Crecemos, pero con pobreza y desigualdad

Confirmado: España creció en 2024 cuatro veces más que Europa (3,2% frente a 0,8%). Pero mucha gente no lo nota, porque la inflación se ha comido los salarios y por la subida de alquileres, hipotecas y servicios públicos. Así, un 9,1% españoles llegan a fin de mes “con mucha dificultad” y casi la mitad con problemas. Y hay 9,6 millones de españoles en situación de “pobreza”: ganan menos del 60% que la media. Tenemos sólo 409.000 “pobres” menos que en 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, aunque hay 2,35 millones de residentes más. Pero sube la pobreza infantil y somos el 5º país con más pobreza de Europa, a pesar del crecimiento y el empleo. Fallan las ayudas a la pobreza y tenemos demasiados sueldos bajos: un 70% ganan menos de 2.548 euros, 24% menos que en Europa. Urge corregir las medidas sociales, con más ayudas por hijos, y subir más los salarios bajos (menores de 2.000 euros), ahora que los beneficios empresariales son altos. Hay que “repartir” mejor el crecimiento.

Eurostat, lo confirmó a finales de enero: España creció +3,2% en 2024, más que en 2023 (+2,7%) y cuatro veces el crecimiento de la UE-27 (+0,8%), triplicando el crecimiento de Francia (+1,1%) y seis veces más que Italia (+0,5%), mientras Alemania sigue en recesión (-0,2%). Los motores del alto crecimiento español, por tercer año consecutivo, son el aumento del consumo público y privado (por el aumento de ocupados: + 468.100 empleos en 2024), las exportaciones y, sobre todo el turismo, que batió otro récord histórico. Y además, la inflación cerró el año con una subida del 2,8%, en linea con el +2,7% en la UE-27. El punto negro sigue siendo el paro, que acabó en el 10,6%, casi el doble que la media europea (5,6%).

Con todo, la economía española crece más que la europea, con una inflación moderada (al alza), menos déficit público y superávit con el exterior, esperando crear otros 500.000 empleos en 2025. Pero muchos españoles no acaban de notarlo. Primero, porque la inflación de los últimos años “se ha comido” parte de sus salarios: los salarios pactados en convenio han subido un +12,92% entre 2020 y 2024, mientras la inflación subió un +20% (y si nos vamos más atrás, desde 2009, los salarios han perdido un -21,43% de poder adquisitivo). Además, en los últimos años se han disparado los alquileres (subieron +31% entre 2020 y 2024) y el coste de las hipotecas, por la subida de los pisos y tipos. Y hay muchos servicios que se han encarecido, como la sanidad (los seguros médicos) o la educación, subiendo las facturas de la energía, alimentos y carburantes, a pesar de las ayudas del “escudo social”.

Y hay otro factor del que apenas se habla: la economía crece con fuerza, producimos mucho más, pero somos mucho más habitantes, con lo cual la producción (y la renta) se reparte entre muchos más. Así, el valor de lo producido (PIB) ha pasado de 1.253.710 millones de euros en 2019 a 1.593.136 en 2024, un aumento del +27% . Pero la población residente ha pasado (por el aluvión de inmigrantes), de 47 a 49 millones en estos 6 años. Así que el PIB por habitante ha crecido algo menos: de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024 (+21,7%). Todavía tenemos una menor productividad que Europa, no tanto por los trabajadores como por la baja inversión y un modelo económico menos productivo.

Volviendo a los que no notan el fuerte crecimiento, la última estadística del INE revela que casi la mitad de los españoles (el 47,4%) tienen algún problema parea llegar a fin de mes, algo menos que en 2019 (49,3% tenían problemas), aunque ahora hay 2 millones de habitantes más. De ellos, un 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019 y el 9,3% en 2023), sobre todo en Castilla la Mancha (13%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%), siendo pocos en País Vasco (5,1%), Baleares (5,6%) y la Rioja (5,9%). Otro 12,7% de españoles llegan a fin de mes “con dificultad” (14,2% en 2019) y el 25,6% restante con “cierta dificultad (27,3% en 2019). La alta inflación pasada y los alquileres lo explican.

Otro dato preocupante son los españoles, que a pesar de la mejoría del crecimiento y el empleo, sufren “carencias materiales”, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE. Casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos” (como en 2019, cuando eran el 35,9%, aunque hoy somos 2 millones de habitantes más), el 6,1% no se puede permitir comer carne o pescado cada dos días (eran la mitad, el 3,8% en 2019), un 17,6% no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada (el doble que en 2019, cuando eran el 7,6%) y un 13,6% de personas han tenido retrasos en el pago de gastos de su vivienda (frente al 8,3% en 2019).

