jueves, 28 de mayo de 2020

Renta mínima frente a más pobreza


El Gobierno aprobará mañana el ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda estatal entre 462 y 1.015 euros mensuales para 850.000 familias vulnerables. Y 100.000 hogares empezarán a cobrarlo en junio. El detonante de esta renta mínima, prometida en esta Legislatura, es el coronavirus, que ha recortado  ingresos a millones de españoles. Pero la pobreza no es nueva: antes de la pandemia, España era el 7º país de Europa con más pobreza, 12 millones de españoles, según Eurostat. Y lo peor: éramos el 4º país europeo donde más creció la pobreza desde 2008, a pesar de la recuperación. Ahora, el coronavirus sólo agrava una pobreza que ya clamaba al cielo antes. Y no es sólo un problema de justicia social, sino también económico (frena el consumo y el crecimiento) y político (alimenta el populismo y la extrema derecha, ahora “preocupada” por las “colas del hambre”). Pero no basta con “la caridad” del ingreso mínimo vital . Hay que sacarles de la pobreza con formación, empleo y ayudas sociales mejor repartidas. Y pagarlo con impuestos más justos.

enrique ortega

La pobreza ya estaba aquí, en España, mucho antes del coronavirus. La Comisión Europea utiliza desde 2008 un indicador, el AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) que mide las personas en riesgo de pobreza o exclusión social a partir de 3 indicadores: sus ingresos (son pobres los que ganan menos del 60% del ingreso medio de cada país), la privación material severa (carecen de 4 de 9 bienes, desde comer carne dos veces por semana a llegar a fin de mes) y hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de 20 en el último año). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. En Europa había 109,2 millones de pobres en 2018, un 21,7% de la población, según el último dato de Eurostat. Y España era, con 12.047.000 “pobres”, un 26,1% de la población, el 7º país europeo con más pobreza (AROPE), sólo por detrás de Bulgaria (32,8%), Rumania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%) e Italia (27,3%), según Eurostat.


De los 12.047.288 españoles ya pobres en 2018, hay 10.065.967 personas que sufren sólo pobreza monetaria (el primer indicador), porque ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, un tope fijado para 2018 en 8.871 euros anuales (739 euros mensuales) para solteros y en 18.629 euros anuales (1.552 euros al mes) para familias con 2 hijos. En total, son un 21,5% de españoles en situación de pobreza monetaria, frente al 16,9% que la sufren en Europa. Eso nos coloca como el 6º país europeo con más pobres por ingresos (menos del 60% de la media), tras Rumanía (23,5% de pobres monetarios), Letonia (23,5%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), según Eurostat.


Y dos datos más para evaluar nuestra pobreza antes del coronavirus. De esos 10 millones largos de “pobres”, más de la cuarta parte, 2.661.809 de españoles están en situación de “pobreza severa(el 5,7% de la población total), porque ingresan menos del 30%  de la renta media, en el caso der España, menos de 370 euros al mes (solteros) o menos de 776 euros mensuales (familias). Y no podemos olvidar la pobreza infantil, porque España es el 2º país europeo con más niños pobres (tras Rumania): 2.458.000, el 26,8% de los menores de 18 años, viven en situación de pobreza, según la estadística europea AROPE. Y de ellos, 650.000 niños españoles viven en familias con pobreza severa.


Lo más preocupante es que esta pobreza ha ido a más en la última década, a pesar de la recuperación y de presumir de ser uno de las paises donde más crecía el PIB. Así, en 2018 teníamos 1.200.000 pobres más que en 2008 (23,8% de pobreza AROPE), siendo España el 4º país europeo donde más ha aumentado la pobreza en la última década (+2,8%), sólo por detrás de Bulgaria (+6,7%), Luxemburgo (+6%) e Italia (+3,4%), según Eurostat. Y ha aumentado incluso la pobreza severa, que ahora sufren 740.000 españoles más que en 2008. Crecíamos mucho antes del coronavirus, pero también crecía la pobreza.


Este aumento de la pobreza, a pesar de la recuperación, provoca que se haya “enquistado” en la sociedad (como denuncia Cáritas) y se haya generalizado, por la precariedad laboral y salarial de cada vez más españoles. Con ello, el perfil del “pobre” ha cambiado y podría ser nuestro vecino, no sólo los que venden  pañuelos en los semáforos… Un informe de la Red Europea contra la Pobreza  (EAPN) traza un perfil de los pobres en España: la mayoría son españoles (el 82,8% hoy, frente al 76,6% en 2008), adultos (77,6% tienen más de 18 años), con un nivel educativo medio o alto (22,9% con Bachillerato y 13,4% universitarios) y que trabajan (el 32,6 % de los españoles pobres trabajan). Y además, viven más en las zonas rurales (allí residen el 31,4% de los pobres españoles y el 24,4% de los no pobres), porque buscan zonas donde es más barato sobrevivir (aunque tengan menos servicios). Y además, los pobres españoles son hoy más pobres que en 2008: han perdido un -10,7% de capacidad adquisitiva (la inflación se ha comido su pequeño aumento de ingresos) mientras el resto de españoles no pobres han perdido el -3,7%, según este informe de la EAPN


Para completar el perfil, veamos qué españoles tienen más boletos en esta lotería de la pobreza, según la EAPN: sufren más la pobreza los parados (el 58,9% son pobres, frente al 26,1% de media), los inmigrantes de  fuera de la UE (el 56% son pobres) e incluso los comunitarios (el 47,7% son pobres, por los que vienen de Europa del Este), las mujeres solas con niños (50% son pobres), los inactivos (37,6%), los poco formados (el 33,8% de los que tienen sólo primaria, la ESO o menos), los jóvenes de 16 a 29 años (33,8% son pobres), los hogares con niños (33,6%), los discapacitados (31,1%) y más las mujeres (27% son pobres) que los hombres (25,1%). También depende mucho de dónde se viva: la España del sur tiene una tasa de pobreza (35,5%) doble que la España del norte (18,8%). Destacan por su alta tasa de pobreza Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%), Canarias (36,5%), Castilla la Mancha (33,5%) y Murcia (32,7%), frente a bajos niveles en el País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%), Aragón (17,7%), Baleares (18,1%), Cataluña (18,9%) y Madrid (19%).


Frente a esta pobreza tan extendida, poco se hace desde la Administración, cargando el problema sobre las ONGs (como Cáritas, Cruz Roja, cientos de pequeñas organizaciones y asociaciones de vecinos) y los servicios sociales de los Ayuntamientos, que atienden sin medios a 6 millones de españoles cada año. Eso sí, las autonomías afrontan el problema con una renta básica, que implantó el País Vasco en 1989 y que ahora ofrecen todas, gastando 1.500 millones al año en ayudar a 293.302 hogares (671.180 beneficiarios), según los últimos datos publicados (de 2018). O sea, que esta ayuda autonómica sólo llega al 5,5% de los pobres españoles. Y además, esta renta básica es muy desigual por autonomías: varía entre los 300 euros mensuales de Ceuta, los 400 de Madrid, los 430,27 de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia o la Rioja, los 478 euros de Canarias, los 515 de la Comunidad Valenciana, los 604 de Cataluña, 610 de Navarra y 644,49 euros del País Vasco, todos con diferencias plazos y requisitos para recibirla.


