, restando tierras a otros cultivos para la producción de algodón y fibras vegetales. Pero en las últimas décadas se ha generalizado la fabricación de tejidos con fibras sintéticas (representan ya el 69% de los materiales utilizados y alcanzarán el 75% en 2030, el 85% de ellos poliéster), que se fabrican a partir del petróleo, lo que genera una parte de las emisiones. Otras provienen del transporte, desde los países de origen de gran parte de la ropa (China, Bangladesh, Vietnam, India, Camboya…) hasta las estanterías de las tiendas occidentales. Y están aumentando las emisiones derivadas del impulso de las ventas por Internet: no sólo el reparto al comprador, sino los viajes posteriores por las devoluciones: el auge de las “devoluciones gratuitas” aumentan los viajes de ida y vuelta de las prendas.

Luego está el tremendo consumo de agua para fabricar la ropa que compramos. Fabricar una simple camiseta se lleva entre 2.700 y 3.000 litros de agua, lo que bebe una persona en dos años y medio. Y hay prendas como los vaqueros que llegan a consumir 11.500 litros de agua:10.000 litros para producir el tejido (8.000 litros) y fabricarlos (2.000 litros) y 1.500 litros más en los lavados que se harán. Además, la industria textil utiliza numerosos productos químicos, que acaban contaminando ríos y aguas residuales: causa el 20% de la contaminación mundial de estas aguas. Un ejemplo son otra vez los vaqueros (ojo: se fabrican 1.000 millones al año): para fabricarlos con índigo sintético se utilizan productos químicos agresivos para fijar el tinte, además de cloro para darles el efecto desgaste.

Otro problema de la ropa para los ecosistemas es que en los primeros lavado de los tejidos sintéticos, muchas prendas liberan “micro plásticos” , que acaban en los mares y océanos, porque su pequeño tamaño impide que queden atrapados en los filtros de las depuradoras: cada año se vierten al mar más de 500.000 toneladas, según Greenpeace. Además, la fabricación de ropa también produce daños a la salud humana, porque se utilizan compuestos químicos como el formaldehído (para evitar arrugas), el antimonio, nanopartículas de plata (para neutralizar olores), plastificantes y retardantes de llama.

Y no podemos olvidar la explotación laboral que va ligada a la industria mundial de la moda “low cost”, que da trabajo a más de 300 millones de personas, sobre todo en países pobres de Asia, con larguísimas jornadas de trabajo (16 horas), salarios de miseria y muchos niños y menores trabajando en condiciones infrahumanas (se han multiplicado los incendios y muertes). Todo para que podamos comprar una camiseta barata…

Después de este enorme coste ambiental y humano para fabricar tantos millones de prendas, la mayoría de los consumidores occidentales nos las ponemos unas semanas o unos meses y al cabo del tiempo las tiramos: el 87% de las prendas que se fabrican al año en el mundo. En Europa, se generan unos 16 kilos de residuos textiles por habitante, lo que supone que se generan 6,95 millones de Tm al año de residuos textiles, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (con datos de 2020).  Datos más recientes hablan de que se desechan en Europa 5,2 millones de toneladas al año, una media de 12 kilos al año. De ellos, un 22% se recicla y el 78% restante acaba en basureros (un 80% se exporta y termina en basureros de África, Asia y Latinoamérica).

En España, la última cifra señala que se desechan unas 900.000 Tm de ropa al año, lo que supone unos 19 kilos al año por español, más que en Europa. Y reciclamos mucho menos, el 12,2%, mientras casi el 88 % de la ropa acaba en vertederos, según los datos de Moda-re, una empresa de Cáritas que se hace cargo con sus contenedores del 40% de la recogida de ropa en España (otro 16% lo recoge la ONG Humana y el resto, empresas privadas). El reciclaje de ropa en España varía mucho por regiones. Hay autonomías con más reciclaje textil, como País Vasco (24%), Navarra (16,5%), Comunidad Valenciana (16%) o Cataluña (13,9%), mientras el reciclaje es muy bajo en Extremadura (2,8%), Castilla la Mancha y Madrid (9,1%).

La estimación de los expertos en reciclaje es que un 10% de la ropa desechada en España se quema, otro 70% se exporta (a Asia, África y Oriente Medio), otro 10% se separa para generar hilaturas recicladas y sólo un 10% de la ropa en buen estado que no se usa acaba en tiendas de segunda mano. En España hay sólo unas 300 tiendas donde se vende ropa usada, frente a los miles que existen sólo en Londres o Berlín. Moda-re, la cooperativa de Cáritas tiene 170 tiendas y Humana, la ONG de origen danés tiene otras 50 tiendas.

Recientemente, las grandes cadenas de ropa tratan de “mejorar su imagen” instalando puntos de reciclaje en sus tiendas. Pero Greenpeace ha denunciado que estas prendas no se reciclan de verdad y que acaban en vertederos de Ghana, Pakistán o Chile. Durante más de un año, en 2023, hicieron un seguimiento, poniendo dispositivos en prendas dejadas para reciclar en tiendas de 11 ciudades españolas y comprobaron que estas prendas viajaron después miles de kilómetros, a 4 continentes y 11 países (Emiratos, Pakistán, Marruecos, Egipto, Camerún, India, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Rumanía y Chile). Por eso pide a los consumidores que “no caigan en la trampa del reciclaje de moda”, que provoca inmensos “vertederos” en países pobres.