Pero lo más preocupante es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, España todavía tiene muchos “pobres”: somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024) , tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat. Son 9.653.000 españoles a los que las estadísticas europeas considera “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la media del país (menos de 11.584,4 euros al año los solteros y menos de 24.3272 euros al año una familia con dos niños), según el INE.

Esta tasa de pobreza (19,7%) era superior en 2018 (21,5%), cuando el Gobierno Sánchez llegó a la Moncloa, pero el número de pobres ha bajado poco, en -409.000 personas (había 10,06 millones de pobres en 2018), entre otras cosas porque ahora somos 2,35 millones de habitantes más. La población en situación de “pobreza extrema” (ingresan menos del 40% que la media, menos de 7.772 euros anuales los solteros y menos de 16.218 euros las familias con 2 niños) también se ha reducido, pero poco: eran el 8,7% de los españoles en 2018 y ahora son el 8,3% de la población, 4.067.000 españoles (solo 4.000 menos que en 2018).

Lo peor es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, la pobreza infantil ha crecido en España: en 2024 estaban en situación de pobreza el 29,2% de los menores de 16 años, frente al 26,2% de pobreza infantil en 2018. Son 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres y de ellos, más de un tercio (el 11%, 941.000 niños y niñas) viven en hogares con pobreza severa y no pueden acceder a una alimentación saludable, como denuncia Save the Children, recordando que España es el 2º país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.  Esta pobreza infantil se concentra en las familias de mujeres solas con niños (el 81% de las familias monoparentales), “feminizando” la pobreza.

La llamativa subida del salario mínimo interprofesional (de 735 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, +61%), el avance del Ingreso mínimo Vital (llega a 674.000 hogares, con 2 millones de beneficiarios y una cuantía mensual entre 658 y 1.500 euros) y las ayudas públicas que han integrado (e integran) el “escudo social” (ERTEs, bono social eléctrico, ayudas al transporte,  luz, alimentos y carburantes) han evitado que la pobreza en España creciera estos años, a pesar de que somos 2,35 millones de habitantes más. Pero la tasa de pobreza es “inadmisible” y la Comisión Europea nos alertó de ello en diciembre pasado.

El problema de fondo no es sólo que falten ayudas públicas contra la pobreza sino que se gastan mal, como nos ha reiterado la OCDE y la Comisión Europea. Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Por otro, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” casi 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez dice que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. Los salarios en convenio han subido un +3,07% en 2024, más que la inflación media (2,77%), pero llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo (-7,08% desde 2020 y -21,43% desde 2009). Y tienen dos problemas. Uno, son más bajos que en Europa: el salario medio por hora era de 18,2 euros en 2023, frente a 24 euros de media en la UE-27 (-24,2%) , 31,6 euros en Alemania, 28,7 euros en Francia o 21,5 euros/hora en Italia, según Eurostat. Y el otro, que los salarios en España son muy desiguales y hay una mayoría que los tiene bajos.

Veamos. El salario medio bruto en España era de 2.237 euros en 2023, según la última estadística del INE (Decil de salarios). Pero de los 18 millones de asalariados, un 30% (5.400.000) ganan menos de 1.534 euros brutos al mes, otro 40% (7.200.000 trabajadores) ganan entre 1.534,7 y 2.548,2 euros brutos mensuales y sólo el 30% restante (5.400.000 asalariados) ganan más de 2.548,2 euros brutos mensuales. A lo claro: que el 70% de los que trabajan en España (12,6 millones) ganan menos de 2.548 euros brutos, unos 2.170 euros netos. Y hay sectores enteros, como la hostelería, el campo, las empleadas de hogar, el comercio y muchas pymes, donde ganan aún menos. Y sobre todo las mujeres (2.063,2 euros de media, -16,4% que los hombres) y los jóvenes que aún ganan menos (1.387 euros brutos es el salario medio de 16 a 24 años). Con este bajo nivel salarial, no es extraño que si repunta la inflación o suben los alquileres y algunas facturas, mucha gente tenga problemas para llegar a fin de mes. O acabe en la pobreza.

Por eso, habría que actuar en dos frentes. Por un lado, aprobando un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, legislando una ayuda por niño/a hasta los 6 años (complementada con otras ayudas hasta los 16 años) y reformando las ayudas públicas disponibles, para que beneficien más a los más pobres. Y por otro, promoviendo en la negociación colectiva una subida mayor de los salarios más bajos (los de menos de 2.000 euros, por ejemplo), para reducir la desigualdad actual y mejorar el poder de compra, lo que se traduciría en más consumo, más crecimiento y más empleo. Es hora de plantear subidas mayores del 3% para estos trabajadores peor pagados, porque ahora las empresas pueden hacerlo, porque llevan 3 años consecutivos con más ventas, márgenes y beneficios.

