Pensiones: llega una reforma a medias

Todos los partidos (salvo Vox, ERC y Bildu) han acordado 20 recomendaciones para reformar las pensiones, tras casi 4 años de debate en el Pacto de Toledo. El Gobierno ya ha tomado  2 medidas en los Presupuesto 2021: revalorizar las pensiones con el IPC y cargar con 14.000 millones de gastos “impropios” que pagaba la SS. Así pretende acabar con el déficit de las pensiones en 2023. Además, promoverá los planes de pensiones de empresa, penalizará más las jubilaciones anticipadas y fomentará el trabajo después de los 67 años. Está bien, son cambios que mejorarán las cuentas de las pensiones, pero falta una reforma más profunda, para afrontar el aumento de gasto a partir de 2027, cuando se disparen las jubilaciones y bajen los trabajadores por la caída de la natalidad. No valen parches: hay que aumentar ingresos (cotizaciones e impuestos) y “atemperar” los gastos para que el sistema no estalle en 2050 (o antes). No podemos dejar el problema a nuestros hijos y nietos.

 La pandemia ha hundido aún más las cuentas de las pensiones, al reducir mucho los ingresos de la Seguridad Social (caída de cotizaciones, por los ERTEs y el paro) y aumentar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. El hecho es que la SS cerrará este año 2020 con un déficit histórico, según la última previsión del Gobierno: -45.321 millones de euros (el 4,1% del PIB), casi el triple que el “agujero” de 2019 (-16.502 millones). Un déficit que se suma a una década de “agujeros” (ver gráfico déficit SS) :  la Seguridad Social empezó perdiendo -2.433 millones en 2010, elevó el déficit por encima de -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016, 2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de déficit en 2019, a los que ahora se suman los -45.321 previstos en 2021. En total, un “agujero” acumulado de -161.963 millones de euros en estos 11 años, que se han “tapado” con deuda, aportaciones del Estado a la SS y tirando de la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero).

Lo peor es que la previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo,  era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte de Europa (Holanda, Austria, Finlandia y Suecia, más Alemania) llevan meses presionando a España para que reforme cuanto antes las pensiones. Y por ello, en junio pasado, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reinició sus trabajos, comenzados en noviembre de 2016, para pactar una nueva reforma de las pensiones, tras las reformas de 2011 (pactada por Zapatero) y la de 2013 (impuesta por Rajoy).

Finalmente, el martes 27 de octubre, la Comisión del Pacto de Toledo pactaba (con el voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y Bildu) 20 recomendaciones para la reforma de las pensiones. Las 2 primeras han sido ya incluidas por el Gobierno en los  Presupuestos 2021 presentados la semana pasada en el Congreso: la revalorización de las pensiones con el IPC y el reequilibrio financiero, gracias a que las cotizaciones van a pagar sólo las pensiones contributivas y serán los impuestos (el Presupuesto) quien cargue a medio plazo con una serie de gastos “impropios” de la Seguridad Social, estimados en 22.871 millones al año: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementos de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.14 millones), costes extras en el cálculo pensiones (788) y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto).

En consecuencia, los Presupuestos 2021 contemplan una revalorización de las pensiones del 0,9% en 2021 para los 8.861.000 pensionistas que hay en España (una subida media de 9 euros al mes) y un 1,8% de aumento para los 450.000 que cobran pensiones mínimas. El coste de esta revalorización será de 1.406 millones de euros en 2021, con lo que el gasto total en pensiones (ya son 9.765.352) será de 163.297 millones de euros el año que viene, más de un tercio (el 35,8%) de todo el gasto público en España. Un gasto que se lleva ya un 13,3% de la riqueza (PIB) y que se ha disparado en la última década, ya que en 2008 se gastaba en pensiones 98.012 millones de euros (el 8,8% del PIB) y 112.216 millones en 2011 (el 10.54% del PIB español).

La otra novedad de los Presupuestos 2021 es que se hacen cargo de parte de los “gastos impropios” de la Seguridad Social, concretamente de 13.929 millones que hasta ahora se pagaban con cotizaciones. El objetivo es seguir pagando con impuestos más gastos” impropios” cada año, hasta asumirlos todos (los 22.871 millones) en 2023. Además de esta “ayuda”, otra: los Presupuestos 2021 cargan con más de la mitad del déficit esperado de la Seguridad Social en 2021 (el 1,7% del 3% del PIB que sería el agujero), para lo que la transfieren otros 18.396 millones de euros más. Y gracias a este trasvase de fondos del Presupuesto (unos 32.000 millones en total), la Seguridad Social tendrá sólo un déficit de -15.921 millones de euros en 2021 (el 1,3% del PIB), que el Estado cubrirá con un crédito, como hizo en los últimos años. Y el objetivo es seguir tapando el agujero, cargando con más gastos en los Presupuestos, para que la SS no tenga déficit en 2023, como pide la primera de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo.

Las demás recomendaciones, tras la revalorización con el IPC y el equilibrio financiero, son menos explícitas y los políticos “se mojan menos”. Están a favor de acercar la edad de jubilación real (64 años y 6 meses) a la oficial (65 años y 10 meses en 2020), pero no dicen cómo. Defienden reconstruir la hucha de las pensiones y dificultar que los Gobiernos la utilicen, pero no detallan cómo. No son partidarios de tocar los periodos de cómputo para jubilarse (25 años en 2022), pero defienden que se puedan elegir los mejores años. Y reconocer la pensión de viudedad a los convivientes no casados legalmente. Están a favor de promover los planes de pensiones de empresa (hoy poco utilizados) y que la Seguridad Social informe a los trabajadores de la pensión que les quedará cuando se jubilen. Y piden que se cree una Agencia para gestionar la Seguridad Social.

Ahora, el Gobierno tiene que transformar estas recomendaciones en propuestas de reformas y llevarlas al Congreso. Y primera reforma será acercar la edad de jubilación real a la legal, porque es la que más ahorro conlleva: se consigue reducir el gasto en 14.400 millones anuales (1,2% del PIB) por cada año que suba la edad real (la media de los jubilados este año tenía 64,6 años, luego hay 2,4 años de margen hasta los 67 años en que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo, hay 2 vías. Una, penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 37,47 % de los jubilados este año), que ya sufren recortes del 1,65 al 2% por cada trimestre (y encima, el sistema actual penaliza menos a los que tienen pensiones más altas, algo que el Gobierno tiene que cambiar en 3 meses, por otra recomendación del Pacto de Toledo). La otra, incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde: ya se hace hoy, pero poco (un 2%, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivarlo más (4,6% anual) y hacerlo con un cheque, para “visualizarlo”.