Ante este desolador panorama, el Parlamento Europeo ya aprobó en 2018 una Directiva de residuos. Y en marzo de 2022, la Comisión Europea aprobó una nueva Estrategia europea para conseguir que los textiles sean "más duraderos, reutilizables y reciclables", para hacer frente a la fiebre de la “fast fashion”. Pero no se avanzó y en junio de 2023, los eurodiputados propusieron endurecer las medidas, para frenar la producción y el consumo de ropa e impulsar su reciclaje y reutilización. A partir de ahí, en marzo de 2024, el Parlamento europeo modificó la normativa de residuos con 2 medidas claves, que los países han de cumplir en 2025: introducir  sistemas de responsabilidad ampliada del fabricante (las empresas tendrán que cubrir los costes de recogida selectiva, clasificación y reciclaje) y la obligación de que todos los países de la UE recojan los residuos textiles por separado.

La primera medida que nos afecta en España es la recogida obligatoria de los residuos textiles en contenedores propios, desde el 1 de enero de 2025. Ya hay 21.000 instalados, pero sólo en grandes y medianas ciudades: ahora los tendrán que instalar todos los municipios y habrá muchos más, facilitando que al menos la mitad los gestionen ONGs (como Cáritas o Humana), una norma que ahora muchos Ayuntamientos incumplen. La segunda medida, más importante, es que las empresas de moda tendrán que gestionar (a su cargo) la ropa que no vendan o recojan, creando entidades de recogida y reciclaje, como existen para los plásticos (Ecoembes) y el vidrio (Ecovídrio). Tendrán meses para hacerlo, después de que el Gobierno apruebe antes del  verano un Decreto que lo regule. Mientras, 10 grandes firmas de moda pondrán en marcha (en abril de 2025) un proyecto piloto (“Re-Viste”), en 6 municipios de distinto tamaño, para comprobar la eficacia de distintos métodos (contenedores en calle, puntos limpios en tiendas, recogida en parroquias y Centros Comerciales).

El reciclaje de ropa es importante, pero hay que avanzar más en reducir el consumo y la producción de ropa, haciendo el proceso más sostenible para el medio ambiente y para sus trabajadores. Los expertos de la Fundación Ellen MacArthur, que trabajan para la promoción de “la economía circular” en el textil proponen 4 medidas: aumentar la durabilidad de la ropa, usar los recursos de forma más eficiente, eliminar uso tejidos con sustancias tóxicas o micro plásticos y mejorar el reciclaje textil, para lo que proponen avanzar en tejidos confeccionados con un único material, para que sea más fácil reciclarlos.

Al final, la clave está en nosotros, los consumidores: tenemos que “cambiar de hábitos”, no podemos estrenar una camiseta, un pantalón o unas zapatillas cada mes, para arrinconarlas en el armario o tirarlas después. Tenemos que aplicar “las 4 reglas”: comprar menos (no comprar por impulsos o rebajas), comprar mejor (ropa más sostenible y en tiendas de 2ª mano), utilizar más la ropa (alargar su vida) y depositarla en los contenedores señalados. Hay que acabar con este “despilfarro” de consumo de ropa, que destruye el Planeta. Toma nota: cada kilo de ropa que no compramos ni tiramos ahorra 25 kg de CO2. Piénsalo.

La sequía, una pandemia sin vacuna

España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve). Después del primer cuatrimestre más seco de nuestra historia, todo apunta a un verano cálido y seco, que tendrá un alto coste económico y social: restricciones de agua en media España, pérdida de cosechas y un encarecimiento adicional de los alimentos, sobre todo este verano, con otro récord de turistas. La situación es preocupante, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Levante, e irá a peor en el futuro, porque el Cambio Climático afectará más al sur de Europa y al Mediterráneo. Estamos ante una sequía que no es puntual y que se va a agravar, según alerta la ONU. Sufrimos una nueva pandemia, para la que no hay vacuna. La clave es afrontar juntos este reto, desde el Gobierno y las autonomías y Ayuntamientos a agricultores, industrias y consumidores, ahorrando agua, gestionándola mejor y gastando más en infraestructuras y desaladoras. El agua es clave en nuestro futuro económico y vital. Hay que salvarla.

Enrique Ortega

El calor extremo y la sequía asolan a medio mundo, como consecuencia del Cambio Climático. Y más a Europa, el continente que más se calienta: su temperatura media aumenta a una velocidad que duplica la media global. Ya en el verano de 2022, Europa sufrió el verano más caluroso desde que hay registros, según Copernicus. Y en el último quinquenio, la temperatura media europea ha subido 2,2 grados por encima de la era pre-industrial (1850-1900), generalizándose una sequía que los europeos sufren desde 2018. Y ahora, el invierno y la primavera en Europa están siendo más cálidos de lo habitual, con lo que los europeos sufriremos otro verano cálido y seco, acompañado de lluvias torrenciales.

En España, como en el resto de la Europa del sur, la situación es aún peor. Por un lado, 2022 fue el año más cálido desde que hay registros (1961), según la AEMET, y terminó con temperaturas entre 5 y 10º superiores a las habituales. Y en 2023 hemos sufrido el mes de abril más cálido de nuestra historia, según la AEMET, tras un 5º invierno consecutivo muy cálido y el 2º marzo con mayores temperaturas del siglo. Y junto a las altas temperaturas, apenas ha llovido: hemos sufrido el primer cuatrimestre más seco de la serie histórica, con 112 litros por metro cuadrado entre enero y abril, un 54% por debajo de lo normal. Y con ello, las precipitaciones en lo que llevamos de año hidrológico (desde el 1 de octubre a mediados de mayo) han caído un -27,5% sobre el año pasado.