Además de las ayudas de ONGs y esta renta básica autonómica, las familias pobres reciben ayudas sociales (estatales, autonómicas y locales), para alquileres, recibos y por hijos. Pero España, a pesar de ser uno de los líderes europeos en pobreza, es uno de los paises con menos gasto social: destina el 16,6% del PIB frente al 18,8% que gasta la UE-28, el 19,8% de la zona euro, el 22,4% que gasta Dinamarca, el 19,2% que gasta Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. A lo claro: destinamos 25.700 millones menos que los europeos cada año a gasto social. Y eso es ahora y también antes de la crisis de 2008, según los últimos datos de Eurostat (2017). Gastamos menos que los demás paises en ayudas a la familia (somos el país UE que menos gasta, acaba de decir la Comisión Europea), en sanidad, educación, dependencia y pensiones. Sólo gastamos más en desempleo, porque tenemos el doble de paro que Europa.


El problema no es sólo que el gasto social en España sea escaso, sino que además, está mal hecho, es ineficaz,  como alertó en enero el FMI (y antes, la OCDE y la Comisión Europea). Según su informe, el 40% de las familias españoles más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas sociales, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a los jubilados, en perjuicio de los más pobres y los jóvenes. La propia Comisión Europea ya advirtió, en enero de 2018, que “España es con Italia el país en el que las prestaciones sociales menos ayudan a las rentas bajas”. Y eso, porque se distribuyen mal y los impuestos no benefician a los más pobres, sino que “benefician más a las rentas medias y bajas” (por exceso de deducciones y exenciones), según otro informe de la OCDE, de noviembre 2018. Y aportan otro dato muy explícito: el 20% de los hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%), mientras el 20% de hogares con más ingresos reciben el 160% del pago medio (en la OCDE reciben el 95%). Según la OCDE, de sus 34 paises, sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.


Con este panorama, una pobreza récord y un gasto social escaso e ineficiente, nos llega el coronavirus. Una pandemia que no afecta a todos por igual, como se dice, sino que se ceba con las personas más pobres, según demuestran varios  estudios. En España, los contagios se han concentrado más en los barrios más pobres de Madrid y Barcelona. Y lo mismo se ha detectado en Inglaterra y Gales o en Nueva York, donde los contagios se han duplicado entre los negros e hispanos del Bronx respecto a los blancos de Manhattan. Y eso porque las familias pobres tienen más enfermedades previas (sobrepeso, hipertensión, diabetes), más dificultad para estar confinados (más hacinamiento) y teletrabajar, empleos más precarios (los que primero se pierden) y dependen más de la economía sumergida y de trabajos que no entran en ERTEs ni cobran desempleo.


Así que la emergencia sanitaria y la emergencia económica se han cebado más en los que ya eran pobres, a los que se han sumado otros “pobres nuevos”. Y eso, porque un tercio de hogares (6,3 millones) no tienen “hucha” para aguantar tres meses sin ingresos (y un tercio, 2,4 millones, ni siquiera un mes), según un estudio de BBVA Research. Por eso, con el coronavirus, hay otros 6 millones de españoles que se pueden sumar a la lista de pobres (donde ya había 10 millones), según Foessa (Cáritas). Unos y otros, muchos sin ingresos por el confinamiento, se juntan en las “colas del hambre”. Pero aunque VOX y el PP no lo digan, ya había "colas del hambre" antes del coronavirus, sobre todo en los peores años de la crisis y los recortes, entre 2012 y 2015.


Esta pobreza extra ha acelerado la aprobación del ingreso mínimo vital, que PSOE y Podemos prometieron esta Legislatura. Se aprueba mañana 29 de mayo, en un Consejo extraordinario, que crea una nueva prestación a cargo de la Seguridad Social, compatible con las rentas mínimas de las autonomías. Es una renta mensual, que oscila entre los 462 euros (adulto solo) a 877 euros (2 adultos y 2 niños) y hasta 1.015 euros (tres adultos y 2 niños), a la que tendrán derecho los que ingresen menos de 230 euros mensuales por miembro familiar adulto. Se estima que este ingreso mínimo vital (IMV) puede llegar a 850.000 familias (2,3 millones de personas), aunque las primeras 100.000 familias (ya identificadas) la van a recibir en junio, de oficio. Esta ayuda es compatible con algunos ingresos (se fijan límites) y exigirá que el perceptor busque trabajo o reciba formación, que intente salir adelante y no "vivir subsidiado".


En toda Europa hay ayudas a las familias más desfavorecidas, aprobadas hace años por gobiernos de todo signo político, según este exhaustivo estudio de la revista de la Seguridad Social: en Reino Unido (unificadas en 2013 seis prestaciones antes independientes, con 1.176 euros por familia con 2 niños), en Francia (la RSA, desde 2009, 550 euros a individuos  y 1.046 euros a familias), en Alemania (subsidio común a todos los länder, desde 2005, 432 euros a solteros y 1.238 euros a familias), Italia (la “renta de ciudadanía", aprobada en 2019, de 500 a 900 euros mensuales), Bélgica (desde 2002, con 1.410 euros para familias) y Holanda (1.771 euros para familias), con menos importes  en Finlandia (560 euros) y paises nórdicos, porque tienen unas prestaciones muy generosas de servicios sociales.  En otros paises, como Australia, Nueva Zelanda y EEUU, las ayudas son más restrictivas y suelen ser deducciones fiscales reembolsables (en USA, el EITC, una ayuda fiscal de 3.100 dólares al año).


Ahora, la clave es que se agilice el sistema de concesión de esta renta mínima, dotando de más medios a los servicios sociales municipales y autonómicos, colapsados por la pobreza anterior y la nueva del coronavirus. Y sobre todo, asegurar unos recursos suficientes para financiarla (cuesta 3.000 millones al año), para que no pase como con la Dependencia: los dependientes tienen un derecho desde hace 13 años, pero faltan recursos y por eso hay 261.616 dependientes “en lista de espera”. Y que esta nueva prestación sea “permanente”, no temporal por el coronavirus, porque una cuarta parte de los españoles ya eran pobres antes.


Pero no basta con aprobar esta nueva ayuda, que la derecha ve como “caridad” y no como un derecho que habrá que mantener, sobre todo porque la tecnología y los robots auguran un negro futuro para el empleo. Hay que apostar por otra política social, con más recursos y más eficiencia, como piden el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. Y otra política de empleo, para mejorar la formación de las personas vulnerables y ayudarles a encontrar empleo, lo que exige una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), que no ayudan a los parados a recolocarse. Y además, preocuparse de la vivienda y los alquileres, que conducen a muchas familias a la pobreza, al tener que destinar hasta un 40% de sus ingresos a pagar su casa. No basta con dar un cheque al mes para ayudarles a sobrevivir, hay que ayudar a los más pobres a formarse, trabajar y encontrar un alojamiento barato, lo que exige no poner topes a los alquileres sino lanzar un ambicioso programa de alquileres públicos.


