lunes, 28 de septiembre de 2015

Pensiones: las cuentas no salen


La Seguridad Social ha duplicado su déficit y el “agujero” superará este año los 10.000 millones de euros, por cuarto año consecutivo. Lo grave es que sucede cuando se está creando empleo. Y no pasa porque se haya disparado el gasto en pensiones: creció en agosto un 2,8%, el menor aumento de la historia, porque están surtiendo efecto los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy. El problema está en los ingresos, que se han desplomado por culpa de la reforma laboral: hay más trabajadores cotizando pero ingresan menos porque tienen peores contratos y sueldos. Y encima, se deja de ingresar porque este Gobierno ha rebajado las cotizaciones a muchas empresas (tarifa plana). Por todo ello, Rajoy ha gastado ya la mitad de la hucha de las pensiones, que se acabará en 2018. Urge tomar medidas y aumentar los ingresos de la Seguridad Social, además de pagar algunas pensiones (viudas y huérfanos) con cargo al Presupuesto. Es el gran reto de la próxima Legislatura.
 

enrique ortega


La crisis y la caída del empleo agravaron la crisis de la Seguridad Social, al reducir los ingresos por cotizaciones mientras aumentaba el gasto en pensiones. Entró en déficit en 2011 (-1.000 millones) y el “agujero” se agravó durante esta Legislatura, superando los 10.000 millones de déficit en 2012 (-10.131), 2013 (11.861) y 2014 (11.202). Y este año 2015, en lugar de mejorar las cuentas por la mejora del empleo (más ingresos por cotizaciones), han empeorado: el déficit de la Seguridad Social (ingresos-gastos) se había duplicado hasta julio, alcanzando ya los -4.423 millones de euros (-2.201 entre enero y julio de 2014). Y los expertos vaticinan que la Seguridad Social  cerrará este año con un déficit entre 11.000 y 15.000 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia.

Esta penuria financiera ha obligado al Gobierno Rajoy a tomar dos medidas extraordinarias para poder seguir pagando las pensiones. Una, echar mano de “la hucha de las pensiones, un Fondo de reserva creado en el año 2.000 para guardar los excedentes y que llegó a acumular (entre aportaciones estatales e intereses que consigue) un máximo de 66.815 millones en 2011. A partir de ahí, empezaron los déficits y el Gobierno Rajoy se vio obligado a “echar mano de la hucha” para pagar las pensiones: empezó cogiendo 7.003 millones para pagar a los pensionistas la extra de Navidad de 2012 y siguió cogiendo de la hucha en 2013 (11.648 millones) y 2014 (15.300 millones), para pagar las extras de Navidad y verano. Y ha seguido este año en julio (está previsto sacar un total de 8.500 millones en 2015) y seguirá en 2016 (la previsión del Presupuesto es sacar de la hucha otros 6.283 millones).

Con ello, el Gobierno Rajoy ya ha sacado más de la mitad de los fondos de la hucha de las pensiones (37.701 millones de 66.815) y al ritmo previsto se espera que la hucha se agote en 2018. Pero la Seguridad Social no sólo tira de esta hucha para pagar las pensiones: también ha recurrido a las Mutuas laborales, cogiendo parte de sus excedentes para financiarse otros 5.350 millones de euros hasta diciembre de 2014.

Son formas de intentar tapar agujeros, pero el déficit está ahí y no es coyuntural (ahora no cae el empleo y las cotizaciones) sino estructural y creciente. Para 2016, el Presupuesto electoral aprobado in extremis por Rajoy prevé rebajar este déficit drásticamente, de los 11.000 millones de este año a sólo 3.000 millones (0,3% del PIB). Pero nadie se lo cree y la mayoría de expertos apuntan que se han inflado los ingresos por cotizaciones (esperan que crezcan un 6,7% cuando en 2015 están creciendo sólo el 0,75%) y que así se ha pretendido “enmascarar el agujero”. Y recordemos que el Gobierno Rajoy ha enviado a Bruselas unas cuentas públicas con déficit en la Seguridad Social hasta 2018.

¿Por qué la Seguridad Social duplica su déficit en 2015 si el empleo va mejor? Veamos las cuentas. Podría ser que los gastos se hubieran disparado, pero no es así. Al contrario: el gasto en pensiones había crecido un 3,4% entre enero y julio de 2015 (el menor aumento en los últimos diez años) y todavía se moderó más en agosto, cuando el gasto en pensiones (8.270,5 millones mensuales) creció sólo un 2,8%, el menor aumento en la serie histórica. Y casi lo mismo este mes de septiembre (+2,97%). Un aumento moderado del gasto en pensiones que no es casualidad: es fruto de las reformas y recortes de Zapatero en 2011 (aumentando la edad de jubilación a 65 años y 3 meses en 2015) y de Rajoy en 2013 (menor subida anual de las pensiones, 0,25% en 2014, 2015 y 2016, y penalización más rebaja de las jubilaciones anticipadas).

Además, hay otros dos factores que están moderando también el gasto en pensiones. Uno, fruto de la crisis y  también de los sucesivos recortes: las nuevas pensiones no suben tanto (la pensión media de jubilación de los nuevos pensionistas, 1.471 euros no se distancia tanto de la media de todos, 1.023 euros) y por ello, la pensión media del sistema (889 euros al mes) sube menos, un 1,8% en 2015. Y el otro, que la demografía ayuda de momento y el número de pensiones (9,3 millones) crece poco, un 1% este año (hasta agosto), el aumento menor del número de pensiones en toda nuestra historia.

