Curso escolar 2021-22: presencial y con recortes

Niños y adolescentes han vuelto a colegios e institutos en este tercer Curso escolar en pandemia, que se espera sea mejor: enseñanza presencial, casi todos los profesores vacunados  y más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años con 2 dosis, aunque seguirán las mascarillas, la distancia de seguridad y el riesgo para los menores de 12 años (4,5 millones). El objetivo es recuperar el temario perdido los años anteriores, pero los centros chocan con los recortes: la mayoría de autonomías van a contratar este curso menos profesores de refuerzo (entre 12.500 y 15.000 menos), a pesar de que el Gobierno les han transferido más dinero para afrontar  la COVID, tanto el curso pasado (+2.000 millones para educación) como este (+13.500 millones para todo). Lo gastarán en otras cosas, a pesar del deterioro de la educación con la pandemia. Urge que centros y familias lo eviten. Es un problema más prioritario que otros también importantes (jueces, delitos de odio, subida de la luz…): en la enseñanza nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

Este Curso escolar 2021-2022 se espera que vuelvan a crecer los alumnos de las enseñanzas no universitarias, un +0.9%, y que estudien en colegios e institutos 8.370.000 alumnos, según Educación, algo menos en la Educación infantil (1.720.000), que ha bajado por la pandemia, y en Primaria, por la menor natalidad (se esperan 2.850.000 alumnos), aumentado los alumnos de Educación especial (casi 40.000), ESO (2.050.000), Bachillerato (rondarán los 700.000) y, sobre todo, en Formación Profesional, la enseñanza que más crece y donde se llegará al millón de alumnos, aunque faltan 50.000 plazas en centros públicos, según los sindicatos, sobre todo en Cataluña (-10.000 y Madrid (-6.938). El alumnado de estas enseñanzas no universitarias sube en todas las autonomías, salvo en Castilla y León y Extremadura, donde cae por la despoblación, y se estanca en Castilla la Mancha y Canarias. Dos de cada tres alumnos (67,1%) estudia en centros públicos, una cuarta parte (25,6%) en la enseñanza concertada (su peso aumenta curso a curso) y el 7,3% en centros privados.

Los 28.624 centros de enseñanza no universitaria (y sus 725.000 profesores) afrontan este nuevo Curso escolar con menos incertidumbre que los dos pasados. Por un lado, este año están vacunados casi todos los profesores (del 92% en Cataluña al 95% en Extremadura). Y por otro, están inmunizados con las 2 dosis (muchos con sólo 1 están inmunizados, porque se contagiaron este verano) más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años (el 55% el 9 de septiembre) y las tres cuartas partes (78,4%) tienen 1 dosis y se va a agilizar su vacunación total estos meses. Esto va a facilitar las clases en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, aunque todavía no se ha autorizado ninguna vacuna para los 4,5 millones de alumnos menores de 12 años (infantil y primaria), donde seguirán “los grupos burbuja”.

Esta mejor defensa de profesores y alumnos ante el COVID 19 permitirá que la enseñanza no universitaria sea este curso totalmente presencial, salvo situaciones especiales, aunque los alumnos seguirán acudiendo a clase con mascarilla y con distancia de seguridad (1,2 metros en vez de los 1,5 metros del curso pasado), escalonando las entradas a los centros escolares y ventilando frecuentemente las aulas. También compartirán bibliotecas y salas multiusos y se retoman las actividades extraescolares, deportes y educación física. En líneas generales, las medidas anti-COVID pactadas entre Educación y las autonomías para este curso son más estrictas que en la mayoría de Europa: en Reino Unido y Paises Bajos no es obligatoria la mascarilla en los centros, la ventilación es sólo una recomendación en Italia y en muchos paises (como Alemania o Francia) no se fija una distancia mínima entre los alumnos ni se reducen los alumnos por clase…