Lo peor que le puede pasar a un país es que no crezca ni cree empleo. Pero tampoco es bueno que crezca y la mayoría de su población no lo note, porque una buena parte de la población no llegue a fin de mes o siga en la pobreza. Urge aplicar políticas para reducir de verdad la pobreza, sobre todo la infantil, y para que la mayoría de los salarios sean más altos y permitan una vida mejor. Hay que “repartir mejor el crecimiento”, para que lo noten más españoles, no sólo una minoría de sueldos y empresas. Es la manera de evitar que muchos españoles “pasen” del Estado y de la política y se radicalicen, en manos del populismo y la ultraderecha. La democracia ( y aún más la socialdemocracia) es crecer más para que la mayoría vivan mejor. A ello.

Ayudas parciales contra una inflación menor

El Gobierno acaba el año prorrogando hasta junio algunas ayudas (el “escudo social”) que aprobó hace dos años y medio contra la alta inflación. Ahora, los precios suben mucho menos (+3,2% anual, frente al +10% del verano 2021) y España tiene que rebajar el déficit público, por exigencia de Bruselas, lo que obliga a recortar gastos. Por eso, mantienen la bajada del IVA a los alimentos básicos, un bajo impuesto a la luz (10% de IVA, frente al 5% actual y al 21% de siempre) y las ayudas al transporte público urbano e interurbano, aunque no a los transportistas, al campo o la pesca. Y mantienen la prohibición de desahucios, mientras  amplían las familias a las que se alivia el pago de su hipoteca. Habrá menos ayudas (5.300 millones frente a 15.000 en 2023), pero no se suprimen de golpe, para que no repunte la inflación. Ahora, la energía está más barata, aunque los alimentos siguen caros. Y se espera menos inflación en 2024.

                    Enrique Ortega

Al acabar este año 2023, la inflación ya no preocupa tanto como en 2021 y 2022. El  IPC de noviembre, reflejaba una inflación anual del +3,2%, superior a la de este verano (con un mínimo del +1,9% en junio) pero mucho menor a la inflación que hemos soportado desde el verano de 2021: +6,5% en diciembre de 2021, +9,8% en marzo de 2022 (tras la invasión de Ucrania el 24-F), más del 10% de inflación en junio (+10,2%), julio (+10,8%, el máximo) y agosto de 2022 (+10,5%), para bajar al +5,7% en diciembre de 2022 y seguir luego bajando en 2022, hasta el +3,2% actual. Y aunque puede repuntar algo en diciembre, no se espera que supere el +3,4%, la inflación más baja desde diciembre de 2020 (-0,5%).

Con los datos del IPC de noviembre (+3,2% inflación anual), lo que más sube siguen siendo los alimentos (+9% de subida anual, aunque es mucho menor a la subida del +15,7% en las Navidades de 2022). Y dentro de los alimentos, siguen disparados los precios del aceite de oliva (+66,7% de subida anual), las legumbres y hortalizas (+16,8% anual), la carne de cerdo (+12,9%), las frutas frescas (+10,1%), el cordero (+10%) y el azúcar (+7,5% anual). Las bebidas suben otro +7,1% anual y le siguen los hoteles, cafés y restaurantes (+6,1% de subida anual), las comunicaciones (+3,3%), la enseñanza (+2,8%), el menaje del hogar (+2,7%), la ropa y calzado (+2,2% anual) y los gastos médicos (+2,1%). El transporte no sube nada (+0% anual), gracias a las subvenciones al transporte urbano e interurbano, además de la rebaja anual del gasóleo (-5,7%), aunque ha subido la gasolina (+2,7% anual). Y los gastos de la vivienda bajan (-5,7% anual), gracias a la bajada de la electricidad (-13,6% anual), del gas natural y ciudad (-19,7%) y del butano y propano (-22,9% anual).

Lo que más preocupa a la mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, es que se mantienen altos los precios de los alimentos, que suponen el 16% del gasto familiar (y hasta el 25% para las familias más pobres), según el INE. La realidad es que la compra de comida para una familia de 4 personas se ha encarecido 90 euros al mes sobre lo que costaba en marzo de 2021, lo que supone que gastan 1.080 euros más al año en comer. Y la cesta de la compra de alimentos básicos ha subido de 873 euros de media en marzo de 2021 a 1.141 euros en noviembre de 2023, un aumento del +30,69%, mientras los salarios han subido menos del +8% en estos casi tres años. Y no es sólo que las familias se gasten más en alimentos, es que han aumentado las familias que ahora no pueden comprar frutas, verduras, carne y pescado, por sus altos precios, empeorando la calidad de su dieta.

La perspectiva para 2024 es que los precios suben algo menos que ahora. La Comisión Europea estima que la inflación anual en España bajará de una media del 3,6% en 2023 al 3,4% de media en 2024, para reducirse al  2,1% en 2025. Y el Banco de España apuesta por una bajada de la inflación del 3,4% al 3,3% en 2024 y al 2% en 2025. Sólo el FMI y la OCDE creen que España tendrá una inflación más alta en 2024 (3,7 al 3,9%) que en 2023 (3,5%), dentro de un panorama internacional donde esperan que amaine la inflación.