Ahora, con el coronavirus, volvemos a hablar de la pobreza, que se ha agravado, aunque siempre ha estado ahí, mientras la mayoría miraba para otro lado. Pero combatir la pobreza no es sólo una exigencia social, de justicia. También debe ser una prioridad económica, porque no será posible la reconstrucción si una cuarta parte de los españoles se queda atrás. Y una exigencia política, porque los pobres se sienten excluidos de la sociedad, no participan en la democracia y son caldo de cultivo del populismo y la extrema derecha. Hay que extirpar la pobreza, enquistada entre nuestros vecinos, porque es un cáncer social, económico y político. Pero para lograrlo, no basta con la renta mínima. Hay que hacer otra política social.

lunes, 25 de mayo de 2020

La pandemia revela nuestras debilidades


Entramos en la 11ª semana de confinamiento, ahora muy suavizado en toda España y también en Madrid, Barcelona y Castilla y León, epicentros de la pandemia. Esto aumenta el riesgo de rebrotes, cuando el 95% no se ha contagiado y faltan medios en atención primaria, donde sólo hacen 47 test PCR por 1.000 habitantes. Pero la emergencia económica presiona, con 1 de cada 4 activos sin trabajar y muchas familias pasándolo mal. Y 14 autonomías están entre las pocas regiones europeas con un tercio del empleo en riesgo. La Comisión Europea acaba de “examinarnos” y dice que España sufre más la recesión del coronavirus por problemas estructurales: poco gasto sanitario, doble de paro, más precariedad laboral, demasiadas pymes, excesivo peso turismo, hostelería, transporte y comercio (25% PIB), poca formación, innovación y digitalización, mucha pobreza y un gasto social escaso y mal hecho. Por eso somos más vulnerables, ahora y en 2008. Ya tenemos la hoja de ruta de la reconstrucción: dejar atrás el “Spain is different”. Mientras, seamos prudentes.

enrique ortega

El coronavirus sigue imparable y el viernes 22 de mayo volvió a batir su récord de contagios diarios: 108.400. Son ya 5.410.288 contagiados en 188 paises, 1 millón más en los últimos 10 días, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.976.120 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos (+24.300 contagios al día, 1.643.499 contagiados: es un honor”, dice Trump), Brasil (+16.500 diarios, 363.211 contagiados), Rusia (+8.600 diarios, 344.481 contagiados) y Reino Unido (+3.000 diarios, 260.916 contagiados), los cuatro paises cuyos dirigentes han sido más laxos contra la pandemia. Y les siguen España (235.772 contagiados), Italia (229.858), Francia (182.036) y Alemania (180.072). El coronavirus ha causado 345.104 muertes en el mundo, casi un tercio en EEUU (97.722), seguido de Reino Unido (36.875), Italia (32.785), España (28.752), Francia (28.370), Brasil (22.666), Bélgica (9.280) y Alemania (8.283 muertes), según los datos de Sanidad, que revelan que la letalidad (muertes/contagiados) es menor en España (12,2) que en Francia (19,6), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,3), Italia (14,3) y Holanda (12,9), pero mayor que en Alemania (4,6), Portugal (4,3) o Austria (3,9).

Tras 10 semanas de confinamiento, suavizado las tres últimas (desde el 4 de mayo), no se aprecian “rebrotes” en los contagios, que aparecen con unos 12 días de retraso. Pero todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media (14,36 contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Castilla y León (34,88), Cataluña (30,76), Madrid (29,22), Castilla la Mancha (26,86), Navarra (25,53), Aragón (25,01) y Ceuta (16,51). Y los contagios siguen aumentando cada día, aunque menos (246 ayer), sobre todo en Cataluña (52) y Castilla y León (52), Castilla la Mancha (34), Madrid (26) y  Comunidad Valenciana (22). Se han frenado las hospitalizaciones (más de 100 diarias y 86 ayer) y los ingresos en UCIs (entre 15 y 30 diarios, aunque sólo 3 ayer). Y los muertos diarios (entre 50 y 95 diarios, bajando a 70 ayer), concentrados en Cataluña (31) y Madrid (21) y con 11 autonomías sin muertos ayer, según los datos de Sanidad, que “bailan” cada día, por retrasos y homogeneización. Madrid sigue “alterando” los datos: es la única autonomía que remite los casos confirmados en las últimas 24 horas y luego añade los contagiados en días anteriores tras llegarles los resultados de los test PCR, lo que infravalora sus contagios en las cifras diarias de Sanidad. Y Cataluña  comunicó el viernes 635 muertos de fechas anteriores.

Con estos datos, difíciles de comparar, Sanidad ha decidido los nuevos cambios de fase de las autonomías, bajo la presión de todas (ver mapa). Madrid pasa por fin a la fase 1 (ver aquí lo que se puede hacer), también el área metropolitana de Barcelona y toda Castilla y León, ese 30% de españoles que han sufrido con más dureza la pandemia y que ahora van a poder ir a una terraza o ver a sus familiares (enorme riesgo para los mayores). Y siguen en fase 1  la Comunidad Valenciana (que ha detectado un cierto repunte de contagios), las tres provincias más retrasadas de Castilla y León (Toledo, Cuenca y Ciudad Real) y las dos de Andalucía (Málaga y Granada), en total 25 millones de españoles (el 53% de la población). Pasan a fase 2 (ver aquí lo permitido) el 47% restante (22 millones de españoles), lo que multiplica la movilidad y los riesgos de rebrote. Y pasan a fase 3 (ver aquí  la movilidad autorizada), con mucho menos riesgos, Formentera, Hierro, la Gomera y la Graciosa.

Se suaviza más el confinamiento en toda España y con ello aumento el riesgo de rebrotes (ver mapa del riesgo por provincias), sobre todo porque el 95% de los españoles no se han contagiado con el virus (según el Estudio de seroprevalencia) e incluso no se sabe el alcance y duración de los anticuerpos en los que sí se han contagiado. La clave ahora es detectar los nuevos contagios con rapidez (teóricamente en 24 horas), con los test PCR, y rastrear los contactos de los nuevos contagiados, para aislarlos e impedir que contagien a otros. Dos tareas que no son sencillas y que recaen en los centros de atención primaria, que son ahora la primera línea del frente contra el coronavirus, como antes fueron los hospitales. El problema es que faltan medios, tanto médicos de familia como enfermeras y rastreadores, sin olvidar la escasez de test PCR y laboratorios (ver aquí lo complicado del abastecimiento y análisis) .

Una de las autonomías menos preparadas para esta nueva fase de la emergencia sanitaria es Madrid, donde los profesionales denuncian escasez de personal, a pesar de que el Gobierno regional insiste en que han contratado 600 profesionales en atención primaria y 172 en Salud Pública. Los sanitarios explican que ya antes del COVID faltaban 400 médicos de familia y 150 pediatras en Madrid, donde no acaban de llegar los “nuevos contratados”, mientras se van los médicos residentes de los ambulatorios y siguen cerrados 70 centros o consultorios y las urgencias ambulatorias de noche y fines de semana. Y sólo les llegan unos 20 test PCR diarios por Centro de Salud, porque los laboratorios no dan más de sí.