Esta relajación de las medidas anti-COVID ha sido aprovechada por la mayoría de autonomías para aumentar el número de alumnos por clase (de 20 a 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 (hasta 38) en Bachillerato, con lo que se ahorran parte de los profesores de refuerzo contratados el curso pasado para atender a los desdobles de clases. De los 40.000 profesores de refuerzo contratados por las autonomías el curso pasado, desaparecen este curso 12.500 profesores, según CCOO (y hasta 15.000, según el sindicato CESIF). Según la información aportada por cada autonomía, sólo 5 autonomías mantienen los profesores de refuerzo del Curso pasado: País Vasco, Cataluña. Castilla y León, Castilla la Mancha y Navarra. Baleares dice “que lo va a intentar” y Cantabria los mantiene el primer trimestre del nuevo curso. El resto, 8 autonomías, aprovechan para reducir profesores: -8.000 profesores contratadas este curso en Madrid, -1.900 en Canarias, -1.500 en Murcia, -1.000 en Andalucía, -1.050 en Galicia, -500 en Asturias, -150 en Extremadura y un recorte indeterminado en La Rioja.

Centros y profesores se quejan de estos recortes, porque este Curso deben intentar reforzar la formación de sus alumnos y recuperar el temario perdido, tras el cierre de colegios en marzo de 2020 y el curso semi presencial 2020-21. Y reiteran que han aumentado, con la pandemia, los alumnos rezagados y que necesitan refuerzo, por lo que consideran inadmisible perder entre 12.500 y 15.000 profesores, máxime cuando las plantillas ya eran cortas antes de la pandemia, por los recortes en la educación hechos entre 2010 y 2015 (se perdieron 45.000 empleos, según UGT). Su temor, además, es que al haber menos profesores y más alumnos por clase, aumenten los repetidores y el abandono escolar.

El Gobierno y muchos expertos denuncian que estos recortes de profesores este Curso están injustificados porque las autonomías reciben más dinero público que nunca para la educación, por la pandemia. La ministra de Educación ha recordado a las autonomías que el año 2020 recibieron 16.000 millones extras para combatir el COVID, de ellos 2.000 millones transferidos sólo para educación. Y este año 2021, el Gobierno central aprobó en agosto una partida de 13.458 millones para ayudar a las autonomías, con dos prioridades fijadas: servicios sociales y educación. Una parte de este dinero ya se ha transferido en septiembre y el resto se les enviará en noviembre. Una cifra global que supone 2.357 millones extras para Andalucía, 2.170 para Cataluña, 1.863 millones extras para Madrid o 1.400 millones para la Comunidad Valenciana. Y además, las autonomías contarán este año con otros 1.486 millones más para educación, 1.398 de ellos del Fondo europeo de recuperación, que deben destinarse a digitalización, libros y refuerzo alumnos vulnerables.

Así que las autonomías están recibiendo más dinero público, también para enseñanza, pero muchas aprovechan que se flexibilizan las medidas anti-COVID en los centros escolares para despedir profesores. Ante eso, la Plataforma estatal para la escuela pública (sindicatos, padres, estudiantes y profesores) ha anunciado movilizaciones para exigir que no haya despidos e incluso se contraten más profesores. Y el PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para instar al Gobierno a llegar a un acuerdo con las autonomías para reducir de forma permanente los ratios (alumnos por clase) en centros “de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa”.

La pandemia dejó al descubierto lo vulnerable que es la enseñanza no universitaria, escasa de medios y profesores por un recorte continuado del Presupuesto educativo. España ha recortado el gasto público en educación, año tras año, desde 2009: entonces el gasto público en educación suponía el 5,04% de la producción del país (PIB) y fue bajando, año tras año, hasta un mínimo del 4,21% en 2018, apenas mejorado en 2019 (4,26% del PIB en educación), el último año del que Educación publica estadísticas. Eso significa que si el gasto público en educación era en 2009 de 53.895 millones, en 2019 era de 53.053 millones, todavía menos. Y eso nos coloca a la cola del gasto en educación en Europa, según la última estadística (2018): gastamos 6.006 euros por alumno de primaria y 1ª etapa de secundaria, frente a 6.359 de media en Europa, 6.622 euros en Italia, 6.700 en Francia, 7.663 en Alemania o 8.030 euros por alumno en Finlandia, el país puntero en educación. Y en Secundaria 2ª etapa, gastamos 7.400 euros públicos por alumno frente a 7.762 de media en la UE-27, 7.579 en Italia, 10.190 en Francia o 10.291 euros por alumno en Alemania.