Los expertos apuestan por una menor inflación mundial en 2024 (bajará del 6,9% en 2023 al 5,8% en 2024, según el FMI), gracias a que esperan un precio moderado de la energía, las materias primas y los alimentos, factores claves también para el comportamiento de la inflación en España el año próximo. Empezando por la energía, el petróleo augura un precio bajo para 2024, en torno a los 70 dólares barril, aunque ayer volvió a superar los 80 dólares, por el conflicto en Palestina y el cierre de la ruta de Suez. Con ser un precio alto, es mucho menor a los 96,55 dólares barril que costaba en septiembre y a los 97,89 dólares barril que costaba el crudo el día antes de la invasión de Ucrania (24-F 2022). La Agencia Internacional de la Energía cree que el recorte de la demanda augura unos precios moderados del crudo, aunque tanto la OPEP como Rusia recorten su producción para elevarlo. Pero EEUU se ha consolidado como la primera potencia petrolera mundial y eso baja los precios. Incluidos los carburantes: la gasolina cuesta ahora 1,536 euros litro (frente a un máximo de 2,10 euros en julio de 2022 y 1,591 antes de la invasión de Ucrania). Y el gasóleo cuesta 1,501 euros, frente a un máximo de 2,07 euros en julio 2022 y 1,479 antes del 24-F).

Otro tanto pasa con el gas natural: ayer cotizaba a 33.26 euros/ MWh, frente a los 78,73 euros que costaba el día antes de la invasión de Ucrania y los 337,20 euros que llegó a costar el gas en agosto de 2022. Gracias a este desplome del precio del gas natural (que tiene mucho que ver con la alta producción de EEUU y otros paises más el acopio de gas para el invierno), desde febrero de 2023 no se aplica el tope al gas  que fijaba la “excepción ibérica” (primero si superaba los 55 euros y luego los 65 euros). Y gracias a estos bajos precios del gas, más un récord en la producción de electricidad renovable (50,8% en 2023, frente al 42,2 en 2022), se espera que la factura de la luz no se dispare en 2024, tras haber bajado mucho el recibo en 2023: 50,39 euros de media en noviembre, frente a 79,35 euros en diciembre 2022, 130,99 euros en agosto 2022 y un máximo de 143,03 euros en marzo de 2022 (tras la invasión de Ucrania), según la estadística de la OCU. 

Y queda lo que puede pasar con los precios de las materias primas y los alimentos. Respecto a las materias primas, como se espera un escaso crecimiento mundial en 2024 (y más en Europa), la demanda de materias primas será baja, en un momento en que han subido los stocks. El riesgo es que el conflicto en Palestina y el cierre de la ruta de Suez (por donde pasa el 10% del comercio mundial) pueda crear problemas de transporte y suministro, volviendo a subir precios, aunque EEUU quiere armar una coalición internacional para asegurar el tráfico internacional. Y en cuanto a los alimentos, el índice de precios de la FAO lleva bajando desde diciembre de 2022 y en noviembre estaba (índice 120,4) ya por debajo del índice de 2021 (125,7). Eso no quita para que haya alimentos que sigan subiendo (aceites, azúcar), afectados muchas veces por causas climáticas, un riesgo también en 2024.

En definitiva, todo apunta a que la inflación será menos preocupante, en el mundo y en España, en 2024. Pero los riesgos de que repunte existen, sobre todo por conflictos geopolíticos (Ucrania o Palestina y otros nuevos, como la guerra tecnológica y comercial entre EEUU y China). Y por eso, el Gobierno español (y la mayoría de los europeos) ha optado por mantener algunas ayudas contra la inflación, no desmantelar de repente el “escudo social” contra la inflación que el Gobierno Sánchez aprobó por primera vez en junio de 2021, prorrogando estas ayudas hasta 7 veces, la última en junio de 2023. Pero ahora, con la inflación más controlada, el Gobierno de coalición opta por recortar las ayudas, porque en 2024 habrá que ajustar el gasto público, para cumplir con la exigencia de Bruselas de reducir el déficit público al 3% (desde el 3,9% de 2023).

La Comisión Europea, el BCE, el FMI y la OCDE han recomendado a España y al resto de paises europeos que reduzcan su déficit y su deuda recortando las ayudas públicas contra la inflación en 2024. De hecho, los 7 paquetes de ayudas aprobados en España entre 2021 y 2023 costaron 47.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha reducido esas ayudas en este 8º paquete para 2024, que costará unos 5.300 millones de euros (frente a 22.000 en 2022 y 15.000 en 2023).