Precisamente, otro problema de esta nueva fase de la emergencia sanitaria es que se están haciendo pocos test PCR a la población, concentrándose en los sanitarios, residencias de ancianos, fuerzas de orden público y grandes empresas (sin olvidar los futbolistas y Clubes, “prioritarios” para los test). Hasta el 21 de mayo, en España se habían hecho 2.221.497 test PCR (detectan el virus), una media de 47,2 test PCR por 1.000 habitantes, más otros 1.335.070 test serológicos (detectan anticuerpos que indiquen que se ha tenido el virus), frente a 60 test PCR/1.000 habitantes en Alemania o 50 en Italia. Y además, el problema es que los test se hacen de forma muy desigual entre autonomías (ver cuadro), con grandes diferencias entre la Rioja (93,6 test PCR/100.000 habitantes,  País Vasco (81,2) o Asturias (80,7) y Madrid (69,4), Castilla y León (55,7), Cataluña (53,3) o Extremadura (30,3), Murcia (21,9) o Andalucía (18,6), según los datos de Sanidad.  El cuello de botella no es tanto la falta de test como su análisis, porque los laboratorios de hospitales y Universidades están saturados, mientras los laboratorios privados “hacen su agosto” con pruebas (descontroladas por la sanidad pública) a particulares y empresas.

El otro reto, junto a confirmar los nuevos contagios, es rastrear los contactos de los nuevos contagiados, una tarea en la que se lleva dos semanas (lean aquí cómo trabajan) y que es más fácil en autonomías uniprovinciales (como la Rioja Navarra o Cantabria) que en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde falta personal y se trata de paliar con Call Centers. Se estima que hay unos 2.000 profesionales dedicados al rastreo de contactos, cuando Alemania (con el doble de población) ha tenido 3.280 equipos de 5 personas (16.400) y Reino Unido ha contratado a 18.000. Necesitaríamos al menos 8.000 rastreadores y sistemas de detección vía móvil, que se retrasan (habrá una prueba piloto en Canarias… en junio).

Mientras cruzamos los dedos para que los contagios y muertos no rebroten, avanza la desescalada empujada por las presiones de sectores y empresas, en especial el turismo, la hostelería, las líneas aéreas y el comercio, precisamente los sectores que más se benefician de los ERTEs (3,4 millones) y el cese temporal de actividad de los autónomos (1,3 millones). Y hay 1 millón de trabajadores que perdieron definitivamente su empleo entre marzo y abril. En total, 5,7 millones de españoles que han sufrido la emergencia económica del coronavirus, perdiendo temporal o definitivamente su empleo, un 30% de los afiliados a la Seguridad Social antes de la pandemia (18,8 millones en febrero 2020).

Los que más han sufrido los efectos económicos de la pandemia son los trabajadores más precarios (jóvenes y mujeres con contrato temporal), los sectores más afectados por el confinamiento (turismo y hostelería, ocio y entretenimiento y comercio) y 6 autonomías que han tenido la  mayor caída del empleo (temporal o definitivamente): Baleares (afectados el 42,5% de los afiliados a la SS), Canarias (41,3), sobre todo, seguidas de Comunidad Valenciana (-29,6% afiliación), Andalucía (-28,1%), Cataluña (27,7%) y Asturias (27,1%), según este estudio del IVIE. Y las autonomías menos afectadas económicamente por la pandemia son Extremadura (21,3% afiliados afectados), Murcia (21,9%) y Madrid (23,8%), por mucho que se queje la presidenta Díaz Ayuso. 

Ahora, el problema es que la emergencia económica alcanza ya a 8,9 millones de españoles, el 38,5% de los activos (españoles en edad de trabajar), si sumamos a los 5,7 millones afectados por la pandemia los 3,2 millones de parados anteriores. Y el gran riesgo es que muchos se queden atrás dentro de unos meses, cuando entremos en la “nueva normalidad” y se autoricen algunos despidos “por causas objetivas “(desde julio). El Banco de España acaba de alertar que está en riesgo un 20% del empleo, unos 3.750.000 empleos, sobre todo del sector turístico, hostelería, transporte y comercio, especialmente en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.  Y el problema es que estos trabajadores en riesgo son “poco reciclables”, según el Banco de España, tienen pocas posibilidades de trabajar en los sectores que ganarán empleo (+1,4 millones): sanidad, logística, información y comunicaciones. Si tras la crisis de 2008, muchos parados de la construcción pudieron “reciclarse” en la hostelería, el turismo y el comercio, ahora el Banco de España lo ve más difícil, por su baja formación. Por eso proponen reformar a fondo las oficinas de empleo y reforzar su formación para rescatar a los más posibles.

El drama de España es que será el país peor parado económicamente por esta pandemia (el PIB caerá este año el -9,4%), junto a Italia (-9,5%) y Grecia (-9,7%), según la Comisión Europea. Y, sobre todo, el que va a perder más empleo: -8,7% (-1.737.000 empleos), tras Francia  (-9,1%) y por encima de Italia (-7,5%) y Grecia (-3,7%). De hecho, 14 de las 17 autonomías españolas (todas salvo Madrid, País Vasco y Navarra) están entre las regiones europeas que tienen en riesgo un tercio del empleo por la pandemia, junto a casi toda Italia y la mitad de Francia, según un estudio del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y eso, explican, por 2 razones. Una, el mayor peso del los sectores más afectados por el confinamiento (transporte, turismo, hostelería y comercio): suponen el 25% del PIB en España, frente al 20% en la zona euro, el 22,5% en Italia, el 19,5% en Francia o el 17,5% en Alemania, según datos del Banco de España. Y la otra razón, porque en España tienen mucho peso las pymes, más vulnerables ante una crisis como esta: las empresas de menos de 50 trabajadores sostienen el 50% del empleo en España y el 33% en Europa.

Con todo esto, nos acercamos al núcleo de la cuestión: ¿por qué la recesión de esta pandemia se ha cebado más en España? Lo contesta el “examen de primavera” hecho a España la semana pasada por la Comisión Europea. Viene a decir que la pandemia ha desvelado las debilidades de nuestra economía, los problemas de los que ya nos han alertado en sus informes anuales (ver aquí el de febrero 2020). Empezando por los tres problemas estructurales que “han ampliado” los efectos de esta crisis: la alta tasa de contratos temporales (el 25% frente a un 15% en la UE-27), la excesiva proporción de micropymes y pymes sin empleados (98,6% frente al 75% en Alemania), muy vulnerables, y sobre todo un modelo económico con excesivo peso del turismo, la hostelería y el comercio (“Un país de bares y tiendasseñalé en este blog), ahora los más dañados.

Y señalan otra debilidad, que ha sido clave en explicar un mayor contagio de esta pandemia: “un nivel bajo de inversión en la sanidad”, que ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad. Y otra: la escasa digitalización de la economía (incluida la enseñanza, donde sólo la mitad de los centros disponen de plataformas online, señalan) y el bajo gasto en innovación y tecnología (I+D+i), además del retraso en la educación y la Formación Profesional, que ahora pasarán factura. Lo mismo que la pobreza y la desigualdad (ya antes mayor en España que en Europa), que ahora aumentarán (incluso entre autonomías, alertan, agravando “las dos Españas”), mientras somos “el país europeo que menos ayuda a las familias y centra su gasto social en los mayores (pensiones) y no en los jóvenes y los más vulnerables.