La segunda reforma que estudia el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que hoy sólo tienen las grandes compañías, menos de 2 millones de trabajadores, con 35.000 millones en primas (frente a 75.000 los planes de pensiones individuales). Se trata de promover que se hagan planes de pensiones en muchas empresas, también en pymes, incentivándolos con más deducciones fiscales. De hecho, en los Presupuestos 2021 se bajan las aportaciones que se pueden deducir los planes de pensiones privados individuales (de 8.000 euros a 2.000) y ese ahorro se destina a subir las aportaciones con deducción a planes de empresa (de 8.000 a 10.000 euros). Un modelo que gustaría imitar es el británico, donde hay 800.000 empresas y 9,1 millones de trabajadores con planes de pensiones. Para animar el mercado, el Gobierno ha anunciado incluso que va a crear un Fondo público de pensiones de empleo, donde podrán entrar autónomos, pymes y funcionarios.

Todas estas reformas están muy bien pero son insuficientes. No basta con tapar el déficit para 2023 y esperar que la recuperación y el empleo saneen las cuentas de las pensiones. Porque hay un problema a medio plazo que es estructural: los pensionistas van a crecer exponencialmente y no podrán crecer tanto los ingresos. El problema se agravará a partir de 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1.960 y 1975. Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy hay 9,27 millones de españoles mayores de 65 años, en 2050 serán 15,67 millones, según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más (estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años).

Este doble problema demográfico (envejecimiento y caída de la natalidad y los activos) es una verdadera “bomba de relojería” para el futuro de las pensiones. Y sobre el que no entran las recomendaciones del Pacto de Toledo, quizás para obviar polémicas. Pero hay que afrontarlo con medidas estructurales, a medio plazo. Y todos los expertos apuntan que hay que actuar por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar las pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar la recaudación fiscal, lo que se puede hacer si tenemos en cuenta que recaudamos menos que la mayoría de Europa: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Una parte de estos mayores ingresos (cuando puedan subirse impuestos, a partir de 2023) deberían ir a apoyar el pago de las pensiones, al menos en los años que haga falta. Y el otro frente es actuar sobre las cotizaciones sociales, también más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen el 12,9% del PIB, frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, tres paises con los que competimos. Eso significa que si tuviéramos unas cotizaciones como la zona euro, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Podrían subirse esas cotizaciones a partir de 2023, para no dañar ahora la necesaria reconstrucción del país.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050.Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque no sean populares. Sobre todo, dos: ampliar los años de cotización que se toman para tener derecho a pensión (en 2011 se decidió subirlos de 15 a 25 años en 2022 y ahora habría que pensar en subirlos a 35 años y después a toda la vida laboral) y, si hace falta,  aumentar los años exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y habría que tener en cuenta la mayor esperanza de vida, el cobrar pensión más de 20 años, para repartir cuantías. Suena mal, pero al ritmo actual de aumento de las nuevas pensiones, será imposible pagar 15 millones de pensiones en 2050, con el empleo e ingresos previsibles hoy.

Por eso, cuando salgamos de esta pandemia y de esta recesión, habrá que plantearse otra nueva reforma de las pensiones, más profunda que la que plantea ahora el Pacto de Toledo. Europa nos va a presionar a hacerlo, porque será una de las vías para rebajar el déficit, una exigencia que nos van a recordar a partir de 2023. De hecho, ya llevan años diciendo que España tiene que ajustar su gasto en pensiones, porque creen que son “demasiado generosas”, aunque más de la mitad de los pensionistas (4,8 millones) cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las estadísticas de la SS. Pero la OCDE insiste: las nuevas pensiones españolas son más generosas que en otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Así que, deberíamos hacer una reforma más a fondo de las pensiones, en cuanto salgamos del túnel de esta pandemia, en 2023. Si no reformamos nosotros, nos impondrá la reforma Europa. Pero sobre todo, hay que hacerlo por las generaciones futuras, para evitar graves problemas a los que se jubilen dentro de 20 o 30 años. No vale “poner parches” para “tapar” el déficit de las pensiones en 2023 y no afrontar el reto demográfico posterior. No vale “el que venga detrás, que arree”. Hay que pensar en nuestros hijos y nietos.    

Empresas con beneficios récord y sueldos bajos

España lleva 5 años largos creciendo, pero el aumento del “pastel” se lo llevan más los beneficios empresariales que los sueldos, según el INE. En 2018, empresas e inversores lograron un beneficio récord (+13,7% que en 2007) y la banca ganó un 23% más. Mientras, la masa salarial fue un 9% superior a antes de la crisis, pero con 1 millón de españoles menos trabajando. Y eso, porque los salarios apenas han subido estos años de recuperación: un 2,2%, menos que la inflación. En 2019, los salarios suben algo más, pero poco. Y el Comisario europeo de Economía cree que “llega la hora de subir los salarios”. Y no sólo por justicia social, sino porque mejorar salarios es clave para mantener el consumo de las familias (y crecer) y para mejorar cotizaciones e ingresos fiscales, requisitos para salvar las pensiones y el Estado del Bienestar. En contrapartida, los trabajadores tienen que colaborar con las empresas en que España sea más productiva. Hay que “repartir la recuperación”.

enrique ortega

Hemos entrado en el 6º año de la recuperación económica y muchos españoles dicen que no lo notan. Y esto pasa porque el crecimiento de la economía, que ya produce más que antes de la crisis (1.208.248 millones de euros de PIB en 2018 frente a 1.116.225 en 2008), se ha repartido de una forma desigual entre empresas e inversores y trabajadores, según los datos del INE. Así, los beneficios empresariales y otras rentas (“excedente bruto de explotación”) pasaron de 450.170 millones en 2007 a 511.842 millones en 2018, la mejor cifra de beneficios de nuestra historia, con lo que ya ganan un 13,7% más que antes de la crisis, tras 5 años consecutivos (2014 a 2018) de aumento de beneficios. Por su parte, la remuneración de los asalariados ha crecido menos, un 9%, pasando de 522.556 millones cobrados en 2007 a los 569.686 millones de 2018. Y eso, con casi 1,1 millones menos de españoles trabajando hoy (19,4 millones) que antes de la crisis.

