Autovías sin peaje y más mercancías por tren

Ya es oficial: la Comisión Europea aceptó, el 2 de octubre, que España no cobre peajes en las autovías desde 2024, tal como el Gobierno Sánchez había prometido en 2021, al presentar el Plan de Recuperación, para reducir las emisiones del transporte por carretera. A cambio, España se compromete con Bruselas a potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, duplicando su bajo peso actual, para reducir las emisiones de los 360.000 camiones que circulan por nuestras carreteras. Eso obliga a cuantiosas inversiones en locomotoras, vagones, vías, terminales y nudos logísticos, pero sobre todo el impulso a los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, por donde circularán más mercancías (y viajeros) de aquí a 2030, con menos costes  y emisiones de CO2. Además, Renfe creará una empresa con la multinacional MSC para liderar ese creciente transporte ferroviario de mercancías. De momento, nos libramos del peaje en autovías, pero desde 2027, la UE impondrá una tasa al transporte por carretera que acabaremos pagando los consumidores.

                                         Enrique Ortega

Uno de los compromisos que asumió España, al enviar a Bruselas el Plan de Recuperación (el 27 de abril de 2021) fue aplicar un peaje en las autovías (ahora gratuitas), para reducir las emisiones de CO2 del transporte por carretera, aplicando el principio de “quien contamina paga”. De hecho, en 2022, el transporte por carretera emitió 82.531 Tm de CO2, el 28,1% de todas las emisiones producidas en España, según los datos oficiales. El objetivo del futuro peaje en las autovías era doble: penalizar las emisiones contaminantes y utilizar parte de esos ingresos extras para financiar el insuficiente mantenimiento de las carreteras. El compromiso del Gobierno Sánchez no concretaba el importe de esos futuros peajes (solo hablaba de “precios simbólicos”), pero la patronal Seopan (infraestructuras), defensora de la medida, habló en su día de un peaje entre 1 y 1,5 céntimos por kilómetro para turismos y 5 céntimos para camiones, con una recaudación total de 1.500 millones al año.

La propuesta de peajes en autovías pasó relativamente desapercibida  hasta la campaña electoral de las elecciones de junio de 2023, donde Feijóo y el PP los utilizaron para atacar a Sánchez. Y en paralelo, la subida de los carburantes y la inflación desde 2022 había disuadido al Gobierno de implantarla, por impopular e inflacionista. Así que, ya desde principios de 2023, se buscaba una vía para no implantar ese peaje. La ocasión fue la presentación de la adenda al Plan de Recuperación, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2023, para solicitar más Fondos europeos, hasta un total de 163.000 millones de euros hasta 2026 (entre ayudas directas y créditos), a cambio de más reformas estructurales. En esa adenda, el Gobierno Sánchez solicitaba a Bruselas no aplicar el peaje en las autovías previsto para 2024 y, a cambio, promover el transporte de mercancías por ferrocarril, dentro de una Ley de Movilidad Sostenible que prometía aprobar antes de finales de 2024.

El pasado 2 de octubre, la Comisión Europea aprobó la adenda al Plan de Recuperación de España y con ella, aceptó oficialmente que no se apliquen los peajes en autovías en 2024. Para conseguir este cambio, el Gobierno Sánchez se compromete a tomar 3 medidas: potenciar el transporte ferroviario de mercancías (menos contaminante que la carretera), desarrollar los corredores ferroviarios del Atlántico y Mediterráneo y bonificar durante 5 años los cánones ferroviarios (tasas) que se cobran (ADIF) a las empresas que transportan mercancías (y pasajeros) por ferrocarril. Además, España se compromete a crear un banco de pruebas para facilitar la innovación en el transporte y las infraestructuras.

Otro argumento utilizado por España ante Bruselas para no aplicar los peajes ha sido que iban a solaparse con el nuevo sistema de pagos por CO2 que se va a aplicar en toda la Unión Europea a partir de 2027, para penalizar las emisiones del transporte y las viviendas. Ese nuevo sistema implicará el cobro de una tasa o pago por el combustible que utilice el transporte por carretera, unos 45 euros por Tm de CO2, una tasa que será soportada por los distribuidores de carburante pero que las petroleras repercutirán en los transportistas. Y que estos acabarán trasladando a los consumidores. El argumento de España ante la UE era que si ya iba a aplicarse esta tasa al transporte (por sus emisiones), no tenía sentido implantar en paralelo otra tasa por lo mismo, los peajes en las autovías.

Al final, nos hemos librado (de momento) de empezar 2024 pagando peajes en las autovías (que ya pagamos en su día con nuestros impuestos), pero España tendrá que “hacer los deberes” prometidos y potenciar el transporte por ferrocarril, hoy con un peso mínimo. De hecho, en 2021, sólo el 1,3% de las mercancías transportadas (Tm) en España lo hicieron por ferrocarril (el 1,24% del tráfico nacional de mercancías y el 0,8% del internacional), según el último dato publicado por el Observatorio del Transporte del Ministerio. Según esa estadística oficial, el 76,03% de las mercancías se transportan por carretera (ojo: el 95,75% de las mercancías nacionales y el 20,68% de las internacionales), el 22,78% se transportan por barco (ojo: sólo el 2,99% de las mercancías nacionales y el 78,33% de las internacionales) y el 0,00043% restante por avión (0,0003% de las mercancías nacionales).