Resultado: España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve), según la AEMET. Y eso porque los meteorólogos prevén que este verano sea “más cálido de lo normal” (otro año más), sobre todo en el este peninsular, Baleares y Canarias. Y que apenas llueva, agravando la sequía actual. Estos 2 fenómenos, el calor y la sequía, volverán a provocar más incendios forestales, ya iniciados en abril y mayo en muchas zonas de España. Con más virulencia, junto a fenómenos climáticos extremos, como el granizo y las lluvias torrenciales que han sufrido zonas del este y sur de España.

El indicador de la gravedad de la sequía la dan los pantanos, que tienen menos agua que nunca en casi 30 años (desde 1994). La semana pasada, los embalses estaban a menos de la mitad de su capacidad, al 48,2%, por debajo del 50,4% de hace un año, del 62,5% de hace 5 y del 69% de hace 10 años, según embalses.net. Pero la situación es más grave en algunas regiones: Andalucía (embalses al 27,8%, con la Cuenca del Guadalquivir al 24,18%, la del Guadalete-Barbate al 26,11%, la del Guadiana al 32,1% y la cuenca Mediterránea Andaluza al 34,41%), Murcia (embalses al 28,36%, con la cuenca del Segura al 33,3%), Castilla la Mancha (embalses al 37,5%, con la cuenca del Tajo al 59,85%), Cataluña (con los embalses al 39,69%), Cantabria (embalses al 42,96%), Aragón (embalses al 47,36%, con la cuenca del Ebro al 49,68%) y Extremadura (embalses al 49,82%).

Si los datos globales de los embalses son malos, son peores los de los embalses cuya agua se destina al uso humano y a la agricultura: están al 39,9% de su capacidad, frente al 48,3% de hace un año, el 57,4% de hace 5 y el 64,9% de capacidad hace 10 años, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Esto ha provocado ya restricciones en el suministro de agua en Andalucía y Cataluña, la región donde algunos Ayuntamientos han tenido que acudir a camiones para abastecer de agua a pequeños municipios de Barcelona y Lleida. De momento, las restricciones no afectan al consumo humano y sí a la utilización de piscinas y al riego de jardines, así como a los agricultores que usan canales de riego. Pero como no se espera que llueva y sí un verano muy caluroso, el temor es lo que puede pasar en julio y agosto, en las zonas de interior y de costa de Cataluña, Andalucía y levante, más Baleares y Canarias, ante la afluencia de turismo español y un nuevo récord de turistas extranjeros, como en 2019 (llegaron 20 millones de turistas foráneos entre julio y agosto).

El calor y la sequía no sólo ponen en riesgo el abastecimiento de agua este verano (lo sufrirán  un 10% de la población, sobre todo en zonas rurales, según los expertos), sino que aumentan también la contaminación, especialmente en las grandes ciudades, porque no hay lluvia que arrastre partículas y pólenes. España está sufriendo ya una de las primaveras más secas de las últimas décadas y eso tiene efectos negativos sobre nuestra salud: más concentración de NO2 y partículas, más riesgo de neumonías y enfermedades crónicas y más alergias (que sufren la mitad de la población), además de daños a la piel (la sequía aumenta las dermatitis). Y no olvidemos las muertes que provocan las olas de calor: en 2022 hubo 5.876 muertes provocadas por las altas temperaturas, según el Instituto de Salud Carlos III. España se ha convertido en el país europeo con más riesgo de muerte por calor extremo: 30 por cada millón de habitantes, el doble que la media UE (15), según The Lancet.

Otra grave consecuencia del calor extremo y la sequía persistente son los daños al campo, a las cosechas y a la ganadería. Ya en 2022, las pérdidas por la sequía superaron los 8.000 millones de euros, según los Jóvenes Agricultores. Y todo apunta a que las pérdidas en 2023 serán superiores, superando los 10.000 millones de euros,  después de que las indemnizaciones pagadas a los agricultores por los seguros agrarios batieran su récord histórico en 2022: 769 millones de euros (frente a una media de 534 millones pagados entre 2007 y 2016 y 695 millones anuales entre 2017 y 2021) Incluso el ministro Planas cree que la situación en el campo es ahora “más dura que en los años 90, por las elevadas temperaturas”. De momento, y pendientes de que llueva o no en mayo y junio, la situación en el campo español es muy grave: “la sequía asfixia ya al 80% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano”, dice el informe de la organización agraria COAG (11 mayo).

El informe de COAG da por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León, con el riesgo de que 3,5 millones de hectáreas queden improductivas. Están en riesgo los frutales de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, porque a la sequía se unen las restricciones al regadío. Y creen que será imposible el cultivo de arroz en Andalucía, mientras la cosecha de aceite y frutos secos en la mitad sur de España será sólo un 20% de la normal. Y la falta de pastos obliga a comprar pienso y forraje a los ganaderos, lo que agravará la situación de la cría de ovejas, cabras y vacas. Y para completar el panorama, los apicultores sufrirán su 3ª mala cosecha de miel, por falta de vegetación y floración.

Estos daños de la sequía, que se pueden agravar si no llueve en los próximos meses o si se repiten las olas de calor, nos anticipan que los alimentos se van a encarecer en los próximos meses, tras estar ya muy caros (suben un +12,9% anual, el triple que el IPC general, un +4,1%): subirán cereales, harina, patatas, arroz, aceite, frutos secos, frutas de fuera de temporada, verduras, carnes, huevos y lácteos… Y sobre todo este verano, cuando se reduzca la oferta de alimentos (por las malas cosechas) y se dispare la demanda, por el récord de turistas. Así que será difícil que baje más la inflación y los alimentos, porque la mitad de su subida se debe a la crisis climática.