Al final, este desigual reparto de la recuperación económica se traduce en que las empresas han aumentado su trozo de pastel de la renta nacional, mientras los trabajadores lo han reducido: los beneficios de empresas y otras rentas han pasado de llevarse el 41,67% del PIB en 2008 al 42,36% en 2018, en tanto los asalariados perdían del 50,14% al 47,14% del PIB en 2018 (el resto del PIB se lo llevan los impuestos, que han pasado del 8,19% del PIB al 10,5% en 2018, según el avance de Contabilidad Nacional del INE).

Otras fuentes de datos van en la misma dirección. El Banco de España ha publicado que las empresas no financieras duplicaron sus beneficios en 2018 (+102,6%) mientras el sueldo medio de sus trabajadores subía un 1,5%, según la Central de Balances, una muestra representativa de 960 empresas españolas. Y el beneficio de las 35 grandes empresas del IBEX en 2018 (quitando el efecto extraordinario de tres grandes empresas) rozó los 44.800 millones, un 12% más que el año anterior. Y este beneficio permitió que las grandes empresas repartieran 28.793 millones en dividendos a sus accionistas, según BME, que recogen un 4,6% de media de rentabilidad por dividendo, superior a la que dan el resto de Bolsas europeas, Otro buen dato lo tuvo la banca, que ganó un 23% más en 2018, según la patronal AEB: 14.846 millones de euros, más del doble de lo que ganaron en 2013 (7.268 millones).

Entrando más en detalle en las cuentas de las empresas no financieras (sin banca, autónomos y empresas públicas), los datos del INE revelan que los beneficios empresariales han crecido un 62% entre 2008 y 2018: pasaron de 169.200 millones a 273.800 millones, aumentando en 104.565 millones. Una quinta parte de este beneficio (60.200 millones en 2018) lo destinaron las empresas a pagar dividendos a sus accionistas y el resto (213.600 millones en 2018) a hacer inversiones (189.500 millones) y a reducir deuda con los bancos (las empresas se han quitado 370.000 millones de deuda sólo entre 2009 y 2017).

Pero estas empresas, con beneficios históricos, han sido “rácanas” con sus trabajadores: les han pagado una remuneración total (sueldos y cotizaciones) de 374.700 millones de euros en 2018, sólo 3.540 millones más que en 2008 (+0,94%). O sea que mientras sus beneficios crecían un 62%, el pago a sus trabajadores ha crecido un 0,94%, según los datos de Contabilidad Nacional del INE. Y como la inflación subió un 14,3% entre 2008 y 2018, pues en realidad, los trabajadores han perdido un 13,2% de poder adquisitivo. Por eso, el 70% de los españoles dicen que “no notan la recuperación”, según el informe FOESSA.

Ahí está el problema. Es bueno que las empresas mejoren sus beneficios, porque así pueden invertir y crear empleo, pero no a costa de una “devaluación salarial”, de mejorar su margen a costa de salarios bajos y empleos precarios .Los datos son muy claros. Por un lado, los aumentos salariales en convenio. Si en 2008, los sueldos de convenio aumentaron un 3,6%, en 2012 (tras la reforma laboral de Rajoy) ya sólo subieron un 1% y luego menos, en 2013 (+0,53%), 2014 (+0,50%), 2015 (+0,69%) y 2016 (+0,99%), para subir algo más en 2017 (+1,46%) y 2018 (+1,77%), según Trabajo. Esto da una subida salarial en convenios del 16,25% entre 2008 y 2018, sólo ligeramente por encima de la inflación  (+14,3%).

Pero estas subidas de convenios no son las reales, porque afectan sólo a dos tercios de los asalariados (9,9 millones firmaron un convenio en 2018) y los demás no están incluidos, básicamente pymes y microempresas donde la subida salarial ha sido menor estos años. Lo indica la Encuesta de costes laborales del INE, que señala un aumento del coste laboral global del +0,9% en 2018 (frente a una subida en convenios del 1,77%). Según esta Encuesta, el coste salarial por trabajador ha pasado de 1.824,91 euros en 2008 a 1.926,25 en 2018: se pagan 101,34 euros más al año, un 5,5% más que en 2008 (y la inflación subió un 14,3%). Y si tomamos sólo los años de la recuperación (2014 a 2018), el coste salarial de las empresas ha subido un +2,2% (de 1.883,32 a 1.926,25 euros anuales), menos que la inflación.

Pero este dato salarial es también un cierto “espejismo”, porque lo importante es lo que pagan las empresas por hora trabajada. Porque la estrategia empresarial ante la crisis ha sido doble: quitarse trabajadores (3,8 millones entre 2007 y 2014) y ajustar el tiempo de trabajo, pagando menos horas y forzando “una mayor rotación de los trabajadores, concentrándolos en las semanas, días y horas que las empresas necesitan”, según detalla el último informe trimestral del Banco de España. El resultado es que ahora, los trabajadores hacen menos horas (127,4 horas efectivas al mes a finales de 2018, frente a 136 en 2008: 5,6 horas menos al mes de media, según el INE) y encima casi la mitad de las horas extras no las cobran (el 46% en 2018, según la EPA). Con esta estrategia, el pago por hora de trabajo apenas ha subido un 10,27% en diez años: de 13,62 euros la hora en 2008 a 15,02 euros en 2018, según la última Encuesta de coste laboral del INE. Menos que la inflación (+14,3%) y bastante menos que el aumento de los beneficios empresariales esos años (+63%).