Con este mínimo peso del transporte de mercancías por tren, España es uno de los paises europeos con más peso del transporte de mercancías por carretera y está a la cola (el 4º país europeo con menos peso) en el transporte ferroviario de mercancías. Las estadísticas de Eurostat de 2021, que miden las toneladas kilómetro transportadas (otra forma de medirlo) señalan que en España el transporte de mercancías por tren supone un 4,6% del total del tráfico de mercancías, frente al 17,8% de media en la UE-27, el 23,5% en Alemania, el 15% en Francia o el 13% en Italia, destacando el 42,1% en Austria o el 38,2% del transporte de mercancías en Suecia. Y fuera de la UE, el transporte ferroviario de mercancías supera el 40% del total en EEUU, China, India o Sudáfrica.

El objetivo que España ha comprometido con la Comisión Europea es duplicar ese actual 4,6% de tráfico ferroviario de mercancías al 10% en 2030. Para lograrlo, pretende acelerar el Plan Mercancías 2030, que ya presentó el Ministerio de Transportes en octubre de 2021, con el compromiso de destinar 8.400 millones a potenciar el ferrocarril para que gane mercancías a la carretera. El Plan Mercancías 2030 contempla inversiones públicas y ayudas a las empresas ferroviarias para compra y renovación de locomotoras, vagones, terminales, vías y conexiones ferroviarias más digitalización. Adif, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, ya ha adjudicado obras por valor de 1.000 millones de euros, como las terminales ferroviarias de Can Turis (Barcelona), Escombreras (Murcia), Muriedas (Cantabria), Lezo (Guipúzcoa) y Orduña (Vizcaya) o el inicio de las futuras conexiones a puertos (Coruña, Castellón, Algeciras, Valencia, Huelva, Santander, Bilbao, Sevilla o Barcelona).

Además de estas obras en vías e infraestructuras (electrificación, incorporación de un tercer carril de ancho mixto, terminales y zonas de carga y descarga), son importantes las ayudas públicas a las empresas privadas que operan en el transporte ferroviario para que modernicen su material rodante e instalaciones. Y la congelación, en 2024, de las tasas que ADIF les cobra para utilizar las vías e instalaciones, que son más bajas en España que en la mayoría de Europa y que deben ser un incentivo para ofrecer a las grandes empresas (siderúrgicas, químicas, energéticas, cereales, automóviles) unas tarifas competitivas para que transporten más por ferrocarril y menos por camiones (hay 360.000 operando en España).

Junto a este Plan Mercancías 2030, el Gobierno Sánchez ha dado estos años un empujón a los corredores ferroviarios del Atlántico y Mediterráneo, aunque están retrasados. Hace unos días, el secretario de Estado de Transportes (en funciones) se ha comprometido (otro “recado” a Bruselas) a invertir 27.000 millones hasta 2030 en ambos corredores ferroviarios (16.000 millones en el corredor Atlántico y 11.000 millones en el Mediterráneo), empezando por los 3.300 millones de inversión ya incluidos en los actuales Presupuestos de 2023. El corredor Atlántico conectará Portugal, España (11 autonomías), Francia, Alemania e Irlanda, con tráfico de mercancías y pasajeros, destacando la variante de Pajares (que se inaugura en noviembre), la Y vasca, el AVE Burgos-Vitoria y el tramo entre Oropesa (Toledo) y Plasencia (Cáceres). El corredor Mediterráneo enlazará Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña con Francia (por Figueras), con más de 800 kilómetros de vías y terminales logísticas, además de las conexiones con los principales puertos del Mediterráneo.

Otro empujón al transporte de mercancías por ferrocarril lo quiere impulsar Renfe, la empresa pública española de ferrocarriles, que en 2005 se vio obligada a abrirse a la competencia, por imposición europea. En estos años, Renfe ha pasado de operar en solitario a competir con otras 9 empresas en el transporte español de mercancías. En 2022, Renfe Mercancías tenía una cuota de mercado  del 52,8%, frente al 84,1% que tuvo en 2011 y el 60,9% en 2016, según los datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). La 2ª empresa en el transporte de mercancías en España es Captrain, que opera la empresa pública francesa SNCF (tras comprar en 2018 la española COMSA Rail) y ha conseguido ya un 17,1% del mercado ferroviario español.  La 3ª en el ranking del transporte ferroviario es Continental Rail, una empresa que era de ACS (Florentino Pérez) hasta 2011, cuando la vendió a la multinacional francesa de logística CMA CGM, que ya transporta el 11,2% de las mercancías españolas que van por tren. El 4º gran operador es Transfesa, ahora filial de la empresa privada alemana Deutsche Bahn (la mayor ferroviaria europea, que compró Transfesa en 2007 a los hermanos Fernández, dueños desde la postguerra), que tiene un 7,4% del mercado ferroviario de mercancías. Y los otros 5 operadores privados tienen el 5% o menos del mercado global cada uno (y juntos, un 11,5% de la cuota total).

Ahora, Renfe Mercancías quiere potenciar su peso en el futuro mercado ferroviario español. Y para conseguirlo, se va a aliar con uno de sus competidores, la multinacional suiza MSC (la naviera líder mundial, tras haber superado a la danesa Maersk), que es el 5º mayor operador de mercancías por ferrocarril en España, con su filial Medway (5% de cuota). Tras un concurso abierto, donde han competido también Maersk y MCA CGM, Renfe anunció a finales de septiembre que va a crear una sociedad mixta (al 50%) con Medway (MSC), para aprovechar su experiencia mundial en la gestión de contenedores y mercancías. Ahora falta la autorización de Competencia (CNMC), del futuro Gobierno español y de Bruselas.