Empecemos por las ayudas contra la inflación que se mantienen, algunas retocadas. La principal, nuevos impuestos a la electricidad. El IVA en el recibo de la luz, que se bajó del 21% al 10% en 2021 y luego al 5% en junio de 2022, sube ahora al 10% (todo el año 2024), aprovechando la bajada del gas y la energía. Y en paralelo, el impuesto especial sobre la electricidad sube del 0,5% actual al 2,5% (primer trimestre) y al 3,8% (2º trimestre), para volver al 5,11% de antes en julio. Y el impuesto sobre la generación de electricidad sube del 0% actual al 3,25% (primer trimestre) y al 5,25% después (2º trimestre), para volver al 7% de antes de 2021 a partir de julio de 2024. El IVA del gas se mantendrá también en el 10% hasta marzo, subiendo después al 21% de antes.

También se mantiene hasta junio la rebaja del IVA a los alimentos básicos, que bajó del 4 al 0% en enero de 2023 (para el pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales) y también la rebaja del 10 al 5% en el IVA de aceites y pastas. Y se mantienen (ojo: durante todo el año 2024) las ayudas al transporte urbano (Estado y autonomías financiarán el 50% de los abonos) y la gratuidad a los abonos (para todos) de transporte en Cercanías y  Renfe media distancia, así como las líneas estatales de autobús (para viajeros habituales).

Las ayudas que desaparecen en 2024 son las que recibían hasta ahora los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores (10 céntimos por litro hasta septiembre y 5 céntimos hasta diciembre de 2023). Eso sí, se congela en 2024 el precio de la bombona de butano (19,95 euros), limitando la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas (a un +5% trimestral). Y se mantienen las subvenciones al precio del gas para calefacción de las comunidades de vecinos. Además, se extiende 6 meses más la rebaja de tarifa eléctrica a las industrias más consumidoras de electricidad (cerámicas, cementeras, aluminio…).

Además, se mantienen dos ayudas que no tienen un coste presupuestario. Una, la prohibición de desahucios en 2024 a las familias más vulnerables y el corte de suministros básicos (luz, agua y gas). Y se amplía en 100.000 familias (las que ingresan menos de 35.000 euros, frente a los 30.000 euros de límite actual) las que podrán disfrutar en 2024 de un alivio en el pago de sus hipotecas, según lo pactado por el Gobierno con la banca.

Ahora, falta ver si la inflación sigue a la baja y si estas ayudas son suficientes para rebajar el mayor gasto de las familias más desfavorecidas (aunque tanto el IVA más bajo para los alimentos, la luz y el gas benefician más a los que más tienen que a los más pobres). Y con menos inflación, la clave será si las familias pueden mantener su consumo en 2024, un año en que se espera que el consumo privado sea uno de los motores del crecimiento (entre el 1,7% y 2% aumentará el PIB, menos del 2,4 % que creceremos en 2023), junto al turismo y las inversiones que promueven los Fondos europeos. Para que ese consumo de las familias mantenga la actividad (y el empleo), es clave que suban los salarios, más que la inflación. De momento, están a la par, ya que los salarios en convenios suben este año un +3,49%, similar al +3,4% de inflación este año. Parece que hay grandes empresas que están subiendo más los salarios, porque pueden y no encuentran trabajadores. Pero el Acuerdo salarial firmado en mayo entre sindicatos y patronal  acordó una subida salarial del 3% para 2024. Así que está en juego la recuperación del poder adquisitivo (y el consumo) en 2024.

En resumen, el Gobierno gasta lo que puede (menos) para mantener algunas ayudas contra la inflación, pero la clave va a estar en que la energía y los alimentos no nos den un susto en 2024 y obliguen a tomar medidas más drásticas (en un año que tendremos que gastar menos como país para reducir el déficit público). Por eso, el Gobierno debería pactar con patronal y sindicatos una moderación no sólo de los salarios (ya lleva años) sino de los márgenes y beneficios empresariales, que fueron los causantes de dos tercios de la subida de la inflación en 2022, según un estudio del BCE. Y también la OCDE ha demostrado que tres cuartas partes de la subida de la inflación en Europa se ha debido a la subida de los márgenes empresariales (beneficios) y sólo la cuarta parte restante se debe a los salarios. Habría que pactar una moderación de esos beneficios, porque sería más eficaz que estas ayudas recortadas ahora. Vigilen los márgenes (disparados) de algunos sectores y empresas, para que no nos suban otra vez los precios a todos en 2024.