Este ajuste del coste salarial ha sido utilizado por las empresas para competir fuera, porque los sueldos en España han subido menos que en Europa con la recuperación. Ya eran antes más bajos (14,45 euros/hora en España en 2008, un 13,5% menos que los 16,70 euros por hora de la UE-28, según Eurostat), pero ahora, tras la “devaluación salarial” impuesta, están aún más lejos: en 2018, los 15,9 euros por hora que se pagaron en España eran ya un 24% menor que los 20,90 euros por hora que se pagaron en la UE-28, un 34% más bajos que en Francia (26,91 euros/hora) y un 41% más bajos que el pago por hora en Alemania (26,91 euros), según una reciente estadística de Eurostat. O sea que España era “la China” de Europa antes de la crisis y ahora lo somos más. Y además, somos el país europeo de la OCDE con más “trabajadores pobres” (que ganan menos del 50% del salario medio): un 14,8%, frente al 8,2% de media, el 7,1% en Francia  y el 3,7% en Alemania.

Ahora, en 2019, los salarios están subiendo algo más, un +2,2% en los convenios firmados hasta marzo, según Trabajo, aunque habrá que esperar los datos globales del INE. Esta ligera mejora es fruto del pacto salarial firmado el 6 de julio de 2018 entre sindicatos y patronal, para 3 años, que contempla una subida anual del 2% más un 1% adicional si hay mejoras de la productividad. Y además, el compromiso empresarial de subir el salario mínimo en convenio a 1.000 euros mensuales en 2020. Es un avance importante, pero los sindicatos ya han denunciado que tropiezan con muchas empresas reacias a subir incluso el 2% inicialmente pactado (un 1,2% “se lo comerá” la inflación prevista para 2019).

Visto el balance de la recuperación económica, donde las empresas han recuperado con creces sus beneficios gracias al paro y al sacrificio salarial de los trabajadores, crece la opinión de que ahora deben subir más los salarios. Lo acaba de decir la Comisión Europea, a través de su Comisario de Economía: “Cuando un país ha hecho grandes sacrificios, llega un momento en que la gente reclama una recompensa. Y llega la hora de subir los salarios”, decía Pierre Moscovici en El País. Una petición que no se justifica sólo por razones de justicia social, sino también por razones económicas: subir más los salarios es clave para que las familias puedan mantener su consumo, que es ahora, junto a la construcción, el motor del crecimiento y del empleo (menores en 2019), al haberse “enfriado ”las exportaciones y el turismo (por el deterioro económico europeo e internacional). Y además, solo con mejores salarios podrán recuperarse las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de impuestos, claves para salvar las pensiones y el Estado del Bienestar.

Habría que defender que los trabajadores disfruten más de la recuperación, con empleos más estables y mejores sueldos, acercándolos a Europa. Esto obliga a buscar  un gran Pacto social, donde las empresas se comprometan a aumentar el empleo “decente” y los sueldos, a cambio de que sindicatos y trabajadores se comprometan a aumentar la productividad laboral, para producir más y con más valor añadido. Eso sabiendo que para que España mejore la productividad no basta con que los trabajadores sean más eficientes, sino que hay que resolver varios problemas estructurales que nos hacen ser menos competitivos (ver este Blog)que los grandes paises europeos: baja tecnología e innovación (gastamos en Ciencia un 1,2% frente al 2,06% la UE-28), exceso de pymes y escasez de grandes empresas más eficientes (habría que facilitar las fusiones), poca industria y demasiados servicios (no podemos ser “un país de bares y tiendas”), poca formación de ocupados y parados (mientras las empresas no encuentran trabajadores para cubrir muchos empleos), demasiada precariedad laboral (un trabajador temporal o por horas está “poco motivado” y “rinde” menos) y un modelo empresarial demasiado autoritario y que favorece poco el trabajo en equipo (más eficiente), junto a mayores costes energéticos y financieros, excesiva burocracia y mucha dispersión normativa entre autonomías.

Se trata de crecer pero con todos (“crecimiento inclusivo”), consiguiendo que la mayoría de españoles se beneficien de la recuperación, vía empleo y salarios dignos, no sólo las empresas y la banca multiplicando sus beneficios y dividendos. Es un mensaje que antes lanzaba “la izquierda” pero que ahora reiteran la Comisión Europea, la OCDE y el FMI: los grandes defensores de la austeridad y los ajustes durante la crisis defienden ahora “repartir” el crecimiento, porque saben que es la clave para seguir creciendo de forma estable y para frenar la incertidumbre y la contestación social que alimentan los populismos y extremismos en medio mundo, poniendo en peligro las instituciones y la democracia. Un gran reto que debía ser una de las grandes prioridades del próximo Gobierno. Pacten “repartir mejor la recuperación”: conseguiremos crecer más y un país socialmente más justo.

Más autónomos...por necesidad y pocos años

En 2019 siguen aumentando los autónomos, como desde 2014, por el incentivo de cotizar sólo la tarifa plana (50 euros), creada por Rajoy para bajar las cifras del paro, a costa de 3.200 millones más de agujero para la Seguridad Social. Pero 2 de cada 3 autónomos confiesan que son autónomos “por necesidad” y el 85% de los que aprovecharon la tarifa plana han cerrado su negocio. Y todo porque la mayoría de emprendedores lo inician sin un plan de negocio, sin formación y sin financiación, muchos con el dinero de cobrar el paro de una vez. Y por eso, la mitad cierra a los 3 años y a los 5 años sólo sobreviven el 39% de autónomos. Urge “desinflar” entre los jóvenes el “espejismo” del emprendimiento como salida al paro, profesionalizar a los autónomos y mejorar su cotización, paro y financiación. Que no les engañen: el grueso del empleo estable lo crean las empresas medianas y grandes, no montar “un chiringuito” para sobrevivir.

enrique ortega

A finales de marzo de 2019 había en España 3.254.078 autónomos afiliados a la Seguridad Social, 236.272 más sobre la cifra más baja de autónomos durante la crisis (2.997.806 en febrero de 2013), aunque todavía son menos de los autónomos que había antes de la crisis (3.383.685 en 2008, el máximo anual). La cifra de afiliados ha ido creciendo año tras año desde 2014 y aumentó en 34.488 autónomos en 2018 y otros  8.529 en este primer trimestre de 2019. Casi dos tercios de los autónomos son hombres (64,5%), sobre todo entre 35 y 55 años, que han montado un negocio en el comercio (el 24% de todos los autónomos), la hostelería (9,76%), las actividades profesionales (8,7%), la agricultura y ganadería (8,2% de todos los autónomos), la industria (7%), el transporte (6,2%) y otros servicios (6,3%). Y más de la mitad de los autónomos trabajan en Cataluña (551.665), Andalucía (527.861), Madrid (401.769) y la Comunidad Valenciana (348.364), según datos de la Seguridad Social (2018).