Con esta nueva empresa, Renfe y el resto de los operadores privados tendrán que convencer a las grandes empresas que transporten sus productos y mercancías por tren y no por carretera. La clave va a estar en las tarifas y en la facilidad de los envíos, para lo que resulta clave la inversión en trenes, vagones, terminales y las conexiones con puertos, aeropuertos y fábricas. Y resolver el problema de los dos anchos de vía (el ibérico e internacional), que supone retrasos y encarecimiento de los envíos.

Actualmente, el 57,7% de las mercancías ya se transportan por vagones intermodales, que transportan contenedores y semirremolques (la cabina del camión los coge en destino), perdiendo peso el transporte en vagón completo. Y los principales clientes del tren son hoy las empresas siderúrgicas (34% del mercado), los graneleros (26%), las empresas de automóviles (7,2% los vehículos y 4,3% las piezas y componentes), las empresas químicas (7%) y el transporte de petróleo y derivados (2,9%), según los datos de la CNMC (2022). Y los trayectos más utilizados por el transporte ferroviario de mercancías son Barcelona-Zaragoza, Madrid-Valencia, Barcelona-Tarragona y trayectos cortos en Coruña-Pontevedra, Barcelona y Asturias.

Queda mucha tarea por delante, tiempo y muchas inversiones, para que el ferrocarril gane terreno a la carretera, algo necesario si queremos reducir las emisiones y combatir el cambio climático. Baste un dato: transportar una tonelada por kilómetro en camión emite 137 gramos de CO2, frente a 24 gramos en tren, que emite un 85% menos por tonelada transportada. Y además, quitar de las carreteras a una parte de los 360.000 camiones actuales reduciría accidentes y atascos, descongestionando también el acceso a las ciudades. Eso sí: este necesario desplazamiento de mercancías de la carretera al tren exige medidas y ayudas públicas para reconvertir el sector del transporte, sus empresas y trabajadores.

Volviendo al inicio del tema, el peaje en las autovías, nos hemos librado de momento, pero ojo, habrá que acabar pagando más por contaminar, por la utilización del vehículo privado no eléctrico y por el transporte en camión de media y corta distancia, que seguirá siendo necesario aunque en las grandes distancias se utilice más el tren. Así que, antes o después, subirán los impuestos “verdes” o ambientales, desde la gasolina y el gasóleo (a pesar de que sea impopular) a la utilización del transporte por carretera en el envío de mercancías. No se pueden reducir las emisiones y mejorar el medio ambiente sin que paguemos más por contaminar. No será en una autovía, pero sí al echar carburante, aparcar o comprar. Es lo que viene.

EPA septiembre 2023: empleo récord

El empleo sigue aumentando en España, a pesar del menor crecimiento, la alta inflación, los tipos de interés récord y la guerra en Ucrania y Palestina: 21.265.900 personas trabajaban en  septiembre, la cifra más alta de nuestra historia, según la EPA conocida hoy. Y aunque el paro aumenta, porque aumentan los que buscan trabajo, tenemos la tasa más baja desde 2008 (11,84%). El empleo está aguantando en todo el mundo, a pesar del parón de la economía, pero más en España: hemos creado el 60% de todo el empleo europeo este año. Pero las previsiones alertan que el empleo va a “pinchar” en los próximos meses y el Gobierno en funciones espera que se cree en 2024 la mitad de empleo que en 2023. Por eso, urge mejorar los salarios (para reanimar el consumo) y acelerar las inversiones de los Fondos europeos. Y aprobar Planes de choque para colocar a los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. No hay que dormirse en el récord.

                             Enrique Ortega

El verano suele ser una buena época para el empleo, por la temporada turística y los contratos en la enseñanza. Este año también, a pesar del menor crecimiento económico (en España y en Europa), la alta inflación (aunque menor) y la guerra de Ucrania: se crearon + 209.100 empleos entre junio y septiembre, según la EPA conocida hoy, más del doble que el verano de 2022 (+77.700 empleos), aunque menos que en el verano de 2021 (+359.300 empleos) y que en el de 2020 (+569.600 empleos, porque salíamos del “encierro” por el COVID-19). Y más del triple de nuevos empleos que en el verano anterior a la pandemia (+69.400 empleos en 2019). Con ello, se han creado +806.000 empleos este año. Y en España hay ya 21.265,900 personas trabajando, otro récord histórico tras el de junio 2023 (21.056.700 ocupados), el mayor número de personas trabajando en España (hubo 20.646.000 ocupados en junio 2008).

En el tercer trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+138.700 empleos creados), sobre todo la hostelería, el turismo y el comercio, pero también ha creado  empleo la industria (+98.800) y la construcción (+19.500) cayendo sólo el empleo en la agricultura (-47.800 empleos). El empleo se ha creado sobre todo en el sector privado (+192.200 empleos) , once veces más que en el sector público (+17.000 empleos), según la EPA. Y se ha creado casi el doble de empleo entre los hombres (+130.500 empleos), que entre las mujeres (+78.600), cayendo el empleo sólo entre los jóvenes de 25 a 34 años (-39.900 ocupados)  y entre los de 45 a 49 años (-21.100 empleos). Por autonomías, el empleo ha crecido en 12 regiones, encabezadas por la Comunidad Valenciana (+80.700 empleos), Cataluña (+62.400) y Baleares (+35.200) y ha caído en las 7 regiones restantes, sobre todo en Madrid (-15.700 empleos), Andalucía (-3.800) y Euskadi (-2.800).