Así que si la Seguridad Social ha duplicado su déficit este año, no es por los gastos. Es porque apenas crecen los ingresos, sobre todo las cotizaciones (77% de sus ingresos, el resto son aportaciones del Presupuesto del Estado). El Gobierno Rajoy se engañó a sí mismo y en los Presupuestos de 2015 “soñó” que los ingresos por cotizaciones iban a crecer este año un 6,8%. Pero en realidad, se han estancado y sólo han crecidoun 0,75% hasta julio. ¿Cómo es posible que apenas crezcan las cotizaciones si en la primera mitad de 2015 se han creado ya casi 300.000 empleos? (y otros 433.900 nuevos empleos  en 2014).

La respuesta es doble. Por un lado, hay más españoles trabajando pero cotizan menos porque tienen empleos muy precarios (temporales y a media jornada) y bajos salarios, como resultado de la crisis y la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012. En estos años ha aumentado el empleo a tiempo parcial (15,8% de todos los empleos) y estas personas ganan un 38% de lo que ganan los que trabajan a tiempo completo (10.056 euros anuales frente a 26.345, según el INE). Y son muchos ya los empleos temporales (25,2% de los empleos), donde se gana un 63,4% del sueldo en un trabajo fijo (15.433 euros anuales frente a 24.333, según el INE). Así que con los trabajadores a tiempo parcial, la Seguridad Social pierde dos tercios del salario de un trabajador normal y con los temporales un tercio (las cotizaciones son un 28,3% del sueldo). Y además, los nuevos empleos suelen estar peor pagados, en un país donde hay muchos trabajadores que no llegan a mileuristas: un 34% de los trabajadores (5,7 millones) ganan menos de 645 euros al mes (en 14 pagas), según datos de la Agencia Tributaria (Hacienda).

La otra razón de que la Seguridad Social ingrese poco es que se han disparado con el Gobierno Rajoy las bonificaciones en las cotizaciones sociales de las empresas, como medida de fomento del empleo (discutible y poco efectiva, según la mayoría de expertos). Han proliferado las tarifas planas” (100 y 50 euros mensuales de cotización), que en 2015 suponen una pérdida de ingresos a la Seguridad Social de 1.614,82 millones, que aún serán más para 2016 (el Presupuesto contempla unas bonificaciones de 2.100 millones). En total, durante los cuatro años de esta Legislatura, estas ayudas a las empresas para la contratación le han costado a la Seguridad Social dejar de ingresar 3.439 millones de euros.

Así que ya sabemos de dónde viene el déficit, fundamentalmente de la falta de ingresos. ¿Qué se puede hacer? El Tribunal de Cuentas dio en julio una receta, que propuso se debatiera “con urgencia” en el Pacto de Toledo (la comisión política y social responsable del futuro de las pensiones): financiar parte de las prestaciones de la Seguridad Social con cargo a los  Presupuestos y no con cotizaciones. En agosto, el Gobierno Rajoy concretaba esta propuesta, señalando que iba a proponer a los demás partidos que fuera el Presupuesto y no la Seguridad Social  quien pagase las pensiones de viudedad ( 20.776,69 millones de gasto para 2015) y de orfandad (1.762,68 millones). Serían 22.539,37 millones menos con cargo a cotizaciones y una forma rápida de suprimir el déficit de la Seguridad Social. Eso sí, habrá que ver cómo puede asumir estas pensiones el Presupuesto, cuando para 2016, Bruselas obliga a España a recortar el déficit otros 14.000 millones.

Por eso y porque habría que diversificar medidas, no se puede desechar otra vía de la que la mayoría no quiere hablar: subir las cotizaciones. Es cierto que subir cotizaciones es malo para un país con la segunda mayor tasa de paro de Europa y por eso la Comisión Europea y la OCDE piden a España que las baje. Pero también es cierto que las cotizaciones a la SS son más bajas en España que en la mayoría de Europa. En España, las cotizaciones por contingencias comunes son el 28,3% del salario de un trabajador, algo menores que la media en Europa (28,7%) pero mucho menores que las cotizaciones en Alemania (33,3%), Francia (37,9%) o Italia (31,5%). Eso sí, las cotizaciones de las empresas (23,6 % en España) están más cerca de las de Francia (27,7%) o Italia (24,3%) que las de los trabajadores españoles (4,7%), que están muy por debajo de las cotizaciones que pagan los trabajadores alemanes (17,1%), franceses(10,2%) o italianos (7,2%).

En definitiva, que si España subiera un 2% las cotizaciones sociales (1% a la empresa y 1% al trabajador), todavía estaríamos cotizando menos (30,7%) que los grandes países europeos  y a cambio la Seguridad Social ingresaría 8.000 millones más en cotizaciones. Claro que sería pedir un esfuerzo extra a las empresas (ahora empiezan a tener beneficios) y a los trabajadores, pero ya se les está pidiendo que se hagan planes de pensiones privados. Y probablemente, la mayoría preferiría cotizar un 1% más de su sueldo para su futura pensión pública que tener que invertir 2.000 euros al año en una pensión privada, que le va a gestionar (con altas comisiones y baja rentabilidad) un banco o una aseguradora.

De hecho, la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas ha disparado los planes de pensiones privados: ya gestionan más de 100.000 millones de euros (un récord histórico) y las aportaciones a todos los Planes de pensiones (individuales y de empresa) se multiplicaron por cinco en 2014, pasando de 233 a 1.161 millones, aumentando además el número de partícipes por primera vez en los últimos cuatro años. Un “boom” de las pensiones privadas que crece sobre la incertidumbre ante el futuro de las pensiones públicas, alimentado incluso por el gobernador del Banco de España: en junio recomendó a los jóvenes que ahorrarán para hacerse una pensión privada porque “la pensión futura serán cada vez peor” (la suya no: tiene un sueldo anual de 174.733 euros).