Lo peor no es sólo que estemos a la cola europea en el gasto educativo. Es que además, hay enormes diferencias en el gasto según las autonomías, derivadas del diferente ajuste hecho tras la anterior crisis. Así, hay 7 autonomías que gastaban menos en educación en 2019 que en 2009: Castilla la Mancha (-15,7%), Cataluña (-12%), Castilla y León (-8,1%), Galicia (-4,2%), Canarias (-3,1%), País Vasco (-1,1%) y Asturias (-0,6%), según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y las otras 10 autonomías gastaron más en educación que en 2009, sobre todo Baleares (+15,8%), Comunidad Valenciana (+17%) y Cantabria (+8%). Con ello, tenemos “dos Españas” educativas. Por un lado, 8 autonomías que gastan en educación más que la media (863,50 euros por alumno): País Vasco (1.274,63 euros), Extremadura (1.006,17), Cantabria (998,04), Comunidad Valenciana (989,98), Murcia (965,68), Andalucía (890,38) y Galicia (867,01). Y 9 autonomías que gastan menos: Madrid (723 euros por alumno, casi la mitad que Euskadi) y Cataluña (771,67 euros), las dos regiones más ricas, Asturias (782,92), Castilla la Mancha (810,17), Castilla y León (829,08), Aragón (837,53), Baleares (841,68) y la Rioja (862 euros por alumno).

Este recorte del gasto público en educación, confirmado por las estadísticas entre 2009 y 2019, ha obligado a que las familias españolas gasten más cada año para compensarlo. De hecho, las familias gastaron en educación en 2019 un total de 11.417 millones de euros, un 56% más que en 2004. Y con ello, la enseñanza es la tercera partida de gasto familiar que más ha crecido en estos 15 años, tras los gastos en vivienda (+187%) y en salud (+181%). El resultado es que las familias financian ya el 12,3% del gasto educativo (frente a 86,7% el Estado y un 1% otros), lo que convierte a España en el país europeo que menor porcentaje de recursos públicos destina a la enseñanza y el 2º país donde más pagan las familias (12,8% del gasto en Alemania, 7,8% en Francia, 5,3% en Italia y sólo el 0,8% en Finlandia), según la OCDE.

En resumen, tenemos una enseñanza con pocos recursos públicos, menos en comparación a la riqueza del país que hace una década, un gasto desigualmente repartido por autonomías y donde las familias cada vez pagan más. Y esta falta de financiación pública más una gestión política discutible y con muchos vaivenes (se han aprobado 8 Leyes educativas en la democracia) nos ha llevado a una educación bastante deficiente, como lo demuestran tres indicadores: tenemos récord de repetidores (el 28,7% de los alumnos de 15 años, frente al 13% de media en Europa), récord en abandono escolar temprano (16% jóvenes de 18 a 24 años no completan la 2ª etapa de secundaria, frente al 10,2% en Europa) y nuestros jóvenes sacan bajas notas frente a los de otros paises  en comprensión lectora, ciencias y matemáticas en los Informes PISA. Y otro indicador aún más preocupante: los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen más del doble de paro (35,1%) que los europeos (16,2%) y cuatro veces más que los alemanes (7,5% de paro juvenil), según Eurostat.

La pandemia ha agravado los problemas de la enseñanza, tensionando la falta de medios y aumentando los alumnos con problemas o que necesitan refuerzos, sobre todo en los barrios y familias más afectados por la crisis derivada del COVID19. El curso pasado se trató de paliar con más medios y profesores, pero ahora se recorta de nuevo, cuando las necesidades siguen ahí y encima las autonomías reciben más financiación. Hay que aprovechar la pandemia y los Fondos europeos para reforzar la educación en España, en especial la no universitaria, que adolece de muchos problemas de fondo. Y eso exige retirar los recortes anunciados, gastar más en educación (5% del PIB) y pactar la aplicación concreta de la última Ley de educación aprobada, la Lomloe, que entrará en vigor el próximo curso 2022-2023, el primero sin pandemia. Debería ser la gran prioridad ahora, junto al reforzamiento de la Sanidad y el buen uso de los Fondos europeos para reconvertir la economía. La renovación del CGPJ, los delitos de odio, la subida de la luz o la integración política de Cataluña son temas importantes, pero más la educación, aunque se hable menos de ella. Ahí nos jugamos el futuro.