La importante mejora del empleo en el tercer trimestre (+209.100) no se traducido una mejora del paro, que subió en verano (+92.700 parados), más que en el verano anterior (en 2022, el paro creció en +60.800 personas), según la EPA de hoy. Ello se debe a un fuerte aumento este verano de los españoles “activos”, que buscan trabajo: los “activos” han aumentado en +301.900 personas, impidiendo bajar las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay más de 24 millones de activos, otro récord histórico y 962.200 personas más buscando trabajo que antes de la pandemia). Y todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo. 

El  paro subió en el tercer trimestre (+92.700 personas), por culpa de los servicios (+35.900 parados, los que se apuntaron a finales de septiembre, tras el fin de la temporada turística), los estudiantes que buscan su primer empleo (+40.900 personas) y los nuevos parados de la agricultura (+16.900) y la industria (+4.700 parados), bajando sólo el paro este verano en la construcción (-21.100 parados), según la EPA de septiembre. El desempleo aumentó poco entre los hombres (+24.400 parados) y subió mucho más  entre las mujeres (+68.400) y entre los de 25 a 54 años (+41.200 parados) y los más jóvenes (+30.600 parados entre 20 y 24 años). Por autonomías, el paro sube en 11 regiones, sobre todo en Madrid (+37.600 parados), Andalucía (+30.700), Asturias y Euskadi (+13.400), más Murcia (+10.100), bajando sólo en 8 regiones, sobre todo en Castilla la Mancha (-11.900 parados), Baleares (-8.400), Aragón (-5.600), Galicia (2.500) y Extremadura (-2.300),que se han beneficiado de un mayor turismo interior este verano.

 La cifra total de parados EPA se aleja de los 3 millones (2.855.200 parados estimados a finales de septiembre 2022), un dato que no se veía desde septiembre de 2008 (2.600.700 parados). Y la tasa de paro baja al 11,84%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde el verano de 2008 (11,23%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (5,9% en la UE-27) y cuadruplicamos la alemana (3% de paro), según Eurostat.  Y baja ligeramente la tasa de paro de los  jóvenes (menores 25 años), al 27,82% (14% en la UE-27). 

Hay otros datos preocupantes del paro que mejoran. El primero, que hay 928.800 hogares con todos sus miembros en paro (-48.600 menos que hace un año). El segundo, que seguimos con 5 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa”: Ceuta (27,79% de paro), Melilla (20,89%),  Andalucía (18,67%), Extremadura (16,50%), Canarias (15,23%) y, que contrastan con 6 autonomías que tienen una tasa de paro casi europea (5,72% Baleares, 7,48% Cantabria, 7,77% Aragón, 8,32% País Vasco,  9,29% Navarra y 9,61% La Rioja). Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son 1.132.700 parados, el 39,67% de los parados (eran el 40,29% el trimestre pasado, pero el 43,5% a finales de 2019). 

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En agosto de 2023, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.816.798 desempleados: menos de la mitad (48,24%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 934,40 euros de media y el resto (51,76%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Pero en esta cifra están incluidos los 11.000 trabajadores que están en ERTE y cobran las tres cuartas partes de su sueldo del SEPE. Así que, en realidad, sólo 1.805.798 parados cobra algún subsidio, el 63,25 % de los parados que refleja la EPA de hoy. Eso significa que más de un tercio de los parados (36,75%) no cobran ninguna ayuda pública, lo que mejora la cobertura de 2019 (no cobraban el 38,5%). Así que sube el paro, pero también aumentan los que no reciben ayudas. 

Visto los datos del empleo y el paro en el tercer trimestre de 2022, queda patente que España supera de momento la nueva crisis de la guerra de Ucrania, porque tenemos más ocupados (+ 1.085.000) y menos parados (- 248.600) que a finales de 2021. Concretando más, hay +495.017 afiliados más a la Seguridad Social que a principios de año, con  20.735.911 afiliados a finales de septiembre, tras 29 meses consecutivos de aumento (desde mayo de 2021). Y el paro se ha reducido, a pesar de la guerra y la inflación, en -115.185 parados este año (enero a septiembre), según Trabajo.

Con todo, la mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2023 sigue siendo menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. El balance de enero a septiembre es muy positivo: un 43,5% de todos los contratos firmados estos 9 meses (11.575.200) han sido indefinidos (5.035.200 contratos), por encima del 37,04% de contratos indefinidos firmados entre enero y septiembre de 2022. Y supone un salto tremendo sobre el porcentaje de indefinidos antes de la reforma laboral: en 2021, sólo el 10,9%  de los contratos eran indefinidos. Y entre 2014 y 2020, sólo eran indefinidos entre el 6 y el 8% de todos los contratos. Además, este año, más de la mitad de los nuevos contratos (56,11%) son a tiempo completo, más de la cuarta parte (28,7%) a tiempo parcial y el resto, fijos discontinuos (1.755.300), que son los contratos fijos que se hacen ahora a muchos de los que antes eran temporales en el turismo, hostelería y construcción : están “fijos” en las empresas, aunque trabajen por obra o temporada (el resto del tiempo no cuentan como parados aunque estén inactivos, una norma que viene desde el año 1985).

El resultado evidente de la reforma laboral es que aumentan mes a mes los asalariados con contrato indefinido, que eran el 74% de los asalariados hace dos años (septiembre 2021), un 79,81% hace un año y que ahora son ya un 82,74%, con un 17,26% todavía de asalariados con contrato temporal, el mayor porcentaje en Europa (la media de temporalidad en la UE-27 es del 14,1%). Los que más se están beneficiando de los contratos fijos son los jóvenes, cuyos contratos son ahora fijos en un 75% (antes de la reforma, lo eran menos de la mitad).Y además de conseguir más contratos indefinidos, la reforma laboral está consiguiendo contratos temporales que duran más, al penalizar la cotización de los contratos por días o menos de una semana, que ahora se hacen mucho menos.