También la sequía puede provocar una subida del recibo de la luz. Todavía la luz sigue “barata” (60,27 euros/kwh el viernes, frente a 145 euros el 3 de enero y 327 euros en septiembre de 2022), gracias a la mayor producción de energía renovable (eólica y solar) y a la drástica caída del precio del gas que se utiliza en las centrales térmicas (ha caído de 215,64  euros en septiembre a 25,67 euros el viernes). Pero si cambia el clima (se reduce el viento o las horas de sol) y sube el precio internacional del gas, ahora tenemos poca agua en los pantanos para producir electricidad hidroeléctrica. Los embalses de uso hidroeléctrico están mejor que los de uso humano y agrícola, pero están bajos: al 66,6% de capacidad, mejor que hace un año (55%) pero mucho peor que hace 5 años (72,7%), según la estadística de Transición Ecológica. Las cuencas que concentran las mayores centrales están mal (Ebro y Tajo) o regular (Duero), pero si persiste la sequía, se notará también en estas centrales y en la producción hidroeléctrica. En abril, el agua ha aportado sólo el 8,1% de toda la electricidad producida, según REE,  menos del 11,1% que aportó en el primer cuatrimestre, más que en 2022 (6,47%) y menos que en 2021 (11,4%). Ahora se espera un aumento del consumo eléctrico este verano (sobre todo si es caluroso y “tiramos” del aire acondicionado”), lo que podría encarecer el recibo de la luz, sobre todo se sube el precio del gas.

Como hemos visto, el calor extremo y la sequía tienen un alto coste, en el suministro de agua, las muertes, los daños a las cosechas, la subida de los alimentos y la factura de la luz. Para paliar estos daños, el Gobierno aprobó el 11 de mayo un paquete de medidas extraordinarias contra la sequía, con 2.190 millones. Una parte (784 millones) son ayudas directas a agricultores y ganaderos, más ayudas fiscales y una ampliación de la subvención a los seguros agrarios: habrá 358 millones para subvencionar entre el 50 y el 70% del coste, aunque agricultores y ganaderos aseguran poco sus negocios (sólo un 32% de la producción final agraria está asegurada). El resto del Plan (casi 1.400 millones) son inversiones en las cuencas, en desaladoras y en plantas de reciclaje de agua, además de subvenciones (57 millones) para el pago del canon del agua de los regantes.

La organización agraria COAG cree que estas ayudas son “insuficientes” y piden que se entreguen ya a los agricultores de cereal, los más afectados. Y los ecologistas de Greenpeace también las consideran “insuficientes”, además de “ir en la mala dirección”, porque refuerzan las infraestructuras hidráulicas en lugar de reducir la agricultura industrial, que es el origen del problema: es insostenible porque consume más agua de la que tenemos.

Los ecologistas culpan de los problemas del agua a una agricultura industrial sobredimensionada e insostenible medioambientalmente. Y dan un dato: el 85% del consumo total de agua en España se lo llevan los regadíos, quedando el 15% restante para el consumo particular (10%) y la industria (5%). La realidad es que el regadío no ha parado de crecer en las últimas décadas: se ha pasado de 3 millones de hectáreas en 2010 a 3.877.901 en 2021 y a 4 millones de hectáreas actualmente. Según Ecologistas en Acción, el regadío ha crecido un +64,7% en Castilla la Mancha en los últimos 25 años, un +44% en Andalucía y un +30% en Extremadura, debido al crecimiento de la agricultura “intensiva” y a que ahora se riegan cultivos “leñosos”, que antes eran de secano (olivos, viñas, frutas y cítricos). Actualmente, España (el país más seco del continente) es el país con más hectáreas de regadíos de Europa (4 millones), por delante de  Italia (2 millones), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón de hectáreas).

Lo que pasa es que España se ha convertido en “la despensa de Europa”, aumentando drásticamente la producción agrícola (y ganadera), con la ayuda del regadío: naranjas, frutas, tomates, cerdos, aceite o vino son “nuestro petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Las exportaciones españolas de alimentos han saltado de 31.497 millones de euros en 2011 a 53.304 millones en 2020 y 62.248 millones en 2022, el doble que hace una década. De hecho, somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que consume mucha agua, aunque sea cada vez más eficiente. Y a costa de la existencia de 1 millón de pozos ilegales, según Greenpeace, que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), destruyendo los acuíferos.

El 2º gran consumidor de agua es el consumo humano (10%), que bajó en los últimos años (de 165 litros por habitante y día en 2001 a 127 en 2019), pero que ahora está aumentando (de 128 a 131 litros en 2022, según AEAS-AGA), debido a un cierto “relajo” y a los bajos precios del agua para consumo (1,97 euros m3), de los más baratos de Europa. Y también tiene mucho que ver el récord de turistas: gastan entre 450 y 800 litros por día, según algunos estudios, entre 4 y 6 veces más que un consumidor habitual en España. Eso crea un grave problema de consumo, sobre todo en verano, en Canarias, Baleares, Levante, Costa del Sol y Cataluña, región donde 8 millones de turistas pernoctan en hoteles. Queda el consumo industrial (5%), un porcentaje bajo pero importante, con determinadas industrias más consumidoras de agua (químicas, textiles, industria agroalimentaria, minerales y metales, disolventes y gestión de residuos), que en general carecen de planes de reducción de consumo, también porque pagan precios bajos.  Y no olvidemos otro consumidor oculto: las pérdidas de agua en las instalaciones: cada año se pierden 700.000 litros de agua por fugas y averías (cubrirían el consumo anual de 14 millones de personas), un 20% del consumo total de agua en España, lo que exige importantes inversiones en las viejas redes de abastecimiento.