Las pensiones atraviesan por un grave problema: los ingresos no cubren a los gastos y eso que la mayoría de pensiones son muy bajas. De hecho, dos tercios de los pensionistas cobran menos de 800 euros al mes, el 28,21 % (2,6 millones) cobra menos de 600 euros y un 15% menos de 400 euros al mes. Y casi el 40% de las viudas cobran menos de 600 euros. Y para que la Seguridad Social no estalle, apenas nos subirán las pensiones en los próximos años, con lo que algún estudio señala que la pensión media estará en 1.000 euros dentro de 20 años. Pero incluso eso está en riesgo si no aumentan los ingresos.

Por eso urge una reforma de la financiación de la Seguridad Social, apuntalando sus ingresos con más cotizaciones y quitando gastos (pensiones) que se deben pagar con los Presupuestos. Si no se consiguen más recursos estables (y más empleo), el agujero crecerá y antes o después nos vendrán con que “las pensiones son insostenibles” y nos impondrán más recortes. Hay que sanear de una vez las cuentas de la Seguridad Social, el gran reto de la próxima Legislatura. Piense en ello cuando vote.

jueves, 24 de septiembre de 2015

Elecciones catalanas: la economía, una excusa


La economía es el argumento principal de los nacionalistas para defender la independencia en las elecciones catalanas del 27-S: “España nos roba” y si somos independientes viviremos mejor. Y presentan unas “cuentas de la lechera”: ingresarán más, gastarán menos y tendrán superávit frente a los 16.000 millones que teóricamente pierden ahora por ser españoles. Pero no es verdad: “pierden” sólo 3.228 millones (por solidaridad con las autonomías más pobres). Y si declararan la independencia, su economía caería entre un 10 y un 20%, según distintos análisis. Menos crecimiento y más paro: ese sería el precio de una independencia que rechazan Europa y la mayoría de españoles. Pero estos argumentos son una excusa, para “atraer a la independencia por el bolsillo”. En realidad,  el independentismo es un sentimiento, una creencia alimentada desde hace 30 años por una burguesía nacionalista que quiere más poder. Y que utiliza el voto de millones de catalanes para negociar después con más fuerza. No intenten engañarnos.
 

enrique ortega


Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana (ERC), es independentista por devoción pero apela al bolsillo de los catalanes para venderles las bondades de la independencia, como Artur Mas (CDC). La consigna es económica: “España nos roba”. Y por eso, argumentan, los catalanes necesitan la independencia: “Cataluña podría tener el nivel económico de los países escandinavos, pero el expolio fiscal de España lo impide”. A partir de ahí, lanzan en campaña “las cuentas de la lechera”: perdemos 16.000 millones por estar en España y si fuéramos independientes, ingresaríamos más y aunque también tendríamos más gastos, el saldo sería muy favorable, 11.591 millones más. Así que la independencia sale a cuenta.

Lo malo es que no es verdad y que estas cuentas son “cuentos, como demuestra punto por punto el ex-ministro José Borrell, en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Primero, no es verdad que Cataluña esté pagando 16.000 millones de euros más de lo que recibe. Según el propio Conseller catalán de Economía, el prestigioso economista Mas Collell, en 2015, la diferencia entre los ingresos aportados por Cataluña y los gastos hechos por el Estado fue de -3.228 millones, no -16.000. Y en las últimas balanzas fiscales (año 2012), publicadas por el Ministerio de Hacienda, la diferencia entre lo ingresado por Cataluña y lo gastado por el Estado fue de -7.439 millones, un déficit que es casi la tercera parte del déficit fiscal de Madrid (-19.015 millones). Y un dato que es justificable: las autonomías más ricas (Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia) pagan más de lo que reciben, en solidaridad con las autonomías más pobres, que reciben más que pagan (+ 8.531 millones Andalucía,+ 3.946 millones Galicia, 2.655 Extremadura o más de 2.000 millones cada una de las dos Castillas).  Es como los contribuyentes: unos pagan más impuestos y a otros les devuelven.

En segundo lugar, si Cataluña fuese independiente, ingresaría más, pero también tendría que gastar más en gastos que ahora hace el Estado central y cuyo coste reparte entre las autonomías: tendría que tener una Administración propia, interna y externa (embajadas) y un Ejército, por ejemplo, cuyo coste conjunto superaría los 8.000 millones, muy superior a lo que podrían ingresar de más, según los cálculos de Borrell.

Pero el principal “cuento” de los nacionalistas es que la independencia de Cataluña es viable. Y no es económicamente viable, por varias razones. La primera y básica, porque si Cataluña se declarara independiente (algo legalmente imposible), automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea y el euro. El Comité de las Regiones de la UE ya dijo en su dictamen del 12 de abril de 2013 (ver punto 64) que si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime” (que no aprobaría España ni países con problemas nacionalistas como Reino Unido, Italia, Bélgica o Francia). Y por si no estuviera claro, lo acaban de decir pública y explícitamente Merkel y Cameron: “si Cataluña declara su independencia, saldría automáticamente de la UE”. Y lo acaba de repetir el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: "si Cataluña se independiza, estará automáticamente fuera de la UE". Es la posición oficial de la Comisión desde 2004.