El crecimiento de los autónomos, a partir de 2014, tiene mucho que ver con tres factores. Uno, la crisis, que al disparar el paro hizo que muchas personas pensaran en “ponerse por su cuenta” al no encontrar un trabajo. Y eso hizo que, entre 2007 y 2015, una media de 150.000 parados cada año cobraran el desempleo de una vez (“capitalizar el paro”, cobrando  una media de 6.727 euros) y pusieran “un negocio” como autónomos. En 2016, esta tendencia bajó (sólo 120.000 parados capitalizaron el desempleo) y más en 2017 (92.368 lo cobraron de una vez) y 2018 (79.097 parados), según el SEPE, debido a que el paro se había reducido y a que los nuevos parados, más precarios, cobraban menos paro y no les compensaba tanto capitalizarlo y hacerse "emprendedores".

Un segundo factor que ha subido la cifra de autónomos ha sido el fraude de los “falsos autónomos”: con la crisis, muchas empresas dijeron a algunos de sus empleados (asalariados) que si querían seguir trabajando para ellos se tenían que “hacer autónomos” y luego ofrecerles sus “servicios”, lo que les ahorraba cotizaciones (y de paso, sueldos). Se estima que hay unos 188.000 autónomos cuyos ingresos (el 75%) dependen de una sola empresa (se les llama autónomos TRADE). Y el Ministerio de Trabajo estima que existen unos 130.000 falsos autónomos (sobre todo en hostelería, turismo, comercio, informática, banca, industrias cárnicas…) , por lo que en agosto puso en marcha un Plan de inspección (“Plan por un trabajo digno 2018-2020”) con el que pretende que 40.000 falsos autónomos vuelvan a ser asalariados.

El tercer factor, que ha sido el fundamental para subir la cifra de autónomos, fue la decisión tomada por el Gobierno Rajoy, en septiembre de 2013, de aprobar una “tarifa plana” de cotización para los nuevos autónomos: pagaban el primer año 50 euros (en vez de la cuota mínima de 280 euros) y los dos siguientes el 50% y el 30% de la cuota. Eso animó a muchos jóvenes sin trabajo a “hacerse autónomos”. El Gobierno Rajoy conseguía así “bajar la cifra de parados”, aunque haya sido a costa de aumentar el déficit de la Seguridad Social, que ha dejado de ingresar 3.200 millones entre 2013 y 2018, según datos recientes aportados por el Ministerio de Trabajo con el Gobierno Sánchez.

Pero el mayor problema no es este “agujero” hecho a la SS, sino que la tarifa plana ha sido “pan para hoy y hambre para mañana”: de los 1.400.000 nuevos autónomos acogidos a la tarifa plana en estos 5 años, sólo el 15,5% mantienen hoy su actividad, según el último balance del Ministerio de Trabajo. El 85% restante han “muerto”. Los responsables del País Vasco lo decían claramente hace poco: cuando a los nuevos autónomos se les acaba la tarifa plana, al año o a los dos años, la mayoría cierran el negocio. No les compensa ya seguir como autónomos, aunque sólo coticen 280 euros al mes. Y muchos vuelven al paro, ahora sin poder cobrarlo (o porque lo capitalizaron en su día o porque no han cotizado suficiente).

Así que ya sabemos los factores que han engordado la cifra de autónomos estos años, que suponían el 17% del total de afiliados a la Seguridad Social en 2018, casi 1 de cada 6 empleados. Con este impulso, España se ha convertido en el 7º país europeo con más peso de los autónomos (16,5% en 2017), tras Grecia (34,1%), Italia (23,2%), Polonia (20,4%), República Checa (17,1%), Portugal (17%) y Países Bajos (16,5%), muy por encima del 15% de autónomos de Reino Unido, del 10% de Alemania o Suecia, del 8,2% de Dinamarca o del 6,3% de autónomos en Estados Unidos, según la última estadística de la OCDE.

Tenemos muchos autónomos pero la mayoría  lo son “por obligación”: 2 de cada 3 (el 66%) tienen un empleo por cuenta propia “por necesidad”, según revela una Encuesta hecha a 500 autónomos y presentada en marzo de 2019 por Adecco e Infoempleo. Y revela que 7 de cada 10 autónomos eran antes asalariados, que sólo el 12,4% habían trabajado por cuenta propia y que el 17,7% restante estaba en paro. Y que la mayoría se hicieron autónomos no porque tuvieran un proyecto emprendedor, sino para salir del paro o de un mal empleo.

La Encuesta revela que la mayoría de nuevos autónomos se han lanzado a emprender su negocio con poca base,  aunque el 53% tienen formación superior (licenciatura, máster o doctorado) : el 68,3% lo pusieron con sus ahorros, el 11,2% capitalizando el paro, otro 26,3% con la ayuda de amigos o familiares y sólo un 13% con préstamos bancarios. Y la gran mayoría (8 de cada 10) trabajan solos, sin empleados, y llevan con su negocio menos de un año (28,9%) o entre 1 y 3 años (22%). Y uno de cada 3 (el 36,5%) dependen del trabajo que les da una sola empresa, según Adecco e Infoempleo.

Esta gestación de muchos negocios, sin financiación ni un Plan detallado de negocio, sin experiencia previa en muchos casos, provoca una elevada mortalidad entre los autónomos: el 50,9% de los autónomos llevan menos de 3 años, según esta Encuesta, aunque otro Estudio nacional del autónomo baja este porcentaje al 25,1%, estima en un 21,7% los autónomos con 3 a 5 años de vida y un 53,2% con más de 5 años, un porcentaje similar al que indica la Asociación ATA (54,7% autónomos con más de 5 años). Sin embargo, un estudio de la Fundación BBVA e IVIE, realizado en 2015, demostraba que el 61% de los autónomos “no cuajan”: un 27% sólo sobrevive un año, el 60% dos años, el 51% tres años, el 45% cuatro años y sólo el 39% sobreviven a los 5 años. O sea, que dos tercios de los nuevos autónomos creados durante las dos Legislaturas de Rajoy cerrarán su negocio en la próxima.