Al final, la sequía es una pandemia que está aquí, pero contra la que no tenemos “vacuna” como con la COVID-19. Y va a ir a más, según el último informe de la OMM (ONU), por la crisis climática. Eso exigiría un gran Pacto del Agua, para actuar en muchos frentes: frenar el deterioro de ríos y acuíferos, mejorar la calidad del agua, ahorrar consumos innecesarios y frenar las fugas, racionalizar los regadíos y la producción agraria, subir tarifas para reducir el consumo humano e industrial, invertir en infraestructuras, canales y desaladoras, aumentar el peso del agua reciclada y conseguir un turismo sostenible. No hay una solución mágica contra la sequía, sino miles de actuaciones y un objetivo común: salvar el agua, cada vez más escasa pero clave para la economía y la vida. A ello.

La peor sequía en 22 años

Estamos sufriendo en España  la peor sequía desde 1995, por culpa del cambio climático (menos lluvia y más calor) pero también porque somos el tercer país occidental con más “estrés” de agua (tras Italia e Israel), debido a que gastamos mucho y mal el poco agua que tenemos. Las consecuencias las vamos a notar este verano: aumento extra del 10% en las tarifas de la luz (que ya ha subido este año), encarecimiento de los alimentos (sobre todo futas, verduras y cereales), más incendios forestales (ya batimos récord desde hace 10 años) y problemas de abastecimiento en algunas zonas turísticas. Los expertos advierten que el cambio climático afecta especialmente a España y que las sequías serán cada vez más frecuentes e intensas. Por eso, urge tomar medidas, un Pacto del Agua que recorte el consumo, depure y desalinice aguas, suba tarifas e impuestos verdes y gaste más en obras hidráulicas, para afrontar las próximas sequías. Sin agua no hay futuro.



                                                                                            enrique ortega

España tiene este año un serio problema de sequía, como resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, el cambio climático, que se traduce en menos lluvia y más calor. Desde octubre a finales de junio, las lluvias acumuladas han sido un 13% menores a las de un año hidrológico medio, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y ha llovido un 75% menos de lo habitual en Galicia, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. Por otro lado, la temperatura esta primavera ha sido más alta de lo habitual (lo que favorece la evaporación del agua): la temperatura media mundial ha sido de 15,4º, la más elevada desde que se tienen datos (1965), 1,7º por encima de la media 1.981-2000, según la Organización Meteorológica Mundial. Y se espera un verano muy cálido, según la AEMET. Pero además, España tiene factores propios que agravan la sequía: erosión y desertificación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas, poca depuración de aguas residuales y escaso uso desalinizadoras más un consumo excesivo de agua, sobre todo para los regadíos, las urbanizaciones de costa y el turismo.

El resultado se ve en los pantanos, que estaban el 18 de julio al 50,46 % de su capacidad, el nivel más bajo desde 1995, cuando los pantanos estaban al 40%. Y la situación es peor en las cuencas del Segura (embalses al 23,93% de capacidad), del Júcar (al 33,60%) y del Duero (44,04%), así como en los pantanos del Guadalquivir (43,35%) y la cuenca mediterránea andaluza (42,74%). Estamos peor que en la última gran sequía, la de 2005-2008 (pantanos al 57% de capacidad), y camino de acercarnos a las dos grandes sequías del siglo XX, la de 1981-84 (pantanos al 49% de capacidad) y la de 1.992-95 (pantanos al 40% de capacidad).

Las consecuencias de esta primera gran sequía del siglo XXI las vamos a notar pronto, este mismo verano. La primera, que nos va a subir el recibo de la luz, al contarse con menos energía hidráulica (más barata) y tener que utilizar más carbón y gas natural (caros) para producir electricidad: se espera una subida extra del 10% entre julio y septiembre, según estimaciones de Meff Power. Un aumento que se sumará al 18,4% que ya ha subido la luz en el primer semestre de 2017, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y además de más cara, la luz será más “sucia”: en los 5 primeros meses del año, el sector eléctrico ha emitido un 50% más de CO2 (27 millones de TM) que el año pasado.

La segunda consecuencia de la sequía es que ha deteriorado las cosechas, tanto las de algunas frutas de primavera y verduras como las de cereales de verano. Y eso, además de hundir las cuentas de los agricultores y ganaderos (menos pastos y más gasto en piensos), que perderán 1.600 millones de euros según cálculos de UPA, encarecerá muchos alimentos este verano, en especial carnes, frutas, verduras, pastas y cereales. Y los precios subirán aún más en las zonas turísticas, donde aumentará drásticamente la demanda de comida, por el aluvión de extranjeros y españoles este verano.

La tercera consecuencia de la sequía será el aumento de los incendios forestales. Ya en los 5 primeros meses de 2017 se han producido 6.169 siniestros (un 25% más que la media), con 38.200 hectáreas quemadas, la mayor superficie en los últimos 10 años (salvo en 2012). Y los expertos advierten que este será un verano peligroso, porque España genera mucha biomasa (estamos en una zona húmeda de la fachada atlántica de Europa) que cuando se combina con sequía y altas temperaturas es un cocktail explosivo.  Y advierten que, con el cambio climático, los incendios aumentarán en los próximos años y serán cada vez de mayor tamaño, algo que se observa en los últimos 10 años (los incendios son un 25% más grandes).