En resumen, aunque el empleo creció menos este verano (+209.100) que en primavera (+603.900), sigue mejorando, a pesar de que la economía crezca menos, en España y en Europa, la alta inflación, la drástica subida de los tipos de interés y los conflictos geopolíticos (20 meses de guerra en Ucrania y ahora la guerra en Palestina). Los expertos muestran su extrañeza por el alto nivel de empleo en todo el mundo, con la tasa de paro más baja en los 38 paises de la OCDE desde principios de siglo (4,81% en agosto de 2023, frente al 5,39%  en 2019, antes de la pandemia, el 8,58% en 2009 y el 6,75% en 2001). Una bonanza del empleo en Occidente, a pasar de la inflación, los tipos altos y la guerra, motivada por el elevado gasto público tras la pandemia, las ayudas contra la inflación, la moderación salarial y el aumento de los beneficios empresariales, el envejecimiento de la población (hay menos mano de obra disponible) y la vuelta de mucha producción de Asia y paises en desarrollo a los paises desarrollados, tras los “embudos” en las cadenas de producción post-pandemia.

Esta mejoría internacional del empleo en los últimos años ha sido mayor en España, según los datos oficiales: el 60% de todo el empleo creado en Europa en 2023 se ha creado en España. Respecto a diciembre de 2019 (antes de la pandemia), la creación de empleo aumentó más en España (+7,1% hasta septiembre 2023) que en Francia (+4,9%), Italia (+2,2%) o Alemania (+1,3%). Y si analizamos la creación de empleo desde diciembre de 2021 (antes del inicio de la guerra en Ucrania), también se ha creado más empleo en España (+5,2% hasta septiembre 2023) que en Italia (+3,2%), Francia (+1,7%) o Alemania (+1,6%). Las razones son varias: el mayor tirón del empleo del turismo y los servicios, la menor caída de las exportaciones, el menor peso de la industria (que está creando menos empleo), la menor inflación y los salarios más bajos en España, que mejoran nuestra competitividad.

Pero ahora, cara al 4º trimestre de 2023 y, sobre todo, ante 2024, preocupa el futuro del empleo, en Occidente y más en Europa y España, dado el bajo crecimiento esperado, los altos tipos, la incertidumbre sobre la energía y la inflación y los conflictos geopolíticos. Por eso, tanto la OCDE como el FMI auguran una menor creación internacional de empleo este año y, sobre todo, en 2024. En paralelo, el Gobierno en funciones ha enviado a Bruselas, en octubre, su Plan presupuestario para 2024, donde hace 2 previsiones. Una, que se crearán 722.905 empleos entre 2023 (438.028) y 2024 (284.877), una cifra importante, pero mucho menor que el año pasado (sólo en 2022 se crearon 710.400 empleos). Y la otra, que la tasa de paro seguirá bajando, a pesar del aumento de activos (24 millones en 2024), quedando por debajo del 11% de paro a finales de 2024 (la tasa más baja desde 2008). Un aumento del empleo que será mayor que en el resto de Europa, por el empujón del turismo y los Fondos europeos.

Así que el empleo seguirá creciendo, pero mucho menos, sobre todo este invierno y hasta la primavera que viene. Por eso, resulta importante no bajar la guardia en las ayudas contra la inflación, que están ayudando a muchas familias a bajar menos su consumo y mantener el crecimiento, aunque sea menor. Y, sobre todo, dinamizar las inversiones ligadas a los Fondos europeos, claves para sostener muchos empleos (y aumentarlos). Además, el próximo Gobierno (si se constituye, algo difícil hoy) tendría que aprobar un Plan de choque por el empleo, para facilitar la contratación de los colectivos con más problemas para trabajar: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. En el programa de Gobierno pactado por el PSOE y Podemos se incluye aprobar 2 Planes de empleo para jóvenes y parados de más de 45 años, pero necesitarán apoyos políticos, recursos y la colaboración de las 11 autonomías del PP (y VOX), que gestionan el día a día de las políticas de empleo en España.

En resumen, sigue mejorando el empleo, pero preocupa que “pinche” en los próximos meses. Y todavía tenemos demasiado paro, concentrado en los mayores, las mujeres y los jóvenes, que siguen esperando una oportunidad. Crear más empleo y de calidad debería concentrar los esfuerzos la próxima Legislatura. Porque el empleo es la base de todo.

Alquileres disparados

Este jueves se cumplen 5 meses de aplicación de la nueva Ley de vivienda, aprobada en el Congreso con la oposición de la derecha, cuyas autonomías (11) amenazan con no aplicarla. Hasta fin de año no estarán listos los topes al alquiler, pero la Ley ha sido inútil y contraproducente: los alquileres siguen subiendo y se cobran ya precios récord en 27 capitales, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Valladolid. Y las familias destinan el 40% de sus ingresos (y más) al alquiler, agravando la pobreza y forzando a que dos tercios de los jóvenes vivan con sus padres. La causa de estos alquileres carísimos (más de 1.000 euros de media) está en la falta de viviendas, sobre todo en grandes ciudades: necesitamos 1,2 millones de pisos más para alquilar. Urge un Pacto entre el próximo Gobierno, autonomías y promotores para conseguir suelo y financiación para construir viviendas en alquiler a precio tasado. Y facilitar el alquiler de 1,9 millones de viviendas vacías. Más viviendas, no topes al alquiler.