El curso escolar de la mascarilla

Esta semana vuelven a las aulas la mayoría de los 8,25 millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Será otro curso “extraño”, donde los alumnos irán con mascarilla y los 30.000 centros se reconvertirán para reducir contagios. Pero lo hacen sin medios: no les han llegado los 2.000 millones prometidos por el Gobierno ni han contratado más profesores (sólo 20.000 de los 30.000 prometidos, cuando faltan 70.000) y sin material informático para impulsar la enseñanza online (hasta finales de septiembre no les llegan los 500.000 ordenadores prometidos). Y con un reparto de alumnos por aula diferente en cada autonomía. Así que la vuelta a clase será un riesgo más de contagios, que intentarán paliar los centros y familias, que esperan nuevas ayudas para cuidar niños en cuarentena. Al final, el coronavirus revela lo vulnerable que es nuestra educación, tras años de recortes: sin medios, sin inversión, sin digitalización. Hay que aprovechar la pandemia para volcarse en los colegios y cambiar el modelo educativo (manifiestamente mejorable).

enrique ortega

Por una vez, íbamos a ser un país previsor: el 11 de junio, el Ministerio de Educación y las 17 autonomías fijaron unas normas comunes para abrir los colegios este curso (sólo con la oposición o abstención de Madrid, Euskadi y Cataluña). Se publicaron en el BOE el 24 de junio, dos meses y medio antes del comienzo de curso, con tiempo para que las autonomías y los colegios se prepararan. La recomendación era crear grupos de 15 niños hasta 4º de Primaria (grupos “burbuja”, aislados del resto) y 20 alumnos por clase en el resto, lo que suponía hacer desdobles de clases y buscar nuevos lugares para colocar los nuevos grupos. Y en los casos de alumnos más mayores, una enseñanza presencial y online. Y para facilitar esta reconversión, el Gobierno prometía a las autonomías un Fondo de 2.000 millones de euros, a repartir según el número de alumnos de cada región (ver reparto del Fondo por autonomías).

Hasta ahí todo bien. El problema han sido los rebrotes y la segunda oleada de contagios en julio y sobre todo agosto, con lo que la vuelta al cole se complica: porque cuando se publican las normas (finales de junio) hay 141 nuevos contagios diarios y el 14 de agosto tenemos ya 2.987 contagios diarios (22 veces más). Y las familias y la opinión pública se asustan sobre la vuelta al cole en estas condiciones. Y sobre todo los centros, porque directores y profesores saben que no se ha hecho casi nada: ni se han preparado los desdobles, ni se han hecho nuevas contrataciones ni han mejorado las plataformas informáticas. Las autonomías no han avanzado en los protocolos y los 2.000 millones no han llegado.

El 25 de agosto, el presidente Sánchez comparece para llamar a la calma, para comprometerse a que la vuelta al cole será “segura”. Y el Gobierno (ministerios de Educación y Sanidad) y las autonomías vuelven a reunirse, el 27 de agosto, para aprobar otras normas de vuelta al colegio (como si no estuvieran las del 11 de junio), a la vista de la 2ª oleada de contagios y de los medios realmente disponibles. Y aprueban 29 medidas y 5 recomendaciones (verlas aquí) que, en esencia, son las de junio más una importante: la obligación de que los alumnos lleven mascarilla a partir de los 6 años. Y normas más estrictas de distanciamiento e higiene, más test masivos a profesores. Pero ya no se habla de 20 alumnos por clase, porque se sabe que es imposible conseguirlo en días, dado que no se han contratado los 30.000 nuevos profesores previstos ni ha llegado el dinero para los desdobles y el reforzamiento de la enseñanza digital.