Las causas de esta elevada mortalidad entre los nuevos autónomos son varias, según el estudio de la Fundación BBVA e IVIE: muchos negocios se montan con poco dinero (5.000 euros es “lo habitual”), sin formación (el 43,5% de los autónomos tienen sólo estudios básicos, frente al 23,8% en la UE), sin un Plan de negocio serio, en actividades poco innovadoras (tiendas, bares, Webs) y con poca tecnología, que además crean poco empleo (sólo el 36% de los proyectos tienen más de 1 empleado). Basta ver el perfil de los nuevos negocios que se están creando, según detalla el estudio GEM 2017, para entender por qué la mayoría duran pocos años: el 80% se concentran en los servicios, el 77% no emplean a nadie más, el 66% no innovan y el 75% no exportan nada.

Los autónomos que sobreviven trabajan muy en precario, muchas horas (el 49,5% trabajan de 10 horas diarias o más, de media, según el Estudio nacional del Autónomo 2019), con pocos ingresos: la media no llega al salario mínimo. Los ingresos brutos de los trabajadores autónomos fueron de 9.917 euros en 2016, según la Agencia Tributaria, sólo 745 euros más que el salario mínimo ese año, al que no llegaban cuando se descontaba el pago de las cotizaciones sociales, lo que daba unos ingresos netos de 6.713 euros anuales, muy inferiores a los 20.558 euros brutos que declararon ganar los asalariados. Y aunque se pueda decir que los autónomos ganan realmente más y que esconden ingresos a Hacienda mejor que los asalariados, la realidad es que sus ingresos son bastante bajos para la mayoría, sobre todo para los pequeños negocios del comercio, la hostelería y los servicios profesionales.

Pero la peor situación corresponde a los jóvenes autónomos: un 35% de los autónomos con 25 a 39 años está en riesgo de pobreza en España, según un informe hecho por la Comisión Europea en 2017, que revela que somos el 2º país europeo con más autónomos jóvenes pobres, tras Rumanía (59,8% autónomos jóvenes son pobres), muy por delante de la media europea (24,28% autónomos jóvenes pobres, con menos del 60% de los ingresos medios), del Reino Unido (20,34%), Alemania (19,35%) e Italia (18,23%). Unas cifras escandalosas, que deberían hacer reflexionar a todos esos “expertos” que les venden a los jóvenes la religión de “hacerse emprendedores” como el mejor de los mundos…

La mayoría de autónomos cobran poco y también cotizan poco (el 86% cotizan por la base mínima), con lo que al final, si sobreviven, tienen unas pensiones más bajas que los asalariados. Así, la pensión media de los autónomos era de 682,92 euros en marzo de 2019, un 37,17% inferior a la de los trabajadores del Régimen General (1.086,80 euros). Y si tomamos sólo la pensión de jubilación, un autónomo se jubila con 758,84 euros de media, un 40,72% menos que los asalariados (1.279,99 euros), según los últimos datos de la SS.

Muchos autónomos aseguran que, a pesar de todo, “son felices” (el 60% de los encuestados, según Adecco e Infoempleo) porque “no tienen jefes” (el 53%), establecen sus horarios (el 45,5%) y porque “tienen más libertad” (43,4%), con un 44% que trabajan desde casa. Pero dicho esto, cuando se les pregunta “si les gustaría cambiar”, el 63% de los autónomos encuestados dice que les gustaría tener un empleo asalariado a tiempo completo, básicamente porque les aportaría “mayor tranquilidad”.

Y es que ser autónomo supone afrontar muchos problemas diarios, según señalan ellos y sus asociaciones. El primero, cobrar el trabajo, dada la enorme morosidad de los clientes públicos (deberían pagar a los 30 días y lo hacen a los 90) y privados (pagan a 85 días). Otro, el pago del IVA de las facturas no cobradas: en 2014 se les trató de arreglar, pero la mecánica del “IVA de caja” no parece estar funcionando. También les preocupa mucho ponerse enfermo y no cobrar o quedarse en paro: en 2018, sólo la mitad de los autónomos que solicitaron el paro lo cobraron. Y, por supuesto, la dificultad para financiarse en los bancos, el exceso de papeleo y burocracia, el pago de impuestos, la competencia desleal y la falta de clientes.

En diciembre de 2018, las asociaciones de autónomos firmaron con el Gobierno Sánchez un paquete de mejoras para los autónomos, que consistía en subir algo las cotizaciones a cambio de una mayor protección social. La cotización mínima pasa a 283,2 euros en 2019 (+5,36 euros) y la tarifa plana se mantiene pero sube de 50 a 60 euros el primer año. Y los autónomos pasan de cotizar sólo por contingencias comunes (enfermedad y accidentes) a cotizar obligatoriamente por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), cese de actividad (paro) y formación, repartiéndose entre esos 4 conceptos el 30% que se cotiza sobre la base, que subirá al 31% en 2022. A cambio, se duplica el paro de los autónomos  (de 2 a 12 meses pasa a 4 hasta 24 meses), cobrarán la baja por accidente o enfermedad desde el primer día y no pagarán la cuota de la SS a partir del 2º mes de baja. Además, el Gobierno se compromete a diseñar un sistema para que los autónomos paguen a Hacienda según sus ingresos reales.

Son avances importantes, sin duda, pero todavía queda mucho por hacer para equiparar los derechos de los autónomos a los de los asalariados, como incluirlos en el subsidio especial para mayores de 55 años (dos tercios no reciben ayuda). Y a su vez, los autónomos deben cotizar sobre bases mayores, no solo sobre la base mínima (el 86%) si quieren disfrutar de más derechos y de una mejor jubilación. Y pagar más impuestos, sin “esconder ingresos”, ya que existe todavía bastante fraude fiscal. Y si el negocio del autónomo no da para cotizar más o pagar más impuestos (y para contratar a alguien, incluso), quizás es porque está mal planteado.