                 Enrique Ortega

Los alquileres siguen subiendo este año 2023, trimestre a trimestre. En el tercer trimestre, han vuelto a subir un +0,3% (tras subir un +2,4% en el primero y un +4,5% en el 2º trimestre), con una subida anual del +9,3%, según el último dato del portal Idealista. Esta subida anual es mayor en Valencia (+22,1%), Alicante (+18,6%), Barcelona (+18,1%), Palma (+16,7%), Madrid (+10,7%), Ceuta y Las Palmas (+10%), mientras sólo bajan los alquileres en Palencia (-1,6% anual). Otra subida que se suma al +8,4% que subieron los alquileres en 2022, tras caer un -3,6% en 2021 (por la pandemia) y subir otro +4,6% en 2020. Así que los alquileres suben un +18,7% en los últimos 45 meses, tras aumentar un +50% entre 2014 y 2019, según Idealista. Resumiendo: han subido +68,7% en menos de una década.

Con estas fuertes subidas anuales, el precio medio de alquilar una vivienda en España alcanza hoy otro máximo histórico: 11,8 euros por metro cuadrado, superando los 1.000 euros (1.062 euros un piso de 90 m2), según el portal Idealista. Pero es mucho más caro en capitales como Barcelona (20 euros/m2), Madrid (17,7 euros), San Sebastián (16,9), Palma (14,6), Bilbao (13,2), Valencia (12,4), Las Palmas (11,6), Ceuta (11,5), Vitoria (11,1), Sevilla y Girona (11), Santa Cruz de Tenerife (10,9), Cádiz (10,6), Alicante (10,5) y Pamplona (10,4 euros/m2), las capitales donde es más caro alquiler. Y Zamora (6,1 euros/m2), Ciudad Real y Cáceres (6,2), Orense (6,4), Palencia o Lugo (6,6 euros) las más baratas.

Lo preocupante es que son ya 21 las ciudades donde los alquileres han alcanzado su máximo histórico en septiembre, según Idealista: Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Granada, Guadalajara, Logroño, Lugo, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

La subida de alquileres también se está produciendo en toda Europa (+21% entre 2010 y 2023), pero, desde 2022,  sube más el precio de los alquileres que la compraventa de vivienda, según Eurostat. Entre 2015 y 2022, el precio medio del alquiler en Madrid se ha encarecido un +39%, frente a un +26% de subida en otras capitales europeas, según este estudio de FUNCAS. Con ello, el alquiler en Madrid es el 9º más caro entre las grandes ciudades de Europa, con un índice 134 (el 100 sería Bruselas), superado por Londres (295), Dublín (232), Copenhague (198), Luxemburgo (189), Estocolmo (182), París (179), Múnich (156) y Helsinki (134). Y cuesta menos alquilar una vivienda en Berlín (índice 133), Lisboa (129), La Haya (126), Viena (113), Bruselas (100), Roma (98) o Atenas (96).

Con estos precios disparados en España, las familias tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para alquilar. Según un estudio de la inmobiliaria Culmen, en España hay 1,8 millones de hogares que viven en alquiler y el 75% de ellos (1,37 millones de hogares) tienen que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, el tope que se considera recomendable. Pero la mitad de ellos (750.000 hogares) tienen que destinar más del 50% de sus ingresos a alquilar, lo que hunde sus economías o les obliga a dejar su vivienda (y volver con sus padres o vivir “amontonados” con amigos o familiares).

Otro estudio de Funcas revela que el 40% de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, un esfuerzo que duplica al que hacen los inquilinos en Europa. Y eso es una media, porque hay ciudades donde el esfuerzo de los inquilinos es mayor, según otro estudio de Idealista: en Barcelona, el alquiler medio se lleva el 43,1% de los ingresos medios, en Palma el 42%, en Valencia el 39,1%, en Málaga el 36,8%, en Alicante el 35,3%, en Madrid el 34,7%, San Sebastián el 32,6% y en las Palmas el 30%. Y otro dato sorprendente: en 47 capitales, es mayor el esfuerzo para alquilar un piso que el coste de una hipoteca para comprarlo (si se tiene dinero para la entrada y los gastos y se consigue que un banco conceda esa hipoteca). Sólo es más barato alquilar que comprar un piso hoy en 5 capitales españolas: A Coruña, San Sebastián, Palma, Málaga y Granada.

Este panorama, unos alquileres que se llevan hasta el 40% (y más) de los ingresos de una familia, son la principal causa del aumento de la pobreza en España, según el último Informe sobre la pobreza en 2022 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), más decisiva incluso que tener o no tener trabajo. Y eso, porque las familias más vulnerables (hay 12,3 millones de españoles en riesgo de pobreza) alquilan más y el coste del alquiler se lleva casi el 40% de sus ingresos, el triple que en las familias con más recursos (donde el alquiler supone sólo el 12,5% de sus gastos). Y aportan un dato revelador: en 2022, 4 de cada 5 personas con un elevado gasto en pagar el alquiler eran pobres.

Esto puede provocar  que muchas de estas familias no puedan ahora pagar su alquiler, al haberse disparado. De momento, las medidas legales tomadas por el Gobierno tras la COVID han frenado los desahucios: de 36.467 por impago de alquiler en 2019 a 21.141 en 2020 y 27.533 en 2022 (y 10.166 en el primer semestre de 2023). Pero hay expertos que creen que la caída de desahucios este año (-37% sobre primera mitad de 2022) se debe no a la protección legal de las familias vulnerables, sino a dos huelgas en el personal de Justicia (primero secretarios y luego funcionarios judiciales). Y temen que los desahucios por impago de alquileres repunten en los próximos meses. Eso sería muy preocupante, porque un 70% de los 700.000 desalojos de viviendas que se han hecho en España desde 2008 (por impagos de alquileres e hipotecas) afectaron a familias con menores, según Save the Children.