Y queda una consecuencia difícil de estimar, el efecto de la sequía sobre la población, en especial sobre las zonas turísticas. El aluvión de turistas que se espera este verano (más de 20 millones de extranjeros en julio y agosto, junto a otros tantos españoles), concentrados en el Litoral mediterráneo y las islas, dispararán la demanda de agua en medio de la sequía, lo que puede causar problemas puntuales de abastecimiento. Y más en zonas como Baleares y Levante, que tienen problemas endémicos de depuración de aguas.

Así que la sequía es un problema serio, con preocupantes consecuencias. El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto-ley para paliar sus efectos, con medidas fiscales, moratoria de cuotas de la SS a agricultores y regantes afectados y subvenciones para ciertos créditos. Algunos expertos critican que el Gobierno Rajoy permita con este real decreto una mayor desregulación del mercado del agua, al autorizar que los pequeños productores se la vendan a los grandes, lo que beneficia a los regantes con más recursos, los del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena), según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y critican además que el decreto-ley de sequía (como otros anteriores) supone una “socialización de costes”, porque la exención de cotizaciones y las ayudas fiscales y crediticias no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua.

Y sobre todo, los expertos critican que el Gobierno actúe con medidas de urgencia “a golpe de sequía” y no planifique la política del agua el resto del año. Porque España tiene un problema de agua muy serio, mayor que el resto de Europa. De hecho, la OCDE acaba de alertar, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, que consume un mayor porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 paises OCDE, sólo superado por Italia e Israel (46%) y muy alejado de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía de Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos ha abierto expediente por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un  escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan al 17% de su capacidad en el Mediterráneo).

El problema clave, señalado por la OCDE y todos los expertos, es el exceso de consumo de agua en España, sobre todo para el regadío (82,1% del consumo total), porque somos el país con más superficie de riego y el segundo en porcentaje de tierras regadas (el 15%, tras Israel), seguido de los hogares, las urbanizaciones y el turismo (12,8%) y la industria (2,25%). Cara al futuro, el dilema es que este consumo crece año tras año y el agua decrece. Y con el cambio climático, que afectará más a España que al resto de Europa, será peor: para 2021 habrá un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua crecerá un 30%, según Ecologistas en Acción. Así que el colapso está asegurado.

¿Qué se puede hacer? Los expertos llevan años reclamándolo: reducir el consumo de agua y gestionar mejor la menor oferta disponible. Eso pasa, primero, por reducir los regadíos actuales (consumen el 82,1% del agua total) y además conseguir que sean más eficientes, que produzcan más con menos agua. Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales de regadío a 3-3,2 millones y no aprobar más (los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno Rajoy en 2016 autorizan 750.000 hectáreas más). En segundo lugar, hay que reducir el consumo de agua en el turismo y las urbanizaciones de costa, sobre todo en el Mediterráneo: un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y en tercer lugar, con un menor consumo de los hogares (139 litros/habitante al día), para lo que resulta clave subir las tarifas de agua, que son las octavas más baratas de Europa: 1,77 euros/m3 en 2015, mucho más barata que en Francia (3,8 euros/m3) o Alemania (5,2 euros/m3), países sin problema de sequía.

Además de recortar el consumo de agua (sobre todo para el riego y el turismo), España tiene que tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad del agua disponible, protegiendo los acuíferos (sobreexplotados y salinizados en muchas zonas) y preservando la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, cada vez más contaminadas (el 35%). Y tiene que ampliar la oferta de agua disponible, depurando más aguas residuales y utilizando al máximo las desalinizadoras. Además, hay que luchar contra las pérdidas de agua en las redes, que suponen un escandaloso 23%, renovando los viejos y deteriorados sistemas de abastecimiento.

Todo esto son medidas que cuestan dinero. Invertir en depuración de aguas residuales para cumplir con la Directiva europea costaría más de 5.000 millones de euros, a gastar en 200 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por importe de 12.000 millones de euros, para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar las reiteradas inundaciones en muchas zonas. ¿De dónde puede salir tanto dinero? De los usuarios y del Presupuesto. Las tarifas de agua para el regadío son bajas y están subvencionadas y a las familias les cuesta el agua un 0,9% de sus gastos mensuales, mucho menos que la luz o el teléfono y  por debajo del 3% que considera la ONU como el mínimo para asegurar el futuro del agua. Y en paralelo a que ellos paguen más, el Estado también tiene que gastar más en agua: España invierte en infraestructuras del agua el 0,11% del PIB, menos de la mitad que Europa (0,27% la UE-28). Somos el 2º país europeo que menos invierte en agua, tras Suecia, cuando somos el país con más sequía. Así nos va.

La sequía no es un problema aislado este año sino que ha venido para quedarse, con altibajos. Y cada vez será más preocupante. Así que todos tenemos que “ponernos las pilas” con el agua. Urge un gran Pacto del Agua, sin politiqueos ni “guerras” entre regiones, donde Gobierno, partidos, regantes, consumidores y expertos pacten medidas y costes. Y acordar subidas de tarifas y nuevos impuestos verdes, para poder pagarlo. Es algo que hay que arreglar a 20 años vista y por eso urge empezar ya. Porque sin agua no hay futuro.