Coronavirus: la bolsa o la vida

España es el 2º país del mundo con más contagios y muertos por coronavirus: 12.418 fallecidos, el 60% mayores de 80 años. Un mazazo al que añadir los 900.000 despedidos sólo en marzo y unos 2 millones de trabajadores temporalmente sin trabajo (ERTEs).Una emergencia sanitaria, económica y social, pero no olvidemos el auténtico dilema: la bolsa o la vida. Tenemos que salvar vidas, alargando el confinamiento para vencer al coronavirus, aunque la economía entre en coma. Y mientras, seguir ayudando a parados, trabajadores, empresas y familias a subsistir. Pero ojo: papá Estado no es infinito. Cada español y cada empresa deben pensar cómo ayudar en esta emergencia, cargando con sus costes el que pueda y no limpiando plantillas a costa del Presupuesto. El coronavirus nos hace a todos más pobres, también a las empresas, y hay que asumirlo. Porque el dinero público no es infinito y luego habrá que pagar el déficit y la deuda, con poca ayuda de Europa. Pero ahora, la prioridad es salvar vidas. La bolsa, la economía, ya la recuperaremos.

A partir de una imagen de la película La invasión de los ladrones de cuerpos enrique ortega

El coronavirus avanza implacable por el mundo, con 1.224.375 contagios en 180 paises, y 66.503 muertos, según la Universidad Johns Hopkins. España se mantiene como el segundo país con más contagios, 130.759, tras Estados Unidos (311.654), más que Italia (124.632), Alemania (96.108), Francia (89.953) y Reino Unido (47.806 contagios). Y somos  también el 2º país con más muertos, 12.418 fallecidos (9,5% de letalidad), sólo por detrás de Italia (15.362, el 12,3% contagiados) y aún lejos de Francia (7.580 muertos, 8,42% letalidad), Alemania (1.446 muertos, el 1,5%), Reino Unido (4.313 muertos, el 10,31%) y Holanda (1.776 muertos, un 9,94%), ambos paises e Italia con más letalidad que España. De momento, el duro confinamiento de los españoles empieza a dar frutos. El ritmo de contagios ha bajado, del +24% hace dos semanas al +15% hace una semana, el 8% la última semana y el +4,82% que aumentaron ayer domingo, así que esta esta semana podrían estabilizarse. La entrada de enfermos en los hospitales también ha reducido su ritmo y lo mismo el aluvión en las UCIs (aún colapsadas), aunque se esperan muchos muertos varias semanas más.


El coronavirus sigue atacando España de una manera desigual, según los datos oficiales, que quizás no revelan el alcance real de la pandemia y que no son homogéneos por autonomías. Pero al menos sirven para indicarnos que la emergencia sanitaria se ceba en 6 autonomías que superan la media de contagios del país (217 por 100.000 habitantes): La Rioja (611 contagios por 100.000 habitantes), Madrid (418), Castilla la Mancha (403), Navarra (348), País Vasco (296), Castilla y León (291) y Cataluña (277). Y la desigualdad es mucho mayor en las muertes por coronavirus, donde la media española es del 9,5% de los contagiados: es altísima en Madrid (13,14% de letalidad), Extremadura (10,64%) y Castilla la Mancha (10,51%), las tres por su elevada mortalidad en las residencias de ancianos, seguidas de Cataluña (10,12% de letalidad) y Castilla y León (9,68%), mientras sólo es del 1,40% en Galicia, el 4,77% en Murcia y el 5,80% en Baleares, regiones con pocos contagios. Eso sí, preocupan los elevados contagios y  la alta mortalidad en la España vaciada, como Soria (912 contagios por 100.000 habitantes y 61 muertos, el 7,6% letalidad) o Segovia (750 contagios por 100.000 habitantes y 107 muertos, el 9,32%).


Ahora, el problema más grave sigue centrado en la saturación de los hospitales y las UCIs, aunque sea menor que la semana pasada. Y aquí, el problema es que las 6.092 camas de UCIs que figuran en catálogo en la sanidad pública son insuficientes, sobre todo en Madrid, Cataluña, las dos Castillas, Comunidad Valenciana y País Vasco, lo que debería obligar a trasladar pacientes o máquinas de otras comunidades, algo que apenas se ha hecho. Y poner de una vez a disposición de los enfermos más graves las 2.200 UCIs de los hospitales privados, que no se están utilizando según aseguran ellos mismos. Además, urge generalizar los test de detección del coronavirus entre el personal sanitario, farmacéuticos, fuerzas de seguridad y, sobre todo, las residencias de ancianos.


Precisamente, hay un clamor para que se actúe de una vez en las residencias de ancianos, donde falta atención sanitaria y medios. En España hay unos 300.000 ancianos en residencias, el 72% de gestión privada, sin recursos humanos ni sanitarios para afrontar esta pandemia. Se estima que un 40% de los muertos por coronavirus son ancianos que estaban en una residencia, dado que se estiman 2.000 muertos más de los habituales sólo en Madrid y otros 2.200 en el resto de España, según la Cadena SER. Urge un Plan de choque residencia a residencia, pilotado por el Gobierno central, donde se hagan test a ancianos y empleados, se separen los contagiados y se les atienda con urgencia en centros específicos, en las mismas residencias o en hoteles y hospitales de campaña ad hoc. Hay que salvar vidas en este colectivo tan vulnerable: el 60% de los muertos por coronavirus tienen más de 80 años y el 87% tienen más de 70 años, según los datos de Sanidad.