Los alquileres disparados afectan también muy especialmente a los jóvenes, que ven más difícil emanciparse y formar un hogar. Si el salario medio de un joven era, en junio de 2022, de 1.089 euros (según el Consejo de la Juventud), pagar un alquiler le supondría de media el 83,9% de su sueldo. Y con el pago de los recibos obligatorios, “se comería” el 93,6% del sueldo. Por eso, la mayoría de los jóvenes españoles no pueden emanciparse: el 69,1% de los jóvenes (de 16 a 34 años) siguen viviendo con sus padres, un 10% más que hace una década. Y entre 25 y 34 años, el 46,3% de los jóvenes españoles viven con sus padres, frente a sólo el 30,3% de media en Europa, según este estudio de Funcas.

Pero no es sólo que los altos alquileres acrecienten la pobreza y dificulten la emancipación de los jóvenes, es que además, cada vez resulta más difícil alquilar, incluso a estos precios desorbitados, porque salen pocos pisos a alquiler cada día: la oferta de alquileres se ha reducido un -28% en esta Legislatura, entre principios de 2019 y principios de 2023, según el portal Idealista. Una caída de oferta que ha sido mucho mayor en las grandes ciudades, como Barcelona (-51% alquileres), Valencia (-45%), Madrid (-44%), San Sebastián (-35%), Alicante y Málaga (-33%), Sevilla (-28%) o Bilbao (-24%). Menos oferta de alquileres porque se hacen menos viviendas nuevas (80.000 en 2022) y, sobre todo, porque muchos propietarios prefieren vender y obtener una alta plusvalía con la subida de precios, sobre todo tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, que establece topes al alquiler.

Con esta poca oferta, alquilar un piso (carísimo) es cada día más complicado (“la jungla del alquiler”). La demanda de inquilinos es tan alta que los alquileres “vuelan”, se colocan en horas. Y los propietarios “eligen” cada vez más al inquilino, incluso convocando a varios a la vez para “hacer un casting”, donde se valora sus ingresos, su contrato, su estilo de vida y hasta su color de piel…Y ahora, aunque la nueva Ley de Vivienda prohíbe que el inquilino pague la comisión de la inmobiliaria (la tiene que pagar el propietario), se multiplican las denuncias de que las siguen cobrando, o bien ilegalmente (si no, no hay piso) o camuflada como un “servicio post- alquiler” al inquilino, que le imponen. Y además, cada vez se alquilan pisos de menor calidad (“infrapisos”) y hasta viviendas que no lo son.

El problema de fondo de los alquileres en España es la falta de oferta y la escasez de viviendas: desde 2015 se han iniciado una media de 75.000 nuevas viviendas al año frente a 120.000 nuevos hogares anuales que se han creado en ese periodo, según destaca Funcas. No sólo ha caído drásticamente la construcción de nuevas viviendas “libres” (desde el récord de 597.632 viviendas terminadas en 2006 a las 365.000 en 2009 y un mínimo de 35.382 viviendas en 2014 hasta 79.935 terminadas en 2022). También se ha desplomado la construcción de viviendas de protección oficial (VPO): de terminarse 85.028 en 1997 se bajó a 67.514 en 2007, sólo 17.059 VPO en 2013 (tras los recortes) y un mínimo de 9.221 VPO terminadas en 2022. Así que no se promueven nuevas viviendas, ni las empresas privadas ni la Administración Pública (Estado, autonomías y ayuntamientos), mientras cada año hay nuevas familias y jóvenes que necesitan una vivienda. Y encima, en España el parque público de viviendas sociales es ridículo: sólo 300.000 viviendas, el 2,5% del parque total, frente al 9,3% en Europa (el 30% en Paises Bajos, 17,5% en Reino Unido y el 5% en Alemania).

Por todo ello, la solución al grave problema de los alquileres pasa por construir más viviendas y destinar la mayoría al alquiler: más oferta para bajar los precios. España necesita construir 1,2 millones de viviendas de alquiler protegido en 10 años para rebajar la tensión del alquiler, según un reciente estudio de la inmobiliaria Culmia y GAD3. Proponen que 761.000 sean viviendas de alquiler asequible (un 20% más bajo que el de mercado) y otras 442.000 se construyan para alquiler social (un alquiler bajo, para las familias más vulnerables). Y además, creen que haría falta construir otras 166.000 viviendas en 10 años para alquiler “libre”. En total, proponen construir 1.369.000 viviendas para alquilar en los próximos 10 años, una media de 140.000 al año (casi el doble de las que se construyen ahora). Y para conseguirlo, proponen la colaboración público-privada: que las distintas Administraciones ofrezcan suelo a cambio de que se construyan viviendas con alquiler tasado durante 80 años, con ayudas financieras y fiscales a los promotores (privados y públicos).