Y estar fuera de Europa y del euro sería un drama para Cataluña. Primero, el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia (lo reconoce incluso un documento interno de la Generalitat), impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos para que no haya una fuga masiva de capitales. Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente, para poder competir. Y todos sus productos se encarecerían al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y en Europa, lo que reduciría las ventas y el empleo de sus empresas. Y como Cataluña es la autonomía más endeudada de España (64.792 millones de deuda en 2015), tendría que buscar financiación en los mercados, lo que sería difícil y caro (ahora, la mayoría de su financiación viene del Estado español, que le ha prestado ya 50.000 millones, a la mitad de interés que en el mercado), con lo que sufriría problemas de liquidez, dificultades para pagar a los funcionarios, pensionistas y proveedores, por ejemplo.

Pero hay más. Fuera de la Unión Europea, Cataluña no recibiría la ayuda financiera del BCE, ni para garantizar los depósitos bancarios a los ahorradores (hasta 100.000 euros) ni para asegurar la financiación barata a sus bancos (como ahora), con lo que en Fráncfort les cortarían el grifo a CaixaBank y Sabadell, salvo que cambiaran la sede. De hecho, la patronal bancaria (AEB y CECA) ha advertido explícitamente que "se plantearán su presencia en Cataluña si hay independencia". Y Cataluña perdería también los Fondos europeos: recibió 1.400 millones entre 2007 y 2013 y para 2014-2020 está previsto que reciba otros 1.400 millones de fondos estructurales (Feder, Fondo social, agrícola y pesquero), más las inversiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Fuera de Europa y el euro, teniendo que vender con aranceles, serían muchas las empresas que abandonarían Cataluña para competir mejor, lo que reduciría el crecimiento y el empleo. Baste decir que hay unas 3.000 empresas extranjeras en Cataluña (la mayoría francesas, alemanas, italianas y norteamericanas), que suponen el 10% del empleo total. Y también podrían abandonar Cataluña importantes empresas españolas. De hecho, empresas del IBEX forzaron al Gobierno a un cambio legal en mayo que ha pasado desapercibido: el PP introdujo una enmienda en la Ley de Medidas urgentes en materia concursal para que cualquier empresa pueda cambiar de sede social con el simple acuerdo de su Consejo de Administración (hasta el 27 de mayo, hacía falta el acuerdo de la Junta de Accionistas). Y si la independencia provocaría fuga de empresas, también de inversores. Y seguro que afectaría al turismo, una gran  fuente de riqueza para Cataluña, que visitan 1 de cada 4 turistas (17 millones este año): sin el euro y con más inflación, sería menos atractivo visitarla.

Al final, todos estos efectos negativos de la independencia se traducirían en menos crecimiento, peor nivel de vida y menos empleo. Los expertos valoran el efecto de la independencia en una caída del PIB del -10% al -20% (Instituto de Estudios Fiscales) al -19% (profesor Buesa) o el -20% (Credit Suisse). O sea que la independencia haría a los catalanes un 20% más pobre, no les conduciría al “paraíso nacionalista”. Y también el resto de España perdería mucho (entre un 2 y un 5% del PIB) si se desgaja Cataluña, 7,5 millones de personas que suponen el 19% de nuestra economía.

Así que el argumento económico en favor de la independencia es una falacia, que encubre la realidad: el nacionalismo utiliza la fiscalidad y la economía para atraer más catalanes a las filas de la independencia (“España nos roba”). Está claro que hay un porcentaje amplio de catalanes que son independentistas por “sentimiento” (con el corazón y no con  la cabeza) y a los que estos argumentos de que la independencia no es económicamente viable no les importan ni convencen. Pero hay otros muchos catalanes que debería pensar seriamente que fuera de Europa y de España van a vivir peor, al menos una generación. Seguro.

Los nacionalistas y Mas también utilizan el independentismo como un espejismo para tapar su pésima gestión económica de la crisis, culpando a España de los problemas. No sólo está la corrupción del 3%, sino que el balance de los cinco años del gobierno de Artur Mas es bastante negativo y eso es lo que debería votarse el 27-S. Por un lado, el Gobierno catalán ha hecho una política de recortes incluso mayor que la de Rajoy, metiendo la tijera en los gastos sociales (sanidad, educación, dependencia), en las plantillas y sueldos de los funcionarios y en el Estado (privatizando Aiguas Ter-Llobregat, venta declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y vendiendo edificios públicos), para luego acabar con el segundo mayor déficit autonómico (un 2,58% en 2014 y un 2% previsto para 2015, el mayor agujero tras Murcia) y la mayor deuda ( 67.192 millones previstos para finales 2015). No en vano, en las dos ocasiones en que la Comisión Europea ha valorado la calidad de los Gobiernos regionales europeos, el gobierno catalán ha salido mal parado: en 2009 obtuvo la peor nota y en 2013 estuvo por debajo de la media, detrás de Madrid.

Además, el Gobierno de Mas no ha recortado el déficit (y sí el gasto social) a pesar de subir los impuestos a los catalanes, que pagan más que el resto de españoles al hacer la declaración de la renta (un trabajador que gana un sueldo medio, 22.698 euros, paga 221 euros más de IRPF que en Madrid, un 7,7% más), al comprar una casa de segunda mano (8.000 euros más del impuesto de transmisiones al comprar una casa de 200.000 euros), al pedir un crédito (pagan 1.000 euros más en Cataluña por contratar una hipoteca de 150.000 euros, al tener un mayor impuesto sobre actos jurídicos documentados), al cobrar una herencia (pagan 8.200 euros más que en Madrid si heredan 800.000 euros), al declarar por su patrimonio (su mínimo a pagar este impuesto son 500.000 euros frente a 700.000 en el resto de España y este impuesto no se paga en Madrid) e incluso al echar gasolina (pagan 4,8 céntimos por litro de gravamen autonómico frente a 1,7 céntimos en Madrid y nada en muchas autonomías) .  