Frenar el aumento de contagios y hospitalizaciones no significa haber vencido al virus. Hay que seguir afrontando la emergencia sanitaria, con más personal (no acaban de incorporarse los 52.000 nuevos sanitarios prometidos), más camas de hospital y más UCIs (urge preparar polideportivos y hospitales de campaña en todas las autonomías, no sólo en las hoy saturadas), más compras de equipos de protección y respiradores, para hacer frente a esa demanda que sigue sin cubrirse y para crear una reserva estratégica frente a lo que pueda venir este invierno. Ya lo ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud: no hay que bajar la guardia, no basta con el confinamiento, hay que seguir reforzando el sistema de salud y tratar de detectar los enfermos encubiertos entre sanitarios y ciudadanos. Y sobre todo, coordinar mejor esta guerra contra el coronavirus con las autonomías, porque a pesar del Estado de alarma y el mando único, da la impresión que hay 17 batallas, no una.


La semana pasada, la emergencia sanitaria, incluso el goteo dramático de muertos diarios, pasaron a un segundo plano al publicarse los 2 primeros datos de la emergencia económica, verdaderamente espeluznantes. Uno, los 900.000 empleos perdidos desde el 12 al 31 de marzo, despidos puros y duros, dos tercios (613.250) a trabajadores con empleo temporal, los más vulnerables. Una cifra de despidos en 19 días similar a la que se produjo al inicio de la crisis de 2008 (901.387), pero entonces en 100 días (octubre 2008-febrero 2009). Eso sí, con la gran diferencia que entonces, la mayoría de despedidos (temporales) no tuvieron derecho a paro y ahora sí. El segundo dato son los trabajadores temporalmente sin empleo, a los que su empresa ha hecho un ERTE (expediente de regulación de empleo temporal, por 6 meses) y cuyo sueldo lo paga ahora la Seguridad Social, no la empresa. De momento, el miércoles se habían registrado oficialmente 9.670 ERTEs, que afectaban a 620.000 trabajadores, pero hay muchos en marcha (unos 374.150 el viernes 3, con 1,84 millones de trabajadores, según Europa Press), por lo que los trabajadores temporalmente sin empleo serán unos 2 millones (más 500.000 autónomos que ya han solicitado el fin temporal de actividad por el coronavirus).


Son cifras impresionantes, que superan cualquier cifra conocida antes en la historia (en EEUU, 10 millones de norteamericanos han perdido su empleo en las últimas 2 semanas). El Gobierno aprobó la última semana un tercer paquete de medidas para tratar de ayudar a los trabajadores, empresas, autónomos y familias afectados, en un intento desordenado de “tapar agujeros” que siempre deja a alguien fuera, por lo que seguirán nuevas ayudas. Lo novedoso en esta ocasión es que se intenta que todos los parados tengan ayuda (aunque sean sólo 430 euros al mes), que las empresas y autónomos no paguen las cotizaciones y tengan créditos con aval para sobrevivir, que puedan no pagar hipotecas sobre locales y que las familias tengan ayudas para pagar el alquiler, moratoria en hipotecas (6 meses) y créditos al consumo (3 meses) y no poder cortarles luz, o agua por impago de recibos. Ver aquí una completa Guía con todas las medidas aprobadas por el Gobierno.


Habría que hacer mucho más, seguro, pero sobre todo hay que agilizar los procesos y flexibilizar los expedientes, para que los más vulnerables sobrevivan, a la espera de que se apruebe esa renta mínima vital que podría beneficiar a 5 millones de españoles. Pero ojo, hay que hacer una reflexión que nadie hace: papá Estado no es infinito, los recursos públicos son limitados. Hay que ayudar a los más vulnerables, algo que no hizo el Gobierno Rajoy en la anterior crisis. Pero no vale con decir “¿Qué hay de lo mío?”/ ”Quiero mis ayudas”. Algunos, los que pueden, también tendrían que decir:”¿Cómo puedo ayudar?" "Qué puedo hacer yo por mi país" Y eso pasa porque las empresas que ganaban dinero (algunas mucho) ni despidan ni pidan ERTEs ni soliciten ayudas si pueden sobrevivir a costa de menos sueldos de directivos, dividendos y beneficios (Es el ejemplo del Banco de Santander: ha prometido no hacer ningún ERTE). Y lo mismo las familias que puedan “aguantar el tirón”, porque hace falta concentrar los recursos en los más vulnerables. El coronavirus nos ha robado la bolsa, la cartera, y saldremos de esta emergencia más pobres, todos y también las empresas. Hay que asumirlo. Y saber que papá Estado no es infinito, que lo que gastemos en esta emergencia habrá que pagarlo después entre todos. 