Habría que dejar de hacer demagogia con los autónomos (todos los políticos se pelean por “apoyarlos”: son 3,2 millones de votos) y “limpiar” el sector, para que sobrevivan menos proyectos pero con más futuro, los negocios mejor planteados, a los que habría que ayudar mucho más con asesoramiento, formación, financiación y apoyos públicos. Y dejar de utilizar la espita de los autónomos para “limpiar las cifras del paro” y crear falsas expectativas entre los jóvenes, que luego provocan mucha desilusión al fracasar. Sería mejor contar con menos autónomos, 2 millones por ejemplo (ese 10% de los ocupados que suponen en otros paises), pero con unas bases más estables, a los que apoyar a tope. Y el resto, intentar reanimar y modernizar la economía, para ofrecerles más empleos estables en medianas y grandes empresas, que son las que aseguran la mayoría del empleo en todo el mundo. Emprendimiento sí, autónomos sí, pero sin inflarlos artificialmente como falsa alternativa al paro.

Más control a la jornada laboral

A partir del 12 de mayo, todas las empresas estarán obligadas a llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores y guardarlo 4 años, según el decreto recién aprobado por el Gobierno Sánchez. El objetivo es luchar contra el enorme fraude de horas extras que ni cotizan ni se pagan: 2,82 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas ahorran 2.700 millones anuales. Un tema muy grave porque todas las horas extras evitan contratar a 170.000 nuevos trabajadores y agravan el déficit de la Seguridad Social. También se obligará a fichar para evitar otro fraude: los que tienen contrato por 4 ó 6 horas y en realidad trabajan 8, 10 ó 12 y cobran el resto en negro, cotizando menos, algo frecuente en hostelería y comercio. Al final, España es uno de los paises europeos donde se trabaja más horas, aunque seamos menos productivos. Hacemos jornadas larguísimas, en contra de las mujeres y la vida familiar. Trabajemos menos y mejor.

A partir de Edvard Munch enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como pasa también en el resto de la Europa del sur. Para las empresas, es una forma de recortar costes y ahorrarse dinero en personal, sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear” el sueldo y llegar mejor a fin de mes. Así que todos “colaboran”. Al final, la jornada pactada en los convenios es de 151,1 horas al mes (septiembre 2018), según el INE,  37,77 horas a la semana, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas efectivas semanales: 8,4 millones de españoles el 43% de los ocupados)  trabajan de 40 a 49 horas y otros 1,5 millones (7,7%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada efectiva supera mayoritariamente las 40 horas semanales porque han vuelto a crecer las horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de “bonanza” se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas metieron “un tajo” a las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba amplios poderes a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales, en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, cerrando el año 2018 con 6.435.000 horas extras semanales, un 5% más que en 2017, según el INE.

Tomando la media de 2018, se hicieron 6.450.650 horas extras semanales, el mayor número de horas hechas desde 2009, aunque son menos de las horas medias semanales hechas en 2008 (9.387.050). Las horas extras se hacen sobre todo en la industria (más de 1 millón de horas a la semana), el comercio (927.500), la hostelería (657.000), el transporte y almacenamiento (500.700), la sanidad y servicios sociales (493.000) y la construcción (462.100 horas semanales). Dos de cada tres horas extras las hacen los hombres (66%), sobre todo los que tienen mejores empleos y trabajan en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía (las cuatro concentran dos tercios horas extras).

Lo más llamativo no es sólo que hayamos vuelto a hacer más horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: el 46% a finales de 2018, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA (INE). Con la recuperación, ha aumentado el número de horas extras no pagadas, que sólo suponían el 40% del total en 2008. Estas horas gratis suponen un importante ahorro para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial por hora, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones al año.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene más costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones  de horas semanales gratis, lo que amplía el déficit de las pensiones (-18.937 millones en 2018): UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por horas extras no cotizadas.  Los trabajadores no sólo pierden ingresos sino sobre todo derechos al cotizar por menos horas de las que hacen realmente: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile. Pero lo peor es que el exceso de horas extras “quita” empleo, porque las empresas suplen los nuevos trabajadores que necesitarían haciendo que los que trabajan hagan muchas horas. De hecho, si no se hicieran esas 6,45 millones de horas extras a la semana, las empresas contratarían 170.787 nuevos trabajadores (contando las 37,77 horas de jornada media pactada).

Las horas extras (pagadas y no pagadas) son muchas, pero las hacen una minoría de trabajadores: 797.000 empleados a finales de 2018, sólo el 4,84% de todos los asalariados, según la EPA, aunque son 141.500 más que en 2011 (entonces las hacían el 4,32% de los trabajadores). La mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras semanales (el 30%), los que hacen de 1 a 3 horas (17,5%) y de 10 a 12 horas extras a la semana (otro 17,5%). Y de ellos, 338.100 asalariados (el 42,4% de los que hacen horas) son los que hacen horas extras no pagadas (198.700 hombres y 139.500 mujeres). Los sectores donde se hacen más horas extras gratis, según la EPA,  son las inmobiliarias (el 95,4% de horas no las pagan), educación (86,5%), banca (82,9%), actividades profesionales, científicas o técnicas (74,2%), información y comunicaciones (63,7%), eléctricas (52,7%), hostelería (49,2%) y comercio (48,6%). Las autonomías donde no se pagan más de la mitad de horas extras son Ceuta y Melilla (71% gratis), País Vasco y Madrid (56%), Cantabria (53%) y Galicia (51%). Por profesiones, hacen más horas extras gratis los directivos, técnicos cualificados y profesionales, con contratos indefinidos y en los servicios, según un informe de CCOO.

Todavía hay otras horas extras que no figuran en las estadísticas oficiales y que son el resultado de un fraude en los contratos a tiempo parcial: se contrata a alguien con un contrato por  4 horas y en realidad trabaja 6, 8 o 12 horas y esas horas “extras” se le pagan en negro (o no todas) y no cotizan por ellas. Y el trabajador, o acepta esas condiciones o se queda sin el empleo, que aceptará otro parado. Es algo cada vez más utilizado en hostelería, comercio, servicio doméstico y en muchas pymes del sector servicios. No en vano, de todos los contratos hechos en 2018, más de un tercio (35,8%) fueron contratos a tiempo parcial, mientras los dos tercios restantes eran a jornada completa. Y ya hay 2.894.800 ocupados con este tipo de contrato, el 14,8% de los trabajadores, la mayoría en los servicios (2.653.300 empleos a tiempo parcial) y entre las mujeres (2.159.300, el 74,6% del total son mujeres).