O sea, los que viven en Cataluña pagan más impuestos. Y eso cuando la renta per cápita de los catalanes ha caído un 0,7% (de 27.053 euros en 2010 a 26.996 euros en 2014) y hay menos gente trabajando hoy que cuando llegó al Gobierno Mas en diciembre de 2010: 3.075.000 ocupados en Cataluña frente a 3.133.500 (-58.500 empleos). Y 39.400 parados más (726.200 parados frente a 686.800). Claro que también ha empeorado el empleo y el paro en el resto de España en estos cinco años, pero Mas no lo ha hecho mejor que Rajoy.

Así que el problema de Cataluña, de sus ciudadanos, no es si “España les roba” y les sale a cuenta ser independientes, sino cómo resuelven mejor sus problemas, básicamente dos, los mismos que tenemos los demás: que haya trabajo para más gente y que se pueda recuperar el Estado del Bienestar, desde la sanidad y la educación a la Dependencia y los gastos sociales recortados, para conseguir vivir mejor. Y por eso, la verdadera pregunta de estas elecciones debería ser: ¿Con la independencia, los catalanes van a vivir mejor? Y la mayoría de los estudios y de los economistas aseguran que no.

Al final, el nacionalismo pretende sumar votos y tener más fuerza para negociar con el Estado español el 28-S. Ellos saben perfectamente que la independencia es inviable, no sólo jurídicamente sino también económicamente. Pero no les importa: es sólo una bandera para atraer ciudadanos, empujados por una ilusión colectiva que han ido alimentando durante casi 30 años de Gobierno, acompañada de un relato épico, una pseudohistoria y muchos agravios acumulados (reales y ficticios), engrandecidos por errores políticos desde el resto de España. Y ahora, los nacionalistas catalanes quieren utilizar ese sentimiento anti-español y la amenaza de la independencia para hacerse más fuertes y negociar mejor con el Estado español (como ha reconocido Mas a Iceta) unas mayores cuotas de poder, su único objetivo desde hace ya siglos.

Pero frente a esta marea independentista, el resto del país y las fuerzas políticas no pueden mirar para otro lado y no hacer nada, como Rajoy. España y Cataluña tienen un problema que urge resolver para asentar la recuperación y el futuro. Un problema que tiene bases económicas y que exige reformar el sistema de financiación autonómica, las inversiones públicas y la solidaridad interterritorial. Y un problema que tiene muchos elementos políticos, de encaje de sentimientos diferentes en un marco común, español y europeo. Parece claro que sólo unidos ganamos todos. Pero para ello, hace falta que los catalanes se sientan mejor en España, quitar a los nacionalistas sus banderas y sus cuentos. Afrontar juntos los problemas de verdad: la crisis, el paro, la mejora de los servicios públicos. Lo que por desgracia no se vota el 27-S.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Aluvión de refugiados en una Europa más pobre


Europa afronta dividida la mayor avalancha de refugiados desde finales de la II Guerra Mundial. Alemania parece muy solidaria, pero su actitud es egoísta: envejecen y necesitan 8 millones de trabajadores extranjeros hasta 2030. Y a los países del Este (los muros de Hungría son una vergüenza), a España, Grecia e Italia, les sobran parados y pobres como para acoger a muchos más. Pero peor lo tienen los refugiados: huyen de la muerte y vienen con lo puesto. El problema de fondo es que el tsunami de refugiados llega cuando Europa sigue estancada, apenas crece, tiene mucho paro y han aumentado los pobres “propios” : ya son 123 millones, uno de cada cuatro europeos. Europa debía aprovechar esta crisis humanitaria para dar un salto hacia adelante, reanimar sus economías, gastar e invertir más, para conseguir más empleo y mejorar la vida de europeos y refugiados. Si sigue la austeridad y hay que repartir la crisis, habrá más conflictos, muros y xenofobia.
 

enrique ortega


Los primeros días de septiembre, la dureza de las imágenes despertó la solidaridad de los europeos con los refugiados, con Merkel y Alemania en cabeza. Pero luego siguió el temor, con controles de fronteras (anulando la libre circulación de personas, un sagrado principio europeo) en Alemania, Austria (con el Ejército), Eslovaquia, Polonia y Bélgica, además del vergonzoso 2º muro en Hungría y el cierre de la frontera de Croacia con Serbia. Y la Unión Europea ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para afrontar el grave problema de los refugiados. Por un lado, ni siquiera acordaron la semana pasada cómo repartirse los 40.000 refugiados que habían aceptado recibir en julio (faltaron de “adjudicar” 7.744). Y aunque acordaron acoger otros 120.000 más, muchos países (los del Este y España entre ellos) se negaron a aceptar un sistema de cuotas obligatorias de refugiados para el futuro. Así que los refugiados siguen por los caminos europeos sin que Europa se haya puesto de acuerdo sobre qué hacer con ellos y este miércoles lo volverán a debatir los Jefes de Gobierno, en una Cumbre europea extraordinaria sobre los refugiados.


La actual avalancha de refugiados de Siria, Irak, Afganistán, Libia, Somalia o Eritrea hacia Europa es la segunda fase de una llegada masiva anterior (mayo) a Italia y Grecia, también desde África y Oriente Medio. Se les llama refugiados, pero son oleadas de inmigrantes que huyen no sólo de la guerra sino también del hambre y la miseria. Y para ellos, Europa es una esperanza de futuro. Por eso, no hay fronteras ni muros que los paren. Seguirán llegando imparables.