Una radiografía dura, que pueden leer aquí (los medios apenas han hablado de ella) y que reitera unas debilidades estructurales que vienen de lejos, que ya nos pasaron una costosa factura en la crisis de 2008 y ahora otra mayor con el coronavirus. “Spain is different” y por eso lo pasamos peor en las crisis. Este “examen” de la Comisión Europea, nos marca la hoja de ruta de la reconstrucción: combatir con todos los medios la recesión de esta pandemia, reforzar la sanidad, respaldar el empleo, reducir la precariedad laboral, aumentar el tamaño de las empresas, volcarnos en la digitalización y la innovación, apostar por la formación y la educación, reducir la pobreza y la desigualdad, aumentar el gasto social y hacerlo más eficiente (alertan que beneficia a los mayores y a las rentas medias y altas) y, sobre todo, cambiar el modelo económico, para ser un país con más industria, más empresas tecnológicas y exportadoras y menos un país de servicios (“la California de Europa”). Conseguir un país más productivo (estamos a la cola de Europa) y más competitivo, que cree más empleo y afronte mejor las crisis. Una tarea de décadas, que habría que empezar ya, con la reconstrucción. Todos unidos (parece imposible), porque afrontar estas debilidades estructurales exige pactos a medio plazo.

Mientras se afronta esta emergencia económica y, sobre todo, la emergencia social (urgen medidas de choque para ayudar a las familias que pasan hambre), no perdamos de vista la prioridad, la emergencia sanitaria, frenar los contagios y salvar vidas. Vigilar día a día la pandemia y frenar la desescalada si hace falta. La vida, no la bolsa. No tengamos prisa en salir a la calle, comprar, viajar, volver a una vida “normal” que es imposible mientras no haya vacuna. La pandemia nos ha trastocado la vida y el bolsillo y así será durante meses. Lo importante es seguir vivos. Y ayudar a los que malviven.

jueves, 21 de mayo de 2020

COVID 19: menos dependientes con ayudas


Los mayores son los que más han sufrido el coronavirus, concentrando un 86,4% de las muertes. Pero además, los mayores dependientes sufren otro efecto preocupante de la pandemia: la paralización de los servicios sociales de las autonomías, que apenas han atendido solicitudes desde el 14 de marzo, con lo que han caído los beneficiarios (-15.421 en abril) y los que reciben prestaciones por dependencia (-7.396 en abril). En conjunto, hay 414.922 dependientes (la mayoría, mayores) a la espera de un procedimiento, que resuelva su expediente (153.306) o les conceda una prestación legalmente reconocida (261.616 están “en lista de espera”). Lo grave es que la mayoría de dependientes superan los 80 años y muchos mueren sin recibir la ayuda (85 al día). Urge un Plan de choque para atenderlos ya, en plena pandemia, al margen de agilizar el papeleo. Y un Pacto para reforzar la dependencia en los próximos meses, con más recursos, para acabar con las listas de espera y ofrecer servicios dignos a nuestros mayores. Se lo debemos.

enrique ortega

La situación de la Dependencia era un problema que “clamaba al cielo” ya antes del coronavirus. En enero de 2020, el sistema cumplió 13 años de vida, arrastrando el lastre de falta de recursos con el que nació: había 269.854 dependientes en “lista de espera”, sin recibir una prestación a la que tenían derecho (reconocido), 19.817 dependientes más que un año antes. Y lo más grave: como muchos de estos dependientes son mayores de 80 años, muchos se mueren (85 cada día, según los Directores Gerentes deServicios Sociales) sin que les llegue la ayuda. Y los dependientes que sí reciben ayudas (1.115.183 a principios de año) reciben cada vez más “prestaciones low cost”, teleasistencia o ayudas a su familia, porque las autonomías no tienen recursos para residencias y centros de día, la atención más cara.


Si el sistema de la Dependencia ya estaba superado, el coronavirus lo ha dado la puntilla, debido a que el estado de alarma ha impedido el normal funcionamiento de los servicios sociales de las autonomías, que lo gestionan. Las consecuencias se han visto en los datos de la Dependencia de marzo y, sobre todo, de abril, recientemente publicados por el IMSERSO. Empezando por el origen, han caído las nuevas solicitudes de dependencia, al estar las familias confinadas: se presentaron 54.277 menos en abril. Y en el segundo escalón, cayeron también las nuevas resoluciones sobre solicitudes, -17.021 en abril. Con ello, aumentaron en abril las resoluciones de dependencia pendientes, +2.744. Y al final, ha caído el número de beneficiarios de ayudas a la dependencia, -15.421 en abril (eran 1.375.740). Y también se ha reducido el número de beneficiarios que reciben una prestación: 1.114.124 a finales de abril, -7.396, una caída de perceptores de ayuda que no se veía desde 2014.


En definitiva, que la pandemia y el cierre parcial de los servicios sociales autonómicos han provocado que hubiera, solo en abril, 7.396 dependientes menos recibiendo una prestación, según los últimos datos del IMSERSO. Esta caída de ayudas no ha sido homogénea, sino que se ha concentrado en 7 autonomías: Madrid (-4.940 dependientes menos con prestación en abril y otros -2.028 en marzo), Andalucía (-2.029 en abril y otros -547 en marzo), la Rioja (-428 en abril y otros -108 en marzo), Cantabria (sólo -163 en abril pero cayeron -880 en marzo), Cataluña (-896 en abril y otros -49 en marzo), Castilla la Mancha (-69 en abril pero cayeron -902 en marzo) y Galicia (-320 dependientes con prestación en abril). Y, para ser justos, hay varias autonomías que han aumentado los dependientes que reciben prestación, a pesar de la pandemia: Comunidad Valenciana (+1.665 en abril), Extremadura (+576), Canarias (+461), Murcia (+295) y Baleares (+151), según el balance del IMSERSO.


Al caer mucho el número de beneficiarios, por bajar las resoluciones, se ha reducido algo con la pandemia la “lista de espera”, los dependientes con derecho reconocido a una prestación pero que no la reciben todavía, por falta de medios en las autonomías: eran 267.835 a finales de febrero, subieron algo en marzo (269.641) y bajaron en abril, hasta los 261.616 dependientes en lista de espera, 6.219 menos que antes de la pandemia. Con todo, es muy alta y supone que el 19% de los dependientes reconocidos no reciben ninguna ayuda. Un porcentaje que es escandaloso en Cataluña (31,46% dependientes “en espera”), La Rioja (29,15%), Canarias (25,36%) o Andalucía (24,87%), mientras es casi inexistente en Castilla y León (sólo el 0,67% dependientes esperan la ayuda reconocida), Navarra (4,956%), Ceuta (3,62%), Melilla (8,09%), Castilla la Mancha (8,12%) o Galicia (9,43%), según los datos del IMSERSO. Diferencias que tienen que ver con que unas autonomías gastan más que otras en Dependencia y con que gestionan mejor las ayudas.