Vuelve la "guerra del agua"

El Gobierno Rajoy está “en funciones”, pero hace cosas. Entre ellas, aprobar en el primer Consejo de enero los 16 Planes Hidrológicos 2016-2012, a pesar de que en septiembre, varios fueron rechazados por los nuevos gobiernos de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña, que van a denunciarlos  en  Bruselas y ante los Tribunales. Y ayer domingo, 50.000 personas se manifestaron en Amposta contra el Plan del Ebro. Rajoy reabre así la “guerra del agua” entre autonomías, que el ministro Cañete había cerrado en 2013, gracias a que el PP controlaba las autonomías enfrentadas y a que no había tanta sequía como ahora. El problema de fondo es la escasez de agua y que con el cambio climático habrá menos, mientras estos Planes fomentan los regadíos (consumen el 82% del agua) y no planifican bien el reparto del agua. Y que España, siendo el país con más déficit de agua de Europa, es el que menos invierte en infraestructuras y gestión del agua. Urge un gran Pacto del agua.
 

enrique ortega

La “guerra del agua” en España viene de lejos, desde la Edad media y antes. Pero más recientemente, saltó en 1.979, con la entrada en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, que abastece a 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería y proporciona agua a unos 80.000 agricultores. Mientras hubo agua, los enfrentamientos entre Castilla la Mancha y Levante fueron menores, pero en 1994 la “guerra del agua” estalló con virulencia, con una agria polémica entre Bono (CLM) y Lerma (C. Valenciana), donde no pudo mediar el ministro Borrell. Y los problemas siguieron latentes, mientras la ComisiónEuropea pedía a España, desde 2009, que aprobara los Planes de cuenca para gestionar mejor los ríos. Pero Zapatero no lo hizo, para evitar más enfrentamientos entre autonomías. Y en junio de 2011, Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo, señalando además que si 14 Estados europeos se habían puesto de acuerdo sobre el Danubio, aquí debería ser más fácil.

Cuando el ministro Cañete llegó al Ministerio, en diciembre de 2011, se encontró con que sólo había un Plan de cuenca (distrito fluvial de Cataluña) de los 25 que deberían haberse aprobado. Y se puso a la tarea de elaborar los Planes, empezando por los ríos menos conflictivos. En octubre de 2012, el Tribunal europeo condena a España por no tener los Planes (anunciando multas) y en noviembre, el Comisario europeo de medio ambiente visita Madrid y da otro “toque” al Gobierno: hay que aprobar ya los Planes de todos los ríos. Para hacerlo, el ministro Cañete convoca en Toledo, en enero de 2013, a los tres barones del PP implicados en la “guerra” del trasvase Tajo-Segura, Cospedal (CLM), Fabra (Valencia) y Valcárcel (Murcia) y cierra un pacto que busca contentar a todos. Y con él, aprueba, a finales de 2013, los 25 Planes hidrológicos de cuenca 2009-2015.

Pero los años han pasado y ahora tocaba aprobar el segundo ciclo de los Planes, para el periodo 2016-2021. Y el Gobierno Rajoy quería dejar el tema “atado y bien atado” antes de irse. Y sobre todo, antes de que llegaran otros partidos a las autonomías implicadas, con las elecciones de mayo 2015. Y así preparó los 16 Planes ahora aprobados por el Gobierno en funciones (12 estatales y 4 regionales que afectan a Galicia y Andalucía). La reacción de las autonomías afectadas no se ha hecho esperar. El gobierno socialista de Castilla la Mancha va a denunciar los Planes del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura ante Bruselas y ante los Tribunales, donde ya denunció este verano los dos trasvases de agua (20 Hm3 y 15 Hm3) aprobados en julio y agosto por el Gobierno Rajoy, en plena sequía. Y lo mismo hará el nuevo Gobierno catalán, después de que el presidente Puigdemont arremetiera en su investidura contra el Plan hidrológico del Ebro, otra "bandera" más del independentismo catalán.

Las autonomías afectadas por esta nueva “guerra del agua” se quejan de que el Gobierno Rajoy ha aprobado estos Planes hidrológicos sin un acuerdo previo. Por un lado, los nuevos Gobiernos autonómicos no pudieron presentar alegaciones contra estos Planes, porque el plazo para hacerlo terminó el 30 de junio y ese día fue el que se constituyó el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana y aún no habían tomado posesión los nuevos gobiernos de Castilla la Mancha (3 de julio) y Navarra (23 julio). Y se quejan de que Rajoy haya aprobado los Planes a pesar de que en el Consejo nacional del Agua, celebrado el 30 de septiembre de 2015, hubo 12 votos en contra de los Planes (76 a favor y 6 abstenciones), los de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, varias organizaciones ecologistas y una de agricultores. El voto en contra lo justificaban en que estos Planes incumplían la normativa europea (Directiva marco del Agua) en temas medioambientales (al no asegurar unos recursos suficientes para regenerar los ecosistemas de unos ríos muy contaminados), apostaban por aumentar los regadíos (750.000 hectáreas más), no regeneran los acuíferos y no aseguran la cantidad y la calidad de los suministros futuros de un agua cada vez más escaso.