Y Europa está dividida. Por un lado están los países más ricos (Alemania, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido), que soportan el 75% de las peticiones de asilo de refugiados y que ya tienen ya un elevado porcentaje de inmigrantes: casi 10 millones en Alemania (12% población), 7,8 millones en Reino Unido (12,4%), 7,5 millones en Francia (11,6%), 5,7 millones en Italia (9,4%), 1,13 millones en Suecia (15,9% población), 1,96 millones en Holanda (11,7%), 1,33 millones en Austria (15,7%) y 1,15 millones en Bélgica (10,4% población). Y por otro están los países del Este, con Polonia y Hungría a la cabeza, que apenas tienen emigrantes pero que no quieren cuotas obligatorias de refugiados porque bastante tienen con su paro y su pobreza. Y en medio está España, el tercer país europeo con más inmigrantes (6 millones, 4,7 censados, un 13,8% de la población), mientras somos el segundo país con más parados (22,37%) y el octavo con más pobres (13,6 millones, un 29,2% de españoles según Eurostat).

Teóricamente, una de las bases de Europa es la libre circulación de personas (como de mercancías y capitales), pero todos los países tienen limitaciones a la entrada de extranjeros para trabajar, aunque hasta ahora no habían implantado controles interiores entre los países europeos (suprimidos desde 1995 por el espacio Schengen). Ahora, los controles han vuelto y muchos países se plantean endurecer la vigilancia  (incluso con muros, como Hungría) para frenar la avalancha, mientras otros prefieren canalizar el flujo de refugiados y repartirlos.

Alemania, y sobre todo la canciller Ángela Merkel, se puso el 4 de septiembre al frente de la acogida a los refugiados, pero el 13 de septiembre dio marcha atrás, por la presión de sus gobiernos regionales, sobre todo Múnich, agobiados por la enorme afluencia de refugiados de Oriente Medio, que prefieren quedarse en Alemania (más trabajo y más ayudas) que en otros países europeos. Con todo, Alemania es la más favorable a establecer cuotas estables para los refugiados e incluso habla de acoger 800.000 sólo este año. La razón es más económica que humanitaria: Alemania es un país envejecido y donde cae la población, por lo que estiman que necesitarán 8 millones de trabajadores extranjeros de aquí a 2030. Por eso hablan de recibir 500.000 refugiados al año. “Alemania necesita mano de obra adicional para mantener su bienestar”, ha dicho con claridad el presidente del Bundesbank, mientras la patronal alemana celebra la llegada de mano de obra joven y preparada, como la de Siria. Y barata: un refugiado sirio (abogado) ha empezado a trabajar cobrando 1 euro a la hora.

Otros países europeos ricos, como Austria, Holanda, Bélgica, Suecia o Reino Unido también necesitarán mano de obra (barata) en las próximas décadas. Pero ese no es el caso de los países del Este, desde Polonia a Hungría, República Checa o Eslovaquia, ni de la Europa del sur, con mucho paro, como Grecia, España, Portugal o Italia. Y donde hay un alto nivel de pobreza, de ciudadanos nativos que viven con menos del 60% de la renta comunitaria, según los datos de Eurostat: 42% de la población en Serbia, 40% en Rumanía y Bulgaria, 37% en Lituania, 32% en Letonia, 31% en Hungría, 30% en Croacia, 24,7% en Polonia… Sin olvidar el 36% de griegos que viven por debajo del umbral de la pobreza, el 29,2% de españoles y el 28,1% de italianos. En total, 123 millones de europeos que viven bajo el umbral de la pobrezaque temen que los refugiados les quiten lo poco que tienen. “No vengáis, aquí ya casi estamos como vosotros”, dice esta viñeta de El Roto.

Pero los refugiados tienen menos: vienen con lo puesto y además huyen de la muerte o la cárcel en muchos de sus países. Europa no tiene otra opción moral que acoger a los más que pueda, mientras en paralelo ayuda más (algo) a sus países, desde Oriente Medio a Asia y África, para pacificarlos y que se desarrollen, para que sus habitantes no tengan que huir. Y eso pasa, entre otras cosas, por “pringarse” más en la lucha contra el yihadismo y por la paz en Oriente Medio y aumentar la ayuda al desarrollo, drásticamente recortada desde 2008.

El problema de Europa es que le ha llegado el tsunami de los refugiados en un momento en que sigue sin salir de la crisis: la Unión Europea apenas crece (+0,4% en los últimos cuatro trimestres, un ritmo “decepcionante” según el últimoinforme de la OCDE), el paro sigue siendo elevado (23 millones de parados, un 9,5%, la tasa más alta desde la postguerra mundial) y el nivel de vida de los europeos se ha deteriorado mucho con esta crisis: 6 países tienen hoy unas rentas más bajas que en 2007, Grecia (72,5% de los ingresos de entonces), Italia (86,7%), España y Portugal (94,6%), Irlanda (95,6% e incluso Austria (97,8%). En este contexto, donde muchos europeos lo siguen pasando mal, se puede entender (no compartir) que algunos países, ciudadanos y políticos (como Sarkozy en Francia, que propone recortar las ayudas a los extranjeros en Europa, no sólo Le Pen) quieran frenar la entrada de refugiados. Sobre todo porque es un problema sin fondo: hay 60 millones de refugiados en el mundo, la mayoría relativamente cerca de Europa.