Pero de momento, la prioridad es vencer al virus y salvar vidas. La vida, no la bolsa. Hay que tenerlo claro esta semana, tras haber decidido el Gobierno ampliar el confinamiento hasta el 26 de abril (de momento).También en Italia van a ampliar el confinamiento (iniciado el 9 de marzo) hasta el 11 de mayo. Lo recomiendan los expertos sanitarios: hay que bajar la curva de contagios y hospitalizaciones  y eso obliga a minimizar los contactos y seguir confinados, aunque tenga un altísimo coste para todos. Y seguir con la economía “en coma”, manteniendo sólo los servicios esenciales y la plantilla mínima en las empresas estratégicas para que no perezcan. Porque si abrimos la mano, si establecemos excepciones (aún con la “excusa” de los niños y sus paseos y la "emergencia económica"), podemos “dar marcha atrás” y eso nos supondría volver a la angustia sanitaria y a que mueran más españoles. La vida, no la bolsa.


Y entre tanto, pensar cada uno cómo podemos ayudar para reducir el coste público de la emergencia económica, especialmente las empresas, que no pueden agarrarse al coronavirus para “limpiar plantillas” a costa del Presupuesto (los ERTEs los pagamos los contribuyentes). Hace falta gastar “lo que haga falta” en afrontar la emergencia sanitaria, en reforzar la sanidad y las residencias de ancianos. Y gastar también “lo que haga falta” en atender a los españoles más vulnerables: los más pobres, los parados (ahora sin posibilidades de encontrar empleo), las madres solas con niños, los emigrantes y muchos jóvenes y ancianos que ya eran “pobres antes”. Y frente a la emergencia económica, concentrar las ayudas en los sectores más golpeados (turismo, hostelería, construcción, ocio) y las regiones que han perdido más empleo (Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia), así como en las pymes y autónomos más vulnerables. Y el resto, sobre todo las grandes empresas, deberían aguantar al máximo, aprovechar su “músculo” para mantenerse, aunque ganen menos.


Porque algún día saldremos de la emergencia sanitaria y habrá que volcar todos los recursos en la emergencia económica. Y necesitaremos todo el dinero posible en la reconstrucción del país. Así que cuando más aguantemos ahora sin pedir (“qué hay de lo mío”), con los ahorros y beneficios que tengamos (quien tenga), mejor afrontaremos el futuro. Porque las ayudas actuales ya suponen unos 25.000 millones de gasto (un 2% del PIB). Y con eso y lo que hará falta para la reconstrucción, el déficit público se puede ir al 8 o al 10% del PIB (desde el 2,64% de 2019). Y para financiarlo sólo tendremos 2 vías: endeudarnos y subir impuestos. Así que los que ahora piden más gasto sin pensar (Casado: “el cese de actividad lo ha de pagar el Estado/ Vox: “que el Estado pague sueldos afectados 3 meses"), tendrán que dejar de criticar luego el aumento drástico del déficit y apoyar una subida de impuestos (siempre quieren bajarlos) a particulares y empresas para financiar los estragos del coronavirus. Sean coherentes.


Tendremos que endeudarnos y recaudar más en unos meses, porque de Europa no vendrá mucha ayuda. Ahora parece que Alemania y Holanda abren la mano a ayudar más a España e Italia, pero ojo, que no nos engañen: son créditos para pagar las ayudas y el desempleo, a bajo interés (menos que “los mercados”) pero habrá que devolverlos. Y eso porque la recesión se va a cebar en Europa, también en Alemania y la Europa del norte, no sólo en España (donde el PIB caerá este año entre el -3 y el -4%, según los expertos), con lo que estos 220.000 millones de créditos habrá que repartirlos entre 27 (nos tocarían 35.000 millones). Y lo que más falta nos hace, un Plan de reconstrucción europeo queda aún en el limbo. Y otro Plan en España, apoyado por un gran acuerdo político y social, similar a los Pactos de la Moncloa de 1977.


Pero todo esto será la prioridad en mayo o junio, cuando hayamos vencido al virus. Ahora, la prioridad debe ser salvar vidas. Hay que seguir con el confinamiento en casa y con la economía en coma, para seguir frenando el ritmo de contagios y hospitalizaciones, poniendo más recursos en reforzar la sanidad y las residencias de ancianos. El empleo y las empresas van a sufrir mucho. Pero no podemos dudar en la respuesta ante el terrible dilema: la vida, no la bolsa. Ya recuperaremos la economía. Lo importante es seguir vivos.