A pesar de esta oposición, los Planes están ahí y ahora falta ver qué hacen Bruselas, los Tribunales y las autonomías afectadas, mientras el próximo Gobierno ha de decidir si los deroga o no. Los dos Planes más polémicos son los del Tajo y el Ebro. En el Tajo, el problema es que el río recibe un 47% menos de agua y sus pantanos están al 15% de capacidad, mientras el río está muy contaminado, razones que esgrimen en Castilla la Mancha para oponerse al trasvase de agua a Levante, lo que puede provocar nuevas “guerras” con la Comunidad Valenciana (ahora gobernada por el PSOE, como CLM) y Murcia (que sigue en manos del PP). En el Ebro, las quejas son de Cataluña (no de Aragón, de momento), que pide recibir el doble de agua para salvar el delta del Ebro, mientras se quejan de que el Plan autorice 400.000 nuevas hectáreas de regadío, que consumirán la escasa agua disponible. Ayer domingo 7 de febrero, una multitudinaria manifestación en Amposta (Tarragona) protestó contra el Plan del Ebro, exigiendo un mayor caudal para que sobreviva el ecosistema del delta.

El tema de fondo, al margen de las peleas políticas, es que el agua es un bien escaso y cada vez lo será más. En las últimas dos décadas, los aumentos de temperatura, sobre todo en primavera (cuando más debía llover) han provocado una reducción del agua de los ríos de un 14,3%, según un estudio de CEDEX. Y con el cambio climático, esta tendencia se agravará en el futuro, de tal manera que se espera que haya un 20% menos de recursos hidráulicos en 2021 que en 1990, según un estudio de Ecologistas en Acción. Y el problema es que, en paralelo, el consumo crecerá para entonces un 10%. Es decir que para 2021, el déficit de agua crecerá un 30% sobre 1990. Eso se traduce en que si ahora hay sólo una cuenca con un déficit estructural de agua (la del Segura), en las próximas décadas tendrán también déficits estructurales de agua las cuencas del Júcar, Guadiana, Guadalquivir, cuencas internas de Cataluña, Guadalete-Barbate y Cuencas mediterráneas, además de parte de las cuencas del Tajo y Ebro. O sea, la mitad de España, la mitad sureste del país.

¿Qué se puede hacer? Los expertos lo reiteran: reducir la demanda de agua (la presente y la futura) y gestionar mejor el menor agua disponible, de mala calidad. Eso pasa, primero, por actuar sobre los regadíos, que hoy suponen el 82% del consumo total de agua (el otro 18 % lo consumen el turismo, los hogares y la industria). La propuesta de Ecologistas en acción es reducir los regadíos actuales (de 4 millones de hectáreas a 3-3,2 millones) y no aprobar más (los Planes de Rajoy autorizan 750.000 hectáreas más), a la vez que se busca una mayor eficiencia en los cultivos, ahorrando agua. Además, proponen reducir el consumo de agua en el turismo y el urbanismo de costa, sobre todo en el Mediterráneo. Y apostar por un menor consumo de los hogares (137 litros por persona), más con campañas y una facturación por persona (que penalice los consumos elevados) que con subidas de tarifas: el agua es más barata en España que en Europa (1,76 e/m3 frente a 3 euros), pero los precios ya han subido mucho en poco tiempo (+26% desde 2009) y además son muy diferentes según las ciudades (desde recibos de 29,35 euros mensuales en Murcia o 23,49 euros en Barcelona a 11,82 euros en Valladolid o 11,31 euros en Zaragoza, según un estudio de Facua).

Además, España debe volcarse en invertir mucho más en infraestructuras de agua, para evitar inundaciones (se repiten cada año en los mismos sitios), asegurar los aprovisionamientos y mejorar la calidad del agua. No es de recibo que Bruselas haya vuelto a demandar a España en 2015 ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir las directivas europeas de depuración de aguas residuales. De hecho, en pleno siglo XXI, España tiene abiertos 4 expedientes en la Comisión Europea por no depurar correctamente las aguas residuales de 800 localidades de todo el país (afecta a 6millones de personas). Y el 68% de las ciudades españolas de más de 10.000 habitantes no cuentan con los sistemas de depuración terciaria que exige la Unión Europea a los países miembros desde 2015…Tercermundista.

La realidad es que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han recortado las inversiones hidráulicas desde 2007, inversiones que rondan ahora los 2.200 millones anuales. De hecho, España, que es el país europeo con más déficit hídrico, es también el país europeo (salvo Suecia) que menos invierte en infraestructuras de agua: un 0,11% del PIB frente al 0,27% de media en la UE-28 (y frente al 0,28% PIB de Francia o el 0,27% de Alemania, países donde llueve mucho más). Habría que recuperar este atraso y regenerar el patrimonio hidráulico, con importantes inversiones en infraestructuras, canalizaciones, aprovisionamientos y saneamiento. Los expertos hablan de invertir entre 10.000 y 15.000 millones en obras hidráulicas, en agua. Y en paralelo, actuar más como país contra el cambio climático (menos petróleo, carbón y gas y más renovables y ahorro de energía), la principal causa de que haya menos agua.

El agua es uno de los grandes problemas de España, como el paro, las pensiones, la educación, la pobreza  o el futuro del estado de Bienestar (sanidad, servicios sociales  y dependencia). Y asegurar que haya agua suficiente y de calidad no se resuelve con “guerras” entre autonomías, entre consumidores y agricultores. Hace falta un gran Pacto del agua, que garantice un uso racional y solidario del agua, un bien público cada vez más escaso. Y dedicar más dinero a inversiones que aseguren un mejor abastecimiento, mientras se conciencia a las familias, a las industrias y al turismo de un consumo responsable. España es el país más vulnerable de Europa a la falta de agua y lo será más en el futuro, por el cambio climático. Gestionar bien el agua debería ser un objetivo de todos, al margen de peleas políticas y localismos. Porque sin agua no hay futuro.