Pero Europa no puede mirar para otro lado, porque como bien sabemos los españoles, ni los muros ni el mar ni las fronteras paran a un inmigrante desesperado. Así que los líderes europeos deberían afrontar el problema con seriedad y con varias medidas. La primera, acordar todos un Plan de urgencia para acoger a los que ya están de camino y asegurarles un cierto futuro. Y la segunda, tomar las medidas necesarias para parar la guerra en Siria, Irak o Afganistán  y poner en marcha una especie de Plan Marshall, para mejorar los campos de refugiados de Oriente Medio (hay 4 millones de personas) y empezar a ayudar al desarrollo de los países en peor situación económica, desde Siria, Irak o Afganistán a Libia, norte y este de África.  

Pero  no basta. En paralelo, Europa tiene que relanzar su economía, recaudando más para gastar más, en ayudas, infraestructuras e inversiones, que aporten más empleo e ingresos a los europeos, reduciendo el paro y la pobreza. Urge poner en marcha el aprobado Plan Juncker de inversiones (315.000 millones de euros) y a la vez un Plan europeo contra la pobreza, que incluya ayudas (casa, comida, educación, sanidad, subsidios) a los más desfavorecidos, sean europeos o inmigrantes asentados.  Porque sólo si Europa despega con fuerza, sólo si abandona la austeridad y el estancamiento, si crece más (al menos un 2,3%, como EEUU), podrá dar trabajo y un futuro a los inmigrantes y a sus propios pobres y parados. Hay que aumentar el pastel para poder compartirlo. Si no, los refugiados e inmigrantes serán una fuente de conflictos, de muros  y de xenofobia. Y eso no debe ser Europa.

jueves, 17 de septiembre de 2015

No suben tipos: recuperación mundial es débil


EEUU acaba de decidir hoy no subir los tipos de interés, en el 0% desde 2008. Y no los sube porque su crecimiento es débil y además no quieren poner en peligro la recuperación mundial, frenada por la crisis de China, Japón, Latinoamérica y los países emergentes, mientras Europa languidece. Siete años después de iniciarse la Gran Recesión, la economía mundial ha frenado su crecimiento y teme recaer en una nueva crisis. Por eso, el FMI ha pedido a los países que reanimen sus economías, que sigan con tipos bajos e inyectando liquidez. Pero no basta. El G-20 ha propuesto reanimar las inversiones públicas en todo el mundo, para salir del bache y evitar que China, Rusia y Latinoamérica nos lleven a una nueva crisis. En España, el frenazo mundial y la incertidumbre política por las elecciones catalanas y generales reducirán el crecimiento y el empleo en la segunda mitad de 2015. La recuperación está en el aire.
 

enrique ortega


Estados Unidos no sube los tipos de interés desde hace más de nueve años, desde el 29 de junio de 2006. Tras estallar la crisis financiera por las hipotecas basura, en agosto de 2007, empezó a bajar los tipos en septiembre de 2007, desde el 5,25% que estaban al 4,75%, para bajarlos luego ocho veces más, hasta dejarlos en el 0% el 16 de diciembre de 2008 (hasta ahora). Era un intento desesperado de EEUU para frenar la Gran Recesión, poniendo el dinero casi gratis e inyectando liquidez a la economía, con la compra de 3,3 billones de dólares de deuda entre 2008 y 2012. Y lo mismo hicieron Europa (con más retraso y menos decisión) y la mayoría del mundo. Esta política monetaria de choque surtió efecto y EEUU y Europa empezaron a crecer en 2010, aunque la zona euro recayó en una segunda recesión en 2012 y 2013. Y China, Latinoamérica y los países emergentes consiguieron sortear mejor la crisis.

Ahora, en 2015, Estados Unidos (22% del PIB mundial) sigue creciendo, pero su recuperación es menos fuerte de lo esperado. Su crecimiento es menor del previsto (la Reserva Federal lo ha rebajado este año del 2,3%-2,7% esperado al 1,8%-2%) y se está creando menos empleo (173.000 nuevos empleos en agosto frente a 212.000 de media en los primeros ocho meses de 2015), aunque el paro ha caído al 5,1%, el nivel más bajo desde abril de 2008. Pero hay mucha gente que ni trabaja ni busca trabajo (sólo el 62% de los adultos norteamericanos es “activo”, el nivel más bajo en 37 años) y la inflación (cayó incluso un 0,1% en agosto) y los salarios son bajos, indicativos de que la recuperación es todavía débil en USA. Por eso, no han querido frenarla con una subida de tipos, que fortalecería el dólar y reduciría el crecimiento y el empleo. EEUU tiene una economía "dopada" y temen que si retiran el "gota a gota" del dinero abundante y barato, el enfermo recaiga. Y han preferido esperar para subir los tipos, a diciembre o a principios de 2016.

Pero otra poderosa razón para que EEUU  no haya subido los tipos es que la economía mundial, al margen de USA, ha frenado su crecimiento en las últimas semanas, tanto por China como por Japón, Latinoamérica y los países emergentes. Y si la Reserva Federal subía los tipos, el mundo corría el riesgo de entrar en una nueva crisis: el dólar se fortalecería, los países endeudados tendrían que pagar más intereses, sus monedas se depreciarían más, tendrían que subir los tipos de interés en todo el mundo y se frenaría un crecimiento global que ya es débil. Por eso, el FMI , el G-20 y el Banco Mundial habían pedido a EEUU que no bajara tipos todavía.

La mayor preocupación sigue estando en China, el motor de la economía mundial durante la Gran Recesión, que ha “pinchado” por culpa de sus exportaciones: caen este año por primera vez (-1,6%), debido al frenazo del comercio mundial y a las menores compras de Europa (el primer socio comercial de China) y Japón. El temor es que China crezca por debajo del 7% previsto para 2015 y que eso frene la economía mundial, sobre todo a los países emergentes, desde Asia y África a  Rusia y Latinoamérica, cuyo deterioro acaba de certificar la OCDE. Y más cuando se ha desplomado el precio de las materias primas, un 30% en lo que va de año (desde el petróleo a los minerales), debilitando aún más unas economías con monedas débiles y que exportan menos.