El contrato por horas se usa sobre todo en el servicio doméstico (el 55,2% lo tienen y el 60% de las mujeres que trabajan en este sector), las actividades artísticas (32,2% trabajan con contratos por horas y el 35% de las mujeres), las actividades administrativas (28,8% contratos a tiempo parcial y 43,1% las mujeres de este sector) y la hostelería (24,8% de los trabajadores lo tienen y el 32% de las mujeres), los sectores más proclives al fraude de trabajar más horas de las fijadas por contrato. De hecho, la Inspección de Trabajo, en el Plan por un trabajo digno (iniciado en agosto 2018), envió 130.000 cartas a empresas por presunto fraude laboral: 85.500 por contratos temporales que debían ser fijos y 50.000 por contratos a tiempo parcial que encubrían jornadas a tiempo completo (con horas extras no declaradas).

Ambos fraudes, el de un exceso de horas extras (el Estatuto de los Trabajadores las limita a 80 horas anuales, 1,6 horas a la semana, con un periodo de 4 meses para recuperar las horas extras no pagadas) y el de los trabajadores por horas que trabajan a jornada completa, son posibles porque los trabajadores no los denuncian y porque cuando los sindicatos o un trabajador lo denuncian, es muy difícil de demostrar, porque la mayoría de empresas no llevan un control estricto (muchas lo hacen “a mano”) de la jornada laboral, solo las grandes. Pero la Inspección de Trabajo sabe que el fraude es elevado: en 2014 hizo un plan de inspección en 2.900 empresas (de más de 3 millones) y detectó “irregularidades” sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Pero se quejan de que es difícil demostrarlo al no existir obligación legal de tener un control riguroso de los horarios.

Hasta ahora, la guerra contra las horas extras excesivas y sin pagar la han protagonizado los sindicatos y la banca, a la que han llevado desde hace años a los Tribunales. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. A raíz de estas 3 sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016 una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada, lanzando además una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas 3 sentencias y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Y con ello, la inspección de Trabajo dio marcha atrás y en mayo de 2017 anuló la exigencia del registro diario de jornada.

Pero “la batalla legal” no acabó ahí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), dictó unauto, el 19 de enero de 2018, en el que planteó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y hace poco, el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE ha dado la razón  a los sindicatos y propone al Tribunal de Justicia UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de jornada laboral efectiva”, porque es “la única manera de poder determinar la cantidad de trabajo realizado, su distribución y si son horas ordinarias o extraordinarias”. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se espera en los próximos meses pero todo indica que harán caso, como es habitual, a la tesis de su abogado general.

Este apoyo judicial comunitario ha sido determinante para que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya aprobado el 8 de marzo un nuevo decreto-ley sobre control de horarios, que había pactado con los sindicatos y al que se opone la patronal CEOE. Establece la obligación de que todas las empresas implanten, a partir del 12 de mayo, un registro diario de jornada donde se especifique la hora de entrada y salida y que se debe guardar durante 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, que lo lleva pidiendo años para controlar que no se hacen horas extras ilegales o excesivas y que se pagan o compensan con horas libres. Y se establecen sanciones a las empresas que incumplan, hasta un máximo de 6.250 euros.

Habrá que esperar para ver si este mayor control de la jornada reduce el fraude y las horas extras, lo que antes o después favorecería a la creación de más empleo. Porque no es de recibo que el 2º país de Europa con más paro sea uno de los que tienen la jornada laboral más larga, debido sobre todo al exceso de horas extras. Así, la jornada laboral media en España era de 37,9 horas semanales en septiembre de 2018, frente a 37,2 horas en la UE-28 y 36,6 horas semanales en los paises euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y salvo Grecia (42 horas semanales), Portugal (39,5 horas) y muchos paises del Este (40,5 horas en Polonia), el resto de Europa trabaja bastantes horas menos que España: 37,5 horas semanales Italia, 37,4 Francia, 37,3 Bélgica, 36,7 Austria, 36,6 Reino Unido e Irlanda, 36,3 Suecia  y 35 horas semanales Alemania.

Y a pesar de trabajar más horas, somos menos productivos, porque trabajamos con menos eficacia aunque “calentemos más la silla”:  la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa (ocupamos el lugar 14 en el ranking de renta por habitante). Y esta menor productividad (y riqueza) se debe no a las horas que trabajamos sino al menor peso de la industria, a la menor formación de los trabajadores y parados, al menor gasto en tecnología a innovación, al menor tamaño de las empresas (demasiadas pymes), a la menor inversión pública, a la excesiva precariedad del empleo, al exceso de burocracia y normativas y a la deficiente organización de las empresas, según expliqué en un blog reciente.

Ahora, con el próximo control de jornada, la Inspección de Trabajo tienen una herramienta clave contra el fraude en las horas extras, aunque necesita más inspectores: tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1/7.300 en la UE-28. Y además, se necesita otra reforma legal para endurecer las sanciones, porque todavía son bajas (de 600 a 6.250 euros) y pueden llegar a “compensar” el fraude. En paralelo, el próximo Gobierno debería encarecer la cotización de las horas extras, para penalizar su uso excesivo y fraudulento. E incentivar fiscalmente y con cotizaciones a las empresas que transformen horas extras en nuevos empleos estables, el que debería ser nuestro gran objetivo final.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela laboral” con la que muchos trabajadores “colaboran”, obligados o voluntariamente. Pero hay que decirlo claro: las horas extras “roban empleo” a los parados. Por eso, hay que perseguirlas y crear una conciencia en contra, en paralelo a la mejora de los salarios. Y, sobre todo, buscar un acuerdo nacional por unos horarios razonables, por jornadas laborales que se acaben a las 6 de la tarde, para favorecer la conciliación familiar y sobre todo, la vida de las mujeres. Se puede y se debe competir y sobrevivir trabajando menos horas y repartiendo el trabajo entre más gente. La Europa más rica lo demuestra. Hay que trabajar menos horas y mejor.