Este es el camino para rebajar los impagables alquileres actuales. Pero el Gobierno Sánchez, forzado por Podemos, aprobó una Ley de la Vivienda que sólo en parte sigue esa vía (prevé construir 140.000 viviendas públicas en 5 años), pero que sobre todo defiende “un atajo populista”: poner controles al precio de los alquileres, topes a su subida en las zonas tensionadas. De momento, la Ley entró en vigor el 26 de mayo, pero los topes de precios no se han aprobado y se retrasarán hasta finales de año. El problema ya no es sólo que estos topes hayan retraído a muchos particulares (e inmobiliarias) a alquilar, recortando más la oferta, sino que no se van a aplicar, creando una gran incertidumbre en el mercado. Porque las autonomías gobernadas por el PP (11, 6 de ellas con VOX) ya han dicho que no aplicarán estos topes, que sí adoptará Cataluña (ha establecido ya 140 municipios con alquileres “tensionados” y reclama al Gobierno los topes ya). Así que tenemos una Ley contraproducente que no se va a aplicar y no se avanza en la vía eficaz: promover más viviendas. Y facilitar el alquiler (sin imposiciones, con incentivos) de los 1,9 millones de viviendas vacías.

Urge que el futuro Gobierno sea más realista y promueva un gran Pacto por la vivienda, sentando a las autonomías, Ayuntamientos y promotores para aprobar un ambicioso Plan de construcción de viviendas, al menos esas 140.000 al año que se proponen. Y eso pasa por sacar al mercado todo el suelo disponible y ofrecerlo gratis a los que promuevan viviendas de alquiler asequible, asegurándoles una financiación y una rentabilidad suficientes. No podemos seguir permitiendo que los alquileres sigan disparados, asfixien a las familias y frenen en seco la emancipación de los jóvenes. La vivienda tiene enmienda: construir más.

Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)

Es un doble escándalo, que ha pasado desapercibido. Por un lado, las autonomías gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales, porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al 58,8%). Por otro, 9 autonomías han aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose” otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales, gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6 con Vox), el gasto social está aún más en el alero. Sobre todo porque las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.

                Enrique Ortega

Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.

Este balance del gasto social autonómico es “escandaloso”. Por un lado, revela que las autonomías gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en 2009, un +19,02%, inferior a la inflación acumulada estos años (+28,9%). A lo claro: en realidad están gastando un -9,88% menos, según sus Presupuestos. En Sanidad, las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace 13 años (+19,37%) y en servicios sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años, hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen más y, sobre todo, se dispara el gasto autonómico en pagar los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores y bancos que compran esa deuda autonómica) ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se ha quintuplicado).

Pero no es sólo que el gasto social real que hacen las autonomías haya bajado (al “comérselo” la inflación), sino que además, las autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el gasto social: si en 2009, dos tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%) se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a poco más de la mitad (el 58,78% del gasto total de las autonomías), según este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las autonomías tendrían que haber gastado 20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.

Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han vuelto a bajar. Porque el informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante, que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021 (1.678 euros), pero bajó en 2022 (a 1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las autonomías. Y este año 2023, todavía el gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.

Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que evidencia que unas han recortado el peso del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías aumentaron su gasto social en un +19,02% (que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón (+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los últimos 13 años, llegamos al mapa actual (2022), donde hay una tremenda desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en 2009), pero es mucho mayor en Navarra (3.901 euros por habitante), País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185), Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399 euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de 2022, cuando gobernaban estas 5 autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…

Veamos el desglose de este gasto social autonómico. El gasto en Sanidad se llevó en 2022 más de la mitad del Presupuesto social (52,3%, frente al 54,9% que suponía en 2009) y casi un tercio del gasto autonómico total (30,8%, frente al 36,74% en 2009). El aumento del gasto sanitario en estos 13 años (+8.602 millones) fue del +13,40% (“comido” con creces por la inflación), pero cayó el gasto sanitario en Cataluña (-12,22%), que gasta ahora -266,9 euros menos en sanidad por catalán que en 2009. Y apenas ha crecido en Aragón (+3,16%) y Madrid (+5,74%), mientras crecía el doble de la media o más en Baleares (+51%), Navarra (+30,44%), Cantabria (+28,53) y Andalucía (+25,55%).

Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un gasto medio en España de 1.538,66 euros por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97 euros por persona), Cataluña (1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias (1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989), Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

El 2º mayor gasto social de las autonomías es la Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico (similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el 20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra (+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%)  y mínimo en Castilla y León (+5,94%), Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.

Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante, que alcanzó en España una media de 1.028 euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto educativo por habitante), Asturias (934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares (981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo se sitúan el País Vasco (1.426 euros por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra (1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria (1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios Sociales.

Y queda el tercer gasto social, los servicios sociales, donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente (74%) por las autonomías. En 2022 supuso el 12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el 7,44% de todo el gasto autonómico (era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009, un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8 autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62), Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se incluye aquí. Así que en realidad, lideran el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36), Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra (666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias (506,63) y la Rioja (498,61).

Un inciso sobre el principal gasto en servicios sociales, la Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog. Desde su inicio (2007), la Dependencia  ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013. Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer año, hubo 11 autonomías que aprovecharon esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”: el Estado aportó otros 669 millones más y 9 autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay 350.000 dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas (45.360 dependientes murieron esperando  sólo en 2022)…

Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías), gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó  94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a 4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB), según Sanidad. En Educación, gastamos 11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de la OCDE, según el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de media que gasta la UE-27, según Fedea. Así que España gasta menos y encima las autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.

Lo más preocupante de este panorama es que refleja la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.  Ahora, tras las elecciones de mayo, el PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada), considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia y no priorizan los servicios sociales.

Además, hay otro motivo de preocupación: la bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto social. De hecho, el Gobierno central ha enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9 millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán compensar con una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en 2022 (+24%). Y así viene pasando en los últimos años: han recibido 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora, con más  autonomías gestionadas por la derecha, el Estado del Bienestar se debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.