Con estas segundas normas, que ahora apoyan todas las autonomías, cada Gobierno regional aprueba unas normas propias, con criterios comunes pero con muchos otros diferentes (ver aquí). En especial, los ratios, el número de alumnos por clase. Así, Madrid aprueba 20 alumnos por clase en infantil y primaria (en junio se recomendaban 15), lo mismo que Asturias, la Comunidad Valenciana o Murcia, mientras Galicia, Murcia, Navarra y Castilla y León aprueban 25 (y Castilla y León entre 22 y 25). Y en el caso de 1º y 2º de la ESO, bajan los alumnos de 30 a 23, mientras otras autonomías los dejan entre 25 y 30 (cuando en junio se recomendaban 20). El problema es que las autonomías y sus centros educativos no han preparado los “desdobles” (hacer de 2 clases 3, por ejemplo), porque eso exige invertir en obras en los centros y contratar más profesores.

Para eso estaba destinado el Fondo de 2.000 millones (a fondo perdido, sin tener que devolverlos) que el Gobierno Sánchez aprobó el 16 de junio. Pero ese Fondo no ha llegado y todo apunta a que Hacienda no lo transferirá hasta finales de septiembre. Con ese dinero, las autonomías iban a promover obras de trasvase y contratar 30.000 nuevos profesores para los centros públicos y concertados (1,5 profesores por centro, muy poco). Y ahora, cuando el curso comienza, sólo se han contratado unos 20.000 profesores de refuerzo (con cargo a las debilitadas cuentas autonómicas), básicamente en la Comunidad Valenciana y Asturias (Madrid prometió contratar 10.000, pero no han llegado).

Sin desdobles y sin más profesores, los centros educativos han tirado de imaginación para repartir alumnos y guardar distancia de seguridad, a costa de un mayor trabajo de los profesores y la colaboración de alumnos y padres. La mayoría tampoco puede contratar una enfermera/o, que ayudaría a la prevención: en Madrid, por ejemplo, sólo el 20% de los centros educativos cuentan con un enfermero/a. Y los centros han tenido que pedir a los Ayuntamientos ayuda para la limpieza y desinfección continua que necesitan.

Otra inversión que no se ha hecho en la mayor parte de centros es en crear plataformas online para la enseñanza a distancia, que podría complementar la enseñanza presencial a partir de 2º de la ESO. Muchos centros carecen de los medios necesarios, al igual que muchos alumnos, sobre todo los de familias más desfavorecidas. De hecho, España está a la cola de la OCDE en accesibilidad a la educación online: ocupamos el puesto 24º en un estudio sobre 30 paises desarrollados, con un 78,4% de alumnos que tienen ordenador en casa, frente al 95% en Noruega, el 97,6% en Holanda, el 92,9% en Alemania, el 84,1% en Francia o el 72,5% en Italia. Y además, somos el 14º país con el acceso a Internet más caro. Para paliar este retraso digital, el Gobierno aprobó el 16 de junio el Plan Educa Digital, para dotar a los colegios de 500.000 ordenadores y tablets. Pero no ha llegado ninguno y se retrasarán hasta finales de septiembre o en octubre, por problemas en los contratos de suministros.

Al final, mejorar la seguridad de los centros educativos ante el COVID 19 no es sólo cuestión de mascarillas y distancia de seguridad: exige invertir. Para reducir los alumnos por clase a 20, habría que contratar 70.746 profesores (no los 30.000 previstos), según un reciente estudio de CCOO. Y además, hay que invertir en renovar físicamente los centros, en crear plataformas digitales, comprar equipos informáticos y ordenadores para los alumnos más vulnerables, una factura total que CCOO estima en 4.666 millones de euros.