No sólo preocupa la posible crisis en China, que supone el 17% del PIB mundial. Japón, la tercera economía mundial, ha tenido un crecimiento negativo en el segundo trimestre (-0,3%) y corre el riesgo de entrar en su quinta recesión en siete años. Rusia ya está en recesión desde junio, por el desplome del petróleo y las sanciones europeas. Canadá, la décima economía mundial, también ha entrado en recesión (-0,2 y -0,1% de caída en los dos primeros trimestres de 2015), por el desplome de los precios del petróleo. Y lo mismo Australia, la 12ª economía mundial, por el frenazo de las exportaciones a China (su primer socio comercial) y Sudáfrica (por la caída de las materias primas). Y Latinoamérica, que sorteó bien la Gran Recesión de 2008, vuelve a estancarse, mientras Brasil, la séptima economía mundial, ha entrado también en recesión, lo mismo que Venezuela, mientras se estancan Argentina, Chile, Perú y México.

Y en medio de este preocupante panorama, Europa (el 20% del PIB mundial) no despega. El crecimiento es débil e incluso se ha reducido en el segundo trimestre: +0,4% frente al +0,5% de los dos trimestres anteriores. Francia no crece (+0% en el 2º trimestre), Italia apenas (+0,3%) y la “locomotora” alemana sólo tira un 0,4%, porque exporta menos (a China y al resto del mundo). Austria y Holanda crecen un mísero 0,1%, Bélgica un 0,4%, Dinamarca y Finlandia un 0,2%. Y sólo destaca el mayor crecimiento de España (+1%) y Reino Unido (+0,7%). El dato más explícito de que Europa languidece es su mínima inflación, el 0,1% para 2015, una muestra de que la economía está estancada: el consumo no tira y por eso las empresas no pueden subir precios, con lo que apenas invierten y crean poco empleo. Y todo eso a pesar de los esfuerzos del BCE, que promete incluso nuevos estímulos si hace falta. Pero sus medidas que no dan resultados: sobra dinero pero no hay crédito (ni se pide ni se da) ni inversión.

La OCDE acaba de rebajar el crecimiento económico mundial para 2015 (3%, una décima menos) y 2016 (3,6%, dos décimas menos), por la peor situación de China, Brasil y los países emergentes (certeramente, el informe se titula "Enigmas e incertidumbres"). Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también alerta del riesgo de un menor crecimiento mundial, por China, Japón, Latinoamérica y los países emergentes, la caída de las materias primas y la depreciación de las monedas (que han entrado en  una “guerra de divisas”, a ver quién devalúa más para intentar exportar mejor). Y ha pedido a los países que sigan con sus políticas de estímulos. Pero ya no vale con los tipos a cero y con inyectar dinero: la política monetaria se ha agotado. Es la hora de tomar nuevas medidas, de la política fiscal, de reanimar más decididamente las economías con inversiones públicas y privadas, aunque suban el déficit y el gasto público. Parece que el G-20 lo ha entendido y promete presentar, para la próxima Cumbre mundial de jefes de Estado (15 y 16 de noviembre en Turquía), un Plan de inversiones país a país. Ojalá, aunque no parece fácil. De momento, el Plan Juncker de inversiones para Europa (315.000 millones) no despega.

En medio de este preocupante panorama mundial, el Gobierno Rajoy sigue presumiendo que “crece más que nadie” y que” ni China ni la crisis de los países emergentes nos afecta”. No es verdad. Si China crece menos, el mundo y Europa crecerán menos y nos comprarán menos: exportaremos menos y creceremos menos. Y la crisis de Brasil y Latinoamérica nos afecta de lleno, en especial a muchas grandes empresas y bancos españoles. Y junto a estas incertidumbres externas, hay otras incertidumbres internas: las elecciones del 27-S en Cataluña y, sobre todo, las elecciones generales de diciembre, que pueden alumbrar un país políticamente muy dividido y difícil de gobernar. Por eso, los inversores extranjeros han frenado sus apuestas en España (en junio se retiraron 21.700 millones de capitales internacionales) y esperan a enero. Por ello, el servicio de estudios del BBVA ha rebajado una décima el crecimiento para el tercer trimestre, al +0,6% (frente al +1% en el segundo). Y Funcas (Cajas de Ahorros) también ha rebajado una y dos décimas las previsiones de crecimiento de España para 2015 (3,2%) y 2016 (2,8%). Mientras, el empleo ya se estancó en julio y bajó en agosto. Y los expertos de Asempleo vaticinan una ralentización del empleo en los últimos cuatro meses del año.

Mientras Rajoy apuesta con ganar las elecciones de diciembre gracias a  la mejora de la economía y el empleo, el panorama de la economía mundial se oscurece y la incertidumbre electoral en España puede frenar aún más la recuperación. Faltan tres meses para las elecciones y eso es mucho tiempo: puede estallar la crisis de China, agravarse los problemas de Latinoamérica y los países emergentes y  mantenerse el estancamiento en Europa, factores claves para que España crezca menos y “pinche” el empleo. Así que Rajoy tiene que dejar de hacer triunfalismo y reanimar la economía, junto con el resto de Europa, para atajar un posible frenazo de la recuperación. Si no, nos jugamos una recaída. Y sería la tercera, en Europa y en España, en esta ya larga crisis.