En cualquier caso, todas las autonomías utilizan “trucos” para atender a más dependientes con menos recursos aportados por el Estado central (la financiación a la dependencia se ha recortado en -5.864 millones desde 2012, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales). El primer truco es “retrasar la resolución de los expedientes”, “embolsar “las solicitudes para tardar lo más posible en reconocerlas y pagarlas: si el plazo legal para resolverlas es de 180 días, en 2019 se tardaba 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.  El segundo “truco” son las “listas de espera”: retrasar la aplicación de las ayudas ya reconocidas, en concreto a 261.616 dependientes (el 19%) a finales de abril. Ayudas que se retrasan es dinero que se “ahorra”. Y llegamos al tercer “truco”: a la hora de reducir esas listas de espera, se conceden antes las ayudas a los dependientes moderados (Grado I), que son “más baratos de atender”. De hecho, en 2019, se redujeron las listas de espera de los dependientes moderados pero creció la lista de espera de los dependientes medianos (Grado II) y Graves (Grado III), que son “más costosos”. Y el cuarto “truco”, utilizar cada vez más prestaciones “low cost” para atender a los dependientes, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, bajando las ayudas para residencias, las más caras.


Volviendo a la pandemia y sus efectos sobre los dependientes, el problema no es sólo que haya reducido el número de beneficiarios y los que reciben prestaciones sino que además se han paralizado prestaciones, como el cierre de los centros de día (que recibían 95.401 dependientes, ancianos en su mayoría) y la interrupción de muchos servicios de ayuda a domicilio (que recibían 246.904 dependientes). Y en el caso de los dependientes en residencias (163.429 en abril), han sufrido con especial virulencia la pandemia y la escasez de recursos sanitarios para atenderles. E incluso, la negativa de los hospitales a atender a ancianos de residencias, como demuestra este documento del hospital madrileño Infanta Cristina, una normativa sanitaria que se generalizó en todos los hospitales y ambulatorios de Madrid en marzo y abril. 


Ahora, ante la evidencia de que el coronavirus ha colapsado aún más la dependencia, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales piden medidas de choque, en medio del estado de alarma. Por un lado, agilizar la burocracia: simplificar y acelerar los trámites para los nuevos dependientes y para resolver los expedientes en espera y las valoraciones pendientes. Y mientras tanto, garantizar unos servicios mínimos de atención a los 414.922 dependientes que esperan un trámite (153.306 pendientes de valoración y 261.616 en “lista de espera”), al menos que todos reciban ya el servicio de teleasistencia. Además, proponen reorganizar el servicio de ayuda a domicilio, con una gestión personalizada de los casos más vulnerables. Y asegurar alguna atención complementaria a los que se han quedado sin poder acudir a los centros de día. Y en las residencias, proponen implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento del coronavirus, con un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes. 


Se trata de aprobar un Plan de choque para la Dependencia durante esta pandemia, para que sea una de las prioridades en el reparto de esos 16.000 millones del Fondo estatal que van a recibir las autonomías. Urgen nuevos recursos para mejorar la atención de los dependientes que se han quedado “descolgados” en esta pandemia y para acelerar su vuelta a los cuidados, que necesitan más que otros. Y con estos fondos, reducir  también la lista de espera, porque no olvidemos que cada día mueren 85 dependientes sin recibir la ayuda a la que tienen derecho y que no les llega por falta de recursos. Al ritmo de los últimos años, acabar con esta lista de espera tardaría 4 años y medio. Pero se podría reducir un 75% en un año (atender a 200.000 dependientes más) si se destinaran 1.300 millones extras, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Ahora puede ser el momento.


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Cuando pase lo más grave de esta pandemia y se plantee la reconstrucción del país y la economía, la Dependencia debe estar entre nuestras prioridades, porque tenemos una población muy envejecida y un sistema de Dependencia financiado deficientemente desde su creación, en 2007. Por eso, urge poner en marcha un Pacto por la Dependencia, firmado en diciembre de 2016 pero que no se ha traducido en hechos. Hacen falta 2 cambios de fondo: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que “se ha escaqueado” con la dependencia desde los recortes de Rajoy en 2012, dejándola en manos de unas autonomías sin recursos. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado central y las autonomías, pero en 2018 (último año con datos) el Estado central sólo aportó el 16,7% de la financiación pública (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% restante (6.707 millones). Y este recorte obliga  a que las familias de los dependientes paguen parte de muchos servicios (hasta el 19% de la factura total).


La propuesta del sector, de los Directores de Servicios Sociales, es que la financiación pública de la Dependencia vuelva al 50/50% (obligaría al Estado a aportar 4.000 millones anuales) y que se aumente el gasto público en Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que iban en el fallido Presupuesto de 2019. Debería ser otra de las prioridades del futuro Presupuesto 2021, aunque es posible que los gastos de la reconstrucción impidan financiar suficientemente la dependencia (otra vez). Y que sigamos con “los trucos” y “listas de espera”.


Pero no deberíamos tirar la toalla y mejorar la Dependencia, aunque haya otras urgencias. Esta es de primera magnitud. Primero, porque cada vez hay más dependientes y se van a duplicar para 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida. Segundo, porque atender a los dependientes es ayudar a sus familias y especialmente a las mujeres, que hipotecan su vida por cuidar de padres, maridos e hijos dependientes. Y sobre todo, por justicia: estos mayores dependientes lo han dado todo por nosotros y por este país y muchos se mueren (recuerden: 85 cada día) sin recibir las ayudas. Es escandaloso. El coronavirus ya se ha cebado con ellos, por falta de atención y cuidados. No lo repitamos con las ayudas a la dependencia. Se lo debemos.

lunes, 18 de mayo de 2020

Desescalada : prisas de muchos contra la salud


Entramos en la 10ª semana de confinamiento, atenuado en el 70% de España, y arrecian las presiones políticas y económicas para una desescalada más rápida. La derecha y la extrema derecha votarán juntas contra el estado de alarma, que ha permitido frenar la pandemia. Y sus autonomías, en especial Madrid, siguen presionando al Gobierno Sánchez para pasar de fase, en una carrera política por no ser “los últimos”. Mientras, el poderoso sector turístico se queja de la cuarentena a los viajeros de fuera (vigente en 160 paises) y presionan para que se faciliten viajes internacionales, con apoyo de la Comisión Europea y el lobby turístico alemán, mientras esa Europa nos bloquea ayudas directas y dice que pidamos créditos. También los comercios tienen prisa y quieren rebajas (ya autorizadas). Todo ello mientras los contagios y los muertos crecen cada día (menos). Y cuando el Estudio de seroprevalencia revela que el 95% no hemos pasado el coronavirus. Si los que presionan consiguen que vayamos más rápido y hay rebrotes, puede ser dramático. Recuérdelo cada día.

enrique ortega

El coronavirus avanza imparable por el mundo y el viernes 15 de mayo batió su récord: 100.200 nuevos contagios diarios. Son ya 4.716.931 contagiados hoy en 188 paises, con 315.248 muertes en cuatro meses y medio, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue estando en Europa (1.830.728 contagiados), pero donde más crece es en América, en Estados Unidos (1.486.742 contagios, +25.000 diarios) y Brasil (241.080, +15.000 diarios), y en Rusia (+10.000 diarios: hay 281.752 contagiados), destacando Reino Unido (244.995 contagiados), España (231.350), Italia (225.435), Francia (179.693) y Alemania (176.369). Una de cada cuatro muertes por coronavirus se ha dado en EEUU (89.564 fallecidos), seguido de lejos por Reino Unido (34.908 muertes), Italia (31.908), Francia (28.111), España (27.650), Brasil (16.122), Bélgica (9.052) y Alemania (7.962). El país con más muertos por cada millón de habitantes es Bélgica (790), seguido de España (588). Pero tenemos menos letalidad (muertos/contagiados: 12) que Francia (19,4), Bélgica (16,4), Reino Unido (14,4), Holanda (12,9) o Suecia (12,4), según los datos de Sanidad