Y no basta con esto. La pandemia y la vuelta a clase va a afectar mucho a las familias, sobre todo cuando aparezcan brotes en algunas aulas y centros, que obliguen a la cuarentena de alumnos y al posible cierre temporal de clases y centros. Por eso, se va a ampliar el Plan MeCuida, que hasta el 20 de septiembre permite a los padres negociar con la empresa una reducción de horario (incluso hasta el 100%) en caso de que se tengan que quedar en casa para cuidar un hijo que está en cuarentena. Y también es posible reducir la jornada laboral (reduciendo el salario). Pero el Gobierno estudia ir más allá y quiere aprobar pronto una medida nueva: que los padres se cojan una baja laboral en caso de cuarentena de sus hijos (aunque tengan PCR negativa). La medida exigirá que esa baja la pague la Seguridad Social (ahora la pagan las empresas los primeros días y no quieren) y puede crear un problema a los médicos de familia que la dan y que están hoy saturados de trabajo.

Al final, los colegios, las familias, las autonomías y el Gobierno “cruzan los dedos” para que la vuelta a las aulas no dispare los contagios. Hay dos cosas claras. Una, que las medidas de prevención tomadas en los colegios son incluso mayores que en otros ámbitos, desde la calle a los centros de trabajo a los transportes y la hostelería. Y la otra, que los contagios en niños son bajos: sólo el 3,4% de los niños diagnosticados de COVID 19 contagiaron a sus familiares, según un reciente estudio realizado por el Hospital Vall D´Hebron. En cualquier caso, son 8.250.000 niños y adolescentes, junto a sus familias, un colectivo demasiado grande como para no preocuparse seriamente. Pero la otra opción, cerrar los colegios, es demasiado drástica y les afectaría muy profundamente. Así que hay que elegir entre los riesgos y la necesidad ineludible de educar a nuestros hijos.

Eso sí, habría que aprovechar esta pandemia para cambiar la educación que tenemos  porque es claramente mejorable: somos líderes en Europa en abandono escolar,  tenemos el tercer mayor porcentaje de alumnos repetidores y estamos en el puesto 17 de 19 paises europeos en el informe PISA. Y todo ello, por nuestra baja inversión en educación (el 4% del PIB frente al 5% de media en Europa: 11.000 millones menos de gasto cada año) y por el modelo de enseñanza que tenemos, demasiado “memorístico” y asentado en enormes temarios más que en desarrollar habilidades y fomentar el razonamiento. Quizás ahora, cuando los colegios se plantean cómo rehacer los temarios (el tercer trimestre del curso pasado no se dio completo, al estar los colegios cerrados y hacer la enseñanza online), sea el momento de reajustar los programas, centrándose en enseñar lo fundamental y desarrollar que los alumnos busquen, discurran, piensen, no sólo memoricen. Y a todo eso puede ayudar la enseñanza online, en las edades superiores: trabajos conjuntos, investigaciones, análisis… Una enseñanza más útil para lo que les van a exigir mañana los nuevos trabajos.

Pero, sobre todo, hay que aprovechar la pandemia para volcarse en la educación, que ha estado desatendida estos años y ha sufrido especialmente los recortes (como la sanidad): la educación perdió 9.000 millones de euros entre 2008 y 2015, con 2.214 docentes menos que hace una década y un 62% más de profesores precarios que en 2009. Y además de gastarse poco en educación, se gasta de forma muy desigual por autonomías: el País Vasco invierte 6.502 euros por alumno, un 60% más que Madrid (3.945 euros por alumnos). Es hora de negociar  un Pacto de Estado por la Educación, para acordar un suelo de gasto (el 5% del PIB), más medios y más profesores, y sobre todo pactar un nuevo modelo de enseñanza, al margen de la política. De hecho, en el Congreso se está debatiendo la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (la 8ª de la democracia), aprobada por el Gobierno el 3 de marzo, y cuenta con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos. Habría que intentar acuerdos políticos para que si se aprueba, ya para el curso 2021-2022, sea por casi unanimidad.

En definitiva, que hay que volver al cole, aunque la seguridad al 100% sea imposible y los riesgos parezcan enormes. Pero hay que exigir al Gobierno y las autonomías que se coordinen más, que doten a los centros de medios, profesores y equipos informáticos y que ayuden a las familias a conciliar el trabajo con ser padres. Tenemos muchos retos como país, pero las 2 prioridades deben ser la salud y la educación. En eso hay que volcarse.