Tras 9 semanas de confinamiento, en España sigue bajo el ritmo de contagios, aunque se estabilizó esta última semana (+0,20%, 421 nuevos contagios ayer), quizás porque hay más movilidad. Los datos de Sanidad confirman que la pandemia sigue siendo muy desigual en España, aunque los datos “bailan” en algunas autonomías, por retrasos y poca homogeneidad. Hay 7 regiones con más contagios que la media (21,34 por 100.000 habitantes): Castilla y León (50,18), Cataluña (40,65), Madrid (38,69), Navarra (38,06),  Castilla la Mancha (30,50), Aragón (24,26) y La Rioja (23,04), mientras son muy bajos en Canarias (3,34),Murcia (3,41), Andalucía (3,74), Melilla (4,62) y Asturias (5,38). Los nuevos contagios se concentran  en Cataluña (123 ayer), Madrid (menos de 50), Castilla y León (74), País Vasco y Comunidad Valenciana (37) y Castilla la Mancha (28 ayer), mientras 8 autonomías, Ceuta y Melilla  tienen entre 10 y ninguno. Los nuevos hospitalizados se concentran en Cataluña (110), Madrid (70), Castilla y León (41) y Castilla la Mancha (27), con menos de 10 en doce regiones. Los ingresos en UCIs están concentrados en Cataluña (13) y Madrid (7), con 10 regiones sin ningún ingreso. Y los muertos (+1.029 la última semana) aumentan en Cataluña (29 ayer), Madrid (21), Castilla la Mancha (10) y Castilla y León (6), mientras 5 regiones no tuvieron ninguno ayer y 8 uno o dos.


Con estos datos sanitarios, los Planes de detección y seguimiento de nuevos contagios más los riesgos de movilidad y recesión, Sanidad decidió el viernes que pasen hoy a la fase 1 toda la Comunidad Valenciana, toda Andalucía (se suman Granada y Málaga) y toda Castilla la Mancha (se incorporan Toledo, Ciudad Real y Cuenca), lo que incluye ya al 70% de españoles (32 millones). Siguen en la fase 0 la Comunidad de Madrid, área metropolitana de Barcelona y la mayoría de Castilla y León (el 90,6%), en total 14 millones de personas (30% de españoles), aunque con algunos “alivios”: apertura de comercios minoristas, préstamo libros en bibliotecas, museos y templos a un tercio del aforo y velatorios con 10 personas. Y pasan hoy a la fase 2 cuatro islas, donde viven 45.000 personas: Formentera, Hierro, la Gomera y la Graciosa


Lo que más preocupa ahora a Sanidad es detectar a tiempo posibles rebrotes de la pandemia. La clave es que las autonomías sean capaces de detectar con rapidez los nuevos casos y rastrear sus contactos. Esta es la razón por la que Madrid no pasa de fase (ver Informe de Sanidad aquí). Su primer reto es multiplicar los test a los que tengan síntomas y comunicar los contagios en 48 horas. El primer problema es que no se hacen suficientes test, aunque el Gobierno habla de 40.000 PCR diarios. A 14 de mayo, se habían hecho 1.919.411 test PCR (detectan el virus) y 1.118.429 test serológicos (detectan anticuerpos que indican que se ha tenido el virus), según Sanidad. Pero hay mucha desigualdad por autonomías (ver cuadro), con 70 test PCR por 1.000 habitantes en el País Vasco y Asturias, 61 en Madrid y Navarra, 47 en Castilla y León, 45 en Cataluña, 29 en Castilla la Mancha, 26 en Extremadura, 19 en Murcia o 15 test en Andalucía. Además, los médicos de familia no dan abasto y les faltan test: en Madrid, al ambulatorio que hay debajo de mi casa les mandan 20 test PCR al día… Y como hay falsos negativos, tienen que repetir muchos.


El otro reto ahora es tener medios para rastrear los nuevos contagios que se detectan por PCR .Para ello, los ambulatorios deben dedicar sanitarios para llamar a los pacientes e investigar sus contactos. Y falta personal para hacerlo, por lo que todas las regiones han tenido que reforzar sus equipos (Madrid dice que ha hecho 648 contratos en atención primaria, pero muchos son renovaciones de sanitarios ya en activo). Y otras se apoyan en Call centers. Pero siguen siendo insuficientes. Alemania ha montado 3.280 equipos de rastreo de 5 personas cada uno y Reino Unido ha anunciado 18.000 contrataciones para rastrear contagios. Con estos baremos, España necesitaría 8.000 rastreadores.


El gran cambio ahora es que “el frente” en la lucha contra el coronavirus se ha desplazado de los hospitales (la 1ª línea estos meses) a los centros de salud, a la atención primaria, los responsables de detectar y rastrear los nuevos contagios. Y lo preocupante es que no tienen medios, básicamente porque han sufrido los recortes sanitarios (2009-2014) más (-16,7%) que el resto de la sanidad (-12,2%). Y así, tenemos menos médicos de atención primaria que la mayoría de Europa: 77 por 100.000 habitantes, frente a 253 en Portugal, 152 en Francia o 97 en Alemania). Y el reparto es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad: 111 médicos de atención primaria por 100.000 habitantes en Castilla y León, 82 en Castilla la Mancha o Galicia, 80 en el País Vasco, 76 en Cataluña, 75 en Andalucía o Murcia, 68 en Madrid y 62 en Baleares. Y Madrid, el epicentro de la pandemia, tiene 3.627 médicos de familia más que en 2009 y 232.590 habitantes más. Y 74 enfermeras de atención primaria más que en 2009 (30.499 en total), la mitad de enfermeras que en Europa.


Otro frente clave para atacar esta pandemia son las residencias de ancianos, el origen del 60% de los muertos por coronavirus. Sigue faltando información y “medicalizarlas” o al menos establecer protocolos claros para detectar, rastrear y tratar los nuevos casos, para evitar que sean focos de contagio y muerte (algo que tampoco asegura Madrid, según el informe de Sanidad contra el cambio de fase). Este estudio hecho por El País revela que las residencias han sido la primera causa de propagación del coronavirus en 8 provincias de Castilla y León y Castilla la Mancha y la 2ª causa en Cuenca y Cáceres, por delante de la población, la movilidad o la falta de camas UCI. Y no es por casualidad: el informe del Defensor del Pueblo, hecho en 2019, denuncia que en las residencias falta personal especializado y atención sanitaria (médicos y enfermeras).


Hoy avanzamos en la desescalada cuando los datos preliminares de la Encuesta epidemiológica hecha a 60.000 españoles revelan algo preocupante: que sólo un 5% de españoles se han contagiado, (llegan al 14,2% en Soria o al 11,3% en Madrid, frente  al 2% en Murcia y Asturias), lo que indica que un 95% de españoles no han cogido la enfermedad y podrían hacerlo. Primera reflexión: si un 5% de contagiados (2.339.826, un tercio de ellos asintomáticos) han colapsado la sanidad, ¿qué pasaría si hay rebrotes y se contagia una parte importante del 95% restante? Segundo dato preocupante del Estudio: la letalidad del coronavirus es muy elevada, 1,1 muertos por cada 100 contagiados, el doble de lo que pensaban los expertos. Y me lleva a una segunda reflexión: si hay rebrotes antes de que haya una vacuna y se contagiaran “sólo”  la mitad de los españoles, tendríamos 258.000 muertos…


Es sólo un dato para que veamos la gravedad de esta pandemia, el tremendo riesgo al que nos enfrentamos. Y frente a este panorama, se multiplican las prisas por “volver a la normalidad”. Por un lado, las autonomías, lanzadas a una carrera por no ser la última, (salvo Cataluña y Castilla y León), con Madrid a la cabeza de la oposición al Gobierno, incluso con su presidenta azuzando las manifestaciones en la calle. Y con muchos gobiernos autonómicos intentando recuperar su poder, forzando elecciones en julio (País Vasco y Cataluña), criticando día a día (y torpedeando) el mando único de Sanidad. Y “prisas políticas” por salir del estado de alarma, con el PP  y VOX votando esta semana contra ampliarlo un mes, hasta finales de junio (“Hay que convivir con el virus”, dijo Casado en Tele5). Una derecha y extrema derecha cada vez más radicalizadas, que han desunido a la población frente al coronavirus.


Y sobre todo, “prisas económicas”, de sectores empresariales que presionan día a día al Gobierno para que facilite sus negocios, presionando con los empleos y empresas en juego. Es el caso del comercio, que ha presionado  para abrir cuanto antes (sobre todo en Madrid)  y se quejó de que les prohibieran las rebajas (finalmente, se autorizan desde hoy). Y la industria turística, que lleva semanas presionando para que se permitan vuelos, hoteles y viajes cuanto antes. Y que ha puesto el grito en el cielo porque España haya impuesto una cuarentena de 14 días a los viajeros que vienen de fuera, como hacen 160 paises (ver mapa de Exteriores). ¿Qué pasa, que tenemos que dejar que entren turistas y repunten los contagios y los muertos?


Sorprende estas prisas y presiones del sector turístico y del comercio cuando son los dos sectores más protegidos por los ERTEs y las ayudas públicas, con dinero de todos, que además se han prorrogado hasta finales de junio. Así, de los 3,3 millones de trabajadores protegidos por los ERTEs, un 28% (929.855) son de empresas turísticas y otro 24% (880.075) del comercio. Y de los 1,17 millones de autónomos con ayudas por cese de actividad, 230.000 son autónomos ligados al turismo y 275.000 al comercio. En resumen, un 93% de los trabajadores afiliados (el 12 de marzo) a la hostelería cobran hoy ayudas de ERTEs, ceses de actividad de autónomos o desempleo, según dijo Pedro Sánchez el sábado en la Moncloa. En total, hostelería y comercio reciben unas ayudas públicas de 10.000 millones mensuales. Pero aún así, presionan para que se abran hoteles, bares, playas, aviones, comercios y grandes superficies, prometiendo "medidas de seguridad”. La bolsa antes que la vida.


El  turismo es una industria europea muy potente y ha conseguido el apoyo de la Comisión Europea, tras la presión de los tour operadores alemanes (los que más se benefician de esta industria) ante Merkel. La semana pasada, la Comisión Europea dio luz verde a que los aviones puedan ir llenos (falta que los clientes quieran viajar así) y aprobó un plan de desescalada en tres fases, que prevé los viajes europeos a partir del 15 de junio, aunque con limitaciones y acuerdos (“pasillos”) entre paises. Sí, hay casi 3 millones de empleos ligados al turismo en España, pero no podemos olvidar que en julio y agosto de 2019 llegaron a España 20 millones de turistas. ¿Vamos a arriesgarnos a que vengan aunque sólo sean 5 millones? ¿Va a cargar la industria con la responsabilidad de posibles rebrotes y más muertos?


Sorprenden estas “presiones europeas” por la vuelta a la “medio libre circulación” cuando Europa es incapaz de aprobar ayudas para los paises más afectados por la pandemia, en especial Italia y España. La misma Comisión que intenta ayudar a las compañías aéreas y al turismo ha vuelto a retrasar la aprobación de un Fondo de reconstrucción europeo de 1,5 billones, como lleva semanas pidiendo la Europa del sur. Y se retrasa porque Alemania y  Holanda (como Austria y los nórdicos) no quieren dar dinero a fondo perdido. Y por eso, insisten en que antes pidamos los créditos del fondo de rescate MEDE, que ya ofrece los primeros 240.000 millones para gastos sanitarios (España podría pedir 24.500 millones) al 0,115% y a devolver en 10 años. Pero España e Italia no parecen interesadas en pedir estos créditos, porque “huelen a rescate”, serían como “un estigma” más de la Europa del sur ante los mercados. 


Mientras, la factura del coronavirus crece cada día y España ya lleva gastados 52.000 millones extras entre gastos sanitarios, transferencias a las autonomías, ayudas a ERTES, autónomos y parados, exención de cotizaciones e impuestos, avales y menos ingresos públicos. Y los expertos advierten que esta factura obligará a España a endeudarse en  110.000 millones de euros adicionales sobre los 190.000 ya previstos. En total, tendremos que colocar” 300.000 millones de deuda este año, en un mercado donde todo el mundo tendrá que endeudarse: se habla de 1,5 billones de deuda extra en Europa. Eso disparará los costes y penalizará a los paises más endeudados ya antes de la pandemia, como España e Italia. De hecho, el tipo de la deuda española a 10 años ya ha subido al 0,810% (estaba en 0,460% en enero) y los especuladores “huelen la sangre” en unos meses: los seguros sobre la deuda española (los CDS) han disparado su precio, porque los fondos buitres apuestan  que España (e Italia) tengan pronto problemas para financiarse. Nuestra UCI son las compras de deuda del BCE, recientemente cuestionadas por el Tribunal Constitucional alemán. Por eso es tan importante que Europa no ofrezca más deuda, sino ayudas a fondo perdido.


Y no sólo para pagar los costes del coronavirus, sino para afrontar los costes de la reconstrucción, que va a ser infinitamente mayores, porque habrá que salvar empleos y empresas con más ayudas este año y el que viene. Y además, hay que afrontar el coste social de esta pandemia, que ha disparado “las colas para comer” y ha sumado otros 6 millones de españoles a los que ya estaban en riesgo de pobreza (8,5 millones), según el informe FOESSA (Cáritas). Y eso porque un tercio de los hogares españoles, 6,3 millones, no tienen “hucha para aguantar más de 3 meses sin ingresos, según este informe del BBVA


Todo esto es muy preocupante, pero no perdamos de vista la prioridad: salvar vidas. Porque si no vencemos al virus, no salvaremos la economía. Y si las prisas se imponen a la prudencia en la desescalada, si hay un rebrote, el número de contagios y de muertos puede ser terrible, a la vista de los pocos españoles inmunizados. Seamos sensatos. Y volvamos poco a poco a una situación que no será de normalidad. Hagámonos a la idea de que el verano, el trabajo, los estudios, los viajes, la vida no serán como antes hasta que haya una vacuna. Y que todos, empresas y trabajadores, lo sufriremos para salvar vidas.